ilovepdf_merged (1).docx

Revista Ciencia UNEMI
Nº 10, Diciembre2013, pp. 25 - 34
ISSN: 1390 - 4272
Materiales Didácticos
Innovadores
Estrategia Lúdica en el Aprendizaje
Resumen
Esta investigación surgió con el propósito de determinar en qué medida los y las docentes utilizan ma-
teriales didácticos innovadores, como estrategia lúdica en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con
los niños y niñas del primer año de educación general básica. Este es un estudio de tipo no experimental,
observacional, transversal y descriptivo efectuado en 65 escuelas fiscales y particulares del área urbana
del cantón Milagro, Ecuador. Los educandos en esta etapa de su vida aprenden por medio del juego, que
desarrolla múltiples procesos cognoscitivos, sociales, por ello la pedagogía debe ser activa, que permita
al docente ser un facilitador y constructor del aprendizaje. Utilizar materiales didácticos favorece los
procesos cognitivos, psicomotores y psicoafectivos, por tanto debe considerarse el ritmo de aprendizaje
de los estudiantes. Cuando se maneja herramientas tecnológicas se facilita, de manera significativa,
estos procesos; el trabajo de aula se torna interactivo, flexible, dinámico, por ello el docente debe prepa-
rarse para su manejo y aplicación. Entre los más relevantes se puede mencionar los materiales audio-
visuales, programas informáticos y servicios telemáticos.
Palabras claves: materiales didácticos, estrategia lúdica, enseñanza – aprendizaje, procesos
Abstract
This research emerged with the purpose of determining to what extent the teachers use innovative
materials like playful strategy in the process of teaching - learning, with children the first year of basic
general education. This is a non-experimental study, observational, cross-sectional descriptive study in
65 public schools and individuals in the urban area of Canton Milagro, Ecuador. Learners at this sta-
ge of his life learning through play, which develops multiple cognitive processes, social, and therefore
should be active pedagogy, which allows the teacher to be a facilitator and builder of learning. Using
materials promotes the cognitive, psychomotor and psycho therefore be considered the pace of student
learning. When driving technological tools provided, significantly, these processes classroom work be-
comes interactive, flexible, dynamic, so the teacher must be prepared to handle and apply. Among the
most important may be mentioned audiovisual materials, software and online services.
Key Words: educational materials, playful strategy, teaching – learning, processes.
Recibido: Diciembre, 2012
Aceptado: Noviembre, 2013
Lcda. Fanny Leticia
Freré Franco, MSc.1
ffreref@unemi.edu.ec
Dra. Mildred Marisela
Saltos Solís, MSc.2
msaltoss@unemi.edu.ec
1
Master: Gerencia de la Educación Abierta. Especialista: Docencia Universitaria. Diplomada: Inteligencia emocional y desarrollo del pensamiento. De-
cana: Unidad Académica Ciencias de la Educación y la Comunicación, Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. Docente de Taller de Material Didáctico,
carrera Licenciatura en Educación Parvularia, UNEMI.
2
Magister: Salud Pública. Diplomados: Gerencia en Salud y Epidemiología. Especialista: Gestión Educativa. Egresada Maestría en Gerencia Educativa.
Coordinadora de Investigación, Unidad Académica Ciencias de la Educación y la Comunicación, UNEMI. Docente: Licenciatura en Educadores de Pár-
vulos, Psicología, Cultura Física. Tutora de proyectos de pregrado y postgrado, áreas educación y salud.
│ 25

Educación
y Cultura
Material didáctico: Estrategia lúdica
26 │ Ciencia UNEMI ǀ Diciembre 2013
1. INTRODUCCIÓN
Desde el siglo XVIII existió la preocupación de
dar a los niños y niñas un ambiente material
y humano en los establecimientos educativos,
dotándolos para ello de materiales didácticos
adecuados. Federico Froebel (1782 – 1852),
considerado como el “padre de la pedagogía”,
“destacó la importancia del juego en la educa-
ción, el desarrollo de la creatividad y despertó
su interés haciendo que los niños observaran
los objetos cercanos, las plantas, en general la
naturaleza. Concibió a la maestra como edu-
cadora de la infancia y al niño como un ente
reflexivo, activo, responsable y agente de su
propio desarrollo, construyendo materiales gra-
duados sistemáticamente de lo concreto a lo
abstracto” [1]. Entre sus materiales están los
juegos, dramatizaciones, poesías, cuentos, que
siguen en vigencia hasta hoy.
María Montessori (1880 – 1952) expresa-
ba que “los niños mantienen su potencial de
aprendizaje hasta los 6 a 7 años y pueden
aprender en esta edad a leer, escribir, calcu-
lar, entonces el material les permite reforzar
y emplear las manos en su aprendizaje” [2].
Tratar en la actualidad el uso de materiales
didácticos innovadores en el proceso de ense-
ñanza – aprendizaje, se convierte en un tema
de mucha relevancia y trascendencia. La evolu-
ción que ha tenido el sistema educativo en los
últimos años, ha obligado a que los docentes
implementen nuevas estrategias metodológi-
cas, que favorezcan el trabajo de aula con los
estudiantes.
El manejo de diversos tipos de materiales
didácticos permite la construcción de nuevos
conocimientos, pues se aplica una pedagogía
activa, basada en la acción y no sólo en los
contenidos, dando lugar, además, a procesos
interactivos, flexibles, con situaciones concre-
tas de aprendizaje. Cada material, por más
sencillo que parezca, cumple una función esen-
cial como constructor educativo y los docentes
se convierten en facilitadores, orientadores del
proceso de enseñanza – aprendizaje, para lo
cual es indispensable considerar las etapas de
desarrollo de los niños y niñas, así como sus
ritmos de aprendizaje e individualidades.
Jean Piaget en su Teoría del desarrollo indi-
caba “haber cambiado el paradigma niño, de
un ser que recibe y acumula conocimiento con
base a estímulos y refuerzos externos de estilo
conductista, a un sujeto activo que construye
su conocimiento desde adentro, gracias a la
continua exploración del medio que le rodea, a
través de los procesos de asimilación y acomo-
dación, que le permiten avanzar hacia esque-
mas mentales más complejos” [3].
Los niños y niñas de 2 a 7 años están en
la etapa preoperacional, según Piaget, en la
cual se desarrollan los procesos cognoscitivos
por medio del juego simbólico, del lenguaje, así
como de pinturas e imágenes mentales; convir-
tiéndose el juego en una estrategia lúdica que
ayuda a desarrollar las habilidades cognosciti-
vas, sociales, creatividad e imaginación.
“El juego con materiales didácticos tanto
estructurados, como no estructurados, ofre-
ce a los niños y a las niñas, la oportunidad de
combinar actividad y pensamiento, desarrollar
su curiosidad, compartir experiencias, senti-
mientos y necesidades, articular la realidad y
la fantasía, el conocimiento y la emoción, afian-
zar su autonomía y autoestima, crear, indagar,
observar, y sobre todo relacionar los nuevos
descubrimientos con experiencias vividas y
así generar nuevos conocimientos” [4]. Es así
que el uso de materiales didácticos integra los
procesos cognitivos, psicomotores y psicoafec-
tivos, pues se fomenta la creatividad, la cons-
trucción de actitudes positivas entre niños, ni-
ñas y sus maestros. Por ello es importante el
proceso de elección de los materiales, ya que
se debe considerar los intereses y necesidades
de los estudiantes, del educador, así como el
conocimiento social y cultural de cada grupo.
En la actualidad existe la necesidad de utili-
zar materiales didácticos innovadores, además
de los tradicionales, usados en gran parte por
los maestros del primer año de Educación Ge-
neral Básica. El Plan Decenal de Educación del
Ecuador considera como nudos críticos, la falta
de equidad, la poca pertinencia del currículo
y débil aplicación de las nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación, así como
infraestructura y equipamiento insuficientes,
inadecuada y sin identidad cultural. Encuentra
que el sistema educativo ecuatoriano debe ser
humanista, científico, que estimule la creativi-
dad y el desarrollo de la personalidad y las es-
peciales habilidades de cada persona, pues se
necesita preparar ciudadanos que produzcan
conocimientos [5].
Las escuelas fiscales y particulares del
cantón Milagro no tienen las herramientas tec-
nológicas necesarias, que faciliten a los niños y
niñas su aprendizaje, debido a que los equipos
de cómputo no son suficientes o carecen de
ellos, existe un escaso acceso a internet.
Además, es importante mencionar que el
docente debe manejar las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), pues
contribuyen, de manera significativa, a facilitar
el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para
utilizar en forma efectiva las TIC, los docentes y
estudiantes deben tener acceso a tecnologías
digitales e internet en las aulas, los contenidos
educativos significativos tienen que estar en

Educación
y Cultura
│ 27
Ciencia UNEMI ǀ Diciembre 2013
formato digital, además poseer las habilidades
y conocimientos del uso de estas herramientas.
Esta investigación se sustenta en la Consti-
tución Política de la República del Ecuador, Pu-
blicada en el Registro Oficial el 20 de octubre
de 2008, que en el Capítulo Cuarto, referente
a los Derechos económicos, sociales y cultu-
rales, sección octava de La Educación, indica:
“Art. 67: La educación, inspirada en principios
éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y
científicos, promoverá el respeto a los derechos
humanos, desarrollará un pensamiento crítico,
fomentará el civismo; proporcionará destrezas
para la eficiencia en el trabajo y la producción;
estimulará la creatividad y el pleno desarrollo
de la personalidad y las especiales habilidades
de cada persona; impulsará la interculturali-
dad, la solidaridad y la paz” [6].
Además en lo que consta en el Plan Na-
cional del Buen Vivir 2009 – 2013, Objetivo 2:
“Mejorar las capacidades y potencialidades de
la ciudadanía”, y la política 2.7, literal a, que
expresa: “Democratizar el acceso a las tecnolo-
gías de información y comunicación, especial-
mente a Internet, a través de la dotación plani-
ficada de infraestructura y servicios necesarios
a los establecimientos educativos públicos de
todos los niveles y la implantación de telecen-
tros en las áreas rurales” [7].
2. EJE METODOLÓGICO DEL USO DE MATE-
RIALES DIDÁCTICOS
Los materiales didácticos sirven de apoyo para
la construcción del conocimiento, por consi-
guiente es necesario considerar los siguientes
aspectos para su uso:
- Reconfiguración del aula: espacio donde
se desarrollan las actividades de aprendizaje.
- Rol y perfil del educador: el docente traba-
ja en forma dinámica e interactiva, facilitando
el proceso de enseñanza – aprendizaje.
- Conocimiento de los procesos evolutivos
del desarrollo de los niños y niñas: los docentes
deben conocer las teorías del desarrollo psico-
lógico y los ritmos de aprendizaje.
- La actividad lúdica: el juego permite la re-
lación del hombre con los demás, con la natu-
raleza y consigo mismo. Esta ayuda a descubrir
reglas, normas, así como situaciones lógicas
en forma natural.
- Consideraciones psicopedagógicas para
el uso del material educativo: los docentes de-
ben ayudar a desarrollar, a través de las estra-
tegias de aprendizaje, los procesos cognitivos,
psicomotores, socio-afectivos [8].
3. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DI-
DÁCTICOS
La palabra material tiene que ver con lo físico o
corpóreo y didáctica se refiere a la enseñanza
y aprendizaje. Elementos físicos que al utilizar-
los de manera didáctica ayudan a la formación
integral de los niños y niñas, enriquecen la
actividad perceptiva y promueven un proceso
constructivo de maduración. El maestro debe
elaborar, seleccionar y emplear los materiales
didácticos con conciencia profesional, además
considerar el nivel de desarrollo cognoscitivo
de sus estudiantes.
Se clasifican, de acuerdo a las tres áreas
de desarrollo de los niños y niñas, en:
- Creativo – expresivo: facilita la expresión,
calman la agresividad y las tensiones. Ej.: títe-
res, instrumentos musicales, modelados, etc.
- Cognoscitivo: estimula la función analítica
– sintética del pensamiento, desarrolla la coor-
dinación fina y percepción visual, ejercita la re-
lación, comparación, asociación. Desarrolla la
observación y la memoria. Ej.: rompecabezas,
bloques, semilleros, encajes, ábacos, loterías,
juegos de construcción, etc.
- Motor: desarrolla la coordinación motora
gruesa y el equilibrio. Libera tensiones, se ma-
neja la noción de espacio y tiempo. Ej.: llantas,
laberintos, pelotas, cuerdas o sogas, aros, bas-
tones, barra horizontal, colchonetas, etc.
4. MATERIALES DIDÁCTICOS EN LOS QUE SE
UTILIZA TECNOLOGÍA
Son todos aquellos materiales que han sido di-
señados en formato digital, para facilitar, en un
entorno tecnológico, el proceso de enseñanza
– aprendizaje, permiten un trabajo interactivo,
flexible, atractivo, de fácil accesibilidad. Estos
ayudan al aprendizaje colaborativo, cooperati-
vo y dialógico, a su vez los docentes tienen la
oportunidad de elaborar sus propios recursos,
mediante una adecuada planificación, desarro-
llo, uso, así como la revisión permanente de los
mismos.
Al vivir en la sociedad del conocimiento, es
importante, tomar en consideración, educar a
los estudiantes, desde temprana edad, hacien-
do uso de herramientas tecnológicas, surge
entonces la necesidad que se mejoren los pro-
cesos de enseñanza – aprendizaje y se trabaje
de forma innovadora con nuevos materiales
didácticos. Entre ellas podemos mencionar
“las com-putadoras, DVD, cámara digital, mul-
timedios y medios de comunicación interper-
sonales tradicionales con soporte tecnológico
como el teléfono, celulares y los medios de co-
municación social, con mayor preponderancia,
el servicio de Internet (redes de comunicación
de computadoras interconectadas) y todas sus
aplicaciones (correo electrónico, páginas Web,
blogs, foros, chat, etc.)” [9].
Para utilizar las TIC es preciso que los do-

Educación
y Cultura
centes las conozcan y manejen, se puede men-
cionar:
- Materiales audiovisuales: películas, vi-
deos.
- Programas informáticos: videojuegos, pre-
sentaciones multimedia, animaciones, simula-
ciones interactivas.
- Servicios telemáticos: páginas web, blogs,
videos interactivos, correo electrónico, foros,
web educativos, software.
Es necesario, en los actuales momentos de
evolución educativa, contar en el aula de cla-
ses con herramientas como una pizarra digital
interactiva, la cual debe contar con un video
proyector y ordenador, además son útiles los
dispositivos de almacenamiento, ya que facili-
ten el desarrollo del proceso de enseñanza –
aprendizaje.
4. BENEFICIOS DEL USO DE MATERIALES DI-
DÁCTICOS
Cuando se utilizan los diversos tipos de mate-
riales didácticos en el proceso de enseñanza
– aprendizaje, se dan múltiples beneficios, que
contribuyen al desarrollo integral de los niños y
niñas. Entre los más relevantes se encuentran:
- Los niños interactúan en forma lúdica
- Estimulan la comunicación verbal y no verbal
- Desarrollan habilidades del pensamiento
- Mejoran la pronunciación y expresividad
- Desarrollan la imaginación y creatividad
- Hábitos de escucha
- Relacionan unos objetos con otros
-Desarrollo del pensamiento lógico
- Promueve el trabajo ordenado
- Estimulan el desarrollo de la motricidad fina
- Integran al estudiante con su medio
- Generan tolerancia entre las personas
- Permiten reconocer figuras geométricas
- Promueven el desarrollo de capacidades psi-
comotrices e intelectuales
- Unen en forma lúdica lo concreto con lo abs-
tracto
- Establecen semejanzas y diferencias [10].
5. METODOLOGÍA
Este es un estudio de tipo no experimental, ob-
servacional, transversal y descriptivo, llevado
a efecto desde mayo a noviembre de 2012,
con las(os) docentes que realizan sus labores
en el primer año de Educación General Básica
de las escuelas del área urbana del cantón Mi-
lagro. De 135 establecimientos educativos de
nivel primario, fiscales y particulares, ubicados
en las áreas urbana y rural, se procedió a se-
leccionar 65 escuelas del área urbana como
unidades muestrales, por medio del muestro
probabilístico aleatorio.
Las escuelas pertenecen a las parroquias
urbanas Camilo Andrade, Chirijos, Ernesto Se-
minario y Enrique Valdez. Como fuente primaria
de información, se elaboró una encuesta para
determinar en qué medida los docentes utili-
zan materiales didácticos innovadores, como
estrategia lúdica que favorece el proceso de
enseñanza – aprendizaje, en los niños y niñas
del primer año de Educación General Básica.
De la encuesta se estableció los tipos de
materiales didácticos que utilizan en el proce-
so de enseñanza – aprendizaje, así como el
nivel de conocimiento que tenían los docen-
tes sobre los beneficios que se logran con los
estudiantes. Previo a la aplicación del instru-
mento, se realizó una prueba piloto a 10 do-
centes, donde se identificó que las preguntas
tenían un orden lógico, enunciados correctos,
comprensibles, no existiendo rechazo hacia las
interrogantes planteadas. Esto validó el conte-
nido, pues los ítem corresponden a los indica-
dores a medirse.
6. RESULTADOS
De los 65 docentes encuestados se encuentra
que el 32,31% tiene de 29 – 35 años, 26,15%
entre 36 – 42 años, 15,38% entre 22 – 28
años.
Edad docentes Número Porcentaje
22 - 28 años 10 15,38%
29 - 35 años 21 32,31%
36 - 42 años 17 26,15%
43 - 49 años 8 12,31%
50 - 56 años 9 13,85%
Total 65 100,00%
Tabla 1. Edad de los docentes encuestados

Educación
y Cultura
│ 29
Gráfico 1. Edad de los docentes encuestados
En relación a cómo adquieren los materiales didácticos, manifestaron: el 58,42% lo elabora, el
27,72% lo compra y el 13,86% es donado. Tabla 2.
Adquisición del material
didáctico
Frecuencia Porcentaje
Comprado 28 27,72%
Donado 14 13,86%
Elaborado por la maestra 59 58,42%
Total 101 100,00%
Tabla 2. Formas de adquisición del material didáctico
Gráfico 2. Formas de adquisición del material didáctico
Entre los materiales básicos que utilizan, en el primer año de educación general básica, están el
Franelógrafo 33,33%, Televisor educativo 31,43%, Cartelera de corcho 28,57%.
Materiales básicos del aula Frecuencia Porcentaje
Franelógrafo 35 33,33%
Imanógrafo 7 6,67%
Televisor educativo hecho con
material reciclable
33 31,43%
Cartelera de corcho 30 28,57%
Total 105 100,00%
Tabla 3. Materiales básicos utilizados en el aula de clases
Gráfico 3. Materiales básicos utilizados en el aula de clases

Educación
y Cultura
El criterio de los docentes, en relación a los aspectos que desarrolla el uso de material didácti-
co, es diverso. El 31,21% expresa que desarrolla la Expresión creativa, el Pensamiento lógico el
29,93%, la Inteligencia práctica el 19,75% y la Afectividad el 19,11%.
Aspectos del desarrollo Frecuencia Porcentaje
Inteligencia práctica 31 19,75%
Pensamiento lógico 47 29,93%
Afectividad 30 19,11%
Expresión creativa 49 31,21%
Total 157 100,00%
Tabla 4. Opinión de aspectos que desarrolla el uso de material didáctico
Gráfico 4. Opinión de aspectos que desarrolla el uso de material didáctico
Entre los materiales didácticos, más utilizados, para desarrollar la ejercitación psicomotora están:
el Plantado con el 30,34%, Ensartado 27,59%, Tarjetas o tablillas 17,24%, Encaje Plano 15,17%.
Materiales didácticos para la
ejercitación psicomotora
Plantado 44 30,34%
Ensartado 40 27,59%
Encaje Plano 22 15,17%
Torre rosa 11 7,59%
Tarjetas o tablillas 25 17,24%
Bloques lógicos 1 0,69%
Cartillas 2 1,38%
Total 145 100,00%
Tabla 5. Tipos de materiales didácticos para desarrollar la ejercitación psicomotora
Gráfico 5. Tipos de materiales didácticos para desarrollar la ejercitación psicomotora
Los materiales didácticos utilizados, para ayudar a desarrollar el pensamiento lógico son: el Rom-
pecabezas (49,61%), Lotería (23,62%), Dominó (20,47%), Legos (5,51%) y poco las Láminas edu-
cativas (0.8%).
Materiales didácticos para
desarrollar el pensamiento lógico
Rompecabezas 63 49,61%
Lotería 30 23,62%
Dominó 26 20,47%
Legos 7 5,51%
Láminas educativas 1 0,79%
Total 127 100,00%
Tabla 6. Tipos de materiales didácticos para desarrollar el pensamiento lógico

Educación
y Cultura
│ 31
Gráfico 6. Tipos de materiales didácticos para desarrollar el pensamiento lógico
Los docentes expresan, que entre los materiales didácticos que utilizan para desarrollar la
expresión artística están, los Títeres, 39,06%; Caritas pintadas, 25%; Disfraces, 20, 31% y Antifa-
ces, 15,63%.
Materiales didácticos para
desarrollar la expresión artística
Disfraces 26 20,31%
Antifaces 20 15,63%
Caritas pintadas 32 25,00%
Títeres 50 39,06%
Total 128 100,00%
Tabla 7. Tipos de materiales didácticos para desarrollar la expresión artística
Gráfico 7. Tipos de materiales didácticos para desarrollar la expresión artística
Las herramientas tecnológicas que manifiestan utilizar son: con el 43,55% Computador; 27,42%
CD; 19,35% Pendrive; 9,68% proyector e internet 0%.
Herramientas tecnológicas Número Porcentaje
Computador 27 43,55%
Pendrive 12 19,35%
Proyector 6 9,68%
Internet 0 0%
CD 17 27,42%
Total 62 100,00%
Tabla 8. Herramientas tecnológicas que utilizan las(os) docentes
Gráfico 8. Herramientas tecnológicas que utilizan las(os) docentes

Educación
y Cultura
En relación a los materiales didácticos innovadores usados por las(os) docentes, en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, se encontró: Ninguno los utiliza, 58,46%; el 23,08% maneja Dispositi-
vos de almacenamiento; 15,38% manifiesta usar Software educativo y el 3,08% Biblioteca digital.
No usan Pizarra digital ni Software educativo.
Materiales didácticos
innovadores
Pizarra digital 0 0%
Biblioteca digital 2 3,08%
Dispositivos de almacenamiento 15 23,08%
Juegos interactivos 0 0%
Software educativo 10 15,38%
Ninguno 38 58,46%
Total 65 100%
Tabla 9. Materiales didácticos innovadores usados en el proceso de enseñanza – aprendizaje
Tabla 9. Materiales didácticos innovadores usados en el proceso de enseñanza – aprendizaje
Tomando en consideración el conocimiento que tienen los docentes, sobre qué aspectos desarro-
lla, en los niños y niñas, la aplicación de estrategias lúdicas, expresan: la Creatividad, el 24,21%;
Motivación, 23,68%; Atención el 20,53%; Imaginación, 18,42% y Afectividad, 13,16%.
Aspectos que desarrollan Las
estrategias lúdicas
Motivación 45 23,68%
Imaginación 35 18,42%
Creatividad 46 24,21%
Afectividad 25 13,16%
Atención 39 20,53%
Total 190 100,00%
Tabla 10. Conocimiento de aspectos que desarrollan las estrategias lúdicas
Gráfico 10. Conocimiento de aspectos que desarrollan las estrategias lúdicas
6. CONCLUSIONES
- Los docentes que trabajan con los niños y ni-
ñas del primer año de Educación General Bási-
ca, a pesar de tener un rango de edad entre 22
a 56 años, adultos jóvenes como maduros, uti-
lizan materiales didácticos tradicionales y poco

Educación
y Cultura
│ 33
innovadores como se pone de manifiesto en la
encuesta realizada.
- La mayoría de los docentes encuestados
utilizan recursos como el Franelógrafo, Televi-
sor educativo, Cartelera de corcho, Imanógrafo
para presentar y/o analizar algún tema en par-
ticular, pues son recursos dinámicos y están en
constante renovación, permitiendo desarrollar
un trabajo interactivo y creativo.
- El uso de material didáctico, en el trabajo
de aula, permite desarrollar caracteres impor-
tantes en los niños y niñas, como la Expresión
creativa; mediante ella pueden relacionar ob-
jetos y crear cosas nuevas; y el Pensamiento
lógico, que favorece la estructuración mental y
conocimiento del entorno.
- Para desarrollar la ejercitación psicomo-
tora, los docentes utilizan diversos materiales
didácticos como el Plantado, Ensartado, Tarje-
tas, Encaje Plano, ya que estos ayudan a que
los niños/as tomen conciencia de su propio
cuerpo y de su coordinación psicomotriz.
- Uno de los aspectos fundamentales que
debe desarrollarse en el proceso de enseñan-
za – aprendizaje es el pensamiento lógico y
para ello los maestros de las escuelas utilizan
de manera significativa el Rompecabezas, así
como la Lotería y el Dominó.
- Los docentes trabajan con los niños/as
desarrollando la expresión artística en el me-
dio educativo con Títeres, Caritas pintadas,
Disfraces y Antifaces, los cuales permiten ven-
cer la timidez, desarrollar el lenguaje, expresar
sentimientos y emociones.
- De las herramientas tecnológicas que son
utilizadas en el proceso de enseñanza – apren-
dizaje está el Computador, CD y Pendrive, en-
contrándose que los docentes no tienen las ha-
bilidades y conocimientos para usar en forma
eficiente estos recursos, lo cual es necesario
para alcanzar los resultados esperados.
- En las escuelas fiscales y particulares del
cantón Milagro los docentes no utilizan mate-
riales didácticos innovadores con los estudian-
tes, pues las instituciones tienen escasos re-
cursos tecnológicos, así como una inadecuada
infraestructura.
- A pesar de la importancia de utilizar las
nuevas tecnologías de la información para fa-
cilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje,
éstas no reemplazan a la labor del docente en
el aula, ya que ellos transmiten el valor pedagó-
gico y humanista a sus educandos.
7. RECOMENDACIONES
- La educación ha dejado de ser tradiciona-
lista y por esta razón el docente debe manejar
las herramientas tecnológicas. Vivir en la era
digital y sociedad del conocimiento obliga a
cambiar los métodos tradicionales de educa-
ción por estrategias metodológicas interactivas
e innovadoras.
- Los docentes deben estar en constante
preparación pues son los promotores de la
educación, desarrollando en los niños/as la
creatividad, imaginación, el trabajo cooperati-
vo.
- Es importante señalar que los docentes
deben considerar que cada niño o niña es úni-
co y que aprenden a ritmos diferentes, pues
este proceso varía de acuerdo a la etapa de
desarrollo en la que se encuentre.
- Es importante trabajar con los estudiantes
en forma dinámica, participativa, pues cada ex-
periencia, que van adquiriendo, ayuda a que el
cerebro realice la sinapsis; en los primeros diez
años de vida se forman trillones de conexiones
a través de los neurotransmisores, formándose
una red de neuronas, siendo las vivencias que
tengan los niños/as indispensables en este
proceso.
- Para favorecer el proceso de enseñanza –
aprendizaje debe proveerse a las instituciones
de educación de las herramientas tecnológi-
cas, suficientes, para que se trabaje con ma-
teriales didácticos acorde a las necesidades
educativas actuales.
- La aplicación de estrategias lúdicas ayu-
dan a desarrollar múltiples habilidades, como
la imaginación, creatividad, atención y favorece
en todo momento el aprender, por consiguiente
deben aplicarse diversos tipos de juegos en el
proceso de enseñanza - aprendizaje.
- Los maestros que van a utilizar las TIC,
en el entorno educativo deben hacerlo consi-
derando cuál es la necesidad pedagógica que
van a trabajar, pues éstas ayudan a desarrollar
la labor colaborativa en forma dinámica.
- Si se utilizan las nuevas tecnologías de la
información en el trabajo docente – estudiante
se favorecerá la interactividad, retroalimenta-
ción, así como la autogestión del aprendizaje.
- Al manejar los docentes las herramientas
tecnológicas éstas le ayudan a mejorar su tra-
bajo, innovar la práctica docente, lo que contri-
buye a un proceso de enseñanza – aprendizaje
de calidad, como lo requiere el sistema educa-
tivo ecuatoriano.

Referencias Bibliográficas
Educación
y Cultura
[1]. Zúñiga, I., M. (1998). Principios y técnicas para la ela-
boración del material didáctico para el niño de 0 – 6 años.
Costa Rica: Asoingraf.
[2]. Ibíd. 1.
[3]. Piaget, J. (1980). Psicología y Pedagogía. Extraído el 18 de
octubre de 2012, de: http://www.argentinawarez.com/ebooks-
gratis/1370411- psicologia-y-pedagogia-de-jean-piaget.html
[4]. Rivera, M. (2011). Materiales didácticos del nivel inicial. Ex-
traído el 5 de octubre de 2012, de:
http://masiellriverac.blogspot.com/2011/11/materiales-didacti-
cos-del-nivel-inicial.html
[5]. Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador. Plan Decenal
de Educación 2006 - 2015. Extraído el 19 de octubre de
2012, de:
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Ecuador/Ecuador_
Hacia_Plan_Decenal.pdf
[6]. Asamblea Nacional. (2008). Constitución Política de la Repú-
blica del Ecuador. Extraído el 10 de enero de 2011, de:
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/consti-
tucion_de_bolsillo.pdf
[7]. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLA-
DES. Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013. Extraído el
22 de julio de 2011, de:
htpp://www.senplades.
[8]. Vargas, M. (2003). Materiales educativos, procesos y resulta-
dos. Extraído el 25 de agosto de 2012, de:
http://books.google.com.ec/books?id=KG3I5RaTwO4C&pg
=PA180&lpg=PA180&dq=materiales+did%C3%
[9]. Consejo General de educación, gobierno de Entre Ríos.
(2010). Las TICs en la educación inicial. Extraído el 8 de
noviembre de 2012, de:
http://www.entrerios.gov.ar/CGE/2010/inicial/fi -
les/2012/04/Las-Tics-en-laEducaci%C3%
[10]. Ministerio de Educación del Ecuador. (2011). Materiales
educativos. Guía de uso del material didáctico. Extraído el
7 de noviembre de 2012, de:
http://www.vvob.org.ec/sitio/index.php?option=com_zoo...
id...
[11]. Andreau, L. B. (2006). La biblioteca un mundo de recursos
para el aprendizaje. Extraído el 7 de noviembre de 2012, de:
http://books.google.es/books?id=2VhJGhTjnfkC&pg=PA53
&dq=libro+material+didactico
[12]. Quezada, C. (2010). Manual de uso y aplicación de material
didáctico concreto. Extraído el 10 de octubre de 2012, de:
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/718/3
ANEXOS.pdf
[13]. Calderón, M. A. (2006). Orientaciones metodológicas para el
uso del material didáctico en el nivel inicial. Extraído el 30
de octubre de 2012, de:
http://www.educando.edu.do/sitios/inefi/res/Archivos-
PDF/manualmaterialdidacticoni.pdf
[14]. Borda, E., Páez, E. (1997). Ayudas educativas, creatividad y
aprendizaje. Colombia: Magisterio.

PLAN DE PRODUCCION
Según la empresa UNITEX S.A.C., las proyecciones del área de Ventas, las cantidades de
producción mensuales en unidades por cada una son las siguientes:
Cantidad de producción mensual:
Producción Denim 8 Denim 10 Denim 12 Denim 14 Denim 16
Pantalón jean varón talla 30 411 371 286 228 171
Pantalón jean dama talla 26 1947 971 457 228 171
8509 6014 4513 3906 3353
X
Cantidad de producción diaria:
Producción Denim 8 Denim 10 Denim 12 Denim 14 Denim 16
Pantalón jean varón talla 30 15.8 14.3 11.0 8.8 6.6
Pantalón jean dama talla 26 74.9 37.3 17.6 8.8 6.6
327.3 231.3 173.6 150.2 129.0
X
1012
Total pantalones al día
26295
Total pantalones mensual

Cantidad mensual de producción por densidad de tela:
Producción mensual Denim 8 Denim 10 Denim 12 Denim 14 Denim 16
Total pantalón varón 2302 2033 1640 1296 943
Total pantalón dama 6207 3981 2873 2610 2410
Total pantalones 8509 6014 4513 3906 3353
Total pantalones mensual 26295
X
Cantidad mensual de producción por tallas:
X
Según los datos mostrados se determina el nivel de producción diaria, será de 1012 unidades de
pantalón jean, para satisfacer la demanda mensual, es decir se tomará en consideración el trabajo
realizado en dos turnos, el cual tendrá un trabajo de 8 horas diarias por turno de trabajo. Según la
legislación peruana del trabajo.
El tiempo de producción de un pantalón es de 4.75 minutos por línea de producción, nosotros
tenemos 5 líneas de producción y el tiempo estimado es 23.75 minutos por pantalón, el
procesamiento es realizado por lotes de 100 unidades.
Producción mensual
Total pantalón por
talla
Pantalón jean varón talla 30 1467
Pantalón jean dama talla 26 3774
Total pantalones mensual 26295

Cantidad de pantalón por día Días de trabajado Horas por turno Cantidad de turnos
1012 26 8 2
Calculo de cantidad de líneas de producción
Fecha Realización: 28/6/20 Ficha N° 1 RESUMEN
Diagrama N° 01 Página 1 de 1 ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONOMÍA
Proceso: Producción de Pantalones Jean OPERACIÓN 18
Actividad: TRANSPORTE 4
Elaboración de Pantalones Jean ESPERA 0
Tipo de Diagrama Material ( ) Producto ( X ) INSPECCIÓN 5
Operario ( ) Máquina ( ) ALMACENAMIENTO 1
Método Actual ( )
Propuesto ( X )
DISTANCIA (metros) 10
TIEMPO (min-hombre) 95
Área / Sección: Taller de confeccion textil
Lugar: Empesa UNITEX
COSTO
MANO DE OBRA
MATERIAL
Elaborado por: Paol Arocutipa Franco
Aprobado por: Esmelling Enrrique Peralta Arotaype
TOTAL
DESCRIPCIÓN
Distancia
(metros)
TIEMPO (min-
hombre)
Símbolo
Observaciones
1. CORTADO
1.1 Recepccion dela tela 2 1
1.2 Inspeccionar el estado de la tela 2 1
1.3. Exterder la tela sobre la mesa 3 1
1.4. Realizar los trazos con los moldes 3 1
1.5. Realizar el corte de la tela 2 1
1.6. Ennumerar las piezas 2 1
1.7. Inspeccionar las piezas 2 1
1.8 Transladar al area de armado 3 3 1
2. ARMADO
2.1. Recepción piezas semi-elaborada 1 1
2.2 Unir todas las piezas 18 1
2.3 Inspeccionar piezas 3 1
2.4 Transladar al area de lavanderia 4 4 1
3. LAVADO
3.1 Esponjado 1 1
3.2 Bigotes 1 1
3.3 Lavado 9 1
3.4 Centrifugado 9 1
3.5 Secado 9 1
3.6 Planchado 2 1
3.7 Inspeccinar piezas 3 1
3.8 Transladar al area de terminado 4 1
4. TERMIANDO
4.1. Recepción de prendas 1 1
4.2 Colocar remaches 1 1
4.3 Colocar botones 1 1
4.4 Colocar etiquetas 1 1
4.5 Inspeccion final de los patalones 3 1
4.6 Empaqetar pantalones 2 1
4.7 Trasladar Jean a almacén para la venta 3 3 1
4.8 Almacenado de pantalones Jean 1
TOTAL 10 95 18 4 0 5 1

El tiempo del ciclo del proceso para la elaboración de 100 pantalones por línea de producción es
95minutos (1 hora y 35 minutos), para este tiempo estimado el área de producción ejecutara 18
operaciones.
100 pantalones → 95 minutos
1012 pantalones→ Xm
X=961.4minutos
1h→60 minutos
Xh→ 961 .4
X=16.02horas
Cantidad de Turno Tiempo Especificación
Cantidad de
Producción
1 Turno 8 h Mañana 506 pantalones
1 Turno 8h Tarde 506 pantalones
Turno Mañana Turno Tarde
En 8 horas se debe de elaborar 506 pantalones En 8 horas se debe de elaborar 506 pantalones
100 pantalones→95minutos
506 pantalones→Xm
X=480minutos
X=8horas
506 pantalones→Xm
X=480minutos
X=8horas
En 1 línea de producción se debe de elaborar
102 pantalones.
En 1 línea de producción se debe de elaborar
102 pantalones
1 L. Producc.→100 pantalones
X L.Producc.→506 pantalones
X=5 Líneasde Producción
X L.Producc.→506 pantalones
X=5 Líneasde Producc.
Se requiere de 5 líneas de producción. Se requiere de 5 líneas de producción.
5 L. Producc .→506 pantalones
1 L. Producc . → X pantalones
X=101.2 pantalones
1 L. Producc . → X pantalones
X=101.2 pantalones

N úmerode prendas poroperario=
Jornada
Tiempo de producci ón
N úmerodetrabajadores necesarios=
Plan de producci ón
N úmerode prendas por operario
Por cada línea de producción se debe
producir 101.2 pantalones en 8 horas (480
minutos).
Por cada línea de producción se debe
producir 101.2 pantalones en 8 horas (480
minutos).
1 pantalón.→X m
X=4.75minutos
1 pantalón.→X m
X=4.75minutos
Para una línea de producción se necesita 4.75 minutos por pantalón. nosotros tenemos 10
líneas de producción.
Tiempode producción=4.75 x10=47.5minutos para fabricar un pantalón .
Estudio de tiempos:
Mediante el estudio de tiempo lograremos obtener el número de prendas por operario y el
número de trabajadores.
Número de prendas por operario=
960 m
=20.21 prendas
47.5m
Númerodetrabajadoresnecesarios=
1012
=50.07operador
20.21
Distribución del personal:
La distribución del personal es 25 operarios por cada turno de trabajo y 5 operarios por línea de

L. P. 1 L. P. 2 L. P.3 L. P. 4 L. P. 5
N ° detrabajadores xTiempo programado x Diastrabajado
Tiempoestandar de producción
producción.
Calculo de capacidad instalada teórica:
N°
trabajadores
Tiempo
programado
en min.
Días
trabajados
Tiempo
estándar
Capacidad
instalada
teórica
50 960 6 43.0 6707
Producción programada o unidades planificadas:

Capacidad
instalada teórica
Factor de
valoración
Unidades
planificadas
Total prendas
6707 95.00% 6372.069767 6372
Plan Maestro de Producción:
El plan maestro de producción se realiza a partir de los cálculos anteriores.
Plan Maestro de Producción
Semanas
Parámetros 1 2 3 4 5 6 7 8
Inventario Inicial
101
2
912 812
101
4
121
6
141
8
162
0
159
4
Pronostico
637
2
637
2
637
2
637
2
637
2
637
2
637
2
637
2
Pedido del cliente
667
4
667
4
500
0
627
4
600
0
600
0
660
0
500
0
Plan Maestro de Producción
(PMP/MPS)
657
4
657
4
657
4
657
4
657
4
657
4
657
4
657
4
Inventario Final
912 812
101
4
121
6
141
8
162
0
159
4
179
6
Disponibilidad para promesa
DPP/ATP
912 812
238
6
131
4
179
0
199
2
159
4
316
8
Tamaño de lote
657
4
Inventario Inicial PMP
101
2
Capacidadinstalada teórica x Factor de valoración

38
Nº 05, Enero-Junio 2018 - ISSN: 2524-9568
LA SUBORDINACIÓN DE LOS DERECHOS A LA NUEVA LEX
MERCATORIA: DEL GIRO CONSTITUCIONAL A LA EXPANSIÓN
EXTRACTIVISTA EN PERÚ
THE SUBORDINATION OF THE RIGHTS TO THE NEW MERCHANT LEX: FROM
THE CONSTITUTIONAL TURN TO EXTRACTIVISE EXPANSION IN PERU
WALTER VARGAS DIAZi
Fecha de Recepción: 17/06/2018 | Fecha de Aprobación: 25/06/2018
Resumen: Este artículo aborda el problema de la asimetría existente entre las
garantías jurídicas de los intereses de las empresas transnacionales y grupos de poder
económico, y la protección de los derechos humanos de las personas, comunidades y
pueblos afectados por la expansión de megaproyectos extractivos en Perú. Indagamos
la adopción constitucional antidemocrática de principios corporativos claves de la
nueva lex mercatoria global, así como su impacto regulatorio y práctico en la
vulneración de derechos humanos. Finalmente, partiendo de las nociones de poder
corporativo y enfoque de derechos, identificamos la subordinación de diversos
derechos a los intereses empresariales mineros, en dos conflictos concretos
relacionados a los megaproyectos Conga y Las Bambas. De este modo, pretendemos
contribuir a la reflexión sobre la primacía de los derechos humanos, en particular los
asociados a las luchas por la justicia ambiental y la defensa de territorios indígenas,
frente al poder corporativo.
Palabras Clave:
Lex mercatoria.
Constitucionalismo
neoliberal.
Extractivismo.
Derechos humanos.
Poder corporativo.
i Egresado de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú).
Miembro de la Asociación ALDES.

39
La subordinación de los derechos a la nueva lex mercatoria: del giro constitucional a la expansión extractivista en Perú | VARGAS DIAZ
Abstract: This article addresses the problem of the existing asymmetry between the
legal guarantees of the interests of transnational corporations and groups of economic
power, and the protection of the human rights of the people, communities and
peoples affected by the expansion of extractive megaprojects in Peru. We investigate
the antidemocratic constitutional adoption of key corporate principles of the new
global lex mercatoria, as well as its regulatory and practical impact on the violation of
human rights. Finally, based on the notions of corporate power and human rigths-
based approach, we identified the subordination of various rights to mining business
interests, in two specific conflicts related to the Conga and Las Bambas megaprojects.
In this way, we intend to contribute to reflect on the primacy of human rights,
particularly those associated with struggles for environmental justice and the defense
of indigenous territories, against corporate power.
Keywords:
Lex mercatoria.
Neoliberal
constitutionalism.
Extractivism.
Human rights.
Corporate power.
Introducción
La adopción de las directrices del Consenso de Washington a inicios de la década de los 90 en Perú, condujo
a su inserción en la política global de elevación de tasas de ganancias capitalistas y el establecimiento de
nuevas relaciones asimétricas que reforzaron la dependencia primario-exportadora. La política de
privatizaciones, inversión extranjera directa en sectores económicos estratégicos y reducción del gasto
público; ha operado en un escenario de reformulación de relaciones económicas internacionales y
subsecuentes modificaciones de ordenamientos jurídicos e institucionales, que asignan al Estado a un rol
proveedor de seguridad jurídica a los capitales extranjeros en países del Sur, en función al despliegue de la
globalización, cuya aparición y expansión, conforme ha señalado Pisarello (2011), ha sido fruto de la
decisión de las élites de reliberalizar los mercados financieros y los flujos internacionales de capital.
En este escenario, siguiendo a Hernández y Carrión (2009), el poder de las empresas trasnacionales conduce
a la configuración de un armazón jurídico que debilita el control normativo sobre ellas; se trata de una
arquitectura global de derechos corporativos que constituye una nueva lex mercatoria, configurada por
contratos, normas y convenios de comercio e inversiones multilaterales, regionales y bilaterales, así como
decisiones de tribunales arbitrales y del sistema de solución de diferencias de la OMC; que subordinan las
normas de los estados nacionales. Como afirma Pisarello (2011), las directrices del Consenso de Washington
hacen parte de la configuración de la nueva lex mercatoria supraestatal que subordina constituciones
nacionales y los tratados de derechos humanos.
En Perú, este proceso tuvo como hito político fundamental el autogolpe de estado del gobierno fujimorista.
Una sucesión de privatizaciones, despidos y reducción del gasto público relacionado a derechos sociales fue
instituida con base en la Constitución posgolpe, que, a su vez, sirvió de soporte jurídico a la intensificación
del modelo primario exportador, en un contexto de acumulación por desposesión (Harvey, 2005), favorecido
por el boom internacional de los commodities. Se inició un ciclo de extracción de recursos naturales que
persiste hasta la actualidad, con formas violentas de despojo territorial, riesgo de colapso de ecosistemas,
represión de la resistencia social y ofensiva antidemocrática contra los derechos.

40
Pero la expansión extractiva, colisiona con los derechos de las personas y pueblos que habitan en los
territorios afectados. Las garantías de los derechos han sido definidas como condición de existencia del
Estado de Derecho, han sido positivadas en la Constitución y tratados internacionales, conformando un
cuerpo de derechos que la teoría jurídica asumen como imprescindibles, aunque en la práctica son
sometidos poder corporativo, configurando relaciones de subordinación que erosionan la perspectiva de un
pacto legítimo y plural de convivencia social.
En las siguientes páginas, abordamos tres ámbitos de análisis que evidencian la asimetría entre las garantías
de la seguridad jurídica de las empresas transnacionales y grupos de poder económico, y la protección de
los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos afectados por la expansión de
megaproyectos extractivos en Perú. En primer lugar, abordamos el contexto y alcances de la aprobación
antidemocrática de la cláusula constitucional de máxima seguridad jurídica al inversionista, identificando su
origen en el escenario de la nueva lex mercatoria global y el giro antidemocrático que vivió el país.
En segundo lugar, damos cuenta de la precarización legal de derechos que comporta la perspectiva
neoliberal; analizando algunos cambios regulatorios referidos a la igualdad laboral, los derechos indígenas y
ambientales, y la disposición de recursos para la realización de los derechos sociales. En tercer lugar,
verificamos cómo ha operado la subordinación de las garantías de los derechos humanos, en dos territorios
locales de megaproyectos mineros en conflicto: Conga, en Cajamarca, y Las Bambas, en Apurímac.
Recurrimos a la noción de poder corporativo de enclave (Durand, 2015) para analizar el impacto minero-
extractivo en la ineficacia las garantías jurídicas de derechos de las comunidades y pueblos originarios.
Seleccionamos solo algunas características relevantes que permiten evidenciar esta tensión.
La metodología del artículo adopta la perspectiva de los derechos humanos como un campo de tensiones
(De Sousa Santos, 2014), poniendo en contraste el enfoque de poder corporativo y el enfoque derechos,
tanto en el análisis de contexto, como en la revisión de normas y la evaluación de experiencias específicas;
esta última se realiza con base en fuentes secundarias de información.
1. La seguridad jurídica del poder corporativo: constitucionalización de la nueva lex mercatoria global.
La actual Constitución peruana de 1993, tiene como hecho originario el golpe de estado del 5 de abril 1992,
propiciado por una alianza cívico-militar, liderada por el propio presidente Alberto Fujimori. El autogolpe, no
solo dirimió una pugna doméstica de poder, sino representó la adopción de las directrices del
neoliberalismo global.
1.1. Una nueva lex mercatoria global
En la perspectiva de Durand (2004, pp. 315-330), este proceso fue sostenido por diversos poderes fácticos,
tales como las fuerzas militares, Estados Unidos, inversionistas extranjeros, organismos multilaterales y
grupos empresariales locales; configurando un nuevo mapa de poder económico inclinado a las
exportaciones, el gran comercio y la banca. Estas directrices incluyeron las medidas propugnadas por el
Consenso de Washington, en torno a la reducción del gasto público, procesos de privatización, liberalización
comercial y retracción de la regulación pública en los poderes del mercado (Pisarello, 2011)
En el escenario global, siguiendo a Estévez (2005), renace la lex mercatoria, término que hace referencia al
derecho especial medieval creado por los propios comerciantes para regular sus transacciones sin
intervención estatal. Ahora se trata de una serie de mecanismos normativos y de resolución de conflictos
cuya gran fuente son los contratos de las empresas transnacionales, configurando un fenómeno de
pluralismo jurídico.
La nueva lex mercatoria implica, según Hernández (2009, p. 143), una reformulación de ordenamientos
nacionales, normas y principios de las organizaciones internacionales, los contratos de las empresas
transnacionales y los laudos arbitrales; con nuevos principios de privatización y contractualización de las

41
leyes. En esta perspectiva, las empresas transnacionales se convierten en el gran sujeto del poder
corporativo, es decir, ejercen un dominio ampliado más allá de su poder económico, articulan a estados,
organismos multilaterales y otros actores fácticos del modelo de gobernanza global, con los principios
hegemónicos de reproducción ampliada del capital, lucro y maximización de la ganancia (Fernández, 2016).
En el caso peruano, el nuevo texto constitucional se subordinó a las nuevas directrices neoliberales,
otorgándole máxima seguridad jurídica a las inversiones. Consideramos esta subordinación como un signo
distintivo de las características de superposición, articulación e interpenetración de sistemas normativos de
la mundialidad a la que alude Faria (2001: pp. 129-131) al explicar las transformaciones del derecho en la
economía global. A su vez, el giro constitucional antidemocrático, abrió un prolongado ciclo extractivista
(60% de las exportaciones se concentra en la minería y los hidrocarburos) que ha puesto en práctica
diversos procesos de acumulación capitalista por desposesión descritos por Harvey (2005),
fundamentalmente, los referidos a la mercantilización de la tierra y el trabajo, el desplazamiento
poblacional, la ofensiva contra los bienes comunes y la apropiación de recursos naturales.
1.2. El golpe de estado y la validación constitucional del neoliberalismo
El programa del golpe de estado se formuló en el Decreto Ley 25418, Ley de Bases del Gobierno de
Emergencia y de Reconstrucción Nacional, publicado el 7 de abril de 1992. Uno de los mandatos
fundamentales decretados fue: “(…) Promover el desarrollo de una Economía de Mercado dentro de un
marco jurídico que dé seguridad y fomente la eficiencia y competitividad de los agentes económicos, a la vez
que promueva la estabilidad económica y permita las inversiones nacionales y extranjeras”.
La dictadura negoció en la Organización de Estados Americanos, en 1992, la convocatoria a un Congreso
Constituyente, evitando restituir la Constitución social de 1979. Más allá del procedimiento de elección y
refrendo, el nuevo texto constitucional no fue resultado de una articulación soberana de poder
constituyente, sino de arreglos internacionales y locales cuya fuente de legitimidad se ubica en los poderes
fácticos del neoliberalismo global. Conforme ha señalado Abad (2005, p.2):
(…) el trabajo constituyente se llevó a cabo sin contar con una profunda participación de la población.
La ciudadanía no sólo no exigió la apertura de un proceso constituyente y el nacimiento de una nueva
Carta, sino que gran parte de ella estuvo desinformada del contenido y alcances de las normas que
iban siendo aprobadas. Asimismo, carecieron de canales efectivos para la discusión e incorporación
de sus propuestas.
La institución de un modelo neoliberal de carácter reprimarizador, encontraba serios obstáculos en los
contrapesos políticos, la desconfianza del empresariado hacia las políticas precedentes y las limitaciones
constitucionales que alimentaron modelos económicos heterodoxos. Por eso, al fujimorato no lo fue
suficiente dictar leyes especiales para autorizar contratos de seguridad entre Estado y empresas, con base
en la legislación civil vigente, para promover la inversión privada extranjera y otorgar centralidad a la
atracción de grandes capitales (Cuadro 1). Se trató de un periodo clave para los países receptores de estas
políticas de reajuste en América Latina, estas reformas no fueron presentadas explícitamente como
aplicación del Consenso de Washington, sino como medidas de un gobierno integral y coherente (Morandé,
2016). En el caso peruano, se anunciaron como un programa de emergencia y reconstrucción de la
economía nacional, y como única alternativa posible a la crisis económica que vivía el país.

42
CUADRO 1
Disposiciones de seguridad jurídicas delas inversiones privadas previas al golpe de estado
Decreto Legislativo 662, Ley de
Promoción de la Inversión
Extranjera.
29/08/1991
Decreto Legislativo 757, Ley Marco
para el Crecimiento de la Inversión
Privada.
Fecha: 13/11/1991
 El Estado promueve y garantiza las
inversiones extranjeras efectuadas
y por efectuarse en el país, en
todos los sectores de la actividad
económica.
 Las inversiones extranjeras quedan
autorizadas automáticamente.
 Adopción de convenios de
garantías: estabilidad del régimen
tributario vigente al momento del
convenio, estabilidad de libre
disponibilidad de divisas,
estabilidad de la no discriminación
de la inversión extranjera.
 Estabilidad de regímenes de
contratación laboral, incluyendo
regímenes especiales de
exportación.
 El Estado no puede modificar las
garantías de estabilidad
unilateralmente, éstas tienen un
plazo de 10 años (*)
 Las controversias derivadas de los
convenios de estabilidad se
someten a tribunales arbitrales
internacionales.
(*) El plazo luego se ampliaría
mediante adendas.
 Se elimina toda reserva parcial o total
en favor del Estado para la realización
de actividades económicas o la
explotación de recursos naturales,
con excepción de áreas naturales
protegidas.
 Participación del sector privado para
aseguramiento de prestación de
servicios públicos básicos.
 Legalidad de exoneraciones
tributarias.
 Eliminación de restricciones
administrativas.
 Inmodificabilidad unilateral de los
convenios de estabilidad, tienen
“fuerza de ley” y son de “carácter
civil” (no administrativo o público).
 Solución de controversias mediante
arbitraje nacional o internacional.
 Se pueda restringir las actividades de
inversión en caso de peligro grave e
inminente del medio ambiente, la
vida o la salud.
 La creación de áreas naturales
protegidas no revierte los derechos
de inversión adquiridos.
 Se declara de necesidad nacional la
inversión privada en actividades
productivas realizadas o por realizarse
en las zonas de frontera del país. En
consecuencia, las personas naturales
y jurídicas extranjeras podrán adquirir
concesiones y derechos sobre minas,
tierras, bosques, aguas, combustibles,
fuentes de energía y otros recursos
que sean necesarios para el desarrollo
de sus actividades productivas dentro
de cincuenta kilómetros de las
fronteras del país.
Fuente: Diario Oficial “El Peruano”. Elaboración propia.

43
El anunciado retorno a la legalidad, una suerte de validación constitucional de la dictadura, fue una medida
estratégica de la alianza gobierno – empresarios – fuerzas armadas, en el otorgamiento de la primacía
constitucional a la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras. Se concretó la tendencia de las
empresas transnacionales, descrita por Hernandez y Carrión (2013), de reenviar sus obligaciones a
legislaciones nacionales sometidas a políticas de desregulación, privatización de políticas públicas y
fortalecimiento de aparatos de control social; como dispositivo de la nueva lex mercatoria global.
1.3. Los contratos-ley de inversión: captura corporativa del interés público.
Nos interesa resaltar de forma específica cómo la seguridad jurídica de la inversión privada es incorporada a
la Constitución, limita la posibilidad de su control democrático y elimina la protección preferente de la
propiedad pública. A este efecto, nos concentramos en el artículo 62 de la Constitución, en cuanto formula
el siguiente principio constitucional del régimen económico:
La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas
vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u
otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se
solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el
contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser
modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.
De este modo, los convenios de estabilidad con empresas trasnacionales son jerarquizados como bien
constitucional, prohibiendo su modificación parlamentaria y abriendo las puertas al arbitraje privado como
mecanismo de solución de controversias. En consecuencia, se instaura un enfoque empresarial de interés
público, mediante el otorgamiento de privilegios al poder corporativo y la limitación de la soberanía del
poder público.
Esta protección privatista no emergió de una auténtica deliberación constituyente. Fue más bien, el
corolario de las condiciones impuestas por las reglas económicas y comerciales globales, refrendadas en
cónclaves empresariales locales. Un amplio estudio de la trayectoria del empresariado peruano
realizado por Francisco Durand (2004) evidencia el apoyo brindado por la Confederación Nacional
de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y diversos grupos locales de poder económico
(reconvertidos en neoliberales) al proyecto fujimorista; siendo una fundamental la oferta de
garantías y facilidades de inversión. Esta alianza prosperó en las conferencias empresariales
anuales (CADE), las negociaciones a la sombra y la incorporación directa y sucesiva de empresarios
al cargo de Ministro de Economía y Finanzas; quienes luego vieron beneficiadas sus ganancias con
las políticas que promovieron.
La inserción de la economía peruana en el neoliberalismo global, fue condicionada a la adopción del
programa fondomonetarista de ajuste macroeconómico. Posteriormente, el Estado ratificó sin reservas las
normas constitutivas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. Los principios básicos de la
OMC buscan desarrollar un comercio sin discriminaciones desde el punto de vista formal y aumentar la
confianza y seguridad del inversor, independientemente del origen de la inversión (Hernández, 2009, p 178).
Un Congreso Constituyente de hegemonía neoliberal, no tuvo dificultades para aprobar el actual artículo 62.
Uno de los principales argumentos fue presentado sin mayor debate por la parlamentaria Flores Nano
(Congreso Constituyente Democrático, 1993a: p. 1867):

44
Considero que es muy importante preservar la seguridad jurídica como un valor fundamental para
atraer la inversión y para darle estabilidad al país (…).
Este artículo se refiere a los contratos ley, a los contratos con fuerza de ley, que son mecanismos que
pueden, en determinado momento, frente a inversiones —como se dice— de gran escala, asegurar
entre el Estado y los inversionistas condiciones —que serán siempre muy determinadas en ciertas
inversiones— que le permiten a este inversionista contar con reglas de juego que no varían en función
del tiempo.
Esos contratos ley han tenido una vigencia en virtud de leyes de la República. La Comisión de
Producción está proponiendo su incorporación como norma con rango constitucional, y creo que ésta
sería una señal importante, justamente en aras de garantizar la estabilidad jurídica para la
contratación (…)
A pesar de las críticas minoritarias, la fundamentación se orientó en modo superlativo a constitucionalizar
los intereses de las corporaciones. Carlos Torres incidió en el establecimiento de una economía aceptable
hacia afuera, planteó que otorgue garantías a la inversión, las utilidades y la estabilidad contractual como
medios de seguridad jurídica (Congreso Constituyente Democrático, 1993b: p. 92). Asimismo, Victor Joy Way
planteaba el giro del modelo como reacción al colapso de modelos heterodoxos e intervencionistas;
asignándose al mercado una permanente función multiplicadora de oportunidades de riquezas y realización
personal; estableciendo como nuevos preceptos constitucionales ineludibles: el estímulo a la inversión
extranjera, el libre comercio y el arbitraje internacional (Congreso Constituyente Democrático, 1993a: pp.
1803-1808.)
La seguridad jurídica constitucional de las inversiones privadas extranjeras permitió la suscripción contratos
de privatización y contratos-ley en sectores estratégicos, tales como los servicios públicos y la explotación de
recursos naturales por capitales extranjeros. Si bien a la larga se logró la estabilidad macroeconómica; el alto
impacto social, político y ambiental prolongó las desigualdades, y estallaron nuevos e intensos conflictos
que contrastan con la narrativa neoliberal del desarrollo. Consideramos que la normalización constitucional
posgolpe no cambió el carácter dictatorial del Gobierno, sino que, como señala Quijano (2000), lo imbuyó
de una parafernalia institucional demoliberal funcional la reprimarización de la estructura productiva y el
dominio de la especulación financiera y comercial. Se trató de una reforma desarticulada de los principios
de soberanía, participación y legitimidad de origen1
; que la configuran como un giro antidemocrático y
evidencian una característica problemática de nuestro tiempo: “la construcción del mercado global y el
relativo debilitamiento de la efectividad del Estado – nación atenúan la autonomía constitucional del Estado
soberano” (2015, p. 14).
2. El tiempo de los derechos en disputa
2.1. El lugar de los derechos humanos
Un elemento básico del Estado de Derecho, desde su configuración moderna, es la garantía de los derechos
fundamentales como límite al poder absoluto2
. Así, los derechos se definieron, fundacionalmente, como
potestades individuales de la dignidad humana en los que se funda la propiedad, la libertad y la seguridad;
pero la emergencia histórica de clases subalternas y movimientos populares fueron reconfigurando su
sentido, hasta el reconocimiento de un amplio cuerpo de derechos sociales y colectivos.
A pesar de su reconocimiento en tratados, constituciones y leyes, la gran mayoría de la población mundial
no es sujeto de derechos humanos sino objeto de los discursos de derechos humanos (De Sousa Santos,
2014: p. 23). La propia tolerancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) con el
colonialismo de la posguerra, evidencia la disputa constante por resignificar los derechos humanos.

45
El proceso de internacionalización de los derechos humanos, su reconocimiento en normas internacionales
y sistemas de protección instituidos por los Estados, según Bobbio (1991, pp. 97-112), representa la
evolución hacia un consenso mínimo que respondía a la centralidad del problema de la protección de los
derechos. De hecho, la Carta de la ONU y la DUDH se constituyeron como el cimiento preliminar de un
cuerpo jurídico abierto de obligaciones internacionales establecido por los estados, con base en la promesa
de igual dignidad de las personas y pueblos. De ahí que en las constituciones peruanas de 1979 y 1993,
reconocen formalmente la máxima jerarquía a los derechos fundamentales y los tratados de derechos
humanos.
Pero, el déficit de implementación de los derechos humanos, se inserta en un nuevo campo de tensión con
el acrecentamiento del poder de las empresas transnacionales desde fines del siglo XX. En tales condiciones,
el Estado peruano ha jugado un rol gravitante mediante la redefinición legal de los derechos y el ejercicio de
la violencia, desvinculándose de las obligaciones de derechos humanos, principalmente en el ámbito de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
2.2. Privilegios tributarios y déficit de derechos
Prestemos atención al aprovechamiento de la cláusula constitucional de seguridad jurídica de las
inversiones, en el sector minero. Al amparo de convenios de estabilidad tributaria y contratos de estabilidad
jurídica, el fujimorato prolongó privilegios fiscales a las empresas mineras por 15 años, que fueron
renovados o ampliados en posteriores gobiernos, con base en la Ley General de Minería.
Sólo en la última década, los beneficios tributarios a las empresas mineras –reducción del impuesto a la
renta, reinversión de utilidades, devolución de impuesto general a las ventas en fase exploratoria y
depreciación del valor de bienes- le han costado al Estado 1,567 millones de soles, monto equivalente a la
atención de las 500,000 personas beneficiarias del Seguro Integral de Salud (Ojo Público, 2016). Un total de
93,629 millones de soles en exoneraciones tributarias favorecen a diversos sectores económicos,
principalmente en la banca, minería, hidrocarburos y educación, entre otros; se trata de un monto 20 veces
mayor al presupuesto quinquenal de tres programas sociales en zonas de pobreza: Beca 18 (educación
superior), Qali Warma (alimentación escolar) y Cuna Más (atención infantil) (Salazar: 2016).
Al menos, 14 corporaciones mineras celebraron contratos de estabilidad tributaria con el Ministerio de
Energía y Minas por diversos megaproyectos y variadas proyecciones temporales entre 1994 y 2028 (Cuadro
2), garantías que son inmodificables sin el consentimiento de las empresas mineras, en virtud al artículo 62
de la constitución.
Si bien el aporte fiscal de la minería resultó gravitante y la bonanza minera tuvo su pico máximo de
exportación en 2007 (62% del total de exportaciones), no existieron mecanismos para una mayor
apropiación de renta minera en el superciclo de precios entre 2003 y 2012 (De Echave y Mendoza: 2016);
mientras que la presión extractiva generó conflictos socioecológicos vinculados a la defensa de territorios y
ecosistemas, evidenciando que los límites del extractivismo no se reducen a los problemas de la presión
redistributiva. Los privilegios tributarios, además, se extienden a la impunidad de omisión de pagos de
tributos de las empresas transnacionales al Estado. Las empresas transnacionales Telefónica y Pluspetrol
deben al estado 4,000 millones de soles y 3,000 millones de soles respectivamente, con matriz en Holanda
(Castilla, Yáñez y Luna: 2016).

46
CUADRO 2
Principales empresas y proyectos con contrato de estabilidad, 1994-2028. En años
Fuente: CooperAcción, Grupo Propuesta Ciudadana, OXFAM.
Desde un enfoque de derechos humanos, la política fiscal debe garantizar el máximo de recursos disponibles
para la realización de los derechos sociales, conforme al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): “En ese sentido, los altos niveles de elusión y evasión tributaria
en la región, los excesivos privilegios tributarios injustificados de los que gozan ciertos sectores y un pobre
rendimiento de los impuestos patrimoniales, reducen todavía más los recursos disponibles para financiar los
derechos humanos” (ACIJ et al: 2015, p. 6).
2.3. Desigualdad laboral
El precepto constitucional de estímulo a la inversión extranjera motivó la precarización legal de los derechos
laborales, en el marco de la atracción de capitales para la exportación. El Derecho Laboral inició un ciclo
regresivo con la Constitución de 1993 y la ofensiva empresarial. Podemos identificar esta tendencia, a partir
de tres formas de contratación de fuerza de trabajo que vulneran el principio de no discriminación laboral:
el régimen laboral de promoción de exportaciones no tradicionales3
, el régimen laboral de promoción
agraria4
, y el uso de la tercerización laboral en la minería5
.
El régimen especial de promoción de exportaciones no tradicionales, originado en 1978, tiene como
característica principal la temporalidad de la contratación. Su uso se extendió ampliamente a partir del
reajuste neoliberal. Entre 1978 y 2015, la exportación no tradicional en Perú se elevó en 3,075%,
principalmente, en los sectores textil, agropecuario, metalúrgico, minero no metálico, químico, entre otros.
En la práctica, ha significado un fraude del poder empresarial contra la estabilidad laboral, pues se establece
como regla de renovación de contrato la decisión del empleador cuántas veces sea necesario por breves
plazos. Aunque el negocio de la exportación tradicional ha crecido y requiere la continuidad laboral, esta

47
modalidad se emplea para manejar arbitrariamente la relación de trabajo e impedir la sindicalización, un
abuso que contrario a las obligaciones del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El régimen especial de promoción agraria, establece condiciones de suma explotación para trabajadores de
la agro-exportación. La remuneración mínima vital es inferior al 50% del régimen general privado. Los
beneficios laborales se deducen de la propia remuneración del trabajador (las empresas agroexportadoras
no pagan estas obligaciones) y las vacaciones alcanzan una duración del 50% respecto al régimen laboral
común. Mientras que las empresas agroexportadoras están autorizadas a pagar solo el 56% de su aporte
obligatorio al sistema de seguridad social, por cada trabajador.
El régimen de tercerización laboral tiene su principal demanda en el sector minero. Se estima que 147,000
trabajadores mineros peruanos laboran bajo esta modalidad, 70% de la masa laboral del sector (Otra
Mirada, 2015). En esta forma de contratación, la relación laboral se deriva a otras empresas subcontratadas,
a pesar de que la mayoría de trabajadores subcontratados realizan labores propias del proceso productivo
minero, por lo general, bajo la dirección real de la empresa principal; con remuneraciones ampliamente
inferiores respecto a los trabajadores no-tercerizados que realizan la misma labor.
2.4. Despojo de derechos indígenas
Aun cuando el catálogo abierto de derechos constitucionales de 1993, mantiene el reconocimiento del
derecho a gozar de un ambiente equilibrado, el régimen económico constitucional prevee, como directriz, el
uso y otorgamiento de los recursos naturales renovables y no renovables a privados. El predominio de esta
orientación extractivista, ha bloqueado la puesta en práctica de estándares ambientales y sociales
coherentes con los derechos de comunidades y pueblos en los territorios en concesión; incluso los derechos
contenidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DDPI), se estigmatizan como trabas para el desarrollo en el discurso corporativo.
Si bien en el ámbito institucional se crearon los ministerios de Ambiente (2008) y Cultura (2010), éste último
con un viceministerio de Interculturalidad, cuyo antecesor fue el Instituto Nacional de Desarrollo de los
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (2005). Lo cierto es que el cumplimiento de estos derechos
colectivos, terminaron permeados de ineficacia por el favorecimiento a megaproyectos de corporaciones
extractivas.
Un indicador ilustrativo de esta situación es que ninguna concesión o proyecto sobre minería, hidrocarburos
o energía, en torno a las cuales se desarrollan los conflictos socioambientales (86% del total de conflictos
sociales), han sido consultados con las comunidades y pueblos indígenas afectados (Defensoría del Pueblo,
2018). Asimismo, el 35% de concesiones mineras en el país se superpone a territorios de comunidades
campesinas (Hallazi: 2018), sin respetar su derecho a decidir las prioridades de su propio desarrollo.
Pero este déficit de implementación de derechos ha sido inducido deliberadamente. A pesar de las normas
internacionales de derechos de los pueblos indígenas, en el modelo peruano, el Estado y las empresas
extractivas despojan a las comunidades del derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Tal como sostiene Huaco (2013) se trata de un modelo de expropiación del derecho a la consulta, una
reconfiguración del contenido y sentido de este derecho indígena para convertirlo en instrumento
legitimador del extractivismo, inaccesible o irrelevante.
Se trata de una versión débil de consulta previa, explicada así por Rodríguez Garavito (2012), funcional a la
legalidad de la gobernanza, en la cual el estatus jurídico de los pueblos indígenas oscila entre ser objeto de
las políticas y sujetos de derechos. No es casual que la ley de consulta previa, se haya aprobado después de
16 años de entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en Perú, a partir de la intensa protesta de los
pueblos amazónicos declarados en desobediencia contra los decretos legislativos de adaptación al Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos6
.

48
3. Poder corporativo y asimetría de derechos en territorios andinos. Una referencia a los megaproyectos
mineros Conga y Las Bambas
En esta sección final, identificamos diversos abusos del poder corporativo de compañías mineras contra los
derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas afectados por sus megaproyectos. Nos referimos a
los proyectos Conga y Las Bambas, emprendimientos extractivos en las dos regiones de mayor inversión
minera y conflictividad socioecológica: Cajamarca y Apurímac, respectivamente.
Al ejercer un gran poder económico, en alianza con sectores gubernamentales decisivos y provistas de una
armadura jurídica privilegiada, las compañías mineras ejercen un dominio que transforma las dinámicas
territoriales, al ejercer un poder de enclave (Durand, 2015). En los dos casos, prestamos atención a algunos
elementos claves de esta tensión: i) la subordinación de los derechos ambientales e indígenas a las licencias
mineras, entregadas mediante procedimientos administrativos sin información, participación, consulta ni
consentimiento de los pueblos que soportan la presión extractiva; ii) la validación de instrumentos
corporativos de evaluación ambiental que violentan territorios comunales, y iii) la violencia y criminalización
contra los movimientos de justicia ambiental y defensa territorial; en un contexto de intercambio de roles
sobre la responsabilidad del estado y las empresas en el desarrollo local.
3.1. El proyecto minero Conga: la disputa por el agua
3.1.1. Primero, la minería
Conga es un megaproyecto de explotación de oro y cobre a cielo abierto, a lo largo de una extensión
territorial de 5,707 hectáreas, con impacto en las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc, en la
Región Cajamarca. Es de propiedad de Minera Yanacocha SRL, consorcio constituido por Newmont (51.35%,
EE.UU.), Buenaventura (43,65%, Perú), y Corporación Financiera Internacional (5%, Banco Mundial); que
opera en Cajamarca desde 1993.
Cajamarca es la primera región de proyección de inversión minera, con un total de 48.4% de su territorio
sometido a concesiones mineras, otorgadas por el Estado a particulares sin consulta, ni políticas
participativas de planificación territorial y conservación de ecosistemas frágiles (Observatorio de Conflictos
Mineros, 2011). A pesar de su diversidad biológica y productiva, la alianza minero-gubernamental ha
implementado el paradigma Perú, país minero como eje de las inversiones y del imaginario del desarrollo7
.
3.1.2. Los impactos ambientales
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado por una empresa consultora contratada por Yanacocha8
,
conceptualiza el territorio local como un distrito minero, constituido por diversos depósitos de oro y cobre
de propiedad de Yanacocha y otras empresas, que han comprado tierras en negociaciones desventajosas
para sus ex propietarios rurales . La compañía obtuvo derechos de concesión, permisos estatales de
exploración y aprobación del EIA para la explotación minera, autorizados por el Ministerio de Energía y
Minas, a pesar que la extracción prevé la alteración de usos del suelo, destrucción de bofedales y de las
lagunas Perol, Mala, Azul y Chica, que pretenden ser reemplazadas por reservorios artificiales de captación
agua, alterando la regulación hídrica en cabecera de cuencas de ríos y quebradas.
Conforme a la investigación de De Echave y Diez (2013: pp. 82-102), el estallido social que ocasionó la
aprobación del proyecto, se alimentó de una compleja acumulación de tensiones en la relación entre la
sociedad cajamarquina y la empresa, configurada por conflictos antecedentes y colaterales en torno a
exigencias relacionadas a la subvaloración de tierras, contaminación por metales pesados, afectación de
actividades ganaderas y agrícolas, medidas de reparación ante la contaminación, preservación de recursos
hídricos y acceso a beneficios locales comprometidos.

49
Los beneficios previstos por Yanacocha no dejan de ser genéricos: contratación de servicios, ingresos
económicos por compra de tierras, escasa mano de obra directa, entre otros. Pero se trata de la región más
pobre del país, con más del 50% de población en situación de pobreza monetaria (INEI, 2018), indicador que
va en crecida ante la ausencia de políticas públicas destinadas a superar la desigualdad.
En ese sentido, el testimonio de Rosa Cercado, Secretaria de la Mujer del Frente de Defensa de los Intereses,
Derechos y Ambiental Provincial de Hualgayoc – Bambamarca expresa el significado de lucha por la justicia
ambiental y la defensa del territorio en oposición al proyecto Conga (Hoetmer et al: 2013, p. 358):
(…) En la ciudad dicen que nosotros nos oponemos a un desarrollo que nos va a traer beneficios, y
que las riquezas les pertenecen a todos los peruanos, no solo a nosotros, pero no piensan que el costo
de ese desarrollo es la vida de todo un pueblo. Allá en la capital no se conoce lo que se vive en
Cajamarca, pero nosotros ya hemos tenido minería y sabemos de lo que hablamos, solo cuando vivan
en carne propia lo que vivimos acá van a entender que nuestra lucha es por una causa justa. Son muy
pocas las fuentes de agua que conservamos sin ser contaminadas, eso para nosotros es una muerte
lenta.
Desde marzo de 2011, se empezó a articular una resistencia de amplias dimensiones con el objetivo de que
el cancelar el proyecto, logrando que la empresa declare la suspensión indefinida, aunque conserva los
permisos estatales para la explotación minera.
3.1.3. Los derechos en riesgo
Desde el horizonte jurídico de los derechos, se evidencia que la aprobación de la evaluación ambientales y
autorizaciones de exploración y explotación -incluso al peritaje internacional contratado por el gobierno
para confirmar la viabilidad del proyecto-, se realizó sin respetar los derechos a información, participación,
consulta previa y consentimiento de los pueblos originarios. Como sucede en muchos casos, los mecanismos
legales de información y participación no tienen carácter vinculante y son empleados como estrategias
corporativas de persuasión, con información sesgada sobre los impactos del proyecto y los efectos a largo
plazo sobre la subsistencia de recursos naturales o bienes comunes de los territorios.
A pesar de las garantías dispuestas sobre la autonomía comunal y el derecho a un ambiente sano y
equilibrado, en la Constitución; la autodeterminación de los pueblos, reconocida por el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) y la DDPI; la consulta previa, libre e informada, y el derecho a decidir las propias prioridades de
desarrollo, contenidos en el Convenio 169 de la OIT; y el consentimiento desarrollado a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la DDPI. La realización de los
derechos humanos en cuestión, son concebidos como obstáculo al crecimiento económico, es bloqueada
por la compañía minera y sus redes de influencia estatal y mediática, en nombre de la seguridad de la
inversión privada extranjera.
En ese Premunidas de derechos sin garante estatal, las diversas formas de resistencia comunitaria y protesta
social, constituyeron mecanismos autónomos de defensa de derechos y alternativas locales al modelo
minero-exportador; en medio de un conflicto que escaló hacia la represión policial-militar, imposición de
estado de emergencia, muerte de cinco campesinos, numerosas detenciones arbitrarias y diversos procesos
penales que responden a patrones de criminalización de la protesta y violación al debido proceso. En el
distrito minero de Yanacocha, incluso, la policía presta servicios particulares a la compañía para la
protección de sus instalaciones y actividades, mediante convenios con el Ministerio del Interior, instalando
una lógica de colaboración que revierte la noción de orden público en zonas de conflictos.

50
3.2. Las Bambas: violencia del poder minero.
3.2.1. El proyecto
El proyecto minero Las Bambas inició su producción comercial de cobre y molibdeno en 2016. Es una
propiedad consorciada de las empresas chinas MMG Limited, operador del proyecto (62,5 %), Guoxin
International Investment (22,5 %) y CITIC Metal (15 %). Fue comprado a Glencore Xstrata (2014) y cuenta
con reservas de 7.2 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 12,6 millones de toneladas, en
tres yacimientos a cielo abierto; con impacto directo en comunidades altoandinas de las provincias de
Cotabambas y Grau, en la Región Apurímac9
, segunda región de crecimiento de inversiones mineras, con
una proyección actual de siete proyectos mineros valorizados en US $11.353 millones, pero también la
segunda de mayor índice de pobreza monetaria con 36,8% (INEI, 2018). La instalación del megaproyecto no
fue resultado de una política pública de participación y consulta a las comunidades indígenas afectadas,
sino, fundamentalmente de negociaciones desiguales entre empresa y comunidades.
3.2.2. Modificaciones a la sombra
Entre 2013 y 2015, el Ministerio de Energía y Minas aprobó seis modificaciones al EIA de Las Bambas, sin
participación efectiva ni consulta previa a las comunidades afectadas. Uno de los recientes cambios es la
reubicación de una planta de molibdeno y una planta de filtros. Asimismo, se ha desestimado la
construcción de un mineroducto de 206 kilómetros para el traslado de la producción mineral hasta Espinar
(Cusco), que ahora se realiza en transporte abierto por carretera sin asfaltado, con una circulación diaria
aproximada de 200 camiones. Los impactos de polvo, ruido y vibraciones vienen afectando a las
comunidades, sin medidas efectivas de mitigación ni remediación (CooperAcción: 2015)
La última modificación al EIA se realizó con un nuevo mecanismo legal simplificado denominado Informe
Técnico Sustentario (ITS), previsto para componentes auxiliares o ampliaciones de escaso impacto, en plazo
de 15 días, sin participación ciudadana ni consulta indígena. Las comunidades y pueblos altoandinos exigen
la revisión de las modificaciones por un ente independiente, y el cumplimiento de compromisos sociales de
la empresa; pero han sido reprimidos por la fuerza pública. Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha
de las comunidades de Cotabambas, ha denunciado públicamente:
Los cambios principales dijeron que son auxiliares. Plantas principales han trasladado hacia Las
Bambas. Nosotros no estamos informados, sin consultar al pueblo se ha trasladado. Hemos exigido
que desde el primer momento nos informen los impactos del traslado de las plantas, pero no nos ha
escuchado el Estado peruano, tampoco representantes de la Región de Apurímac ni del Congreso (...)
Ahora no quieren que participe la mayoría de organizaciones, sino tres personas por distrito, a varias
organizaciones nos preocupa el medio ambiente; estamos planteando un seguro ambiental y el
convenio marco.10
A diferencia del conflicto en torno al proyecto Conga, se trata de un proceso que busca definir o reformular
los términos de convivencia con la gran minería. De ahí que la agenda de derechos sociales y servicios
públicos ha formado parte de las exigencias de las comunidades y pueblos andinos, mediante una agenda
social que comprende demandas de fiscalización y cumplimiento de obras de infraestructura en educación,
salud, saneamiento; así como la creación de un aporte social para compensar las insuficientes regalías11
y el
apoyo a los planes comunitarios de desarrollo, entre otras propuestas. La retracción del Estado de las
políticas sociales, conduce a las comunidades a incluir la atención a sus necesidades en las negociaciones
con la empresa, ante la insuficiencia de los planes de desarrollo.

51
3.2.3. Violencia contra la defensa comunitaria de derechos
La respuesta empresarial y estatal ante las protestas comunales ha sido el uso de la fuerza pública y la
criminalización de la defensa de derechos. Las movilizaciones, bloqueos de ruta e interrupciones al
campamento minero, suponen la reivindicación del derecho a decidir en tono a las relaciones de
convivencia en el territorio, a contrapelo del enfoque corporativo que actúa sobre la omnipotencia de los
títulos mineros obtenidos, recurriendo a la fuerza pública para dirimir la disputa. En ese escenario, la
represión policial causó cuatro muertes, numerosos heridos de gravedad y detenciones arbitrarias.
Nuevamente, la compañía minera realiza contratos de servicios de seguridad con las fuerzas policiales, para
la protección y custodia en los territorios de Apurímac y Cusco. Aun cuando el personal policial interviene en
los conflictos en horarios de su servicio público y no del convenio, el interés de creado en la explotación
minera como proveedor de ingresos adicionales, articula la función policial a las redes de influencia
corporativa. 17 comuneros fueron privados de su libertad y retenidos por la policía en el campamento
minero, usado como centro de detención. Asimismo, el Estado ha decretado la intervención militar para el
control del orden público en las zonas del conflicto, tras el paro del año 2015, luego decretó estado de
emergencia en cinco provincias del sur andino, suspendiendo los derechos a la libertad y seguridad
personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito (CIDH, 2015). A partir de
protestas posteriores, se ha decretado un estado de emergencia renovable cada 30 días, creando un cerco
represivo del que dispone la compañía minera para garantiza la explotación minera, sin considerar los
derechos y libertades protegidos por la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, el PIDCP, el PIDESC y la DDPI.
Asimismo, autoridades estatales y funcionarios de la empresa MMG, han promovido la imputación de
delitos a 50 comuneros y pobladores Cotabambas y Grau que defendieron el territorio y el medio ambiente
durante el conflicto. Las investigaciones fiscales comprenden supuestos delitos de daño agravado,
usurpación, entorpecimiento de transporte, disturbios, asociación ilícita, coacción, robo agravado y tenencia
ilegal de explosivos. Esta criminalización, contrasta con la impunidad y ausencia de reparación, MMG ofreció
un fondo humanitario no compensatorio a cada familia de los comuneros muertos durante un año,
equivalente a un sueldo mínimo mensual; pero también ha solicitado millonarias sumas de dinero como
reparación civil, en los procesos seguidos contra las comunidades por los actos de protesta.
3.2.4. Una reflexión final
Los elementos analizados en relación al déficit de derechos en torno a la implementación de los proyectos
Conga y Las Bambas, evidencian el impacto del poder corporativo en el el déficit de democracia local
señalado como tendencia general del rumbo extractivista por Martinez Alier (2015). Las garantías
institucionales de los derechos de pueblos indígenas y comunidades afectadas, quedan subordinadas a
procedimientos administrativos expeditos que excluye el derecho colectivo a decidir las condiciones de vida
en sus territorios.
Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se ha explicado la centralidad del poder corporativo en la configuración de la
nueva lex mercatoria global, enfatizando, cómo establece una relación hegemónica en la presión por la
liberalización del mercado local y el giro dictatorial del proceso político peruano. La articulación de los
intereses coorporativos transnacionales y los grupos de poder económico al golpe de estado de 1992 y a su
posterior normalización constitucional, condujeron a la protección privilegiada de las inversiones extranjeras
directas como nuevo principio constitucional.
Podemos afirmar que se trata de la recepción antidemocrática de un principio clave de la lex mercatoria
global en el vértice máximo del sistema jurídico peruano, que establece los cauces institucionales y

52
regulatorios del intenso rumbo extractivista del modelo neoliberal en Perú, a partir del cual se abren
tensiones aún no resueltas en el campo de los derechos humanos, principalmente en relación a los
derechos relacionados a la justicia ambiental y la defensa de territorios indígenas.
Los privilegios tributarios, la flexibilización laboral, el despojo de derechos indígenas y la
desresponsabilización ecológica son algunos de los signos en los que se traduce la precariedad legal y el
déficit de implementación de derechos, a pesar de que su primacía está formalmente reconocida en el
orden jurídico internacional. A su vez, una mirada atenta a los conflictos en torno a los megaproyectos
Conga y Las Bambas permite concluir que, sin distinción del origen de los capitales transnacionales y el tipo
de relación conflictiva con las empresas transnacionales (oposición / negociación), éstas actúan con una
lógica de enclave y una red de influencia estatal que subordina los derechos humanos a los intereses
corporativos, y recurre a la violencia para dirimir el conflicto. Sin embargo, también nos alecciona sobre la
potencialidad de las luchas frente al poder corporativo, en las que resulta fundamental la interpelación a la
primacía de los derechos humanos y la democracia local, en cuanto capacidad colectiva de decidir en el
territorio en tensión.
Referencias bibliográficas
ABAD, Samuel (2005 - 2006). “Un balance de la constitución peruana de 1993”. Revista del Foro Constitucional
Iberoamericano, N° 12, pp. 2-41. Recuperado de https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19560.
ACIJ, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Center for Economic and Social Rights; Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad; Centro de Estudios Legales y Sociales; Centro de Análisis e Investigación; Fundación
para el Avance de las Reformas y las Oportunidades; Instituto de Estudios Socio-económicos; International Budget
Partnership (2015). “Política Fiscal y Derechos Humanos en las Américas Movilizar los recursos para garantizar los
derechos”. Recuperado de https://www.dejusticia.org/wp-
content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_772.pdf?x54537
BOBBIO, Norberto (1991). El tiempo de los derechos. Madrid: Sistema.
CASTILLA, Oscar; YAÑEZ, Luis y LUNA, Nelly (2016, 26 de julio) “El Club de los Deudores”. Ojo Público. Recuperado de
http://ojo-publico.com/sites/apps/el-club-de-los-deudores
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Informe Anual 2015, Capítulo IV.A. Uso de la fuerza.
Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/informeanual2015-cap4a-fuerza-es.pdf
Congreso Constituyente Democrático (1993a). Debate Constitucional 1993. Comisión de Constitución y Reglamento,
Tomo III. Recuperado de
http://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/Const93DD/ComiConstRegla/TomoCompleto/TomoIII.pdf
Congreso Constituyente Democrático (1993b). Actas de las sesiones del plenario. Recuperado de
http://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/Const93DD/PlenoCCD/ACTAS_SESION_PLENO.pdf
CooperAcción (2015). Caso “Las Bambas”. Informe especial. Recuperado de: http://extractivismo.com/wp-
content/uploads/2016/07/CasoLasBambasInforme2015.pdf
DE ECHAVE, José y DIEZ, Alejandro (2013). Más allá de Conga. Lima: RedGE / CooperAcción.
DE ECHAVE, José y MENDOZA, Armando (2016). ¿Pagaron lo justo? Política fiscal peruana en tiempos del boom
minero. Lima: CooperAcción / Oxfam.
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2014). Derechos humanos, democracia y desarrollo. Bogotá: Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
Defensoría del Pueblo (2018). Reporte de conflictos sociales N° 170. Recuperado de
https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2018/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N°-
170---Abril-2018.pdf

53
DURAND, Francisco (2004). El poder incierto. Trayectoria económica y política del empresariado peruano. Lima:
Fondo Editorial del Congreso del Perú.
DURAND, Francisco (2015). Poder político y gobierno minero. Lima: CooperAcción.
ESTEVEZ, José (2005). El revés del derecho. Transformaciones jurídicas en la globalización neoliberal. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia.
FARIA, José Eduardo (2001). El derecho en la economía globalizada. Madrid: Trotta.
FERNANDEZ, Gonzalo (2016). Alternativas al poder corporativo. 20 propuestas para una agenda de transición en
disputa con las empresas transnacionales. Barcelona: Icaria.
HARVEY, David (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires: CLACSO.
HERNANDEZ, Juan (2009). Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría
normativa. De la responsabilidad social corporativa a las redes contrahegemónicas transnacionales. Bilbao: Hegoa /
OMAL.
HERNANDEZ, Juan y CARRIÓN, Jesús (2013). Las empresas transnacionales y los derechos humanos. En: Begoña
Román y Gonzalo de Castro (Coord.), Cambio social y cooperación en el siglo XXI (Vol. 2). El reto de la equidad
dentro de los límites económicos (pp. 113-128). Barcelona: Icaria / Educo.
HOETMER, Raphael; CASTRO, Miguel; DAZA, Mar; DE ECHAVE, José y RUIZ, Clara (Eds.) (2013). Minería y
Movimientos Sociales en el Perú. Instrumentos y propuestas para la defensa de la vida, el agua y los territorios.
Lima: PDTG, CooperAcción, AcSur, Entre Pueblos.
HUACO, Marco (2013). El “modelo peruano”, o de expropiación del derecho de consulta previa de los pueblos
indígenas. 29 de noviembre de 2013. Recuperado de: http://marcohuaco.blogspot.com/2013/11/la-expropiacion-
de-la-consulta-previa.html
INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2017. Informe
Técnico. Lima: Autor.
MARTINEZ ALIER, Joan (2015). “Ecología política del extractivismo y justicia socio ambiental”. Interdisciplina 3, N° 7:
pp. 57-73. Recuperado de http://132.248.9.34/hevila/INTERdisciplina/2015/vol3/no7/4.pdf
MEDICI, Alejandro (2016). Otros nomos. Teoría del nuevo constitucionalismo latinoamericano. San Luis Potosí:
Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat y Universidad Autónoma San Luis Potosí.
MORANDÉ, Felipe (2016). “A casi tres décadas del Consenso de Washington ¿Cuál es su legado en América Latina?”.
Estudios Internacionales, vol 48 N° 185. Recuperado de
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692016000300003#nota12
NEGRI, Antonio (2015). El poder constituyente. Madrid: Traficantes de sueños.
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (2011). Reporte Segundo Semestre. Recuperado de
http://conflictosmineros.org.pe/ocm_reporte_09_dic_2011.pdf
Ojo Público (2016, 22 de noviembre). “Las intocables exoneraciones del club minero”. Autor. Recuperado de
https://ojo-publico.com/331/las-intocables-exoneraciones-del-club-minero
Otra Mirada (2015, 25 de mayo). “El abuso de la tercerización minera”. Recuperado de
http://www.otramirada.pe/el-abuso-de-la-tercerización-minera
PISARELLO, Gerardo (2011). Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Madrid: Trotta.
QUIJANO, Aníbal (2000). “El Fujimorismo, la OEA y el Perú”. América Latina en Movimiento. Recuperado de
https://www.alainet.org/es/active/872
RODRIGUEZ GARAVITO, César (2012). Etnicidad.gov. Los recursos naturales, los pueblos indígenas y el derecho a la
consulta previa en los campos sociales minados. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad,
Dejusticia.
SALAZAR, Elizabeth (2016, 14 de noviembre). “Privilegios fiscales. Los millonarios impuestos que no cobra el
Estado”. Ojo Público. Recuperado de http://ojo-publico.com/320/los-millonarios-impuestos-que-no-cobra-el-estado

ilovepdf_merged (1).docx

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a ilovepdf_merged (1).docx

Similar a ilovepdf_merged (1).docx (20)

Último

Último (20)

ilovepdf_merged (1).docx