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POSICIONAMIENTO OFICIAL 
Prospecciones petrolíferas en 
Canarias 
Agrupación Territorial C’s CANARIAS 
Octubre 2014 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias 
canarias@ciudadanos-cs.org 1
PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN LAS COSTAS CANARIAS 
UN NO CON ARGUMENTOS 
El 16 de marzo del año 2012, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobó en Consejo 
de Ministros, la autorización para que las multinacionales Repsol, Woodside Petroleum 
Ltd. y RWE AG inicien las prospecciones a escasos 60 kilómetros de las costas de 
Lanzarote y Fuerteventura, donde esperan encontrar yacimientos que pudieran llegar a 
producir en torno a los 100.000 barriles al día. 
Esta iniciativa, que a priori, y sin analizar el contexto, pudiera suponer un importante 
espaldarazo a la economía española, y por ende a la del archipiélago, ya fue rechazada 
por el Tribunal Supremo en febrero de 2004, cuando el gobierno de José María Aznar 
promovió la misma iniciativa, que fue contrarrestada por los recursos interpuestos por el 
Cabildo de Lanzarote y el Partido Socialista de Canarias. 
Esta vez, la oposición unánime de los partidos políticos en Canarias, a excepción del 
Partido Popular, así como la masiva respuesta popular de rechazo a la posible extracción 
de petróleo cerca de sus costas, no ha servido para impedir que de forma unilateral 
haciendo uso de la mayoría parlamentaria, el Gobierno haya logrado sacar adelante los 
permisos necesarios con una premura posiblemente condicionada por la cercanía de un 
nuevo periodo electoral. 
Pese a que se ha trasladado a la opinión pública que prácticamente será inocua para la 
economía y el medioambiente canario la realización de prospecciones, la verdad es que 
se deben poner sobre la mesa los siguientes puntos de vital importancia, que ponen de 
manifiesto que realmente debe tenerse en cuenta en la toma de decisiones y la 
explicación de las mismas a la opinión pública, que SÍ existe riesgo de accidente en 
las prospecciones o futura extracción: 
1. El petróleo no es un recurso infinito, y este factor hace que las empresas petroleras 
y los gobiernos cada vez estén asumiendo mayores costos y riesgos para localizar 
recursos de muy difícil acceso, obligándose las empresas a buscar en 
localizaciones que requieren mayores dificultades tecnológicas, mayores 
inversiones y obviamente mayores riesgos, tanto físicos y medioambientales, como 
riesgos económicos al existir grandes posibilidades de fracaso en las 
prospecciones iniciales. 
2. La autorización publicada en el RD 547/2012 no limita el número de pozos a 
gestionar, y cierra también el posterior derecho a la extracción a estas empresas 
concesionarias. Esta búsqueda abarcará un área de unas 616.000 hectáreas, con 
una profundidad de unos 1.500 metros, que deberán elevarse a los 2.000 metros 
para perforar la placa rocosa, como paso necesario para alcanzar los hipotéticos 
yacimientos. Este dato eleva considerablemente el riesgo de fugas incontroladas 
de hidrocarburos desde las profundidades marinas, dado que a estas 
profundidades existe una elevada dificultad técnica para contener este tipo de 
accidentes. Es muy importante destacar el antecedente ocurrido en 2010, con la 
plataforma Deep Water Horizon, cuya explosión y posterior hundimiento en aguas 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias 
canarias@ciudadanos-cs.org 2
del Golfo de México, provocó el vertido más importante de la historia, estimado en 
779.000 toneladas de crudo 
3. La zona donde se realizarán los sondeos y posterior extracción es activa desde el 
punto de vista sísmico, con innumerables movimientos registrados en los últimos 
años por el Instituto Geográfico Nacional, donde han registrado movimientos que 
rozan los 5 grados en la escala Richter. 
Sabiendo esto, ¿cuáles son los argumentos que se esgrimen desde Canarias para 
rechazar lo que parece ser una importante oportunidad económica para el Estado español 
y para el propio archipiélago? 
1. NO ES UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA PARA EL ESTADO Y LA 
COMUNIDAD. La concesión y posterior explotación se ha realizado a un consorcio 
de tres multinacionales (Repsol 50% - Woodside 30% - RWE 20%) con intereses 
claramente privados, que en la cadena de valor difícilmente tributarán en España. 
Sólo Repsol podría definirse como de interés nacional, aunque desentrañando un 
poco su accionariado, más de la mitad de sus acciones están en manos extranjeras 
(incluyendo a TOMASEK, fondo soberano de Singapur, o al banco americano de 
inversión JP Morgan entre sus actuales accionistas de referencia) y las empresas 
nacionales (Sacyr y Caixabank) tienen intereses claramente privados que escapan 
de un control público en lo que respecta al uso de estos beneficios económicos. 
2. En la concesión no existe regulación alguna sobre ningún tipo de impuesto especial 
sobre cada barril extraído. Por lo tanto, no existe ninguna previsión de ingresos a 
las arcas públicas, y mucho menos para la economía canaria. 
3. El sector del Turismo es el sector más importante para la economía canaria, en lo 
que respecta a generación de empleo y recursos económicos. Este sector sería el 
principal perjudicado en caso de producirse un accidente derivado de la extracción 
de crudo. El desastre ecológico del Golfo de México obligó a desembolsar a British 
Petroleum (BP) casi 40.000 millones de dólares, de los que 4.500 millones fueron 
en concepto de multa impuesta por el gobierno norteamericano, 14.000 millones 
para las labores de limpieza y reconstrucción y 20.000 millones como fondo de 
indemnización a afectados. Esta cantidad, muy próxima a los gastos que 
ocasionaría un vertido de gran magnitud en las costas canarias, es muy superior al 
valor total de REPSOL en bolsa: menos de 29.600 millones de USD (cotización del 
13/10/14, www.bloomberg.com/quote. Esto lleva a preguntarnos ¿ha suscrito 
Repsol garantías y seguros de responsabilidad civil de activación inmediata en 
caso de catástrofe medioambiental, por valor asimilable a esos 40.000 millones 
de USD, con alguna aseguradora contrastada y con experiencia en ese tipo de 
magnitudes? Al respecto, el pasado mes de Agosto el Ministerio de Industria 
autorizaba a Repsol a ejecutar hasta tres sondeos exploratorios en busca de 
hidrocarburos en las aguas que separan Canarias de Marruecos, con la única 
exigencia de constituir un seguro civil de 40 millones de euros y una garantía 
financiera para riesgos medioambientales de 20 millones. Por muy bajo que sean 
ambos importes (si los ponemos en relación con la multa de BP), el mero hecho de 
haberse establecido contradice el argumento de que el riesgo de la actividad 
exploratoria sea nulo (en cuyo caso, tanto el aval como la garantía deberían tener 
también un valor nulo) 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias 
canarias@ciudadanos-cs.org 3
4. Sólo en pérdidas dentro del sector turístico, teniendo en cuenta sólo el gasto del 
turismo extranjero en Canarias, podríamos hablar de unos 11. 500. millones de € 
anuales (Nota: el gasto turístico oficial generado por los visitantes extranjeros que 
visitaron Canarias en 2013, ascendió a 11.648 millones de €), y unos daños que se 
prolongarían al menos dos o tres años. 
5. Aproximadamente el 70% del agua consumida en Canarias proviene de la 
desalación, es más, las islas de Lanzarote y Fuerteventura prácticamente 
dependen al 100% de la desalación de agua de mar. Una catástrofe que provocara 
la llegada de hidrocarburos a las costas canarias generaría un estado de 
emergencia de magnitudes aún no vistas en España, dejando prácticamente sin 
recursos hídricos a casi la totalidad de los habitantes de las islas. En este 
punto no se puede permitir asumir ningún riesgo, por muy pequeño que pudiera 
ser, sin antes valorar, mediante un comité de expertos, las consecuencias que 
pudieran derivarse en este sector, y qué medios podrían disponerse, si es que los 
hubiera, para no desabastecer de agua a la población en caso de accidente. 
6. El actual gobierno español, y sobre todo la irresponsable política energética 
impulsada tanto a nivel regional por el Gobierno Canario, como a nivel nacional por 
el Ministerio de Industria están minando el desarrollo del sector renovable en las 
islas. En esto es especialmente sensible el archipiélago canario, ya que Canarias 
cuenta con el mejor y más estable régimen de vientos y de radiación solar de toda 
Europa. Por otra parte, a nivel global se ha producido en los últimos años una 
drástica ganancia en la eficiencia de los equipos de generación eólica y fotovoltaica 
(proporcional a la abrupta disminución de sus costes). Ambos factores combinados 
permitirían reducir la altísima factura eléctrica (subvencionada a través del sistema 
estatal de compensación de los costes de los sistemas extrapeninsulares, en base 
a un esquema de costes reconocidos de las centrales - parque de generación 
obsoleto, inflexible e ineficiente, que en parte es de la época pre-constitucional). 
Sin embargo, los responsables en materia de política energética en Canarias 
(Ministerio de Industria por una parte, y Consejería Regional de Industria por otra) 
permiten que se siga manteniendo un infame sistema de generación eléctrica con 
el coste de producción más alto de toda Europa (más de 220€ / Mwh en 
promedio), y con un menor índice de penetración de energías renovables en el 
mix de producción (un insultante 6%, pudiendo ser muy fácilmente del 40% como 
mínimo), poniendo todos los obstáculos habidos y por haber para frenar el 
desarrollo de un sector que sería absolutamente estratégico para las islas, más aún 
teniendo en cuenta su altísima dependencia del consumo de hidrocarburos 
importados (para generar casi un 95% de la energía eléctrica que se consume en 
las islas). Es vital establecer políticas que estimulen la implantación de sistemas 
renovables, sistemas Smart Grid que aúnen generación, almacenamiento, sistemas 
de apoyo y consumos, teniendo en cuenta a su vez la debilidad de su red eléctrica 
aislada. 
7. Recientemente los sondeos promovidos por el gobierno marroquí, que sí dispone 
de un control estatal de los beneficios (concretamente el 25% a través de la Oficina 
Nacional de Hidrocarburos: ese es el % de participación que por Ley, el Gobierno 
de Marruecos establece para cualquier empresa –o consorcio de empresas-interesada 
en llevar a cabo prospecciones en el país. Para lo cual deberá constituir 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias 
canarias@ciudadanos-cs.org 4
la correspondiente empresa filial con sede social en Marruecos, y con una 
participación estatal del 25%), han sido negativos en zonas muy próximas a las 
pretendidas por Repsol, debido a la enorme dificultad de acceso y gran gasto 
requerido, lo que obligó a las concesionarias a buscar otra localización. 
8. En un informe recibido en mayo pasado, el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) facilita dos estudios, uno denominado “Adecuación de los Estudios de 
Sismicidad Natural e Inducida” y el otro “Adecuación de la Caracterización 
Geológico-Geofísica del proyecto Perforación de Sondeos Exploratorios en los 
Permisos de Investigación de Hidrocarburos Denominados Canarias 1 a 9”. Las 
principales conclusiones de dicho informe fueron las siguientes: 
1.- La zona está catalogada como de sismicidad baja pero hay que tener en cuenta que es una 
zona poco investigada y que sólo cuenta con aportación científica ya anticuada. 
2.- No se ha contemplado la sismicidad asociada al Volcanismo. 
3.- La caracterización de las Fallas es muy resumida y sólo se centran en las principales, en 
general muy alejadas de las zonas de los posibles emplazamientos. Se debería haber completado 
con una caracterización de las Fallas en las zonas más próximas al emplazamiento. 
4.- No conocen ningún caso de Sismicidad Inducida achacable a este tipo de actividad. Y en este 
aspecto están de acuerdo con el promotor. (Están hablando del caso Español, no existe Sismicidad 
“registrada” asociada a las prospecciones). Pero en EEUU, Canadá y Noruega sí y hay que tenerlo 
en cuenta. Especialmente el caso de Canadá donde el punto en el que se han hecho prospecciones 
ni es sísmico ni es volcánico. Aquí en Canarias sí, por tanto la Sismicidad Inducida sí que puede 
ser mucho mayor. El proyecto Castor es una prueba de lo que puede suceder cuando en una 
Declaración Ambiental aprobada no se apercibe de que existían una serie de fallas geológicas, una 
de ellas sobre la que se asienta el proyecto. Tras un temblor de 4,2 grados de magnitud que hizo 
temblar la tierra desde Tarragona hasta Castellón, y tras llevar a cabo un análisis en profundidad del 
nivel de riesgos, se ordenó la paralización definitiva del proyecto de almacenamiento de gas, y la 
fijación de una indemnización a sus promotores (Escal UGS, participada en un 66,67% por el Grupo 
ACS) de 1.350 millones de €, que sufragarán todos los consumidores del sistema gasista nacional. 
5.- Se considera que en la documentación presentada por el promotor en esta fase no se señalan, 
en los detalles de las operaciones y fases del mismo, datos sobre parámetros como presiones de 
agua involucradas, estado tensional, etc., que permitirían hacer una evaluación más completa. 
Tampoco contempla la Declaración de Impacto Ambiental la zona de corrientes y vientos que 
propiciarían que las islas se vieran afectadas frente a un eventual vertido. 
6.- En relación con la Peligrosidad Sísmica Natural se concluye que la zona donde se enmarcan los 
Permisos de Investigación Canarias 1 9 es de baja actividad sísmica tanto a nivel regional como a 
nivel local. Según los estudios más recientes y completos realizados hasta la fecha, el máximo 
sismo esperable causado en la zona por fenómenos naturales en los “próximos dos años” sería de 
magnitud 5,2. 
Conclusiones: 
- la Declaración de Impacto Ambiental no tiene en cuenta los peores escenarios, casos 
hipotéticos pero reales que podrían darse, lo que somete a la población local a una 
vulnerabilidad máxima. 
- No se puede descartar que se hayan manipulado datos para que la probabilidad sea de 
0,0000% frente a la real de 4,48% de riesgo de sismicidad al utilizar un período de tiempo de 
tan sólo dos años para el cálculo de probabilidades. 
- No se puede descartar que se hayan manipulado los datos del modelo numérico; tanto en 
viento, como probabilidad de ocurrencia, caudal de derrame y tipo de crudo, de forma que sólo 
se han tenido en consideración los escenarios más benévolos que podrían darse. 
- Se han minimizado los riesgos geológicos (sísmicos y volcánicos) haciéndolos prácticamente 
inexistentes en la Declaración de Impacto Ambiental y además sin contemplar el peligro que 
existe “per se” en la zona de prospecciones, teniendo además en cuenta que jamás un período 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias 
canarias@ciudadanos-cs.org 5
de retorno en sismicidad se calcula para menos de 50 años, y en este caso, lo han calculado 
para 2 años, de forma que la cifra de probabilidad puede ser considerada de falsa. 
- No se ha tenido en cuenta la presión ejercida por la columna de agua en el lecho rocoso en el 
momento de la perforación lo que es un gran riesgo si no se controla. 
- El plan de contingencia y emergencia es prácticamente inocuo en un vertido de tipo medio y 
alto, ya que no cuenta con medidas para el abastecimiento de agua en islas completamente 
dependientes de desaladoras lo que supone un alto riesgo en la población local. 
- Este tipo de políticas y modelo energético va en contra de lo que pide las Naciones Unidas, ya 
que en su 5ª Informe del Cambio Climático, pide a las grandes potencias eliminar cuanto antes 
la quema de combustibles fósiles en pro de las energías renovables, pues el calentamiento 
global está siendo un reto mundial. 
Debido a estos argumentos, se debe exigir al actual gobierno español rectifique sobre 
esta decisión tomada con demasiada premura, y establezca un diálogo con las 
instituciones canarias, apoyados de una mesa de expertos que establezcan los pros y 
contras de la explotación de los recursos petrolíferos, así como reorientar la participación 
pública de los posibles beneficios que dicha acción generara, pudiéndose activar con ello 
políticas de implantación de renovables y almacenamiento. 
De esta forma, con todas las cartas sobre la mesa, y siempre que los ciudadanos 
canarios, conociendo los riesgos así como el uso público de los beneficios, decidieran por 
mayoría activar nuevamente el proyecto, sería valorada la oportunidad o no de seguir 
adelante con esta iniciativa. 
Y en todo caso, si una parte del apoyo brindado a una multinacional como Repsol, el 
Gobierno de España la dedicara a propiciar el necesario cambio en el sistema de 
generación eléctrica de Canarias (uno de los más caros, subvencionados, sucios e 
ineficientes en toda Europa, y cuyo déficit de tarifa -más de 1.000 millones de € anuales-pagan 
todos los españoles), con el factible objetivo de que la penetración de energías 
renovables (fundamentalmente eólica, pero también fotovoltaica) aumenten su peso en el 
mix general hasta un nivel acorde a su potencial (40-45%, con un adecuado sistema de 
regulación y reserva), el beneficio que ello supondría para España en general (drástica 
disminución del déficit de tarifa por sobrecoste del sistema eléctrico canario) y Canarias 
en particular (generación de empleo cualificado, potenciación de imagen como destino 
sostenible, reducción de la dependencia de combustibles fósiles, etc.), entonces sí 
podríamos pensar que la política energética cuenta con un eficiente diseño, estando 
además plenamente alineada con el interés general. 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias 
canarias@ciudadanos-cs.org 6

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Prospecciones petrolíferas en Canarias

  • 1. POSICIONAMIENTO OFICIAL Prospecciones petrolíferas en Canarias Agrupación Territorial C’s CANARIAS Octubre 2014 Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias canarias@ciudadanos-cs.org 1
  • 2. PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN LAS COSTAS CANARIAS UN NO CON ARGUMENTOS El 16 de marzo del año 2012, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobó en Consejo de Ministros, la autorización para que las multinacionales Repsol, Woodside Petroleum Ltd. y RWE AG inicien las prospecciones a escasos 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, donde esperan encontrar yacimientos que pudieran llegar a producir en torno a los 100.000 barriles al día. Esta iniciativa, que a priori, y sin analizar el contexto, pudiera suponer un importante espaldarazo a la economía española, y por ende a la del archipiélago, ya fue rechazada por el Tribunal Supremo en febrero de 2004, cuando el gobierno de José María Aznar promovió la misma iniciativa, que fue contrarrestada por los recursos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote y el Partido Socialista de Canarias. Esta vez, la oposición unánime de los partidos políticos en Canarias, a excepción del Partido Popular, así como la masiva respuesta popular de rechazo a la posible extracción de petróleo cerca de sus costas, no ha servido para impedir que de forma unilateral haciendo uso de la mayoría parlamentaria, el Gobierno haya logrado sacar adelante los permisos necesarios con una premura posiblemente condicionada por la cercanía de un nuevo periodo electoral. Pese a que se ha trasladado a la opinión pública que prácticamente será inocua para la economía y el medioambiente canario la realización de prospecciones, la verdad es que se deben poner sobre la mesa los siguientes puntos de vital importancia, que ponen de manifiesto que realmente debe tenerse en cuenta en la toma de decisiones y la explicación de las mismas a la opinión pública, que SÍ existe riesgo de accidente en las prospecciones o futura extracción: 1. El petróleo no es un recurso infinito, y este factor hace que las empresas petroleras y los gobiernos cada vez estén asumiendo mayores costos y riesgos para localizar recursos de muy difícil acceso, obligándose las empresas a buscar en localizaciones que requieren mayores dificultades tecnológicas, mayores inversiones y obviamente mayores riesgos, tanto físicos y medioambientales, como riesgos económicos al existir grandes posibilidades de fracaso en las prospecciones iniciales. 2. La autorización publicada en el RD 547/2012 no limita el número de pozos a gestionar, y cierra también el posterior derecho a la extracción a estas empresas concesionarias. Esta búsqueda abarcará un área de unas 616.000 hectáreas, con una profundidad de unos 1.500 metros, que deberán elevarse a los 2.000 metros para perforar la placa rocosa, como paso necesario para alcanzar los hipotéticos yacimientos. Este dato eleva considerablemente el riesgo de fugas incontroladas de hidrocarburos desde las profundidades marinas, dado que a estas profundidades existe una elevada dificultad técnica para contener este tipo de accidentes. Es muy importante destacar el antecedente ocurrido en 2010, con la plataforma Deep Water Horizon, cuya explosión y posterior hundimiento en aguas Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias canarias@ciudadanos-cs.org 2
  • 3. del Golfo de México, provocó el vertido más importante de la historia, estimado en 779.000 toneladas de crudo 3. La zona donde se realizarán los sondeos y posterior extracción es activa desde el punto de vista sísmico, con innumerables movimientos registrados en los últimos años por el Instituto Geográfico Nacional, donde han registrado movimientos que rozan los 5 grados en la escala Richter. Sabiendo esto, ¿cuáles son los argumentos que se esgrimen desde Canarias para rechazar lo que parece ser una importante oportunidad económica para el Estado español y para el propio archipiélago? 1. NO ES UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA PARA EL ESTADO Y LA COMUNIDAD. La concesión y posterior explotación se ha realizado a un consorcio de tres multinacionales (Repsol 50% - Woodside 30% - RWE 20%) con intereses claramente privados, que en la cadena de valor difícilmente tributarán en España. Sólo Repsol podría definirse como de interés nacional, aunque desentrañando un poco su accionariado, más de la mitad de sus acciones están en manos extranjeras (incluyendo a TOMASEK, fondo soberano de Singapur, o al banco americano de inversión JP Morgan entre sus actuales accionistas de referencia) y las empresas nacionales (Sacyr y Caixabank) tienen intereses claramente privados que escapan de un control público en lo que respecta al uso de estos beneficios económicos. 2. En la concesión no existe regulación alguna sobre ningún tipo de impuesto especial sobre cada barril extraído. Por lo tanto, no existe ninguna previsión de ingresos a las arcas públicas, y mucho menos para la economía canaria. 3. El sector del Turismo es el sector más importante para la economía canaria, en lo que respecta a generación de empleo y recursos económicos. Este sector sería el principal perjudicado en caso de producirse un accidente derivado de la extracción de crudo. El desastre ecológico del Golfo de México obligó a desembolsar a British Petroleum (BP) casi 40.000 millones de dólares, de los que 4.500 millones fueron en concepto de multa impuesta por el gobierno norteamericano, 14.000 millones para las labores de limpieza y reconstrucción y 20.000 millones como fondo de indemnización a afectados. Esta cantidad, muy próxima a los gastos que ocasionaría un vertido de gran magnitud en las costas canarias, es muy superior al valor total de REPSOL en bolsa: menos de 29.600 millones de USD (cotización del 13/10/14, www.bloomberg.com/quote. Esto lleva a preguntarnos ¿ha suscrito Repsol garantías y seguros de responsabilidad civil de activación inmediata en caso de catástrofe medioambiental, por valor asimilable a esos 40.000 millones de USD, con alguna aseguradora contrastada y con experiencia en ese tipo de magnitudes? Al respecto, el pasado mes de Agosto el Ministerio de Industria autorizaba a Repsol a ejecutar hasta tres sondeos exploratorios en busca de hidrocarburos en las aguas que separan Canarias de Marruecos, con la única exigencia de constituir un seguro civil de 40 millones de euros y una garantía financiera para riesgos medioambientales de 20 millones. Por muy bajo que sean ambos importes (si los ponemos en relación con la multa de BP), el mero hecho de haberse establecido contradice el argumento de que el riesgo de la actividad exploratoria sea nulo (en cuyo caso, tanto el aval como la garantía deberían tener también un valor nulo) Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias canarias@ciudadanos-cs.org 3
  • 4. 4. Sólo en pérdidas dentro del sector turístico, teniendo en cuenta sólo el gasto del turismo extranjero en Canarias, podríamos hablar de unos 11. 500. millones de € anuales (Nota: el gasto turístico oficial generado por los visitantes extranjeros que visitaron Canarias en 2013, ascendió a 11.648 millones de €), y unos daños que se prolongarían al menos dos o tres años. 5. Aproximadamente el 70% del agua consumida en Canarias proviene de la desalación, es más, las islas de Lanzarote y Fuerteventura prácticamente dependen al 100% de la desalación de agua de mar. Una catástrofe que provocara la llegada de hidrocarburos a las costas canarias generaría un estado de emergencia de magnitudes aún no vistas en España, dejando prácticamente sin recursos hídricos a casi la totalidad de los habitantes de las islas. En este punto no se puede permitir asumir ningún riesgo, por muy pequeño que pudiera ser, sin antes valorar, mediante un comité de expertos, las consecuencias que pudieran derivarse en este sector, y qué medios podrían disponerse, si es que los hubiera, para no desabastecer de agua a la población en caso de accidente. 6. El actual gobierno español, y sobre todo la irresponsable política energética impulsada tanto a nivel regional por el Gobierno Canario, como a nivel nacional por el Ministerio de Industria están minando el desarrollo del sector renovable en las islas. En esto es especialmente sensible el archipiélago canario, ya que Canarias cuenta con el mejor y más estable régimen de vientos y de radiación solar de toda Europa. Por otra parte, a nivel global se ha producido en los últimos años una drástica ganancia en la eficiencia de los equipos de generación eólica y fotovoltaica (proporcional a la abrupta disminución de sus costes). Ambos factores combinados permitirían reducir la altísima factura eléctrica (subvencionada a través del sistema estatal de compensación de los costes de los sistemas extrapeninsulares, en base a un esquema de costes reconocidos de las centrales - parque de generación obsoleto, inflexible e ineficiente, que en parte es de la época pre-constitucional). Sin embargo, los responsables en materia de política energética en Canarias (Ministerio de Industria por una parte, y Consejería Regional de Industria por otra) permiten que se siga manteniendo un infame sistema de generación eléctrica con el coste de producción más alto de toda Europa (más de 220€ / Mwh en promedio), y con un menor índice de penetración de energías renovables en el mix de producción (un insultante 6%, pudiendo ser muy fácilmente del 40% como mínimo), poniendo todos los obstáculos habidos y por haber para frenar el desarrollo de un sector que sería absolutamente estratégico para las islas, más aún teniendo en cuenta su altísima dependencia del consumo de hidrocarburos importados (para generar casi un 95% de la energía eléctrica que se consume en las islas). Es vital establecer políticas que estimulen la implantación de sistemas renovables, sistemas Smart Grid que aúnen generación, almacenamiento, sistemas de apoyo y consumos, teniendo en cuenta a su vez la debilidad de su red eléctrica aislada. 7. Recientemente los sondeos promovidos por el gobierno marroquí, que sí dispone de un control estatal de los beneficios (concretamente el 25% a través de la Oficina Nacional de Hidrocarburos: ese es el % de participación que por Ley, el Gobierno de Marruecos establece para cualquier empresa –o consorcio de empresas-interesada en llevar a cabo prospecciones en el país. Para lo cual deberá constituir Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias canarias@ciudadanos-cs.org 4
  • 5. la correspondiente empresa filial con sede social en Marruecos, y con una participación estatal del 25%), han sido negativos en zonas muy próximas a las pretendidas por Repsol, debido a la enorme dificultad de acceso y gran gasto requerido, lo que obligó a las concesionarias a buscar otra localización. 8. En un informe recibido en mayo pasado, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) facilita dos estudios, uno denominado “Adecuación de los Estudios de Sismicidad Natural e Inducida” y el otro “Adecuación de la Caracterización Geológico-Geofísica del proyecto Perforación de Sondeos Exploratorios en los Permisos de Investigación de Hidrocarburos Denominados Canarias 1 a 9”. Las principales conclusiones de dicho informe fueron las siguientes: 1.- La zona está catalogada como de sismicidad baja pero hay que tener en cuenta que es una zona poco investigada y que sólo cuenta con aportación científica ya anticuada. 2.- No se ha contemplado la sismicidad asociada al Volcanismo. 3.- La caracterización de las Fallas es muy resumida y sólo se centran en las principales, en general muy alejadas de las zonas de los posibles emplazamientos. Se debería haber completado con una caracterización de las Fallas en las zonas más próximas al emplazamiento. 4.- No conocen ningún caso de Sismicidad Inducida achacable a este tipo de actividad. Y en este aspecto están de acuerdo con el promotor. (Están hablando del caso Español, no existe Sismicidad “registrada” asociada a las prospecciones). Pero en EEUU, Canadá y Noruega sí y hay que tenerlo en cuenta. Especialmente el caso de Canadá donde el punto en el que se han hecho prospecciones ni es sísmico ni es volcánico. Aquí en Canarias sí, por tanto la Sismicidad Inducida sí que puede ser mucho mayor. El proyecto Castor es una prueba de lo que puede suceder cuando en una Declaración Ambiental aprobada no se apercibe de que existían una serie de fallas geológicas, una de ellas sobre la que se asienta el proyecto. Tras un temblor de 4,2 grados de magnitud que hizo temblar la tierra desde Tarragona hasta Castellón, y tras llevar a cabo un análisis en profundidad del nivel de riesgos, se ordenó la paralización definitiva del proyecto de almacenamiento de gas, y la fijación de una indemnización a sus promotores (Escal UGS, participada en un 66,67% por el Grupo ACS) de 1.350 millones de €, que sufragarán todos los consumidores del sistema gasista nacional. 5.- Se considera que en la documentación presentada por el promotor en esta fase no se señalan, en los detalles de las operaciones y fases del mismo, datos sobre parámetros como presiones de agua involucradas, estado tensional, etc., que permitirían hacer una evaluación más completa. Tampoco contempla la Declaración de Impacto Ambiental la zona de corrientes y vientos que propiciarían que las islas se vieran afectadas frente a un eventual vertido. 6.- En relación con la Peligrosidad Sísmica Natural se concluye que la zona donde se enmarcan los Permisos de Investigación Canarias 1 9 es de baja actividad sísmica tanto a nivel regional como a nivel local. Según los estudios más recientes y completos realizados hasta la fecha, el máximo sismo esperable causado en la zona por fenómenos naturales en los “próximos dos años” sería de magnitud 5,2. Conclusiones: - la Declaración de Impacto Ambiental no tiene en cuenta los peores escenarios, casos hipotéticos pero reales que podrían darse, lo que somete a la población local a una vulnerabilidad máxima. - No se puede descartar que se hayan manipulado datos para que la probabilidad sea de 0,0000% frente a la real de 4,48% de riesgo de sismicidad al utilizar un período de tiempo de tan sólo dos años para el cálculo de probabilidades. - No se puede descartar que se hayan manipulado los datos del modelo numérico; tanto en viento, como probabilidad de ocurrencia, caudal de derrame y tipo de crudo, de forma que sólo se han tenido en consideración los escenarios más benévolos que podrían darse. - Se han minimizado los riesgos geológicos (sísmicos y volcánicos) haciéndolos prácticamente inexistentes en la Declaración de Impacto Ambiental y además sin contemplar el peligro que existe “per se” en la zona de prospecciones, teniendo además en cuenta que jamás un período Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias canarias@ciudadanos-cs.org 5
  • 6. de retorno en sismicidad se calcula para menos de 50 años, y en este caso, lo han calculado para 2 años, de forma que la cifra de probabilidad puede ser considerada de falsa. - No se ha tenido en cuenta la presión ejercida por la columna de agua en el lecho rocoso en el momento de la perforación lo que es un gran riesgo si no se controla. - El plan de contingencia y emergencia es prácticamente inocuo en un vertido de tipo medio y alto, ya que no cuenta con medidas para el abastecimiento de agua en islas completamente dependientes de desaladoras lo que supone un alto riesgo en la población local. - Este tipo de políticas y modelo energético va en contra de lo que pide las Naciones Unidas, ya que en su 5ª Informe del Cambio Climático, pide a las grandes potencias eliminar cuanto antes la quema de combustibles fósiles en pro de las energías renovables, pues el calentamiento global está siendo un reto mundial. Debido a estos argumentos, se debe exigir al actual gobierno español rectifique sobre esta decisión tomada con demasiada premura, y establezca un diálogo con las instituciones canarias, apoyados de una mesa de expertos que establezcan los pros y contras de la explotación de los recursos petrolíferos, así como reorientar la participación pública de los posibles beneficios que dicha acción generara, pudiéndose activar con ello políticas de implantación de renovables y almacenamiento. De esta forma, con todas las cartas sobre la mesa, y siempre que los ciudadanos canarios, conociendo los riesgos así como el uso público de los beneficios, decidieran por mayoría activar nuevamente el proyecto, sería valorada la oportunidad o no de seguir adelante con esta iniciativa. Y en todo caso, si una parte del apoyo brindado a una multinacional como Repsol, el Gobierno de España la dedicara a propiciar el necesario cambio en el sistema de generación eléctrica de Canarias (uno de los más caros, subvencionados, sucios e ineficientes en toda Europa, y cuyo déficit de tarifa -más de 1.000 millones de € anuales-pagan todos los españoles), con el factible objetivo de que la penetración de energías renovables (fundamentalmente eólica, pero también fotovoltaica) aumenten su peso en el mix general hasta un nivel acorde a su potencial (40-45%, con un adecuado sistema de regulación y reserva), el beneficio que ello supondría para España en general (drástica disminución del déficit de tarifa por sobrecoste del sistema eléctrico canario) y Canarias en particular (generación de empleo cualificado, potenciación de imagen como destino sostenible, reducción de la dependencia de combustibles fósiles, etc.), entonces sí podríamos pensar que la política energética cuenta con un eficiente diseño, estando además plenamente alineada con el interés general. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias canarias@ciudadanos-cs.org 6