Takovo mora

Takovo Mora – José Luis Saavedra
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Takovo Mora
MOVILIZACIÓN GUARANÍ Y VIOLENCIA GUBERNAMENTAL
Por: José Luis Saavedra
ÍNDICE
Introducción
1. Aprobación de los decretos de exploración hidrocarburífera en las áreas
protegidas
2. “Entraremos a explorar ‘con mucha fuerza’ en las áreas protegidas”
3. “No es posible que en las llamadas ‘consultas’ se pierda tanto tiempo”
4. Luchas y movilizaciones contemporáneas del pueblo guaraní
5. Yateirenda no debe quedar en la impunidad
Conclusiones
Bibliografía
Anexo: Un gobierno etnocida

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Introducción
El tema ambiental se ha puesto nuevamente en debate en Bolivia, debido a la promulgación del
Decreto Supremo (DS) Nº 2366, del 20 de mayo de 2015, que autoriza la exploración petrolera y
permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en diferentes zonas y categorías de áreas
protegidas del país. La aprobación del referido DS ha generado una discusión muy interesante en
torno al cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos de la Madre Tierra frente a las
actividades extractivas, además de las problemáticas emergentes de la reciente aprobación de una
ley de incentivos a los productores de hidrocarburos1
en los Territorios Comunitarios de Origen (TCO)
y la administración gubernamental de la consulta a los pueblos andinos y naciones amazónicas2
.
El Gobierno del presidente Evo ha aprobado el decreto que autoriza la exploración petrolera en las
áreas que Bolivia protege por razones eco-ambientales. El DS en cuestión establece palmariamente
que “se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración petrolera en las
diferentes zonas y categorías de áreas protegidas”. La aprobación de este DS faculta a las empresas
petroleras, esencialmente transnacionales, desarrollar actividades de exploración y explotación
hidrocarburífera en las áreas protegidas, parques nacionales, reservas de la biosfera y territorios
indígenas.
El propósito del presente libro es precisamente reflexionar en torno a cuáles son las motivaciones e
incitaciones gubernamentales para aprobar y emitir ordenanzas como el DS Nº 2366 y otras similares
(que no son sino un conjunto de normas expoliadoras y por tanto funcionales al desarrollo del
capitalismo extractivista) y cuáles son las consecuencias e implicaciones de las mismas en el ejercicio
de los derechos económicos, sociales, culturales y territoriales de los pueblos y naciones andinas y
amazónicas.
Para el logro de este empeño empezaremos viendo la genealogía de los decretos y demás
disposiciones promulgados por el gobierno del presidente Evo. Luego, veremos cómo estas normas,
profundamente favorecedoras del capital transnacional, se condensan y se densifican de manera
colonial y colonialista en los decretos de expoliación petrolera en las áreas protegidas, parques
nacionales y reservas de la biosfera y sus correspondientes impactos en la vida misma de los pueblos
y comunidades de las tierras bajas y altas. Después, de-mostraremos las re-acciones violentas del
gobierno del MAS para imponer tales decretos por sobre la persistente resistencia y voluntad política
de cuidado de la Madre Tierra y de la vida misma de los pueblos y naciones andinas y amazónicas.
1
Con el fin de atraer nuevas inversiones, el Gobierno aprobó la Ley 767 de Promoción para la Inversión en
Exploración y Explotación Hidrocarburífera, promulgada en diciembre de 2015, que dispone la creación de un
fondo para los incentivos, que se financiará con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), antes de su distribución, que reciben las gobernaciones, alcaldías y universidades.
2
Véase “Indígenas presentan más recursos de inconstitucionalidad contra ley de consulta previa” (Los Tiempos,
3 de marzo de 2015). También conviene ver “El gobierno de Evo Morales coarta el derecho indígena a la
consulta previa” (Bolpress, 17 junio 2010) y “Evo considera pérdida de tiempo consultar a pueblos indígenas”
(Los Tiempos, 15 julio 2015).

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La perspectiva política y epistémica que asumimos en esta “práctica teórica” (como diría el maestro
Louis Althusser3
) es la de la radicalidad crítica y (al mismo tiempo) la criticidad radical propia de las
insurgencias sociopolíticas y procesos histórico-culturales de los pueblos y comunidades andinas y
amazónicas desde hace al menos 500 años. Y también intentamos ser consecuentes con el desarrollo
de la conciencia crítica y las pautas éticas, políticas y epistémicas del gran Raúl “chato” Prada en el
sentido que “no se puede (ni se debe) callar ante ninguna de las atrocidades del poder”.
Antes de empezar a transitar por los chaqui ñan de este texto conviene, referir, brevemente, nuestra
comprensión cardinal del extractivismo, que es la economía basada en la extracción intensiva de los
recursos naturales destinados a la exportación. El extractivismo se refiere pues a una serie de
actividades dedicadas a extraer grandes cantidades de recursos naturales sin procesar (o apenas
procesados) mayormente destinados a la exportación a los centros de acumulación global.
Históricamente, desde hace 500 años, el país ha sido muy dependiente de las exportaciones con-
centradas en una muy poca variedad de productos primarios. Este modelo de crecimiento basado en
los sectores extractivos ha sido criticado tanto por su elevada vulnerabilidad y dependencia de
factores externos y escasa sostenibilidad (económica y ecológica), como por no haber logrado un
cambio en la matriz o estructura productiva de la tradicional economía boliviana. A partir de este
discernimiento primordial, veamos cómo opera el extractivismo en el campo hidrocarburífero,
empezamos por el análisis de las normativas gubernamentales más recientes.
3
Cfr. Althusser, Louis, Para una crítica de la práctica teórica, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 1974.

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1. Aprobación de los decretos de exploración
hidrocarburífera en las áreas protegidas
El 20 de mayo de 2015, el gobierno del presidente Evo promulgó el Decreto Supremo (DS) Nº 2366,
con el que autoriza el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en
las 22 áreas protegidas del país. El gobierno consiente, a través de este decreto, el ingreso de las
empresas petroleras –básicamente transnacionales- al conjunto de las 22 áreas protegidas.
Actualmente, del total de las 22 Áreas Protegidas Nacionales (APN) el 50% ya está afectado por la
frontera hidrocarburífera (11 APN) y el 17,9% del total de su superficie está concesionada para la
actividad petrolera4
. Y hora el gobierno ha decidido –autoritariamente- crear áreas petroleras
superpuestas a las APN sin haber realizado ningún estudio técnico y sin que diga nada la autoridad
competente (totalmente sometida al Órgano ejecutivo).
Una primera constatación es que este decreto Nº 2366 corresponde puntualmente a la política
capitalista y extractivista del gobierno del presidente Evo. Aún hoy, Bolivia se ubica en el conjunto de
los países sudamericanos con la mayor “primarización” de sus exportaciones5
(92,9%) y la tendencia
es la profundización de esta dependencia neocolonial. Más todavía, la asimetría entre la venta de
bienes primarios y la compra de manufacturas se agranda cada vez más y la presión sobre los
recursos naturales aumenta crecientemente, además de la generalizada tendencia (latinoamericana)
hacia una severa disminución de los estándares socio-ambientales para permitir la profundización de
las actividades extractivas y la transferencia de materias primas a los centros de acumulación del
capital global.
A partir de estos primeros asertos conviene preguntar-nos: por qué es cuestionable el DS Nº 2366 (si
se supone que va a atraer inversiones), por varias razones que las iremos de-mostrando en el de-
curso de este acápite, por ahora bastará con citar al profesional en hidrocarburos, Daniel Centeno,
quien asegura que el referido decreto busca imponer un capricho gubernamental sin respetar la
Constitución Política del Estado (CPE) que protege las zonas de reserva de la biosfera. Centeno
asegura que la norma es inconstitucional y que debe ser retirada o abrogada porque un decreto no
puede estar por encima de la ley de leyes.
“El decreto es inconstitucional, quieren ponerlo por encima de la Constitución y va en contra.
La Constitución manda y ordena preservar y proteger todos estos espacios de recursos
naturales de flora y fauna. Esto porque la explotación y la exploración de los hidrocarburos y
minerales dañan seriamente el medioambiente. Por tanto, el decreto debe revisarse debido a
4
Cfr. “La frontera de hidrocarburos en Bolivia creció 7 veces en cinco años” (El Día, 24 de noviembre de 2014) y
“Frontera petrolera crece y afecta a 37 áreas indígenas” (Los Tiempos, 28 julio de 2015).
5
Cfr. Pacheco Arreaño, Marysabel, “La economía política de los recursos naturales en Bolivia: un análisis del
neo-extractivismo” (Flacso México, documento inédito).

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las consecuencias que puede tener, porque una vez que se ingrese y se comiencen los
trabajos el efecto causado puede ser irreversible” (El País, 31 mayo 2015).
A falta de uno, en menos de 60 días, el presidente Evo promulgó –durante el primer semestre del
año 2015- tres decretos supremos para garantizar a YPFB y a los operadores transnacionales, es decir
a las empresas extranjeras, las exploraciones y explotaciones hidrocarburíferas en las 22 áreas
protegidas del país. Los tres decretos supremos se aprobaron para viabilizar el extractivismo y la
depredación, es decir la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables en las
áreas protegidas, parques nacionales, reservas de la biosfera y territorialidades ancestrales:
indígenas u originarias.
El gobierno de Bolivia aprobó así tres decretos supremos que forman parte del paquete de medidas
para buscar hidrocarburos6
. El DS Nº 2366, del 20 de mayo de 2015, permite la exploración y
explotación de hidrocarburos dentro de las Áreas Protegidas; el DS Nº 2298, del 18 de marzo de
2015, afecta el Derecho de Consulta y participación de los Pueblos indígenas en las actividades
hidrocarburíferas, y el D.S. Nº 2195, del 26 de noviembre de 2014, regula de manera porcentual el
financiamiento por compensación socio-ambiental en las actividades hidrocarburíferas en los
territorios indígenas.
La norma más atentatoria es el decreto que el presidente Evo promulgó modificando la ley de
consulta previa a los pueblos indígenas en los proyectos de exploración y explotación. La referida
medida otorga poder al Ministerio de Hidrocarburos para emitir la primera convocatoria a los
pueblos indígenas a una reunión informativa y, aun si no hubiera respuesta escrita, fijar la
metodología y el cronograma de consulta. Pero, si aun así los pueblos indígenas rechazaran la
consulta, ese Ministerio tiene la opción de emitir una resolución administrativa informando de los
“esfuerzos” realizados para cumplir con la consulta previa. Dicha resolución sería comunicada a los
indígenas que viven en las reservas e incorporada en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
para continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental. Sin embargo, este procedimiento
vulnera y no toma en cuenta el artículo 352 de la Constitución, que dispone la consulta “libre, previa
e informada” y más aún especifica: “En las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, la
consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.
El presidente Evo, el 20 de mayo de 2015, también aprobó el decreto Nº 2366 que – ya decíamos-
permite el desarrollo de actividades de exploración hidrocarburífera en las zonas y categorías de
áreas protegidas. El último decreto Nº 2400, del 10 de junio de 2015, complementa el Reglamento
Ambiental para el sector de hidrocarburos. La norma ha sido promulgada por el vicepresidente
Álvaro García Linera, cuando el presidente Morales se encontraba (para variar) de gira turística por
Europa.
Antes de continuar con esta argumentación de la política entreguista del gobierno del hermano Evo,
veamos qué es un área protegida, la Constitución Política del Estado en el artículo 385, parágrafo I,
6
El Gobierno promulgó tres decretos que garantizan a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y a las
operadoras privadas, la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas.

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establece taxativamente que: “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del
patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y
económicas para el desarrollo sustentable”.
Las áreas protegidas se crearon para proteger muestras de biodiversidad y ecosistemas específicos,
muchos de ellos con alta fragilidad eco-ambiental y por albergar especies únicas o en peligro de
extinción. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Nº 1333 de Medio Ambiente, el propósito de las
Áreas Protegidas es fundamentalmente “proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos
genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético,
histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y
cultural del país”.
Las áreas protegidas son pues espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y manejados,
a través de medios legales u otros medios efectivos, para lograr la conservación -en el largo plazo- de
la naturaleza con sus servicios ambientales integrales y valores socioculturales asociados. Ésta es su
razón de ser y es por la que cuentan (deberían contar) con la protección y resguardo del Estado.
Pero, seis APN: Madidi, Aguaragüe, Tariquía, Iñao, Pilón Lajas y Manuripi ya han sido
desnaturalizadas y están en riesgo de ser tales e incluso de desaparecer, en seguida vamos a de-
mostrar los datos de esta dramática realidad de depredación, saqueo y despojo.
Las áreas protegidas son además una parte esencial de la respuesta global al cambio climático. Ellas
ayudan a la sociedad a hacer frente a los impactos del cambio climático mediante la protección de
los ecosistemas naturales y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de
la captura y el almacenamiento del dióxido de carbono. También ayudan a enfrentar los impactos del
cambio climático manteniendo los servicios eco-sistémicos esenciales de los que dependen la
población. Sin embargo, las áreas protegidas no están blindadas por la CPE o por una ley específica,
un decreto o una ley específica es lo único que necesita el Órgano Ejecutivo para autorizar la
exploración y explotación petrolera y/o minera en las áreas protegidas, reservas de la biosfera o
parques nacionales.
Así, introducir un agente foráneo en estas zonas alta y ecológicamente sensibles trae consigo una
serie de impactos muy severos, basta mencionar el caso del PNAMI (Parque Nacional y Área Natural
de Manejo Integrado) Aguaragüe, donde existe, desde hace varias décadas, una actividad petrolera
intensa7
. La situación del Parque Aguaragüe, es en verdad dramática8
, tanto que esta zona “ya está
cuadriculada para la exploración y no ha habido remediación ambiental y los pozos siguen manando
petróleo y la gente está consumiendo esa agua contaminada”9
(Adolfo Chávez). Más todavía y de
acuerdo con Jiménez “esta reserva ha perdido muchas de sus características y se pone en riesgo su
carácter de regulador hídrico en el Chaco, además de una importante muestra de transición entre el
7
Véase Informe OMAL nº 12. Los límites de las fronteras extractivas en Bolivia. El caso de la biodiversidad en el
Aguaragüe. Jorge Campanini, Pablo Villegas, Georgina Jiménez, Marco Gandarillas y Silvia M. Pérez, Julio 2014.
8
Cfr. Vacaflor, Nancy, “Hidrocarburos: Pasivos ambientales y nuevas exploraciones amenazan al Parque
Nacional Aguaragüe en Bolivia” (Mongabay, 13 septiembre 2016).
9
Cfr. “Pasivos ambientales afectan al Aguaragüe, pese al cierre de pozos” (CIAC, 23 agosto 2011).

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bosque tucumano – boliviano y el Chaco serrano. Pasa pues que ya ha sido entregada a la actividad
extractiva de hidrocarburos ahora oficializada con el decreto (Nº 2366)”.
Con la ampliación de la frontera petrolera en el país, anunciada por las autoridades del Gobierno y
según los datos recabados por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), las
exploraciones petroleras generarían un impacto ambiental muy negativo en al menos 18 territorios
originarios y a nivel nacional 64 territorios entre originarios e indígenas de la Amazonía, Chiquitanía,
Chapare y Chaco. Actualmente la frontera petrolera comprende más de 24 millones de hectáreas,
equivalente al 22,55% del total del territorio nacional (109.858.100,00 Has), con la promulgación del
DS Nº 2366 que legaliza la exploración en áreas protegidas, esta frontera abarcaría a 11 parques
nacionales de los 22 que existen en el país. Según los datos proporcionados por el investigador del
Cedib, Jorge Campanini, alrededor de 24 millones de hectáreas ya fueron dispuestas como parte de
la nueva frontera petrolera que comprende cerca del 22% del total del territorio nacional y que se
superpone sobre 11 de las 22 Áreas Protegidas nacionales existentes en el país10
.
Los estudios técnicos confirman importantes reservas en las áreas protegidas de Aguaragüe (Tarija),
Madidi (La Paz) e Isiboro Sécure (Beni y Cochabamba). La principal zona se centra en el Aguaragüe,
zona aledaña a los mega-campos (San Alberto, Sábalo), que son los que más aportan a la producción
de gas de y en el país. Las otras áreas con potencial hidrocarburífero están en el Madidi (norte de La
Paz) y en el Isiboro Sécure (entre Cochabamba y Beni). Cuidado, la mayoría de los territorios
indígenas está en las áreas protegidas o en sus alrededores. No obstante, casi de inmediato (luego de
la aprobación del DS Nº 2366) se iniciaron las negociaciones con las empresas transnacionales para
suscribir contratos en diversas áreas de la nueva frontera petrolera11
.
Según los expertos, cualquier intervención antrópica deja severos impactos en el medio ambiente,
aun cuando las escalas puedan ser diferentes en cuanto a la extensión y/o intensificación de las
actividades extractivistas. En el caso de la exploración petrolera se toman en cuenta los impactos a
partir de la erosión, la deforestación12
(considerar kilómetros lineales deforestados), el uso de
explosivos, los impactos en las aguas subterráneas, los cambios en las propiedades geológicas,
además de todo lo que implica una intervención antrópica en la fauna y flora del lugar. Luego, la
exploración petrolera “no sólo afecta a un área o un proyecto en particular, sino también a todos los
10
Cfr. “Ya buscan petróleo en 11 áreas protegidas de Bolivia” (El Día, 8 junio 2015).
11
Cfr. Campanini T., Jorge, “La explotación petrolera, el cambio climático y las áreas protegidas de Bolivia”, 22
de Junio de 2015, documento inédito.
12
La magnitud de la deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia es en verdad pavorosa. La pérdida de
masa forestal en Bolivia es tan llamativa y preocupante, que diferentes organismos internacionales alertan
sobre la inefectividad y/o inexistencia de políticas gubernamentales contra esta situación. El país pierde pues
más de 300.000 hectáreas de bosques cada año (Cfr. Villegas, Z. y Martínez, J., 2008) y cuya vocación agrícola
es muy limitada y está circunscrita a determinadas regiones no muy extensas, además de la existencia de
numerosas zonas con ecosistemas de alta fragilidad ecológica. Bolivia sobresale por tanto como uno de los
países que más aumentó la pérdida de bosques en la última década, según un preciso mapa sobre la
deforestación global creado por 15 universidades. Reiteramos, los estudios realizados en los últimos años
muestran que la deforestación de nuestro país fluctúa entre 300 mil y 350 mil hectáreas anuales, lo que
representa una tasa 20 veces más alta que el promedio mundial y una de las más altas del planeta. En diez
años, Bolivia perdió pues 1,8 millones de hectáreas de bosque, la mayor parte en la Chiquitanía y el Chaco.

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parques y territorios indígenas” (Cecilia Requena), lo cual contradice flagrantemente el discursito de
la Madre Tierra ladinamente esgrimido por el gobierno de turno.
Precisamente estos días Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató –para variar- a
dos empresas chinas para la exploración sísmica en la Amazonía. Las empresas chinas Sinopec y BGP
fueron contratadas por YPFB para realizar las tareas de exploración en dos bloques de la Amazonía13
,
que implicarán realizar 61.835 detonaciones de dinamita sobre una línea de 2.675 kilómetros de
largo, que tendrán profundos impactos ambientales, sociales y económicos sobre una superficie de al
menos 1,8 millones de hectáreas. Las detonaciones dinamiteras serán cada 40 y 50 metros sobre un
tendido lineal sísmico de 2.675 km en La Paz, Beni y Pando. Recordemos que la exploración sísmica
se basa en realizar explosiones que generan ondas de sonido, para -mediante ellas- detectar los
posibles lugares donde puedan existir bolsones de gas, petróleo u otros combustibles fósiles.
El director ejecutivo del Cedib, Marco Gandarillas, alertó de las graves consecuencias de las tareas de
exploración hidrocarburífera en la Amazonía. Basado en información oficial, el investigador detalló
que en el bloque del Río Beni se prevé que la empresa Sinopec esté a cargo de 950 kilómetros de
líneas de exploración en una primera fase, y en la segunda sobre 717 kilómetros, con una cantidad
estimada de 41.675 explosiones. Cada detonación tendrá entre 2 a 15 kilogramos de dinamita. Para
el caso del bloque Nueva Esperanza, Gandarillas señaló que la longitud de líneas sísmicas para la
exploración hidrocarburífera alcanzará a 1.008 kilómetros sobre los cuales se detonarán 20.160
cargas de dinamita. En total se tiene prevista la detonación 61.835 cargas de explosivos sobre 2.675
kilómetros lineales en el norte amazónico boliviano14
, que afectará a los departamentos de La Paz,
Beni y Pando. El investigador advirtió que los pueblos indígenas estarían prácticamente condenados
al exterminio de sus propios territorios porque ya no habría condiciones de vida en armonía con la
Madre Tierra.
“Estamos hablando de un impacto (ambiental) muy grande en un área donde hay otras
actividades como la recolección de castaña y donde, por la información que tenemos de
algunas comunidades, no se ha hecho la consulta previa y se pondrá en riesgo estos bosques
de castaña que son la base de la subsistencia de estas comunidades” (El Día, 9 marzo 2016).
Gandarillas de-mostró que en el área de influencia donde se realizarán las explosiones existen varias
comunidades y colectividades indígenas, algunas extremadamente vulnerables15
, que se verán
severamente afectadas, con lo cual se ejecutará un avasallamiento del Estado sobre los derechos
consolidados de propiedad comunal indígena sobre la tierra y el territorio. En criterio de Gandarillas,
la intervención en un área tan sensible y delicado como es la Amazonía, rica en biodiversidad y con
13
Cfr. “YPFB contrató a dos empresas chinas para exploración sísmica en la Amazonía” (El Día, 9 marzo 2016);
“YPFB contrató a dos empresas chinas para que hagan 61 mil detonaciones en la Amazonía” (ANF, 9 marzo
2016) y “Firmas chinas se adjudicaron contratos de exploración por más de $US 100 millones de manera
directa” (Ahora digital, 11 marzo 2016).
14
Cfr. “Exploración petrolera utilizará explosivos en la Amazonia” (El Diario, 10 marzo 2016).
15
Cfr. “Exploración petrolera hace peligrar pueblo no contactado” (El Día, 16 octubre 2016) y Jiménez,
Georgina, “La industria petrolera amenaza pueblos no contactados en la Amazonia” (CEDIB, 20 febrero 2017,
documento inédito).

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presencia de pueblos indígenas altamente dependientes de la recolección de frutas, caza y pesca,
genera impactos muy duros y severos. Más aún
“Los impactos en los acuíferos por detonaciones a varios metros bajo el subsuelo serán a
gran escala y económicamente no habrá retorno porque es una actividad de exploración
general para conocer la zona geológicamente, por tanto a corto y mediano plazo no se
resolverá el problema de reservas hidrocarburíferas y las empresas chinas se habrán ido del
país como si nada” habría pasado (Ibíd.).
Aquí conviene atender a la explicación del experto en hidrocarburos, Daniel Centeno, quien ante la
pregunta acerca de cómo afecta la exploración de los hidrocarburos a y en el medioambiente, él
responde didácticamente en el sentido que:
“El hacer exploración contempla además la explotación, eso implica un estudio con sísmica
en 2D y 3D. Para ello se deben hacer perforaciones de pozos de al menos 15 metros de
profundidad y se deberán llenar más de 10 metros de dinamita. Las perforaciones de pozos
en un inicio tienen grandes brechas de espacio, pero luego terminan siendo continuas.
“Para provocar la sísmica deberán ser las perforaciones más tupidas. Aproximadamente cada
120 metros y cada una con una profundidad de 15 metros y deben ser llenadas de dinamita y
no serán sólo uno sino miles de pozos para producir las vibraciones. Ahora, ¿qué efectos
causa? Uno es tumbar la vegetación, es decir deforestar, otro es abrir caminos y sendas
transversales y otro es afectar los recursos acuíferos y el medioambiente” (El País, 31 mayo
2015).
Tengamos pues en cuenta que para la exploración sísmica se trazan líneas rectas de 1,5 a 4 m de
ancho a través de bosques, ríos, cultivos o poblados, retirando la cubierta vegetal o lo que se
encuentre en ella, con el fin de ubicar estructuras geológicas de almacenamiento de hidrocarburos,
mediante equipos detectores. Además se construyen caminos, helipuertos, campamentos, zonas de
almacenamiento de material y equipos, causando la deforestación de extensas superficies de
bosque16
, el vertido de contaminantes en los ríos, suelos y aire, y los impactos en la fauna del lugar.
Al mismo tiempo que las poblaciones de estos territorios sufren la invasión de los campamentos de
los trabajadores ajenos al lugar, quienes alteran devastadora y destructivamente la vida de las
comunidades.
Las investigaciones documentadas por el CEDIB revelan que los impactos ambientales resultantes de
las operaciones petroleras o mineras, utilizando cualquier tecnología, son muy violentos, pues al
realizar exploraciones sísmicas se dañan las aguas subterráneas, los ríos, los lagos y la fauna y flora. El
investigador del CEDIB, Jorge Campanini sostiene que no se puede tratar de simplificar el grado de
afectación de la explotación petrolera como indican los burócratas gubernamentales. Reveló que la
16
Bolivia es uno de los países que cuenta con mayor diversidad forestal y al mismo tiempo es uno de los que
más rápidamente destruye sus bosques. Un informe publicado en el matutino Los Tiempos (11/04/2014), da
cuenta del ritmo vertiginoso al que está creciendo en nuestro país una de las más destructivas actividades
económicas del mundo contemporáneo: nos referimos a la destrucción de los bosques, muy especialmente de
los amazónicos, lo que según expertos estudiosos del medio ambiente entraña un gravísimo peligro para la
calidad de vida de las futuras generaciones.

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forma en que se realizan las exploraciones, por ejemplo utilizando procesos sísmicos, no sólo afecta
el lugar, sino que el impacto se extiende por cientos de kilómetros que contienen fuentes de agua y
otros elementos vitales. Por lo cual argumentó que este grado de afectación no sólo perjudica a
Bolivia, sino también al resto del planeta, porque en general se destruye el equilibrio ambiental.
Los riesgos más evidentes de las exploraciones sísmicas son pues la contaminación general del medio
ambiente, debido al carácter agresivo y disruptivo de las técnicas de búsqueda, y en particular la
contaminación de los reservorios de agua o de venas de agua que existen encima y debajo la
superficie, debido al uso de químicos de impactos desconocidos y problemas para la salud humana
derivados del consumo de agua contaminada17
, además de que los suelos se vuelven tóxicos –
prácticamente deletéreos- y la desertificación avanza irremisiblemente.
Las exploraciones sísmicas plantean por tanto muy graves peligros para las fuentes de agua y además
aumentan masivamente las emisiones de carbono y el consiguiente acrecentamiento del
calentamiento global. La amazonia y particularmente el Chaco es una región muy vulnerable18
y es
por ello que los directos afectados por y con las exploraciones serían los pueblos indígenas como los
guaraníes, los tapiete, los weenhayek y los ayoreos, además del impacto directo en la reserva del
Aguaragüe19
, que ya está siendo duramente afectada por la ampliación de la frontera petrolera
impulsada por el gobierno del hermano Evo.
En un contexto, como el actual, tan agresivamente extractivista, el respeto a la Madre Tierra, a los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y la promoción del Buen Vivir, parece haberse
esfumado (sin pena ni gloria) en una circunstancia muy riesgosa en y por la que el mundo aboga y
requiere conciencia y coherencia ética y política para la urgente protección de nuestra casa común.
La controvertida decisión del presidente Evo de desafectar grandes extensiones de áreas protegidas
–hogar y fuente de vida de numerosas comunidades indígenas y de una importante y singular riqueza
biológica y cultural– en favor de la exploración y explotación de hidrocarburos continúa haciendo
estragos en Bolivia al develarse que, al menos 11 de las 22 reservas ecológicas del país serán
desalmadamente intervenidas para la búsqueda de combustibles fósiles20
llegando, incluso, a afectar
un 90 por ciento del territorio boscoso de la reserva de Iñao, en el sudeste boliviano.
El presidente Evo, en una actitud asaz incivil, ha mencionado que cualquier organización que
“perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia” y que “las llamadas reservas
forestales han sido creadas desde el imperio norteamericano, que ahora quiere que seamos sus
17
Inicialmente se ha calculado que por la contaminación indirecta de las aguas en la cuenca del Chaco, que
impactaría a tres de los nueve departamentos del país, se afectaría a más de un millón de personas.
18
Recuérdese que de acuerdo con las previsiones del investigador alemán Joerg Seifert-Granzin “(Científico
vaticina que en 2030) el Titicaca se dividirá en tres partes y el Chaco será un desierto” (Rimay Pampa, 20
noviembre 2016).
19
Cfr. “Emanaciones petroleras amenazan el Aguaragüe” (El Día, 9 noviembre 2011).
20
Cfr. “Bolivia hacia el oscuro panorama de menos áreas protegidas y más explotación de combustibles fósiles”
(Alertas, 3 julio 2015).

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guardabosques”. Indicó que la idea de incursionar en las áreas protegidas21
es para aumentar las
reservas en un tercio, ya que la apertura de mercados así lo demanda, es decir que aquí –más allá del
espurio antiimperialismo- es el sistema capitalista y el mercado global los que mandan u ordenan la
política económica del gobierno del socialismo comunitario.
La estatal petrolera (YPFB) ya ha suscrito una serie de contratos para operar en las reservas
ecológicas22
con diversas empresas europeas y también –para variar- de China y espera empezar los
trabajos a la mayor brevedad posible ya que, al ritmo actual de consumo, las reservas de Bolivia
apenas alcanzarían hasta el 2023, aunque expertos creen que ya habrá déficit desde el 2017. De aquí
la importancia estratégica del reciente hallazgo (18 de junio) de una reserva de petróleo equivalente
a 28 millones de barriles, que tuvo lugar tras la perforación del pozo BQN N-X4D, situado en el campo
Boquerón Norte, en el municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz.
El presidente Evo ratificó el 21 de julio de 2015, durante su discurso inaugural del V Congreso
Internacional de Gas & Petróleo en las instalaciones del hotel Los Tajibos, la exploración petrolera en
al menos siete de las 22 áreas protegidas existentes en el país y dijo que estos trabajos serán
realizados “con mucha fuerza”. El hermano Evo afirmó así, en la ciudad de Santa Cruz, que tiene
“todo el derecho” de explorar gas natural y petróleo crudo en las áreas protegidas, por lo que se
ejecutará “con mucha fuerza” estas actividades hidrocarburíferas. El presidente Evo ratificó que la
empresa estatal YPFB va a realizar trabajos de exploración de hidrocarburos en las áreas protegidas.
Asimismo confirmó la necesidad y el derecho que tiene de explorar en esas zonas, tanto para ampliar
la producción de los hidrocarburos como para apoyar el consabido “crecimiento económico” de
Bolivia.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, observó la decisión del Gobierno y anunció la presentación
de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma estatal por afectar peligrosamente los
derechos de los pueblos indígenas. Villena, consideró que este decreto está al margen de la CPE,
porque atropella y violenta la convivencia y la sociabilidad territorial de los pueblos y comunidades
indígenas. El Defensor del Pueblo reiteró así la presentación de un recurso de inconstitucionalidad
contra la norma por afectar flagrantemente los derechos económicos, sociales y culturales de los
pueblos y naciones indígenas.
No obstante, desconociendo los reparos y críticas del Defensor del Pueblo, el presidente Evo dijo que
en la consulta previa por las actividades extractivas en los territorios indígenas, establecida en la CPE
y una serie de normas internacionales, se pierde mucho tiempo, “se va hacer la consulta, pero
cuando hay una manipulación externa mediante nuestro hermanos indígenas, ni se imaginan cómo
perjudican”. ¿A qué perjudican las organizaciones y movilizaciones indígenas?, obviamente a los
pingües negocios de las empresas transnacionales, sustancialmente imperialistas, de las que el
hermano Evo es el más eficiente mayordomo. El presidente Evo habla pues de una muy grave
21
Bolivia posee esas 22 áreas protegidas en su zona andina, valles, Amazonía y Chaco, que son zonas naturales
habitadas por pueblos indígenas y algunas son reservas biológicas de importancia mundial.
22
Cfr. “Ya buscan petróleo en 11 áreas protegidas de Bolivia” (El Día, 8 junio 2015) y “Hay contratos para
explorar 11 de las 22 áreas protegidas” (Página Siete, 29 junio 2015).

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“manipulación externa” de los indígenas que perjudican los megaproyectos y los grandes negocios de
las empresas transnacionales, culpabilizó además a algunas ONG (de Europa) que supuestamente
pretenden evitar el ingreso de las petroleras a través de los pueblos originarios. Es evidente que el
presidente Evo infantiliza –igual que los más conspicuos ideólogos del racismo colonial- a los pueblos
indígenas al considerarlos meros objetos de manipulación externa y sin capacidad alguna de
movilización u organización propia.
Es indignante cómo, en las alocuciones del hermano Evo, se repite la misma lógica racista y colonial
de los atrabiliarios, usurpadores y genocidas europeos del siglo XVI. Antes, en la época de la invasión
europea, los extirpadores de idolatrías decían que los agentes del demonio manipulaban las almas y
conciencias de los indios. Luego, en la época de la guerra fría, los operadores de la dominación
imperialista decían que los agentes del comunismo internacional manipulaban a los agitadores rojos
y subversivos que alteraban (o pretendían alterar) el des-orden establecido. Y ahora es mucho más
vejatorio, pues según el presidente Evo los agentes del imperio: las ONG manipulan perversamente
las luchas y movilizaciones de los pueblos indígenas.
Aquí hay una urgente necesidad de entender que, históricamente, desde al menos hace 500 años, las
naciones y pueblos andinos y amazónicos hemos luchado y luchamos contra la dominación colonial y
la explotación capitalista e imperialista sin necesidad alguna de las tradicionales inter-mediaciones
q‘aras: blanco-mestizas, menos de los izquierdistas oligárquicos (hoy -como ayer sus abuelos - en
funciones de gobierno), aunque claro está sin excluir a los aliados que nosotros, autónoma e
libremente, podamos preferir u optar.
Volviendo al tema de la consulta previa, el presidente Evo aplaudió la “decisión” de la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG) y exhibió un periódico en el que se informaba que sus miembros “aceptaron”
la exploración petrolera en los parques nacionales. Sin embargo, el presidente de la APG, Domingo
Julián, desmintió esa afirmación y dijo que no existe acuerdo alguno sobre ese tema, sino un
convenio con el Gobierno para instalar mesas técnicas y modificar los decretos que abren los parques
a la actividad hidrocarburífera. “En ningún momento hemos hablado de eso (apoyo a la exploración
en los parques), hemos instalado el diálogo en Monteagudo para ver los decretos, pero en ningún
momento hemos dicho que se lleve adelante las exploraciones en las reservas” (Los Tiempos y Correo
del Sur, 22 julio 2015). ¿Quién manipula la información y con qué oscuros intereses?
El Jefe de Estado en un acto en Ñaurenda del departamento de Tarija volvió a decir que se deben
priorizar los proyectos de exploración hidrocarburífera, además de los hidroeléctricos, no así (en
modo alguno) el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas
(soterrados al campo de la demagogia en los eventos internacionales), por lo que solicitó que se
aceleren las consultas previas a los indígenas. “Hermanos y hermanas las consultas (previas) hay que
acelerarlas, hay que facilitarlas”. El Primer Mandatario consideró que no se puede seguir perdiendo
más tiempo “en las llamadas consultas”. Morales reiteró que se debe apresurar la exploración y
explotación petrolera y volvió –como ya es costumbre- a reiterar que las ONG son los “instrumentos

P á g i n a 13 | 136
de la derecha”23
que quieren “adueñarse de los recursos” y que por ello “manipulan” (como si fueran
títeres) a los dirigentes indígenas.
El presidente Evo lamentó asimismo que en las consultas (previas) a los pueblos indígenas, para
iniciar proyectos de hidrocarburos, se pierda “mucho tiempo”. El presidente Evo no deja pues de
evidenciar, con este tipo de apelaciones e intervenciones, un profundo y ancestral racismo colonial y
colonialista en contra de los pueblos indígenas. Aquí la pregunta es si acaso no hay, en el entorno
(palaciego) del hermano Evo, alguien medianamente consciente de los graves atentados que
implican tales oficiosidades y que le pueda decir “señor presidente, eso está mal, eso no se debe
hacer”. ¿No habrá alguien que conozca al menos un poquito de la problemática agraria y le pueda
decir “estamos atentando contra los derechos de los pueblos indígenas”? En fin, ¿por qué resume
tanta sevicia racista y colonialista el presidente Evo?
Si bien el tema de la consulta lo vamos a retomar con más amplitud en el subsiguiente acápite, aquí
conviene decir que en el acto de inauguración del proyecto de exploración sísmica, en Camiri, el
presidente Evo volvió a repetir que “No es posible que en las llamadas consultas se pierda tanto
tiempo, esa es la gran debilidad que tiene nuestro Estado” (Correo del Sur, 13 julio 2015). El Jefe de
Estado advirtió que esa demora se suma a los procesos de exploración y explotación que desde ya
requieren mucho tiempo para concretarse. Indicó que por ese motivo “se modificaron algunas
normas con el único objetivo de acelerar la inversión y obtener más recursos naturales... Y nuestros
hermanos dirigentes no pueden caer en esa política de ir postergando nuestro desarrollo” (Ibíd.).
El hermano Evo habla exactamente igual que los más bienquistos ideólogos del darwinismo colonial
u oligárquico: los indígenas son una rémora para el progreso de la nación y además son refractarios:
reacios y renuentes al desarrollo del país (exactamente lo mismo decía la oligarquía liberal de hace
un siglo24
); ergo, no hay otra opción que suprimir y/o anular (más o menos violentamente) tal rémora
u obstáculo y más aún hacerlo en nombre del interés patrio y “el beneficio del pueblo boliviano”. Por
consiguiente, están plenamente justificadas las represiones y las masacres, cuando no las matanzas,
los exterminios y los genocidios, y cuyas impunidades están oficialmente garantizadas (¿o hay alguien
que ose demandar al gobierno por la violencia criminal impunemente ejercida en Caranavi,
Chaparina, Mallku Qhota o Takovo Mora?). Hoy como en el ominoso pasado colonial: violentar y
vulnerar los derechos de los pueblos indígenas no constituye delito alguno y por supuesto nadie,
absolutamente nadie (ni los autores materiales, menos los autores intelectuales) es demandado,
menos castigado por ello. Por el contrario, los autores de tales atentados son premiados con cargos
de embajador en la ONU (nada menos que en la ONU).
El posicionamiento racista y segregacionista de la élite política hoy en funciones gubernamentales,
liderada por el presidente Evo, se evidencia y más aún se agrava desde la violenta represión de la
heroica marcha de los pueblos y comunidades del TIPNIS y ahora se intensifica mucho más con los
23
No hace falta refutar estas majaderías, basta con remitir al interesante texto de Silvia Rivera Cusicanqui, “Evo
está en el corazón de la derecha” (Territorios en Resistencia, 9 enero 2014).
24
Cfr. Demelas, Marie Danielle, “Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 1880-1910” (Historia
Boliviana, vol. 1, n.° 2. La Paz, 1982).

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decretos que viabilizan la intrusión del capital global y la actividad hidrocarburífera en las áreas
protegidas, parques nacionales, reservas de la biosfera y territorialidades indígenas. Es así que la
posición del gobierno respecto a los espacios ancestrales, ha abierto un frente de conflicto político
cultural, que ahonda mucho más el distanciamiento originado el 2011 con los pueblos y naciones
andinas y amazónicas.
Podemos ver así que el formato discursivo e ideológico de carácter indigenista que lo encumbró a
Evo Morales, montado oportunistamente en las históricas luchas y reivindicaciones de los pueblos
indígenas y los derechos de la Madre Tierra, tan sólo ha sido una impostura racista y colonialista.
“Entonces, la bandera indigenista sólo fue útil para llegar y afianzarse en el poder” (Gustavo Deheza).
Lo que sucede en realidad es que nunca el hermano Evo ha sido militante de la causa de los pueblos
indígenas, aunque -por razones electorales y de manera asaz oportunista- haya utilizado ese
discurso. “Vamos a las pruebas, Evo Morales nunca fue indígena, él viene de una escuela cocalera,
sindical, lo que ha provocado -en el Chapare- una sistemática agresión y expulsión (de sus tierras) de
las comunidades indígenas del lugar” (Víctor Hugo Cárdenas). Consiguientemente, el presidente Evo
siempre ha sustentado y sustenta un posicionamiento pre-dominantemente desarrollista:
depredador y devastador y destructor de los bienes comunes y recursos socio-naturales en
connivencia con las empresas transnacionales, que no son sino la materialidad orgánica del
imperialismo. Es también por esta razón que los pueblos indígenas son objetos de ultrajes u ofensas
de una manera cada vez más abusiva, indignante y más aún impune (impunidad oficialmente
garantizada).
El hermano Evo repite la cantilena de siempre al recalcar que los líderes y dirigentes del movimiento
indígena del oriente boliviano, cual si fueren títeres, son “manipulados por las ONG” para dizque ser
beneficiados con las compensaciones por las actividades extractivas en las tierras y territorios
comunitarios. El presidente Evo alega que varias ONG internacionales, que trabajan en y con asuntos
de medioambiente y pueblos indígenas, “manipulan” el tema climático para bloquear las actividades
de extracción de y en el país25
y favorecer al imperio. El presidente Evo no puede entender (¿habrá
alguna manera de explicarle?) que los más afectados por el extractivismo son las naciones y pueblos
indígenas u originarios y que ésta (la toma de conciencia de esta problemática) es la razón de la
persistente resistencia y no así algún tipo de manipulación externa.
El presidente Evo revela así, una y otra vez, su ancestral reconcomio colonial y más aún racista al
proferir -en el acto de inauguración del V Congreso Internacional de YPFB- que el movimiento
indígena tal vez ya no sea la reserva moral de la humanidad, como solía pregonar pomposamente
durante los años anteriores. “Tal vez por culpa de algunos hermanos indígenas, quién sabe, el
movimiento indígena ya no es la reserva moral por culpa de algunos (...)”. Por tanto, ya no hay
ningún cargo de conciencia en agredirles, violentarles y obviamente negarles el ejercicio de los
derechos (fundamentales) económicos, sociales y culturales. Nótese además que mientras el
gobierno del presidente Evo agrede a los pueblos indígenas, no afecta en modo alguno los intereses
25
No deja de ser una muy grave contradicción, si no esquizofrenia, que Evo difunda globalmente un discurso de
defensa de la Madre Tierra (como en la reciente COP 21 de Paris) y localmente amplíe “con mucha fuerza” las
actividades petroleras a y en las reservas naturales.

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de la oligarquía q’ara, que no es sino correa de transmisión de las empresas imperialistas, más bien
yo diría que gobierna en función de y por los intereses capitalistas y colonialistas.
Estas son pues las representaciones, típicamente racistas y fascistas, que el hermano Evo cultiva
acerca de las heroicas luchas y resistencias indígenas. No obstante, cuesta creer que sea resultado de
sus propias significaciones. Este lenguaje discriminatorio, profundamente segregacionista y
radicalmente anti-indígena, es propio de los asesores q’aras (como por ejemplo Carlos Romero
Bonifaz, Juan Ramón Quintana26
y Luis Arce Gómez) que pululan en el palacio de gobierno. Como
bien dice Wilson García “Todo indica que esta disyunción (gobierno y pueblo indígenas) se origina en
un entorno palaciego que ‘asesora’ a Evo y direcciona sus discursos con un sentido de agresión y
displicencia ante las demandas indígenas consagradas por la Constitución Política del Estado” (Sol de
Pando, 23 agosto 2015). Veamos a continuación cómo se explicita el colonialismo racista en las
políticas económicas del gobierno del presidente Evo.
2. “Entraremos a explorar ‘con mucha fuerza’ en las
áreas protegidas”
Empezamos este capítulo recordando que el gobierno del presidente Evo ha aprobado el DS que
permite la explotación hidrocarburífera en las 22 áreas protegidas del país. El DS Nº 2366,
sancionado el 20 de mayo de 2015, autoriza realizar actividades hidrocarburíferas en las áreas
protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera del país. No obstante, una vez más, este
decreto no es el primero, ni el único en vulnerar y violentar flagrantemente los derechos y las
territorialidades de los pueblos indígenas, sin ir lejos está la estrategia socio-ambiental del Plan de
exploración de YPFB 2011-2020, que tiene como uno de sus objetivos primordiales “levantar las
causales de fuerza mayor fundadas en aspectos sociales y ambientales”, precisamente para
garantizar el desarrollo de los proyectos de exploración y además acortar los tiempos de los
procedimientos de tramitación de las autorizaciones ambientales.
La estrategia de YPFB considera “que es fundamental la explotación de hidrocarburos en las áreas
protegidas” y también realizar determinadas acciones jurídicas y políticas para posibilitar el ingreso
de las empresas transnacionales a las áreas protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera.
Se trata por tanto de “viabilizar los proyectos hidrocarburíferos en las áreas protegidas” y
territorialidades indígenas. Estamos efectivamente frente a una política gubernamental radicalmente
depredadora y devastadora de nuestros recursos naturales y bienes comunes. Como bien dice Marco
Octavio Ribera A.:
“Queda pues manifiesta la tendencia de impulsar a como dé lugar la expansión de la frontera
petrolera, sin tomar con un mínimo de seriedad las limitaciones ecológicas y socioculturales
que revisten las áreas protegidas y los espacios indígenas en el país. Para lo cual se plantea el
ejercicio de prácticas de cooptación (de dirigentes), uso de la fuerza pública (para abatir las
26
En corrillos del Palacio de Gobierno se afirma que quien elabora personalmente las declaraciones públicas y
“ayuda-memorias” del primer mandatario es el Ministro de la Presidencia.

P á g i n a 16 | 136
resistencias) y el involucramiento de las autoridades superiores de gobierno, además no sólo
haciendo una interpretación y uso plenamente antojadizo de la Constitución Política del
Estado, sino también vulnerándola” (Ribera, 2013).
Aquí es importante preguntar-nos por qué nos debe inquietar el devenir extractivista de las áreas
protegidas y parques nacionales. Carlos Rodrigo Zapata C. nos explica de una manera muy didáctica:
“Los potenciales impactos y daños ambientales en las Áreas Protegidas (AP), tanto en flora,
fauna, recursos hídricos y biodiversidad; sumados a los conflictos socio-ambientales que
provocan en las comunidades indígenas o campesinas asentadas en las AP nos tienen que
alertar respecto a este tipo de actividades. Más aun recalcando que las AP tienen como
principal característica la de proteger especies nativas de fauna y flora que en muchos casos
son endémicas y tienen un valor ecológico incalculable que generar una serie de servicios y
beneficios ambientales, tanto para las comunidades indígenas, como para todos nosotros”
(Zapata, 2015).
Los referidos Decretos Supremos no sólo afectan por tanto a un área o un proyecto en particular,
sino también al conjunto de los parques nacionales y territorialidades indígenas. Según Marco
Gandarillas, “estas medidas lo que hacen es dar una sentencia (de muerte) a las áreas protegidas,
además de facilitar las actividades hidrocarburíferas, sin respetar criterios de conservación y los
derechos que asisten a las comunidades y pueblos indígenas que también viven en áreas protegidas y
fuera de ellas” (Opinión, 22 agosto 2015).
Específicamente el DS Nº 2366 deja de lado los estudios técnico–científicos que hasta ahora se
habían desarrollado para dotar a cada una de las áreas protegidas de planes de manejo, los mismos
que se constituyen en los instrumentos de intervención y planificación y en los cuales se establecen
nueve zonificaciones, prohibiendo la intervención en las zonas de protección estricta y en las zonas
de uso moderado, sin un previo análisis del impacto ambiental. Más aún, las reservas forestales,
parques nacionales y áreas protegidas han sido duramente afectados durante las últimas décadas,
esencialmente por el incremento de los avasallamientos, deforestaciones27
, plantaciones de coca y
explotaciones mineras28
. Todo esto se manifiesta en la severa degradación del medio ambiente29
.
27
“En Bolivia, la tasa de deforestación es de 350.000 hectáreas (ha) al año, y en términos per cápita es de 320
m2 /persona/año: una tasa 20 veces más alta que el promedio mundial (16 m2 /persona/año) y una de las más
altas del mundo, superando los niveles de otros grandes países deforestadores como Brasil, Indonesia, China y
Malasia” (Andrea Urioste). Sólo entre 2001 y 2013 ya hemos perdido 8,3 millones de hectáreas de áreas
forestales, es decir, cerca del 14% de los bosques que teníamos a principios de siglo. La deforestación total en
el país es pues de 350 mil hectáreas al año, es decir de 320 metros cuadrados por persona al año, 20 veces más
elevada que el promedio mundial y una de las más altas del mundo. Diferentes estudios muestran que una
deforestación superior al 20% desencadena la muerte gradual de un bosque amazónico. De acuerdo con Pablo
Solón cuando la deforestación sobrepasa ciertos límites, se viola el derecho del bosque a preservar su
capacidad de regeneración y se comete un crimen contra la Madre Tierra. Cfr. “Bolivia y su deforestación
alarmante” (Los Tiempos, 29 mayo 2016).
28
Cfr. “Cinco millones de hectáreas de bosque fueron deforestados en los últimos 30 años” (Opinión/ANF, 15
enero 2012).
29
Según un informe, basado en datos avalados por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), la superficie
boscosa de Bolivia se ha visto gravemente afectada por la expansión de la frontera agrícola y ganadera durante

P á g i n a 17 | 136
El Gobierno ya dispuso el año 2012 un total de 24.777.543 de hectáreas para la actividad petrolera
en todo el país -la mayor frontera petrolera de la historia- que equivalen al 22,55 por ciento del
territorio nacional, que cuenta con 109.858.100 hectáreas. Insistimos, 11 contratos de exploración y
explotación gasíferos y petroleros tienen superposición en dichos predios naturales de las 22 áreas
protegidas que tiene el país, es decir que dentro de esta frontera hay al menos 11 áreas protegidas
gravemente afectadas, cuyos contratos petroleros se superponen en una superficie de al menos 3
millones de hectáreas, lo que significa que al menos el 17 por ciento de las áreas protegidas ya es
zona de extractivismo.
Las consecuencias son en verdad pavorosas por cuanto, repetimos, 6 de las 22 áreas protegidas -
Madidi, Aguaragüe, Tariquia, Iñao, Pilón Lajas y Manuripi- se consideran prácticamente
desnaturalizadas, ya que en estos casos es tan grande la intervención depredadora que el área
protegida ha dejado de ser tal y se convierte en zona de actividad extractivista de recursos naturales.
Recordemos además que como las afectaciones van desde el 55 por ciento a más del 90 por ciento
del territorio de esas áreas, ya no se pueden aplicar acciones de mitigación y existe el inminente
riesgo de que desaparezcan –irremisiblemente- las especies de flora y fauna y todo el patrimonio
natural y cultural que existe en su interior.
Diversos especialistas coinciden en señalar que explorar las áreas naturales protegidas para las
industrias extractivas significa un grave retroceso en las políticas ambientales. Según Marco
Gandarillas, “Las actividades extractivas no benefician a las comunidades, todo lo contrario:
desarticulan la organización comunal o indígena originaria, dejan los daños ambientales a los
pobladores y destruyen su base de economía local” (comunicación personal). Los pueblos indígenas
se ven pues duramente afectados por el avance de la frontera hidrocarburífera. Por tanto y de
acuerdo con Ariel Pérez:
“Abrir los espacios naturales más ricos, más biodiversos y mejor conservados del país es un
retroceso en términos políticos y de protección ambiental, tanto las actividades de
exploración como de explotación de hidrocarburos pueden ocasionar daños irreversibles.
“Las líneas sísmicas que se instalan para la exploración de los hidrocarburos, pueden abarcar
cientos de kilómetros e implican explosiones que podrían poner en peligro la fauna y flora de
la zona, manantiales y fuentes de agua; ello, sin hablar de los impactos severos que pueden
ocasionar los pozos de exploración de hidrocarburos, como la construcción de caminos, la
contaminación generada por los lodos de perforación, etc.” (Pérez, 2015).
los últimos años. Se calcula que el ritmo al que los bosques están siendo destruidos es de un promedio de 170
mil hectáreas anuales. Tales datos, sin embargo, son considerados por otros estudios excesivamente
moderados. En efecto, la misma ABT ha reconocido en más de un informe que las cifras oficiales están muy
lejos de la realidad, pues la gran mayoría de las talas forestales es ilegal y se realiza fuera de todo control
estatal. Es tan grande el negocio, que se sabe de la existencia de muy poderosas organizaciones criminales
dedicadas exclusivamente a esa actividad. Considerando esa realidad, más reales parecen las cifras que
proporciona el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), que calculan en más de 270.000
las hectáreas de áreas boscosas que se pierden cada año en Bolivia a causa de la tala indiscriminada de árboles
y quemas, además de la expansión de las tareas agrícolas.

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Las consecuencias socio-ambientales de la exploración y explotación de hidrocarburos son pues
peligrosísimas; más aún si tomamos conciencia del severo impacto ambiental que conlleva la
exploración y explotación de hidrocarburos, y que en primer lugar se encuentra la apertura de
caminos, cuando menos siete metros de ancho, lo que significa el ingreso hacia la destrucción del
hábitat natural, la biosfera, el ecosistema, la biodiversidad y el medio ambiente en general. Y en el
caso de encontrarse yacimientos y proceder a su explotación se deberá tender líneas de gasoductos y
oleoductos, así como la planchada y las viviendas de los trabajadores, lo que significa, cuando menos
de 15 a 20 mil metros cuadrados de deforestación30
y depredación de la vida silvestre, sin contar la
contaminación de las reservas hídricas tanto superficiales como subterráneas31
. A propósito de la
severa afectación de los acuíferos, particularmente trágica en la región del chaco, Leonardo
Tamburini, ex director del CEJIS, explica que:
“Las principales zonas afectadas por la actividad petrolera son efectivamente aquellas que
están en la franja del sub-andino. Y, precisamente, éstas son las principales zonas que
mantienen el equilibrio ecológico y regulan los niveles de agua en lugares como el Chaco,
Tipnis, Amboró, Carrasco y otros. Ahí existen reservorios de agua, pero también de gas y
petróleo, junto a ecosistemas frágiles que al alterarlos se afecta a otros que van más allá en
las tierras bajas. Estas son las áreas más vulnerables y además las más comprometidas por las
últimas disposiciones jurídicas” (Ibíd.).
Según Jorge Campanini, investigador del Cedib, el impacto de la exploración petrolera en siete de las
22 áreas protegidas del país no se reduce pues al 0,04 por ciento, como falazmente indicó el
presidente de YPFB, Guillermo Achá. Campanini explica que para estas tareas se trazan líneas de
hasta 80 kilómetros de largo, en diferentes zonas del área elegida, para realizar explosiones sísmicas.
Cada perforación llega a tener una profundidad de hasta 15 metros y 1,20 metros de ancho. Advierte
al mismo tiempo que estas tareas impactan severamente en el hábitat natural de los pueblos y
comunidades indígenas, en los reservorios de agua (“lo que están resguardando esas áreas
protegidas es el agua, cuyo abastecimiento será nuestro mayor problema en el futuro”) y en el
ecosistema de las áreas protegidas. Zulma Villegas, ecóloga y consultora independiente, lo explica de
manera didáctica en el sentido que el problema con la actividad petrolera no se limita sólo a las
actividades de las empresas.
“Generalmente la apertura de las sendas (que acompañan los ductos) trae aparejada la
llegada de la población que va a ir a situarse a los márgenes de éstas. Puede ser que el
petrolero sólo haya abierto esta vía, pero con ella viene un conjunto de gente que realiza una
30
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Bolivia está devastando sus bosques a un promedio de
280.000 hectáreas por año, lo que equivale a unas 43 canchas de fútbol por hora. Por tanto, Bolivia, además de
ser uno de los países con mayor cantidad de bosques, es también uno de los que más contribuye a la
deforestación planetaria.
31
Recordemos además que no existe ningún proceso tecnológico que garantice cero impactos
medioambientales en los trabajos de exploración petrolera.

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apertura mayor. Lo que se está generando en consecuencia es la deforestación32
y se está
partiendo un área de bosque que lo hace mucho más vulnerable como eco-sistema” (Ibíd.).
En Bolivia hay un total de 22 áreas protegidas, demarcadas bajo esa condición por su diversidad
biológica y la fragilidad de los ecosistemas de vida. Acordémonos además de lo que decíamos al
inicio de este libro: Bolivia es uno de los 16 países más mega-diversos del planeta, que juntos
constituyen el hábitat de al menos el 70 por ciento de todas las especies conocidas, además de
albergar al 45 por ciento de la diversidad biológica planetaria. Es por estas razones que el decreto Nº
2366 pone en riesgo toda esta gran y rica (y al mismo tiempo fina y delicada) diversidad
bio(eco)lógica al abrir las áreas protegidas a la exploración de las empresas petroleras
transnacionales.
De acuerdo con el investigador Jorge Campanini, “El DS 2366 termina por ‘legalizar’ el
trastrocamiento de las áreas protegidas, riqueza natural y patrimonio de los bolivianos, en áreas
destinadas al extractivismo”. Recordemos, igualmente, que alrededor de 24 millones de hectáreas
(22% del territorio nacional) ya han sido identificadas (en Bolivia) como zonas de potencial
explotación de hidrocarburos33
. Esta es pues la nueva frontera petrolera del país, que afecta –
reiteramos- al conjunto de las áreas protegidas.
Entre el 2007 y 2012, la frontera hidrocarburífera de Bolivia creció en al menos siete veces34
. En ese
periodo de cinco años, esta actividad se extendió de 2.1 millones hasta 24,7 millones de hectáreas,
registrando así la mayor expansión territorial de la historia energética y petrolera del país,
equivalente a 769% de incremento, lo que representa un tercio de los 109 millones de hectáreas que
posee el país, señala un estudio de cinco expertos nacionales (El Día, 24 noviembre 2014).
El CEDIB considera que la nueva frontera petrolera del país abarca cerca del 22% del territorio,
equivalente a 24 millones de hectáreas puestas a disposición de la actividad petrolera transnacional,
cuyo objetivo es extraer más hidrocarburos para exportar y depredar cada vez más y más en función
de los intereses del capital imperialista (no del bienestar social, menos, mucho menos del vivir bien).
Más todavía y de acuerdo con Campanini: “No existe la más mínima planificación. No existe, por
ejemplo, una política seria para que los recursos energéticos del país estén al servicio de alcanzar la
soberanía energética” (Ibíd.).
32
Según Rene Arancibia, Coordinador departamental de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), la
deforestación es la mayor enemiga de los bosques y por ende la principal causa del calentamiento global,
porque constituye una amenaza al estado del ambiente por las consecuencias que trae. “No olvidemos que la
deforestación trae consigo la pérdida de cobertura vegetal, la destrucción de hábitats naturales de animales,
que en algunos casos ha costado cientos y hasta miles de años en formarse y trae consigo la desertificación de
suelos, problemática en la cual Chuquisaca se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional” (Gaía
Noticias, 8 de mayo de 2011). Por todo ello es absolutamente necesario declarar una pausa ecológica forestal
por la necesidad y la importancia de conservar la riqueza natural del país.
33
Cfr. “Exploración de hidrocarburos en nuevas regiones y áreas específicas” (UCOM-MHE, 1 febrero 2013) y
“Gobierno autoriza explotación de petróleo y gas en áreas protegidas” (La Patria/ANF, 6 junio 2015).
34
Cfr. “La frontera de hidrocarburos creció 7 veces en cinco años” (El Día, 24 noviembre 2014). Más aún, “La
frontera hidrocarburífera aumentó 8 veces desde 2006” (Opinión/ANF, 14 junio 2015).

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El CEDIB estima que al menos tres millones de hectáreas (ha) de las áreas protegidas del país serán
afectadas por las actividades hidrocarburíferas, después de que el Gobierno autorizara, mediante el
DS Nº 2366, el desarrollo de la exploración y explotación en estas zonas. Según el mismo CEDIB,
actualmente de las 18.271.699 ha de superficie protegida existente a nivel nacional, 3.043.797 ha ya
son afectadas por la superposición de contratos petroleros y nuevas áreas destinadas a la frontera
petrolera, bajo la figura de áreas reservadas de YPFB que están a disposición de las petroleras
extranjeras e imperialistas. Es decir que cerca al 17% de lo que constituye el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) es ahora una zona de extractivismo o donde ya se realizan actividades
petroleras.
Estamos por tanto asistiendo al más radical avasallamiento de las áreas protegidas y a la puesta a
disposición de una de las actividades más depredadoras del medio ambiente, como es la exploración
y explotación de hidrocarburos, y ya ni hablar de los severos impactos ambientales que genera la
quema de combustibles fósiles, que además se traducen en el incremento del calentamiento global
(planetario) y el consiguiente cambio y –peor aún- crisis climática. Estamos pues frente a situaciones
realmente dramáticas y más aún catastróficas, a las que lamentablemente el gobierno del hermano
Evo está contribuyendo activa y militantemente.
Marco Gandarillas argumenta que la expansión petrolera involucra efectivamente a al menos 11 de
las 22 áreas protegidas del país y afecta de manera directa a siete de ellas. “Es decir, cinco más de las
que antes estaban comprometidas, (lo que significa que de) una superficie total del sistema nacional
de áreas protegidas que abarca 18.2 millones de hectáreas, al menos tres millones de hectáreas
estarían afectadas por esta superposición de contratos o áreas hidrocarburíferas” (La Prensa, 22
junio 2015). Más aún, en sitios como el Iñao (Chaco chuquisaqueño), el 90% de su superficie está
comprometida en y con la actividad hidrocarburífera.
De acuerdo con Jorge Campanini, ingeniero ambiental y experto energético, “El caso Aguaragüe
(Tarija) tiene el 72% (de su superficie) comprometido a favor de la actividad gasífera y petrolera. Es
un caso crítico, que conlleva los 44 contratos con que asumió este gobierno, los mismos que se
ampliaron con nuevos contratos” (Ibídem)35
. Cabe recordar y reconocer que la reserva del Aguaragüe
es la principal fuente de agua para el conjunto de los pueblos y comunidades indígenas del Chaco. No
obstante, en ese lugar ya perforaron varios pozos con graves, gravísimas consecuencias debido al mal
cierre de los pasivos ambientales36
.
35
Precisamente en Tarija existen las principales reservas de gas de Bolivia y el gobierno del presidente Evo
anunció nuevos estudios de exploración de hidrocarburos en el departamento.
36
Cfr. “Las heridas abiertas del Aguaragüe” (El País, 27 julio 2015). La norma establece que (sólo) el 1% de la
inversión petrolera o gasífera deba ser depositado para el mantenimiento del área protegida, en la cual se ha
explorado y perforado, es decir que con este mísero paliativo el Gobierno pretende neciamente que las
empresas actúen y depreden pagando a las comunidades un miserable 1% de su inversión. La normativa
gubernamental más preocupante es que el gobierno pretende precisamente eliminar la obligación que ahora
tienen las empresas petroleras de hacer la consulta previa y se la sustituya por el pago del miserable 1% de la
inversión que hagan con destino al área protegida. Un riesgo muy alarmante es por tanto la posible eliminación
de la consulta previa, ya que se presume sustituir dicho procedimiento que tomaba (o al menos intentaba

P á g i n a 21 | 136
Así, la búsqueda de petróleo y gas natural también se hará en las reservas ecológicas37
: Iñao,
Tariquía, Aguaragüe, TIPNIS, Pilón Lajas, Madidi, Tunari, Apolobamba, Carrasco, Manuripi y Amboró,
según datos de YPFB y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)38
. La reserva de Iñao, en el
sudeste boliviano, será la más afectada porque se dañará más de un 90 por ciento de su territorio
boscoso. También se alerta sobre una serie de daños en más de un 85,5 por ciento de la reserva Pilón
Lajas, en el departamento de Beni, noreste de Bolivia.
Actualmente las áreas que se encuentran en mayor riesgo por la explotación hidrocarburífera son
Iñao (Chuquisaca), Carrasco (Cochabamba), Amboró (Santa Cruz), Tariquia y Aguaragüe (Tarija), que
son sólo 5 de las 11 áreas protegidas en las que por el momento se superponen los contratos
petroleros39
. A partir de la promulgación del DS Nº 2366 existe la licencia oficial para intervenir no
sólo en las 11 actuales, sino en las 22 existentes. Según Campanini, “otras áreas que estarían
fuertemente amenazadas por el decreto y en las que se podría reactivar la explotación petrolera son
Madidi, TIPNIS, Pilón Lajas y Manuripi”.
Hay pues necesidad de reiterar el daño que se está haciendo a áreas como el Aguaragüe (Chaco),
donde existen 60 pozos explotados, que ocupan más del 70 por ciento del área. Recordemos que el
“Aguaragüe se ha creado como un regulador hídrico -que por cuestiones climáticas se condensa y
provee de agua- y conserva el ecosistema chaqueño por donde cruza el rio Pilcomayo” (Campanini,
comunicación personal). Entre los diversos efectos que tiene la intervención extractiva en la zona se
encuentran los desplazamientos de tierra, la severa contaminación de las fuentes de agua40
, del
suelo, la deforestación41
, y la apertura de nuevas sendas por donde entran los cazadores furtivos.
Sara Crespo, directora de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), indica que el Gobierno
central está vulnerando las leyes, al no respetar el medio ambiente, además que una de las áreas
protegidas más afectada sería la del Parque Amboró en Santa Cruz, siendo éste el que da la provisión
tomar) en cuenta el sentir y el pensar de las comunidades indígenas, por el pago de apenas el 1% de la
inversión de las empresas transnacionales hacia las comunidades indígenas u originarias de las zonas
explotadas.
37
Cfr. “YPFB explotará petróleo y gas natural en las áreas protegidas” (La Razón, 24 mayo 2013) y “Aumenta
crítica por buscar petróleo en reservas ecológicas en Bolivia” (El Universal, 29 junio 2015).
38
El Sernap es la entidad encargada de normar y regular las actividades al interior de las áreas protegidas. En el
caso particular de las petroleras, el Sernap debe autorizar el ingreso de éstas para actividades de exploración o
explotación, previa aprobación de la ficha ambiental.
39
Cfr. “Áreas protegidas indígenas en riesgo” (Jornada, 3 junio 2015).
40
Cfr. García Terrazas, Claudia Nelly Suárez Rueda et al, “Capítulo cuatro. Contaminación e impactos del agua
por la actividad hidrocarburífera”, en: Contaminación del agua e impactos por actividad hidrocarburífera en la
serranía Aguaragüe, La Paz, Fundación PIEB, 2003, pp. 65-108.
41
Bolivia es uno de los seis países del mundo que mayor deforestación experimentó entre 2000 y 2012, según
un estudio que publica la revista Science y que se hizo con base en un nuevo mapa en alta resolución, creado
con ayuda de Google Earth. La revisión del llamado Mapa Global del Cambio Forestal, muestra que el área de
mayor deforestación en Bolivia se halla en territorio cruceño. La investigación especifica que son diez los
municipios (Pailón, San Julián, San Ignacio de Velasco, San Pedro, Charagua, Santa Rosa del Sara, El Puente,
Asunción de Guarayos, San José de Chiquitos y Cuatro Cañadas) que reportan la mayor pérdida de bosques y se
encuentran en el departamento de Santa Cruz, donde cerca de 1,4 millones de hectáreas se convirtieron en
paisajes agrícolas o pecuarios que repercuten en la severa disminución de la biodiversidad.

P á g i n a 22 | 136
de agua a toda la región cruceña. “Del Amboró, de donde depende el suministro de agua de la ciudad
de Santa Cruz. Entonces, imagínese, estamos poniendo en riesgo a más de 2 millones de habitantes
sólo para tener ingresos económicos a corto plazo. Este es un tema que forma parte del problema y
realmente no se lo considera”. La ambientalista recalca el tema de las severas consecuencias del
cambio climático42
(El Día, 23 junio 2015).
Según advierte el análisis producido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) las
actividades mineras e hidrocarburíferas, la ampliación de la frontera agrícola y el avance de los
asentamientos humanos (particularmente de los cocaleros43
) en las 22 áreas protegidas ya generan
múltiples problemas socio-ambientales44
. Insistimos, en al menos 15 de los 22 parques nacionales o
áreas de reserva natural, ya hay múltiples problemas por las actividades extractivistas. Los principales
“impactos negativos” y las “presiones más preocupantes” que advierte el SERNAP están vinculados al
“avance de la frontera agrícola”, “la prospección y exploración petrolera”, las actividades mineras y la
fatal contaminación de los ríos, así como la apertura de caminos no regulados45
. Veamos los casos
más calamitosos.
• En el caso del Área Natural e Integrada San Matías se observa la “escasa o nula fiscalización
de las actividades mineras por los organismos competentes; así como en las áreas de interés
petrolero en zonas sensibles”.
• En el caso del Madidi, éste sufre otro tipo de presiones: “La explotación aurífera en las
tierras altas y la contaminación de los ríos por mercurio, y el avance de la frontera agropecuaria”.
• En el caso de la serranía del Aguaragüe, “la principal presión proviene de la actividad
hidrocarburífera por el impacto negativo que está causando en los recursos naturales del área”46
.
Insistimos, al menos 11 contratos de exploración y explotación gasíferos y petroleros ya tienen
superposición en los predios naturales de las 22 áreas protegidas que tiene el país, como señala el
informe y reportaje del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), a través del eximio
investigador Jorge Campanini, quien observa los siguientes contratos leoninos:
• El firmado con la transnacional francesa Total E&P Bolivie, que se adjudicó el bloque Azero,
una parte está ubicada en el departamento de Chuquisaca y otra parte en Santa Cruz. Dicho bloque
42
En el documento inédito “Avances en el conocimiento. El impacto del cambio climático en la biodiversidad
(Bolivia)” se resalta que, entre otras funciones, los bosques son fundamentales para la regulación climática,
protección de riesgos, conservación y regulación de los ciclos de agua, hábitat de vida silvestre, diversidad
biológica, provisión de alimentos y materiales de construcción.
43
Cfr. Gómez Vela, Andrés, “¡Kawsachun Bolivia, wañuchun cocaleros!” (Página Siete, 27 octubre 2013) y
“Unodc apunta 6 parques ocupados con cultivos de coca” (El Deber, 20 julio 2017).
44
Junto a la presencia humana llega la cacería y pesca ilegal, así como el cultivo de coca y la tala de árboles
maderables. Los indígenas Tsimanes y Mosetenes de la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, sufren constantes
avasallamientos y presión sobre el territorio de parte de los colonizadores mal llamados interculturales. La
apertura de carreteras también pone en peligro a los parques nacionales.
45
Cfr. Cuellar Araujo, Abrahán, “Áreas Protegidas y Territorios Indígenas en permanente amenaza” (Fobomade,
10 abril 2013).
46
“El Sernap alerta sobre actividad hidrocarburífera y minera en las áreas protegidas” (ANF, 24 junio 2015).

P á g i n a 23 | 136
ocupa una superficie de 785.625 ha y cubre un 90% de lo que viene a ser el Parque Nacional y Área
de Manejo Integrado Iñao, reserva natural de vida silvestre.
• El que se adjudicó a la empresa china Eastern Petroleum and Gas, la zona de San andita,
correspondiente al parque nacional Aguaragüe. Dicha reserva ha sido golpeada fuertemente por la
actividad petrolera.
• El que otorgó la aprobación y autorización de la firma de los contratos Astillero y San Telmo
donde la protagonista es Petrobras Bolivia S.A. y cuya afectación va directamente sobre la Reserva
Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. También se suma, aunque en parte, la gigante British Gas con
un contrato de gran proporción en Huacareta.
• El Parque Nacional Madidi (Norte La Paz) está siendo intervenido en un 75% con la
presencia de Petro-andina, Repsol y Petrobras Bolivia.
• En el Tipnis, centro de Bolivia, Petrobras Bolivia y Petro-andina ocupan un 35%.
Según Marco Gandarillas en los últimos 20 años del periodo neoliberal, de gran apertura a las
inversiones extranjeras, se llegó a un límite máximo de 13,1 millones de hectáreas de expansión
hidrocarburífera. Pero, con el gobierno “revolucionario” del hermano Evo, dicha cifra se incrementó
alarmantemente, tanto que “la cifra es inédita en nuestra historia, la única explicación es que las
reservas de petróleo se han agotado, sólo contamos con reservas marginales, por eso estamos
llegando a límites de hacer prospección en zonas amazónicas y áreas protegidas del país” (Ibíd.). Así,
entre el 2007 y 2012, la frontera hidrocarburífera de Bolivia creció siete veces47
. En ese periodo de
cinco años, esta actividad se extendió de 2.1 millones hasta 24,7 millones de hectáreas, registrando
así la mayor expansión territorial de la historia energética del país, equivalente a 769% de
incremento, lo que representa un tercio de los 109 millones de hectáreas que posee el país. El Estado
boliviano amplió pues la frontera hidrocarburífera como en ningún tiempo antes y es así que
pasamos de cerca de 3 millones de hectáreas dedicadas a la explotación y exploración a más de 24
millones de hectáreas. “Es una superficie nunca antes visto en nuestra historia, que compromete
áreas protegidas e incluso áreas urbanas” (Ibíd.).
Bolivia tiene una tradición de al menos 90 años de historia hidrocarburífera e intervención de gran
parte del territorio nacional, con actividad prospectiva y de perforación petrolera. Según Gandarillas
“realmente hay pocos lugares del país donde no se hizo prospección sísmica exploratoria”. Las
actividades mineras e hidrocarburíferas y la ampliación de la frontera agrícola en las 22 áreas
protegidas generan una compleja serie de problemas socio-ambientales, tanto que al menos 15 de
los 22 parques nacionales o áreas de reserva natural tienen problemas generados por las actividades
extractivistas. Lo que en realidad pretende el actual Gobierno es entregar las áreas protegidas, como
47
Cfr. “La frontera de hidrocarburos creció 7 veces en cinco años” (Bolivia petrolera, 24 noviembre 2014).

P á g i n a 24 | 136
ya lo ha hecho con Madidi y Pilón Lajas, a una serie de consorcios transnacionales e imperialistas48
,
entre éstas nada menos que a la Repsol49
.
Podemos ver así que hay:
“Un escaso entendimiento de la importancia del rol de las áreas protegidas por la cúpula
gubernamental, además de que sus apreciaciones están profundamente contaminadas por
una serie de prejuicios tendenciosos que desembocan con frecuencia en alusiones
paranoides y de doble sentido, direccionadas a cuestionar la extraordinaria importancia
ecológicas de las áreas protegidas como el Madidi o el Pilón Lajas” (Lidema, 24 mayo 2013).
El informe del Sernap señala –reiterando- que de las 22 áreas protegidas del sistema nacional, al
menos 11 están afectadas por la nueva frontera hidrocarburífera, de estos territorios, siete enfrentan
una afectación mayor al 30%, entre las que está el Tipnis (35%), Madidi y Aguaragüe (72,5%), Tariquía
(55%), Iñao (91%), Pilón Lajas y Manuripi están afectadas entre el 55% y el 90% de su superficie, con
lo cual es imposible pensar siquiera en alguna mitigación. Menciona además que, en el caso de El
Madidi y Pilón Lajas, representan una de las más importantes zonas bajo protección de Bolivia al
integrar el corredor de conservación peruano – boliviano de Vilcabamba – Amboró50
. Como bien dice
Pablo Villegas, investigador del CEDIB sobre Políticas de los Recursos Naturales, es inaudito que “el
Gobierno no comprenda la importancia de las áreas protegidas, bajo una lógica de sólo propiciar la
exportación de las materias primas, en este caso por el tema del gas, del cual dependemos como
país” (Ibíd.).
48
Cfr. “Cinco de las ocho compañías petroleras más grandes del mundo invierten en Bolivia: Shell, Repsol,
Total, Petrobras y Gazprom” (Cambio, 23 agosto 2016).
49
Repsol acumula millones de dólares exportando ilegalmente gas natural al Brasil. Cfr. García Mérida, Wilson,
“Bolivia: REPSOL comete etnocidio invadiendo áreas protegidas” (Servicio Informativo Datos & Análisis, 9 mayo
2006) e “Impactos de Repsol YPF para indígenas de Bolivia” (Servindi, documento inédito).
50
“El corredor biológico Vilcabamba – Amboró es el corredor de conservación más importante del mundo,
cuyos bosques se encuentran entre los todavía mejor conservados del planeta” (Campanini). Este corredor
incluye los Parques y Áreas Protegidas en el norte de La Paz (Madidi, Pilón Lajas), el TIPNIS y el Parque Carrasco
de Cochabamba, el Parque Amboró en Santa Cruz, entre otros.

P á g i n a 25 | 136
Otros estudios dan cuenta que esta situación de extrema depredación: saqueo y despojo se debe a
que, como hemos visto en el anterior acápite, en octubre del 2010, el Gobierno boliviano aprobó el
DS Nº 0676, que extiende la frontera petrolera y gasífera del país, afectando a varias áreas
protegidas y parques nacionales. Dos de cuyos artículos están relacionados directamente con el
Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, ambos con una
reconocida riqueza ambiental y cultural para el país y el mundo, ubicados en plena Amazonia
boliviana, catalogada por el Gobierno como la zona petrolera Sub-andino Norte.
El bloque Lliquimuni es uno de los prospectos más grandes del Gobierno. Pero, hay una gran
incertidumbre, más aún cuando no existen condiciones para ello. Una particularidad cardinal del
bloque Lliquimuni es que está cerca del Parque Nacional Madidi y justo al lado del Parque Pilón Lajas
(ambas son áreas protegidas), en el municipio de Palos Blancos, y afecta directamente al pueblo
indígena Mosetén, agrupado a través de la Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM). Esta
particularidad ha ocasionado una serie de complejidades y conflictos a lo largo de los pasados años,
que involucró temas esenciales como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el proceso de
Consulta Previa a los pueblos indígenas. Es pues de esta forma que fueron cedidas 56 zonas
petroleras a YPFB51
, en zonas tradicionales y no tradicionales para la explotación de hidrocarburos.
Estamos efectivamente ante una expansión desmedida de la frontera hidrocarburífera. No olvidemos
además que la ley 3058 de hidrocarburos adjudica a la estatal petrolera con “prioridad y de manera
directa” áreas reservadas y esta misma ley dispone que YPFB realice actividades “por sí mismo o en
asociación” con empresas extranjeras transnacionales52
. “El resultado es que YPFB ya ha iniciado la
oferta a las transnacionales petroleras de dichas áreas sin necesidad de procesos de licitación,
ofreciendo incentivos económicos53
y condiciones de recuperación acelerada de inversiones para que
primero las exploren y luego las exploten en asociación con YPFB” (Ibíd.).
Según un estudio del CEDIB, en el país de acuerdo a las normas vigentes, en el sector
hidrocarburífero hay una desregulación ambiental basada en una serie de facilidades para la
otorgación de estudios de impacto ambiental, cuya flexibilización en comparación con otros rubros
representa más de 190 días, en cambio, en este sector se puede lograr en menos de 35 días de plazo.
Si bien se cumplen las formalidades de los requisitos exigidos por las autoridades sectoriales
competentes, las fichas ambientales se las otorga sin la seriedad exigida. Además, el agravante es
que el Estado no tiene la capacidad ni las instancias técnicas adecuadas para llevar a cabo el estudio
y/o evaluación de los documentos que se presentan.
Otro de los aspectos críticos de esta situación tiene que ver con el conjunto de intervenciones que se
vienen desarrollando en el tratamiento de los pasivos ambientales, cuyos trabajos de perforaciones y
exploraciones datan incluso de hace más de 50 años. Según el CEDIB, en el caso de Aguaragüe la
51
Cfr. “Decreto Supremo amplía a 56 las áreas de interés hidrocarburífero para YPFB” (ABI, 26 octubre 2010).
52
Cfr. “Bolivia: Aumento de 56 a 98 zonas de exploración petrolera en parques, áreas protegidas y TCO” (SENA-
Fobomade, 23 octubre 2011) y “Con nuevo decreto, Yacimientos tendrá 100 áreas de exploración” (Página
Siete, 26 octubre 2011).
53
Cfr. “Gobierno dará 7 incentivos para la exploración de hidrocarburos” (La Razón, 21 agosto 2013) y
“Gobierno ofrece a petroleras mayores incentivos y reservas” (Erbol, 13 julio 2016).

P á g i n a 26 | 136
situación es realmente crítica con los más de 65 pozos petroleros abandonados y abiertos por varias
décadas, incluso con una serie de derrames petroleros en las quebradas, con graves daños a los
afluentes de agua para el consumo humano54
. En el Aguaragüe, además, se han iniciado nuevas
operaciones en la zona sobre esos pasivos existentes, donde se viene planeando la construcción de
túneles e instalación de torres de alta tensión, y que van a generar a su vez gravísimos impactos
ambientales.
Insistimos, por su magnitud y escala, que las áreas protegidas que están en riesgo de ya no ser tales
son:
• Iñao. Ubicada en el departamento de Chuquisaca, donde se encuentran las grandes
perforaciones, el 90% de superficie de 263.161 mil hectáreas se encuentran con actividad
hidrocarburífera. Corre el inminente riesgo de ya no ser área protegida.
• Aguaragüe. Con 108.348 hectáreas, prácticamente tiene comprometidas a la actividad
hidrocarburífera un 72% del parque. En el lugar operan YPFB Chaco; Petroandina SAM;
Eastern Petroleum and Gas.
• Tariquía. La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, ubicada en Tarija, en las
provincias O’Connor, Arce, Gran Chaco y Cercado, se encuentra comprometida en un
55% a las actividades de YPFB Chaco y BG Bolivia.
• Tipnis. De un total de 1.225.347 hectáreas, considerado el pulmón bio-ecológico del país,
tiene comprometidos el 35% a las operaciones hidrocarburíferas a Petro-andina SAM;
Petrobras Bolivia.
• Pilón Lajas y El Madidi. Ambas en la Amazonia del Beni, Pando y La Paz, tiene
comprometido en un 85 y un 75%, respectivamente, a las actividades exploratorias de
Petrobras, Repsol y Petroandina.
En la actualidad existen 18.271.699 hectáreas de superficie protegidas a nivel nacional, pero de esta
cantidad, 3.043.797 de hectáreas están siendo ocupadas para la actividad hidrocarburífera. De
acuerdo con el CEDIB, actualmente de las 18.271.699 hectáreas (ha) de superficie protegida existente
a nivel nacional, 3.043.797 ha ya están siendo afectadas por la superposición de los contratos
petroleros y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de
YPFB que están a disposición de las empresas petroleras obviamente extranjeras55
. Es decir que cerca
al 17% de lo que constituye el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) es ahora una zona de
extractivismo o donde ya se realizan actividades petroleras56
.
En un contexto de discurso ecologista, de paradigmas como el suma qamaña, concebido como Buen
Vivir, las actitudes demostradas y ejercidas por el gobierno del hermano Evo en el ámbito de la
explotación de hidrocarburos en las Áreas Protegidas reflejan todo lo contrario. Para el Gobierno,
54
Cfr. “Plan de remediación y 400 pozos abandonados en el parque Aguaragüe” (El Diario, 18 octubre 2010).
55
Cfr. Campanini, Jorge, “El Decreto 2366 dicta la sentencia a las Áreas Protegidas en Bolivia”
(CEDIB, documento inédito).
56
En el país hay 18 millones de hectáreas de espacios resguardados por Ley. De esa cantidad, 3 millones son
usados por el sector petrolero.

P á g i n a 27 | 136
cuando se trata de la prioridad de los recursos e intereses económicos57
, poco o nada importa la
protección de la Madre tierra. En marzo de 2007, el defensor de los recursos hidrocarburíferos, Ing.
Enrique Mariaca, en un informe de auditorías petroleras encargado por el mismo Estado, hacía
referencia a 485 pasivos ambientales, la mayoría en Áreas Protegidas con consecuencias irreversibles
para la biodiversidad y el hábitat de los pueblos indígenas. Señaló que el costo por remediación
sobrepasaría los $US 61 millones.
Más allá de constituirse en un interesante escenario de reflexión, el conjunto de las auditorias
apenas mereció una marginal y circunstancial respuesta del Gobierno. La incertidumbre en torno a la
dimensión de las reservas gasíferas, la preeminencia del modelo primario extractivista, exportador y
la acuciada reducción en la producción de líquidos y gas, continua dando lugar a una salvaje
expansión de la frontera petrolera. A simple solicitud de YPFB y con Decretos Supremos, ahora se
aligera (por decir lo menos) un sinnúmero de procesos de exploración y explotación en las áreas no
tradicionales.
Es pues en esta compleja trama tan violentamente depredadora que se inscribe la aprobación del
Decreto Supremo que permite la explotación hidrocarburífera en las 22 áreas protegidas del país y
otras medidas aprobadas en la Asamblea Legislativa por la mayoría del oficialismo MASista, tales
como el espurio Reglamento de Consulta a los pueblos indígenas (que lo analizaremos en el siguiente
acápite). El DS Nº 2366 abre pues las áreas protegidas de Bolivia a la devastadora explotación
petrolera. Como bien dice el investigador Carlos Arze, “el Gobierno ha optado por un camino que
sólo conducirá a dos fatalidades: afectar las áreas protegidas y vulnerar los derechos de los pueblos
indígenas” (comunicación personal).
El especialista Jorge Campanini (s/f: 2), en un estudio del CEDIB, afirma que “estamos ante un
escenario trágico para nuestras reservas naturales, muchas de ellas ya son golpeadas impunemente
por la minería y ahora se culmina con esta sentencia final”. Campanini aclara que el decreto “ha
hecho viable” la exploración en las áreas protegidas, sobre las cuales el Gobierno ya ha firmado
varios contratos con las empresas transnacionales. Algunos de los contratos son relativamente
recientes, mientras otros -como los suscritos por Repsol y Petrobras- datan de 2007 como el que
pesa sobre el Madidi. Si bien el ingreso de las petroleras había sido frenado ya sea por las heroicas
luchas indígenas o porque estaba en estado latente, “El reciente decreto remueve todos los
obstáculos que impedían la aplicación de los contratos firmados con las empresas” (Ibíd.).
Carlos Arze, del CEDLA, entidad dedicada a la investigación social, también dijo que aunque la
Constitución afirma que las áreas protegidas son parte del patrimonio natural y cultural de Bolivia, se
les atribuye también importantes funciones económicas para el desarrollo sostenible. Por ello
mismo, expresó que el decreto en cuestión viola los derechos de los pueblos indígenas al permitir
una serie de actividades hidrocarburíferas en las áreas protegidas habitadas generalmente por estos
pueblos y comunidades étnicas.
57
Pese a la crisis que vive la ciudad de La Paz y otras regiones del país por la sequía, el presupuesto de inversión
pública en recursos hídricos en 2017 es inferior al 1% del total del Presupuesto General del Estado del próximo
año.

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Carmen Capriles, de la organización Reacción Climática, dijo que “esto es absolutamente contrario a
lo que esperaríamos del presidente Evo, después de sus grandilocuentes discursos sobre la Madre
Tierra y la Pacha-mama”. Teresa Flores, activista de Prodena, expresó que “existe la idea de que este
gobierno tiene ideas progresistas defendiendo la Madre Tierra; cuando es todo lo contrario. Este
gobierno está destruyendo el medioambiente más que cualquier otro” (comunicación personal).
El discurso y la práctica desarrollista del Gobierno se reducen en general al economicismo de las
inversiones económicas para mitigar los impactos. Es obvio que en esta “práctica teórica” no ingresa
el principio precautorio: In dubio pro natura (principio de precaución y prevención a favor de los
recursos naturales), ni los derechos de la naturaleza y, en definitiva, la sensatez crematística no se
aplica a determinados bienes de la naturaleza y menos a los pueblos indígenas. Es pues en este
contexto que el Gobierno del hermano Evo aprobó el decreto Nº 2366 que, de forma general,
autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación en las áreas
protegidas. Según Juan Carlos Añez:
“La disposición 2366 está por encima de cualquier otra norma que hable de las áreas
protegidas. De un solo tajo deja de lado el reglamento que tenemos, que es el que regula la
administración de las áreas protegidas en el país desde el año ‘97, que es el decreto 24781.
Aquí hay además una figura un poco rara porque el DS 2366 prohíbe la exploración en áreas
protegidas de la categoría santuarios o monumentos. En Bolivia hay 22 áreas protegidas y
ninguna tiene la categoría de por lo menos santuarios y de ellas 12 son las que tienen la
categoría de parques nacionales” (El Día, 25 junio 2015).
El Reglamento General de Áreas Protegidas prevé que los Santuarios albergan especies de flora y
fauna silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, una comunidad natural o un
ecosistema singular. El Monumento Natural, en cambio, implica la preservación de rasgos naturales
sobresalientes de particular singularidad, por su carácter espectacular, paisajístico o escénico, de
formaciones geológicas, fisiográficas o yacimientos paleontológicos. Sin embargo, lo que llama la
atención es el hecho que, de las 131 áreas protegidas existentes en el país, 22 son administradas por
el Gobierno Central a través del SERNAP, de las cuales ninguna tiene la categoría de Santuario o
Monumento Natural, aunque 12 de las mismas son Parques Nacionales.
Si bien el decreto mantiene las restricciones a actividades hidrocarburíferas en lugares con categorías
de Santuario y Monumento Natural, y en los sitios RAMSAR (comprendidos en el convenio
internacional para la protección de humedales)58
, Campanini advierte que actualmente “no existe
ninguna Área Protegida nacional que tenga la categoría de Santuario y Monumento Natural”, es decir
de las 22 áreas que componen el sistema de Áreas Protegidas todas estarían expeditas para que se
puedan desarrollar actividades petroleras, incluyendo las que por DS Nº 24781 de 31 julio del ‘97 son
consideradas de máxima protección: los parques nacionales y reservas de la biosfera.
58
En Bolivia existen 11 sitios RAMSAR, entre los que destacan los lagos Titicaca, Poopó y Uru Uru, que sufren
espeluznantes niveles de contaminación en la actualidad. También son sitios RAMSAR la cuenca del Tajzara en
Tarija, y el Pantanal en Santa Cruz, entre otros.

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Hay pues un aumento considerable de la franja hidrocarburífera en Bolivia a costa de las áreas
protegidas, los parques nacionales y reservas de la biosfera, que están en riesgo inminente por la
exploración y explotación de hidrocarburos, aún sin contar con la minería (que también es
extremadamente depredadora). Y este riesgo no es reciente, ya hace un par de años el ambientalista
e investigador, Jorge Campanini, advertía que al menos 10 de las 22 Áreas Protegidas (AP) de
categoría nacional ya estaban comprometidas para la exploración y explotación de hidrocarburos a
cargo de al menos siete empresas petroleras.
En una entrevista con el Periódico Digital PIEB, el investigador dijo que se debía revisar –de manera
urgente- qué sucedió con el tema de los contratos petroleros, porque el 2013 ya existían varios
contratos de exploración y explotación firmados por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) con varias empresas petroleras (privadas y extranjeras: godas ellas transnacionales
e imperialistas) en las áreas sometidas a estudios y otras como resultado de la política de intrusión
en las áreas reservadas.
El Gobierno boliviano ya firmó en octubre de 2013, antes de la aprobación de los decretos de
exploración en áreas protegidas, al menos cinco contratos de exploración y explotación de
hidrocarburos con las empresas Petrobras, Bristish Gas (BG), YPFB Chaco para explorar las áreas
reservadas de Azero, Huacareta, El Dorado Oeste, Isarzama y San Miguel. De acuerdo con el
investigador Campanini:
“Las áreas de exploración afectarán a San Miguel e Isarzama que están dentro del Parque
Nacional Carrasco (PN), Huacareta que está en parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna
(RNFF) Tariquía, Azero que está prácticamente en el 90 a 95 por ciento (%) de la superficie
del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía (PNANMI) Iñao, y San
Andita que está dentro del Parque Nacional y Manejo Integrado Aguaragüe, es un combo”
(Campanini, 2013).
A pesar de que recién se firmaron los contratos más cargados con las petroleras, las operaciones ya
empezaron hace tiempo, como es el caso de Azero, donde se han realizado tareas magneto-telúricas
y perforación de pozos al interior del AP Iñao. En el contexto de esta política entreguista de
promoción y licitación de las Áreas Protegidas, el Gobierno no consideró los elementos necesarios
como para poder ingresar a estas zonas. Recordemos que en los mismos territorios donde se
realizaban las tareas de exploración, hay poblaciones indígenas, como es el caso de Iñao, área
tradicional de las comunidades guaraníes.
“Ni hablar de San Andita, todos conocemos, donde aparte de estar la Escuela de Cóndores de
las Fuerzas Armadas, hay una gran variedad de comunidades campesinas e indígenas
alrededor. Se trata de una zona extremadamente crítica por el tema de los pasivos
ambientales que se generaron desde los años 70” (Ibídem).
Entre las empresas y corporaciones trasnacionales, que están participando en las operaciones de
exploración y explotación en las AP, están –insistimos- las petroleras YPFB Chaco, Petro-andina, YPFB
Andina, Repsol, Petrobras, Eastern Petroleum, Gazprom y Total E&P. “Hubo un proceso de licitación y
las empresas como Petrobras, BG Bolivia, YPFB Chaco se adjudicaron los contratos al igual que Total

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