1. Coalición Cívica ARI Distrito Santa Fe
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Contrato para la seguridad democrática
Desde el partido Coalición Cívica ARI, entendemos que el derecho de cada ciudadano a
la seguridad no es derecho aislado que se pueda construir con una política pública en
particular a desarrollar desde el Estado, por el contrario, la seguridad es un estado de la
sociedad que debemos alcanzar desde múltiples perspectivas y acciones enfrentando las
causas profundas y los factores de riesgo que agravan los problemas que sufrimos a
diario. Desde esta óptica, la cuestión de la seguridad debe ser el eje central de un
conjunto de políticas de Estado que tengan por objeto la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales reconocidos hoy por la Constitución a todos a los
argentinos, con una mirada preventiva del delito desde lo social.
Prevención social implica pensar en empleo, y estar advertidos de los empleos miserables
e inestables, en educación (que incluya el autocontrol emocional, no sólo las disciplinas
tradicionales), en salud (y no solamente del cuerpo, sino también de la mente, de la familia
y del ambiente), en cultura (una cultura de valores, de paz, solidaridad, igualdad y
responsabilidad). Prevención social, es la protección integral e igualitaria de los derechos
humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Creemos que es necesario actuar en los siguientes aspectos:
Reforma judicial en el sistema procesal penal
Tenemos por delante y debemos avanzar progresiva y sostenidamente con la Reforma del
Sistema Procesal Penal de la Provincia, que es fruto y ejemplo del acuerdo de las fuerzas
políticas locales. Esta reforma tiene como foco central el enjuiciamiento de los delitos a
través de un juicio oral y público, que jerarquice las tareas de acusación, defensa y
juzgamiento, y las coordine por la actividad armónica y diferenciada de los distintos
funcionarios, fiscales, defensores y jueces. Actualmente, se prevé un número reducido de
delitos graves que se tramitan por esta vía y es oportuno ampliarlo para continuar el
alcance de los beneficios procurados por el sistema, principalmente transparencia, eficacia
y celeridad, con resguardo de las garantías constitucionales.
Podemos incluso avanzar más, en cuanto al juzgamiento de los delitos y la participación
ciudadana, incorporando el juicio por jurados populares para el enjuiciamiento de delitos
ligados al enriquecimiento ilícito y/o conexos con el narcotráfico, en cuento sea posible
para la jurisdicción provincial. Consideramos de gran importancia la necesidad de acentuar
y profundizar la relación entre el sistema de justicia y la sociedad, siendo que el primero
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muchas veces pareciera blindado para el ciudadano común, el cual se encuentra
prácticamente excluido del proceso de administración de justicia.
En la misma línea, es preciso acelerar el trámite para la designación de magistrados
judiciales, fiscales y demás funcionarios públicos necesarios para la implementación del
nuevo sistema procesal penal y el reforzar los mecanismos de participación y publicidad
de estos procesos de selección.
Reforma policial
La recuperación y fortalecimiento del control político y civil de las fuerzas de seguridad en
el territorio provincial es otro capítulo insoslayable para nuestra provincia puesto que, si
bien, la metodología de abordaje del problema de la inseguridad pública, no se limita a los
aspectos judicial, policial y penitenciario, estos deben estar presentes.
En cuanto a la institución policial es conveniente avanzar en la reorganización interna que
contribuya a obtener transparencia operativa, especialización y eficiencia, y a la
profesionalización de sus miembros. Asimismo, es ineludible plantearnos nuevas
instituciones que fortalezcan la transformación. Un Consejo Provincial de Seguridad
Ciudadana, presidido por el gobernador o el ministro de seguridad, como instancia
permanente de acuerdo y articulación de los actores involucrados. Un nuevo sistema de
controles con triple componente: control político provincial, por parte de las autoridades
provinciales; control local, ejercido por los intendentes y presidentes comunales con
colaboración de las respectivas policías presentando informes a los Consejos o
Comisiones Comunales, y con intervención en la designación de los comisarios; control
interno -ejercido por el área pertinente con articulación con una Comisión de participación
ciudadana.
En cuanto a este mecanismo de participación ciudadana propuesto, entendemos que si
bien la participación ciudadana en asuntos de policía puede traducirse en obstáculos para
la acción policial, en resquemores internos de la institución que lleven a que su espíritu de
cuerpo se realce y se rechacen las supuestas intromisiones en una institución tan
delicada, sensible y especializada, ésta puede ser un mecanismo no sólo de control
democrático, sino de acompañamiento y apoyo para la institución.
Entre las funciones de esta comisión estarán las de proponer políticas para fortalecer la
acción preventiva de la Policía, estimular la orientación ética, civilista y democrática en la
relación Policía-ciudadanía, promover la participación ciudadana en la materia,
recomendar mecanismos para fortalecer los lazos y redes de la sociedad con la Policía,
coordinar con la Defensoría del Pueblo el desarrollo de programas educativos en la
Policía, canalizar a través del Sistema las quejas ciudadanas, propender a que los agentes
presten servicio en sus regiones de origen, recomendar políticas destinadas a hacer un
manejo transparente, eficiente y oportuno de la información que maneja la Policía en áreas
de interés público.
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Por otra parte, reconociendo la importancia de los controles viales para detectar el traslado
de los bienes objeto de los delitos, es preciso incrementar los controles sobre las rutas
provinciales y gestionar el refuerzo de los mismos por parte de las fuerzas nacionales,
PSA, Gendarmería y Prefectura Naval, dado que, sólo en conjunto, se puede aumentar la
eficiencia y eficacia de estas operaciones.
Por su parte, Prefectura Naval debería intensificar los operativos de inspección en los
puertos públicos y privados de las ciudades de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y
Reconquista como así también las tareas de patrullaje por los ríos navegables de Santa
Fe que comuniquen a otras provincias limítrofes.
En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria es preciso que, por una parte,
intensifique la radarización del territorio provincial y, por otra parte, trabaje
coordinadamente con los Entes Aeroportuarios de Rosario y Santa Fe, así como brindar
colaboración para prevenir tráfico por aire, en los 192 lugares aptos para realizar
aterrizajes, según el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
Políticas sociales
Especial mención merece, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la prevención de
las adicciones y la cobertura de salud para quienes las padecen. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el caso Arriola exhortó a todos los poderes públicos a "asegurar
una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de
salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre
todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado
cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el
país". En función de esto, debemos desarrollar un sistema público de asistencia universal
y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en toda la provincia y
fortalecer el sistema de salud público existente en los ámbitos provincial y municipal, con
el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que
demandan asistencia por presentar problemas de adicción.
Retomando el concepto de prevención social, se hace necesario el desarrollo de políticas
de urbanismo y presencia efectiva de todos los servicios del Estado en los sectores más
comprometidos por la acción del narcotráfico, tomando como referencia experiencias de
inclusión de otros lugares, que bajo el concepto de urbanismo social han instalado
escuelas, parques bibliotecas, centros deportivos en las zonas más vulnerables,
convirtiéndolos en espacios incluyentes y propicios para acoger la formación de un nuevo
tejido social.
Anticorrupción
Ser inflexibles con cualquier hecho de ilegalidad y corrupción política y policial arbitrando
las medidas y sanciones que correspondan. Asimismo, prevenir la criminalidad comprende
también enfrentar las causas del delito de cuello blanco, delito de personas con altos
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ingresos económicos asegurados, que no obstante, son autoras de decisiones
administrativas, judiciales, policiales que infringen la legislación y vulneran derechos. Por
esto, debemos avanzar en la reglamentación y plena vigencia de la ley de Ética Pública,
para cumplir con sus objetivos de transparencia y anticorrupción. Sabemos que ello no
será posible sin eliminar la impunidad y la falta de responsabilidad ágil e inmediata por sus
actos de los funcionarios públicos, y sin poder prevenir tales actos, siendo para ello
fundamental la labor de la Comisión Provincial de Ética Pública.
Como un apartado ineludible para conseguir transparentar también la actividad de los
partidos políticos, es necesario reglamentar la ley provincial de financiamiento de
campañas electorales, lo que permitirá romper los vínculos de algunos sectores de la
política con la criminalidad.
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