Espionaje en México ya no es privativo del Estado

Año 16 • Número 542 • $30
Del 5 al 11 de junio de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 5 de junio de 2017
CONTENIDO
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PORTADA
Pese a carecer de facultades legales en materia de
seguridad pública, la Sedena habrá gastado más de 18
mil millones de pesos en ese rubro entre 2013 y 2017
SIN FACULTAD LEGAL, SEDENA
GASTA 18 MIL MILLONES EN
SEGURIDAD PÚBLICA
OPINIÓN
OFICIO DE PAPEL TÚ ESPÍAS, ÉL ESPÍA, TODOS ESPÍAN Miguel Badillo
ZONA CERO “NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS”… O NO
HABRÁ MÉXICO Zósimo Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN ZETAS Y CABALLEROS TEMPLARIOS,
DETRÁS DE AGRESIONES CONTRA LÍDERES RELIGIOSOS Nancy Flores
DEFENSOR DEL PERIODISTA ¿EMBARRÓ DUARTE CON SU
CORRUPCIÓN AL PEÑISMO? Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
EL GENERAL CIENFUEGOS: ¿TAMBIÉN EN PRECAMPAÑA? José E González Ruiz
MÁS PODER A GRUPOS DE PRESIÓN EN LA ONU Rabiya Shabeeh/IPS
LA ONU DEBE HACER DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE LA POBREZA
POR INJUSTA E INHUMANA José Carlos García Fajardo/CCS
JUVENTUD Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA Fran Araújo/CCS
LA UE USA FONDOS DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA PARA FRENAR
LA LLEGADA DE MIGRANTES Ludovica Jona/CCS
EL ÉXODO GLOBAL SUPERA LOS 60 MILLONES DE DESPLAZADOS María
Ángeles Siemens/IPS
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
542, del 5 al 11 de junio de 2017– es una publicación semanal edi-
tada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama
74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Mé-
xico, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.
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guel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de au-
tor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud
de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por
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minó de imprimir el 2 de junio de 2017. Distribuida por la Unión de
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Sin facultad legal, Sedena gasta 18 mil millones en seguridad pública Nancy Flores
SEGURIDAD Los Zetas, cártel terrorista trasnacional José Réyez
LÍNEA GLOBAL América Latina, sin políticas para afrontar el tráfico humano Daniela
Pastrana/Inter Press Service
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MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA Twitter no sirve para medir la popularidad de un presidente Gonzalo
Monterrosa
EX LIBRIS Si la política se derrumba es que no hay interés en los asuntos comunes Álvaro
Cepeda Neri
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www.contralinea.com.mx 5
Imagen de portada: 123RF
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CONTENIDO
ANÁLISIS
PETROLERO Convergencias y divergencias de políticas petroleras de Trump y Peña Fabio
Barbosa
ENERGÉTICO Calderón y Lula se reunieron el día que Odebrecht y Pemex se asociaron Omar
R Escamilla Haro, Mónica Mojon Lugo, Claudia Ocaranza y Eduard Martín-Borregón/PODER
INTERNACIONAL Desastres climáticos abren debate socioambiental en América Latina
Fabiana Frayssinet/Inter Press Service
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OFICIO DE PAPELOPINIÓN
TÚ ESPÍAS, ÉL ESPÍA
TODOS ESPÍAN
MIGUEL BADILLO
E
l espionaje en México ya no es una ac-
tividad privativa de los órganos de inte-
ligencia del Estado, como sucedía hasta
hace varios años, cuando éstos intervenían las
líneas telefónicas para grabar conversaciones
entre políticos, empresarios, líderes sociales y
periodistas a fin de controlar los hilos del poder
y utilizar la información con fines políticos.
En los últimos sexenios se aprobaron leyes y
reglamentos para convertir al espionaje en una
actividad lícita para ciertos órganos de poder,
mientras que aquellos que no cuentan con au-
torización judicial también pueden hacerlo con
facilidad gracias a los avances tecnológicos y al
desarrollo del internet y las redes sociales, por lo
que el espionaje se ha convertido en una prácti-
ca cotidiana de la cual nadie se salva.
Acostumbrados entonces a ser intervenidos
en nuestras conversaciones privadas y, en con-
secuencia, a ser víctimas de violaciones a los
derechos humanos, hace unos días el tema del
espionaje volvió a las primeras planas de los pe-
riódicos, cuando varias organizaciones de la so-
cial civil, abocadas a la transparencia y la lucha
contra la corrupción, denunciaron violaciones
a sus derechos de privacidad y anunciaron su
ruptura con el secretariado técnico tripartita de
la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
Los quejosos advirtieron que funcionarios
del gobierno federal ignoraron sus quejas y evi-
taron investigar las denuncias por el espionaje
que han sufrido algunos colaboradores en ma-
teria de salud. Concretamente acusaron de ser
omisos a la Secretaría de la Función Pública, a
cargo de Arely Gómez, y al Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, cuya presiden-
ta es Ximena Puente, pues señalaron que hay
evidencias de que desde oficinas gubernamen-
tales realizan una “vigilancia digital” en su con-
tra, lo que vulnera la confianza para el trabajo
en equipo.
A pesar de que el espionaje se ha converti-
do en un deporte al que muchos juegan, con o
sin autorización legal, lo cierto es que se deben
denunciar esos abusos de interferir las comu-
nicaciones privadas, sin importar que se trate
de llamadas telefónicas, correos electrónicos
o mensajes directos entre particulares, pues la
privacidad es un derecho y un bien humano
consagrado en nuestra Constitución y en leyes
internacionales.
Y como todos quieren espiar, hace unos días
nos enteramos por una información de los re-
porteros Aurora Zepeda, Tania Rosas y Leticia
Robles de la Rosa, publicada en Excélsior, que la
Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales (Fepade) busca atribuciones que
le permitan “intervenir comunicaciones priva-
das”.
La justificación de la Fepade para tratar de
entrometerse en conversaciones privadas es que
“investiga el uso de dinero sucio” por parte de po-
líticos que participan en los procesos electorales.
Siempre hemos sabido que la Procuraduría
General de la República mantiene muy mala
relación con la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público porque, si hubiera buena comuni-
cación, los fiscales de la Fepade deberían saber
que hay una Unidad de Inteligencia Financiera
que depende de Hacienda e investiga precisa-
mente las finanzas, cuentas y movimientos ban-

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
carios de todas aquellas personas políticamente
expuestas (PPE), es decir, de quienes buscan
cargos públicos a través de procesos electorales.
Pero lo que en realidad quiere la Fepade es
tener todo el poder de la impunidad para in-
tervenir las comunicaciones privadas entre po-
líticos y particulares, y por supuesto enfilar sus
baterías sólo en contra de la oposición, porque
nadie va a creer que también grabarán e inves-
tigarán a los políticos integrantes del partido en
el poder, el Partido Revolucionario Institucio-
nal, y a los miembros del gabinete.
El director general adjunto de Averigua-
ciones Previas de la Fepade, Javier Humberto
Domínguez, le dijo a los reporteros que si bien
el Poder Legislativo decidió castigar el uso de
dinero ilícito, no les dio herramientas para ello,
por lo que “la intervención telefónica permitirá
establecer los vínculos de ciertos actores políti-
cos y saber el origen y destino de ese dinero”,
según él.
Por supuesto que el espionaje telefónico o
digital siempre se ha utilizado para conocer la
vida privada de las personas y esa información,
que debe ser reservada y lo más discreta posible,
utilizarla para presionar e intimidar a los distin-
tos actores que son víctimas de espionaje ante la
amenaza de hacerla pública.
Así que la Fepade debe irse olvidando de
que el Congreso le autorice atribuciones que
sólo son una violación a los derechos humanos
de las personas en lo más sagrado y que debe
ser protegido por el Estado, como es el derecho
a la intimidad y a la privacidad.
Además las autoridades cuentan con mu-
chas herramientas para investigar a políticos
y servidores públicos que se enriquecen ilícita-
mente o que utilizan recursos mal habidos para
promoción política (y una vez que llegan al po-
der están obligados a pagar los favores con con-
tratos y privilegios a sus benefactores, lo que los
convierte en cómplices de la corrupción), por lo
que, para cumplir con sus funciones, la vía no es
violar la privacidad como quieren.
Puntos suspensivos… Como cada año
en el aniversario del asesinato del periodis-
ta Manuel Buendía, los reporteros volvimos a
ocupar la plaza Francisco Zarco de la Ciudad
de México en demanda de justicia, pues aun-
que ese crimen se cometió hace 31 años, se ha
convertido en un símbolo de injusticia e im-
punidad. Los autores intelectuales del asesina-
to, gestado desde el poder, nunca enfrentaron
la justicia, igual como ha pasado con decenas
de colegas periodistas en las últimas 3 décadas,
quienes perdieron la vida ante la indiferencia y
omisión del gobierno, y como una consecuencia
por investigar a los grupos de poder político y
del crimen organizado, que muchas veces son
los mismos.
123RF

ZONA CEROOPINIÓN
L
os pueblos indígenas se levantan. El país se
remueve en sus entrañas. Como siempre,
no habrá información en los grandes me-
dios. Los corporativos colgarán apenas algunas
anécdotas que buscarán hacer parecer a los pue-
blos originarios un accesorio más, casi folclórico,
del sistema (¿debemos decir “mercado”?) político
mexicano.
La soberbia y el desprecio de los medios de co-
municación hacia las naciones, pueblos, tribus y
comunidades del México profundo son extensio-
nes de esas mismas soberbia y desprecio que por
siglos han gastado polí-
ticos, empresarios, lati-
fundistas, dominadores,
capitalistas, hacia los
habitantes originarios
de este país.
Hoy los indígenas
han hablado entre ellos
y se han puesto de acuerdo. Bajan de las montañas
y las sierras. Suben de las cañadas y laderas. Vie-
nen de las selvas abigarradas; de los remolinos del
desierto; de los bosques de ocote, oyamel y neblina;
de las costas saladas, remojadas por milenios.
Las “únicas alternativas de lucha de nuestros
pueblos están en las geografías indígenas de todo
nuestro México y juntos somos el Congreso Na-
cional Indígena, que decidimos no esperar el de-
sastre que indudablemente nos traen los sicarios
capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva
y hacer esa esperanza un Concejo Indígena de Go-
bierno para México, que apueste a la vida desde
abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico
y que responda a los siete principios del mandar
obedeciendo como nuestra garantía moral”.
Son algunas de las palabras con las que el Con-
greso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN) dieron a
conocer el pasado 28 de mayo la instauración de
un Concejo Indígena de Gobierno, con 71 conce-
jales –hombres y mujeres– provenientes de todas
las geografías del país, entre ellos una vocera, la
nahua María de Jesús Patricio Martínez, quien a
nombre de este Concejo participará en las eleccio-
nes de 2018 como candidata independiente.
Los siete principios
del mandar obedecien-
do que han hecho suyos
el CNI y el EZLN vie-
nen rigiendo la vida de
miles de comunidades
en México de genera-
ción en generación, por
siglos: servir y no servirse, construir y no destruir,
obedecer y no mandar, proponer y no imponer,
convencer y no vencer, bajar y no subir, represen-
tar y no suplantar.
María de Jesús, Marichuy, nahua de Tuxpan,
Jalisco, médica tradicional encarna la mujer que
el CNI y el EZLN buscaban como vocera y que
anunciaron desde enero pasado: “una mujer indí-
gena que hable lengua, porque es guardiana de la
sabiduría de su cultura, del cuidado de su familia,
del cuidado de su pueblo. Guardiana y dadora de
la vida y de nuestra madre naturaleza. La hija de
corazón de colores, la que siembra esperanza paso
a paso, la que construye vida con otras con otros, la
ZÓSIMO CAMACHO
“NUNCA MÁS
UN MÉXICO SIN NOSOTROS”…
O NO HABRÁ MÉXICO
Los siete principios del mandar obe-
deciendo que han hecho suyos el CNI y
el EZLN vienen rigiendo la vida de mi-
les de comunidades en México
Los siete principios del mandar obe-
les de comunidades en México

ZONA CERO OPINIÓN
que limpia y sana los corazones del odio y del poder.
La que trenza en su cabello la memoria del pueblo”.
Es una oportunidad para la paz que lanzan
los indígenas de México. Probablemente será
la última para algunos de ellos. Vilipendiados,
saqueados, despojados, los pueblos, naciones,
tribus y comunidades de este país emprenden
una ofensiva pacífica pero clara: defenderán su
cultura, derechos, territorios y recursos hasta las
últimas consecuencias frente a un despojo peor
que el de tiempos de la Colonia. Se enfrentan al
genocidio. Es la última oportunidad para varias
etnias y lenguas. Si fracasan, las opciones de lu-
cha pacífica se reducirán drásticamente.
El Concejo Indígena de Gobierno quedó cons-
tituido con la participación de los pueblos: Apache,
Amuzgo, Akimel O’otham, Binniza, Chatino, Chi-
chimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oa-
xaca, Chontal de Tabasco, Coca, Comkaac,
Cuicateco, Mestizo, Hñähñü, Ñathö, Ñu-
hhü, Ikoots, Kumiai, Lakota, Mam, Matla-
zinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco,
Me’phaa, Mixe, Mixe-Popoluca, Mixteco,
Mochó, Nahua o Mexicano, Nayeri, Popo-
luca, Purépecha, Q’anjob’al, Rarámuri, Té-
nek, Tepehua, Tlahuica, Tohono Odham,
Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tseltal, Tsotsil,
Wixárika, Xi’iuy, Yaqui y Zoque.
No empiezan de cero. La actual fase de
resistencia indígena se ha construido silen-
ciosamente durante las últimas 2 décadas,
desde que a instancias del EZLN se consti-
tuyó el CNI en 1996. Silenciosamente, no porque
así lo hayan preparado los pueblos, sino por el si-
lencio que se les ha impuesto a sus demandas, sus
defensas, sus voces.
Porque la geografía del despojo es también,
muchas veces, la geografía de la resistencia. En 29
“espejos” el CNI documenta la lucha y la organi-
zación ante los “megaproyectos” que padecen las
comunidades. La mayoría de estos saqueos son
retratados en los medios de comunicación como
“oportunidades”, “inversiones”, “generadores de
empleos”. Nunca se dice a quién van a desterrar;
qué lengua van a matar; qué cultura van a exter-
minar; cuántos miserables van a generar.
Los 29 “espejos” son 29 casos de resistencia in-
dígena en puntos que atraviesan toda la geografía
mexicana y que pueden consultarse en la siguiente
liga: https://www.congresonacionalindigena.org/espejos/:
la costa nahua michoacana, el Totonacapan, el te-
rritorio wixárika, los bosques sagrados de la Sierra
de Manantlán, el istmo de Tehuantepec, la isla de
los cocas de Mezcala, el Cerro Grande de Colima
y, entre muchos otros, los territorio kiliwa y kumiai
del Norte de la República.
Se juntan los de color de la tierra. Traen sus
cuitas, arrastran su pobreza; pero también juntan
su sabiduría, sus palabras y sus flechas. Retiembla
la Tierra. Sus hijos comienzan a andar.
Fragmentos
El próximo sábado se conmemoran 46 años del
Halconazo. Como el 2 de octubre de 1968, tampo-
co se olvida el 10 de junio de 1971. Los halcones –
grupos de asesinos con entrenamiento paramilitar
que masacraron estudiantes en la Rivera de San
Cosme, en la Ciudad de México– sirvieron hasta
entrados los años de 1990. Estuvieron al servicio
de políticos, hoy todavía algunos encumbrados y
otros caídos en desgracia. Sirvieron a dirigentes de
los sindicatos oficiales casi llegando al año 2000. Al-
gunos, hoy andan dando tumbos en cárceles o en
calles, contratándose al mejor postor para hacer lo
único que les enseñaron: matar. Los halcones, resa-
bios de las cloacas que intentaron apagar las voces
de los estudiantes que buscaban construir un mun-
do más justo hicieron su aparición hace más de 9
lustros. Sus jefes siguen moviendo hilos y gozando
de impunidad.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
ZETASYCABALLEROSTEMPLARIOS
DETRÁS DE AGRESIONES
CONTRA LÍDERES RELIGIOSOS
NANCY FLORES
E
n los últimos meses se han incrementado los
ataques del crimen organizado contra sacer-
dotesdelaIglesiaCatólica.Porlaimpunidad
queprivaylainseguridadqueenfrenta,enesecírcu-
lo social la desesperación también va en aumento.
Algo que quedó de manifiesto el fin de semana
pasado, cuando el obispo Salvador Rangel –de la
Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero– dio
una conferencia de prensa para denunciar que, en
Tlapa, el crimen organizado le exigió al obispo Da-
goberto Sosa un pago por “derecho de piso” (Jesús
Guerrero, Reforma, 29 de mayo de 2017).
Así, esa especie de impuesto que cobran los cri-
minales a empresas y negocios llegó a los recintos
de culto. Pero no sólo
eso, el clérigo también
señaló que al obispo
de Ciudad Altamirano,
Maximino Miranda, lo
asaltaron y le quitaron
una camioneta “en un
retén de un grupo cri-
minal”.
A decir de los servicios de inteligencia de Esta-
dos Unidos, detrás de las agresiones se encuentran
principalmente dos cárteles del narcotráfico. “Las
organizaciones criminales, como Los Zetas y Los
Caballeros Templarios, siguen atacando a los sacer-
dotes católicos y a otros líderes religiosos con ame-
nazas de muerte, extorsión e intimidación. En algu-
nos casos, estos objetivos son asesinados”, señala el
Informe anual 2017 de la United States Commission
on International Religious Freedom.
Refiere que entre los casos más extremos de vio-
lencia contra integrantes de la Iglesia Católica están
las ejecuciones registradas en 2016: “en una misma
semana de septiembre de 2016, tres sacerdotes fue-
ron encontrados muertos: los padres Alejo Nabor
Jiménez Juárez, José Alfredo Suárez de la Cruz y
José Alfredo López Guillén. Los dirigentes religio-
sos son blanco porque hablan en contra de las pan-
dillas y/o porque se niegan a incluir la mitología
espiritual en sus sermones”.
Minorías religiosas, presas de la ira
Para el caso mexicano, el informe de la Uni-
ted States Commission on International Religious
Freedom refiere otro grave problema que pocas
veces se visibiliza: los
ataques extremada-
mente violentos contra
minorías religiosas, que
han derivado en el des-
plazamiento forzoso de
unas 35 mil personas en
México.
Al respecto, refiere que el marco normativo de
los usos y costumbres ha dado lugar a violaciones
de la libertad religiosa dirigidas contra minorías,
“en diferentes municipios de Chiapas, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y Puebla, donde residen
muchas comunidades predominantemente indíge-
nas”.
El reporte indica que en la mayoría de esas
agresiones el problema radica en la interpretación
y aplicación de la ley. “Los municipios interpretan
el catolicismo como la cultura indígena mayoritaria
a ser protegida, y las autoridades locales –incluyen-
do algunos líderes católicos– han perseguido a los
Los servicios de inteligencia de Es-
tados Unidos señalan que detrás de las
agresiones contra los sacerdotes se en-
cuentran Los Zetas y los Templarios
Los servicios de inteligencia de Es-
cuentran Los Zetas y los Templarios

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
que se niegan a convertirse, a pagar ‘impuestos’ por
eventos y operaciones católicas o participar en acti-
vidades religiosas católicas”.
Agrega que los ataques no son exclusivos de
quienes profesan el catolicismo. “También hay ca-
sos en donde los municipios predominantemente
protestantes han participado en violaciones de la
libertad religiosa contra los católicos y/o otros pro-
testantes. En estas áreas, las minorías religiosas que
no desean participar o contribuir financieramente
a fiestas religiosas, o que desean practicar una fe di-
ferente o ninguna fe, han experimentado violencia,
desplazamiento forzado, detención arbitraria y des-
trucción de bienes personales e inmuebles destina-
dos al culto. Otras medidas de represalia incluyen
cortar el agua y la electricidad, prohibir los entie-
rros en los cementerios comunitarios, negarles el
acceso a las escuelas, prohibir la participación en la
actividad política y cívica de la comunidad y negar
el empleo”.
Según el documento, en México se han registra-
do recientemente al menos 150 casos de violaciones
de la libertad religiosa que no han sido resueltos ni
por las autoridades locales ni por las federales, según
les reportan organizaciones de
defensa de la libertad religiosa.
La Commission on Interna-
tional Religious Freedom desta-
ca que este tipo de agresiones re-
lacionadas con la aplicación del
marco normativo relacionado
con los usos y costumbres ha ido
en aumento, según lo documen-
tado por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos.
También informa que ac-
tualmente hay 35 mil personas
desplazadas en México debido
a estas violaciones. “Las oficinas
de asuntos religiosos y las institu-
ciones del Estado no pueden res-
ponsabilizar a los funcionarios gu-
bernamentales o miembros de la
sociedad que hayan cometido ac-
tos de violencia, desplazamiento,
acoso o discriminación contra las
minorías religiosas. En los pocos
casosdeintervenciónymediación
gubernamental,losfuncionariosnorealizanunsegui-
miento para asegurar que se apliquen los acuerdos”.
El informe enlista, además, casos de violencia
contra minorías religiosas. “En la primera mitad de
2016 hubo varios reportes de violaciones a la liber-
tad religiosa: el 4 de enero de 2016, las autoridades
destruyeron propiedades y expulsaron a la fuerza
a nueve familias pertenecientes a la iglesia Reno-
vación en Cristo en Chiapas. El 29 de enero, las
autoridades expulsaron a la fuerza bajo la amenaza
de linchar 20 familias bautistas en Jalisco. En febre-
ro, una iglesia protestante en Chiapas fue incendia-
da. El 24 de abril, funcionarios cortaron el agua de
cinco familias evangélicas en Chiapas. En mayo,
funcionarios estatales expulsaron con fuerza a 86
familias protestantes y cortaron el agua y la electri-
cidad de otras 15 familias protestantes en Chiapas.
En junio, una familia protestante en Chiapas que
se negó a contribuir financieramente a las fiestas
católicas fue encarcelada y multada, y un hijo fue
golpeado antes de huir”.
Y pese a que son miles los afectados, sea del nar-
cotráfico o de reaccionarios religiosos, los casos se
encuentran impunes.
123RF

CONTRAPODER
OPINIÓN
C
arl Bernstein y Bob Woodward fueron los
reporteros estadunidenses que rindieron
honores con su trabajo periodístico a la Pri-
mera Enmienda a la Constitución de los Estados
Unidos de América (edición bilingüe Luciana y
Andrés Botas), y que tras los resultados de su perio-
dismo de investigación para exhibir la corrupción
política antidemocrática de Nixon que provocó su
renuncia ante la advertencia del Congreso de lle-
varlo a juicio político, escribieron su fabuloso libro:
Los hombres del presidente (editorial Euros, 1974). Lue-
go, para mostrarnos la corrupción política durante
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los investi-
gadores Adriana Amezcua y Juan E Pardiñas publi-
caron su libro Todos los gobernadores del presidente: cuan-
do el dedo de uno aplasta el voto popular (Grijalbo, 1997);
y que fueron los precursores de los Duartes, Padrés,
Flavino Ríos, Granier, Jesús Reyna, Juan Sabines,
Luis Armando Reynoso, Jorge Torres y etcétera. Al
respecto hay que consultar el reportaje de Jacobo
García: “La corrupción de los gobernadores golpea
a México y cerca a Peña Nieto” (El País, 12 de abril
de 2017).
De entonces para acá, la corrupción política y
económica se ha enraizado en el sistema-régimen
presidencialista que abandonó el liberalismo eco-
nómico para sentar las bases del neoliberalismo
económico y su radicalismo depredador que ha
empobrecido, como nunca antes, a los mexicanos
(¡más de 60 millones, desde la hambruna a todas
las modalidades de la pobreza!). Y aumentando el
autoritarismo político. O sea, disminuyendo el libe-
ralismo político, hasta llegar a un golpismo militar
con el pretexto de combatir la sangrienta inseguri-
dad que sigue aumentando; y donde el desafío del
narcotráfico a los gobiernos ha pasado a competir
por el poder del Estado al infiltrarse como narcopo-
der, donde funcionarios y delincuentes son la nueva
delincuencia organizada a la sombra de la impuni-
dad, cuyas complicidades llegan hasta la presiden-
cia de la República.
Los desgobernadores del calderonismo como del
peñismo se han caracterizado por su corrupción
política, y sobre todo económica. Todos o casi to-
dos contribuyeron a la campaña electoral de Peña,
como socios-cómplices; y hay funcionarios directa-
mente involucrados en los sobornos de Petrobras y
Odebrecht, por haber recibido más de 10 millones
de dólares. Los hombres-funcionarios del peñismo,
encabezados por sus desgobernadores (rateros), han lle-
vado las corrupciones económicas y políticas a tal
grado, que el malestar social tendrá resultados más
allá de la próxima elección-presidencial. Por lo que
con Víctor Hugo, se escucha el “ronco son de las
revueltas” que se perfilan como un choque popular
y la consecuente represión militar, donde el pueblo
puede romper el sitio del autoritarismo y los canda-
dos de la corrupción.
Ninguna duda hay de que al Duarte más ratero
(salvo que al esculcar al Duarte chihuahuense re-
sulte peor), le permitieron huir; y hasta le prestaron
un helicóptero para hacerlo y por más de seis meses
anduvo de aquí para allá en uno de los aviones de la
empresa de los Mansur veracruzanos, en su trián-
gulo-pantano de corrupción: Chiapas-Belice-Gua-
temala y en las narices de la Procuraduría General
de la República (PGR), hasta que la Interpol entró
en acción policiaca. En ese medio año Duarte la
¿EMBARRÓ DUARTE
CON SU CORRUPCIÓN AL
PEÑISMO?
ÁLVARO CEPEDA NERI

CONTRAPODER OPINIÓN
siguió gozando de lo lindo como lo hizo cuando
fue desgobernador veracruzano; y que según cuentan
las malas lenguas es el millonario número uno del
priismo-peñista con 80 mil millones de pesos. ¿Em-
barró Duarte con el excremento de su corrupción
a la élite peñista que lo protegió aun sabiendo que
robaba a manos llenas y sin antifaz, cumpliendo
con aquello de que “el alumno supera al maestro”,
como discípulo que fue de Herrera y quien tam-
bién está en la mira.
Parece que Duarte de Ochoa es ya el más ratero
del poder público desde Alemán a la fecha (1946-
2017), donde presidentes municipales, gobernado-
res y presidentes de la República se han enrique-
cido junto con sus grupos-pandillas, haciendo de
la divisa de Hank González: “un político pobre es
un pobre político”, la vía para robar el dinero del
pueblo. Y hasta crearon capos como Yarrington,
para consolidar la narcopolítica; donde los funciona-
rios –sobre todo federales– sin exculpar a los de las
32 entidades, se han enriquecido. Pero, al parecer,
Duarte, su familia, su pandilla y sus cómplices-so-
cios, llevaron a cabo como realidad el cuento aquel
de los “40 ladrones”; que si es investigado de acuer-
do a la ley y suelta lengua, comprobaremos que di-
señó y ejecutó la más lograda red de delincuencia
organizada desde el gobierno, para acumular una
fortuna de más de 200 mil millones de pesos entre
todos ellos.
Los mexicanos nos preguntamos si ese excre-
mento duartista embarró al peñismo, como indi-
can los datos y rumores, desde que se supo de las
contribuciones de Duarte a la campaña electoral
de Peña y desde que éste estuvo involucrado con
Yarrington, Humberto Moreira y los desgobernado-
res del PRI, PAN, Panal y PVEM. Y como “el que
parte y comparte, se queda con la mayor parte”,
Duarte embarró de corrupción al gobierno federal
a tal grado que lo dejaron robar como nunca antes
lo hizo un desgobernador; aprovechándose del cargo
para echarse a la bolsa las partidas federales y los
ingresos estatales. Con ellos compró ranchos, man-
siones, casas en México y el extranjero y atesoró
efectivo en pesos, dólares y euros; creando empre-
sas fantasma con dinero público.
Por esta razón, Duarte es una fosa séptica de ex-
cremento de corrupción; un delincuente que debe
purgar cadena perpetua en la cárcel y su ficha in-
gresar al Diccionario de los asesinos de René Reouven,
y al Diccionario del crimen de Oliver Cyriax.
CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
Están atrás/van para atrás/piensan atrás/son el
atrás.
Están detrás de su armadura militar.
Nos ven reír/nos ven luchar/nos ven amar/nos ven
jugar.
Nos ven detrás de su armadura militar.
“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”
N
os dicen que las Fuerzas Armadas son
obedientes y no deliberantes. Con eso,
quieren que creamos que los estamen-
tos militares no participan activamente en políti-
ca sino que se sujetan a las órdenes que les dé su
comandante supremo,
que es el presidente
de la República. Si tal
cosa fuera cierta, esta-
ríamos ante un Esta-
do donde los poderes
castrenses estarían so-
metidos a la autoridad
civil. Pero los hechos, siempre los hechos, dicen
otra cosa. La Constitución sigue siendo utilizada
como un marco de ornato para la actuación de
los órganos de poder y para que luzcan los dis-
cursos de sus depositarios.
El secretario de la Defensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos Zepeda, es cada vez más
abiertamente un actor político del sistema. Una
llamada de alerta se dio cuando salió a la pa-
lestra a decir que por ninguna razón permitiría
que los integrantes del GIEI (Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Internacionales) de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos
interrogaran a los miembros del Ejército que in-
tervinieron en los hechos de Iguala-Ayotzinapa
del 26 y 27 de septiembre del 2014. Fue después
de esto que se dio la práctica expulsión de los
miembros de ese Grupo y el anulamiento de su
investigación, que por cierto no comulga con la
“verdad histórica” de Jesús Murillo Karam.
Otro hecho de la mayor importancia fue la
ejecución extrajudicial, que vimos a través de
las redes, de un civil desarmado a manos de un
soldado, con motivo del combate a los llama-
dos huachicoleros. Cienfuegos salió a minimizar el
suceso diciendo que el autor del crimen se en-
contraba en situación “de estrés”, sin considerar
que se trata de uno de
los delitos que el Esta-
tuto de la Corte Penal
Internacional cataloga
como de lesa huma-
nidad. Omitió decir,
como en el caso de la
desaparición forzada
de Los 43, quién dio las órdenes.
Y ahora nos dice el general secretario que,
en su concepto, la reforma educativa es la “más
importante y trascendente” de las que se han
aplicado en este sexenio. Y recibió la respuesta
a su halago, nada menos que del titular de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio
Nuño Mayer, quien aseguró que gracias a los
uniformados México ha tenido 80 años de una
estabilidad política que muy pocos países pue-
den presumir, “de cambios sexenales respetando
la Constitución con elecciones”. Y remató Juan
Díaz de la Torre, secretario general del Sindi-
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ,DOCTOR EN CIENCIA POLÍTICAY EN DERECHO CONSTITU-
CIONAL;EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
EL GENERAL CIENFUEGOS
¿TAMBIÉN EN PRECAMPAÑA?
El secretario de la Defensa Nacio-
nal, general Salvador Cienfuegos Ze-
peda, es cada vez más abiertamente
un actor político del sistema
El secretario de la Defensa Nacio-
un actor político del sistema

ARTÍCULO OPINIÓN
cato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), opinando que los castrenses y los do-
centes “son de los sectores más importantes del
país... de antes, de hoy y, seguramente, de maña-
na” (La Jornada, 20 de mayo de 2017, página 10).
En ninguno de los tres casos podemos pensar
en la ingenuidad de Cienfuegos, pues se trata de
un avezado político que se mueve conforme a
las circunstancias, siempre sobre la base de que
dirige al estrato de fuerza más importante del
Estado.
Cada día son menos los
derechos humanos reales
En la difícil coyuntura que vive la patria, dar
más atribuciones al Ejército es reducir el ámbito
de los derechos de la persona. La ecuación no
falla: a mayor poder de los soldados, menos de-
rechos humanos para la población.
Ahora tenemos la urgencia de que sean orga-
nismos internacionales los que indaguen acerca
de las violaciones al derecho de libre manifesta-
ción de las ideas, debido a los asesinatos de pe-
riodistas independientes. Varias organizaciones
no gubernamentales han pedido al gobierno
que invite a los relatores de la Organización de
las Naciones Unidas y de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. No podemos
pasar por alto que el derecho a la verdad está
siendo severamente afectado, al callar a quienes
diariamente se dedican a propalarla. La negati-
va de la Secretaría de la Defensa Nacional a per-
mitir que los reporteros de La Jornada cumplan
su tarea, se inscribe en esa peligrosa política.
Los constantes discursos del general Cien-
fuegos dan la impresión de otro candidato en
precampaña. Y tanto el marco jurídico mexica-
no como el internacional no permiten que los
soldados participen en las contiendas políticas,
pues tienen en sus manos las armas de la pobla-
ción y eso hace que deban servir al conjunto de
quienes habitan en el territorio.
Tenemos que buscar los caminos idóneos para
detener la militarización de la vida nacional.
MARIOJASSO/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
A
bu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. ¿Es
necesaria la presencia de la industria de
combustibles fósiles en las negociacio-
nes internacionales sobre el cambio climático?
¿O su participación en las conversaciones de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
representa un conflicto de intereses y socava el
progreso mundial?
Los países en desarrollo que pretenden que
los grupos de presión de los combustibles fósi-
les que participan de las negociaciones de la 23
Conferencia de las Partes (Cop23) de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) declaren sus
conflictos de interés
ganaron una impor-
tante batalla durante
un acuerdo firmado
en una sesión prelimi-
nar celebrada a prin-
cipios de este mayo en
Bonn, Alemania.
Un informe de Corporate Accountability In-
ternational (CAI), una organización sin fines de
lucro de Estados Unidos que se dedica a denun-
ciar los abusos de las empresas, reveló que los
representantes de las industrias de combustibles
fósiles tienen una fuerte representación en las
asociaciones que participan en las conversacio-
nes climáticas de la ONU.
Aunque las empresas no pueden participar
en las negociaciones directamente, las asociacio-
nes empresariales e industriales emplean tácticas
encubiertas para frenar políticas climáticas cla-
ve, sostiene el informe.
La CMNUCC permite a las organizaciones
con “estado de observador”, como la Asociación
Nacional de Minería de Estados Unidos, Fuel-
sEurope, la Asociación Mundial del Carbón y el
Consejo Empresarial de Australia –que incluye
a las petroleras Shell, ExxonMobil y BP, entre
otras–, estar presentes en reuniones donde los
delegados discuten opciones políticas para evitar
desastres climáticos.
Estas organizaciones representan a corpo-
raciones que han negado sistemáticamente el
cambio climático y que tienen una cartera que
incluye décadas de lucrar a expensas del planeta.
El Acuerdo de París contra el cambio climá-
tico comprometió a los
Estados a mantener el
calentamiento global
“muy por debajo de
los 2 grados celsius”,
pero también a “pro-
seguir los esfuerzos”
para limitar ese au-
mento de temperatura a 1.5 grados para 2018.
“Una política transparente y claramente de-
finida es esencial si queremos proteger realmen-
te el espíritu y los objetivos del Acuerdo de París,
y si hemos de tener la oportunidad de luchar
para limitar el cambio climático a menos de 2
grados”, escribió Mrinalini Shine, investigadora
de Derecho Ambiental de la alemana Universi-
dad de Colonia.
Muchos países del Sur en desarrollo –que re-
presentan colectivamente casi 70 por ciento de la
población mundial– han luchado para incorporar
una política de conflicto de intereses en la conven-
RABIYA SHABEEH/INTER PRESS SERVICE
MÁS PODER A GRUPOS
DE PRESIÓN EN LA ONU
Representantes de las industrias de
combustibles fósiles, inmiscuidos en las
asociaciones que participan en conver-
saciones climáticas de la ONU
Representantes de las industrias de
saciones climáticas de la ONU

ARTÍCULO OPINIÓN
ción, por la cual estos grupos estarán legalmente
obligados a declarar todos sus conflictos.
Por ejemplo, este mes en una reunión en
Bonn, el delegado de Venezuela declaró que el
Acuerdo de París es un “instrumento entre Es-
tados” e hizo una “solicitud moral” para que los
grupos de presión declararan sus conflictos de
intereses.
Sin embargo, este pedido fue recibido con
feroz resistencia por los países más ricos, con
Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega y
Australia a la cabeza.
En Bonn, el delegado de Noruega
declaró que excluir a las empresas se-
gún sus intereses sería “contraprodu-
cente”, mientras que la delegación de
Australia añadió que el sector privado
era una parte clave para financiar la
transición a una economía baja en
emisiones de dióxido de carbono.
“Algunas de las empresas
a las que se alude como las
contaminadoras de la polí-
tica serán las proveedoras
de las mayores y mejores
soluciones”, sostuvo el
delegado australiano.
“Y puede fijarse en
algunas de las decla-
raciones procedentes
de ExxonMobil y
Shell recientemen-
te para subrayar ese
punto”, añadió.
Una investigación realizada en
2015 por Inside Climate News, una or-
ganización de noticias sin fines de lucro, denun-
ció que ExxonMobil sabía del cambio climático
desde 1981, pero en los años siguientes la empresa
multinacional gastó millones de dólares para pro-
mover la negación del fenómeno.
El informe de la CAI, además, reveló que la
Cámara de Comercio de Estados Unidos recibe
millones de dólares de ExxonMobil a cambio de
“campañas de información pública”. Para col-
mo, el gobierno de Donald Trump, en su ataque
a la política ambiental estadunidense que incluye
el desmantelamiento del Plan de Energía Limpia,
también instaló al exdirector ejecutivo de la pe-
trolera, Rex Tillerson, como secretario de Estado.
“Con tantos incendiarios en el departamen-
to de bomberos no es de extrañar que no haya-
mos podido apagar el fuego”, comentó Tamar
Lawrence Samuels, directora de políticas inter-
nacionales de CAI, en un comunicado.
Esto, sin embargo, no implica que las indus-
trias de los combustibles fósiles no tengan papel
alguno en la desaceleración del calentamiento
global, según el informe.
El informe de la CAI recomienda que la in-
dustria transforme sus prácticas empresariales
para alinearse con los compromisos asumidos
por la comunidad global para frenar la crisis,
adoptar las soluciones creadas por la comu-
nidad científica para minimizar la devasta-
ción y esforzarse por alcanzar el progreso
social y económico mundial.
El nuevo acuerdo negociado de
la CMNUCC se compromete a
mejorar la “apertura, trans-
parencia e inclusión” y pide
a los interesados –cual-
quier persona o grupo
afectado por el cambio
climático o política cli-
mática– que presenten
sus opiniones sobre
cómo se podría lo-
grar.
“Como comuni-
dad global, tenemos
la oportunidad sin prece-
dentes para resolver la crisis
climática de forma directa en
el preciso momento en que todo –la gente, la
justicia y el planeta– están en peligro”, destacó un
portavoz de la CAI.
Los activistas, los grupos de presión e incluso
los organismos gubernamentales de los países en
desarrollo que buscan la justicia para el planeta
y su población deben seguir presionando por las
soluciones que la convención acordó.
La convención está aceptando sugerencias
sobre cómo abordar la cuestión de las naciones
miembros, y tiene la intención de considerarlas
en 2018. (Traducido por Álvaro Queiruga)
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n 2002 Kofi Annan, secretario general de
la ONU, declaraba con firmeza: “No es
posible que la comunidad internacional to-
lere que prácticamente la mitad de la humanidad
tenga que subsistir con dos dólares diarios o me-
nos, en un mundo con una riqueza sin preceden-
tes”. Los datos son estremecedores.
Oxfam, ONG especializada en estudiar nive-
les de desigualdad en el mundo, presentó en enero
sus resultados, cada vez más aterradores. Uno de
los puntos clave será analizar los datos y medios
eficaces para evitar la explosión demográfica y lu-
char contra ella como
el arma más letal de
destrucción masiva.
El sentido más pro-
fundo e imprescindible
de esa Declaración de
la ilegitimidad de la po-
breza es poder crear en
las distintas instituciones, países, municipios, en las
calles de las ciudades, en escuelas, movilizaciones
para identificar a las personas, sea en situación de
pobreza extrema o simplemente de pobreza, que
sobreviven con poco más de dos dólares diarios y
con acceso limitado a la infraestructura, vivienda,
escuela y otros servicios mínimos humanitarios. Y
organizar acciones solidarias que los ayuden a sa-
lir de esta urgencia, con la participación de ellos
mismos.
Es urgente movilizar a la ciudadanía de todos
los países en buscar proyectos eficaces para erra-
dicar esa plaga que anula todos los derechos y
posibilidades de una vida digna no sólo para los
más pobres, sino para el resto de una humanidad
cada vez más interconectada. Oxfam reveló que
ocho personas con nombres y datos contrastados
poseen una riqueza equivalente a la de 3 mil 600
millones de personas. Es decir, cerca de la mitad
de la humanidad vive en situación de penuria, al
lado de la más degradante y ofensiva riqueza.
Si leemos afectivamente tales datos, denuncia
Boff, nos damos cuenta del océano de sufrimiento,
de enfermedades, de muerte de niños o de muerte
de millones de adultos,
estrictamente a conse-
cuencia del hambre.
¿Dónde ha ido a parar
la solidaridad mínima?
¿No somos crueles y sin
misericordia con nues-
tros semejantes, ante
aquellos que son humanos como nosotros, que de-
sean un mínimo de alimentación saludable como
nosotros? Se les remueven las entrañas viendo a
sus hijos e hijas que no pueden dormir porque
tienen hambre, y ellos mismos subsistiendo con
restos de comida recogidos en los grandes basu-
reros de las ciudades, o recibidos de la caridad de
la gente y de algunas instituciones que les ofrecen
algo que les permite sobrevivir.
La pobreza generadora de hambre es asesina,
una de las formas más violentas de humillar a las
personas, arruinarles el cuerpo y herirles el alma.
JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO, PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID; DIRECTOR DEL CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS/CCS
LA ONU DEBE HACER
DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD
DE LA POBREZA POR INJUSTA
E INHUMANA
Cerca de la mitad de la humanidad
vive en situación de penuria, al lado de
la más degradante y ofensiva riqueza.
La miseria es ilegítima, injusta e ilegal
Cerca de la mitad de la humanidad
La miseria es ilegítima, injusta e ilegal

ARTÍCULO OPINIÓN
El hambre puede llevar al delirio, a la desespera-
ción y a la violencia. Aquí cabe recordar la doctri-
na antigua: “la extrema necesidad no conoce ley
y el robo en función de la supervivencia no puede
ser considerado crimen, porque la vida vale más
que cualquier otro bien material”. Y en la actua-
lidad, el hambre es sistémica. Thomas Piketty, au-
tor de El Capitalismo en el siglo XXI, mostró como
está presente y escondida en Estados Unidos: 50
millones de pobres. En los últimos 30 años la renta
de los más pobres permaneció inalterada, mien-
tras que en el 1 por ciento más rico creció 300 por
ciento. Y concluye Piketty: “Si no se hace nada
para superar esta desigualdad, podrá desintegrar
toda la sociedad. Aumentará la criminalidad y la
inseguridad. Las personas vivirán con más miedo
que esperanza”.
Costaron muchos años de esfuerzos abolir la
esclavitud, como el racismo, la discriminación de
la mujer en muchos países, la opresión de monar-
quías hereditarias y de religiones impuestas, re-
conocer las libertades fundamentales para todos
los seres a la vida, a la libertad de conciencia y
de toma de decisiones, a vivir con dignidad, los
derechos de las parejas y uniones de personas del
mismo sexo, el divorcio, las parejas de hecho con
independencia de injerencias religiosas por respe-
tables que sean para sus adeptos pero sin derecho
alguno a imponerlas al resto de la humanidad que
ya ha avanzado en el reconocimiento de su dere-
cho a una vida y a una muerte dignas, así como
al respeto, cooperación y ayuda en la conser-
vación del medio ambiente. ¿Para cuándo la
abolición del hambre, de la ignorancia, de los
desahucios, de la plaga del desempleo forzado
por intereses, de la falta de atención médica a
todos los seres con independencia de su origen,
condición, circunstancias, de la injusta e imper-
donable falta de la atención debida a las perso-
nas mayores y dependientes?
Vale la pena vivir, luchar y rebelarse en esta
lucha por la dignidad de todas las personas y la
conservación del medio en el que vivimos, nos
movemos y somos.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
A
mérica Latina presenta los índices más
elevados de violencia después de algu-
nos países de África. La violencia se ha
transformado en uno de los principales proble-
mas que obstaculizan el desarrollo y afecta cada
vez más a los estratos jóvenes de la sociedad.
La ecuación violencia y juventud no debe
verse como problema inherente a la edad. Sus
raíces están ancladas en la pobreza, la desigual-
dad y unos sistemas educativos obsoletos y faltos
del financiamiento necesario.
Un tercio de los hogares urbanos y la mitad
de los rurales se encuentran en situación de po-
breza, según datos de 2002. Si a los focos de po-
breza y desempleo de
las grandes ciudades
sumamos la creciente
emigración de la po-
blación joven desde el
ámbito rural, encon-
tramos un contexto
de superpoblación y
pobreza que es el humus perfecto para el creci-
miento de todo tipo de vandalismo y violencia.
Otros factores determinantes son la elevada
natalidad, especialmente en mujeres demasiado
jóvenes que no tienen la madurez para propor-
cionar una educación adecuada a sus hijos; la
separación de espacios públicos de relación so-
cial y la segmentación de los servicios básicos.
Se gesta así un aislamiento social en el que los
adolescentes quedan relegados a las inﬂuencias
que germinan en la interacción cotidiana de las
calles del vecindario, con jóvenes que compar-
ten las mismas carencias.
Las estructuras familiares rotas y un contexto
hostil, unidas a una etapa marcada por el cam-
bio y la necesidad de referentes, generan una
falta de pertenencia que suplen las “bandas”. El
joven es una persona por hacer, que necesita ser
integrada y desempeñar una actividad.
La juventud es la etapa que debe dedicarse al
aprendizaje de conocimientos y actitudes que se
desarrollarán a lo largo de la vida. El problema
es que a veces estos aprendizajes se convierten
en maestrías callejeras de vandalismo y reglas de
robo e intimidación. Hacerse adulto a golpe de
machete.
Estas desigualdades acaban afectando a to-
dos porque es imposi-
ble mantener el equi-
librio por el uso de la
fuerza. La segmenta-
ción y el aislamiento
impiden un intercam-
bio cultural enrique-
cedor y limitan la cali-
dad de vida de la totalidad de los ciudadanos. La
mayor desintegración social consolida bolsas de
pobreza estructural, con discriminación étnica,
de género y ecológica.
Casi la mitad de la población de Latinoamé-
rica tiene menos de 24 años. La juventud es el
motor de desarrollo de un país, perder a la ju-
ventud es una manera de castrar los niveles de
desarrollo. Por otra parte, tenerla inactiva cons-
tituye una fuente de disturbios, al igual que lo
fue en su momento la inactividad del ejército
romano o de cualquier otro agente enérgico ne-
cesitado de actividad para ganarse la vida.
FRAN ARAÚJO,PERIODISTAY DIRECTOR DE CINE /CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
JUVENTUD Y VIOLENCIA
EN AMÉRICA LATINA
Para los jóvenes, las bandas y pan-
dillas suplen las estructuras familiares
rotas y la falta de pertenencia. El am-
biente hostil atiza el problema
Para los jóvenes, las bandas y pan-
biente hostil atiza el problema

ARTÍCULO OPINIÓN
La violencia urbana supone casi el 15 por
ciento del producto interno bruto (PIB) de los
países de Latinoamérica. Encabeza la lista El
Salvador. En el pequeño país centroamericano,
el costo de la violencia se lleva el 25 por ciento
del PIB. Colombia, con un PIB mucho más ele-
vado, pierde el 24 por ciento a causa del delito.
En Honduras, no menos de una docena de em-
presas de Corea y Taiwán decidieron abando-
nar ese país.
En el istmo centroamericano, las autorida-
des policiales tienen “registradas” cerca de 2 mil
“bandas” con casi de 400 mil miembros. Mu-
chos de estos grupos nacen en torno al narcotrá-
fico y en él encuentran un sistema de vida y unos
ingresos que la sociedad no les proporciona.
Pero también existen ejemplos positivos. En
países desangrados por el número de pandille-
ros ha descendido en los últimos años gracias a
los programas de Ayuda en Acción y Tierra de
Niños.
El cambio debe apoyarse en medidas políticas
específicas para la juventud. Aumentar la inver-
sión en educación de calidad y fomentar la pre-
paración para entrar en el mercado de trabajo.
Políticas destinadas a la mujer y a la educación
reproductiva. Medidas de integración social que
acaben con los guetos en las ciudades. La segu-
ridad no se alcanza cercando el problema, como
está sucediendo en Brasil con el muro proyecta-
do para cerrar las favelas. En los últimos años se
han realizado avances, pero la apuesta ha de ser
mayor. Si la juventud es el futuro, Latinoamérica
se merece un futuro mejor.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
N
utriéndose de fondos europeos de coope-
ración al desarrollo, en países africanos la
Unión Europea (UE) financia equipos mi-
litares, formación de policías, centros para migran-
tes repatriados y sistemas para la recogida de datos
que garantizarán en Europa el reconocimiento del
país de origen, lo que facilitará las expulsiones. Los
objetivos: controlar las migraciones desde África,
así como fortalecer los gobiernos del país de origen
y de tránsito de las rutas migratorias para frenar a
quienes aspiran cruzar el Mediterráneo. El Fondo
Fiduciario de Emergencia para África ha asignado
alrededor de 600 millones de euros a esta finalidad.
Dicho fondo ha sido criticado por financiar proyec-
tos en Estados con regímenes acusados de crímenes
contra la humanidad, como Sudán y Eritrea, así
como por utilizar dinero del presupuesto destinado
a la lucha contra la pobreza.
En octubre de 2015, los líderes de los Esta-
dos europeos dieron vida al Fondo Fiduciario de
Emergencia para África, un instrumento fuera del
control del Parlamento Europeo que tiene como
objetivo financiar iniciativas para afrontar las cau-
sas de las migraciones irregulares.
Hoy, el Trust Fund cuenta con 2 mil 820 millo-
nes de euros, de los cuales el 95 por ciento proviene
de instrumentos de la UE dedicados a la coopera-
ción y a la ayuda humanitaria.
El informe del Trust Fund de 2016 enumera
106 proyectos aprobados hasta el momento por un
total de casi 1 mil 600 millones de euros. En Mali,
la riqueza está tan vinculada a las remesas de los
migrantes –800 millones de dólares sólo a través de
canales oficiales en 2016– que cuenta con un minis-
terio para los malienses en el extranjero. El fondo
fiduciario ha aprobado un proyecto de 25 millo-
nes de euros para consolidar el registro civil en el
país africano. Con él, se pretende crear un archivo
informático de huellas digitales y otras caracterís-
ticas fisiológicas para identificar a los inmigrantes
malienses en situación irregular en el extranjero y,
con ello, favorecer las repatriaciones. El mismo pro-
yecto se desarrollará en Senegal, con un costo de
28 millones de euros. En ambos países los fondos
serán gestionados por la cooperación belga y por la
empresa francesa Civipol.
El Parlamento Europeo ha denunciado que el
Trust Fund “viola las reglas financieras y compro-
mete los éxitos de las estrategias a largo plazo” de
cooperación al desarrollo de la UE a través de va-
rias resoluciones. “Existe el riesgo de que se con-
centren las ayudas en los países interesados en las
rutas hacia Europa y nos olvidemos de los países
más pobres”, afirma.
“El objetivo de la cooperación al desarrollo es
solo uno: la erradicación de la pobreza y la reduc-
ción de las desigualdades”, añade Schelein, quien
lidera un grupo de trabajo sobre migrantes y refu-
giados en la Comisión de Desarrollo del Europarla-
mento. “Me gustaría entender cómo los proyectos
de formación y gestión de fronteras pueden reducir
la pobreza y la desigualdad, porque me parece que
hacen lo contrario. Existe el riesgo de que los au-
menten aún más”.
LUDOVICA JONA/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
LA UE USA FONDOS DE LA
LUCHA CONTRA LA POBREZA
PARA FRENAR LA LLEGADA
DE MIGRANTES

ARTÍCULO OPINIÓN
Las afirmaciones de Schlein son compartidas
por el Parlamento Europeo, que ha criticado a la
Comisión en varias resoluciones por haber “desvia-
do créditos de los objetivos y principios establecidos
para canalizarlos a través del Fondo Fiduciario de la
UE para África”, lo que representa “una violación
de las reglas financieras y compromete el éxito de
las estrategias a largo plazo de la Unión”.
Desde la Comisión Europea defienden que la
“Unión Europea reconoce una relación entre la
seguridad y el desarrollo”, lo que se materializa
en diferentes iniciativas, como la formación de las
fuerzas del orden y su equipamiento.
En cuanto al cambio de dirección de los fondos,
objeta: “la operación Trust Fund se encuentra en la
línea con nuestros procedimientos” y reivindica la
transparencia del fondo.
La Agencia Francesa de Cooperación (AFC)
gestiona con Civipol en Níger el proyecto Apoyo a
la Justicia, a la Seguridad y a la Gestión de las Fron-
teras por un importe de 30 millones de euros. El di-
rector de la AFC, subraya que la agencia “se ocupa
del reforzamiento de la agencia nacional para la lu-
cha contra las migraciones irregulares mientras que
Civipol apoya a la policía y a las fuerzas del orden”.
Este proyecto destina 20 millones de euros al
gobierno nigerino como “apoyo a su presupuesto”.
Su objetivo es la aplicación de la ley contra el trá-
fico de personas. Esta normativa, promulgada por
el gobierno de Níger tras presiones europeas, ha
influido en la reducción de las salidas hacia Libia
desde la región nigerina de Agadez y en el estable-
cimiento de caminos alternativos por Mali y Chad.
Las rutas alternativas nacidas después del cierre
de los pasos tradicionales evitan los centros urba-
nos, lo que las hace más peligrosas; y la misión de la
Comisión Europea es asistir y apoyar a las fuerzas
de seguridad del país.
Se destinan 28 millones de euros al equipamien-
to de las fuerzas de seguridad. EUCAP Sahel Ní-
ger también ha coordinado el inicio del proyecto
–financiado por el Trust Fund con 6 millones–, en
el que las fuerzas de la policía francesa y española,
colaboraron en la creación de un equipo de policía
especializado en las investigaciones sobre redes de
inmigración irregular en Níger.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
E
l sistema mundial de protección de los re-
fugiados fue creado en 1950, junto con la
Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por
su acrónimo en inglés) y la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), para responder a los
grandes desplazamientos de gente que se deriva-
ron de la Segunda Guerra Mundial y para defen-
der los derechos de estos refugiados y apoyar a los
países que los acogían.
Por desgracia, el número de personas refugia-
das y desplazadas en el mundo se ha ido multipli-
cando desde entonces y las tendencias actuales de
desplazamiento forzado están poniendo a prueba
el sistema internacional en un grado que no tiene
precedentes. Las cifras son demoledoras: a finales
de 2014, cerca de 60 millones de personas habían
sido forzadas a huir de sus casas; 60 millones de
mujeres, hombres, niñas y niños que si conforma-
ran un país sería el vigésimo cuarto más grande
del mundo, con una población semejante a la de
Reino Unido o Italia. Acnur asiste y protege a 46
millones 700 mil de ellas.
En la actualidad, hay más emergencias hu-
manitarias que nunca: Siria, Sudán del Sur, Ye-
men, República Centroafricana, Burundi… Por
ello, hoy es aún más necesario el fortalecimiento
de la solidaridad internacional para hacer frente
a los retos globales del desplazamiento forzado.
Tanto la responsabilidad de los Estados como la
solidaridad internacional son esenciales para que
la protección internacional funcione con eficacia
y se puedan abordar los problemas crecientes de
desplazamiento en el mundo.
Hace falta la solidaridad de las principales
partes interesadas, en especial la solidaridad de
los Estados, que deben actuar de manera res-
ponsable para proteger los derechos de todas las
personas que están en sus territorios. Pero tam-
bién hace falta la solidaridad de la comunidad
internacional para apoyar a los Estados de aco-
gida a la hora de asumir responsabilidades de
manera efectiva.
También hace falta la solidaridad de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, las comunida-
des y los ciudadanos para mejorar la situación
de los refugiados del mundo. Y es aquí donde
cabe poner en valor la solidaridad de los ciuda-
danos españoles en un entorno de grave crisis
económica. Los países tradicionalmente donan-
tes en épocas de dificultades tienden a centrarse,
comprensiblemente, en el bienestar de sus pro-
pias poblaciones, pero los españoles hemos de-
mostrado una vez más que no nos olvidamos de
las personas más vulnerables del planeta.
Los retos a los que nos enfrentamos son enor-
mes. Las tendencias sociales y económicas mun-
diales indican que el desplazamiento seguirá
aumentando en la próxima década, adoptando
nuevas formas. Los patrones de desplazamiento
se verán afectados por el aumento de la pobla-
ción, que pasará de los 7 mil millones de habi-
tantes en 2015 a los 10 mil millones en 2100;
la urbanización y el aumento de la migración
de zonas rurales a urbanas; el cambio climático
y los desastres naturales; el encarecimiento de
los alimentos y la disminución de la producción
agrícola en África y Asia; y el aumento de los
conflictos por la escasez de recursos.
MARÍAÁNGELES SIEMENS,DIRECTORA DEL COMITÉ ESPAÑOL DEACNUR/INTER PRESS SERVICE
EL ÉXODO GLOBAL
SUPERA LOS 60 MILLONES
DE DESPLAZADOS

INVESTIGACIÓN PORTADA
SIN FACULTAD LEGAL
SEDENA GASTA
18 MIL MILLONES
EN SEGURIDAD
PÚBLICA

INVESTIGACIÓNPORTADA
Pese a carecer de
facultades legales, la
Sedena habrá gastado
más de 18 mil millones de
pesos en seguridad pública
entre 2013 y 2017. La
militarización del país sólo
ha recrudecido la violencia,
señalan defensores
E
n 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) cuenta con un presupuesto de 3 mil
982 millones 370 mil pesos etiquetados espe-
cíficamente para funciones de seguridad pública, a
pesar de que recientemente la institución ha recono-
cido que carece de facultades legales en esa materia.
Del monto total,3 mil 145 millones 410 mil pe-
sos se destinarán a su Programa de Seguridad Pú-
blica; 759 millones 30 mil a su Programa de Justicia
Militar; 61 millones 910 mil a derechos humanos
(sic), y a su Programa de Igualdad entre Mujeres y
Hombres 16 millones 10 mil pesos.
En total,la dependencia que encabeza el general
secretario Salvador Cienfuegos Zepeda habrá gasta-
do 18 mil 26 millones 490 mil pesos para esa fun-
ción, en lo que va del actual gobierno: 3 mil 445.74
millones en el primer año de Enrique Peña; 3 mil
528.42 millones en 2014; 3 mil 426.79 millones en
2015; 3 mil 643.17 millones en 2016,y los casi 4 mil
millones de este año.
Para el antropólogo Abel Barrera, director del
Centro de Derechos Humanos de La MontañaTla-
NANCY FLORES
123RF

chinollan, “en esta nueva oleada de militarización,
con la estrategia de guerra y de oposiciones contra el
narcotráfico,vemos un acrecentamiento de la violen-
cia, de la inseguridad y la multiplicación de los gru-
pos de la delincuencia organizada”.
Entrevistadoporseparado,elabogadoPedroFaro,
directordelCentrodeDerechosHumanosFrayBar-
tolomé de las Casas,coincide:“los diagnósticos reve-
lan que las violaciones a los derechos humanos están
aumentando [por la militarización del país]”.
Agrega que “no se puede decir que,a 10 años de
que el Ejército está afuera [de sus cuarteles], haya
disminuido la violencia en los territorios donde han
detenido criminales. Pese a todos los capos que han
capturado y a los que han ejecutado en lo que llaman
la letalidad perfecta, pareciera que [el crimen] es in-
terminable: el enemigo que ha marcado el Estado
mexicano, como tal, es inacabable. Cuando lo com-
baten se reproduce”.
Datos oficiales de la Sedena refieren que su prin-
cipal“contribución”a la seguridad pública consiste en
la“coordinación permanente con los gobiernos de las
entidadesfederativas,atravésde32grupos”–unopor
entidad– destinados a atender “problemas de seguri-
dad pública, incidencia delictiva, delincuencia orga-
nizada, movimientos sociales, procesos electorales,
grupos transgresores armados y el Plan DN-III-E”
(para emergencias).
Paraello,laSedenacuentacon142basesdeopera-
ciones mixtas en 22 entidades,consideradas zonas de
altoriesgoporinseguridadpública.Enéstasparticipan
hasta 3 mil 300 militares y hasta 1 mil 300 civiles por
estado.
La inversión en el campo de la seguridad y en la
participación del Ejército en esas tareas no ha deriva-
do en mejorías para la sociedad, señala en entrevista
con Contralínea el antropólogo Abel Barrera.
Ejemplifica con el caso de Guerrero: “Somos el
estado menos pacífico,como lo señaló el informe del
Índice de paz 2016, donde los costos de la violencia
son muy altos y el estado es muy pobre.Así,pobreza
y violencia es el binomio trágico de Guerrero,con ca-
sos graves como las desapariciones forzadas,como el
de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal [Rural
de Ayotzinapa],y las ejecuciones que en algunas colo-
nias ha cometido el mismo Ejército”.
Para el defensor, las violaciones graves a los de-
rechos humanos “hablan de la falta de controles in-
ternos dentro del mismo Ejército, pero también de
lo que ha significado que un instituto castrense se
coloque por encima del marco legal y que no haya
autoridad civil que le pida cuentas”.
En Guerrero, la militarización
es un tema de décadas. Abel
Barrera, antropólogo y director
del Centro de Derechos Huma-
nos de la MontañaTlachinollan,
explica que “existe la militariza-
ción de la década de 1970 con
una lógica de contrainsurgencia:
el Ejército se posicionó de al-
gunas regiones para contener el
movimiento social, sobre todo la
organización de grupos armados
guerrilleros, y para poder tam-
bién tener el control de ciertas
regiones. Éste es el antecedente
que se dio en Guerrero y del que
también es necesario decir sus
resultados: lamentablemente, en
términos de los saldos, más de
600 fueron desaparecidos du-
rante la Guerra Sucia, centenas
de familias desplazadas por la
misma militarización que se dio
con la estrategia de ir a arrasar
con algunas comunidades y pues
también casos de ejecuciones y
tortura.
El defensor Abel Barrera
critica que de esos crímenes
nunca se ha rendido cuentas.
“Esta justicia del pasado en
Guerrero, a pesar de que se creó
la Comisión de la Verdad, no
tuvo ninguna repercusión legal
más que un informe que lamen-
tablemente el mismo gobierno
invisibilizó. No ha habido cuen-
tas claras de los saldos de esta
militarización. Seguimos arras-
trando esta cauda de dolor, que
es la herida abierta aquí entre
las familias de desaparecidos
que siguen buscando a sus hijos,
como es el caso de Tita Radilla,
que sigue peleando por la pre-
sentación de su padre Rosendo
Radilla, y cuyo caso llegó a la
Corte Interamericana”.
LA DEUDA DE LA GUERRA SUCIA

El gasto en seguridad interior
Cada año, los legisladores han autorizado el
multimillonario gasto de la Sedena en labores de
seguridad pública o interior,revelan cinco estudios
elaborados por la Dirección de Servicios de Inves-
tigación y Análisis de la Cámara de Diputados.
Las investigaciones El presupuesto público fede-
ral para la función seguridad pública –para los ejer-
cicios de 2013 a 2017– refieren que los más de 18
mil millones de pesos se han ejercido a través de
cinco unidades responsables: la Jefatura del Esta-
do Mayor de la Defensa Nacional,la Procuraduría
General de Justicia Militar, la Dirección General
de Justicia Militar, la Presidencia del Supremo
Tribunal Militar y la Dirección General de Dere-
chos Humanos.
De ésas destaca la Jefatura del Estado Mayor,a
la que se le ha destinado la mayor parte del recurso
público.Así,entre 2013 y 2017,ésta ha concentra-
do el 79 por ciento del gasto: 14 mil 281 millones
80 mil pesos.
Según el reglamento de la Sedena, el Estado
Mayor de la Defensa Nacional es un “órgano téc-
nico operativo, colaborador inmediato del general
secretario, a quien auxilia en la planeación, desa-
rrollo,seguimiento y desahogo de los asuntos de la
competencia de la Secretaría, coordinando las ac-
tividades de los diversos órganos administrativos”.
Las funciones de seguridad pública
En forma oficial, la Sedena indica que su fun-
ción se reduce a “coadyuvar en el mantenimiento
de la seguridad interior y el orden constitucional”.
No obstante,la debilidad de las corporaciones po-
liciales le ha dado un papel protagónico en la se-
guridad pública.
Esto se refleja en sus propias estadísticas: para
las labores de seguridad pública actualmente man-
Cada mes, la Sedena realiza un promedio de 180 mil patrullajes terrestres y 2 mil 300 aéreos en el territorio nacional. En éstos participan más de 120 mil soldados
CUARTOSCURO

tiene no sólo las 142 bases de operaciones mixtas
en 22 entidades del país, sino también despliega
permanentemente 182 unidades con sector militar
asignado, en todo el territorio nacional.
Aunque los datos abiertos de la Secretaría de
la Defensa Nacional no detallan en qué consiste
su Programa de Seguridad Pública, sí revelan sus
tareas de vigilancia del territorio y el espacio aéreo,
a través de lo que llama “acciones de disuasión”.
Éstas se refieren a los “reconocimientos terres-
tres y aéreos en todo el territorio nacional, a fin de
disuadir alguna pretensión de querer desestabilizar
la paz social,respetando en todo momento los de-
rechos humanos de las personas”.
La información oficial refiere que esas accio-
nes incluyen patrullajes (mensualmente se realizan
más de 180 mil terrestres y 2 mil 300 aéreos), en
los que participan más de 120 mil efectivos.
Una de las entidades en las que más partici-
pación ha tenido el Ejército en el ámbito de la
seguridad pública es Guerrero. Ahí, la Sedena en
coordinación con el gobierno estatal, cuenta con
28 bases de operaciones mixtas.
Respecto de la presencia militar,el antropólogo
Abel Barrera considera que “a mayor militariza-
ción, mayor violencia y también mayor presencia
de grupos de la delincuencia en las diferentes re-
giones del estado.Hoy podemos decir que después
de esa militarización, y a pesar de los operativos
que se han instrumentado, Acapulco, Tierra Ca-
liente, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Coyuca
de Benítez y Chilapa siguen siendo las regiones
más violentas, que forman parte de la lista del ho-
rror”.
Desde Tlachinollan –con sede en Tlapa–, Ba-
rrera ha sido testigo de las secuelas de la partici-
pación del Ejército: “No ha habido resultados po-
sitivos. La militarización ha alentado el uso de la
fuerza y la violencia,ha generado mayores casos de
violaciones a derechos humanos.Porque hoy ya no
sólo tenemos a las familias de desaparecidos en la
Guerra Sucia, sino también a las familias de Chi-
lapa que reclaman la presentación con vida de más
de 100 personas; en la región de Iguala se habla
de más de 60 desaparecidos.Tenemos a los fami-
liares de Chilpancingo; al movimiento de familias
de Acapulco,que está reclamando a sus familiares.
Estamos hablando de cuatro lugares emblemáti-
El secretario Cienfuegos, impulsor de la Ley de Seguridad Interior
MARIOJASSO/CUARTOSCURO
Año
2017
2016
2015
2014
2013
Asunto
Caso de la detención arbitraria,retención ilegal y cateo ilegal en agravio de
tres personas;cateo ilegal en agravio de cuatro personas,así como tortura en
agravio de una persona,enAjuchitlán del Progreso,Guerrero.
Violaciones a derechos humanos ocurridas el 19 de julio de 2015 en la
comunidad de Ostula,municipio deAquila,Michoacán de Ocampo.
Cateo ilegal,detención arbitraria de dos menores de edad,así como de otras
cuatro personas enTecpan de Galeana,Guerrero.
Caso de violación a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la
seguridad jurídica e integridad personal de una persona; por allanamiento del
domicilio y actos de tortura en agravio de dos personas,así como al de acceso a
la justicia en su modalidad de procuración de justicia en San Luis Potosí.
Agresión sexual a una persona por parte de militares en instalaciones
castrenses en Nuevo Laredo,Tamaulipas.
Caso de la violación al derecho humano a la integridad personal,relacionado con
la violencia física y sexual en agravio de una persona en la Escuela Médico Militar.
Detención arbitraria,retención ilegal y tortura en agravio de cuatro personas
en Baja California.
Sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de ese año en Cuadrilla Nueva,
comunidad San Pedro Limón,municipio deTlatlaya,Estado de México.
Caso de privación de la vida de una persona,e indebida procuración de justicia y
trato indigno en agravio de cuatro personas,incluida la víctima mortal.
Cateo ilegal en el domicilio de un agraviado,enTijuana,Baja California.
Caso del cateo ilegal en el domicilio de dos personas,privación ilegal de la
libertad y tortura en agravio de una persona,tratos inhumanos en agravio de
ocho personas,y actos intimidatorios en contra de cinco personas integrantes
de la comunidad indígena Kumiai,en Baja California.

cos de la violencia y la inseguri-
dad. Y no digamos de la Tierra
Caliente, porque ahí las familias
están silenciadas, no se animan
a romper el silencio y a exigir la
presentación de sus familiares y
castigo a los responsables”.
Como parte de sus “labores
policiales”, el Ejército realiza
cinco tipos de operativos: para
reducir la violencia, regionales,
de erradicación intensiva, de in-
tercepción y de apoyo a la segu-
ridad pública.
En 2016, por ejemplo, parti-
cipó en 14 operaciones coordi-
nadas con otras instituciones fe-
derales “para reducir la violencia
en las regiones del país donde
existen altos índices de violen-
cia, con el fin de generar así un
ambiente de paz y tranquilidad
para la población”.
Pero en el tema de seguridad
interior la Sedena no sólo co-
labora con instituciones nacio-
nales de carácter federal, estatal
y municipal, sino también con
extranjeras, aunque no revela
identidad ni nacionalidad de las
mismas.
Tal es el caso de las misiones
de vigilancia y reconocimien-
to aéreo del territorio nacio-
nal, donde habrían participado
“instituciones internacionales”.
De éstas, realiza un promedio
anual de 330, para las cuales se
emplean plataformas de vigilan-
cia aérea Embraer 145 y aviones
King Air BE-350 ER, de la
Fuerza Aérea Mexicana.
El resultado de estas misio-
nes en 2016, indica la depen-
dencia,fue la intercepción de 20
aeronaves no identificadas que
derivaron en el aseguramiento
de ocho de ellas, así como de 5
Chiapas es otra de las entidades
dondese ha apostadoelEjército
paracombatir a la guerrilla.Al
respecto,elabogadoPedroFaro,
director delCentrode Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las
Casas,indica que comodefensores
handocumentadoelaumentode la
violencia por esa presencia militar.
“A partir de 1994 se instalaron
más de 90 campamentos militares
que se desplegaron para cercar al
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional en las tierras recuperadas
por los pueblos originarios.A partir
de eso vimos que esos campamen-
tos militares persisten en una lógica
de guerra.En la década de 1990 se
hablaba,porque nunca dieron un
dato oficial,de entre 50 mil y 70 mil
efectivos en Chiapas que estaban
cercando sobre todo la zona gris
para detener al EZLN.”
El defensor de los derechos hu-
manos recuerda que en la zona de
expansión fue donde ocurrió la ma-
sacre de Acteal,los desplazamientos
masivos,las ejecuciones extrajudi-
ciales y desapariciones forzadas.
“Éstas son las consecuencias
de la militarización.A partir de la
ocupación militar en este escenario
del conflicto armado interno en
Chiapas,lo que se generaron fueron
violaciones a los derechos humanos
y las víctimas principales fueron de
la población civil.”
Para el abogado Pedro Faro,
ahora la militarización en Chiapas
ha cambiado su lógica,aunque no
abandona del todo el combate hacia
el EZLN.“Ahora los campamentos
que se están construyendo son para
detener la migración de los países
hermanos de Centroamérica.
“El muro real [de Estados
Unidos] se traslada a los límites de
Chiapas y Guatemala.Ahí se están
construyendo una serie de campa-
mentos militares para la seguridad
nacional en esta lógica de detención
de migrantes”.
LOS SALDOS DE LA
MILITARIZACIÓN EN CHIAPAS
123RF

mil 254.85 kilogramos de mariguana,207.04 kilo-
gramos de cocaína, 21.38 kilogramos de heroína,
2 mil 123.30 kilogramos de metanfetaminas, 17
vehículos terrestres,cuatro armas y 1 mil 500 litros
de gas avión.
Y es justamente el combate al narcotráfico el
tema con el que se ha justificado la actual mili-
tarización del país. Bajo ese pretexto, la Sedena
también mantiene 75 puestos militares de seguri-
dad fijos y móviles, conocidos como retenes, “que
cuentan con equipos tecnológicos de inspección y
revisión no intrusiva”; emplea plataformas aéreas
de la Fuerza Aérea Mexicana para la intercepción
y seguimiento de vuelos ilícitos, y actúa coordina-
damente con el Sistema de AdministraciónTribu-
taria en las aduanas mexicanas.
El costo social
Para México,esta militarización ha traído con-
sigo un alto costo social.Entre 2013 y lo que va de
este año, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) ha emitido 11 recomenda-
ciones contra la Sedena por diversas violaciones a
las garantías individuales.
No obstante,los atropellos en los que incurre el
personal militar son muchos más. Al respecto, los
datos abiertos de la Sedena revelan que, en 2016,
la Unidad de Vinculación Ciudadana atendió “15
casos en los que resultaron víctimas directas e in-
directas, cuya afectación resultó de la presencia
militar en las calles”.
Según la dependencia,en esos 15 casos se logró
conciliar “con los legítimos beneficiarios”. Es de-
cir,la Secretaría pagó indemnizaciones “de manera
solidaria, como parte de la reparación del daño y
ofreciendo atención médica y sicológica de acuer-
do con el daño sufrido”.
La Sedena reconoce que estas acciones “coad-
yuvan a mantener la imagen institucional y evitar
quejas y recomendaciones ante esta Secretaría de
Estado por parte de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos”.
Pero la imagen institucional de la Sedena no
está a salvo. En este año se ha presentado uno de
los casos más graves de violación a los derechos
humanos, que a decir de la organización Amnis-
tía Internacional ha implicado una ejecución ex-
DISEÑO: MIGUEL MINERO

Entre 2013 y lo que va de este año, la CNDH ha emitido 11 recomendaciones contra la Sedena por diversas violaciones a las garantías individuales
CUARTOSCURO
trajudicial. Se trata del caso de Palmarito, Puebla,
ocurrido el 4 de mayo pasado, y del que posterior-
mente se dio a conocer un video donde se aprecia
el momento en el que un militar dispara a un pre-
sunto delincuente ya sometido.
“Se debe apostar por la política de invertir en
las fuerzas de seguridad ciudadana y no en fuerzas
de seguridad militar: los militares se forman para
matar, no para defender, para proteger, como lo
harían las fuerzas de seguridad ciudadana. Por eso
vemos que la seguridad pública en México es un
total fracaso, porque está coludida con el crimen
organizado”, señala en entrevista con Contralínea
el abogado Pedro Faro.
Agrega que se puede cambiar esta lógica de
guerra a partir de atacar al crimen organizado des-
de sus finanzas: “desde los bancos que lavan ese
dinero, que sigue siendo utilizado para enriquecer
tanto al crimen como a quienes colaboran con
éste, incluyendo a funcionarios municipales, esta-
tales y federales. Es un negocio redondo que está
implicando una situación terrible,y el gobierno no
está tocando como punto neurálgico”.
Ausencia de marco normativo
La ausencia de un marco normativo que regule
la participación del Ejército en labores de seguridad
pública ha sido un severo señalamiento por parte de
defensores de derechos humanos en la última déca-
da.Pero ahora también es una bandera política de la
Sedena.
En fechas recientes,el propio secretario Cienfue-
gos ha impulsado ante el Congreso de la Unión la
iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular
la actividad que les fue encomendada a las Fuerzas
Armadas en diciembre de 2006, cuando el entonces
presidente Felipe Calderón declaró la supuesta “gue-
rra” contra el narcotráfico. Dicha ley facultaría a los
militares estar en las calles,para“garantizar la seguri-
dad pública y la paz social”.
Sobre este tema,el 19 de febrero pasado el gene-

En entrevista, el defensor señala que, con esa
exigencia, la Sedena reconoce “que ha estado [en
las calles] de manera ilegal, violando constante-
mente los derechos humanos de los mexicanos. A
10 años de la permanencia del Ejército fuera de
sus cuarteles, eso es evidente con las ejecuciones
extrajudiciales, los desplazamientos, las desapari-
ciones forzadas. Tanto, que se le ha denominado
como una epidemia de violencia equiparable a una
situación de guerra, como lo que sucede actual-
mente en Siria”.
Para el abogado, la Ley de Seguridad Interior
apuesta “a mantener este estatus que no ha dado
ningún resultado. Un estatus de guerra donde el
paradigma de la violencia lo que está generando y
va a seguir generando en caso de que se apruebe
esta ley son más violaciones a los derechos huma-
nos en nuestro territorio”.
Problema que, además, no sólo se reduce a la
violencia, sino que abarca la impunidad.“El Ejér-
cito sigue gozando de la protección de las mismas
autoridades civiles,que se supeditan al poder mili-
tar. Es decir, pesa mucho el instituto castrense por
encima de lo que pueda resolver un juez civil. En-
tonces todavía no hay esa garantía a las víctimas de
que se va a juzgar,se va a atender la gravedad de los
casos con todo el rigor de la ley y,sobre todo,como
lo marcan los principios internacionales que pro-
tegen a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos”, explica el antropólogo Abel Barrera.
Agrega que “este ambiente de impunidad hace
que los mismos elementos castrenses tengan cam-
po libre para actuar como policías, como minis-
terios públicos. [El Ejército] actúa con toda esa
protección,y hace todo como si estuviera por enci-
ma de las instituciones civiles. Lo que va en detri-
mento del estado de derecho y del fortalecimiento
de las instituciones de justicia en el ámbito civil,
y robustece más la presencia del Ejército no sólo
como una fuerza represiva, sino también como un
actor político que tiene poder, que tiene presencia
y que obviamente impone su ley y que hace que
siga imperando la impunidad”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó la
versión de la Sedena,a través del general brigadier
Marco Antonio Álvarez, director general de Co-
municación Social. Hasta el cierre de esta edición
no se obtuvo respuesta.
Entidad federativa
Guerrero
Estado de México
Oaxaca
Puebla
Tabasco
Tamaulipas
Sonora
Veracruz
Colima
Chiapas
Quintana Roo
Michoacán
Yucatán
Baja California
Coahuila
Hidalgo
Ciudad México
San Luis Potosí
Aguascalientes
Tlaxcala
Jalisco
Guanajuato
Nuevo León
Zacatecas
Número de bases
28
24
12
11
8
7
7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
ral Cienfuegos Zepeda admitió públicamente: “Los
militares reconocemos la voluntad y los esfuerzos
que realiza el Congreso de la Unión para dotar al
Estado mexicano de una Ley de Seguridad Interior:
instrumento jurídico que delimitará obligaciones y
atribuciones para cada una de las autoridades del país
en esta materia,incluyendo como última instancia la
participación de las Fuerzas Armadas, bajo un prin-
cipio de gradualidad.”
Para Pedro Faro, director del Centro Fray
Bartolomé de las Casas, resulta preocupante el
debate de la Ley de Seguridad Interior, “que in-
éditamente está exigiendo el Ejército Mexicano
como una acción para legalizar su estancia en los
territorios, así como sus acciones y operaciones
en todo el país”.

INVESTIGACIÓN SEGURIDAD
CÁRTEL
TERRORISTA
TRASNACIONAL
LOS ZETAS

INVESTIGACIÓNSEGURIDAD
Los Zetas, una de las
organizaciones criminales
trasnacionales que usan el
terror como método para
enfrentar al Estado, gobierno
y grupos rivales, similar al de
terroristas de otras latitudes,
consideran expertos
L
os cárteles mexicanos –particularmente Los
Zetas– usan tácticas terroristas semejantes a
las de grupos extremistas de África, India y
Colombia y representan una amenaza para la se-
guridad nacional, dañan la legitimidad del Estado
y la gobernabilidad en México, asegura el capitán
Martín Enrique Barney Montalvo..
En su análisis “Organizaciones criminales tras-
nacionales:causas de terror,diferencias y similitudes
con grupos terroristas”–contenido en el libro El te-
rrorismo global y sus implicaciones en el ámbito de la
defensa y seguridad nacional de México–, refiere que
“las organizaciones criminales trasnacionales, espe-
cíficamente el cártel de los Zetas,afectan no sólo la
seguridad interior sino que representan una ame-
naza a la seguridad nacional de México, al generar
una ola de violencia cuya tendencia va en aumento
mediante actos criminales brutales de carácter te-
rrorista”.
Precisa que el cártel de Los Zetas utiliza el te-
rror como método criminal, similar al de grupos
terroristas como el Ejército de Resistencia del Se-
JOSÉ RÉYEZ
CUARTOSCURO

ñor,de Uganda,losTigres de Liberación delTamil
Eelam, de la India (LRA y LTTE, por sus siglas
en inglés), y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).
Establece que la similitud entre Los Zetas y
estos grupos terroristas es el uso de extrema vio-
lencia de manera implícita como herramienta po-
derosa e intangible para causar miedo en la gente,
ejercer control de la organización y disuadir tanto
a rivales como a las autoridades renuentes a coo-
perar.
“Los Zetas y sus similares en otras latitudes
buscan obtener el poder como objetivo; no en-
tienden que el poder es un conjunto de medios y
el terror un medio más, al tiempo que mientras
generan terror o cometen terrorismo socavan la
legitimidad del gobierno”, añade.
Para el exjefe de las subsecciones de Narcotrá-
fico del Estado Mayor General, Los Zetas y estos
grupos terroristas sostienen ideas y creencias reli-
giosas similares que alimentan y dan identidad al
grupo, que los vinculan, a través del espiritismo, la
veneración o cultos caracterizados por el uso de
violencia extrema.
Señala que la trasnacionalidad de Los Zetas se
consolidó desde 2012, cuando se convirtió en una
amenaza en Estados Unidos, donde se extendieron
en más de 270 ciudades de manera directa y a través
de pandillas locales.Para 2016 ya tenía presencia en
1 mil ciudades del vecino país y en 405 municipios
de México.
Barney Montalvo indica que Los Zetas bus-
can obtener la mayor ganancia económica y no
siguen ninguna ideología.Se enfocan en controlar
el mercado de drogas a través de ganar y expandir
su territorio, mantener el control de sus áreas de
influencia y rutas de tráfico de drogas; atacar y eli-
minar a quienes obstaculizan la expansión de sus
actividades ilícitas.
“Como grupo armado paramilitar y criminal
que opera a través del uso de violencia,corrupción
y terror, Los Zetas promueven ideas y creencias
que exaltan el cumplimiento de su misión bajo
el riesgo de perder la vida; inculcan el uso de la
violencia como algo natural y como parte del ne-
gocio, por lo que nulifican sentimientos de com-
pasión y misericordia; seducen a sus miembros
con elegir un excéntrico estilo de vida; al tiempo
que instigan al desorden civil como táctica para
deslegitimar la autoridad del gobierno”, agrega.
En su análisis incluido en el libro El terro-
rismo global y sus implicaciones en el ámbito de la
defensa y seguridad nacional de México, publicado
por el Cesnav (enero de 2017), Barney Montal-
vo explica la estructura y forma de operar y uso
del terror del cártel de Los Zetas.
Dice que a pesar de que en México existe una
tendencia a evitar el uso del término terroris-
mo, desde 2006 la enorme cantidad de víctimas
y la percepción de temor muestran claramente
que los actos de terror han sido perpetrados por
miembros de los cárteles mexicanos, generando
miedo en el pensamiento colectivo de la pobla-
ción y en los adversarios.
El cártel de Los Zetas genera miedo poten-
cialmente,primero a priori,a través de amenazas;
segundo, de facto a través de tácticas terroristas
como secuestros, detonación de explosivos, sa-
botajes, asesinatos selectivos o indiscriminados;
y finalmente, a posteriori, cuando toman ventaja
del crédito por haber atemorizado a un público
objetivo.
Emplea tácticas terroristas a bajos niveles para
evitar la atención no deseada; pero, una impor-
tante excepción de este fenómeno ocurre cuando
la autoridad legítima se debilita a tal grado que
la organización criminal trasnacional obtiene el
control de un territorio específico o de todo un
sector de la economía local. Es el caso del cártel
de Los Zetas que usa métodos terroristas.
El cártel envía mensajes y articula el terror
que genera, mediante el uso de narco-mantas,
clasificando el contenido del mensaje: de reclu-
Los Zetas buscan
obtener el poder como
objetivo; no entienden que
el poder es un conjunto
de medios y el terror, un
medio másmedio más

tamiento de personal militar; de amenazas en
contra de autoridades, militares o policiales y
dirigidos a la población con el fin de ganar su
apoyo y respaldo, y para justificar sus acciones
criminales y confrontar a ese sector con el cártel
rival.
Además, dependiendo si el mensaje se rela-
ciona con un crimen, existen tres niveles en la
modalidad del uso del terror: el primero, cuando
el mensaje es solo amenaza de uso de violencia;
el segundo cuando es acompañado de un cri-
men; y por último,cuando el crimen es cometido
usando violencia extrema que genera terror.
En efecto, coincide Martín Barrón Cruz,
maestro en ciencias penales por el Instituto
Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), quien
afirma que las tácticas de operación que usan
los grupos del narcotráfico en México como Los
Zetas, como las ejecuciones, son similares a las
que usan los terroristas de otras latitudes.
“Entre los cárteles mexicanos podría haber
una similitud con estas operaciones de terror y
precisamente los primeros que las utilizaron fue-
ron Los Zetas que contaban con entrenamiento
militar, quienes revisaron muchos materiales de
cuáles eran las prácticas de grupos terroristas en
otros países de donde tomaron esas ideas para
sus operaciones criminales”, enfatiza.
Doctorante en ciencias penales y política cri-
minal por el Inacipe, Martín Barrón asegura que
Los Zetas copiaron ejercicios de terror del exte-
rior para aplicarlos desde 2001 en México, como
degollar, desmembrar, grabar las ejecuciones y
aplicar una violencia brutal que ha saturado las
redes sociales.
El especialista distingue tres grandes escena-
rios que explican esas prácticas de terror de Los
Zetas: “delincuentes contra delincuentes por la
“Los Zetas copiaron ejercicios de terror del exterior para aplicarlos desde 2001 en México”. En la imagen, presentación del libro La guerra de Los Zetas
ADOLFOVLADIMIR/CUARTOSCURO

Estructura del cártel
Barney Montalvo indica por su parte que el
cártel posee una estructura jerárquica en la que
los capos y jefes de plazas definen territorios de
control, y los líderes tienen su propia seguridad,
policías, abogados y empresarios a sueldo y bajo
su influencia. Cuenta con células para búsqueda
y eliminación de rivales, así como de quienes han
robado, perdido o apropiado de dinero o carga-
mentos del cártel, Secuestran a quienes no pagan
o adeudan al cártel o a personas con fines de ex-
torsión.
Otro elemento clave del cártel, dice, son las
células de recolección de información –halcones–
de operativos y movimientos de las autoridades
y de cárteles rivales. “Esta estructura de inteli-
gencia criminal incluye miles de individuos que
actúan como espías,la mayoría son taxistas,pros-
titutas, desempleados que se turnan a las afueras
de establecimientos militares y policíacos, termi-
lucha de plazas del mercado de drogas a quienes
traicionan o a sus enemigos; segundo, delincuentes
contra autoridades a las que matan por vínculos
con grupos rivales o por realizar su trabajo y tercero,
desde el 2011,el de autoridades contra delincuentes
y de éstos contra la sociedad en general, lo cual sí
es preocupante porque estamos viendo ataques en
forma discriminada que causa terror entre la pobla-
ción”.
Ejemplo claro de esto último, dice, fue el ata-
que con granada que hicieron estallar en Morelia,
Michoacán, durante los festejos patrios de 2008 sin
que hubiera un destinatario específico,sino contra la
sociedad en general.
Precisa sin embargo que no es que hayan escala-
do hacia tácticas terroristas,pues hay que diferenciar
ya que hay más de cien definiciones de lo que es el
terror, sino que son prácticas de terror, no de terro-
rismo,en el sentido de generar terror,pues basta ver
el informe 2016 sobre terrorismo en México y no
hubo un sólo acto con esa connotación en 2015.
Autoridades presentan a presuntos integrantes del crimen organizado
CUARTOSCURO

nales de autobuses y aeropuertos, barrios y villas;
y personal de la policía o militares”.
También cuenta con red de comunicaciones,
armamento de largo y corto alcance, automático
de asalto, vehículos blindados, camionetas todo
terreno, de trasporte de carga y vehículos simi-
lares a los de cuerpos policiales y de unidades
militares. Emplea el culto religioso para ejercer
control social y económico, a través de reglas y
conductas basadas en la criminalidad y la vene-
ración, la violencia simbólica e instrumental; los
narcocorridos y operaciones sicológicas; la corrup-
ción y cooptación de autoridades, y una estructu-
ra jerárquica, estilo de vida, estatus y bandoleris-
mo social.
Los Zetas veneran a la Santa Muerte –similar
al Cártel del Golfo y a la Mara Salvatrucha, de
El Salvador–, a la que invocan en situaciones de
desesperación; la veneran como justificación es-
piritual de las culpas y el temor de perder la vida;
de hecho, le ruegan para tener una buena muerte.
Sin embargo,de manera similar usa al terror para
controlar autoridades y población, y la violencia
simbólica a través de formas brutales de matar.
A diferencia de Los Zetas, el Cártel de Sina-
loa venera a Jesús Malverde, los Caballeros Tem-
plarios es un cártel seudoreligioso narco-evan-
gélica. Los cárteles del Golfo y de Sinaloa usan
la violencia simbólica pero no frecuentemente.
Estos prefieren la violencia instrumental, que in-
cluye ataques a periodistas, policías, militares y
autoridades.
A diferencia de otros cárteles, Los Zetas tie-
nen una estructura jerárquica, doctrina y entre-
namiento paramilitar, mientras que los cárteles
de Sinaloa y Cártel del Golfo esperan alcanzar el
estilo de vida del capo, Los Zetas buscan aventu-
ra, acción, prestigio y gloria dentro de la organi-
zación para ser promovidos, por lo que toman en
cuenta los rangos y antigüedad.
El capitán Barney Montalvo señala que los
líderes de los cárteles aprovechan las creencias
supernaturales ante la necesidad de mantener la
cohesión del grupo, justificar el uso de la violen-
cia, manipular a sus miembros y adquirir legiti-
midad, ya que “cuando el líder gana legitimidad
también obtiene la voluntad de los miembros del
grupo”.
Lasorganizacionescriminalestrasnacionales(OCT)hacenuso
delterrorlimitadoparamantenerpodereconómicoatravésde
gananciasdeactividadesilícitas.Utilizanlaviolenciadeforma
másselectivaquelosinsurgentes.Usanelterrorocasionalmente
paradoblegararivalesdeotrasOCToescarmentaratraidores
desuorganización.Porlotanto,empleantácticasterroristasa
bajosnivelesparaevitarlaatenciónnodeseada.Unaimportante
excepcióndeestefenómenoocurrecuandolaautoridadlegíti-
masedebilitaatalgradoquelaOCTobtieneelcontroldeun
territorioespecíficoodetodounsectordelaeconomíalocal.
Losterroristasycártelesenvíanmensajesyarticulanelte-
rrorquegeneran.Loscártelesusannarcomantas,clasificando
elcontenidodelmensaje:dereclutamientodepersonalmilitar;
deamenazasencontradeautoridadesocomandantesmilitares
opoliciales(requiriendoquenoseprotejaauncártelenespecí-
ficoinclusodelatandoacriminalesrivales),ydirigidosalapo-
blaciónconelfindeganarsuapoyoyrespaldo,comunicandola
justificacióndesusaccionescriminalesyparaconfrontaraese
sectorconelcártelrival.
Además,dependiendosielmensajeserelacionaconuncri-
men,sepuedecatalogarentresnivelesdiferenteslamodalidad
delusodelterror:elprimero,cuandoelmensajeessoloame-
nazadeusodeviolencia;elsegundocuandoesacompañadode
uncrimen;yporúltimo,cuandoelcrimenescometidousando
violenciaextremaquegeneraterror.
Fuente:BarneyMontalvo,Elterrorismoglobalysusim-
plicacionesenelámbitodeladefensayseguridadnacionalde
México,Cesnav,enerode2017
TERROR DE LAS
ORGANIZACIONES
CRIMINALESTRASNACIONALES
LUISCARBAYO/CUARTOSCURO

Imposible, acabar con
el narcotráfico
Experto en narcotráfico, José Ignacio Monte-
ro Vieira coincide con Barney Montalvo en que
el narcotráfico es un problema trasnacional, por
lo cual asegura que “México nunca podrá acabar
con él por sí mismo”. Hoy más que nunca, dice, se
echa de menos una estrategia transnacional, que
implique a todos los países afectados. Se requiere
de políticas coordinadas,mayor colaboración e in-
tercambio de información entre estados.
Asimismo, considera que la estructura finan-
ciera de los cárteles sigue intacta. “Es un error
pensar en estos grupos solo como cárteles del nar-
cotráfico,dado que se asemejan más a multinacio-
nales del crimen. Por ende, se requiere atacar sus
finanzas, más que a sus líderes, ya que el desplie-
gue que realiza día a día el crimen organizado se
financia de otras fuentes”.
El investigador del Instituto de Estudios Es-
tratégicos de España considera que la estrategia de
descabezar a las organizaciones ha provocado una
tendencia a su fragmentación.Lejos de ser una ven-
taja,ahora las fuerzas de seguridad tienen que estar
pendientes de un mayor número de grupos, pero a
la vez más pequeños,más difícil de investigar.
Refiere que esta tendencia de los cárteles con-
lleva que apenas haya lealtad en las alianzas que se
van estableciendo, produciéndose traiciones entre
ElEjércitodeResistenciadelSeñornacióenelNortede
Ugandaen1986einicialmenteestabaformadomayori-
tariamentepormiembrosdelgrupoétnicoacholi,elcual
siempresehabíasentidodiscriminadoporelgobierno
deKampala.Desdeunprincipiocontóconelapoyo,la
financiaciónylaproteccióndelgobiernodeSudándon-
deduranteañosestuvieronsusprincipalesbases.Una
vezqueelgruporebelde,trasañosdedestrucción,ma-
tanzasysecuestros,fueexpulsadodelazona,hacemás
deunadécada,haestadodesplazándoseporRepública
DemocráticadelCongo,RepúblicaCentroafricanay
Sudán.Estamiliciasehacaracterizadodesdesusinicios,
ademásdeporlasmatanzasyladestrucción,porelcon-
tinuosecuestrodepersonas,especialmenteniñosyniñas
paraserutilizadoscomosoldadosyesclavassexuales(El
País,1defebrerode2016).
LosTigresdeLiberacióndelEelamTamil,también
conocidoscomoTigresTamiles,eraunaorganización
fundadaen1976enSriLanka(antiguaCeilán).Hasta
2009seconstituyóenelprincipalgruposeparatista
tamilpuesluchócontraelgobiernoenunaguerracivil
queduró26años(1983-2009).Ademásdelaluchade
guerrillas,losTigresTamilescometieronvariosaten-
tadosdesdesucreación,algunosdeellosespecialmente
sangrientos,comoeldel31deenerode1996,cuando
laexplosióndeuncamiónbombaenColomboacabó
conlavidademásde200civilesyprovocóheridasa
1400.Laguerrillatamilperfeccionóyaplicóenmasael
terrorismosuicida,utilizandoamásde160fanáticos,
entreellosnumerosasmujeresqueseinmolabanbajolas
órdenesdirectasdePrabhakaran.Enunadeestasac-
ciones,unamilitantesuicidadelLTTEasesinóen1991
aRajivGandhi,exprimerministrodelaIndiaycabeza
delPartidodelCongreso(Wikipedia).
LasFuerzasArmadasRevolucionariasdeColom-
bia-EjércitodelPueblooFARC-EPfueungrupo
guerrillerodeextremaizquierdaqueseautoproclamó
marxista-leninista.Fueronconsideradasungrupo
terroristatantoenColombiacomoenotrasnaciones.
Participóenelconflictoarmadocolombianodesdesu
conformaciónoficialen1964yerandirigidasporun
secretariadodesietemiembroshastael26deseptiembre
de2016,díadelafirmadelosAcuerdosdeLaHabana,
quebuscóterminarelconflictodeestaguerrillaconel
Estadocolombianoyqueesperabafuesenratificados
porelpueblocolombianomedianteunplebiscitoque
secelebróel2deoctubrede2016.Elgrupoestáinvolu-
cradoennegociosconsideradosilegalescomoelrobo,la
extorsión,elsecuestroytráficodearmasydroga(Wiki-
pedia).
TERROR DE LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES TRASNACIONALES

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