Contralínea 458

ISSN: 1665-1626
Año 14 • Número 458 • $30
Del 12 al 18 de octubre de 2015

4 28 de septiembre de 2015
AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
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C
on motivo de su visita a México, el Alto Comisionado de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Hu-
manos, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo una declaración que no deja
lugar a dudas respecto de la crisis en derechos humanos y seguridad que
enfrenta el país.
El recuento incluyó la cifra de personas asesinadas entre diciembre de
2006 y agosto de 2015, periodo en el cual se ha desarrollado la supuesta
“guerra” contra el narcotráfico. De acuerdo con el relator, en ese lapso
fueron asesinadas 151 mil 233 personas, entre ellas miles de migrantes en
tránsito.
“Para un país que no se encuentra en medio de un conﬂicto, las cifras
calculadas son, simplemente, impactantes”, señaló. Otra alarmante cifra
corresponde a los más de 26 mil desaparecidos, muchos de los cuales pu-
dieron ser víctimas de desapariciones forzadas. El funcionario de la ONU
también destacó que miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o
se convierten en víctimas de feminicidio. “Y prácticamente nadie ha sido
condenado por dichos crímenes”.
Y es que, por más discursos del gabinete de Enrique Peña Nieto y del
propio presidente, la realidad mexicana no se puede ocultar. No se trata
de una percepción errada, sino de una lamentable tragedia humanitaria
que padecemos desde el gobierno de Felipe Calderón y que parece no
tener fin.
Es en este contexto de violencia desbordada que el relator señaló que
el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México queda sin resolver;
además, que la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados.
Zeid Ra’ad Al Hussein destacó que parte de la violencia puede ser
atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado,
a los que condenó por haber hecho miserable la vida de mucha gente,
sin embargo –dijo–, “muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y
ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por auto-
ridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas
partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión
con grupos del crimen organizado”.
En este sentido, el relator destacó tres casos dada su gravedad:
Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato; a los que se refirió como “una sucesión
de incidentes específicos y recientes [que] han llamado considerablemente
la atención y preocupación internacionales”.
DEMOLEDOR
EL DIAGNÓSTICO
DE LA ONU
AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
4 12 de octubre de 2015

www.contralinea.com.mx 5
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
Del primero, recordó que “el 30 de junio de 2014, au-
toridades militares anunciaron que durante un ataque en
una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de
México, soldados mataron a 22 de los agresores, incluyen-
do a una niña de 15 años. Sólo después de varios meses, y
gracias a una valiente testigo y algo de periodismo audaz,
emergió una historia por completo diferente; dicha historia
sugiere que la mayor parte de esas 22 personas de hecho se
habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente,
y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a de-
tención arbitraria y a tortura. Desde entonces, detalles más
alarmantes sobre el caso han emergido, como la aparente
alteración de la escena del crimen y la fabricación de cargos
contra las sobrevivientes, así como la naturaleza de las ór-
denes de operación dadas al oficial a cargo de las mismas”.
Del caso Ayotzinapa, indicó que “la confianza de la ciu-
dadanía en las instituciones federales y locales fue seriamen-
te resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el
asesinato de seis personas, ocurridos en Iguala, Guerrero.
Los informes sugieren poderosamente que la policía local
realizó violentos ataques y emboscadas en contra de los es-
tudiantes desarmados, así como contra un equipo de futbol
local”.
Sobre el tema, Zeid Ra’ad Al Hussein respaldó el re-
ciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y llamó al gobierno a actuar decisiva-
mente sobre las recomendaciones del GIEI, “incluyendo su
insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de
no permitir que los expertos se entrevisten con miembros
del Batallón 27 [del Ejército Mexicano], quienes estaban
presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques
tuvieron lugar”.
Además, refirió que tanto el GIEI como el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense revelaron las limitaciones
e irregularidades relacionadas con los servicios forenses en
México. Por ello, dijo, es preciso y urgente crear una institu-
ción nacional forense de carácter autónomo y con recursos
adecuados
Del tercer caso señaló: “aún está por ser adecuadamente
resuelto. Incluye los asesinatos de nueve personas en Apat-
zingán, en enero de 2015, y de 43 personas, incluyendo un
oficial de policía, en Tanhuato [Michoacán], en mayo”.
123RF

CONTENIDO
26
PORTADA
Un megaproyecto privado de más de 23 mil millones de
pesos, asistido por el GDF, se desarrolla en uno de los
últimos reductos del pedregal del Sur de la ciudad. Ello, pese
a una orden judicial que prohíbe la construcción, pues tres
supuestos dueños se disputan las 71 hectáreas
BIOMETRÓPOLIS, EN DISPUTA
23 MIL MILLONES DE PESOS
OPINIÓN
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN DEMOLEDOR, EL
DIAGNÓSTICO DE LA ONU
CONTRAPODER
POR INTENTO DE EXTORSIÓN, DOS MUJERES SACARON A
BAILAR A LÓPEZ-DÓRIGA Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
DESAPARECER LAS NORMALES, OBJETIVO DE LA
REFORMA EDUCATIVA Lev Moujahid Velázquez Barriga
EL PERIODISMO DE HOY José Sanclemente/CCS
DÍA DE LA INDIGNACIÓN Jorge Meléndez Preciado
PERENNE SOLIDARIDAD A LOS 43 DE AYOTZINAPA Martín Esparza
Flores
PAÍSES NUCLEARES INCUMPLEN EL TRATADO DE NO
PROLIFERACIÓN Farhang Jahanpour/IPS
EL FIN DE UNA ERA DE 500 AÑOS José Carlos García Fajardo/CCS
HAMBRE Y POBREZA NO DEBEN SER PARA SIEMPRE José Graziano
da Silva/IPS
NO BASTA GANAR ELECCIONES, HAY QUE CONSTRUIR PODER
POPULAR Xavier Caño Tamayo/CCS
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN -año 14, núme-
ro 458, del 12 al 18 de octubre de 2015- es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida
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tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de
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CONTENIDO
44
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ANÁLISIS
PRESUPUESTAL Prerrogativas en el INAI por 16 millones Alberto Trejo
ECONÓMICO Reelección de Carstens: firme, la dictadura neoliberal en el
Banxico Marcos Chávez
EDUCATIVO Jara Guerrero: retroceso educativo para Michoacán Bertha Dimas
Huacuz
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Reactivan Biometrópolis pese a disputa por la propiedad
Elva Mendoza
LÍNEA GLOBAL El gas de esquisto fractura comunidades de EU Emilio Godoy/IPS
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MISCELÁNEO
PASO A DESNIVEL Inflación Miguel Galindo
EX LIBRIS El estadista, revolucionario y constituyente José María Morelos y
Pavón Álvaro Cepeda
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Ilustración de portada: 123RF
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ESPECIALES
ENTREVISTA Resistimos desde hace 500 años una guerra de exterminio: Tribu
Yaqui Érika Ramírez
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56

CONTRAPODER
OPINIÓN
N
i modo de pasar por alto el enfrenta-
miento, dentro y fuera de lo judicial,
ventilado en los medios de comunica-
ción, que protagonizan por un lado la señora
Adriana Pérez Romo, esposa “del presentador
[así le nombran en España al comunicador de
noticias editorializadas, es decir que les inserta
comentarios para aprobarlas o desaprobarlas]
más famoso del país, Joaquín López Dóriga”
(Verónica Calderón, El País, 2 de septiembre de
2015), y la millonaria María Asunción Aram-
buruzabala Lárregui, exdueña del Grupo Mo-
delo dedicada a buscar nichos financieros muy
redituables, como la
construcción inmobi-
liaria, para obtener
cuantiosas ganancias
dentro del capitalismo
globalizado del neoli-
beralismo económico.
Vale la pena leer el
reportaje de María Luisa Aguilar, en la revista
Fortuna (edición de marzo de 2003), donde luce
glamorosa en la portada y cuenta sus relaciones
económicas con Televisa y Carlos Silm.
El encuentro extra, y ya propiamente judi-
cial, es porque mediante sus empresas la millo-
naria construye un edificio de 122 departamen-
tos en la opulenta colonia Polanco. Esto moles-
tó a los ocupantes de un edificio de enfrente,
donde vive el poderoso matrimonio Pérez Ro-
mo-López Dóriga, quienes, con la mayoría de
sus vecinos, de familias acomodadas (es decir,
de ricas para arriba), interpusieron una demanda
porque dicha construcción les impedía la vista
panorámica que tenían. Y cuenta la informa-
ción que, para retirar la demanda, es decir, de-
sistirse, los abogados de los vecinos encabezados
por Pérez Romo le pidieron 5 millones de dóla-
res (que es como quitarle un pelo a un gato).
La millonaria se encolerizó y contrademan-
dó con el argumento de que era víctima de in-
tento de extorsión. Televisa se deslindó indirecta
y directamente ante doña María Asunción; pero
mucho tenía que ver López-Dóriga, autor de
una columna y uno de sus principales comuni-
cadores. Aramburuza-
bala hizo declaracio-
nes al diario Reforma.
También la entrevistó,
para la revista Proceso,
nada menos que Jena-
ro Villamil, quien se
sabe al revés y al derecho
la metamorfosis de Televisa y los tres Azcárra-
ga. Y se publicó la nota en El País.
En la danza salió a bailar Miguel Ángel Man-
cera (quien anduvo de fiesta con su Tercer infor-
me, apuntándose para candidato presidencial,
junto –pero no revuelto– con Luis Videgaray,
Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño,
Rafael Moreno Valle, Francisco Madero y/o
Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obra-
dor, más los que se agreguen a la lista con los
independientes). Mancera está en el pleito me-
diático porque, como se sabe, mucho tiene que
POR INTENTO DE EXTORSIÓN
DOS MUJERES SACARON A
BAILAR A LÓPEZ-DÓRIGA
ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA
Ante la demanda de los vecinos
encabezados por Pérez Romo, Aram-
buruzabala contrademandó argumen-
tando ser víctima de extorsión
Ante la demanda de los vecinos
tando ser víctima de extorsión

CONTRAPODER OPINIÓN
ver en los tribunales donde comparte poder con
Edgar Elías Azar, el periodista que publica con su
nombre lo que le escribe.
La señora Aramburuzabala teme que haya
mano negra, pues asegura tener sus permisos en
regla. Y dentro de la clase capitalista es sabido
que es de las que “no se dejan” y va en todas “has-
ta las últimas consecuencias”, como ya lo dijo.
De entre las frases que López-Dóriga coloca en
su columna, no ha aparecido ninguna que roce
el tema, aunque en su cuenta de Twitter acusó
al periódico Reforma de apoyar a la millonaria,
asegurando que ni él ni Televisa tienen algo que
ver con la disputa legal. Es algo parecido como
cuando Enrique Peña Nieto se deslindó de su
esposa por el asunto de la casa blanca y aparente-
mente la dejó sola.
Al reportero Jenaro Villamil la millonaria le
dijo que la amenazaron con usar el programa de
López-Dóriga “para difamarla”, revirando que
ella no es corrupta: “Mi dinero no es mal habi-
do, como el de él”.
No se trata solamente de dimes y diretes. Hay
mar de fondo y las olas del escándalo inundaron tie-
rra adentro a varias fortunas, donde salió a relu-
cir la corrupción. Podría revocarse el permiso para
la construcción o, en caso contrario, habría un
arreglo que incluiría que la señora Aramburuza-
bala hasta remodelaría calles y banquetas, como
si fuera la vicegobernadora defeña.
En la intentona de extorsión (en la jerga
común y corriente: mordida, moche), establece la
contrademanda que, para obligarla a dar ese di-
nero (¡en dólares!), se hacía “alusión a la fuerza
periodística del señor Joaquín López-Dóriga y
a la estrecha relación que se tenía con diversos
funcionarios del Gobierno del Distrito Federal,
dando a notar la misma, bajo la forma en cómo
desde enero del presente año han venido ac-
tuando para no permitir que se realice la obra
del proyecto denominado Rubén Darío 225”.
Salta a la vista que los actores de este melodrama
escenificaron un choque de trenes; y los maquinistas se
hicieron de palabras, amenazas y un intento de
chantaje, donde se midieron dos grupos con po-
der. Se tomaron el pulso. Y mientras los tribunales
no decidan sin mano negra, no hay nada para los
contrincantes.
Aramburuzabala ocupa el lugar 265 en la lis-
ta Forbes, a veces encabezada por Carlos Slim;
y como socia de la empresa explotadora de la
marca Modelo, la empresa Anheuser-Busch In-
Bev recibió de esa transacción más de 20 mil mi-
llones de dólares, de los cuales le querían quitar
una parte para dejarla concluir su edificio.
Este agarrón fue un efectivo distractor para
que la nación desatendiera la crisis general que
se le viene encima por las malas políticas pe-
ñistas. Fue un espectáculo en la cúpula de la eli-
te capitalista en el que la lucha de clases entre
los que tienen mucho y los que tienen poco pero
quieren más forman parte de lo que otro de los
suyos, pero multimillonario a lo bestia ha dicho
con todo su cínica franqueza: “Ciertamente hay
una guerra de clases, pero es la mía, la clase de
los ricos, la que la ha declarado, y la estamos
ganando” (David Harvey, El enigma del capital y las
crisis del capitalismo). En México también los ricos
van ganando la lucha de clases... ¡55 millones los
contemplan! Pero mientras, dos mujeres nos han
entretenido con su pleito de familia entre ricos y
millonarios, donde una quiere tener otro poco
y la otra no quiere que le quiten un pelo a su ga-
to-capital. Y en el estira y afloja del “dame y no te
doy”, ya veremos quién gana... Si no es que se
arreglan a la mexicana con un toma y daca.
En la contrademanda se argumenta que en el intento de extorsión se ha-
bría aludido a la fuerza periodística de López-Dóriga y a la estrecha relación
con diversos funcionarios del gobierno capitalino, misma que supuestamente
habría impedido continuar con la obra ubicada en Rubén Darío 225
En la contrademanda se argumenta que en el intento de extorsión se ha-
habría impedido continuar con la obra ubicada en Rubén Darío 225

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a gran labor de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) en la era neoliberal ha sido
desmantelar el proyecto nacional de edu-
cación y abrirlo a la consolidación de un proyecto
mundial estandarizado y de producción a gran es-
cala de comportamientos y actitudes para la unifi-
cación de una sola cultura, en donde el consumo
hedonista y desmedido define la esencia de todas
las relaciones sociales.
Los últimos sucesores de José Vasconcelos no
han ocultado su aversión por la escuela pública, ni
su falta de formación patriótica, académica y de
amplio conocimiento del sector educativo, así lo
demuestra el bajo per-
fil, de corte administra-
tivo y no pedagógico,
académico o cultural del
recién nombrado se-
cretario de Educación
Pública, lo cual es tam-
bién un indicio preocu-
pante de la indiferencia del actual gobierno de
Enrique Peña Nieto para fomentar un proyecto
educativo humanista y sensible a las necesidades
sociales.
En este contexto se inscribe una nueva refor-
ma para la formación inicial de los docentes que
no había tenido mayores implicaciones luego de
las modificaciones constitucionales de 2013, pero
que hoy enrola a los trabajadores de las escuelas
formadoras de maestros en la misma dinámica
de evaluaciones para regular la permanencia, al
igual que los que se desempeñan en los niveles de
educación básica y media superior.
Como ya ha sido costumbre en la política ver-
tical del gobierno de la República, no fue consul-
tada y muchos menos consensuada entre los estu-
diantes y académicos de las instituciones forma-
doras de docentes, en donde no han faltado pro-
puestas producto de investigaciones participativas
y experienciales de colectivos de investigadores de
ese mismo sector, que por supuesto no han sido
consideradas por ningún sector público de educa-
ción, dado que hace años que estas decisiones se
toman en el seno de los organismos de la globali-
zación económica.
Las líneas generales
de esta reforma apa-
recen tanto en el Plan
integral: diseño y rediseño
y fortalecimiento de las es-
cuelas normales, que pre-
sentó la SEP en agosto
pasado, así como en las
Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes
de educación básica, que fue publicado por el Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) en septiembre pasado; sin embargo, no se
aplicarían hasta agosto de 2016.
Es realmente sorprendente la racionalidad
que orienta la propuesta en ambos documentos:
“Garantizar la idoneidad de los conocimientos y
capacidad de quienes ingresan al Servicio Profe-
sional Docente (SPD)”, dice el INEE; pero no ha
sido siquiera diseñado un nuevo plan curricular
cuyos contenidos definan el perfil del docente, el
LEV MOUJAHID VELÁZQUEZ BARRIGA, HISTORIADORY PROFESOR; MIEMBRO DEL CEN-
TRO SINDICAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA COORDINADORA
NACIONAL DETRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN MICHOACÁN
La SEP promueve una nueva re-
forma para la formación inicial de los
docentes que incluye la evaluación de
los trabajadores de las normales
La SEP promueve una nueva re-
los trabajadores de las normales
DESAPARECER LAS NORMALES
OBJETIVO DE LA REFORMA
EDUCATIVA

ARTÍCULO OPINIÓN
tipo de hombre y mujer que necesita nuestro país,
la sociedad que está proyectando edificar, ni están
pensando en las demandas sociales o los contex-
tos culturales. Tal vez en los modos de aprendiza-
je de los alumnos se están formulando directrices
de formación para que los aspirantes a docentes
resuelvan el examen nacional del ingreso al ser-
vicio, porque si el objetivo es preparar mentores
idóneos, ése es el único instrumento que hasta
hoy el gobierno ha utilizado para seleccionar a los
nuevos maestros.
La integralidad que se pregona en el Plan inte-
gral de la SEP es una de las muchas palabras sin
contenido que usan para convencer de que tienen
sólidos fundamentos pedagógicos, pero la capaci-
tación para ser idóneos, es decir, para ser diestros
en contestar plantillas que se reproducen por de-
cenas de miles, repletas de preguntas legaloides,
administrativas, memorísticas y simuladoras de
posibles escenarios, está muy lejos de la formación
docente para enfrentar la diversidad, para educar
en el desarrollo del ser humano en
sus múltiples dimensiones, para
articular un tejido social que se
resquebraja por la violencia y la
marginación, para sensibilizar-
se ante la realidad de escuelas
llenas de carencias y múltiples
factores que merman el apren-
dizaje.
Una propuesta integral que
debiera contener ejes desde la
complejidad del proceso edu-
cativo, la multidimensionalidad del
sujeto y su realidad, la diversi-
dad regional y cultural de cada
centro de formación, originali-
dad y autenticidad del currícu-
lo, la multiplicidad de formas
de aprendizaje, así como el de-
sarrollo holístico de los alumnos
y profesores, plantea más bien
lo opuesto: la creación de un
único programa que incluye es-
cuelas normales, universidades
pedagógicas nacionales y demás
escuelas públicas y privadas for-
madoras de docentes, cuyos egresados que quie-
ran entrar al servicio finalmente deberán cumplir
con los estándares de idoneidad para los cuales es
necesariamente absurdo reorganizar todo el siste-
ma de formación inicial para profesores.
Incentivar la formación de un número mayor
de docentes “idóneos” suena a una verdadera fa-
lacia, cuando menos de 14 mil, es decir, ni siquiera
25 por ciento de las 60 mil personas que resulta-
ron idóneas en el examen de ingreso al Servicio
Profesional Docente convocado por la propia SEP
en 2015 obtuvieron una plaza de maestro. En este
sentido, ambos documentos que trazan planes y
directrices de una misma propuesta federal augu-
ran un rotundo fracaso que expulsaría miles de
docentes a las gruesas filas del desempleo, si no
se reconoce la necesidad y la responsabilidad del
Estado en más de 60 mil escuelas que no cuentan
con suficientes maestros.
Resulta contradictorio que la propuesta del
INEE no tenga que ver con recuperar el modelo
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
educativo de las normales, ni con
la apertura de más de estas es-
cuelas, cuando los resultados de
sus mismos exámenes de ingreso
en 2014 y 2015 demuestran que
los más aptos para la docencia
son precisamente los normalis-
tas, ahí existe una tradición ética
y pedagógica que ha sido parte
fundamental del aporte nacio-
nal a la educación mundial que
no puede ser simplemente sos-
layada; eso pone en evidencia
la ignorancia de un gobierno
como el de Enrique Peña Nieto
que prefiere firmar convenios
de cooperación con el gobierno
francés y no rescatar nuestras
escuelas que han sido ejemplo
en la formación de docentes con
alto compromiso social.
El INEE parece más preo-
cupado por satisfacer la deman-
da de trabajo generada por los
egresados de escuelas particula-
res y afirma lo siguiente: “En los
últimos años ha crecido la participación de otras
instituciones de educación superior (IES) en la for-
mación de estos profesionales. La oferta educativa
de las normales coexiste ya desde hace tiempo con
una que proviene de universidades públicas y pri-
vadas”, por eso se explica que en las “Directrices”
se proponga un plan de acompañamiento para
que aquellas instituciones de educación superior
que oferten carreras relacionadas con la forma-
ción de maestros se vinculen con los estándares de
idoneidad de los exámenes nacionales de otorga-
miento de plazas.
El Plan integral de la SEP eliminaría las licen-
ciaturas en educación preescolar, educación pri-
maria, educación especial, telesecundaria, edu-
cación física y las específicas de cada asignatura
en secundaria; toda esa diversidad de necesarias
especialidades para cada modalidad en educación
básica quedaría sepultada por sólo dos carreras:
licenciatura en docencia y licenciatura en inclu-
sión. Esto guarda una cierta lógica que fomenta la
desprofesionalización del maestro, en la que cual-
quier universidad entra en igualdad de condicio-
nes para que carreras afines o similares a la forma-
ción docente compitan en el mercado laboral por
un contrato precarizado, pero esto también aten-
ta contra el derecho de los niños que requieren
cuidados especiales, porque la inclusión significa
trasladarlos a las escuelas regulares que no están
acondicionadas para darles una educación apro-
piada y acorde a sus necesidades.
Se está preparando al normalismo para que
pierda su trayectoria en la formación inicial de los
maestros. Se fragua su desaparición en la medi-
da en que cualquier otra institución de educación
superior, principalmente privada, podrá preparar
docentes, porque el examen de ingreso al servicio
en 2016 será totalmente abierto. Las escuelas nor-
males perderán sentido si sólo fungen como me-
dio para la capacitación y actualización del magis-
terio y no para la formación profundamente ética,
pedagógica, didáctica, patriótica y nacionalista.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULO OPINIÓN
C
uando los emigrantes y los refugiados
huyen de la miseria y la guerra en busca
de un lugar donde sobrevivir, se fabrican
fronteras de cuchillas afiladas y sus vidas acaban
ahogadas en el mar, no hay neutralidad que valga.
El periodismo tiene que estar en el lado de la valla
de los desfavorecidos, despertando la conciencia
ciudadana para acabar con la mezquindad de los
políticos que consienten esas injusticias.
El periodismo tiene
que utilizarse como herra-
mienta para transformar
la sociedad, para agitar las
conciencias de los ciuda-
danos, para protegerlos
de los desmanes de los po-
derosos, para defender los
derechos de los más débi-
les e incluso para movili-
zar a los que miran a otro
lado ante las injusticias.
El periodismo no de-
bería ser aséptico ni neu-
tral. Tiene que contami-
narse con las aspiraciones
y miserias de los hombres y
tomar partido por sus causas. Debería abrir los
ojos y los oídos de todos para acabar con la ceguera
y sordera interesadas de tantos que se instalan en la
comodidad.
El periodismo de hoy ya no tiene que resultar
incómodo sólo para los gobiernos y los podero-
sos: ahora también debe conmover, movilizar e
inquietar a los ciudadanos.
Se dice que sin periodismo libre no hay demo-
cracia, pero a lo mejor se ha quedado en una frase
hecha. Hoy no basta con ese formalismo. Demo-
cracias hay muchas, todos los países europeos lo
son, quizá no del todo reales porque no cabe que
en nombre de ellas se permita que se cometan
esos abusos con la humanidad, pero a lo peor es que
no se ejerce tampoco en todo el mundo civilizado
un periodismo real y com-
prometido.
Se les exige mucho a
los periodistas. Tienen que
contar los hechos sin juz-
garlos ni condenarlos. Pue-
den denunciarlos, pero no
sentenciarlos. Tienen que
aportar los diferentes pun-
tos de vista de una histo-
ria y acudir a las máximas
fuentes para contrastarla.
Tienen que ser honestos y
veraces, rigurosos, impar-
ciales y hasta buenas per-
sonas, como decía Kapus-
cinski. En fin, tienen que
ser superhombres y supermujeres si tienen que ejercer
ese periodismo libre y comprometido que de-
manda buena parte de la sociedad.
Tienen que ser tan héroes como los que cru-
zan las fronteras a través del mar y las vallas de
cuchillas afiladas huyendo de la guerra y en busca
de la libertad.
EL PERIODISMO
DE HOY
JOSÉ SANCLEMENTE, PRESIDENTE DE ELDIARIO.ES/CENTRO DE COLABORACIONES
SOLIDARIAS
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
M
ultitudinaria fue la protesta del 26 de
septiembre. Más de 4 horas desfilaron
frente al Hemiciclo a Juárez (donde
estuvimos) los contingentes. Y antes, por razones
de seguridad, marchó 1 centena de niños con sus
padres, algunos en carriolas. Dos infantes que ju-
gaban con sus mentores que lanzaban un globo,
cuando aparecieron los primeros grupos, ense-
ñaron sus atrevidas cartulinas: “Somos niños, no
sentimos temor y luchamos porque encuentren
a los desaparecidos”. El miedo, un recurso de los
poderosos, no se hizo presente, ni siquiera cuan-
do los llamados anarquistas hicieron detonar un
cohetón en una cafetería extranjera; gritos, atur-
dimiento momentáneo y al final el llamado a la
calma para seguir adelante y llegar al Zócalo, no
obstante la lluvia persistente que cayó durante ho-
ras y no amainó a los que buscan, junto con los
padres dignos, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los convocantes lo llamaron para las redes
#DíadelaIndignación, y la sentencia se convirtió
en trending topic. No obstante los esfuerzos de los
informadores y mercadólogos oficiales para que se
creyera que el gobierno solucionará el asunto que
nos conmueve desde hace 1 año, las posiciones de
las mamás y papás de los jóvenes desaparecidos en
Iguala fue más que contundente. Varios de ellos
intervinieron, brevemente, con valor y energía no
obstante la fatiga y la desesperación evidentes. En
la manifestación iba Omar García, sobreviviente
de aquel fatídico día, quien expresó, entre otras
cosas: “que renuncie Peña Nieto”. Acerca de si
continuará él y sus compañeros en las batallas por
la democracia real, expresó: “a huevo” (Sin Embar-
go, 27 de septiembre de 2015). Lenguaje coloquial
que nos recuerda a los poetas trascendentes y pro-
fundos.
En la Plaza de la Constitución, ante la falta de
respuestas gubernamentales no obstante los en-
cuentros con Enrique Peña Nieto el 29 de octubre
de 2014 y el 24 de septiembre de 2015, el abo-
gado Vidulfo Rosales llamó a constituir un Frente
Amplio para la Transformación Radical del País.
Se piensa, incluso, en un candidato independiente
a la Presidencia de la República, diferente al que
están buscando desesperadamente intelectuales,
políticos, empresarios e informadores, los cuales se
reúnen en casa de Diego Fernández de Cevallos,
uno de los hombres más desprestigiados en el país
debido a sus negocios con los empresarios de la
elite y sus transas con Carlos Salinas.
Mientras en la Organización de las Naciones
Unidas, Peña Nieto censuraba por tercera vez el
populismo, algo fuera de serie ya que este tipo de
personajes mal catalogados así avanza en Inglate-
rra con Jeremy Corbyn y en Estados Unidos con
Bernie Sanders –no se diga en México con Andrés
Manuel López Obrador–, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos se entrevistaba con
los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isi-
dro Burgos. En el encuentro, la presidenta, Rose
Marie Belle-Antonie, se pronunciaba por llegar al
fondo de lo que calificó “la tragedia de Ayotzina-
pa”. Y el secretario general, Emilio Álvarez Icaza,
motejado el Complotista por tecleadores a sueldo, decía
que las investigaciones de esa Comisión eran in-
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO, PERIODISTA
DÍA DE
LA INDIGNACIÓN

ARTÍCULO OPINIÓN
dependientes, apoyadas por los países que visitan
y muy responsables.
Para el especialista Eduardo Buscaglia, inves-
tigador de la Universidad de Columbia (Estados
Unidos), lo mejor sería llevar el expediente a la
Corte Penal Internacional (La Haya), ya que di-
cho organismo podría emitir una sentencia para
que el gobierno mexicano enmiende el camino y
castigue a los responsables de la desaparición de
estudiantes.
Al Senado, por cierto, acudió Miguel Ángel
Osorio Chong, secretario de Gobernación. Se
llevó una serie de cuestionamientos por parte de
panistas, perredistas y otras organizaciones por
la falsa investigación acerca de la llamada casa
blanca, la no aclarada situación de las mansiones
de él y su subsecretario, Luis Miranda, la de Luis
Videgaray, los negocios con las empresas Obras-
cón Huarte Lain (OHL) e Higa, la invitación a
la ceremonia de Peña Nieto de los empresarios
de esas firmas, el nombramiento de Arturo Esco-
bar en la subsecretaría de Prevención del Delito,
la insistencia de Enrique contra el populismo y,
obviamente, el asunto de Igua-
la-Cocula.
Layda Sansores sacó el pican-
te. Dijo: “a Enrique Peña Nieto
todo se le cae: el peso, el petró-
leo, el pastel, la banda presiden-
cial, el celular y hasta el país…”.
Recordó que Osorio Chong
nombró en información de Go-
bernación a Andrés Chao, liga-
do a un hermano de un ejecuti-
vo de MVS (de nombre Felipe),
y por ello ocurrió la salida de
Carmen Aristegui del noticiario
matutino, siendo que la conduc-
tora era una válvula de escape de la
inconformidad nacional. Luego
exigió el regreso de Carmen
Aristegui a la radio.
Expresó Layda que los jóve-
nes y los marchistas son el alba
del país; llamó a no claudicar en
la lucha y finalizó afirmando: “sí
hay futuro”.
Dice bien Alberto Aziz (El Universal, 29 de sep-
tiembre de 2015), de 111 detenidos por el caso
sangriento y hasta ahora inexplicable no hay un
sólo consignado (sic sonriente). En tanto, el mencio-
nado investigador, basado en una encuesta, indica
que la violencia del narco va en aumento según el
56 por ciento de los entrevistados, y el 72 por cien-
to asegura que los triunfadores en la guerra inicia-
da por Felipe Calderón son los traficantes.
En la cadena Al Jazeera, sección AJ Plus (dedi-
cada a los jóvenes), se pitorrearon de lo lindo de la
insistencia de Enrique Peña Nieto acerca de que
en México se respetan los derechos humanos y
destacaron el caso Ayotzinapa. Con base en dicho
video, Elisa Alanís (El Universal TV, 30 de septiem-
bre de 2015) hizo una buena y cruda reflexión: “en
México las televisoras únicamente distribuyeron
las imágenes y palabras del atlamulquense, y nin-
guna se atrevió a plantear la otra posición, la de la
sociedad inconforme; los medios en nuestro país
están anquilosados”. Y remata la periodista asegu-
rando que el escándalo internacional perseguirá a
Enrique (Peña Nieto) durante muchos años.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
PERENNE SOLIDARIDAD
L
a insostenible “verdad histórica” que a
lo largo de 1 año buscó apostar al ago-
tamiento de la lucha social en torno a la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas
en Iguala, Guerrero, más que al esclarecimien-
to del lamentable hecho, se vio avasallada por
las muestras de solidaridad que por todo el país
refrendaron su apoyo a los padres y familiares
de los ausentes, recordando a las autoridades la
enorme deuda que en materia de justicia tienen
no únicamente con los estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzina-
pa, sino con los más de 26 mil desaparecidos a
lo largo y ancho del territorio nacional, desde el
sexenio de Felipe Calderón.
El pasado 26 de septiembre, y sin importar
las inclemencias del tiempo, miles de mexicanos
salieron a las calles de la Ciudad de México, y
de otros estados, a mostrar a una voz el hartazgo
que priva en un pueblo agraviado por la crecien-
te injusticia y la impunidad con que operan no
únicamente los grupos criminales que controlan
amplias regiones del país, sino los cuerpos de
seguridad y fuerzas castrenses, aliados con los
capos en el rentable y sangriento negocio del
narcotráfico.
Resulta inconcebible, pero sobre todo aterra-
dor, que en un país con aparente sello democráti-
co e institucional, respetuoso del marco jurídico
y la aplicación de las leyes, ninguna autoridad
pueda dar razón del paradero de miles y miles
de personas desaparecidas; peor todavía, que la
gente se siga esfumando a la vista de operativos
conjuntos entre policías locales, estatales, fede-
rales y hasta Fuerzas Armadas.
Como lo demostraron ampliamente los re-
portes presentados por el Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independientes, la noche de los
trágicos sucesos ninguna autoridad federal o mi-
litar prestó auxilio a los normalistas cuando eran
atacados a mansalva por los policías municipales
y entregados a los lugartenientes del grupo cri-
minal Guerreros Unidos.
Imposible negar el grado de lenidad y conni-
vencia de cuerpos militares y elementos federa-
les en una región caracterizada por ser la princi-
pal productora de goma de opio para la elabora-
ción de heroína, la masacre de Ayotzinapa sirvió
para destapar una de mayores dimensiones: el
hallazgo de innumerables fosas clandestinas en
Iguala y los municipios aledaños, donde decenas
y decenas de cadáveres permanecen en calidad
de desconocidos ante la angustia de muchas fa-
milias que, por temor a represalias, se abstienen
de reclamar el cuerpo de un ser querido.
¿Quiénes son esos muertos anónimos que
también merecen justicia? ¿Cómo fue posible
que ocurriera tal cantidad de ejecuciones sin que
nadie se percatara de ello?
Hasta el momento no se ha explicado a la na-
ción el surgimiento de un camposanto clandesti-
no de tales dimensiones. Monumento a la impunidad
con un epitafio dedicado al agonizante estado de
derecho.
Diversos reportajes posteriores a la desapari-
ción de los normalistas, compilados por medios
A LOS 43 DE AYOTZINAPA
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
nacionales y extranjeros, hablan del estado de
exclusión y terror que siguen padeciendo los
habitantes de poblaciones y rancherías donde,
inexplicablemente, ninguna fuerza pública ha
logrado restablecer el dañado tejido social y
la aniquilada paz ciudadana. Miles y miles de
mexicanos que para su desgracia habitan en las
zonas disputadas por el narco, ya sea por el con-
trol de las rutas de trasiego como por las tierras
destinadas a la producción de mariguana y ama-
pola, sobreviven en una constante zozobra y en
la incertidumbre de un estilo de vida regido por la
violencia extrema.
Reportes de la Agencia Antidrogas estaduni-
dense (DEA, por su sigla en inglés) indican que
en los 56 municipios del Norte de Guerrero se
produce el 60 por ciento de toda la goma de
opio del país, misma que transformada en heroí-
na, con gran demanda en el mercado de adictos
estadunidenses, reporta ganancias superiores a
los 1 mil millones de
dólares al año para los
grupos criminales. Y
si bien las autoridades
mexicanas aceptan
esta realidad, de ma-
nera por demás insóli-
ta el problema subsiste
manteniendo en una encubierta “esclavitud” a
los habitantes de las regiones guerrerenses de
Tierra Caliente y de la Montaña que siguen “se-
cuestrados” por las gavillas de sicarios.
No resulta difícil de entender el porqué la
espontánea participación del pueblo de México
quedó de manifiesto en el primer aniversario de
la desaparición de los estudiantes de Ayotzina-
pa; el efecto multiplicador de los abusos contra
los habitantes de todo el país es un problema so-
cial generalizado que no puede silenciarse con
meros recursos retóricos ni cosméticas manipula-
ciones mediáticas.
En cada rincón del territorio hay una familia
agraviada que, al igual que los padres de Ayot-
zinapa, le llora a un ser querido y se une a su
reclamo de justicia. El estado de excepción que
priva en decenas de municipios de Guerrero es
el mismo que padecen cientos de municipios en
todos los estados de la República, como aconte-
ce en Tamaulipas, donde muchas regiones están
prácticamente en poder del narcotráfico.
La cifra oficial de 26 mil 580 desapariciones
es elocuente: en México, el Estado va perdiendo
la batalla contra los grupos delincuenciales y en
buena medida por la colusión de elementos co-
rruptos incrustados en los cuerpos de seguridad,
Fuerzas Armadas y mandos medios, que arman-
do endebles tinglados como la “verdad históri-
ca” de la masacre de Iguala, tratan de ocultar
una problemática de dimensiones nacionales
que ha retumbado ya, como un incontenible
grito de protesta, también en los foros interna-
cionales.
Por la interminable lista de afrentas en contra
de la sociedad, es que ciudadanos libres y cons-
cientes salieron a las calles a demostrar que los
familiares de los 43 de Ayotzinapa no están solos
y, por el contrario, ahora surge la propuesta para
que ninguna lucha so-
cial quede aislada ni
en el olvido, como ab-
surdamente se preten-
dió hacer con el movi-
miento de los norma-
listas desaparecidos.
La demanda por-
que en el país se haga justicia a campesinos,
indígenas, trabajadores o colonos agredidos co-
tidianamente en sus derechos fundamentales es
un reclamo permanente que no tiene vuelta de
hoja. Y si erradamente se creyó que el país se tra-
garía la versión, sostenida con alfileres, de la endeble
“verdad histórica”, ahora puede considerarse lo
que está por venir si se insiste en soslayar una
responsabilidad de tales proporciones.
Hasta el momento aún ronda sobre las fabri-
cadas investigaciones y contradictorios testimo-
nios el fantasma de la incredulidad, razón por la
que debe exigirse a los expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos prosigan
con sus indagatorias para conocer la verdad y
castigar a los culpables. Por estas inconsistencias
donde se oculta la impunidad es que la solida-
ridad con los 43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa es perenne.
El Estado mexicano va perdiendo la
batalla contra los grupos delincuencia-
les, en buena parte por la colusión de
elementos de seguridad corruptos
El Estado mexicano va perdiendo la
elementos de seguridad corruptos

ARTÍCULOOPINIÓN
O
xford, Gran Bretaña. El artículo 6 del
Tratado de No Proliferación (TNP) esta-
blece la obligatoriedad de que los Esta-
dos con capacidad bélica nuclear se deshagan de
sus armas nucleares como parte del acuerdo que
exige que el resto de los países no las adquieran.
Los Estados nucleares defienden vigorosamente
la no proliferación, pero han violado muchas dispo-
siciones del TNP y otras normas internacionales.
Una opinión consultiva de la Corte Interna-
cional de Justicia en 1996 declaró que “existe la
obligación de proseguir de buena fe y llevar a su
conclusión las negociaciones con miras al desar-
me nuclear en todos sus aspectos bajo un control
internacional estricto y eficaz”. Pero las potencias
nucleares ignoraron esa opinión.
Los países nucleares, especialmente Estados
Unidos y Rusia, también violaron el tratado con
sus esfuerzos por mejorar y diversificar sus armas
nucleares. Los dos también están desarrollando
ojivas nucleares tácticas de menor potencia, que
pueden usarse en el campo de batalla sin producir
gran cantidad de radiación.
Aunque el presidente estadunidense, Barack
Obama, prometió reducir y finalmente abolir las
armas nucleares, Estados Unidos está en proceso
de desarrollar nuevas categorías de estas bombas,
como la B61-12, a un costo proyectado de 348 mil
millones de dólares en la próxima década.
Corea del Norte, India, Israel y Pakistán no
pueden considerarse oficialmente como Estados
nucleares, dado que el artículo 9 del TNP los de-
fine únicamente como aquellos que hayan fabri-
cado y ensayado un dispositivo nuclear antes del
1 de enero 1967. No obstante, todos esos países
están en violación del TNP, y brindarles asistencia
nuclear, como es el acuerdo de Estados Unidos
con India para abastecerla de reactores nuclea-
res y tecnología nuclear avanzada, también viola
el Tratado. Lo mismo se aplica a la cooperación
militar de Estados Unidos con Israel y Pakistán.
Los Estados nucleares
son culpables de la
proliferación
El párrafo 14 de la resolución 687 del Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), que exigía el desarme de Irak,
también especifica la creación de una zona libre
de armas de destrucción masiva (ADM) en Orien-
te Medio.
Todos los países que integraron la coalición
liderada por Estados Unidos para derrocar a Sa-
dam Husein de Kuwait entendieron claramen-
te que, después de la eliminación de las ADM
irakíes, Israel tendría que deshacerse de su arse-
nal nuclear.
Israel –y por extensión los países que no han
ejecutado ese párrafo– han violado esa resolución
vinculante. De hecho, se cree que tanto Estados
Unidos como Israel mantienen armas nucleares
en la región.
Durante la época del régimen racista del apar-
theid sudafricano, Israel y Sudáfrica colaboraron
en la fabricación de armas nucleares.
FARHANG JAHANPOUR, PROFESOR EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA
DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD, REINO UNIDO/IPS
PAÍSES NUCLEARES INCUMPLEN
EL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN

ARTÍCULO OPINIÓN
En 2010 se informó que las actas “ultrasecre-
tas” de las reuniones entre altos funcionarios de
ambos países en 1975 muestran que el entonces
ministro de Defensa de Sudáfrica, Pieter Willem
Botha, solicitó ojivas nucleares, y que el entonces
ministro de Defensa israelí, Shimon Peres, respon-
dió ofreciéndoselas “en tres tamaños”.
Los documentos fueron descubiertos por un
académico estadunidense, Sasha Polakow Surans-
ky, en la investigación para un libro sobre la estre-
cha relación entre los dos países, cuya publicación
Israel intentó impedir.
En 1977, Sudáfrica firmó un pacto con Israel
para la fabricación de al menos seis bombas nu-
cleares.
La Conferencia de Examen y Extensión del
TNP de 1995 también pidió “el pronto estable-
cimiento por las partes en la región de una zona
libre de armas nucleares y otras armas de destruc-
ción masiva en Oriente Medio”.
La comunidad internacional ignoró estas resolu-
ciones al no presionar a Israel para que renuncia-
ra a sus armas nucleares. De hecho, todo pedido
por una zona libre de armas nucleares en Oriente
Medio tuvo la oposición de Israel y Estados Uni-
dos.
La Conferencia de Examen del TNP de 2000
instó a “India, Israel y Pakistán a adherirse al Tra-
tado de No Proliferación como Estados sin armas
nucleares con prontitud y sin condiciones”. Los
Estados parte también acordaron “hacer esfuer-
zos decididos” para lograr la universalidad. Pero
desde entonces poco se ha hecho para lograr que
los tres países se adhieran al Tratado.
Durante la Guerra Fría, la Organización del
Tratado del Atlántico Norte se negó a descartar
el primer uso de las armas nucleares debido a la
proximidad de las fuerzas soviéticas a las capitales
europeas. No obstante, esta política no se ha revi-
sado desde el fin de la Guerra Fría.
Existen reiteradas y creíbles versiones de que el
Departamento de Defensa de Estados Unidos ha
considerado el uso de armas nucleares antibúnker
para destruir las instalaciones nucleares de Irán.
Durante los últimos 2 mil años y más, la huma-
nidad intentó definir cuáles son los requisitos para
una guerra justa. En las últimas décadas, algunos
de esos principios fueron consagrados en acuer-
dos y convenios internacionales jurídicamente
vinculantes. Entre éstos se incluyen el Pacto de
la Sociedad de Naciones, tras la Primera Guerra
Mundial, el Pacto de París (1928) y la Carta de las
Naciones Unidas.
Algunas ideas son comunes a todos estos instru-
mentos, como el hecho de que toda acción militar
debe basarse en la defensa propia, ser de confor-
midad con el derecho internacional, proporciona-
da, una cuestión de último recurso y no atacar a
civiles y no combatientes. También se pone énfasis
en el arbitraje, la renuncia a ser el primero en el
uso de la fuerza en la solución de controversias, y
el principio de legítima defensa colectiva.
Resulta difícil ver cómo el uso de las armas nu-
cleares podría ser compatible con cualquiera de
estos requisitos. Sin embargo, a pesar de los nu-
merosos pedidos internacionales para el desarme
nuclear, los Estados nucleares se negaron a cum-
plir con las disposiciones del TNP y a deshacerse
de sus armas.
En su primer discurso de política exterior im-
portante, realizado en Praga, República Checa,
el 5 de abril de 2009, el presidente Obama habló
sobre la eliminación de las armas nucleares.
“La existencia de miles de armas nucleares es
el legado más peligroso de la Guerra Fría... Hoy
en día, la Guerra Fría ha desaparecido, pero miles
de esas armas no. En un extraño giro de la histo-
ria, la amenaza de una guerra nuclear mundial ha
menguado, pero el riesgo de un ataque nuclear
ha crecido”, reconoció entonces.
“Así que hoy declaro claramente y con convic-
ción el compromiso de Estados Unidos para bus-
car la paz y la seguridad de un mundo sin armas
nucleares”, anunció.
Lamentablemente, esos sentimientos nobles
no se pusieron en práctica.
Por el contrario, todas las potencias nucleares
siguieron fortaleciendo y modernizando sus arse-
nales nucleares. Si bien sancionaron con energía,
de manera selectiva, a los países que eran sospe-
chosos de desarrollar armas nucleares, no han
cumplido con su parte del trato para deshacer-
se de sus propias armas. (Traducción de Álvaro
Queiruga)

ARTÍCULO
OPINIÓN
P
aul Kennedy es uno de los intelectuales más
inﬂuyentes de nuestro tiempo, y cuando
hace 20 años publicó su apasionante libro
Hacia el siglo XXI lo acusaban de catastrofista y has-
ta de maltusiano. Abordaba una de las cuestiones
más candentes de entonces, las fuerzas trasnacio-
nales con que tendrían que enfrentarse los Esta-
dos durante las próximas décadas: duplicación de
la población mundial; incesante degradación del
medio ambiente y su impacto en el crecimiento
económico; globalización del comercio; desequi-
librios estructurales y las distintas velocidades del
desarrollo o los avances de la tecnología que po-
drían agravar o paliar
los problemas ecológi-
cos y demográficos.
Cuando ya hemos
superado los 7 mil 300
millones de habitantes
en el planeta, sus previ-
siones adquieren gran
relevancia. Al tratar de la explosión demográfica,
no vacilaba en afirmar que la mayor responsabi-
lidad la tenía el Norte, no el Sur. El 20 por ciento
del planeta, el Norte sociológico, ya estaba consu-
miendo el 80 por ciento de los productos. Subra-
yaba que China no tardaría en superar a Esta-
dos Unidos como el contaminante número uno,
e India estaba a punto de superar a Rusia como
el número dos. Sugería que era preciso transferir
tecnología para ayudar a los países del Sur a resol-
ver sus problemas ambientales.
No dejaba de señalar que la educación de las
mujeres era el medio principal para que se pro-
dujera una maternidad querida y responsable. El
dato no ha dejado de acentuarse al comprobar
que, en los países en donde las mujeres tienen el
mismo acceso a la educación y a los puestos de
trabajo y de responsabilidad que los hombres, no
se producía esa explosión demográfica.
Ya en 1990, Estados Unidos, tan sólo con el 5
por ciento de la población del mundo, consumía
el 26 por ciento del producto mundial, siendo res-
ponsable de la mayor parte del consumo de ener-
gía y de las emisiones de gases tóxicos. Pero por
más que se alertara del
peligro, existe una re-
acción ciudadana con-
tra toda regulación gu-
bernamental.
Ensuartículo“¿He-
mosentradoenunanue-
va era?”, se preguntaba
si la disminución del peso del dólar, la irrealidad de
los sueños europeos, las guerras en Oriente Medio
y Próximo en beneficio de los grandes fabricantes
dearmas,asícomodelosquemuevenelmundode
los carburantes en su beneficio, la carrera arma-
mentística en Asia y la parálisis de la ONU son
indicadores de un cambio que anuncia que hemos
cruzado una línea divisoria histórica que podría
señalar un cambio de Era.
Hacemos esta dolorosa reﬂexión cuando la
opinión pública mundial está conmocionada
EL FIN DE UNA ERA
DE 500 AÑOS
JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO, PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID; DIRECTOR DEL CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS/CCS
Desde hace 20 años, Paul Kennedy
advirtió de la duplicación de la pobla-
ción mundial, la degradación del medio
ambiente y su impacto económico
Desde hace 20 años, Paul Kennedy
ambiente y su impacto económico

ARTÍCULO OPINIÓN
por el escándalo de las grandes
compañías controladas por los
alemanes: Volkswagen, Audi,
SEAT, Sköda, de ese crimen so-
cial de contaminación por cer-
ca de 12 millones de vehículos
con un designio de contaminar
brutalmente en los espacios no
controlados mientras reducían
las emisiones en el resto. Con
premeditación, alevosía, engaño
y desprecio de la ley aún a costa
de la salud de millones de ciu-
dadanos en otros países. ¿Dónde
ha quedado el mito de la cali-
dad, seriedad y excelencia en la
industria alemana? ¿Así preten-
den convertirse en los adalides
de Europa? Avergüenzan las
políticas del Deustche Bank, de
Siemens y de tantos otros instru-
mentos de presión aún a costa
de la supervivencia de millones
de seres en la misma Unión Eu-
ropea.
Nadie que viviera en 1480
podría reconocer el mundo
desde 1530, 50 años después;
un mundo de naciones-Estado,
la ruptura de la cristiandad, la
expansión europea hacia Asia y
América, la revolución de Gu-
tenberg en las comunicaciones. Tal vez fue la ma-
yor línea divisoria histórica de todos los tiempos, al
menos en Occidente, explica.
Muchos expertos en tecnología se entusias-
man con la revolución en las telecomunicacio-
nes y sus consecuencias para las autoridades tra-
dicionales y los nuevos movimientos de liberación.
De ello hay pruebas con la Primavera Árabe y en
movimientos populares con propuestas radicales y
asamblearias que pueden conducir a una desespe-
ración explosiva o a movimientos mesiánicos que
destruirían los logros sociales de libertad, justicia,
participación y sobriedad compartida.
Esos indicadores quizá nos anuncian que en-
tramos en un mundo convulso incapaz de con-
trolar su destino. ¿Alguien sabe que 500 años de
historia, que representan el mundo de 1500, están
a punto de terminarse?
Europa nunca ha sido un “Continente”, a pe-
sar del eurocentrismo que ejerció durante unos
siglos, y que desde hace milenios, en China y en
Japón, nos situaban en el “extremo Oeste de Asia,
en donde viven personas rudas que visten pieles,
habitan grutas, hablan a gritos y comen con las
manos”, según documentos japoneses del siglo
XVI, en el Far West.
Sólo habría que añadir que somos incapaces
de controlar nuestra explosión demográfica mien-
tras destruimos el medio en el que vivimos, nos
movemos y somos.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
R
oma, Italia. Los próximos 15 años serán
decisivos para el futuro de nuestro plane-
ta. Durante este periodo, nos enfrenta-
remos a algunos de los mayores desafíos del siglo
XXI, en medio de una transición continua y pro-
funda en la economía global.
La superación del hambre y la pobreza ex-
trema son los retos más importantes. Hoy en día,
casi 800 millones de personas no tienen suficiente
alimento para comer a pesar de que se produce
suficiente comida en el mundo para alimentar a
todos. Es evidente que necesitamos soluciones ur-
gentes para superar los cuellos de botella estructura-
les que impiden que los
que padecen hambre
tengan acceso a los ali-
mentos.
En otras palabras,
la inclusión social debe
convertirse en la colum-
na vertebral del desarro-
llo. Sin embargo, no vamos a lograr ni la inclusión
social ni el desarrollo, a menos que nuestras deci-
siones estén guiadas por la sostenibilidad.
Somos la primera generación que puede aca-
bar con el hambre y hacer que la seguridad ali-
mentaria y nutricional sea verdaderamente uni-
versal. Y tal vez también somos la última genera-
ción en condiciones de evitar daños irreversibles
provocados por el cambio climático.
El marco político necesario para avanzar en
la dirección correcta requiere un grado sin prece-
dentes de compromiso político.
A finales de septiembre se dio un importante
paso en este sentido, cuando la comunidad inter-
nacional respaldó los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con una agenda ambiciosa para cam-
biar el mundo para mejor en los próximos 15 años.
Este nuevo pacto global para el futuro incluye
crucialmente acabar con la pobreza y el hambre
para 2030, la mitigación y adaptación al cambio
climático y la búsqueda de formas más sostenibles
de hacer que la oferta satisfaga a la demanda.
Las decisiones que tomamos como consumi-
dores se han vuelto tan importantes para el futuro
como las que tomamos como productores.
Además de los cerca
de 800 millones de per-
sonas que sufren desnu-
trición crónica, la mal-
nutrición es también un
problema importante
con unos 2 mil millones
de personas que sufren
deficiencias de micronutrientes y 500 millones de
personas que sufren de obesidad, esta última una
enfermedad que va en aumento en muchos países
de ingresos medios y altos.
El mundo que se prevé a través de la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no
es una quimera inalcanzable. No es una utopía;
podemos hacerlo realidad.
La solución está en el problema. A medida que
la riqueza sigue ganando distancia a la justicia, la
supervivencia depende más y más del imperativo
de la cooperación.
JOSÉ GRAZIANO DA SILVA, DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓNY LA AGRICULTURA/IPS
HAMBRE Y POBREZA
NO DEBEN SER PARA
SIEMPRE
En el mundo, unos 800 millones de
personas sufren desnutrición crónica;
2 mil millones, deﬁciencias de micro-
nutrientes, y 500 millones, obesidad
En el mundo, unos 800 millones de
nutrientes, y 500 millones, obesidad

ARTÍCULO OPINIÓN
O construimos un futuro para todos, o no ha-
brá futuro aceptable para nadie. Cualquier duda
al respecto palidece ante el éxodo que estamos
presenciando, donde los refugiados arriesgan sus
vidas en un intento desesperado por encontrar
una vida mejor en otro lugar.
Más de 70 por ciento de la inseguridad alimen-
taria en el mundo se concentra en las zonas rura-
les de los países pobres y en desarrollo.
Una de las soluciones es reconocer y apoyar el
papel que la agricultura familiar a pequeña escala
puede desempeñar para lograr hambre cero de una
manera sostenible.
Para lograr esto, necesitamos políticas públicas
que desarrollen las capacidades de las personas,
apoyar la producción, facilitar el acceso al crédito
financiero, la tecnología y otros servicios y promo-
ver la cooperación internacional.
Para erradicar el hambre y la pobreza debe-
mos empezar por ir más allá de hacer frente a si-
tuaciones de emergencia cuando se producen y en
su lugar dirigir nuestros esfuerzos a hacer frente a
las condiciones que las causan.
El costo del fracaso está claro. Si prevalece el
enfoque de negocio como el que ha habido hasta
ahora, en 2030 todavía tendremos 650 millones
de personas que padecerán hambre.
Hemos estimado que para acabar con el ham-
bre para 2030 se requiere una combinación de
inversiones en protección social y agricultura y de-
sarrollo rural de unos 267 mil millones de dólares.
Esto significa alrededor de 160 dólares al año para
cada persona que sufre hambre.
Esto es más o menos el precio de un teléfono
celular. Se trata de una cantidad relativamente pe-
queña a pagar con el fin de liberar al mundo del
flagelo del hambre y de hacerlo durante nuestras
vidas.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n el Reino de España, este último trimestre
de 2015 será campaña electoral permanen-
te, porque en diciembre habrá elecciones
generales. Cargadas de interrogantes, por cierto.
En algún lugar en internet he leído al respecto que
en España ante nuevas elecciones las encuestas
detectan la recuperación del bipartidismo, llegan
las elecciones y… el bipartidismo se hunde. Los
resultados de las últimas elecciones europeas y
los de las recientes municipales y autonómicas pa-
recerían abonar esa convicción. Sin embargo, la
situación no es tan optimista ni maravillosa como
así se sueña.
No está tan cerca el fin
del bipartidismo
Sí, es cierto que las elecciones europeas de
2014 mostraron la crisis del régimen monárquico
bipartidista de 1978. El inicio, no el final. Pues es
preciso ser conscientes de que acabar con el bi-
partidismo no será fácil. Al sistema le va de perlas
el bipartidismo en varios países. En España, el
adversario a derrotar no es propiamente el bipar-
tidismo, que ha sido medio, herramienta. Hay
que sustituir el régimen monárquico de 1978 que,
con larga cambiada, nos enjaretó el tocomocho de
la transición modélica a la democracia. Y treinta y
pico años después comprobamos que buena parte
es espejismo, truco de ilusionista o mañas de prestidigitador.
Como dice el constitucionalista Fernando Pérez
Royo: “lo que se restauró en 1978 no fue la de-
mocracia con forma monárquica y parlamentaria.
Lo que se restauró fue la monarquía con forma
parlamentaria”. Que no es lo mismo. Por eso esta
democracia cojea. Y mucho.
Dice también Pérez Royo que, puesto que el
objetivo real era la restauración monárquica, a
su servicio se diseñó una democracia sin riesgos.
Como se comprueba en la “continuidad en las
constituciones de 1845, 1876 y 1978, vigentes du-
rante casi toda la historia constitucional de Espa-
ña, presididas las tres por la desconfianza hacia el
protagonismo de la ciudadanía”.
Los hechos muestran que centrarse sólo en la
política electoral no basta, como parecen hacer al-
gunos adanistas recién llegados a la acción política.
Por importantes que sean las elecciones, no habrá
verdadera victoria política que permita cambiar
las cosas y construir una democracia de verdad
en tanto no se logre la victoria cultural que indica
Gramsci.
Porque no estamos cerca de esa victoria cultu-
ral, porque no hay convicción mayoritaria en las
mentes ni mayoría absoluta de los valores demo-
cráticos y republicanos en la gente, los protagonis-
tas del bipartidismo se recuperan electoralmente.
Lentamente, pero se recuperan. Y la gran esperan-
za que parecía Podemos parece haberse estancado
en un techo de 14 por ciento de votos. Y con el 14
por ciento de votos no se cambia un país. Un país
con tres cuartas partes de clase trabajadora en el
que una nutrida mayoría de esa clase –se considera
clase media– tiene los valores de quienes los explo-
tan y saquean. Y así hay bipartidismo para rato.
NO BASTA GANAR ELECCIONES
HAY QUE CONSTRUIR PODER POPULAR
XAVIER CAÑO TAMAYO, PERIODISTAY ESCRITOR/CENTRO DE COLABORACIONES
SOLIDARIAS

ARTÍCULO OPINIÓN
Pero, ¿acaso no indica el fin del bipartidismo
el triunfo de las candidaturas municipales unita-
rias en capitales de provincias e incluso en alguna
autonomía? No es el fin sino la apertura de una
crisis. Aparte de que hay que ahondar más en
la unidad popular que no puede ser sólo electo-
ral. En Madrid, por
ejemplo, la victoria de
la candidatura Ahora
Madrid fue posible en
gran medida por un
tenaz trabajo de ate-
rrizaje en los barrios
de trabajadores para
explicarse y escuchar a la gente. Para reducir la
habitual abstención de los barrios obreros, porque
la abstención en los distritos de clase trabajadora
ha propiciado no pocos triunfos de la derecha.
Hace unos años se extendió la expresión “paso
de política”, que concretaba lo que analistas cursis
y poco rigurosos denominan desafección de la po-
lítica. Abundó la gente que decía pasar de la políti-
ca, ingenuos y desconocedores de que la política
nunca pasa de ellos. Porque para cambiar las co-
sas no sólo hay que ganar elecciones. Disculpen
la obviedad, pero para
cambiar las cosas hay
que construir poder
popular y organizar
la movilización ciuda-
dana para oponerse al
régimen monárquico
neoliberal y ofrecer
una alternativa sólida. Pues sólo con poder social
un gobierno de unidad popular podrá poner a las
personas y sus derechos por encima de todo.
El camino del cambio verdadero es largo y la
primera condición es saber que es así.
DAVIDMANRIQUE
Para cambiar las cosas hay que
construir poder popular y organizar la
movilización ciudadana para oponerse
al régimen monárquico neoliberal
Para cambiar las cosas hay que
al régimen monárquico neoliberal

INVESTIGACIÓN PORTADAINVESTIGACIÓN PORTADA
REACTIVAN
BIOMETRÓPOLIS
PESE A DISPUTA
POR LA PROPIEDAD

INVESTIGACIÓNPORTADA
Un megaproyecto privado
de más de 23 mil millones
de pesos, asistido por el
GDF, se desarrolla en uno
de los últimos reductos
del pedregal del Sur de
la ciudad. Ello, pese a una
orden judicial que prohíbe
la construcción, pues tres
supuestos dueños se
disputan las 71 hectáreas
E
mpresarios y comuneros se disputan Los
Encinos: 71 hectáreas al Sur de la ciudad.
En el predio se pretende construir la llama-
da Ciudad del Conocimiento, Campus Biome-
trópolis, megaproyecto de 23 mil 256 millones de
pesos.No obstante que una orden judicial obliga a
Grupo Frisa abstenerse de construir en el predio
en litigio hasta en tanto se resuelva lo que en de-
recho procede –y al Gobierno del Distrito Federal
suspender cualquier tipo de autorización, licencia,
permiso y/o cualquier otro acto que haya otorgado
o pretenda otorgar a Frisa para desarrollar Biome-
trópolis–, el proyecto no tiene marcha atrás, ad-
vierte el gobierno de la Ciudad.
Una resolución judicial le impide a Grupo
Frisa y al Gobierno del Distrito Federal iniciar la
construcción de Ciudad del Conocimiento, Cam-
pus Biometrópolis.
ELVA MENDOZA, @elva_contra
CECILIAMARTÍNEZY123RF

INVESTIGACIÓN PORTADA
Pese a ello, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutié-
rrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda
del Distrito Federal, informó que no hay marcha
atrás en el proyecto.Los dueños del inmueble eva-
lúan las características y el momento adecuado
para impulsarlo, reveló luego de anunciar el foro
internacional La Gran Transformación Urbana
Aeropuerto y Ciudad, el 7 de septiembre pasado.
En entrevista con Contralínea, indica: “Mi de-
claración fue simplemente en el sentido de que se
trata de un proyecto privado, y hasta donde tengo
entendido, los promotores continúan con los trá-
mites, pero no es un proyecto que esté auspician-
do ni promoviendo el gobierno de la Ciudad.
Agrega: “Sé que tienen algunas definiciones;
por ejemplo en la Secretaría del Medio Ambien-
te, por el área que se declaró de valor ambiental,
por la presencia de tubos lávicos, un convenio con
la Universidad [Nacional Autónoma de México],
pero no es un proyecto público, no es desde el go-
bierno.Mi declaración simplemente fue en el sen-
tido de tener conocimiento de que [el proyecto] lo
traen activo los dueños”.
Desde que fue presentado en 2008, durante la
semana de la Ciencia y la Innovación,el megapro-
yecto privado permanece
en la congeladora.Empresa-
rios y comuneros se dispu-
tan la propiedad del terreno
donde pretende edificarse
Ciudad del Conocimiento,
Campus Biometrópolis.
El predio Los Encinos,
de 71 hectáreas,se ubica al
Sur de la ciudad, en la de-
legación Tlalpan. Es con-
tiguo a Televisión Azteca,
la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales,
la Universidad Pedagógica Nacional, la editorial
Fondo de Cultura Económica,El Colegio de Mé-
xico, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y
la unidad habitacional Emilio Portes Gil, común-
mente conocida como Pemex.
Debido a su ubicación, posee un alto valor co-
mercial y se encuentra en permanente asedio.“En
la zona, el metro cuadrado se vende en 30 mil pe-
sos”, refieren.
No obstante que por la vía jurídica aún no se
define quién es el legítimo propietario, el gobier-
no capitalino reconoce a Grupo Frisa como único
dueño del inmueble.
—¿Sabe que el predio está en litigio? –se le
pregunta en entrevista al secretario de Desarrollo
Urbano de la capital.
—Supongo que sí. Supongo. Hay una serie de
documentos que acreditan a los actuales propie-
tarios, pero tengo entendido que traen ahí alguna
controversia histórica, de la cual el gobierno de la
ciudad es ajeno.
Controversia histórica
La orden judicial bajo el expediente TUA
353/2010 obliga al jefe de gobierno del Distrito
Federal a suspender cualquier tipo de autorización,
licencia, permiso y/o cualquier otro acto que haya
otorgado o pretenda otorgar a Frisa, Inmobiliaria
Frisa, SA, o a cualquier causahabiente de ella, sea
persona física o moral, para desarrollar Biometró-
polis.
El documento también ordena a Grupo Frisa
que se abstenga de cons-
truir en el predio en litigio
hasta que se resuelva lo
que en derecho procede.
De no cumplir con dicha
suspensión se le impondrá
una multa de hasta 120
días de salario mínimo vi-
gente en la ciudad.
La sentencia, ratificada
el 6 de marzo de 2013, se
deriva de un juicio de res-
titución de propiedad pro-
movido por la Comunidad
Agraria de Magdalena Contreras ante el Tribunal
Unitario Agrario.
De acuerdo con Carlos Elías Butrón, asesor
histórico y abogado de la Comunidad,en el Códi-
ce de Techiloyan, que data de 1532, autentificado
por autoridades del Archivo General de la Nación,
queda asentado que los 1 mil 799 comuneros em-
padronados son los legítimos propietarios de las
La orden judicial TUA
353/2010 obliga al
gobierno capitalino a
suspender cualquier tipo
de autorización, licencia,
permiso otorgado o que
pretenda otorgar a Frisa

INVESTIGACIÓNPORTADA
71 hectáreas que conforman Los Encinos.
Además de la Comunidad, José Ángel Ro-
mero Morales; Cosme y Alberto Torrado; Víctor
González Avelar, y la Compañía Explotadora de
Bosques de San Nicolás, representada por Víctor
González Avelar y Héctor Sánchez Palacio,llevan
una batalla en los juzgados contra Grupo Frisa por
la propiedad de Los Encinos.
Romero Morales inició una denuncia ante
la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal en 2012 en contra de la inmobiliaria El
Encino, SA de CV, y de quien o quienes resulten
responsables por el delito de fraude procesal.
Romero Morales demanda la restitución del
inmueble con lote 4145 y superficie de 24 mil me-
tros cuadrados o el pago de su valor actualizado.
De acuerdo con Romero Morales, la señora
Adelina Rivera Torres, viuda de Díaz, le entregó
la superficie de terreno en fideicomiso al Banco
Mercantil del Norte, Grupo Financiero, Institu-
ción de Banca Múltiple en la Escritura Pública
70387, fechada el 4 de julio de 1973.
Según la denuncia de hechos que presentó, al
constituir el fideicomiso los contratantes ubica-
ron el terreno en la delegación Gustavo A Ma-
dero (donde no existe) y al extinguir el fideicomi-
so cambiaron la ubicación para hacerlo aparecer
ahora en la delegación Tlalpan, como consta en
instrumento notarial 111364,inscrito en el Regis-
tro Público de la Propiedad el 27 de julio de 2001.
“Inmobiliaria El Encino, SA de CV, dolosa-
mente se atribuyó la propiedad del terreno sin
acreditar con documento público alguno, adu-
ciendo que el mismo forma parte de otro terreno
de mayor extensión, con superficie de 93 mil 399
metros 71 decímetros cuadrados.”(sic)
La operación, denuncia Romero Morales, fue
avalada ante el notario 116 del Distrito Federal,
Ignacio Morales Lechuga, quien se desempeñara
como procurador General de la República y em-
bajador de México en Francia durante el gobierno
de Carlos Salinas de Gortari.
Como se puede leer en la denuncia de hechos,
los supuestos responsables de fraude son los apo-
derados de Inmobiliaria El Encino, SA de CV,
Luis Javier Zepeda Vázquez, Edgar Porras Her-
nández y Enrique Zepeda Trujillo, quien acusó
El predio Los
Encinos posee un
alto valor comercial
y se encuentra en
permanente asedio
penalmente a Romero Morales de despojo del
terreno en cuestión en 1990.
Debido a que Romero acreditó la propiedad
del inmueble,el 14 de diciembre de 1990 se decre-
tó su libertad al no haberse comprobado el cuerpo
del delito imputado.
Víctor González Avelar, como representante
legal de Inmobiliaria Estrella del Pedregal, SA de
CV, demandó en 2011, en la vía ordinaria civil, a
Inmobiliaria El Encino.
Mediante el escrito presentado en la Oficialía
de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Su-
perior de Justicia del Distrito Federal, González
Avelar solicitó fuera declarado y confirmado por
resolución judicial y sentencia firme que Inmobi-
liaria Estrella del Pedregal es la única propietaria
y titular de la propiedad del inmueble ubicado en
Periférico Sur 4111, con extensión de 24 mil me-
tros cuadrados, y sea declarada la nulidad absoluta
de la Escritura Pública 111364,de fecha 12 de ju-
nio de 2001.
En el escrito, González Avelar sostiene que
compró a Grupo Cav, SA de CV (entonces de
José Ángel Romero,quien a su vez compró la pro-
CECILIAMARTÍNEZY123RF

INVESTIGACIÓN PORTADA
El hecho deja insubsistente la sentencia recla-
mada por González Avelar y obliga a las autorida-
des judiciales a revisar los agravios denunciados en
un principio.
Un dueño, para el GDF
—¿A quién reconoce
el gobierno del Distrito
Federal como propietario?
—Hay documentos
que definen en esos trá-
mites previos que hicieron
quienes son los propieta-
rios, quienes acreditaron
su propiedad en su mo-
mento, pero si tienen liti-
gio ése es un tema entre
terceros,entre particulares.
—¿Van a tomar alguna
posición respecto a este li-
tigio?
—No, ninguna. Es un asunto entre particula-
res. El gobierno no interviene.
El 1 de diciembre de 2009, el gobierno capi-
talino, así como Salvador Río de la Loza Castillo,
Carlos Allegre Bobolla, y los hermanos Gaspar,
Alberto y Alejandro Rivera Torres Prado firmaron
el convenio de concertación para el desarrollo de
un proyecto de protección y salvaguarda ecológica,
así como la creación del Campus Biometrópolis.
Aunque en el documento no se menciona a
Grupo Frisa,a través de un boletín fechado el mis-
mo día,esta empresa se adjudicó “el desarrollo y la
implementación”(sic) de Biometrópolis.
“Con estas decisiones, estamos actuando con
gran responsabilidad social y ambiental”, aseguró
Gaspar Rivera Torres Prado, presidente de Frisa,
el 1 de diciembre de 2009, luego de la ceremonia
donde se llevó a cabo la firma del documento.
Grupo Frisa es un conglomerado inmobilia-
rio dedicado al sector comercial, industrial, de
vivienda y turismo. Entre sus proyectos se cuenta
el centro comercial Mundo E y el Magnocen-
tro, ubicados en Satélite e Interlomas, respec-
tivamente, en el Estado de México, y 33 plazas
comerciales más.
piedad a Compañía Explotadora de Bosques de
San Nicolás y a través de un juicio de prescripción
positiva se dio por sentada la adquisición), y dice
contar con la Escritura Púbica 58,658, de fecha 7
de mayo de 1991, que lo acredita como legítimo
propietario.
En virtud de ello,demanda el pago de una ren-
ta mensual computada a
partir de la fecha de pre-
sentación de la demanda
y hasta que le entregue la
posesión material.
Al darle la razón, la
Décima Sala Civil del
Tribunal Superior de Jus-
ticia del Distrito Federal
a los hermanos Rivera
Torres, González Avelar
solicitó amparo en con-
tra de la sentencia dictada
786/2011/3,y el 15 de no-
viembre de 2012 la protec-
ción de la justicia le fue concedida.
Pese al litigio por la
propiedad, en diciembre
de 2009 el gobierno
capitalino ﬁrmó el
convenio para desarrollar
el Campus Biometrópolis,
que favorece a FrisaCECILIAMARTÍNEZY123RF
La Comunidad Agraria de Magdalena Contreras, en la disputa por el predio

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
EL GAS DE ESQUISTO
FRACTURA
COMUNIDADES DE
ESTADOS UNIDOS

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
Enfermedades,
contaminación y
pobreza dejan tras de
sí las corporaciones
que extraen gas y
petróleo por medio
del fracking. Cada
vez más poblaciones
estadunidenses
prohíben este método
de extracción
M
ontrose, Pensilvania, Estados Unidos.
La estadunidense Vera Scroggins ha
sido demandada cinco veces por la in-
dustria petrolera, y desde octubre de 2013 pesa
sobre la mujer una orden judicial de restricción
permanente para acercarse a sus instalaciones.
“Me siento como una ciudadana a medias,
porque las empresas pueden hacer lo que quie-
ran y los ciudadanos no. Las corporaciones han
violado las leyes ambientales y siguen operando”,
lamenta a Inter Press Service (IPS) esta agente
inmobiliaria retirada, madre de tres hijos y con
dos nietos.
Desde 2008, Scroggins, del movimiento Sha-
leshock Media,es una decidida activista contra la
exploración y explotación del gas de esquisto (de
roca o lutita) en el municipio de Montrose, en el
estado de Pensilvania, en el Noreste del país.
El desarrollo de este hidrocarburo no conven-
cional, también conocido por el vocablo inglés
EMILIO GODOY, IPS
DAVIDMANRIQUE

shale, requiere de la técnica de la fractura hidráu-
lica, fracking en inglés.
En esta localidad, habitada por cerca de 1 mil
600 personas y parte del condado de Susqueha-
nna, hay alrededor de 1 mil 100 pozos en unos
600 campos, además de 43 estaciones que com-
pactan el gas para transportarlo lejos.
Todas estas infraestructuras están próximas a
viviendas y escuelas, y es-
tán en manos de siete em-
presas.
Este estado está atra-
vesado por la cuenca gasí-
fera Marcellus, uno de los
tres grandes depósitos del
recurso que han converti-
do a Estados Unidos en
Frackistán, por la utiliza-
ción creciente del fracking
en la industria del petró-
leo y del gas.
En estos depósitos, la
molécula del hidrocarbu-
ro está atrapada en rocas profundas, perforadas
y quebradas por la inyección cuantiosa de una
mezcla de agua, arena y aditivos químicos, que
se consideran nocivos para la salud y el ambiente.
De esa forma, el gas o el petróleo se liberan.
Pero la tecnología genera masivos volúmenes de
desechos líquidos que deben tratarse para su reci-
claje y de emisiones de metano,más contaminan-
te que el dióxido de carbono, el mayor responsa-
ble del calentamiento planetario.
“Los pozos contaminan el agua con el meta-
no, y el gas se fuga a la atmósfera. Mucha gente
no sabe qué pasa, no tiene información. No me
siento segura con el fracking”, denuncia Scro-
ggins, quien vive en Montrose con su esposo, un
maestro jubilado, y tiene como vecino un pozo
gasífero que opera a 1 kilómetro de su casa.
El fracking ha alterado el paisaje,pues el desa-
rrollo de los pozos se ha traducido en la presencia
de docenas de camiones que transportan tierra,
arena y agua.
Las compañías plantan altas torres de ace-
ro para perforar el pozo y, cuando sale el gas, es
como si una plancha pasara por encima, porque
el terreno queda visiblemente aplanado. Sólo ﬂo-
recen la tapa del pozo y los tubos que transportan
el hidrocarburo, critican sus forzados vecinos.
La industrialización de estas áreas rurales las
ha vuelto poco atractivas, mientras, aseguran ac-
tivistas, la acumulación de metano puede dege-
nerar en explosiones o problemas respiratorios
para las personas.
En su Prospectiva
anual de energía 2015, la
estatal Administración de
Información Energética
indica que en 2014 el sec-
tor del esquisto aportó 11
billones 34 millones de
pies cúbicos de gas, equi-
valentes a 47 por ciento
de la producción gasífera
total del país.
La producción petro-
lera de esquisto, añade el
informe, fue de 4 millo-
nes 2 mil barriles diarios
el año pasado, equivalente a 49 por ciento de la
extracción total de crudo en el país.
El petróleo es la principal fuente nacional de
energía, con 36 por ciento del total; seguida del
gas, con 27 por ciento, y el carbón, con 19 por
ciento.
En Pensilvania, la producción de gas saltó de
9 mil 757 pies cúbicos en 2008 a 3.05 millones
en 2013.
En este estado, la cuna del primer boom pe-
trolero estadunidense y de la fractura hidráulica,
se han perforado 9 mil 200 pozos, mientras los
permisos concedidos superan los 16 mil.
Estados Unidos es el país que en forma más
intensiva y comercial explota actualmente los hi-
drocarburos de esquisto. Ese desarrollo se facilitó
desde que en 2005 la Ley de Política Energética
eximió a la industria petrolera de las siete mayo-
res normas ambientales. Por ello, la industria ha
desatado una marejada de querellas en torno a
cuestiones ambientales, sanitarias y contractua-
les, cuando las regulaciones estaduales le eran
adversas.
En septiembre de 2012, el Congreso legis-
“Los pozos contaminan
el agua con el metano,
y el gas se fuga a la
atmósfera. Mucha gente
no sabe qué pasa. No
me siento segura con el
fracking”: Scroggins”: Scroggins

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
DAVIDMANRIQUE
lativo estadunidense aprobó la Ley de Petróleo
y Gas, conocida como Ley 13, que cancelaba la
potestad de las localidades de avalar o vetar per-
misos de hidrofractura.
Luego de la apelación interpuesta por con-
cejos, personas y organizaciones ambientales, la
Suprema Corte de Justicia del país declaró in-
constitucional esa ley, lo cual facultó nuevamente
a las administraciones locales a utilizar sus legis-
laciones territoriales para tomar decisiones sobre
el desarrollo del shale en sus jurisdicciones.
El viajero se topa constantemente en la carre-
tera con letreros que dicen “Mantenga hermosa
a Pensilvania”, pero lo que sucede en sus arterias
rurales poco contribuye con ese lema.
Ray Kimble, un mecánico de 59 años, puede
atestiguar la contradicción con ese reclamo en
Dimock, la cercana localidad donde vive. De-
nuncia a IPS que su pueblo sufre la contamina-
ción del agua desde 2009, por los residuos de la
industria gasífera, donde él trabajó como trans-
portista.
“Han destruido el pueblo. No los queremos
aquí”, afirma Kimble, quien alega que tiene tos
persistente y los tobillos inflamados por los gases
con que estuvo en contacto mientras laboró en
el sector. Ahora se niega a beber el agua que sale
de los grifos y se dedica a transportar el recurso
a familias afectadas por una denunciada conta-
minación.
Dimock es un pueblo de cerca de 1 mil 500
habitantes y escenario del muy premiado docu-
mental Gasland, del estadunidense Joshua Fox,
que expone los daños ocasionados por el fracking
e incubó las primeras demandas legales en con-
tra de los llamados “señores del shale”, que desem-
bocaron en arreglos extrajudiciales. La casa de
Kimble está a poco más de 150 metros de un
pozo de gas.
Con el esquisto “hay ganancias a corto pla-
zo, pero ¿qué pasa cuando los campos se secan
y queda el legado de desechos?”, dice a IPS el
activista Tyson Slocum.
“Queda agua contaminada, fluidos de reflujo,
transformación de áreas agrícolas rurales afec-
tadas por la operación de los pozos. Hay pocas
obligaciones legales y financieras a largo plazo

York, que censuró esa extracción en diciembre, y
Vermont en 2012.
“¿Por qué no colocan un pozo al lado de la
casa de un político? Los ciudadanos no los que-
remos junto a nuestras casas”, plantea Scroggins.
“Ojalá no ocurra una fuga mayor, porque será
devastadora. Pero la in-
dustria no acepta haber
hecho algún mal”, añade
la activista.
Para Slocum, los esta-
dos se han acomodado a
los intereses de la indus-
tria. “El balance entre ga-
nancias y salud pública ha
sido envilecido; el debate
sobre empleos y benefi-
cios económicos es secun-
dario”, sentencia.
para garantizar que el legado es abordado ade-
cuadamente”, señala este director del Programa
de Energía del no gubernamental Public Citizen.
Esta organización promueve la defensa del con-
sumidor y ha asesorado a afectados por el fracking.
La industria se enfrenta ahora a la caída de
los precios internacionales
de los hidrocarburos, la
contracción del financia-
miento y a una creciente
oposición de la población
a su tecnología.
En los últimos 8 me-
ses, unas 400 ciudades en
28 estados han aprobado
vetos o moratorias al frac-
king. Los casos más tras-
cendentes se produjeron
en los estados de Nueva
DAVIDMANRIQUE
En los últimos 8 meses,
unas 400 ciudades en 28
estados han aprobado
vetos o moratorias al
fracking. Uno de los casos
más trascendentes se
produjo en Nueva Yorkprodujo en Nueva York

PRESUPUESTALANÁLISIS
El Inai destina más dinero a secretarios particulares, automóviles para uso personal, choferes, gastos
de alimentación, telefonía celular y pasajes de servidores públicos que a la mayoría de sus direcciones
generales o a uno de sus programas sustantivos, el de Sensibilización de Derechos de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales
ALBERTO TREJO
123RF
EN EL INAI
POR 16 MILLONES
PRERROGATIVAS

PRESUPUESTAL ANÁLISIS
A
partir de la lectura del artículo “¿A quién
sirve el presupuesto?”, de Carlos Elizon-
do Mayer, publicado el 10 de septiembre
en Excélsior, hice una reflexión sobre el destino
que se da a los recursos públicos y la manera en
que éstos son ejercidos.
Particularmente me llamó la atención la afir-
mación y la pregunta que se hace Carlos Elizon-
do: “Hay muchos otros gastos dedicados exclu-
sivamente a los altos funcionarios. Nadie sabe
cuánto valen. ¿Alguien me puede decir a cuánto
asciende el costo total de autos, choferes, guaruras,
viajes, comidas, secretarias, ujieres, asesores…,
de los altos funcionarios públicos?”. Sin duda
la pregunta es retadora y plantea un ejercicio
que pudiera resultar descomunal. Sin embargo,
gracias a los avances que hemos registrado en
cuanto a transparencia e información púbica
disponible, es posible vislumbrar la respuesta,
a través de un ejercicio de acceso a la informa-
ción, transparencia y rendición de cuentas.
Para ejemplificar, es buena idea identificar
los rubros que señala Elizondo Mayer dentro
de la información que publica al respecto el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Persona-
les (Inai). Sin duda, un ejercicio similar es posi-
ble para el resto de los organismos autónomos,
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
federal, así como para los poderes Judicial y Le-
gislativo. Con todo, por su dimensión nacional,
su tamaño, su recién estrenada autonomía y su
papel de garante de la transparencia y la rendi-
ción de cuentas, me pareció adecuado iniciar el
análisis de la información del propio Inai.
De esta manera, gracias a la información pú-
blica, es posible dar una primera respuesta a la
pregunta planteada.
De acuerdo con lo publicado en el Manual
de Percepciones de los Servidores Públicos del
Inai, para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2015
(visible en http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormati-
voDocumentos/ACUERDO%20-%20MODIFICA-
CIONES%20AL%20MANUAL%20DE%20PER-
CEPCIONES.pdf) y a la información disponible
en el Portal de Obligaciones de Transparencia
(POT) en lo relativo a la estructura orgánica del
Inai, se pueden identificar las cantidades solici-
tadas para el presupuesto 2015 en los rubros de:
1. Secretarios particulares;
2. Choferes;
3. Reembolso de gastos de automóviles para
uso personal;
4. Gastos de alimentación de servidores pú-
blicos de alto nivel;
5. Telefonía celular para servidores públicos
de alto nivel;
6. Pasajes (cabe precisar que se refieren única-
mente al monto reportado por el Inai de enero a
junio de 2015. No se ha anualizado esta cifra ni
se han considerado viáticos).
Cabe señalar que las plazas de secretario par-
ticular de comisionado, así como las de choferes
de comisionado, se crearon una vez que el actual
Pleno inició sus funciones. Adicionalmente, el
número de servidores públicos con nivel de di-
rector general o superior (incluyendo a los comi-
sionados) se incrementó sustancialmente de 2014
a 2015, para pasar de 22 (de conformidad con lo
señalado en el reglamento interior publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 20 febrero 2014)
a 42. Actualmente estos 42 servidores públicos
son: siete comisionados, tres coordinadores, 25
directores generales y siete jefes de ponencia. Lo
anterior es de relevancia, ya que éstos son los ser-
vidores públicos que tienen derecho a contar con
las prerrogativas que enseguida se señalan:
1. Secretarios particulares. De conformidad
con el POT, el sueldo bruto anualizado para cada
uno de los siete secretarios particulares de comi-
sionados, con nivel jerárquico MC4, es de 95 mil
354 pesos mensuales. Cabe destacar que adicio-
nal al cargo de secretario particular, cada comi-
sionado cuenta con una plaza de secretaria, que
para efectos de este ejercicio no se contabiliza.

Noventa y cinco mil 354 pesos mensuales por
siete comisionados, por 12 meses, es igual a 8 mi-
llones 9 mil 736 pesos.
2. Choferes. De conformidad con lo señalado
en el POT, el salario bruto anualizado de siete
choferes, con nivel jerárquico OB1, asignados a
los comisionados, es de 15 mil 367 pesos mensua-
les. De nueva cuenta, si se anualiza el monto: 15
mil 367 pesos mensuales por siete, por 12 meses,
es igual a 1 millón 290 mil 828 pesos.
3. Reembolsos de gastos de automóvil. Si
bien el Inai no reporta adquisición de vehículos
para uso de servidores públicos, de conformidad
con el mencionado manual, ciertos funcionarios
reciben un apoyo económico para cubrir los
gastos de mantenimiento, lubricantes, seguros
y depreciación del vehículo que sea de su pro-
piedad (artículo 26 del Manual: “Los servidores
públicos que ocupen un puesto de comisionado,
coordinador, director general, jefe de ponencia
o equivalentes del tabulador de sueldos y sala-
rios, podrán optar por un apoyo económico para
cubrir los gastos de mantenimiento, lubricantes,
seguros y depreciación del vehículo que sea de
su propiedad y utilicen en el desempeño de sus
funciones, siempre y cuando no cuenten con ve-
hículos asignados por el Instituto como apoyo
para el desarrollo de las funciones o actividades
institucionales que tienen encomendadas, y no se
contravenga lo dispuesto en el artículo 7 del pre-
sente Manual”). Estos servidores públicos son 42:
comisionados (siete), coordinadores (tres), direc-
tores generales (25) y jefes de ponencia (siete). En
el caso de los comisionados Ximena Puente de
la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli
Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford,
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoev-
gueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez,
la cantidad que reciben es de 11 mil 460 pesos
mensuales, en tanto que para el resto, el monto
que reciben es de 5 mil 916 pesos.
Anualizando estos montos, el resultado por
este concepto es de 3 millones 466 mil 260 pesos.
4. Gastos de alimentación. El Inai tiene pre-
supuestado una cantidad mensual que ciertos
servidores públicos pueden ejercer en alimentos
fuera de sus oficinas.
De nueva cuenta, estos servidores públicos
son 42: comisionados (siete), coordinadores (tres),
directores generales (25) y jefes de ponencia (sie-
te). En el caso de los comisionados, esta cantidad
mensual asciende a 6 mil 175 pesos, en tanto que
para los coordinadores es de 4 mil 175 pesos y de
2 mil 375 pesos para el resto (artículo 31 del Ma-
nual: “Los servidores públicos con nivel de co-
misionados, coordinadores, directores generales,
jefes de ponencia o equivalentes en el tabulador,
previa justificación, contarán con el apoyo en
gastos de alimentación, derivado de las funcio-
nes que tienen encomendadas, siempre que éstas
se realicen fuera de las instalaciones del Instituto,
dando cuenta del motivo de la reunión de traba-
jo, así como el reporte correspondiente).
El monto anualizado de este concepto es de 1
millón 638 mil pesos.
5. Gastos de telefonía. De igual forma, los ser-
vidores públicos señalados tienen derecho a un
equipo de telefonía móvil, cuyo costo mensual
paga el Instituto (los montos y servidores con de-
recho a este beneficio se señalan en el Artículo
32 del Manual). En el caso de los comisionados,
esta cantidad asciende a 5 mil pesos mensuales,
en tanto que para el resto, el monto es de 1 mil
650 pesos.
El monto anualizado de este concepto es la
cantidad de 732 mil 600 pesos
6. Pasajes. En este rubro sólo tomé en consi-
deración el monto declarado correspondiente de
Para mantener sus autos, los comisionados Ximena Puente,
Francisco Acuña, Areli Cano, Óscar Guerra, María Kurczyn,
Monterrey Chepov y Joel Salas reciben 11 mil 460 pesos al mes

PRESUPUESTAL ANÁLISIS
enero a junio de 2015, que se puede consultar en
la página electrónica del Inai: 462 mil 673 pesos.
Cabe destacar que no se consideran los gastos
erogados en concepto de viáticos. Total: 16 millo-
nes 179 mil 131 pesos, para 2015.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto
que recientemente presentó el Inai para 2016
(consultable en http://inicio.ifai.org.mx/Acuerdos-
DelPleno/ACT-PUB-19-08-2015.04.pdf), el techo
presupuestal solicitado fue de 937 millones 860
mil 865 pesos, monto del cual 668 millones 247 mil
154 pesos corresponden a Servicios Personales
más impuesto sobre nómina; en tanto que 221
millones 613 mil 711 pesos corresponden al Pre-
supuesto para Gasto de Operación, es decir, a la
cantidad de dinero que efectivamente se utilizará
en el desarrollo de los programas que contempla
realizar el Instituto en 2016.
En conclusión, el monto de lo que el Inai
dedica a los conceptos de sueldos de secretarios
particulares, automóviles para uso personal de
servidores públicos, choferes, gastos de alimen-
tación de servidores públicos, telefonía celular de
servidores públicos y pasajes representa el 7.29
por ciento del presupuesto programado para su
operación en 2016.
Este monto es superior a lo que 21 de las 25
direcciones generales que lo integran han solici-
tado como presupuesto operativo para 2016. De
igual forma, dicho monto es superior a cualquie-
ra de los proyectos especiales que consigna en su
presupuesto.
Un ejemplo de lo que esto significa se puede
obtener al contrastarlo con los recursos destinados
al Programa de Sensibilización de Derechos de
Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales (Prosede), que se dirige a or-
ganizaciones de la sociedad civil a fin de que éstas
impartan a grupos de población vulnerable talle-
res de sensibilización en las citadas materias. De
acuerdo con la convocatoria recientemente publi-
cada en su portal de internet, el Instituto destinará
a la misma un monto de hasta 2 millones pesos,
que servirán para otorgar apoyo a las organiza-

nes 170 mil 131 pesos) es 30 veces el presupuesto
operativo de su similar del estado de Colima (que
atiende una población de 650 mil 555 habitantes).
Al mismo tiempo, esta cifra es superior al presu-
puesto total para 2015 del Instituto de Acceso a la
Información Pública Gubernamental del estado
de Hidalgo y representa el 98 por ciento del pre-
supuesto operativo asignado a su similar del Esta-
do de México, entidad de la República Mexicana
con mayor población. Lo anterior, sin mencionar
los recursos asignados a las organizaciones de la
sociedad civil (que en estas materias han demos-
trado ser eficientes ejecutores del gasto).
En fechas recientes, la comisionada presidenta
del Inai, Ximena Puente, hacía un llamado para
crear el Fondo Aporta, diseñado para fortalecer el
trabajo de los 33 organismos garantes de la ren-
dición de cuentas en el país, afirmando que “…a
pesar de las condiciones de escasez presupuestal
que el país afronta, buscarán impulsar la creación
de ese fondo que, según el proyecto presentado
[…] formaría parte del Ramo 23 de la Ley de
Egresos” (nota de Excélsior del 12 de septiembre
de 2015, visible en: http://www.excelsior.com.mx/na-
cional/2015/09/12/1045358).
Es claro que la falta de recursos de los organis-
mos garantes locales no debe atenderse con mayo-
res recursos públicos. En un momento de reduc-
ción de los ingresos, lo más inteligente es realizar
una aplicación más racional de aquello con lo que
se cuenta.
Es posible que una sola medida, sin afectar las
importantes tareas del Inai, pudiera incrementar
15 veces el presupuesto de su similar en Colima
y alcanzar todavía para duplicar el presupuesto
para Yucatán, sólo por citar ejemplos extremos.
Es claro que eliminar los gastos que mencioné
no afectaría ningún programa ni proyecto espe-
cial, no reduciría el ingreso, prestaciones o nivel
salarial de ningún servidor público que desarrolla
actividades sustantivas ni implicaría reducir los
objetivos que se fijó el Inai para 2016.
Su reducción sentaría una muestra de que sí
es posible reducir gasto sin afectar programas ni
objetivos, y marcaría la pauta para una revisión de
este tipo en otros organismos autónomos, entida-
des y dependencias.
ciones que desarrollen los proyectos seleccionados.
En ningún caso esta cifra podrá superar los 200
mil pesos. Estos es, lo que el Instituto destina al
programa Prosede es apenas el 12.3 por ciento de
lo que se destina a los gastos que se han señalado
párrafos arriba.
Toda vez que la función del Inai tiene una
dimensión nacional, a efecto de analizar lo que
representa esta cifra en el contexto del país es
conveniente referir el presupuesto de algunos or-
ganismos garantes de los estados (datos tomados
de las páginas oficiales de cada organismo autó-
nomo que se señala) considerando el número de
habitantes de los cuales se protege el derecho
de acceso a la información. Cabe precisar que la
cifra de población de nuestro país que refiere el
Censo de población y vivienda 2010 es de 112 millones
336 mil 538 habitantes (ver cuadro).
Como se puede apreciar, el monto del presu-
puesto que el Inai destina únicamente a secretarios
particulares, choferes, teléfonos celulares, comidas
y vehículos de sus servidores públicos (16 millo-

ECONÓMICOANÁLISIS
FIRME, LA DICTADURA
NEOLIBERAL EN EL BANXICO
La oportunidad que tenía el gobierno de rencausar la política monetaria en México se perdió. El
gobierno federal priísta decidió apostar por la misma política que tiene pasmada a la economía mexi-
cana. Con la relección de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, el funcionario
acumulará en el cargo 11 años. Asegurados hasta 2021, los intereses de la minoría que se beneﬁcia
del libre mercado
MARCOS CHÁVEZ, ANALISTA ECONÓMICO
@marcos_contra
REELECCIÓN
DE CARSTENS
ADOLFOVLADIMIR/CUARTOSCURO

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