Con esta reforma, la ciudadanía podrá estar actualizada sobre la incidencia delictiva en su entorno de manera transparente, evitando con ello que el flujo de información sobre los acontecimientos se torne errático, confuso e incluso excesivo y, lejos de servir como herramienta para favorecer el buen resguardo y la seguridad de la población, se convierta incluso, en un elemento más para perturbar la paz social.

1. BUENAS TARDES COMPAÑEROS DIPUTADOS
En gran parte del país, en los últimos años, la población ha atestiguado
el incremento de hechos violentos relacionados con la delincuencia
organizada. En la mayoría de los casos, esta situación ha sido
acompañada del acrecentamiento de la delincuencia común, suscitando
un clima de inseguridad que obliga a las personas a modificar su
conducta y sus formas de interacción con el entorno urbano.
Esta circunstancia, sumada a la desconfianza que los ciudadanos tienen
hacia sus autoridades y que ha sido demostrada a través de diversos
estudios, motiva a la sociedad a buscar fuentes no oficiales o con
participación ciudadana, en las que puedan obtener información
oportuna, asequible y confiable sobre la incidencia delictiva, la
ocurrencia de hechos violentos y sobre los sitios, zonas o espacios
urbanos que deben evitarse, en un momento determinado, para no
padecer los estragos o afectaciones de la perturbación del orden y la
paz pública.
Sin embargo, cuando los actos de violencia alcanzan un nivel capaz de
alterar de manera grave y repentina el desarrollo habitual de las
actividades de toda la comunidad, como ocurre, por ejemplo, cuando los
grupos criminales bloquean simultáneamente dos o más accesos
carreteros, cuando la persecución de los alteradores del orden se
extiende sobre las principales arterias de la ciudad, cuando se cometen
atentados a sitios de concentración masiva o cuando en un solo evento
se priva de la vida a un número significativo de personas, el número de
mensajes de alerta, la proliferación de llamados de auxilio y en general,
el flujo de información sobre los acontecimientos se torna errático,
confuso, profuso e incluso excesivo.
En estos casos, la información, lejos de servir como herramienta para
favorecer el buen resguardo y la seguridad de la población, se convierte
en un elemento de ansiedad y perturbación para muchas personas, al
grado de ocasionar histeria colectiva.
De ahí la necesidad de que los ciudadanos cuenten con un sistema de
información oportuna y confiable en casos de alteración grave del orden
público, a través de una institución confiable y por medios accesibles a
la población.
El INEGI a partir del año 2008 estableció como una de sus áreas
prioritarias la producción de información sobre seguridad pública y
justicia.
En este año el INEGI llevará a cabo encuestas (censos) sobre
procuración e impartición de justicia a nivel Federal y Estatal,

2. sumándose a las realizadas y publicadas el año pasado sobre
“Percepción de la Seguridad Pública” con periodicidad mensual. Las
estadísticas judiciales en materia penal también se publicaran
mensualmente, ya que con anterioridad se publicaban anualmente, con
ello se busca dar a esta información la oportunidad que debió haber
tenido desde hace mucho tiempo.
Como se puede observar, una institución pública de gran relevancia
como lo es el INEGI, está realizando esfuerzos para recabar,
sistematizar y publicar la información relacionada con seguridad
pública, por ello es de vital importancia que el Estado de Jalisco no se
quede atrás, que con las propias instituciones con las que contamos, se
puedan llevar a cabo los trabajos y esfuerzos que otras instituciones a
nivel federal están haciendo, para con ello sumarnos al gran esfuerzo
que se hace para combatir el crimen en nuestro país y poder generar la
confianza que tanto necesita la ciudadanía en sus autoridades.
A través de esta iniciativa se propone modificar la Ley de
Transparencia e Información Pública y la Ley de Seguridad Pública,
ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, para con ello facultar
al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social del Estado, para que asuma una función de
orientación e información pública en casos como los antes descritos.
Con ello, se pretende mejorar el actuar de las instituciones dedicadas a
atender diversos temas en materia de seguridad pública y partiendo de
que actualmente ya contamos con las estructuras orgánicas lo que se
pretende es que se atienda de manera oportuna cada una de las
manifestaciones delictivas que reconoce la realidad jalisciense y de esta
manera contar con un registro y un responsable que dé cuenta de los
distintos aspectos de prevención, readaptación y preservación del orden
público.
Es por ello que considero conveniente facultar y obligar al Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social
para que en el ámbito de su competencia y derivado de la información a
que tiene acceso, realice de manera oportuna y confiable el acopio,
procesamiento, sistematización y publicación de información en
materia de incidencia delictiva de la entidad.