Contralínea 575

Año 16 • Número 575 • $30
Del 29 de enero al 4 de febrero de 2018
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 29 de enero de 2018
CONTENIDO
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
575, del 29 de enero al 4 de febrero de 2018– es una publicación se-
manal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio
Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100,
México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.
com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel
Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-
2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título:
12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial
Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciu-
dad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de impri-
mir el 26 de enero de 2018. Distribuida por la Unión de Voceadores
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PORTADA
Osorio Chong heredó caos en carreras de caballos:
Segob omite regularlas pese a que su negocio son las
apuestas
CARRERAS DE CABALLOS,
EL NEGOCIO QUE SEGOB
“OLVIDA” REGULAR
OPINIÓN
OFICIO DE PAPEL CINCO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
COMETIDOS EN MÉXICO Miguel Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN GOBIERNO FEDERAL, EL GRAN
ESPÍA Nancy Flores
ZONA CERO EL PERREDISTA SILVANO AUREOLES EN EL ESPEJO DE
DÍAZ ORDAZ Zósimo Camacho
CONTRAPODER ¿POR QUÉ LA CORTE NO DESTITUYE A PEÑA QUE
NO CUMPLE UNA RESOLUCIÓN? Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
LA SEGURIDAD Y EL ESTADO MEXICANO Guillermo JR Garduño Valero
LA INJUSTA Y COSTOSA TREMENDA CORTE Martín Esparza Flores
¿DÓNDE QUEDÓ EL MUNDO DONDE QUEPAN TODOS LOS MUNDOS?
Roberto Galindo
VENEZUELA Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTE AÑO Maitte
Luis Beatón/Prensa Latina
ESTADO ISLÁMICO Y EL PRECIPITADO ANUNCIO DE SU DEFUNCIÓN
Moisés Saab/Prensa Latinsa
STALINGRADO, LA VICTORIA ETERNA Antonio Rondón/Prensa Latina
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CONTENIDO
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ANÁLISIS
SOCIAL Seguridad: dos sexenios de ineptitud, improvisaciones y muerte Jorge Carrillo Olea
INTERNACIONAL La verdad sobre las “fake news” Thierry Meyssan/Red Voltaire
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MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA Adolescente accede a cuentas de directores de FBI y CIA usando el
teléfono Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS Vida y obra del pensador inconformista Edgar Morin, por Emmanuel Lemieux
Álvaro Cepeda Neri
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Carreras de caballos, el negocio que Segob “olvida” regular Nancy Flores
SOCIEDAD Irregularidades por 2 mil mdp en gobierno de Manuel Velasco Érika Ramírez
LÍNEA GLOBAL Infancia vulnerable y déﬁcits de protección social María Julia Mayoral/
Prensa Latina
LÍNEA GLOBAL Opositores negados a enterrar el hacha de la guerra en Venezuela Luis
Beatón/Prensa Latina
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OFICIO DE PAPEL
OPINIÓN
CINCO CRÍMENES
DE LESA HUMANIDAD
COMETIDOS EN MÉXICO
MIGUEL BADILLO
E
n 2017, la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) emitió 97 reco-
mendaciones por violaciones a los derechos
humanos, de las cuales cinco son por lo que califica
como “violaciones graves”, cuando en el derecho
internacional se les denomina “crímenes de lesa
humanidad”, y que en el caso mexicano permane-
cen impunes.
La prudencia y el miedo para calificar como
“crímenes de lesa humanidad” a esas cinco “vio-
laciones graves” a los derechos humanos es sólo
una muestra de que el máximo órgano de defensa
de los derechos humanos del país mira primero a
Los Pinos para conocer
el ánimo que hay allí,
antes de emitir alguna
recomendación que
pueda incomodar más
al presidente de la Re-
pública. Ese es el nivel
de “independencia” de
la CNDH y de su titular Luis Raúl González Pérez,
exfiscal especial de la Procuraduría General de la
República.
Según su recién publicado Informe de actividades
2017, esas cinco “violaciones graves” tratan de de-
tenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada,
ejecución arbitraria y desaparición masiva de me-
nores de edad, actos todos que entran en la clasi-
ficación de los crímenes de lesa humanidad, pues
según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional, son todo acto tipificado como asesinato,
exterminio, esclavitud, deportación o traslado for-
zoso de población, encarcelación u otra privación
grave de la libertad física en violaciones de normas
fundamentales del derecho internacional, tortura,
violación, esclavitud sexual, persecución de un gru-
po o colectividad con identidad propia fundada en
motivos políticos, racionales, nacionales, étnicos,
culturales, religiosos o de género.
Así,porejemplo,laRecomendación5VG/2017
–emitida el 19 de julio del año pasado– aborda la
detención arbitraria, tortura, desaparición forzada
y ejecución arbitraria de cinco víctimas, ocurridos
el 11 de enero de 2016 en el municipio de Tierra
Blanca, Veracruz.
Según la relatoría, ese día las víctimas viajaban
en un vehículo particu-
lar del Puerto de Ve-
racruz hacia Playa Vi-
cente; sin embargo, al
arribar al municipio de
la Cuenca del Papaloa-
pan, fueron detenidas
por agentes de seguri-
dad pública, aproximadamente a las 12:00 horas,
quienes las entregaron a personas que, de acuerdo
con las actuaciones ministeriales, reconocieron per-
tenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La CNDH acreditó que las víctimas –cuatro
de las cuales aún permanecen desaparecidas– su-
frieron tortura. Los restos de la quinta víctima se
encontraron en el rancho El Limón, ubicado en
Tlalixcoyan, Veracruz.
Para la Comisión, se trata de “violaciones
graves” a los derechos humanos a la legalidad, la
seguridad jurídica y a la libertad personal, por la
detención arbitraria de las víctimas atribuible a per-
La prudencia y el miedo para caliﬁcar
como crímenes de lesa humanidad esas
cinco violaciones graves es muestra de
que la CNDH mira primero a Los Pinos
La prudencia y el miedo para caliﬁcar
que la CNDH mira primero a Los Pinos

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
sonal de seguridad pública; y a la integridad perso-
nal, con motivo de los actos de tortura cometidos
en agravio de las mismas, por parte de policías de
seguridad pública y de diversas personas ligadas al
Cártel Jalisco.
También se comprobó la violación a la libertad
e integridad personal, así como al derecho a la vida
de las víctimas, con motivo de su desaparición for-
zada y posterior ejecución arbitraria. Estos actos,
indica el Informe, son imputables a los narcotrafi-
cantes, quienes contaron con la autorización, apo-
yo o aquiescencia de agentes de seguridad pública.
Otra Recomendación –la 6VG/2017, emitida
el 29 de septiembre– se refiere a la detención ar-
bitraria y desaparición forzada de tres personas, y
la retención ilegal de una
más, en el municipio de
Papantla, Veracruz.
Según la Comisión,
los hechos sucedieron el
19 de marzo de 2016,
cuando dos víctimas fue-
ron detenidas por la po-
licía municipal, al ser en-
contradas a bordo de un
vehículo particular con
reporte de robo y preten-
der darse a la fuga.
Un testigo de esa
detención es la tercera
víctima, pues tras presen-
ciar los hechos también
fue detenido y, como los
otros dos, desaparecido por policías municipales.
La cuarta víctima fue un menor de edad, que
también testificó los hechos, y que el 27 de marzo
de 2016 fue detenido en supuesta flagrancia por
posesión de mariguana y portación de arma de fue-
go de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea.
Según la CNDH, fue entregado a su madre
hasta el 10 de octubre de ese año. Por ello, la Co-
misión determinó que en este caso se violaron gra-
vemente los derechos humanos a la legalidad, a la
seguridad jurídica y a la libertad personal, por la
detención arbitraria de tres víctimas, atribuible a
elementos de la policía municipal; a la libertad e
integridad personal con motivo de la desaparición
forzada de las mismas, imputable a personas que,
de acuerdo con las constancias ministeriales y di-
versas testimoniales, pertenecían al cártel de Los
Zetas, quienes contaron con la autorización, apoyo
o aquiescencia de policías municipales; y a la debi-
da procuración de justicia y a la verdad, por la irre-
gular integración de las carpetas de investigación
iniciadas con motivo de la desaparición forzada de
las víctimas.
Asimismo, se documentó la violación al interés
superior de la niñez y a la libertad, por la retención
ilegal de un menor.
Una tercera recomendación –la 7VG/2017,
emitida el 17 de octubre– corresponde a la ma-
tanza de Nochixtlán, Oaxaca. Según el relato de
la Comisión, los hechos
ocurrieron el 19 de junio
de 2016 en Nochixtlán,
Asunción de San Pablo
Huitzo, Hacienda Blan-
ca y Trinidad de Vigue-
ra, en el contexto de un
operativo conjunto de la
Policía Federal (PF), la
Policía Estatal y la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones de la Fiscalía Ge-
neral oaxaqueña, para
desalojar un bloqueo ca-
rretero.
Ese operativo, como
se sabe, derivó en hechos
violentos entre los ele-
mentos policiales y civiles. Para la CNDH, el ope-
rativo fue programado, diseñado y preparado de
forma indebida, lo que provocó su deficiente coor-
dinación y ejecución, que aunada a una inexistente
cadena de mando propició un uso excesivo de la
fuerza por parte de las corporaciones participantes
a las que se sumaron elementos de la Gendarmería
que acudieron armados.
Siete personas perdieron la vida –cuatro de las
cuales pudieran implicar una ejecución arbitraria–,
453 civiles resultaron con lesiones físicas (45 de ellos
por arma de fuego) o sicológicas, así como 106
elementos policiales (cuatro de los cuales tuvieron
lesiones por arma de fuego); además, 27 personas
fueron detenidas.
123RF

OFICIO DE PAPEL
OPINIÓN
Como respuesta, se realizaron bloqueos vehicu-
lares en las localidades de Huitzo, Hacienda Blanca
y Trinidad de Viguera, lo que motivó que las au-
toridades instrumentaran dos operativos emergen-
tes: uno en Huitzo por la PF y el otro en Hacienda
Blanca y Viguera por elementos de la Policía Es-
tatal, Secretaría de Seguridad Pública y Agencia
Estatal de Investigaciones, por lo que durante más
de 12 horas se registraron enfrentamientos entre ci-
viles y policías.
Al respecto, la CNDH acreditó violaciones gra-
ves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad
jurídica, a la integridad personal, a la legalidad, a la
libertad, al interés superior de la niñez, a una vida
libre de violencia, a la verdad y al acceso a la justi-
cia. Todos los factores que establecen un “crimen
de lesa humanidad”.
Otra de estas recomendaciones es la 8VG/2017
–emitidael18deoctubre–,referentealas“violacio-
nes graves” a los derechos humanos en agravio de
las 49 personas halladas
sin vida en el municipio
de Cadereyta, Nuevo
León.
El caso ocurrió a
mediados de mayo de
2012, cuando fueron
encontrados los cuerpos
de 43 hombres y seis mujeres sobre la carretera li-
bre a Reynosa, Tamaulipas. Otro “crimen de lesa
humanidad”.
La investigación de la Comisión inició el 29 de
mayodeeseaño(quejaCNDH/5/2012/5049/Q),
pero no fue sino hasta 2017 cuando se emitió la re-
comendación.
Según la CNDH, se acreditó que el entonces
gobierno de Nuevo León no instrumentó acciones
eficaces y coordinadas para establecer mecanismos
de seguimiento y análisis a efectos de prevenir la co-
misión de delitos en contra de personas migrantes
dentro del territorio del estado, dando como resul-
tado espacios de abandono e impunidad, lo que
originó hechos como los del homicidio de las 49
personas.
Asimismo, existió violación al derecho humano
de acceso a la justicia en perjuicio de 16 víctimas
directas y de 33 personas cuyos restos no han sido
identificados, así como de los familiares y víctimas
indirectas, ya que los agentes del Ministerio Público
encargados del trámite de las averiguaciones pre-
vias radicadas en la PGR, la Procuraduría General
de Justicia de Nuevo León y la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Tamaulipas, relacionadas con el
homicidio masivo, no actuaron con la debida dili-
gencia y omitieron realizar las acciones pertinentes
para su adecuada indagación o las realizaron de
manera ineficiente.
Además,elpersonaldelaProcuraduríaGeneral
de Justicia de Nuevo León transgredió el derecho a
la procuración de justicia al practicar incorrecta-
mente las necropsias a los 49 cuerpos, además de
no haberse resguardado de forma adecuada el lu-
gar en el que se hallaron los mismos.
La quinta recomendación de este tipo –la
9VG/2017, emitida el 14 de diciembre pasado– se
refiere a las “violaciones graves” a los derechos hu-
manos de menores de edad en Sonora, entre 2009
y 2015.
Para la CNDH este
caso implica el tráfico
de diversos infantes, im-
putable a personal de la
entonces Procuraduría
de la Defensa del Me-
nor y la Familia de esa
entidad federativa.
Las violaciones, refiere, consistieron en las im-
precisiones en los informes proporcionados por el
DIF estatal respecto del destino final de 682 meno-
res de edad, así como de los trámites de adopción
de 110 infantes; la dilación e irregular integración
de las averiguaciones previas iniciadas con motivo
de las conductas delictivas cometidas en agravio de
22 menores de edad, imputable a la entonces Pro-
curaduría General de Justicia del Estado.
Además, la expedición de certificados de na-
cimiento de 17 menores de edad, los cuales con-
tienen datos falsos respecto de la identidad de sus
madres biológicas, atribuible indiciariamente a
personas servidoras públicas del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS); y las omisiones en
las que incurrió personal de la Subprocuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia en el mu-
nicipio de Hermosillo, respecto de un menor de
edad que fue agredido física y verbalmente por su
progenitora.
El tráﬁco de menores en Sonora, que
involucró al DIF estatal, es la quinta gra-
ve violación a los derechos humanos que
generó una recomendación en 2017
El tráﬁco de menores en Sonora, que
generó una recomendación en 2017

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
OPINIÓN
GOBIERNO FEDERAL
EL GRAN ESPÍA
NANCY FLORES
E
n México, hacer una crítica incluso mí-
nima a la administración federal podría
convertirte en blanco de espionaje: con-
versaciones privadas sostenidas por teléfono,
correos y mensajes electrónicos son permanen-
temente vulnerados por la autoridad.
Y es que la violación a la privacidad se co-
mete arbitrariamente en todo tipo de comunica-
ciones (telefónicas, radiotelefónicas y digitales);
así como en correos electrónicos, mensajería de
texto, chats (tanto de correos como de redes so-
ciales, como Facebook y Twitter), conversaciones
establecidas por medio de aplicaciones (Skype,
Whatsapp, BBM, Facetime, Tango, Fring, Tele-
gram), y abarca inclu-
so a aquellas que están
cifradas.
Y es que los agen-
tes del Estado –inclui-
dos militares– utilizan
recursos públicos, pri-
mero, para adquirir la
más avanzada y poderosa tecnología –incluidos
software maliciosos– y, luego, para intervenir to-
das las plataformas en las cuales sus blancos se
comunican.
En este contexto, encriptar las conversaciones
o realizar “navegaciones seguras” en internet no
impide a los funcionarios enterarse de todo lo
que se transmite por esas vías, incluido material
íntimo; pues la tecnología que posee el gobierno
es de tal nivel que rompe con eficacia las medi-
das de seguridad que una persona común puede
tener a la mano.
Más aún, los aparatos electrónicos que coti-
dianamente utilizamos –teléfonos móviles, ta-
bletas, computadoras e incluso televisores– se
vuelven cámaras y micrófonos totalmente dis-
ponibles para la autoridad, abiertos las 24 horas
para dar un seguimiento puntual a todas nues-
tras actividades.
Esa tecnología es capaz de monitorear las
pláticas que se sostienen cara a cara y monito-
rear a las personas en sus ámbitos más privados,
como el hogar. Como lo ha revelado Contralínea,
los elementos del Ejército tienen la capacidad
tecnológica de “ver” y “escuchar” a través de las
paredes, con sus sistemas tácticos de imágenes y
sonidos.
Lo peor es que esos recursos de espionaje
(como la plataforma
Pegasus) les permiten
vigilar a miles de per-
sonas al mismo tiempo.
Y aunque este recurso
altamente invasivo y
violador del derecho a
la privacidad requiere
de la autorización judicial, la realidad es que se
emplea de forma ilegal y masiva.
Las víctimas de estos abusos ni siquiera se dan
cuenta, lo que genera, además, un ancho margen
de impunidad.
Crimen organizado, el pretexto
Por años, el supuesto combate al crimen or-
ganizado ha sido el pretexto esgrimido por el
gobierno para hacerse de estas herramientas al-
tamente invasivas y autoritarias.
Pero el crimen organizado resulta que no es
el principal blanco de los aparatos de espionaje
Los recursos de espionaje, que permi-
ten al gobierno federal vigilar a miles de
personas al mismo tiempo, se emplean
de forma ilegal y masiva
Los recursos de espionaje, que permi-
de forma ilegal y masiva

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
civil y militar, sino que es la sociedad organizada
e incluso la misma clase política y la élite más
poderosa del país.
Quienes en redes sociales hacen críticas a la
administración también reciben atención de los
espías. Ejemplo de estas arbitrariedades son los
casos de defensores de derechos humanos, perio-
distas y activistas, documentados por la Red en
Defensa de los Derechos Digitales y Citizen Lab,
de la canadiense Universidad de Toronto.
Casos que, por cierto, permanecen impunes y
que apenas son botón de muestra de las miles de
personas que son monitoreadas indiscriminada e
ilegalmente.
Espionaje
legal
El gobierno
priísta de Enrique
Peña pasará a la
historia como uno
de los que más re-
currió al espionaje
para “controlar” a
la sociedad, pues-
to que el uso legal
de sus plataformas
de vigilancia no es
realmente su prio-
ridad.
Y hablando de
lo que sí realizan
legalmente, resul-
ta que en 2017 las
autoridades investigadoras presentaron ante los
Juzgados Federales Penales Especializados en Ca-
teos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones
y Juzgados de Distrito Especializados en Medidas
Cautelares y Control de Técnicas de Investigación
1 mil 182 solicitudes de intervenciones de comu-
nicaciones.
El Consejo de la Judicatura Federal agrega
que también se pidieron 622 requerimientos a
concesionarios, algo estrechamente vinculado al
monitoreo de conversaciones privadas; 116 auto-
rizaciones de cateos, 15 de arraigos y seis solicitu-
des de información.
Entidades federativas
también espían
Lamentablemente, el espionaje que se realiza
en México no sólo se ciñe al gobierno federal: las
entidades federativas también lo hacen.
Ejemplo de ello fueron las acusaciones contra
el panista Rafael Moreno Valle, hechas por un
exfuncionario del Centro de Investigación y Segu-
ridad Nacional, presuntamente contratado para
espiar a políticos y luchadores sociales no sólo de
Puebla sino del resto del país.
Y como en el caso federal, los estados tam-
bién echan mano
de la ley para
intervenir con-
versaciones de
supuestos crimi-
nales. Según la Ju-
dicatura, son 179
usuarios de procu-
radurías y fiscalías
generales estata-
les los que están
autorizados para
operar el Portal de
Servicios en Línea
del Poder Judicial
de la Federación,
a través del cual se
piden ese tipo de
autorizaciones.
En 2017, esos
usuarios solici-
taron 3 mil 54
intervenciones de comunicación, 1 mil 716 au-
torizaciones de requerimientos a concesionarios
de telecomunicaciones, 796 solicitudes de in-
formación, 115 cateos, siete arraigos y una in-
movilización de cuentas y/o valores del sistema
financiero.
Esto demuestra que los gobiernos federal y es-
tatales se inclinan cada vez más por el espionaje
en vez de investigar los delitos relacionados con la
delincuencia organizada y las “amenazas” a la se-
guridad nacional. Y lo más grave es que a quienes
espían no es a los delincuentes, sino a la sociedad
civil.
123RF

ZONA CERO
OPINIÓN
P
or mucho tiempo los michoacanos recor-
darán al gobierno de Silvano Aureoles Co-
nejo. Pocos ejemplos habrá para compa-
rarlo con otros mandatarios, incluso de otras en-
tidades de la República. Apenas a la mitad de su
periodo, ya es legendaria su aversión –que raya
en enfermedad– al sector educativo y su procli-
vidad a reprimir cualquier protesta de estudian-
tes, normalistas y profesores (principalmente,
aunque tampoco se hace mucho del rogar para
mandar golpear a médicos, campesinos y otros
movimientos sociales).
En su lógica elemental, considera que sólo hace
su trabajo. Es decir, cumple la encomienda de quie-
nes lo encumbraron en
el máximo cargo públi-
co del estado. Trasna-
cionales, oligarcas loca-
les y gobierno federal le
entregaron el gobierno
a cambio de “apaci-
guar” a un estado con
una sociedad vibrante, con pueblos indígenas fuer-
tes, maestros comprometidos con sus comunidades
y con pueblos enteros que se defiende de la violen-
cia criminal y oficial.
Las movilizaciones de maestros en Michoacán
obedecen a que el gobierno del estado ha estado
reteniendo los salarios de los trabajadores como
medida represiva contra quienes luchan contra la
imposición de la llamada “reforma educativa”.
Luego de gestionar el pago de los salarios y de
buscar infructuosamente el diálogo con el gobierno
estatal, los integrantes del magisterio democrático
iniciaron una semana de movilizaciones.
El saldo es de decenas de maestros detenidos –
siempre con una violencia injustificada– y un nú-
mero indeterminado de heridos. El lunes 22, por
la mañana, fueron detenidos 28 personas en la ciu-
dad capital de Morelia. El martes, fueron apresados
otros nueve en la misma ciudad. Para el miércoles,
al mediodía, se registraron otras cuatro aprehen-
siones en la capital, cuatro en Maravatío, una en
Puriandiro y tres en Zitácuaro.
El jueves –al momento en que se redactan estas
líneas– se ha saldado con otros cinco detenidos en
Morelia, cuatro en Pátzcuaro y tres hospitalizados
en el Puerto Lázaro Cárdenas.
La indignación de organizaciones sociales de
todo el país y de otras
latitudes provocó que
fueran liberadas las 28
personas que habían
sido detenidas el lunes.
La retención de sa-
larios no es, ni de lejos,
la única demanda de
los maestros. Probablemente, incluso, no sea la de
mayor peso. El desastre en materia educativa en
que ha sumido a Michoacán el gobernador Silvano
Aureoles tiene varias aristas. Suman 27 las deman-
das planteadas por el magisterio al gobernador. El
desdén de Aureoles ya provocó una crisis que, a pe-
sar de la voluntad de los maestros por resolverla, no
acabará fácilmente.
La mesa de negociación entre los profesores y
el gobierno del estado se reunió por última vez el
pasado 11 de septiembre. Por la Comisión Nego-
ciadora de la Sección 18, acudieron la Secretaría
General más un coordinador de cada región de la
ZÓSIMO CAMACHO
EL PERREDISTA SILVANO
AUREOLES EN EL ESPEJO
DE DÍAZ ORDAZ
Eldesastreenmateriaeducativaenque
ha sumido a Michoacán el gobernador
Aureoles tiene varias aristas: suman 27 las
demandas planteadas por el magisterio
Eldesastreenmateriaeducativaenque
demandas planteadas por el magisterio

ZONA CERO OPINIÓN
vivienda; pagar la deuda que el gobierno del esta-
do tiene con los maestros jubilados…
Muchas de estas demandas ya habían sido
aceptadas por el gobierno de Silvano Aureoles y
acordadas las soluciones por ambas partes. Como
en otras ocasiones, el gobernador creyó que podía
incumplir y humillar a los michoacanos.
Como siempre, la mayoría de los medios de la
entidad se han dedicado a criminalizar la protesta,
a ocultar las demandas y las razones de los activistas
y a justificar las medidas del señor gobernador. Pero
ya no es tan fácil esconder a un gobierno represor.
La indignación ha provocado exhortos al gobierno
mexicano y al de Michoacán desde Argentina, Co-
lombia, España, Estados Unidos, Suiza, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Palestina, Guatemala y las 32 en-
tidades de la República Mexicana.
Como decíamos, Silvano cree que sólo está ha-
ciendo lo que le asignaron sus patrones. Y piensa
que por ello lo van a premiar. Erra por completo.
Su incapacidad política y su violencia tienen al esta-
do a un paso del estallido social. Y eso ya ha puesto
nerviosos a quienes lo mandan.
entidad. La parte gubernamental estuvo encabe-
zada por el propio gobernador, Aureoles Conejo;
el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís; el
secretario de Gobierno, Adrián López Solís, y el se-
cretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza.
Entre las demandas, además de reactivar el
pago de salarios, destacan los casos de 17 bajas
irregulares ejercidas contra profesores; los casos
de 857 maestros que habían sido dados de baja
“momentáneamente”; el pago a 213 eventuales;
la actualización de los pagos a 509 maestros; la
certificación de 35 mil maestros; la impresión de
libros de texto para los alumnos; la descompac-
tación de 240 claves; el pago de cuatro bonos
pendientes para todos los maestros; reanudar el
proceso de contratación de las generaciones 2015,
2016 y 2017; la dotación de 25 vehículos para el
trabajo docente; la atención médica en hospitales
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado o del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social; completar el pago de se-
guro de gastos médicos para los maestros; resolver
el problema de cobros indebidos por créditos para
MOISÉS
PABLO/CUARTOSCURO

CONTRAPODER
14 29 enero de 2018
OPINIÓN
E
l actual presidente de la Suprema Corte
(¿de Justicia de la Nación?), Luis María
Aguilar, y sus 10 ministros han destituido
a dos o tres, o quizá cuatro funcionarios meno-
res por no haber acatado resoluciones de ampa-
ro dictadas por ellos. Y con todo y su toga y sus
uniformes de solemnidad, se han parado el cuello
para hacernos saber muy jubilosos que están ejer-
ciendo al pie de la letra sus facultades como poder
autónomo; y que interpretan constitucionalmente
las leyes al imponer esas sanciones tras, pues, la
falta de cumplimiento
en tiempo y forma, de
sus sentencias. El últi-
mo caso del que hemos
tenido noticia es la des-
titución del titular de la
delegación política de
Venustiano Carranza
en la Ciudad de México; además de que amenazó
a varios otros delegados, los cuales evitaron su des-
titución cumpliendo a última hora las sentencias
pendientes. Como comentario al margen se debe
recordar que no pocos de estos delegados reciben
recomendaciones de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, que no atienden de manera
pronta y expedita, y tampoco reciben sanciones.
Tenemos por otra parte, un asunto donde
Peña Nieto no ha cumplido con una resolución de
esa Corte; resolución que además tiene un Punto
de Acuerdo Urgente del 13 de diciembre de 2017,
aprobado por el Congreso de la Unión. Y que fue
presentado a esa soberanía por el diputado fede-
ral Jesús Espino Barrientos, con fundamento en el
Reglamento para el Gobierno interior del Con-
greso General. En ese Punto único se establece la
exigencia de que Peña Nieto, como jefe de gobier-
no federal, cumpla con la resolución dictada por
la Suprema Corte para suspender el robo del agua
al Valle del Yaqui, el cual viene llevándose a cabo
impunemente desde 2012.
De los ocho amparos contra semejante robo or-
denado por el ahora encarcelado Guillermo Padrés
Elías cuando fue desgo-
bernador de Sonora, en
el amparado número:
631/2012, la Suprema
Corte ordena a Peña
Nieto que su secretario
del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Se-
marnat), llevase a cabo el proceso de consulta a la
Tribu Yaqui, dejar insubsistente lo relativo a la MIA
y en caso de advertir que la obra causara daños
irreparables a las comunidades, se suspendiera in-
mediatamente la operación de bombeo; por lo que
las autoridades estatales y federales solicitaron a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
aclaración a la conclusión emitida.
“Durante el proceso de consulta, la Semarnat
solicitó la opinión del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, que emitió un dictamen en
el que concluye que ‘el acueducto Independencia
causa daños irreparables a las comunidades de la
¿POR QUÉ LA CORTE
NO DESTITUYE A PEÑA
QUE NO CUMPLE UNA
RESOLUCIÓN?
ÁLVARO CEPEDA NERI
Peña Nieto también ha incumplido con
una resolución de la Corte: la suspención
del robo del agua al Valle del Yaqui, que
ocurre impunemente desde 2012
Peña Nieto también ha incumplido con
ocurre impunemente desde 2012

CONTRAPODER OPINIÓN
Tribu Yaqui’. Y con dicho estudio, la Semarnat
debió atender inmediatamente lo ordenado por la
Primera Sala de la SCJN: ‘suspender la operación
de bombeo’…”, para devolver a la Tribu Yaqui, al
municipio de Cajeme y otras poblaciones, el agua
que ilegalmente les han estado sustrayendo. Y que
ha ocasionado muy serios daños a los habitantes
del sur de la entidad; los cuales se resumen en da-
ños a la población que ha racionado su consumo
de agua potable, daños a la agricultura y daños a
la ganadería. Y que impunemente 5 años después,
Peña Nieto no ha cumplido con la resolución.
“En mayo de 2012, el ejido Lázaro Cárdenas
obtuvo la suspensión de plano, la cual fue confir-
mada por un tribunal colegiado en 2015, por lo
que se ordenó a la Comisión Nacional del Agua
suspender el bombeo, sin atender a la resolución
aludiendo que atenderían sólo “decisiones defini-
tivas”.
Incluso, el mismo “señor presidente” se pre-
sentó en 2015 en Sonora y le presentaron los ocho
amparos y el respectivo que lo obliga a cumplir
la resolución de ya no enviar agua del Río Yaqui.
Y de viva voz, conforme a su facultad de emitir
órdenes, “ordenó” a su Consejero Jurídico que
atendiera la petición. Y hasta la fecha no hay nin-
gún cumplimiento a esa resolución de la Corte. La
cual, como órgano colegiado ya debía haber rati-
ficado su sentencia. Y en un Estado de Derecho,
Peña Nieto debía haber sido destituido del cargo
por desobedecer una resolución judicial del más
alto tribunal.
¿Por qué que la Corte no ha procedido en este
caso conforme a sus facultades, y en las mismas
circunstancias que lo hizo con personajes de poca
monta? ¿Por qué Peña no ha ordenado que se dé
cumplimiento a las resoluciones de la Suprema
Corte? Hay un gravísimo desacato e incumpli-
miento constitucional por parte de Peña Nieto,
porque sus empleados: Semarnat, Profepa, Cona-
gua y Consejería Jurídica han dejado de ejecutar
lo ordenado por la Suprema Corte, y ésta a su vez
no cumple con su obligación de destituir de sus
cargos a esos funcionarios así como al mismo Pre-
sidente de la República, que se han burlado del
Poder Judicial de la Federación.
GALO
CAÑAS
/CUARTOSCRO

ARTÍCULO
OPINIÓN
E
l término “seguridad” procede del latín
securitas, que literalmente significaría sin
problemas. Sin embargo, no conozco algo
que pueda garantizar esta promesa pues jamás
ha existido una época histórica en que los proble-
mas no se hayan producido. Por el contrario, en
un sentido actual del término, “seguridad” es una
manera de enfrentar los problemas, no de escon-
derlos en aras de la mal llamada tranquilidad pú-
blica (que es la ignorancia de lo que nos afecta). La
promesa original del Estado de garantizar la segu-
ridad debe entenderse como la capacidad de las
instituciones de ser garante del derecho a la vida,
la integridad moral y patrimonial y el derecho ple-
no a una vida cotidiana que le permita acceder a
cumplir con sus aspira-
ciones legítimas, donde
mi libertad sólo tiene
el limite del respeto del
otro y la conciencia de
la responsabilidad por
lo que hemos construi-
do.
En este sentido, la idea de la seguridad com-
prende varios niveles: para el individuo corres-
ponde el ámbito de la seguridad humana estable-
cida a través de los derechos humanos no como
concesión, sino como una garantía que tengo y
reconozco no sólo en sí, sino para mí junto con
los demás. Por ello son inalienables, imprescrip-
tibles y universales. Pero hay que reconocer que
al violentarlos los estamos negando y, por tanto,
la afectación no sólo es para la víctima, sino para
toda la sociedad (incluyendo al infractor).
En un segundo sentido, está la esfera de la “se-
guridad pública” donde se establece la relación
entre la ciudadanía y las instancias inmediatas de
la seguridad, entendidas como fuerza capaz de
garantizar los derechos; prevenir el delito; investi-
gar para que el Poder Judicial tipifique de acuerdo
con el derecho y determine la procedencia o no
de la causa; intervenir en caso de flagrancia; pro-
porcionar apoyo a la víctima y fincar las bases de
confianza ciudadana en la ley y las instituciones.
Pero dado su carácter público no puede entender-
se como esfera exclusiva del Estado o como com-
petencia sólo del aparato policiaco, sino como es-
pacio común de lo social. Por lo que hoy más que
nunca se reclama la necesidad de generar las bases
para establecer la fiscalización ciudadana de estos
aparatos, hasta ahora corruptos e impunes en su
actuación sin freno.
El tercer nivel es la
“seguridad interna”.
Por supuesto no me
estoy refiriendo a la
ley que acaba de apro-
bar un Congreso de la
Unión (servil al Ejecu-
tivo y al interés de Estados Unidos, donde se le-
galiza la actuación ilegal de las Fuerzas Armadas
para intervenir en asuntos de seguridad pública y
que lo único que hace es darle base “legal” a la
forma ilegal con la que han venido operando sin
que hasta la fecha se haya logrado disminuir el po-
tencial del crimen organizado).
La seguridad interna es el ámbito de las insti-
tuciones en que se sustenta el estado de derecho,
el cual se apoya para su ejercicio en cuatro instan-
cias: la prevención no sólo del delito sino de de
todos aquellos factores que afectan a la sociedad,
como es el caso, entre otros, de la salud pública, o
GUILLERMO JR GARDUÑO VALERO, DOCTOR EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD NA-
CIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOY ESPECIALISTA EN AMÉRICA LATINA POR LA UNIVERSIDAD
DE PITTSBURGH; EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONALY FUERZAS ARMADAS
LA SEGURIDAD
Y EL ESTADO MEXICANO
Lasinstanciasdeseguridadpúblicatie-
nen que garantizar los derechos, prevenir
el delito e investigar los ilícitos, para que
el Poder Judicial los tipifique y castigue
Lasinstanciasdeseguridadpúblicatie-
el Poder Judicial los tipifique y castigue

ARTÍCULO OPINIÓN
de las acciones tendientes a evitar que los proble-
mas se vuelvan irresolubles. Debe tener también
un carácter prospectivo en la medida en que pro-
yectan desde el presente los recursos y esfuerzos
necesarios para aproximarse hacia un futuro de-
seable y posible para la sociedad. A su vez, la segu-
ridad interna debe poseer información verificable,
confiable, pertinente y oportuna para anticipar las
demandas sociales; proveer con oportunidad los
recursos; aportar junto con la población las vías de
resolución de los problemas y valorar las acciones
para establecer medidas correctivas en su caso. En
otro sentido, la seguridad interna tiene que ser el
sustento de la fuerza de actuación de las institu-
ciones y, por lo tanto, debe disponer de servidores
públicos capaces y competentes bajo los principios
de una nueva gestión pública y de una moral cívi-
ca que aporte los valores de actuación.
El cuarto nivel es el de la “seguridad nacional”,
que se soporta en cuatro pilares: el de la legitimi-
dad, fuente del poder de la sociedad que otorga
autoridad y debida representación a quienes
han de defender el interés nacional e impulsar
la voluntad nacional. Sobre este principio es po-
sible edificar la legalidad donde la norma deriva
de comportamientos reales orientados en torno
a fines que la sociedad reclama y está dispuesta
a construir. Sobre estos componentes tiene que
edificarse la gobernabilidad como capacidad de
gestión y los tres componentes anteriores serían
los antecedentes necesarios para establecer la go-
bernanza como dirección y sentido asertivos y co-
rrectivos en su caso de las acciones que reclama la
realización del proyecto nacional.
He expuesto una visión de la teoría de la se-
guridad para decirlo de una vez por todas lo que
no es y de lo que a nombre de este término ha
terminado por generar las leyes de
seguridad pública, seguridad inter-
na y seguridad nacional. Tales leyes
carecen en lo más mínimo de este
contenido. Lo menos que podemos
decir es que están hechas por ver-
daderos ignorantes que siguen en el
viejo esquema donde a para ellos,
como lo fue en la Guerra Fría, por
seguridad nacional siguen impo-
niendo el esquema autoritario de la
década de 1970, que es la defensa
del régimen en turno, del presidente
de la República, de la clase política
en el poder y de la partidocracia
en turno. Por seguridad interna la
creencia de que las fuerzas arma-
das son el bastión de defensa de un
Estado decadente, ignorando que
cuando un Estado se debilita, las
Fuerzas Armadas terminan acom-
pañándolo en su caída. Finalmente
la seguridad pública no es el ámbito
patrimonial de una hermandad de comandan-
tes al servicio de un Estado policiaco, inquisitivo,
autoritario y corrupto que criminaliza la protesta
ciudadana legitima,
Por desgracia, en estos días hemos vuelto a
ratificar que no tenemos representación popu-
lar, sino un grupo de levanta dedos con pago por
comportamiento servil. Que no contamos con
un canciller y un secretario de Gobernación que
operen en derredor del interés nacional y en de-
fensa de la soberanía, sino –por el contrario– han
aceptado la consigna y de un Poder Judicial que
merezca llamarse así por luchar por la justicia.
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
E
ste 30 de enero se cumplen 5 años de la
inverosímil sentencia con que los ministros
integrantes de la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación revocaron el
amparo concedido a favor del Sindicato Mexica-
no de Electricistas (SME), por los magistrado del
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Ma-
teria Laboral, el 13 de septiembre de 2012, que
ordenaba al gobierno de Felipe Calderón asumir
su obligación como patrón sustituto, a través de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para
devolver su empleo a 16 mil 599 trabajadores en
resistencia.
El perverso fallo emitido el 30 de enero de
2013 quedó registrado en los anales de la jurispru-
dencia como una de las peores bajezas cometidas
en el seno del máximo tribunal, y demostró que en
nuestro país el respeto al marco constitucional y al
estado de derecho no existen; siendo una irreali-
dad la autonomía de un Poder Judicial supeditado
a los designios del Ejecutivo.
Hasta la fecha, no hay un solo jurista que, en
su sano juicio, se atreva a meter las manos al fuego
en la argumentación presentada por los ministros
Sergio Valls, Fernando Franco, Luis María Agui-
lar, Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez, para
justificar tal desaseo jurídico. Debemos recordar
que estos personajes tuvieron la desfachatez de
asegurar que “los organismos descentralizados no
forman parte del Poder Ejecutivo”, razón por la
cual al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, el ex-
presidente Calderón no era responsable, median-
te la Comisión Federal, de asumirse como patrón
sustituto, según el torcido criterio de los integran-
tes de la Segunda Sala.
Refresquemos la memoria a la opinión pública
del atropello cometido entonces por quienes ju-
ramentaron hacer cumplir la Constitución, pues
entre otras tantas aberraciones aseguraron que no
existía una subordinación entre las paraestatales
y el presidente, y aún cuando la propia Consti-
tución en su Artículo 90 marca las funciones del
Ejecutivo, los integrantes de la Tremenda Corte esta-
blecieron que esto “no implica que las entidades
paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo
Federal, toda vez que dichas entidades no tienen
por objeto el despacho de los negocios del orden
administrativo relacionado con las atribuciones
del Ejecutivo federal”.
Por mera curiosidad cabe preguntar a los res-
ponsables de este latrocinio jurídico quién desig-
na a los directores de Petróleos Mexicanos y de la
CFE. ¿No es acaso el presidente de la República?
¿Desde cuándo los titulares de las paraestatales
–hoy empresas productivas del Estado– se nom-
bran y mandan solos?
La lista de atropellos cometidos por los inte-
grantes de la Corte a los intereses del pueblo de
México y de la clase trabajadora son numerosos
y gran parte de los problemas económicos que
actualmente aquejan a millones de mexicanos re-
caen en la complicidad de los ministros a favor de
una política neoliberal que ha favorecido al gran
capital nacional y extranjero, olvidando el sentido
estricto de la aplicación de la justicia a favor de las
mayorías.
Los efectos devastadores de las reformas la-
boral y energética pudieron evitarse, o al menos
aminorarse, si los miembros de la Suprema Cor-
te hubieran valorado los 3 millones de amparos
LA INJUSTA
Y COSTOSA TREMENDA CORTE
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
que se presentaron para frenar a la primera y los
5 millones de firmas para someter a una consulta
nacional a la segunda.
No está de más recordar que los altos magis-
trados no pueden ser los garantes de la puntual
aplicación de las leyes que emanan de nuestra
Constitución porque sus cargos son propuestos
y apoyados desde los mecanismos del poder pú-
blico. Mientras sea el presidente de la República
quien designe a los aspirantes a la Corte para ser
ratificados –en mero trámite– por el Senado, la
autonomía de este órgano de justicia existirá sólo
en la teoría.
Los 11 ministros han terminado coptados por
toda una serie de privilegios que los hace estar en
deuda con la clase política que los ha colocado en
su exclusiva zona de confort, desde la cual se au-
toasignan lo que les viene en gana para su benefi-
cio personal. Por ejemplo, a pesar de que la refor-
ma constitucional de 2009 estableció que ningún
servidor público debe ganar más que el presidente
de la República, los encargados de hacer cumplir
la ley han hecho caso omiso de la misma y cobran
sueldos mensuales promedio de 350 mil pesos.
En diciembre pasado, por concepto de agui-
naldos, prima vacacional de fin de año y bono de
riesgo cada ministro se llevó alrededor de 1 millón
de pesos para redondear sus ingresos anuales en
6 millones 700 mil pesos, en promedio. Ni en 100
años un obrero de salario mínimo podría ganar tal
cantidad. Eso sí, como una más de sus canonjías,
los miembros de la Corte se aseguran de ribete un
retiro digno: su pensión mensual asciende a 258
mil pesos al mes.
El pueblo de México está pagando caro por te-
ner un alto tribunal que no defiende sus intereses.
Citemos otra de las tantas anomalías cometidas
contra los ciudadanos y, en particular, a los usua-
rios de la energía eléctrica a quienes los ministros
les negaron el derecho a ampararse por
los altos y arbitrarios cobros de la CFE,
al ponerles como condición “primero
pagar” para tramitar un amparo.
Pero no conformes con no aplicar la
ley en la defensa de los que menos tie-
nen, algunos exmiembros de la Corte
que en su momento fueron tapaderas y
cómplices de las pillerías cometidas por
el expresidente Felipe Calderón ahora
son “candidateados” para formar parte
de probables gabinetes en caso de que
partidos como Movimiento de Regene-
ración Nacional ganen la elección pre-
sidencial.
Tal es el caso de la exministra Olga
Sánchez Cordero, aspirante a secreta-
ria de Gobernación; misma que al igual
que sus excompañeros ignoró los recla-
mos de la ciudadanía y se negó a hacer
justicia a los trabajadores.
En este año electoral en que muchos
personajes como Sánchez Cordero ya se frotan las
manos buscando recuperar y acrecentar sus ca-
nonjías, es necesario hacer un recuento de su paso
por el máximo tribunal del país, para demostrar
que no le asiste calidad moral alguna para pedir el
voto de aquellos a quienes afectaron con sus ma-
nipuladas y tendenciosas decisiones.
De cara a los comicios, los electores deben
preguntarse si vale la pena otorgar su sufragio por
esos senadores y sus partidos que siguen avalando
que 11 selectos y exquisitos ministros vivan como
reyes contribuyendo con sus fallos a acrecentar la
pobreza y desigualdad del país.
CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
S
e ha escrito a favor y en contra sobre la parti-
cipación de María de Jesús Patricio Martínez,
conocida como Marichuy, en la elección de
Presidente de la República en este 2018; al menos
en su primera etapa, pues aun debe obtener el nú-
mero de firmas impuesto por el Instituto Nacional
Electoral (INE) a los que desean postularse como
candidatos “independientes”. La elección de Mari-
chuy es una decisión del Congreso Nacional Indíge-
na (CNI) –al menos con la asesoría del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN)–. Está claro
que Marichuy no tiene
posibilidad de ganar la
elección presidencial. El
1 de enero de este año el
subcomandante Moisés
dijo: “Organicémonos
para que pueda dar su
gira en el país la compa-
ñera Marichuy y su Con-
cejo Indígena de Gobierno, aunque no alcance las
firmas para candidata. Porque la firma no es la que
lucha, no es la que nos va a organizar, somos noso-
tras y nosotros las que tenemos que escucharnos,
conocernos y de ahí, al sentirnos como estamos,
ahí puede partir nuestro pensamiento de cómo or-
ganizarnos más mejor y qué camino seguir”. En-
tonces no importan las firmas, ni la participación
en la elección; sino la organización desde abajo y
hacer visible la problemática indígena, y ésta, es in-
negable que existe desde hace siglos, y que ningún
gobierno ha procurado resolverla.
Si no les importa la elección. Si no les interesa
la Presidencia de la República, entonces sus intere-
ses están muy alejados de los que pensamos que la
vía electoral puede ser, aún con la alta posibilidad
de un fraude a favor del candidato del PRI o el de
la alianza PAN-PRD, la única manera de cambiar
un poco el desgraciado rumbo político y social de
México; para una transición paulatina hacia un país
justo, en el que se procure la ley y se imparta justicia
a todos los sectores sociales, por supuesto, incluido
el indígena. Quien puede abanderar este cambio es
AndrésManuelLópezObradoryelMovimientode
Regeneración Nacional
(Morena), a pesar de las
alianzas que el partido
ha hecho, algunas muy
desafortunadas, de gru-
po político y con ciertos
personajes. Lo que, sin
duda, es una estrategia
para sumar a más secto-
res sociales con la intensión de avasallar en las urnas,
única manera de hacer frente al fraude que se nos
querrá imponer desde el gobierno federal.
En columnas de opinión y en opiniones perso-
nales se dice que los que pensamos que la izquierda
es la opción para renovar al país, tenemos la obli-
gación cuando menos moral, de apoyar a Marichuy
para que logre juntar las firmas y aparecer en la
boleta electoral. Aquí cabe aclarar que los zapa-
tistas, los indígenas que integran el CNI y los que
coincidan con su propuesta tienen todo el derecho
de participar en el proceso electoral. La candidatu-
ra indígena, sería sin duda un alivio en las próximas
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
¿DÓNDE QUEDÓ EL MUNDO
DONDE QUEPAN TODOS
LOS MUNDOS?
México debe transitar paulatinamente
hacia un país justo, en el que se procu-
re la ley y se imparta justicia a todos los
sectores sociales, incluido el indígena
México debe transitar paulatinamente
sectores sociales, incluido el indígena

ARTÍCULO OPINIÓN
elecciones si el EZLN y su apuesta política o “an-
ti-política” representaran a más sectores, y tuvieran
cuando menos el mismo apoyo que hace algunos
años. Desafortunadamente Marichuy no es tan po-
pular como los zapatistas esperaban, y al parecer
el sector menos interesado en apoyarla es gran
parte de la izquierda militante y muchos posibles
votantes que piensan que la mejor alternativa, la
única que tenemos ahora, es Morena. Partido con
muchos defectos, pero que es una opción real de
cambio, aunque mínimo, que se queda sola ante el
puritanismo ideológico de izquierda que enarbola
el EZLN –que es lo que ha minimizado la populari-
dad zapatista–, que no es malo, es creo de lo mejor
que pudiera haber en la boleta electoral, ahora que
han aceptado jugar a la política. Pero la apuesta
a Marichuy en los momentos de
crisis humanitaria que vivimos
los mexicanos, por la violencia,
la corrupción, la pobreza, y un
etcétera de agravios más, no re-
presenta una solución en lo in-
mediato, ni a mediano y, tal vez,
ni a largo plazo. La estrategia
zapatista de participar en la po-
lítica de acuerdo con los tiempos
e intereses de una minoría no nos
representa a la mayoría. Aunque
ellos esgriman que sus intereses
son los de todos, pues ellos han
dicho buscar “un mundo donde
quepan muchos mundos, donde
quepan todos los mundos”.
Ese mundo zapatista se ha vuelto utópico desde
que la dirigencia del EZLN, principalmente su lí-
der histórico, el subcomandante Marcos, ha atacado
a la izquierda política mexicana, la que se ha ido
transformando, desdibujando y rehaciendo desde
el alzamiento zapatista en 1994. Ese mundo es utó-
pico desde que Marcos descalificó a López Obrador
y por consecuencia también a los militantes del
anterior PRD y de Morena, así como a millones
de simpatizantes a las candidaturas presidencia-
les de Obrador. Lo que ha disminuido el apoyo a
los zapatistas de un amplio sector de la población,
que era el que tenía más afinidad ideológica con el
zapatismo, o al menos el que le incomodaba más
la adversa situación de los indígenas. ¿Se habrán
preguntado aquellos que hablan de obligaciones
morales de apoyar a los zapatistas, si los zapatistas
tienen una obligación de cualquier tipo para con
los mexicanos que apostarán por la izquierda par-
tidista en el siguiente proceso electoral? ¿Se lo ha-
brán preguntado los zapatistas?
Cuando los sectores vulnerables y más dañados
por la crisis humanitaria que nos azota ya no son
sólo los indígenas –aunque éstos siguen al final de
la fila–, cuando mueren asesinados todos los días
decenas de mexicanos, cuando es cotidiana una
violencia que se ha generalizado sobre casi toda la
población, cuando este país es un desastre que ha
hermanado no sólo los pensamientos sino los sufri-
mientos de millones de mexicanos indígenas o no;
¿en estos aciagos tiempos no tienen los zapatistas
la obligación moral de apoyarnos a los mexicanos
que tenemos clara nuestra apuesta política, la que
parece ser la única viable? Más allá de que la de
ellos, los zapatistas, sea la mejor, pero desgraciada-
mente la menos viable por la realidad nacional. La
responsabilidad del Concejo Indígena de Gobierno
(CIG), del CNI y del EZLN será en 2018 histórica
para bien o para mal del país. Con candidatura in-
dígena o no, la realidad es que dependiendo de su
actuar el EZLN se acercará o se alejará aun más del
resto de la sociedad mexicana que, les guste o no, es
mayoritaria; y está sufriendo agravios que pueden
no tener comparación con lo que han sufrido los
indígenas, pero aquí no debe haber un antes y un
después. Sólo hay un ahora. ¿O es qué acaso nues-
tro mundo no cabe en ese mundo zapatista?
CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
C
aracas, Venezuela. Casi al concluir el pri-
mer mes de 2018, en un movimiento que
sorprendió a algunos, la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) decidió como poder
soberano de los venezolanos, convocar las elec-
ciones presidenciales para el primer cuatrimestre
del año.
Hasta ahora existía poca claridad sobre el
tema electoral en Venezuela, algo no atribuible al
gobierno, ya que sin cortapisas había anunciado
que los comicios presidenciales correspondían en
2018 e iban a celebrarse. Ese no era el problema
que se comentaba en círculos políticos y en secto-
res de la población venezolana. El cuándo se re-
tornaría a las urnas creaba expectativas, a las que
el 23 de enero respondió la ANC con su decisión.
Eran muchos los que se preguntaban si ha-
bría un adelanto de los comicios, se hablaba en
corillos de febrero, marzo, incluso de abril como
fechas probables pero de la respuesta se encargó
la asamblea del pueblo con su acuerdo.
La propuesta fue hecha por el constituyente
Diosdado Cabello ante el órgano plenipotencia-
rio con base en la defensa de la paz, soberanía e
independencia, valores afianzados en los recien-
tes comicios municipales, regionales y de consti-
tuyentes, según destacó.
Recientemente, el también primer vicepresi-
dente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) manifestó que “a estas alturas aún no sa-
bemos si los opositores van a ir a las presidencia-
les”, algo que agrega nuevas interrogantes. “Ellos
(oposición) pidieron elecciones, entonces cuando
se convocan no participan. Este año hay presi-
denciales, vamos a ver con qué cuento salen”, in-
dicó en rueda de prensa el 22 de enero en la sede
del partido, en el parque Hugo Chávez ubicado
en La Rinconada, Caracas.
El adelanto de los comicios tiene variadas
interpretaciones, pues unas elecciones necesitan
preparación, logística y muchos esfuerzos orga-
nizativos. Es todo un reto que a la vez muestra
la valentía de los seguidores del chavismo, pues
la vuelta a las urnas servirá para medir el apoyo
popular. En esto del adelanto influye la situación
dentro de los sectores opositores, donde varios
son los aspirantes, incluso figuras que aparente-
mente nada tienen que hacer en la política como
el magnate Lorenzo Mendoza, quien según un
sondeo de Hinterlaces, tendría más apoyo en las
filas opositoras que los representantes de esa ten-
dencia. En una reciente pesquisa 33 por ciento de
la militancia opositora se inclinó por su candida-
tura, por encima de Henry Falcón (18 por ciento),
María Corina Machado, al parecer la abandera-
da de sectores proclives al presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos (11 por ciento), Henry
Ramos Allup (6 por ciento) y Juan Pablo Guanipa
(3 por ciento), entre otros.
Como muestra de la fragmentación de las
fuerzas que adversan al gobierno, 28 por ciento
del sector opositor consultado no votaría por los
nombres antes mencionados. Ese muestreo indicó,
además, sobre un posible escenario de adelanto de
los comicios presidenciales para febrero y marzo
de este año: el 72 por ciento de los venezolanos
consultados estarían de acuerdo, 26 por ciento en
desacuerdo y el 2 por ciento no contestó.
No obstante, pudiera preguntarse si en tan
poco plazo los candidatos pueden preparar y de-
LUIS BEATÓN/PRENSA LATINA
VENEZUELA Y LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES
DE ESTE AÑO

ARTÍCULO OPINIÓN
sarrollar sus campañas, algo que lleva tiempo, y
por supuesto recursos, y si las autoridades elec-
torales tendrán la capacidad logística y del crono
para preparar la vuelta a las urnas pese a su com-
probada experiencia en cerca de 23 elecciones en
los últimos años.
En su programa televisivo más reciente, el
domingo 21 de enero, el periodista José Vicente
Rangel reveló que se consultó a los encuestados
sobre el candidato de su preferencia en las pri-
marias de las diversas facciones opositoras, en la
que destaca la división y no sobresale ningún as-
pirante de los partidos tradicionales de la derecha
venezolana.
Por otra parte, entre las fuerzas revoluciona-
rias de Venezuela, aglutinadas bajo la bandera
del Gran Polo Patriótico, al parecer hay un acuer-
do para mantener la unidad y defender la opción
de un candidato único rumbo a los comicios pre-
sidenciales de 2018. Hasta hace pocos días los
principales voceros de
la izquierda venezola-
na basaban sus apues-
tas en el actual manda-
tario, Nicolás Maduro,
al parecer la figura que
encarna para ellos el
ideal bolivariano que
esgrimió el comandante Hugo Chávez durante la
fundación de su movimiento y posteriores años
en el gobierno.
El 23 de enero Maduro recibió un espaldara-
zo de los simpatizantes del chavismo y miembros
del PSUV que lo ungieron como el candidato
de su preferencia durante un acto para celebrar
el Día de la Democracia. Sin embargo, en días
recientes el exembajador en Naciones Unidas y
hombre fuerte durante los gobiernos de Chávez
en la industria petrolera, Rafael Ramírez, de-
mandó elecciones primarias dentro de las filas
revolucionarias y pidió garantías para presentar
su candidatura.
El exministro de Petróleo solicitó detener las
acusaciones en su contra por presunta corrupción
y garantías para regresar al país a fin de luchar en
unas primarias con garantías y lanzar su reto como
precandidato chavista, un asunto que deben resol-
ver los venezolanos sin interferencias externas. “Si
yo vuelvo al país, reto a Maduro a unas primarias
libres, con garantías, para definir quién hará frente
al candidato de la derecha, quién será el candidato
del chavismo”, señaló Ramírez en un artículo do-
minical en el portal venezolano Aporrea.
El exembajador está acusado de corrupción
durante su etapa en la estatal Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), algo que debe probarse pero denun-
cias de la Fiscalía General indican que durante ese
período una oficina en Europa provocó pérdidas
al país por más de 4 mil millones de dólares.
“Si el presidente Maduro me ofrece las ga-
rantías necesarias, entonces volveré al país para
recorrer el camino de Chávez, para hablar con
el partido, con los dirigentes, para hablar sin ser
censurado”, sostiene en su demanda.
Por lo pronto, el caso Ramírez es ahora usa-
do por medios occidentales para arreciar sus
ataques contra el gobierno venezolano, y ya for-
ma parte de esa atmósfera de agresivo y perma-
nente acoso mediático
que produce una insi-
diosa desinformación
sobre Venezuela, la
cual confunde hasta a
muchos amigos de la
Revolución Bolivaria-
na.
Lo del adelanto es ya una realidad, pero está
por verse si las fuerzas de la derecha opositora ce-
lebran primarias y van con un candidato único
a una puja electoral a la que aún no se sabe si
concurrirán, algo difícil pero que representaría
un serio reto para la izquierda, necesitada de la
unidad demandada por sus dirigentes y el propio
Maduro.
Por otro lado, el adelanto de las elecciones
presidenciales también representa objetivamente
un riesgo para el gobierno pero, a la vez, servirá
para que los venezolanos reafirmen el derecho a
decidir su destino, como recalcó Cabello al de-
nunciar las sanciones y la agresión contra el país.
La meta de la izquierda es obtener 10 millones
de votos en la liza, algo que difícilmente logren los
fragmentados sectores de la oposición, pese a que
tradicionalmente los de esa tendencia sufragan de
forma monolítica en este tipo de ejercicio en las
urnas.
Maduro es respaldado por los sim-
patizantes del chavismo y miembros
del PSUV, que lo ungieron como su
candidato el Día de la Democracia
Maduro es respaldado por los sim-
candidato el Día de la Democracia

ARTÍCULO
OPINIÓN
L
a Habana. Ahora que ese fenómeno po-
lítico, social, económico y sobre todo me-
diático conocido como Estado Islámico
da signos de extenuación en sus últimos baluar-
tes de Irak y Siria, obligado por ofensivas exito-
sas, es llegada la hora de examinar concepciones
erróneas sobre esa entidad, la cual se quiso eter-
na y está debilitada, pero no liquidada.
Una primera concepción errónea es que esa
agrupación, bien armada y con fuerza económi-
ca, surgió en Siria durante el conﬂicto desatado
en ese país en 2011, para derrocar al gobierno
encabezado por el Partido del Renacimiento
Árabe Socialista, cuya plataforma es laica, na-
cionalista árabe y socialista, y resulta conocido
también por el vo-
cablo BAAZ, que en
árabe significa renaci-
miento.
Muy por el con-
trario, la franquicia
es la más poderosa en
términos económicos
que haya conocido la historia, pues sus ingresos
diarios, provenientes de la venta ilegal de petró-
leo, tráfico de órganos humanos, rescates por di-
nero e incluso tráfico de personas, en particular
en Libia, se estiman en cerca de 3 millones de
dólares diarios.
En rigor de verdad la génesis del califato, in-
tegrado por grupos armados de musulmanes de
la escuela de pensamiento sunita, está en el Nor-
te de Irak, data de 2003, en específico de la zona
de exclusión aérea declarada en el Norte de la
antigua Mesopotamia por la coalición militar
encabezada por Estados Unidos y Gran Breta-
ña, tras la agresión militar que dio al traste con
el gobierno, también baasista, del presidente Sa-
ddam Hussein.
Aquí cabe hacer una analogía con la red
Al Qaeda, parida en Afganistán a fines de la
década de los años 70 del pasado siglo por el
millonario saudita Osama bin Laden, con el
apoyo logístico, económico y entrenamiento de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) esta-
dounidense.
La extensión del Estado Islámico a países
subsaharianos como Mali y Níger y del Norte
del desierto, como Egipto y Libia, ambos en
fecha posterior; Argelia y Túnez, así como a
Yemen, y Estados de
Asia, es subsiguiente
y un resultado de los
éxitos en el terreno
en el conﬂicto sirio y
la situación creada en
Irak por la invasión y
ocupación militar de
la coalición dirigida por Washington.
Este análisis está confirmado por recientes
declaraciones del presidente sirio Bashar al As-
sad, quien denunció que la responsabilidad del
fortalecimiento de esa entidad, notoria por sus
desmanes contra civiles y crímenes de lesa hu-
manidad en zonas que ocupa recae, según las
alegaciones del mandatario, en Turquía, Arabia
Saudita y Catar, y, por supuesto, intereses políti-
cos de las potencias occidentales.
A partir de esas afirmaciones de alguien que
posee información de primera mano sobre el
MOISÉS SAAB, PERIODISTA DE LA REDACCIÓN ÁFRICAY MEDIO ORIENTE DE PRENSA LATINA
ESTADO ISLÁMICO
Y EL PRECIPITADO ANUNCIO
DE SU DEFUNCIÓN
El Estado Islámico se ha extendido a
países subsaharianos como Mali y Níger y
del Norte del desierto, como Egipto y Li-
bia, porque Siria va ganando la batalla
El Estado Islámico se ha extendido a
bia, porque Siria va ganando la batalla

ARTÍCULO OPINIÓN
tema como es el presidente si-
rio, resulta dable suponer que
el Estado Islámico (EI) cons-
tituye una reedición de la pa-
radoja del doctor Frankestein,
creador de un monstruo que se
volvería en contra de su crea-
dor.
Resultaría simplista su-
poner que el surgimiento del
también llamado Daesh es sólo
consecuencia de voluntades
concertadas: tras su crecimien-
to también hay problemas se-
culares tales como el subdesa-
rrollo, la escasez de opciones
para grandes sectores de la po-
blación, en particular la juven-
tud, analfabetismo, desempleo,
hambre y exacerbamiento del
sectarismo confesional con fi-
nes políticos.
En paralelo, está la acción
de los medios informativos transnacionales, que
para identificar a Estado Islámico han acuñado
una serie de términos engañosos e insultantes
para los musulmanes, el más interesado de los
cuales es calificar a los miembros del EI como
yihadistas.
La Yijad o guerra santa islámica es uno de los
deberes de los musulmanes y, en esencia, resulta
defensiva, ya que postula respuestas calibradas a
agresiones contra el Islam, es decir, se adoptan
medidas económicas, militares o culturales, en
dependencia del tipo de ataque.
Ni en el Corán, el libro sagrado de los musul-
manes, ni en la Sunna, la recolección de ense-
ñanzas, dichos y aprobaciones o desaprobacio-
nes del profeta Mohammed y de sus compañe-
ros, se postula la muerte violenta de los oposito-
res o de aquellos que profesan otra religión.
Muy por el contrario, un ejemplo se obser-
va en la Historia: en el Califato de Córdoba y
en Granada, el último reducto de la presencia
musulmana en España, los cristianos y judíos
vivían en completa libertad confesional, que,
vale recordarlo, terminó con la reconquista y la
entrada en vigor de la Inquisición católica, pro-
tagonizada por el infame monje Tomás de Tor-
quemada, confesor de la reina Isabel la Católica.
También es erróneo suponer que la derrota
militar de Estado Islámico en Irak y Siria sig-
nifica el fin de esa agrupación: la dispersión de
sus miembros y la persistencia de las condicio-
nes que le dieron vida, más la posibilidad de que
sus patrocinadores originales la mantengan en
reserva para reutilizarla cuando lo estimen nece-
sario, anuncian que aún dará mucho que hablar.
En una conversación de sobremesa tras un
almuerzo de trabajo en El Cairo, el canciller
egipcio Sameh Chukry aseguró al comentarista:
“no hay distinción entre movimientos islamistas
moderados y radicales; son categorías inexis-
tentes. Dadas las condiciones, todos llegan a ser
violentos”.
En las presentes circunstancias de debilita-
miento como fuerza militar organizada es po-
sible esperar cambios en las tácticas de EI para
ajustarla a teatros de operaciones urbanos: esta
saga no ha llegado a un fin en el que los villanos
de circunstancia muerden el polvo de la derro-
ta y los héroes marchan hacia un horizonte del
brazo de su amada.
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
M
oscú, Rusia. (PL) En medio del auge del
neofascismo en el orbe, reconocido inclu-
so por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), celebrar el aniversario 75 de la vic-
toria del Ejército soviético sobre el fascismo alemán y
susaliadosenStalingradoadquiereimportanciavital.
Los grupos neonazis funcionan en unos 20 paí-
ses, en especial de Europa y América Latina, por lo
que se hace necesario resaltar la importancia de esa
victoria, demostrativa del papel jugado por la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1922-1991) en
la derrota del fascismo.
Sería bueno conocer los volúmenes generales de
esacontiendaqueseextendió del 17 de julio de1942
al 2 de febrero de 1943 en la ciudad de Stalingrado
(actual Volgogrado) y regiones cercanas.
Porlapartesoviética,aliniciaselacampañaparti-
cipaban386milsoldadosyoficiales, 2 mil 200 piezas
de artillería y morteros, 230 tanques y 514 aviones.
En noviembre de 1942, la Unión Soviética acu-
muló allí para su contraofensiva 780 mil militares,
mientras en toda la batalla de Stalingrado tomaron
parte 1 millón 140 mil efectivos.
Los alemanes emplearon las fuerzas del Tercer
Reich,deRumania,Italia,Hungría,Croaciaylosvo-
luntariosdeFinlandia,para–ennoviembrede1942–
alcanzar la cifra de 987 mil soldados y oficiales.
El bando fascista utilizó, además, 10 mil 250
ametralladoras, 3 mil piezas de artillería, 500 tan-
ques y 732 aviones de combate.
En Stalingrado, que quedó totalmente en ruinas,
se libraron combates en las calles; muchas veces el
frente de combate fue una vía pública, un edificio o
pisos de un mismo inmueble.
La batalla se recuerda, además, como una de las
más sangrientas en la historia de la humanidad, con
más de 1 millón de pérdidas.
El dictador Adolfo Hitler, tras su fracaso para
apoderarse de Moscú en 1941, luego de la derro-
ta sufrida en la batalla por esa ciudad a principios
de 1942, decidió cortar las fuentes de suministro de
combustible en el Cáucaso.
Además, con el control de Stalingrado se cerra-
ba una vía importante de comunicación, a través del
río Volga, para el Ejército Rojo. A ello se sumaba la
significación de tomar una ciudad con el nombre de
Stalin.
Las pérdidas militares y logísticas de los alemanes
conladerrotaenesabatalla,enlaquefueronapresa-
dos24generalesydosmil500oficiales,ytodalajefa-
tura del Ejército Sur alemán, tuvieron consecuencias
catastróficas para el fascismo.
Ello provocó una crisis en la alianza fascista; los
aliados de Hitler nunca más ofrecieron sus ejércitos
para grandes campañas militares, Turquía se acogió
a la neutralidad y Japón evitó la ofensiva siberiana.
Igualmente, los regímenes profascistas de Rumanía,
Hungría, Italia y Eslovaquia entraron en crisis.
Los alemanes registraron pérdidas equivalentes a
la desaparición de 45 divisiones, casi la misma canti-
dad que el total de todas las campañas militares an-
teriores. Para recuperarse, Alemania debía producir
tanquesyblindadospor6mesesadicionales,artillería
por 3 meses, y motos y ametralladoras por 2 meses.
Rusia,dondeelgobiernotrabajaporlarecupera-
ción de la memoria histórica de lo ocurrido durante
la Gran Guerra Patria, realiza más de medio cente-
nar de actividades conmemorativas en varias ciuda-
des, incluida esta capital. La victoria en Stalingrado
permitió éxitos como la ruptura del bloqueo fascis-
ta de Leningrado (hoy San Petersburgo), declaró a
Prensa Latina Artimo Savinov, curador de la exposi-
ción sobre dicha batalla en el Museo de los Héroes,
en Moscú.
ANTONIO RONDÓN/PRENSA LATINA
STALINGRADO
LA VICTORIA ETERNA

ARTÍCULO OPINIÓN
El plan de golpear al Ejército Rojo y a la Unión
Soviética en el periodo de los meses de verano y oto-
ño de 1941 falló, afirmó el también especialista del
museo del Panorama de la Batalla de Borodino. Por
eso, en esa situación, la comandancia alemana tomó
la decisión de que, en el verano de 1942 realizaría
una nueva ofensiva, no en la dirección central, como
el anterior, sino al sur, en dirección a Stalingrado, co-
mentó.
Stalingrado era un centro importante de indus-
trias, pues trabajaban tres fábricas militares impor-
tantes: la de artillería pesada Barrikadi, la de tracto-
res, donde se hacía el tanque T-34, y Krasni Oktiabr
(Octubre Rojo). El 23 de agosto de 1942, la ciudad
de la cual evacuaron a unas 100 mil personas de un
total de 300 mil, fue atacada con bombas convencio-
nales e incendiarias para desaparecerla casi en una
jornada, explicó el historiador a Prensa Latina.
Según testimonios, en algunos lugares la tempe-
ratura llegó a 1 mil grados centígrados, y no sólo en
el centro de la ciudad, sino también en los alrededo-
resconcasasdemadera,lascualesfueroncalcinadas,
indicó.
El tanque T-34
En esta batalla tuvo un significado crucial el tan-
que T-34, que llegó a ocupar el 70 por ciento de to-
dos las legiones de este tipo de vehículos blindados
de guerra del Ejército Rojo. En Stalingrado adquirió
importancia, pues se fabricó en la ciudad, en medio
del combate.
La fábrica de tractores de Stalingrado continuó
su producción pese a la proximidad de los combates.
Peroincluso,enoctubrede1942,cuandolosfascistas
alemanes ocuparon parte de esa instalación, en las
otras se reparaban los tanques soviéticos.
Savinov narró que hubo momentos en que los
trabajadores de la fábrica, aun sin poner a punto los
tanques y con una tripulación que apenas contaba
con mecánicos de prueba, los situaban en lugares
claves de la ciudad. Aún sin contar con proyectiles,
los tanques ejercían una fuerte presión psicológica
sobre los nazis que conocían de su poderío de fuego
y al verlos muchas veces abandonaban las posiciones
a su paso, comentó.
Al respecto, el especialista del Museo de la His-
toria del tanque T-34, Vladimir Gorbunov, declaró
a Prensa Latina que cuando la fábrica estaba casi
tomada, los trabajadores prepararon cinco tanques
y los situaron en esa zona. Los alemanes al ver esa
concentración de tanques se retiraron, declaró Gor-
bunov, quien afirmó que hasta el 8 de octubre de
1942 se mantuvo la producción, cuando abandonó
la fábrica el último obrero y el día 14 fue ocupada
por los nazis.
Pero durante la ocupación alemana, las guerrillas
formadas por los trabajadores de la fábrica impidie-
ron la producción con acciones de sabotaje que or-
ganizaron mediante los túneles existentes debajo de
la referida instalación, afirmó el experto.
Losalemanesnoseatrevieronadestruiresoscon-
ductos,pueslosutilizaronparatransportarlogísticay
suministros a sus tropas en Stalingrado, aunque con-
tra ellos actuó en todo momento la contraguerrilla
soviética, aclaró Garbunov.
De septiembre de 1941 al verano de 1942, la
fábrica de tractores de Stalingrado fue la única que
produjo tanques T-34 para el Ejército Soviético.
Luego,laproducciónsetrasladóalafábricadevago-
nes Uralvagonzavod y nunca más la producción de
ese tipo de armamentos volvió a Stalingrado. Ahora
los tanques sólo los produce Uralvagonzav, en Ekate-
rimburgo, comentó el especialista.
Si se mira la historia, muchos hilos en la epopeya
escrita por el pueblo soviético, desde el cambio en el
curso de la Guerra con la batalla de Moscú hasta el
punto de inflexión en Stalingrado, fueron cruciales
para derrotar al fascismo.
Aunque muchos medios y politólogos lo quieran
olvidar ahora, sobre todo en Europa Oriental, en
1943, luego de la victoria en Stalingrado, se produjo
la famosa conferencia de Yalta entre la Unión Sovié-
tica, Estados Unidos y el Reino Unido. Franklin D
Roosevelt, entonces presidente de Estados Unidos,
y Winston Churchill, exprimer ministro británico,
enviaron mensajes de felicitación, reconocimiento y
de admiración por la hazaña del pueblo soviético en
Stalingrado.
Sin embargo, países europeos como Polonia, Es-
tonia, Lituania o Letonia, destruyen monumentos a
los héroes anónimos del Ejército Soviético que en su
momentolosliberarondelfascismo.Ellollevaapres-
tar más atención a las recordaciones por el aniversa-
rio 75 de la victoria en una batalla crucial durante el
curso de la II Guerra Mundial.

INVESTIGACIÓN PORTADA
CARRERASDECABALLOS
EL NEGOCIO
QUE SEGOB
“OLVIDA”
REGULAR

INVESTIGACIÓN
PORTADA
Osorio Chong heredó caos
en carreras de caballos:
Segob omite regularlas
pese a que su negocio son
las apuestas. El Hipódromo
de las Américas –
controlado por Codere–
usa una asociación civil para
“amañar” competencias,
denuncian afectados
E
n México,las carreras de caballos y el merca-
do de apuestas ligado a ellas está bajo el con-
trol total de particulares,a pesar de que la Se-
cretaría de Gobernación (Segob) está obligada, por
ley,a regular todos los juegos con apuestas y sorteos.
El principal responsable de haber cedido a la
iniciativa privada este lucrativo negocio es el panista
Santiago Creel Miranda,ahora promotor de la can-
didatura presidencial de Ricardo Anaya. Durante
su paso por la Segob, en el sexenio foxista, anuló
al órgano regulador en perjuicio del sector público.
Así, la industria hípica carece de autoridad des-
de septiembre de 2004, cuando Creel derogó el de-
creto presidencial por el que se creó la oficial Comi-
sión Nacional de Carreras de Caballos y Galgos, y
ésta desapareció.Sus sucesores,incluyendo al recién
salido Miguel Ángel Osorio Chong,no corrigieron
la anomalía.
La falta de autoridad propició que bajo el pa-
trocinio de la Corporación Interamericana de En-
tretenimiento (CIE),SAB de CV –entonces titular
del Hipódromo de las Américas–, se creara la Co-
NANCY FLORES
123RF

porque es una operación muy cara: quieren reducir
la operación hípica y por eso el caballo de carreras
pura sangre está en vías de extinción”, señala Enri-
que Rodríguez Cano,presidente la Unión Mexica-
na de Propietarios de Caballos de Carreras.
En 1998, ese negocio se cedió a CIE por 25
años, prorrogables por otro periodo igual; de tal
manera que desde 2012 y hasta 2023 –plazo que
podría extenderse hasta 2048, Codere dominará el
mercado.
Y es que en 2012 la trasnacional española,espe-
cializada en apuestas deportivas, adquirió la mayo-
ría de las acciones (84.4 por ciento) de la empresa
Administradora Mexicana de Hipódromo, SA de
CV, que controla el Hipódromo y los 60 casinos
que señala Rodríguez Cano (Sports Book, Royal
Yak,Jackpot y Yak).
El modelo de negocios del Hipódromo se basa
en las apuestas y cruce de apuestas, pero, sin auto-
ridad oficial, la asociación civil tomó las responsa-
misión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos,
AC, que en la práctica –y sin tener facultades lega-
les– regula al sector.
Durante años, la Unión Mexicana de Propieta-
rios de Caballos de Carreras ha solicitado,sin éxito,
invalidar las funciones de autoridad hípica que ejer-
ce dicha asociación civil.
Creel, el artífice del negocio
Además de regalar permisos para casinos a Te-
levisa, en la industria hípica Santiago Creel generó
una lucrativa industria de apuestas sin supervisión
gubernamental,de la que ahora es beneficiaria la es-
pañola Codere,actual controladora del Hipódromo
de las Américas.
“La concesión está condicionada: para tener los
permisos de 60 casinos se debe mantener el Hipó-
dromo. Pero lo que realmente quiere la empresa
es desaparecer las carreras de caballos en México,
Como secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda anuló al órgano regulador de las carreras de caballos en perjuicio del sector público
MARIO
JASSO/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN
PORTADA
bilidades del otrora órgano regulador (la Comisión
Nacional de Carreras de Caballos y Galgos), cuya
vigencia duró de 1943 a 2004.
Luis Cangas –quien hasta mediados de enero
de 2018 estuvo encargado de la DGJS– confirmó a
Contralínea el disminuido papel que juega la Segob
en este tema.
Consultado previo a la llegada del secretario Al-
fonso Navarrete Prida a Gobernación,indicó que la
regulación de las carreras de caballos es un “asunto
entre particulares”. Por ello, dijo, no podía opinar
respecto de las acusaciones de carreras amañadas y
demás arbitrariedades. Contralínea también buscó
conocer la versión de la Comisión Mexicana, pero
no obtuvo respuesta.
El tamaño del negocio que cedió Gobernación
a privados es incierto.De 2012 –año en que Codere
se apropió del mercado– a 2017, el Hipódromo de
las Américas organizó 8 mil 723 carreras ordinarias,
y entregó premios por un total de 283 millones 968
mil pesos, reportan datos recabados por organiza-
ciones de caballistas.
El empresario Enrique Acosta –dueño de un
caballo cuarto de milla– tiene sus propios cálculos:
“concursan entre 80 y 120 caballos en promedio.Al
final del año se van quedando muchos en el camino;
pero se juntan cantidades de 3 y medio millones de
pesos,aproximadamente,de acuerdo con el número
de caballos que se inscriben. El premio que dan es
de entre 500 mil y 800 mil pesos.Entonces hay una
diferencia de 2 millones y medio que ellos se que-
dan.Aparte está el tema de las cuotas que pagan los
competidores”.
Al 30 de junio de 2017, Administradora Mexi-
cana de Hipódromo –dirigida por Rodrigo Hum-
berto González Calvillo– informó a la DGJS que su
capital contable ascendía a 3 mil 868 millones 794
mil 984 pesos.
En el periodo de enero a junio, sus ingresos as-
cendieron a 2 mil 401 millones 138 mil 310 pesos,
de los cuales tuvo una utilidad de operación por 434
millones 431 mil 823 pesos, sin especificar cuánto
corresponde a los casinos y cuánto al Hipódromo.
Ahí,la actividad hípica es tierra de nadie.Y aun-
que la Segob no supervisa ni vigila el cumplimiento
de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para el caso
de las carreras de caballos y sus apuestas, sí otorga
permisos y cobra participaciones.
Irregularidades en el Hipódromo
La Esa ausencia de regulador también ha posi-
bilitado que quienes operan el negocio en el Hipó-
dromo de las Américas (la Comisión Mexicana de
Carreras de Caballos y Galgos y la Administradora
Mexicana de Hipódromo) cometan supuestas arbi-
trariedades y anomalías.
Entre éstas destaca que uno de los dirigentes
de la asociación –Manuel Pacheco Hinojosa– esté
ligado a Creel Miranda y a CIE,aún accionista mi-
noritaria del Hipódromo y, durante años, principal
beneficiada del negocio que cedió el panista en el
gobierno de Vicente Fox.
Y resulta que en el Hipódromo de las Américas,
los veredictos de la Comisión Mexicana –que ofi-
cialmente funge como órgano técnico de consulta–
son prácticamente incuestionables.
Eso lo comprobó el empresario Enrique Acosta,

a quien se le atribuyó incurrir en un caso de dum-
ping, y por ello fue despojado de un premio que,
asegura,obtuvo de forma legítima.
Su caballo –cuarto de milla– no fue inyectado
ni recibió tratamiento alguno para mejorar su com-
petitividad y, sin embargo, un examen de orina lo
condenaba.Así,el premio de 500 mil pesos cambió
rápidamente de manos. Pero Acosta afirma que la
prueba antidumping practicada a su equino por la
Comisión Mexicana fue irregular.
“Es imposible que salga la prueba positiva en
orina y en sangre no, cuando el análisis de sangre
es mejor. Entonces le demostramos a la asociación
que no hacía bien el antidumping: no lleva bien el
protocolo para que no se contamine la orina o la
sangre.”
Acosta pagó estudios de sangre en laboratorios
estadunidenses, que demostraban que su cuarto de
milla no había consumido ningún tipo de droga.
“Aún así me multaron y perdí medio millón de
pesos.Me quitaron para que subiera uno de sus cua-
tes,que tiene 20 caballos.Y yo nada más tenía uno,
que participaba en una cuadra de cinco caballos.”
Ésa era la primera advertencia. Luego vendría
la suspensión por antidumping –durante 1 año– no
sólo contra su equino, sino también contra el en-
trenador, quien finalmente fue “condenado” por la
asociación civil a pagar 25 mil pesos para recuperar
su empleo.
Al empresario Acosta le fue prohibida la entra-
da al Hipódromo, supuestamente por “tramposo”.
“Fue una represalia,porque detectaron que el caba-
llo era mío, y ya me habían amenazado dos o tres
veces antes”.
En entrevista, la abogada Diana Reséndiz se-
ñala que es anticonstitucional que a los caballistas
se les cancele el derecho de defensa. En el caso de
Acosta, asegura, el órgano técnico tenía la obliga-
ción de permitirle que se defendiera y presentara las
pruebas independientes,y no lo hizo.
Ante la negativa de la Comisión Mexicana de
Carreras de Caballos y Galgos para escuchar sus
alegatos y tomar en cuenta los peritajes que realizó
al caballo por cuenta propia,el empresario tuvo que
recurrir al juicio de amparo,que también perdió.
Sin ir al fondo del asunto,la Sexta Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fis-
cal y Administrativa falló en su contra:al considerar
que se trataba de un conflicto entre particulares,de-
terminó que la Comisión tiene derecho a imponer
reglas y sanciones, como suspender, multar y correr
a los competidores.
Para Acosta, todo el procedimiento fue mani-
pulado, porque en el Hipódromo las “autoridades”
y la empresa actúan en complicidad para “arreglar”
las carreras. Por ello, señala, los dueños de caballos
y cuadras que no pertenecen al círculo de “amigos”
pierden por descalificación, les roban los premios y
los echan sin derecho a defenderse.
Considera que la Segob ha permitido esos ne-
gocios irregulares y competencias amañadas, sino
que se cometan atropellos como su caso.
Pura sangre, en extinción
Este discrecional negocio también generó otro
problema: la crisis en las granjas de cría de caba-
llos pura sangre. Según caballistas, la subsidiaria de
Codere no fomenta las competencias de esa raza ni

INVESTIGACIÓN
PORTADA
mejora las condiciones para los ejemplares que se
alojan en el Hipódromo de las Américas.
Por ello, en diciembre de 2017, los dueños de
pura sangre que aún se mantienen en el negocio
pidieron a la trasnacional española que impulse las
competencias, con un aumento de 80 por ciento a
carreras ordinarias y del ciento por ciento a premios
y clásicos.
Rodríguez Cano observa que en este negocio
no sólo hacen falta buenos premios para mantener
a los caballos, sino también contar con un árbitro
imparcial e independiente: “si la autoridad hípica
depende de la empresa,como es el caso,pues al que
no le gusta lo corren o le sacan positivo [las pruebas
antidumping], que es lo que le ha pasado a muchas
personas”.
Incluido él, que también fue corrido del Hipó-
dromo bajo acusaciones de querer amañar las com-
petencias a favor de los caballistas que integran su
organización.Un señalamiento que rechaza.
“La industria hípica es como un carro romano
de dos ruedas: una rueda son los caballistas, que
ofrecen el espectáculo y son dueños de los caballos,
y la otra es la empresa. Ésas tienen que funcionar
al parejo. Y el que maneja el carro es la autoridad
hípica, que durante mucho tiempo fue la Comi-
sión Nacional de Carreras, dependiente de Gober-
nación; pero Creel abrogó la Comisión para crear
órganos técnicos de consulta, y la empresa tan lista
pues creó su propio órgano,la Comisión Mexicana
de Carreras de Caballos y Galgos,que maneja Ma-
nuel Pacheco,quien es íntimo de Santiago Creel.”
Rodríguez Cano agrega que CIE –empresa que
en 1998 obtuvo la concesión con la condición de
que fuera capital mexicano el que dominara la in-
dustria– es la que orquestó la anulación de la au-
toridad: “la empresa manejaba a la asociación civil
para que nadie se pudiera meter en su negocio. Y
al controlar a la autoridad también controlaba a los
caballistas”.
MARIO
JASSO/CUARTOSCURO
De 2012 a 2017, el Hipódromo de las Américas organizó 8 mil 723 carreras ordinarias y entregó premios por un total de 283 millones 968 mil pesos

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
POR 2 MIL MDP
EN GOBIERNO DE
MANUEL VELASCO
IRREGULARIDADES

INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD
Chiapas, el tercer estado del
llamado triángulo de la miseria,
tiene manejos irregulares y
opacos en la administración
de sus recursos por más de
2 mil millones de pesos; así
lo documenta la Auditoría
Superior de la Federación,
mediante cinco auditorías
L
a gubernatura chiapaneca de Manuel Ve-
lazco tiene posibles daños en las arcas del
estado por 2 mil 71 millones 371 mil 255
pesos. Cinco auditorías financieras, de cumpli-
miento y desempeño, exponen la opacidad con
la que se han administrado los recursos del tercer
estado más pobre del país.
La fiscalización a sectores y programas de
parte de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), que podrían ayudar a la superación de la
pobreza, determinó que hay: opacidad y falta de
control, además de identificar riesgos de corrup-
ción y fraude en el gobierno chiapaneco.
En Chiapas, el 77.1 por ciento de la población
se mantiene en situación de pobreza;lo que significa
que 4 millones 114 mil de sus pobladores carecen
de los niveles mínimos de bienestar. Las cifras del
Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) indican
que en pobreza extrema; es decir, cuando las perso-
nas no tienen ni siquiera acceso a lo mínimo en ali-
mentación,hay 2 millones 615 mil 300 personas.En
“pobreza moderada”,1 millón 498 mil 600 personas.
ÉRIKA RAMÍREZ
JACOB
GARCÍA/CUARTOSCURO

Estas condiciones han provocado que Gui-
llermo Santiago Rodríguez, legislador por Chia-
pas en la Cámara de Diputados, haya solicitado
juicio político en contra el gobernador Manuel
Velasco por el desvío de recursos públicos en
sectores vulnerables como salud, educación e in-
fraestructura.
Santiago Rodríguez, integrante de la comi-
sión bicamaral para el Diálogo y la Conciliación
para el estado de Chiapas, dice en entrevista que
la administración de Manuel Velasco “se carac-
teriza por tres cosas: corrupción, mezquindad y
represión”
En ese estado la pobreza ha servido para que
los que ostentan el poder aseguren votos a su fa-
vor, dice Araceli Damián González, secretaria de
la comisión de Desarrollo Social en la Cámara de
Diputados,correligionaria de Guillermo Santiago.
Damián González, especialista en el estudio
y análisis de la pobreza, doctorada por el Co-
legio de México, comenta: “parece que hay una
decisión por parte del estado de no atender los
problemas estructurales en el país, en materia de
pobreza. Chiapas es un estado donde hay una
población indígena muy grande y las principa-
les carencias tienen que ver con falta de servicios
básicos como la educación y la salud”.
La especialista y legisladora dice que hace
falta inversión en el estado, pues han dedicado
más a lo clientelar y al uso de recursos, en lugar
de tratar de atender el problema de la pobreza.
“El gobierno mexicano no sabe qué hacer en esta
materia,las administraciones de los partidos Re-
volucionario Institucional y de Acción Nacional
lo único que hicieron fue privatizar el petróleo y
las tierras para la minería,pero no le apostaron al
desarrollo de las zonas con potencial económico
como Chiapas”.
Salud, deterioro
por 1 mil 816 mdp
Tres de las auditorías revisadas corresponde a
uno de los sectores que mayor problemática tie-
ne en el estado: la salud. De la fiscalización de
recursos a este sector, se desprende que hay posi-
bles irregularidades por 1 mil 816 millones 705
mil 760 pesos; monto que corresponde al 87 por
ciento de lo observado por el máximo órgano de
fiscalización como posible perjuicio.
Las revisiones estuvieron relacionadas con el
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Sa-
lud (FASSA), los recursos federales transferidos
a la Secretaría de Salud del estado y de Prospera,
programa de inclusión social (en su componente
de Salud).
El mayor daño asciende a 948 millones 676
mil 538 pesos, según evidencia el documento
En Chiapas hay una
población indígena muy
grande y las principales
carencias son de servicios
básicos, como la educación
y la salud
y la salud
Guillermo Santiago: en la entidad hay serios problemas en infraestructura, y cientos de obras sin
concluir
JESUS
GARCÍA/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD
Recursos Federales Transferidos a través del Acuer-
do de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de
Salud y la Entidad Federativa.
Entre las observaciones hechas por la ASF
en materia de administración de riesgos, precisa
que el gobierno chiapaneco “no realiza acciones
para fortalecer los controles internos utilizados
en la administración y ejercicio de los recursos
del fondo”.
Las irregularidades fueron por 330 millones
211 mil 575 pesos, por no haber aplicado la to-
talidad de los recursos al 28 de febrero de 2017;
299 millones 647 mil 847 pesos, por no haber
enterado ante el Servicio de Administración
Tributaria el Impuesto Sobre la Renta retenido
a los trabajadores de los meses de febrero a di-
ciembre 2016; 259 millones 263 mil 781 pesos,
por no realizar registros específicos del Seguro
Popular 2016 y 59 millones 553 mil 334 pesos,
por no presentar evidencia documental del pago
correspondiente de las aportaciones de Retiro,
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, de los bi-
mestres 3, 4, 5 y 6 de 2016.
El FASSA tuvo observaciones por 686 mi-
llones 883 mil 756. En la revisión, los auditores
encontraron que este fondo no cuenta con ma-
nual o guía que establezca la metodología para la
administración de riesgos de corrupción.
En tanto que el programa Prospera (en su
componente salud) registró posibles irregulari-
dades por 181 millones 145 mil 465 pesos. El
monto más elevado ascendió a 160 millones 869
mil 169 pesos, “ya que el Instituto de Salud del
Estado de Chiapas no aplicó el recurso exclusi-
vamente al cumplimiento de metas y objetivos
del programa”, y en cambio realizó transferen-
cias bancarias de los recursos del programa a
otras cuentas bancarias.
El 77.1 por ciento de la población chiapaneca se mantiene en situación de pobreza
JACOB
GARCÍA/CUARTOSCURO

Contrario a lo que evidencia la ASF en tres de
las auditorías practicadas, donde revela malos ma-
nejos de esta administración, el Cuarto Informe
de Gobierno de Manuel Velasco dice que la salud
es un elemento esencial para el desarrollo econó-
mico de cualquier región, por lo que se constituye
en una prioridad de las políticas públicas para bus-
car y mantener el bienestar social; en ese sentido,
“desde el inicio de nuestra administración nuestro
principal compromiso es coordinar esfuerzos con
todas las instancias para acercar aún más los ser-
vicios a todas las regiones del estado, pero sobre
todo fortalecer la atención a la mujer, que es pilar
fundamental para cada familia”.
El legislador de Morena, Guillermo San-
tiago acusa que desde 2015 la ASF documentó
un desvío de recursos por 765 millones de pe-
sos, mismos que no han sido aclarados. A ello
se suma, dice, que “tenemos un problema muy
grave en el sector educativo, ya que a más de mil
maestros (con y sin base) no les han pagado du-
rante un año, sin aguinaldo ni prestaciones, y es
por el mismo problema de desvío de recursos”.
Infraestructura,
daños por 245mdp
Los recursos del Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades (FISE), asignado al
gobierno de Chiapas,tuvieron observaciones por
245 millones 848 mil 679 pesos.
Derivado de que el “estado no dispone de un
adecuado sistema de control interno para identificar
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento
de los objetivos del FISE”, se operaron con opaci-
dad 181 millones 105 mil 127 pesos, el monto más
elevado de los ocho pliegos de observaciones elabo-
rados por el máximo órgano de fiscalización del país.
El presidente Enrique Peña y el gobernador de Chiapas, ManuelVelasco
JACOB
GARCÍA/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD
La ASF giró una recomendación para que el
gobierno que administra Manuel Velasco instruya
a la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
para que proporcione la documentación e infor-
mación que compruebe las acciones emprendidas,
“a efecto de atender las debilidades e insuficiencias
determinadas en la evaluación de los componen-
tes del control interno,con objeto de fortalecer los
procesos de operación, manejo y aplicación de los
recursos,a fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del fondo”.
Y dictaminó que el estado no dispone de
un adecuado sistema de control interno para
identificar y atender los riesgos que limitan el
cumplimiento de los objetivos del Fondo de In-
fraestructura Social.
Guillermo Santiago indica que en la entidad
hay serios problemas en infraestructura, ya que
han detectado cientos de obras sin concluir, “para
botón de muestra, el Centro de Convenciones de
San Cristóbal,al que se le invirtieron 275 millones
de pesos,entregaron un anticipo a la empresa,y ya
con el dinero, la compañía dice que ya no puede
construir”.
En el ámbito legislativo,comenta,ya interpuso
una solicitud de juicio político contra el goberna-
dor del estado “por la violación sistemática a los
derechos humanos, específicamente el derecho a
la salud, a la educación y a la libre manifestación,
comprobado con más de 90 casos de corrupción
que encontramos en todo el estado”.
A fondo perdido
Desde 2000 se puso en marcha el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (FAFEF) a fin de robustecer las
arcas estatales. No obstante, en éste existen situa-
ciones que restringen el desarrollo de los proyectos
de inversión pública y generan áreas de opacidad
que deben eliminarse, documenta la ASF.
El máximo órgano de fiscalización del país de-
terminó que en el Informe Individual del Resulta-
do de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2016 había inconsistencias por 16 millones 642
mil 662 pesos.
La ASF fue contundente y determinó que
en la administración de Manuel Velasco se re-
gistraron “incumplimientos de las obligaciones
de transparencia sobre la gestión del FAFEF,
ya que el Gobierno del Estado de Chiapas no
dispuso de un programa anual de evaluaciones y
no presentó evidencia documental que acredite
la evaluación del fondo por una instancia técni-
ca independiente para el ejercicio fiscal 2016, lo
cual limitó al Gobierno del estado de Chiapas
para conocer sus debilidades y áreas de mejora”.
En el desglose de las operaciones irregulares
por 8 millones 816 mil 815 pesos,7 millones 825
mil 847 pesos corresponden al pago de obras de
manera anticipada y sin que se constatara el ini-
cio de las mismas. Otros 698 mil 832 pesos por
no aplicar penas convencionales o hacer efectivas
las garantías correspondientes en cuatro obras
pagadas con recursos del Fondo; donde existió
un atraso injustificado imputable al contratista.
“Es lamentable que se desvíen recursos en
áreas tan prioritarias para el bienestar de la so-
ciedad y que tenemos que cambiar este modelo
para poder sacar de la pobreza a tanta gente”,
dice la especialista Araceli Damián.
La legisladora por Morena agrega: “la po-
breza es una forma de control por parte de un
Estado en el que para que las personas puedan
obtener algún recurso o bien, finalmente termi-
nan vendiendo su voto, ayudando a que les sal-
gan los números a estos partidos que están en el
poder”.
Se solicitó entrevista con el gobernador Ma-
nuel Velasco, a través de la secretaria particular
del Instituto de Comunicación Social del Esta-
do de Chiapas,Esperanza Huertas Rubio.Hasta
el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La pobreza es una forma
de control estatal: para
que las personas puedan
obtener algún recurso o
bien, tienen que vender
su voto
su voto

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
INFANCIA
VULNERABLE
Y DÉFICITS DE PROTECCIÓN SOCIAL

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