Mayo 2012.

1. Propuesta de Josefina Vázquez Mota
Candidata a la Presidencia de la República
Partido Acción Nacional
“Preguntas cuyas respuestas podrían transformar México”

2. Preguntas cuyas respuestas podrían transformar México
Mayo, 2012.
Doy la más amplia bienvenida al ejercicio democrático de solicitar, a quienes
aspiramos a la Presidencia de la República, nuestras posiciones respecto a
preguntas centrales para el futuro de nuestro país. Es indispensable que las
ciudadanas y los ciudadanos cuenten con información clara y sin
ambigüedades acerca de qué se propone y qué nos hace diferentes.
Reconozco el esfuerzo que este grupo de personalidades destacadas ha hecho
para provocar una discusión sobre las definiciones fundamentales de política
pública que requiere nuestro país.
Coincido con otras voces que señalan que los temas seleccionados no son
exhaustivos, por lo que seguramente este ejercicio democrático podrá
complementarse con otras iniciativas para abordar otros temas de interés
nacional en el futuro, como es el desarrollo sustentable, la innovación y la
ciencia y la tecnología, entre otros. Sin embargo, la selección de tópicos es
suficientemente amplia para abrir debates, muy necesarios por cierto en
nuestra vida pública, sobre temas estratégicos para el progreso de la sociedad
mexicana.
Reitero mi disposición a debatir mis propuestas ante los convocantes a este
ejercicio, y frente a frente con otros candidatos presidenciales.
Abordaré a continuación de manera sintética cada uno de los temas en el
orden en que fueron incluidos en el documento titulado ―Preguntas cuyas
respuestas podrán transformar a México‖. Asimismo, los invito a revisar el
documento sobre ―El México que todos queremos, sí es posible, si lo hacemos
juntos, si lo hacemos diferente‖, en el que he plasmado mis principales
planteamientos y propuestas de gobierno, el cual lo podrán encontrar en
www.josefina.mx
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3. I. Seguridad, ejército, policía y Ministerio Público
¿Estaría de acuerdo en mantener el ejército haciendo tareas de seguridad
pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente
esta función?
Sí estoy de acuerdo en mantener a las fuerzas armadas haciendo tareas de
seguridad pública de forma temporal y subsidiaria, es decir, en tanto no existan
corporaciones civiles de seguridad pública capaces y eficaces para enfrentar
los fenómenos delincuenciales y, en general, mientras no resolvamos de fondo
la debilidad institucional que aún prevalece a nivel estatal y municipal. Así lo
autoriza la Constitución y las leyes federales, y así lo impone el sentido del
deber.
El Estado Mexicano no cuenta hoy en día con un instrumento civil lo
suficientemente fuerte para combatir y contener a las bandas criminales. El
poder y la capacidad de fuego de estas organizaciones han hecho necesario
que el Estado mexicano recurra a nuestras fuerzas armadas para generar
condiciones de seguridad pública.
Las corporaciones policiacas, sobre todo a nivel estatal y municipal, han estado
y aún están afectadas por la corrupción e incluso con infiltraciones criminales.
La lucha del ejército y la armada ha permitido dar espacio para la depuración y
profesionalización de los cuerpos policiales y, sin duda, ha hecho posible que el
Estado recupere el control en muchos territorios que habían quedado ya en
manos de la criminalidad, sobre todo del crimen organizado.
Mi posición es clara y firme: donde ya logramos crear cuerpos policiales
confiables, con las capacidades para enfrentar el crimen organizado, habrá que
retirar el ejército y a la armada a sus cuarteles, desplegarlas en territorios que
no cuenten con las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad
de las familias, o bien, encomendarle la tarea de fungir como fuerzas de apoyo
a las corporaciones civiles en operaciones y circunstancias específicas que así
lo ameriten.
En contraste, en otros lugares donde todavía no se cuenta con cuerpos
policiales profesionalizados, habrá que mantener a las fuerzas armadas
haciendo tareas de seguridad pública hasta que tengamos la certeza de que no
existe el riesgo de facilitar de nuevo la acción de los criminales. En esos
lugares, retirar a las fuerzas armadas a sus cuarteles significaría claudicar en
nuestra lucha. Me comprometo a apretar el paso en esta tarea para que lo
antes posible las fuerzas armadas puedan reservarse a la custodia de la
seguridad nacional.
Estoy convencida que el retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles no es
el criterio para medir la idoneidad de la estrategia de seguridad. Su
participación en estas tareas debe ser vista como un medio para alcanzar un fin
socialmente valioso: nuestra tranquilidad.
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4. Por ello, debemos reconocer que la principal tarea que habrá de enfrentar el
próximo gobierno es generar un aparato público lo suficientemente eficaz para
reducir de manera significativa la incidencia delictiva, particularmente de los
cuatro delitos que más agravian a la sociedad: el robo, la extorsión, el
secuestro y el homicidio. Para lograrlo, se requiere continuar con el esfuerzo de
contención y de reconstrucción del tejido social e institucional que hasta este
momento ha realizado el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Pero,
además, se hace impostergable profundizar en el frente social: en la atención a
las causas sociales de la delincuencia y en la prevención de la criminalidad.
Se requiere, en suma, de una política de Estado desde la cual se asignen
responsabilidades claras y medibles a todos los ámbitos y niveles de gobierno;
se intensifique la participación y el escrutinio ciudadanos; se asignen recursos
suficientes en función de metas verificadas; y se fortalezcan las acciones de
prevención, así como el sentido cívico de respeto a la ley.
Y la tarea de contención debe hacerse, sin duda, con una corporación civil, con
una Policía Nacional militarizada, profesional, confiable, dotada de servicios
potentes de inteligencia y bien equipada. Una Policía Nacional que cuente con
al menos 150 mil efectivos para el 2018, que sea capaz de suplir a aquellas
policías locales que no pueden enfrentar al crimen y restablecer la paz en
cualquier espacio de nuestro país.
¿Estaría de acuerdo en crear una policía nacional que sustituya
gradualmente a las policías estatales y a las municipales?
El Federalismo mexicano establece claramente que los estados y municipios
cuentan con facultades y responsabilidades en el ámbito de seguridad, y mi
propuesta va encaminada a fortalecer este pacto Federalista, pero sin poner en
riesgo a la ciudadanía.
Mi propuesta es crear una policía nacional compuesta por más de 150 mil
efectivos que tenga como función actuar como garante de la seguridad en
cuatro tipos de situaciones concretas:
a) Cuando algún estado o municipio no garantice condiciones mínimas de
seguridad a sus habitantes o se enfrente a una circunstancia de hecho,
en particular de incidencia delictiva, que no pueda ser atendida
eficazmente con el estado de fuerza local;
b) Para el resguardo de vías generales de comunicación e instalaciones
estratégicas;
c) Para la prevención, investigación y persecución de los delitos que
correspondan a la jurisdicción federal; y
d) En el caso de los municipios de menos de 10,000 habitantes.
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5. El esquema de subrogación para los municipios con menor fortaleza
institucional responde a que en ese ámbito muchas policías locales no tienen la
capacidad de brindar confianza y la protección a la ciudadanía. La gran
mayoría de los cuerpos policiales municipales (90%) dispone de menos de 100
elementos e incluso cerca de 400 de los casi 2.500 municipios no cuentan con
cuerpo de seguridad pública propio. Además, muchos de los integrantes de las
fuerzas policiales municipales (más de 60 por ciento) reciben salarios muy
bajos (de menos de 4 mil pesos mensuales). Frente a semejantes
vulnerabilidades, es preciso transformar el modelo de organización policial, con
el fin de que el Estado mexicano pueda garantizar la seguridad pública en todo
el país.
Mi posición es que además de la policía nacional, transitemos hacia 32
corporaciones estatales sólidas, profesionales, bajo el mando único de cada
gobernador. Para construirlo, instrumentaré un modelo con reglas e incentivos
claramente definidos. Por ejemplo, que la planeación presupuestal pueda
realizarse desde el Congreso de la Unión y que los mandos regionales sean
nombrados por el Presidente de la República, a propuesta de los
gobernadores, como sucede en el Distrito Federal.
Necesitamos avanzar hacia la construcción de un modelo policial moderno,
eficiente, profesional y transparente, que responda a las necesidades actuales
y represente un proyecto de desarrollo profesional para los integrantes de los
cuerpos policiales, capaz de mantenerlos alejados de la corrupción y el abuso
de poder.
¿Qué en concreto haría realmente distinto de lo que se hace hoy?
Impulsaré una nueva etapa en la lucha por la seguridad. En esta nueva etapa
se requiere actuar en los siguientes frentes simultáneamente:
I. Participación ciudadana: condición para consolidar la paz y la seguridad.
La inseguridad reina cuando los ciudadanos están inhibidos,
atemorizados o cuando algunas comunidades terminan corrompidas por
los delincuentes. Esta situación se agrava cuando los policías han sido
cooptados por los criminales. Por lo tanto no basta aumentar y reformar
las instituciones policiales. Se requiere promover una política nacional
de participación ciudadana en la seguridad y pacificación del país. La
participación ciudadana es el componente principal en la consolidación
de la paz y la tranquilidad de las comunidades. Son los ciudadanos
organizados quienes junto a los policías pueden identificar y actuar de
forma temprana contra potenciales actividades delictivas. En razón de lo
anterior, propondré la inclusión de ciudadanos en el Consejo Nacional
de Seguridad Pública a fin de que puedan revisar la eficacia y
pertinencia de las resoluciones adoptadas y estimular la cooperación
ciudadana con los órganos de seguridad.
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6. II. Pacto nacional para la pacificación de México. Somos un país
democrático, con tres órdenes de gobierno, con tres poderes
independientes, distintas corrientes políticas, numerosas instituciones
federales y locales encargadas de la seguridad y una gran diversidad de
organizaciones de la sociedad civil. Para poder usar al máximo todas las
capacidades de esta compleja y diversa estructura de poderes es
indispensable un pacto nacional que tenga como tarea fundamental la
pacificación del país y, en particular, la reducción significativa de la
violencia. El pacto debe proponer que gobierno y sociedad actúen con
sentido de emergencia nacional y acelerar todos los acuerdos sobre
políticas, leyes, uso de recursos y movilización social que sean
indispensables para devolverle la seguridad a los mexicanos y la imagen
de país pacífico a México.
III. Una policía nacional que cuide a los ciudadanos. La seguridad de los
ciudadanos no puede esperar a que se resuelvan las dificultades que
enfrentan los Estados y municipios en sus policías locales. La ruta más
rápida para atender la crisis de seguridad es fortalecer la fuerza policial
del Estado nacional. Contar con 150,000 policías nacionales permitiría
reducir la violencia, apoyar a las entidades federativas que están en
situación crítica, recuperar territorios que están dominados por los
criminales y contar con fuerza para relevos y reservas.
IV. Capacitación policial y formación de policías. Fundaré tres grandes
academias nacionales de capacitación policial. Estas academias
deberán tener las ubicaciones geográficas idóneas para que puedan dar
soporte a las entidades federativas en la reconstrucción de sus policías y
para que el reclutamiento y formación de nuevos elementos se
estandarice a nivel nacional. Igualmente la fundación de estas
academias supondrá la participación en éstas de las universidades de
mayor prestigio y de los académicos más calificados del país.
V. Una parte central de la agenda de seguridad y justicia será la relación de
los cuerpos policiales con los ciudadanos. La relación estrecha y
armónica entre ciudadanos y policías es el principal anticuerpo contra el
crimen, es la base para el control territorial y la fuente fundamental de
inteligencia para prevenir delitos. Necesitamos contar con policías que
sepan relacionarse y ganarse la confianza de los ciudadanos, lo que
implicará nuevos métodos y materias en su formación, entrenamiento
para proximidad social y controles de confianza, entre otros.
VI. Lavado de Dinero. Haré de la lucha contra el lavado de dinero un
instrumento central del combate a la delincuencia. La acción de las
instituciones que combaten el lavado de dinero debe enfocarse en los
bienes utilizados para la comisión de delitos. Fortaleceré las rutinas de
investigación de las cuentas bancarias de los delincuentes y de quienes
los apoyan.
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7. Realizaré investigaciones exhaustivas a negocios, particularmente los
intensivos en uso de efectivo, para evitar que sean utilizados para lavar
dinero. Esto será posible mediante la introducción de la Cédula de
Identidad Nacional, que se ligará al sistema Bancario y al Registro
Público de la Propiedad para poder seguir la ruta del dinero de los
delincuentes. Promoveré la aprobación de la Ley contra el Lavado de
Dinero, hoy pendiente en el Congreso de la Unión, y mejoraré el diseño
institucional y capacidades de la Unidad de Investigación contra el
Lavado de Dinero. Impulsaré mecanismos para agilizar la extinción de
dominio para que los criminales y quienes los ayudan pierdan los bienes
que han adquirido como producto del crimen.
VII. Un nuevo sistema penitenciario. En razón de nuestro arreglo federal, la
facultad de garantizar la extinción de las penas está asociada a la
jurisdicción penal que corresponde a la Federación y a las entidades
federativas. Sin embargo, este arreglo ha obviado el hecho de que las
entidades federativas tienen distintas capacidades institucionales para el
cumplimiento de esta responsabilidad. En varias entidades federativas,
los centros penitenciarios no garantizan la seguridad de los reos, el
respeto a los derechos humanos y mucho menos la reinserción social
del sentenciado. Peor aún, desde estos centros penitenciarios se
realizan delitos, como el de extorsión. Además, dada sus condiciones de
funcionamiento y la profunda penetración de la corrupción, sobre todo
del crimen organizado, estos centros representan inminentes y
constantes riesgos de fuga. Para atender este reclamo social de
cárceles efectivamente seguras, propondré una reforma constitucional
para facultar a la Federación para tomar el control total, de forma
subsidiaria y temporal, de centros penitenciarios locales, a través de la
policía nacional o incluso con las fuerzas armadas y hasta restablecer la
condiciones necesarias de seguridad.
VIII. Transformación del sistema de justicia. Éste tiene que modernizarse y
consolidarse para que no exista impunidad y se dé una solución de
justicia a los criminales. Se necesitan mejores ministerios públicos,
mejores peritos y cuerpos de investigación forense. Impulsaré la
existencia de una policía investigadora ministerial. Crearé la figura del
Fiscal Anticorrupción para perseguir las conductas ilegales de
funcionarios públicos cometidas en ejercicio de sus responsabilidades,
así como de particulares en su relación con éstos, y demos certeza a los
ciudadanos de que ningún funcionario público es cómplice y recibe
dinero o favores de los criminales. Para reforzar la actividad de los
jueces, también con estricto respeto a su autonomía, fortaleceremos las
atribuciones disciplinarias del Consejo de la Judicatura Federal, así
como los procesos de formación, profesionalización y certificación de los
jueces de control, de oralidad y de ejecución de sentencias. Impulsaré la
creación, por ley, del Centro de Control de Confianza de la Judicatura
Federal.
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8. IX. Mayores instrumentos jurídicos. Promoveré ante el Congreso la
instauración de la cadena perpetua a políticos, funcionarios, oficiales y
policías que por acción u omisión hubieren ayudado a las
organizaciones criminales, y se hayan beneficiado de ello.
También voy a seguir insistiendo que se retire definitivamente el fuero a
los políticos para que no exista impunidad y todos los mexicanos
tengamos que responder de igual forma ante la ley. Además, propondré
una iniciativa para que el Senado de la República pueda destituir a un
gobernador que no cumpla con su responsabilidad de cuidar la
seguridad de los ciudadanos y sus familias. Propondré reformas a la Ley
General del Sistema de Seguridad Pública para introducir consecuencias
al incumplimiento de acuerdos o metas acordadas por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública, sobre todo en relación con la depuración
y profesionalización policial.
X. Políticas sociales especiales para la pacificación. Una manera efectiva
de que niños y jóvenes no caigan en adicciones, sea reclutados por
bandas criminales o estén a merced de sicarios, es con más y mejores
oportunidades educativas, de salud y laborales. Sin embargo, en una
entidad o municipio, que ha padecido o padece una crisis de seguridad,
se generan distorsiones sociales que muchas veces no pueden ser
atendidas construyendo escuelas o clínicas como si se tratara de una
situación normal. Las poblaciones fronterizas, por ejemplo, requieren
una amplia red de protección social para los grupos en situación
vulnerabilidad por las circunstancias socioeconómicas y los hechos
demográficos de la frontera, entre ellos los emigrantes, jóvenes
involucrados en pandillas, personas con adicciones, mujeres
trabajadoras y madres solteras. Lo fundamental es que la planeación y
ejecución de la intervención social, que es un factor fundamental para
garantizar la integralidad de la estrategia de seguridad, se realice de
acuerdo a las circunstancias específicas de cada comunidad.
En este tenor, debemos hacer especial énfasis en la necesidad de
romper los ciclos de la violencia. En ausencia de un entramado
comunitario y una red de protección social, desde la familia hasta las
políticas sociales, fecundan en algunas comunidades ―anti-modelos‖ de
vida asociados a la actividad delictiva, al desprecio por la ley y el orden y
al poco o nulo aprecio individual y colectivo por valores humanos.
Necesitamos insistir, y sobre todo diseñar políticas públicas, para que
cada persona tenga al alcance una segunda oportunidad, una vez que
ha pagado las consecuencias de sus actos y esté dispuesto a
reintegrarse con sentido de bien a la convivencia.
Para ello propongo varias medidas de carácter social. En primer lugar,
fortaleceré los programas de atención a las víctimas para atenuar los
efectos, psicológicos y morales, de la violencia sobre ellas, a fin de
buscar las mejores herramientas para que puedan superar el trauma
recibido.
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9. También atenderé a quienes hoy constituyen las víctimas invisibles de la
violencia: las familias de aquéllos que han delinquido.
Propondré un programa especial de atención a la educación y salud de
los familiares de aquéllos que han sido señalados como delincuentes
para verificar que no sigan el mismo camino; para que la violencia deje
de perpetuarse en el entorno de quien decidió apartarse de la ley. Es
hora, incluso, de explorar medidas como el cambio voluntario de
identidad personal y la reubicación de personas o familias, para romper
precisamente el estigma social que esas víctimas silenciosas pueden
llegar a sufrir.
XI. Más y mejor educación: No hay mejor política de prevención de la
criminalidad que la educación. Es imprescindible que nuestros jóvenes
permanezcan en las aulas y no en las calles. Con este fin, haré efectiva,
incluso antes del plazo establecido, la enmienda Constitucional que hace
obligatoria la Educación Media Superior a través de la creación de los
espacios necesarios para que ningún joven se quede fuera del sistema
educativo por la falta de oportunidades. Duplicaré el número de becas a
jóvenes en Educación Media Superior y Superior. Además,
implementaré la cuenta bancaria escolar: una cuenta de ahorro
individualizada que capitalizará una transferencia en efectivo y el ahorro
que voluntariamente aporten las propias familias, para garantizar que los
jóvenes puedan continuar sus estudios universitarios.
Las cuotas que los padres pagan en los centros escolares, sin
transparencia y rendición de cuentas, deben eliminarse. Pero, como
mera declaración de intenciones, de poco sirve. Las escuelas tienen
necesidades urgentes e impostergables: desde mantenimiento básico
hasta mejora. Por eso propongo que cada centro escolar tenga asignado
un presupuesto básico, acompañado de incentivos económicos
asociados a los resultados de las evaluaciones practicadas a los
estudiantes y maestros, en cuya aplicación y vigilancia participen los
padres de familia.
XII. Recuperación de espacios públicos. El temor a la violencia nos empuja a
construir una ciudadanía del miedo y a alejarnos de los espacios
públicos. Esto es inaceptable. La violencia y nuestro temor a sufrirla
destruyen nuestras libertades ciudadanas y merman el sentido de
comunidad. Con el fin de reconstituir el tejido social y fortalecer la
cohesión, recuperaremos en seis años 10,000 espacios públicos en
zonas urbanas de mayor marginación e índices delictivos con parques,
canchas deportivas, zonas de juegos infantiles y talleres comunitarios.
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10. XIII. Más inteligencia, y menos violencia. Modernizaré integralmente el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional para ponerlo a la altura de
las mejores instituciones de inteligencia del mundo. Lo haré a través de
la adquisición de la tecnología más avanzada para la investigación y la
inteligencia, el fortalecimiento de la formación del personal del Centro a
través de intercambios internacionales continuos, y la inclusión y
apertura a la sociedad civil y la academia para albergar a los mejores
especialistas.
Modernizaré a las Fuerzas Armadas mediante la actualización de la
doctrina militar para aprovechar la experiencia de nuestros soldados y
marinos en la lucha contra los grupos de la delincuencia organizada, el
fortalecimiento de las secciones de Inteligencia militar y naval, y la
modernización del equipo de las Fuerzas Armadas. No sólo con la
adquisición de material para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada,
sino también con un renovado impulso a la industria militar nacional, en
especial en la generación de tecnologías aplicadas, la producción de
vehículos, embarcaciones, aeronaves ligeras y otros materiales que
tengan vinculación con la planta productiva nacional, lo cual favorecerá
la innovación tecnológica y la generación de empleos para nuestros
jóvenes ingenieros y técnicos.
XIV. Colaboración estratégica con el Gobierno de los Estados Unidos y con
nuestros vecinos del sur: Solicitaré al Gobierno de Estados Unidos una
colaboración estrecha en materia de inteligencia y un compromiso formal
para controlar el tráfico de armas y dinero en efectivo provenientes de
ese país. Con Guatemala y Belice, y otros gobiernos de Centro y
Sudamérica buscaré la cooperación para el diseño e implementación de
un programa transfronterizo que logre facilitar el flujo legal de personas
y bienes, y controlar su flujo ilegal.
Como lo he reiterado en diversas ocasiones, no voy a pactar ni daré tregua en
la lucha contra el crimen organizado.
¿Estaría de acuerdo en crear una secretaría de las fuerzas armadas bajo
un mando civil, y una secretaría de Estado que se ocupe de todas las
fuerzas civiles y tareas de seguridad sin funciones políticas?
Mi propuesta es transformar la Secretaría de Gobernación en una Secretaría
del Interior que se encargue de coordinar todas las tareas, fuerzas y recursos
con los que cuenta el gobierno federal para mantener y preservar la seguridad
interna. Esto incluye agrupar en ella el mando de coordinación de las fuerzas
policiales federales y de las fuerzas armadas.
Sin embargo, esta Secretaría no sustituye a las de Defensa y Marina que son
las que tienen la función de preservar y mantener la soberanía del país. Crear
una Secretaría única de las fuerzas armadas bajo un mando civil es, desde
luego, un punto a debate. Estaría dispuesta a considerarlo a partir de
comprender la relación cada vez más compleja e institucional que deben tener
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11. nuestras fuerzas armadas con todas las fuerzas políticas y, en particular, a
partir de la comprensión de las responsabilidades en materia de seguridad
pública que se han ido depositando en nuestras fuerzas armadas. No ignoro
que hoy, la mayoría de los sistemas políticos democráticos de nuestro
continente y del mundo siguen este régimen. Sin perjuicio de lo anterior,
cualquier modificación en esta materia debe contar con la participación
decidida de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a fin de preservar la
identidad institucional, la misión constitucional y los derechos nuestros
soldados y marinos.
¿Estaría de acuerdo en consolidar la autonomía de la PGR, nombrando a
su titular por un plazo fijo y cediendo la potestad presidencial para
removerlo libremente, así como establecer la autonomía de gestión del
Ministerio Publico en todos sus niveles?
En las últimas décadas se ha venido fortaleciendo la autonomía de la
Procuraduría General de la República a través de clarificar su función
institucional y hacer del nombramiento de su titular un acto colegiado entre la
Presidencia de la República y el Senado. Hoy debemos avanzar para
garantizar su autonomía presupuestal y orgánica, por lo que la opción política
que yo represento está dispuesta a impulsar reformas en ese sentido. En el
supuesto de que se adoptaran el nombramiento por plazo fijo y la limitación a la
revocación libre de su titular, deberá acordarse la adopción de un gobierno
colegiado que permita la ponderación e institucionalidad del ejercicio de las
funciones del Ministerio Público. Los órganos autónomos unipersonales no son
deseables.
Debemos recordar que el sistema de remoción libre a cargo del Presidente de
la República se sostuvo por razones de Seguridad Nacional. Es por ello que en
este momento de la vida del país, en que las acciones de la delincuencia
organizada suponen amenazas a la Seguridad Nacional que el Ministerio
Público debe procesar, se aconseja la creación de una Fiscalía especial que se
gobierne bajo el régimen actual y que permita que las tareas en esta materia
sigan alineadas a una estrategia encabezada por el Presidente de la República.
En cualquier caso recordemos que el Ministerio Público Federal siempre tiene
que plantear sus casos ante una autoridad judicial independiente.
Propondré la escisión de la Procuraduría General de la República de las
atribuciones de persecución de la delincuencia organizada en todas sus
modalidades, a fin de depositarlas en una fiscalía dotada del mismo régimen y
autonomía que dicha procuraduría, cuyo titular sea nombrado exactamente
bajo el mismo procedimiento que el procurador. Con ello garantizaremos no
sólo una mayor concentración de esfuerzos en el combate al crimen
organizado, sino también que otros delitos sean efectivamente perseguidos. No
hay razón para que los recursos de una organización se destinen
preponderantemente a la delincuencia organizada. Necesitamos que otros
delitos sean castigados, pues de ello depende en buena medida el efecto
disuasivo de la justicia penal.
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12. La profesionalización del ministerio público (tanto federal como de los estados)
es fundamental para garantizar una justa, pronta y expedita procuración y
administración de justicia. Por ello, reforzaré y depuraré los ministerios
públicos. Los servidores públicos que laboran en ellos deben ser honestos y
capaces y contar con las mejores credenciales. Asimismo, fomentaré de
manera decidida la independencia funcional de esta institución fundamental
para la seguridad de los mexicanos.
Impulsaré estos cambios no sólo en la Procuraduría General de la República,
sino también los promoveré en las procuradurías locales que atienden la
mayoría de los delitos que lastiman a la sociedad.
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13. II. Transparencia y corrupción
¿Estaría de acuerdo en simplificar la presentación de la información
pública bajo los lineamientos dictados por un grupo de expertos
independientes?
¿Estaría de acuerdo en publicar en internet todo pago que se realice y
toda factura que se reciba en las dependencias del gobierno a su cargo, y
a promover esa misma transparencia en todos los demás órganos de
gobierno?
Estoy totalmente de acuerdo con ambas medidas, y es imprescindible extender
estas prácticas al ámbito estatal y municipal.
Estoy de acuerdo en simplificar la información pública bajo lineamientos que
surjan no sólo de grupos de expertos independientes, sino también de los
múltiples usuarios y ciudadanos que requieren y exigen transparencia y control
sobre los programas, acciones, resultados y presupuestos de los distintos
niveles de la administración pública, federal, estatal y municipal. Una vez
definidos, buscaremos dar certeza jurídica a estos procesos, mediante el
impulso de reformas al cuerpo normativo de transparencia y fiscalización.
También estoy de acuerdo en hacer accesible de manera oportuna toda la
información de la gestión de gobierno, no sólo del ejercicio del presupuesto,
sino de la ejecución de sus programas, de los resultados de sus acciones, de la
supervisión y evaluación de éstas y de la medición de su impacto. El derecho a
la información y la transparencia son un derecho de la sociedad mexicana, son
un requisito para una verdadera democracia y son una obligación del gobierno
no sólo a nivel federal, sino también en los estados y municipios. En este
renglón:
I. Unificaré los sistemas de compras de gobierno por sector, lo cual
además de generar importantes ahorros de recursos públicos, dará
también mayor transparencia a los procesos de licitación y compra. Esto
estará disponible en internet para que pueda ser consultado por los
ciudadanos. Así los mexicanos sabrán exactamente cómo y en qué se
gastan los recursos públicos.
II. Crearé un sistema único de adquisiciones a nivel federal, estatal y
municipal, a fin de homologar procesos y que los ciudadanos puedan
consultarlos en línea, con incentivos para que los órdenes estatal y
municipal participen voluntariamente.
III. Estableceré desde el gobierno federal mecanismos de control para
garantizar la transparencia en los procesos de contratación.
IV. Crearé el Consejo Nacional de Evaluación, que se conformará por un
grupo independiente de reconocidos especialistas para establecer los
lineamientos y coordinar la realización de evaluaciones a las acciones
de gobierno.
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14. Durante mi gestión en la Secretaría de Desarrollo Social promovimos la
creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), que ha sido un primer esfuerzo en esta dirección. El
nuevo Consejo Nacional de Evaluación tendrá un diseño similar, aunque
con facultades para evaluar todos los programas y acciones de
gobierno. El presupuesto Federal se definirá con base en la evidencia de
las evaluaciones y evolucionar así hacia un presupuesto por resultados.
Estoy de acuerdo en garantizar la transparencia absoluta de la gestión pública.
La transparencia no es una concesión del gobierno en turno, es una obligación
ética que tienen todos los que ejercen un cargo público con los mexicanos.
El gobierno está obligado a operar como una auténtica caja de cristal, que
permita a todos los ciudadanos saber puntualmente cómo se ejercen los
recursos públicos. Se trata sin duda de uno de los principales instrumentos
para acabar con la corrupción que aún permea muchas áreas de gobierno. Por
eso, crearé el Observatorio Ciudadano del Servicio Público, que se encargará
de realizar una vigilancia externa e independiente para monitorear y denunciar
a funcionarios públicos corruptos y vinculados con el crimen organizado y
monitorear y vigilar la aplicación de los recursos públicos del gobierno.
Adicionalmente, para atacar el problema de la corrupción propongo realizar un
conjunto de cambios institucionales que contribuyan a resolver el problema. La
solución tiene cuatro componentes:
I. Los mecanismos de transparencia mencionados anteriormente.
II. El establecimiento de sistemas y controles que reduzcan la
discrecionalidad.
III. La ruptura de la cadena de complicidades.
IV. La generación de consecuencias sancionatorias.
La primera medida puede auxiliarse de tecnologías como internet para
transparentar los gastos y pagos del gobierno o dar acceso a organismos de la
sociedad civil para que puedan realizar procesos de fiscalización directamente
y de manera independiente.
La segunda medida parte de que muchos de los actos de corrupción resultan
de la discrecionalidad con que los funcionarios pueden actuar. Esto termina
asignando un ―precio‖ al ―hacer o no hacer‖. Con el auxilio de tecnología es
también posible crear sistemas de control que reduzcan los márgenes de
discrecionalidad en la mayoría de los trámites de gobierno, de tal forma que
una conducta fuera de sistema, genere alertas y sea fácilmente detectada.
Propongo concretamente que todo trámite que sea posible realizar
electrónicamente, se haga de esa manera, sin contacto personal con
funcionarios. Adicionalmente, replantearé el papel y la existencia misma de la
Secretaría de la Función Pública, y realizaré un análisis puntual de sus efectos
sobre la corrupción a la fecha.
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15. Para desarrollar los otros dos componentes de la solución al problema de la
corrupción, se vuelve indispensable, en condiciones democráticas, romper la
cadena de complicidades sociales que impide actuar sobre el problema.
Iniciaremos con la Policía y el sistema de Justicia, ya que al reformar estas
instituciones, detonaremos un efecto que permeará en el resto del Sistema.
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16. III. Rendición de cuentas
¿Estaría de acuerdo en dar a la Auditoría Superior de la Federación, y en
su caso a la Secretaría de Hacienda, las facultades y/o capacidades reales
necesarias para auditar y fiscalizar los fondos federales, incluyendo el
Ramo 33, que se transfieren a los estados, y en volver fiscalizables y
transparentes también todos los recursos entregados a terceros, en
particular a sindicatos públicos, partidos políticos, organismos
autónomos y los otros Poderes de la Unión?
Estoy de acuerdo con esta propuesta, aunque la modificación no es
competencia del Ejecutivo Federal sino del Poder Legislativo. Es mi intención
presentar una iniciativa con estos elementos.
Estoy convencida de la necesidad de fortalecer las prácticas de fiscalización de
los recursos federales que se transfieren a los estados, incluidos por supuesto
los recursos del Ramo 33. Durante mi gestión en la SEDESOL me enfrenté a
los problemas de fiscalización de los Fondos para la Infraestructura Social, en
donde el Ejecutivo estaba obligado a realizar las transferencias, pero carecía
de instrumentos para penalizar a aquellos estados y municipios que no ejercían
adecuadamente los recursos. No existían mecanismos para que los
ciudadanos pudieran saber puntualmente cómo se ejercieron estos recursos
públicos.
Es común la falta de independencia de los órganos estatales de fiscalización
para realizar su trabajo, lo que a menudo se traduce en una operación sesgada
a favor de intereses específicos y la impunidad de los responsables de
anomalías graves en la ejecución de los programas. Se requiere, en
consecuencia, blindar a las auditorías estatales a través del equilibrio que
genera la diversidad de intereses de bancadas que conforman los Poderes
Legislativos estatales, así como revisar los marcos normativos locales para que
esas instancias puedan llevar a cabo una labor fiscalizadora eficaz y eficiente.
Por supuesto que también estoy de acuerdo en hacer pública y transparente la
información de los recursos federales canalizados hacia los sindicatos, partidos
políticos, organismos autónomos y los otros poderes federales. Estoy
convencida de que éstos deben ofrecer la misma transparencia y rendición de
cuentas que la del Poder Ejecutivo Federal y que, sin embargo, no tiene
equivalencia con estos otros organismos y poderes mencionados.
Me comprometo a proponer las reformas necesarias al Congreso para
fortalecer a los órganos estatales y federal de fiscalización. Impulsaré la
creación del Sistema Nacional de Fiscalización, con órganos especializados
que tengan capacidad de investigación, a fin de combatir con mayor eficacia la
corrupción; y estableceré la figura de un Fiscal Anticorrupción.
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17. IV. Educación
Para el aumento del logro educativo, estaría de acuerdo en:
¿Ampliar la jornada escolar a 6.5 - 8 horas diarias?
Sí estoy de acuerdo con esta medida, y de hecho, durante mi gestión al frente
de la Secretaría de Educación Pública inicié el Programa de Escuelas de
Tiempo Completo en el nivel de Educación Básica para que los alumnos
desarrollen mejor sus capacidades y habilidades y mejoren su logro educativo.
La generalización de la ampliación de la jornada escolar será un proceso que
requerirá de tiempo y una gran cantidad de recursos. Por eso, me he
comprometido a pasar en una primera etapa de cerca de 5 mil escuelas de
tiempo completo que hay hoy a 30 mil escuelas con horario de 8 am a 5 pm,
desde la educación primaria hasta bachillerato, lo que significa multiplicar por
seis el número actual, para que nuestras hijas e hijos pasen su tiempo
preparándose para el futuro, lejos de las drogas y los delincuentes.
Para garantizar que la ampliación de la jornada escolar incida en la calidad
educativa, es necesario desarrollar en paralelo muchas otras acciones que
garantice el objetivo final de lograr que los niños desarrollen mejor sus
capacidades y habilidades. El cumplimiento del calendario escolar, la mayor y
mejor capacitación de los maestros, lo mismo que al personal directivo, la
generalización de los procesos de evaluación y el uso generalizado de las
tecnologías de la información, son necesarios para este propósito. A
continuación comentaré algunos aspectos de cada uno de estos elementos.
Cumplimiento del Calendario escolar. Una de mis primeras acciones como
Secretaria de Educación Pública fue realizar una evaluación del cumplimiento
del calendario escolar y encontré que apenas 14 por ciento de los centros
escolares cumplían cabalmente con los 200 días de clase que señala dicho
calendario. Establecí en consecuencia acuerdos específicos con las
autoridades educativas estatales, quienes son las responsables del
cumplimiento del calendario escolar, para instrumentar medidas que
permitieran alcanzar ese fin.
Capacitación de los docentes. La ampliación de la jornada permitiría desarrollar
otras actividades como un uso más intenso de tecnologías de información y
comunicación o el aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, debemos
reconocer que en el estado actual del sistema educativo mexicano no
contamos con los docentes debidamente capacitados para esas labores. Es
necesario instrumentar, como lo hicimos bajo mi gestión con la Educación
Media Superior, un amplio programa de capacitación docente, en sociedad con
las Instituciones de Educación Superior para poder acelerar y ampliar los
procesos de profesionalización de las Maestras y Maestros con el objetivo de
permitir el desarrollo de las competencias y habilidades que requieren en un
horario ampliado.
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18. Equipamiento e infraestructura adecuada en los centros escolares. No todas
las escuelas están debidamente equipadas para que los niños permanezcan
más de las 4 horas que hoy están en la escuela. Una ampliación de jornada
implicaría por ejemplo que los niños realicen por lo menos una comida en la
escuela y en consecuencia se requieren de espacios y equipamiento
apropiados.
Diseño de materiales educativos. El sistema de educación básica necesitaría
desarrollar una mayor cantidad de materiales educativos de calidad. Hoy en día
se han diseñado materiales educativos, sobre todo en los llamados libros de
texto, los cuales habría que revisar en cuanto a estructura, contenido, método,
enfoque y orientación, que hoy en día cubre 4 horas de clase.
Mi experiencia muestra que todo esto es posible de realizar. Soy una
convencida de la estrategia de ampliar la jornada escolar, ya que además de su
impacto en la educación, responde a las necesidades de las familias mono-
parentales o en las que ambos padres desarrollan (o desean desarrollar)
alguna actividad (estudiar o trabajar) que los obliga a salir del hogar.
¿Proveer a cada niño con una computadora asegurando la conectividad
de banda ancha en cada escuela?
Estoy de acuerdo en que es imperativo que todas las niñas y los niños de
México tengan acceso y uso de tecnologías de información y comunicación.
Resulta también impostergable garantizar conectividad, por lo menos en la
plataforma de ―banda ancha‖.
Las experiencias que han tenido otros países con la asignación a cada niño de
una computadora muestran que —a pesar de lo que afirman quienes
promueven comercialmente y venden estos equipos—la asignación directa a
cada niño no es por sí misma una solución.
Los estudios sobre estos programas destacan claramente la necesidad de
complementar la dotación de tecnología con otros componentes como son la
capacitación docente, la capacitación directiva, el equipamiento escolar, el
aseguramiento de servicios básicos como la disponibilidad de luz eléctrica y
conectividad, e incluso, la garantía de los servicios técnicos de soporte que
requiere el uso de cualquier tecnología. Dotar de computadoras sin estos
complementos no genera los resultados esperados.
De hecho, México ha intentado desde hace varios años diversas estrategias de
acceso al equipo y tecnologías de la información y la comunicación en el
espacio educativo. El costo ha sido muy elevado. Debemos reconocer que
ninguna de estas estrategias ha dado los resultados esperados.
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19. Por lo tanto, instrumentaré un programa integral de acceso intensivo de niñas,
niños y jóvenes al uso de tecnologías de información y comunicación
generalizando el uso de la conectividad de banda ancha en escuelas,
bibliotecas y lugares públicos, pero también incorporaré la capacitación de los
docentes en el uso de esas tecnologías y promoveré un programa de
financiamiento con subsidio al frente (para pagar el enganche) a fin de que los
estudiantes de todos los niveles educativos puedan adquirir una computadora u
otros medios tecnológicos de información y comunicación de última generación.
Un elemento central será la provisión del apoyo técnico en cada escuela
durante todo el horario escolar.
¿Someter todas las plazas nuevas y liberadas de docentes, directores y
supervisores a concurso y aprobar que la evaluación docente sea
universal, obligatoria, periódica y que solo los maestros certificados den
clase?
Estoy totalmente de acuerdo en que todas las plazas docentes, directivas y de
supervisión se sometan a concurso, y que la evaluación docente sea universal,
obligatoria, periódica y que todos los maestros frente a grupo estén
certificados.
En este tema me remito a los hechos. Siendo Secretaria de Educación Pública
se inició por primera vez en la historia del sistema educativo mexicano, el
concurso nacional para la asignación de plazas docentes en el cual se
inscribieron poco más de 120 mil aspirantes. Este primer concurso nacional fue
acompañado por organizaciones independientes —como Transparencia
Mexicana— y construí acuerdos con las autoridades educativas estatales para
obtener de ellas, en estricto apego a sus atribuciones, el compromiso de
someter a concurso nacional sus plazas vacantes.
Hoy me comprometo también a someter a concurso las plazas de directores,
como lo inicié en el Nivel Medio Superior, en el que hoy en día prácticamente
todos los planteles de operación federal, cuentan con una Directora o Director
que llegó a esta posición por concurso de oposición y sus propios méritos.
Extenderé esta medida a los supervisores
Estoy convencida de que es necesario que la evaluación sea un proceso
universal, obligatorio y periódico. Iniciaré la evaluación del desempeño de todos
los docentes y directores de escuelas cada año. Estoy convencida que la
evaluación a escuelas, docentes, directivos y alumnos es un medio relevante
para conocer sus debilidades y fortalezas para así mejorarlas. Durante mi
gestión como Secretaria de Educación Pública impulsé en el nivel medio
superior el Programa de Evaluación de Directores de Plantel, en el que se
establecieron metas anuales por nivel educativo, y los Directores y Directoras
fueron evaluados en términos de su cumplimiento.
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20. También iniciaré la certificación obligatoria realizada por organismos e
instituciones independientes de todos los docentes frente a grupo.
Adicionalmente, complementaré estos programas con una transformación en el
proceso formativo de los docentes para que puedan utilizar de manera
intensiva las tecnologías de información y comunicaciones.
Estos modelos de capacitación y certificación se diseñarán con base en la
creación del Programa de Formación de Docentes de Educación Media
Superior, que inicié en mi gestión para lograr la certificación de miles de
docentes de Bachillerato con la participación de las Instituciones de Educación
Superior del País. Este programa es una realidad en la que han participado
decenas de miles de docentes.
Me comprometo a seguir caminando en la dirección de la que me siento
orgullosa de haber iniciado. En particular, como ya lo he expresado en otras
ocasiones, me comprometo a proponer al Poder Legislativo que estas
iniciativas pasen a formar parte de la Ley General de Educación.
¿Entregar un Padrón Nacional Único de Maestros, eliminar todas las
comisiones educativas y resolver que no exista retención automática de
cuotas sindicales?
Me comprometo a culminar y a hacer plenamente público y transparente un
Padrón Nacional Único de Maestros, es decir, un padrón integro de maestros
(lista con nombre y apellido accesible a través de internet), con información
sobre el número de profesores en activo y en comisiones especiales.
Durante mi gestión como Secretaria de Educación se sentaron las bases para
la construcción del Sistema Nacional de Información Educativa, que está
contemplado en el Programa Sectorial, y que contiene —como uno de sus
elementos esenciales— un Padrón de Maestros como el mencionado, además
de un padrón de escuelas y alumnos.
En este marco, me comprometo a ir más allá. Crearé el Sistema Nacional de
Información Educativa, que será una base de datos pública que integre todos
los resultados de pruebas de desempeño académico y de calidad docente.
Igualmente, me comprometo a eliminar las comisiones no educativas.
Recuérdese que, durante mi gestión como secretaria de Educación Pública, por
primera vez se hizo entrega formal al H. Congreso de la Unión de la
información detallada acerca de profesores comisionados. Además, antes de
separarme de la SEP establecí compromisos tanto con las autoridades
educativas estatales (quienes tienen la atribución y competencia sobre los
maestros comisionados), como con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación para transparentar y atender este problema.
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21. Con pleno respeto a los derechos de los trabajadores y sus representaciones
gremiales y en estricto apego a sus atribuciones y espacios que la ley les
reconoce, institucionalizaré y haré transparentes todas las dimensiones de la
relación entre la SEP y el SNTE. Me asegurare que las decisiones educativas
no tengan otro fin más que el mejorar el acceso, la cobertura y la calidad.
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22. V. Inversión y crecimiento
México necesita invertir, según los expertos, unos 80 mil millones de
dólares más de lo que hoy invierte cada año para crecer al 6% anual.
¿Qué acción concreta propone como mecanismo para generar y atraer
ese volumen de inversión pública, privada y extranjera, incluyendo los
sectores actualmente reservados de manera exclusiva o mayoritaria a
mexicanos?
Resultan necesarias múltiples medidas y acciones para generar y atraer la
inversión que México necesita. No es una acción única. Dos pilares
fundamentales son la certidumbre y la estabilidad macroeconómica. Mantener
estos elementos es indispensable.
Adicionalmente, propongo, entre otras, medidas concretas para atraer más
inversión:
I. Fortaleceré el Estado de Derecho para garantizar la seguridad jurídica
en los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos, con el
propósito de que los inversionistas tengan certidumbre y confianza en
nuestro país. La seguridad jurídica también es fundamental para reducir
los costos del crédito a los particulares y a las empresas.
II. Tomaré medidas concretas para garantizar un entorno seguro, las
cuales han sido discutidas en el primer apartado.
III. Profundizaré los esfuerzos de desregulación para elevar la
competitividad de la economía. La reducción de los costos de la
regulación dinamiza la actividad económica de las empresas y eleva la
productividad. Con menos trámites se fortalece el entorno de negocios y
se atrae más inversión productiva al país. El esfuerzo de desregulación
abarcará una gama amplia de procesos económicos de alto impacto, así
como de aquéllos que apliquen a todas las etapas del ciclo de vida de
una empresa. Como mencioné anteriormente, crearé un gobierno con
menos trámites que brinde mejores servicios a los ciudadanos y a las
empresas mediante el uso de la tecnología. En este sentido, promoveré
que los gobiernos estatales y municipales homologuen sus
procedimientos en estos ámbitos para ofrecer una plataforma común de
apertura rápida de nuevas empresas.
IV. Aprovecharé las ventajas de la nueva Ley de Asociaciones Público-
Privadas para multiplicar la inversión en los sectores de turismo, minería,
centros logísticos, corredores productivos de aeronáutica, agropecuario
y energía para elevar la competitividad, entre otros.
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23. V. Para aprovechar nuestra situación geográfica firmaré el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, por las siglas en inglés del Trans Pacific
Partnership), que es la plataforma para la integración económica de la
región Asia-Pacífico. Esto permitiría, por un lado, que la planta
productiva mexicana acumule valor agregado con el de otras nueve
economías; y por otro, impactaría favorablemente en el costo de
insumos para la producción, con lo que se abriría la oportunidad de que
la producción nacional aumente y acceda al mercado de los países que
se prevé contribuirán con 50% del crecimiento del PIB mundial en los
próximos años.
VI. Mantendremos una inversión para infraestructura de al menos 5% del
PIB y desarrollaremos nuestros puertos como plataforma logística para
la región económica de América del Norte.
VII. Abriré PEMEX a la inversión complementaria mediante la colocación de
una proporción minoritaria de la empresa en los mercados bursátiles.
VIII. Utilizaré los recursos extraordinarios de PEMEX para invertir en
infraestructura productiva.
IX. Daré impulso renovado a la Reforma Laboral enfatizando sus beneficios
para la flexibilización de los esquemas de contratación que inciden
directamente en la productividad de la economía.
X. Transformaré la Banca de Desarrollo para que ésta se fortalezca como
instrumento de garantía para los inversionistas y detone su poder de
inversión. Es preciso cambiar la visión sobre la banca de desarrollo: para
ser efectivamente promotora debe adscribirse a la Secretaría de
Economía, desregularla e incentivar a que sea más audaz en el apoyo
de proyectos productivos.
XI. Un eje fundamental de mi propuesta es el fortalecimiento del mercado
interno, para lo cual, en adición a las medidas anteriores, impulsaré con
financiamiento más barato y accesible, así como apoyos enfocadas en la
creación, capacitación, crecimiento y la apertura de mercados a las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) para generar más empleos;
alinearé la educación con las necesidades del sector productivo y social
mediante asociaciones Universidad-Empresa; crearé programas
especiales de apoyo a las PyMEs en áreas de alto valor agregado como
electrónica, proveeduría de refacciones y mantenimiento automotriz,
equipos y refacciones, entre otros; impulsaré la creación de complejos
industriales en la zona sur del país para alentar a su vez la creación de
PyMEs proveedoras de grandes empresas; estableceré los
presupuestos multianuales que permitan la inversión con certidumbre en
el caso de los proyectos que requieren de un flujo de recursos
sostenidos más allá del calendario anual.
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24. XII. Promoveré que empresas medianas accedan al mercado de valores
para captar inversión y detonar su potencial de crecimiento.
XIII. Fomentaré la bancarización masiva para que los emprendedores tengan
mayor acceso al crédito y a la inversión.
XIV. Duplicaré las compras del gobierno a PyMEs, pasando de niveles de 80
mil millones de pesos en 2012 a 160 mil millones en 2018 y triplicaré los
fondos de garantía.
XV. Un aspecto esencial para el crecimiento económico en el Siglo XXI es el
acceso a la tecnología y a la conectividad. Me comprometo a bajar las
barreras de entrada en este mercado a nuevos competidores. Impulsaré
una red nacional de telecomunicaciones para hacer efectiva la
competencia en el sector y reducir dramáticamente los costos de
interconexión, lo que nos harán más competitivos como país y, además,
permitirá el uso de tecnologías en la ejecución de políticas públicas de
orientación social, esto es, en salud, educación y combate a la pobreza.
Para garantizar la imparcialidad de esta red, es decir, para evitar la
concentración de mercados o prácticas monopólicas u oligopólicas,
propongo que la red se gestionada por un operador mayorista y no por
los aquellos que prestan directamente los servicios a los ciudadanos.
XVI. Otro insumo fundamental para la actividad productiva es la energía
eléctrica. No se justifica que la generación de energía en el país esté
fundamentalmente en manos del gobierno, lo que explica sus altos
costos. Para reducir el precio alentaré que el sector privado aumente su
oferta de generación de energía eléctrica mediante tecnologías de punta
y pueda venderla directamente al público. Para ello propondré que la
Comisión Federal de Electricidad proporcione los mecanismos de
distribución de dicha energía a costo a los productores privados. Dicho
mecanismo incentivará a la propia Comisión Federal de Electricidad a
ser cada vez más eficiente y transparente, en suma, a mejorar los
precios y calidad de sus productos para los consumidores. Ésta y otras
medidas a adoptarse deben buscar abatir los costos de la energía para
los sectores productivos y domésticos sin apelar a subsidios que, a largo
plazo, sólo generan distorsiones que atentan contra un crecimiento
económico estable y sostenido.
XVII. Propondré al Congreso una simplificación fiscal y la ampliación de la
base de contribuyentes, con medidas que apunten hacia un impuesto
único a los ingresos como se ha realizado en muchos otros países con
ganancias considerables.
XVIII. Fortaleceré la política de crédito agropecuario para que los productores
puedan acceder a tractores, maquinaria, equipos y fertilizantes; en
especial lo haremos para las mujeres campesinas, que son las mejores
pagadoras.
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25. XIX. Pondré en marcha el más ambicioso programa de capacitación
(conocimientos y tecnologías) y reconversión de cultivos a fin de elevar
la capacidad productiva de la agricultura tradicional. Con el apoyo del
sector académico, masificaré el uso de semillas más resistentes a
plagas y herbicidas, menos demandantes de agua y, sobre todo, con
mayor contenido nutricional.
XX. Promoveré una segunda ―revolución verde‖ en el país, con apoyos que
reciben los pequeños productores y el fortalecimiento de PROCAMPO y
PROGAN.
XXI. Ampliaré la cobertura de los seguros contra eventos catastróficos en el
sector agropecuario.
XXII. Respaldaré la formación de cadenas productivas y crearé nuevos
esquemas de vinculación a mercados e incentivos a las empresas
agroindustriales exportadoras para que conquisten nuevos mercados
mundiales.
XXIII. Fortaleceré los programas sociales que más benefician a las familias del
medio rural (Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario, 70 y más,
Empleo Temporal, programas de apoyo a proyectos productivos,
programas para el desarrollo de infraestructura, Vivienda Rural, Zonas
Prioritarias, Zonas Áridas).
¿Considera usted que se debe impulsar la inversión privada a través de
estímulos fiscales a las empresas?
Considero que los estímulos fiscales se justifican en sectores estratégicos, en
el desarrollo de nuevas tecnologías, en la innovación, y en el apoyo a grupos
estratégicos como los jóvenes mediante el fomento al primer empleo. Es
necesario utilizarlos con ―tiros de precisión‖ ya que pueden generar distorsiones
y ―huecos fiscales‖ que a la larga pueden ser más costosos para el país.
Sin descartar que eventualmente este mecanismo pueda ser usado por el
gobierno federal y/o los gobiernos locales para atraer empresas, considero que
existen otro tipo de políticas sin efectos potenciales negativos, como la
inversión pública en infraestructura para atraer la inversión.
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26. ¿Debería el gobierno tener una participación más activa en la inversión en
infraestructura haciendo uso de la recientemente aprobada Ley de
Asociaciones Público-Privadas? Si está de acuerdo, ¿con qué recursos y
a cambio de qué otro gasto?
Para incrementar la inversión aprovecharé las ventajas de la nueva Ley de
Asociaciones Público-Privadas para que con las economías derivadas de la
reducción de gasto corriente multipliquemos la inversión en los sectores de
turismo, minería, corredores productivos de aeronáutica, agropecuario y
energía para elevar la competitividad, entre otros. Como ya lo comenté, una
acción concreta es la utilización de los recursos extraordinarios de PEMEX
para impulsar la inversión en infraestructura productiva.
Mi posición es que el Gobierno definitivamente debe de tener una participación
más activa en infraestructura haciendo uso de la Ley de Asociaciones Público-
Privadas. En este sentido, estos esquemas han mostrado resultados positivos
en otras economías con niveles de desarrollo similar al nuestro.
Todavía requerimos de inversiones significativas en infraestructura carretera,
portuaria, ferroviaria, de transporte suburbano, aeroportuaria y muchas otras
obras estratégicas. Sin embargo, los niveles actuales de recaudación fiscal en
México no ofrecen al Estado suficientes recursos para su financiamiento
completo. Es imprescindible multiplicar la inversión en sociedad con el sector
empresarial.
El potencial de las Asociaciones Público-Privadas no se limita al ámbito de la
infraestructura. Pueden utilizarse también para la inversión en energías
renovables, servicios de salud, servicios turísticos y planteles de educación
superior, entre otros. La evolución hacia presupuestos públicos plurianuales
que propongo es un mecanismo para apuntalar las Asociaciones Público-
Privadas.
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27. VI. Empleo
Para crear el millón de empleos anuales que México necesita, ¿cuál de las
propuestas de reforma laboral que están hoy en el Congreso rescataría?
Propongo impulsar la propuesta de Reforma Laboral presentada por el Partido
Acción Nacional en la LXI Legislatura, ya que ésta promueve una serie de
medidas indispensables para conseguir la flexibilidad laboral y las
adecuaciones necesarias para modernizar el marco laboral vigente que nos
permita generar los empleos que demandan los mexicanos.
La actual legislación data de 1970. Por ello, propugnaré por una reforma laboral
moderna que establezca contratos laborales flexibles, incorporando en mayor
medida a los jóvenes, mujeres y personas con discapacidad al mercado laboral
formal; generando incentivos para el aumento de la productividad; y
disminuyendo los costos de entrada y salida del mercado laboral para personas
y empresas, entre otros aspectos.
Las rigideces del mercado laboral actual son distorsiones que actúan como un
impuesto sobre el empleo y la producción en el sector formal, creando
incentivos para la informalidad.
Si no está de acuerdo con ninguna de ellas, ¿cómo impulsaría la
generación de empleo en el país?
Como ya señalé anteriormente, mi acuerdo es impulsar la iniciativa de Reforma
Laboral presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional para
generar mayor crecimiento económico e inversión, sin embargo, he propuesto
un paquete de medidas complementarias:
Una medida estratégica es la educación de calidad. La educación es la mejor
apuesta para que nuestros jóvenes puedan conseguir un buen empleo y
alcanzar una mejor calidad de vida. La ampliación de la cobertura de la
Educación Media Superior y la Educación Superior estará acompañada por el
fomento al emprendimiento juvenil y la formación de negocios (con más
incubadoras de negocios en universidades y tecnológicos), la conformación de
Consejos de Vinculación Universidad-Empresa que estimulen la pertinencia de
los estudios, la ampliación de las opciones de Bachillerato que permiten cursar
una carrera técnica para quienes lo deseen, el diseño de un nuevo Programa
de Primer Empleo con los incentivos adecuados, y el fortalecimiento de los
programas de orientación y capacitación laboral. Crearé una plataforma virtual
que permita desarrollar un inventario en tiempo real de problemas y soluciones
basadas en la innovación que detonen nuestra productividad, con
financiamiento público y esquemas de Asociación Público-Privadas.
Otra área prioritaria es el apoyo al crecimiento de sectores altamente
competitivos como el de logística, desarrollo de software, turismo de segunda
residencia, turismo médico y la producción de electrodomésticos. Estos
representan una gran oportunidad para duplicar las exportaciones a los
Estados Unidos y generar cientos de miles de nuevos empleos.
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28. En este mismo sentido detonaré el desarrollo de Polos de Competitividad, en
los que se articulen las políticas públicas y acciones del gobierno para impulsar
la innovación y la agregación de contenido nacional a nuestras cadenas
productivas.
Se requiere, además, atender grupos específicos de población. Para abrirles
oportunidades crearé un Programa de Empleo para personas con discapacidad
en la Administración Pública Federal y buscaré su vinculación con el sector
privado.
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29. VII. Impuestos, subsidios y exenciones
¿Estaría de acuerdo en fortalecer la hacienda pública mediante la
reducción de exenciones tributarias, subsidios a la electricidad y a la
gasolina, así como mediante el aumento de impuestos?
He revisado por completo el sistema tributario mexicano y estoy convencida
que nuestro sistema tributario requiere de una reforma fiscal integral urgente,
misma que no logró consolidarse en la LXI legislatura por la falta de apoyo y
bloqueos de los grupos parlamentarios del PRD y el PRI.
Propondré al Congreso de la Unión la modernización de nuestro sistema
tributario, haciendo más fácil el pago de impuestos y ampliando la base de
contribuyentes con medidas que apunten hacia un impuesto único a los
ingresos, como se ha realizado en muchos otros países con ventajas
considerables.
Con ello, estoy convencida que evolucionaremos hacia un sistema más
moderno, con regímenes unificados, simplificación administrativa y ampliación
de la base tributaria. Para ampliar la base, se reducirá la tasa de impuesto al
ingreso que tome como base el ISR actual.
También, impulsaré la propuesta de transitar hacia el financiamiento de un
seguro básico universal de seguridad social, mediante un impuesto
generalizado etiquetado para este fin.
¿Considera necesario evitar que los ingresos públicos excedentes que de
tiempo en tiempo se obtienen por, entre otros, altos precios del petróleo
se utilicen para financiar el gasto corriente?
Como lo mencioné con anterioridad, mi propuesta es utilizar los ingresos
excedentes del petróleo para financiar inversión en infraestructura, acatando lo
establecido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
y promoviendo las reformas necesarias ante el Congreso de la Unión.
¿Considera usted que debería ampliarse los fondos de reserva para
mantener los niveles de gasto ante una reducción en dichos precios?
Considero que debemos revisar el régimen Fiscal de PEMEX en su totalidad
para priorizar la reinversión de recursos en la propia empresa, fomentando su
consolidación y crecimiento. Es preciso, por ende, fortalecer nuestras finanzas
públicas con una reforma fiscal integral que nos permita dejar de depender de
la actividad petrolera para financiar nuestro gasto. Una vez realizado lo
anterior, haré una evaluación en cuanto a la conformación de los fondos de
reserva, sus montos y su utilización, ya que la ampliación de los mismos
solamente no es viable bajo el régimen fiscal actual.
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30. VIII. Impuestos y seguridad social
¿Estaría de acuerdo en recurrir al fondo fiscal central para transformar el
sistema de seguridad social actual basado en el empleo formal en uno de
protección social para todos los mexicanos, aunque implique aumentar
los impuestos?
Uno de los grandes desafíos que enfrenta México a inicios del siglo XXI es que
todavía una proporción considerable de su población carece de acceso a
servicios de seguro contra accidentes y enfermedades y una pensión
garantizada para la vejez. Mi propuesta, es transitar hacia el financiamiento de
un seguro básico universal de seguridad social, mediante un impuesto
generalizado, etiquetado para este fin. Esto incluye un Sistema de salud
integrado, generando interoperabilidad entre las instituciones del sector salud
(IMSS, ISSSTE, Seguro Popular).
De hecho, a partir del año 2000 iniciamos el tránsito hacia un sistema
intermedio en donde el sistema formal coexiste con otro con tres componentes:
el Programa Oportunidades, que garantiza a las familias en pobreza un ingreso
condicionado a la asistencia a clínicas de salud de atención primaria y
preventiva; el Seguro Popular, que ofrece cobertura básica a la población no
asegurada; y las transferencias en efectivo a los adultos mayores en situación
de pobreza que no realizaron contribuciones a los sistemas formales y que por
lo tanto no cuentan con una pensión del sistema tradicional.
Si bien este sistema intermedio ha logrado reducir los déficits de atención,
ahora coexiste un sistema contributivo con uno no contributivo. Existen por lo
tanto distintos sistemas que no permiten que un participante del Seguro
Popular pueda atenderse en una clínica del IMSS o del ISSTE (portabilidad).
Lo que propongo es la creación de un sistema único de protección, que no esté
ligado al estatus laboral y que garantice cobertura y calidad a toda la población,
bajo un esquema de financiamiento viable y sostenible en el tiempo.
Lo más importante de esta propuesta es que los mexicanos contaremos con un
Sistema de Salud integrado, generando interoperabilidad y este sistema
atenderá a todos los mexicanos.
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31. IX. Monopolios públicos
¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que
permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE, garantice su
rentabilidad como empresas y transparente su desempeño mediante la
cotización en las Bolsas de Valores de México y Nueva York?
Estoy completamente de acuerdo en el impulso a esta reforma constitucional.
He planteado que mi objetivo es hacer de PEMEX una empresa pública fuerte y
vigorosa, a la altura de las mejores del mundo, con más recursos para
inversión y exploración de hidrocarburos a través de cuatro mecanismos
principales. El primero es la revisión de su régimen fiscal, que ya he comentado
en apartados anteriores. El segundo es la apertura a la inversión
complementaria en la empresa mediante la colocación de un porcentaje
minoritario de sus acciones en la bolsa de valores. Como complemento a esta
medida, se emitirán bonos ciudadanos como mecanismo para que la
ciudadanía sea partícipe de la empresa y cuente con incentivos para verificar
su desempeño continuamente.
El tercer mecanismo es una reforma integral al marco normativo de la industria
petroquímica, que ofrece un enorme potencial de agregar valor a nuestro
petróleo. Esto nos permitirá competir en biotecnología y nanotecnología,
industrias punteras del futuro.
Como cuarto eje de transformación, impulsaré alianzas estratégicas de PEMEX
con otras empresas en un entorno de competencia. Ello nos dará acceso a
tecnología para explotar el petróleo en aguas profundas y sobre las grandes
reservas de gas natural.
Existe además otro campo relacionado en el que México cuenta con un enorme
potencial. Se trata del gas de lutitas (shale gas), que es un recurso energético
con costo incluso inferior al gas natural, y que puede inyectar un elemento
estratégico de competitividad a la industria del país. México es el décimo país
con mayor potencial para aprovechar este recurso. Para hacerlo, promoveré la
apertura a la inversión complementaria en su explotación, almacenamiento,
transporte y distribución. Asimismo, estableceré una audaz esquema de
financiamiento a la reconversión industrial. Daré una dirección estratégica a la
nueva oferta de gas de lutita hacia sectores de alto valor agregado como
petroquímica, vidrio y acero.
En materia de gas natural, impulsaré un programa nacional de gas que
contemple la exploración y explotación de yacimientos recursos y la
investigación e inversión en infraestructura. Asimismo, promoveré la inversión
para la expansión de producción de gas natural e infraestructura de
distribución, al tiempo que priorizaré el uso del gas natural para procesos
productivos en las grandes ciudades.
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32. Apuntalaré también el desarrollo de energías renovables, a través de una mejor
regulación, incentivos fiscales y el uso de los mecanismos de asociación
público-privadas.
En el caso de la energía eléctrica, además de enviar la iniciativa que permita la
inversión complementaria minoritaria en la CFE en el mismo sentido que la
propuesta para PEMEX, impulsaré la participación de productores
independientes en la generación y venta de energía eléctrica con tecnologías
renovables, para potenciar los recursos de aire y sol con los que contamos.
Fomentaré la producción de energía eólica y mediante paneles solares para
que miles de familias y micro empresas puedan producir energía y vender sus
excedentes. Con este fin, impulsaré una considerable ampliación de las redes
de distribución que se requieren.
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33. X. Sindicatos públicos
¿Estaría de acuerdo en suprimir la separación del apartado A y B del
Artículo 123 constitucional, la cláusula de exclusión sindical, la “toma de
nota”, los sindicatos únicos en el sector público y la retención de cuotas
sindicales de sus trabajadores por Hacienda?
Estoy de acuerdo en suprimir el Apartado B del artículo 123 constitucional. Su
derogación debe acabar con las condiciones de excepción en las que se han
sustentado las relaciones de los trabajadores con el Estado. Será necesario,
sin embargo, introducir algunas fracciones que regulen, entre otros aspectos, el
ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores que laboran en servicios
esenciales.
La cláusula de exclusión sindical (por separación), que obliga a un trabajador a
pertenecer a un sindicato y a los patrones a despedir a los empleados que
renuncian al sindicato o son expulsados de éste debe desaparecer, pues viola
la garantía constitucional de libre asociación. De hecho, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional esta cláusula.
Actualmente la ―toma de nota‖ implica el reconocimiento oficial que permite a
las dirigencias sindicales tener acceso a recursos y capacidad de negociación
frente a los empleadores. La desaparición de ésta debe dar paso a un registro
nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos, para facilitar la
interacción y cumplimiento de obligaciones entre los sindicatos y las
autoridades registradoras.
Igualmente, la restricción legal que impedía la formación de más de un
sindicato en el sector público ya no existe. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación declaró que aquellas leyes o estatutos que prevén la sindicación única
violan la libertad sindical. Finalmente, concuerdo con la eliminación de la
retención obligatoria de las cuotas sindicales por parte de cualquier patrón.
Todos estos elementos deben de estar incluidos en una reforma laboral. Dicha
reforma, indispensable para nuestro país, debe armonizar los derechos
laborales con las exigencias del entorno en que se desenvuelve nuestro país,
en un marco de mayor productividad y transparencia.
Asimismo, con pleno respeto a la ley, promoveré que los sindicatos sean más
transparentes, democráticos y participativos. Estoy convencida que México
necesita mayor transparencia en la vida interna de los sindicatos, incluida la
obligación de difundir la administración del patrimonio sindical y garantizar el
voto libre, directo y secreto en las asambleas sindicales, entre otros aspectos.
Para tal efecto, estoy de acuerdo en fortalecer la independencia e imparcialidad
de los órganos judiciales en materia laboral, para que, entre otras tareas,
también tenga facultad de resolver las controversias que se susciten en la vida
interior de los sindicatos, sin riesgo para que operen intromisiones políticas o
de otro carácter en el desarrollo de su democracia interna.
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34. XI. Prácticas monopólicas privadas
Las concesiones públicas sólo son justificables cuando maximizan el
beneficio de los servicios y activos públicos concesionados, sin atentar
contra la rentabilidad económica.
¿Qué nuevas reglas establecería para el ejercicio de las mismas, en
particular en los servicios de telefonía, banda ancha y televisión?
Como lo comenté anteriormente en el apartado sobre Inversión y Crecimiento,
estoy convencida de la urgente necesidad de que exista mayor competencia en
el sector de telecomunicaciones de México. Mi planteamiento para lograrlo
cuenta con dos pilares fundamentales, que incluyen el crear competencia y
fortalecer al ente regulador para que la garantice. Específicamente propongo:
1. La creación de la Red Nacional de Telecomunicaciones.
2. Fortalecimiento de la COFETEL por medio de:
a. Mayor autonomía.
b. Otorgamiento de facultades tanto para dictaminar dominancia en
los mercados de telecomunicaciones, como para determinar las
penalizaciones correspondientes.
c. Promover una reforma a la Ley de Amparo para que las
sanciones en materia de telecomunicaciones por actos que
atenten contra la competencia no puedan ser suspendidas
mediante amparos.
d. Formación de jueces especializados en materia de
telecomunicaciones para garantizar el profesionalismo en temas
de alto contenido técnico y de potencial riesgo económico.
Complementariamente a estas medidas, mi propuesta incluye garantizar
certeza jurídica a los operadores de servicios de telecomunicaciones, con el
propósito de alentar las inversiones de largo plazo y la constante conversión
tecnológica de las plataformas de servicios.
¿Estaría de acuerdo en dar autonomía y poder suficiente a los órganos
reguladores de la competencia para sancionar prácticas monopólicas y
crear un tribunal de última instancia que arbitre con prontitud y eficacia
las controversias?
Estoy totalmente de acuerdo en dar autonomía y poder suficiente a los órganos
reguladores de la competencia para sancionar prácticas monopólicas, crear un
tribunal de última instancia que arbitre con prontitud y eficacia las controversias
y, también, reducir el umbral de la procedencia de las suspensiones y el juicio
de amparo en estas materias. Como lo he planteado en el apartado anterior, el
fortalecimiento de la autonomía de la COFETEL es un pilar fundamental de mi
propuesta.
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35. En los últimos 10 años los órganos reguladores de la competencia han
mostrado eficacia y eficiencia, pero les hace falta fuerza, instrumentos y
capacidad de ejecución sustentada en el marco jurídico e institucional. Por este
motivo, mejoraré también las capacidades de la Comisión Federal de
Competencia Económica.
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36. XII. México y el mundo
¿Estaría de acuerdo en acelerar la inserción de México en la economía
global mediante una ampliación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, y la apertura a tratados semejantes con el resto del
mundo, en particular la inclusión de México en el Acuerdo de Asociación
Transpacífico, un tratado de libre comercio con China y otro con Brasil?
Estoy de acuerdo en que México debe buscar una ampliación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, participar en el Acuerdo de Asociación
Transpacífico –al que ya me he referido anteriormente- y a negociar un tratado
de libre comercio con China y Brasil.
México ha instrumentado una política de apertura comercial ambiciosa desde
su entrada al Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT, por sus siglas
en inglés) en 1987, y suman ya 44 países con los que tenemos acuerdos
comerciales. Actualmente, el valor del comercio internacional de México es de
$569.9 miles de millones de dólares, lo que representa el equivalente a 58%
del PIB. Nuestro país ocupa el lugar número 16 a nivel mundial por el monto
de sus exportaciones y es reconocido como un socio atractivo y confiable.
La ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es deseable
para elevar la competitividad de las tres economías, añadir valor a las cadenas
productivas, potenciar a otros sectores con capacidad de exportación e
incorporar nuevas tecnologías. De esta manera, la promoción de una nueva
etapa del TLCAN será factor clave para generar industrias de calidad. Es
tiempo de generar cadenas productivas de un alto valor agregado que
beneficien a la industria Mexicana, y que contribuyan al perfeccionamiento de
la mano de obra del país.
Anteriormente he hecho referencia a la importancia del Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) como la
negociación comercial más relevante a nivel internacional por la amplitud de
temas, cobertura de productos, disciplinas y número de países que la negocian.
El TPP es un proceso ambicioso que busca diseñar un régimen comercial a
nivel regional, lo cual tendrá implicaciones a mediano y largo plazo para Asia-
Pacífico, e incluso para el resto del mundo.
El TPP contempla temas tradicionales (comercio de bienes y servicios,
inversión, propiedad intelectual, barreras técnicas, compras gubernamentales,
etc.) y de nueva generación, tales como convergencia regulatoria, PYMES,
tecnologías digitales, empresas públicas, cadena de suministros, integración de
zonas rurales/marginadas y competencia. Los países que negocian en la
actualidad el TPP son: Australia, Brunei Darussalam, Chile, Estados Unidos,
Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Estas economías
representan: un mercado de más de 500 millones de habitantes -7 por ciento
de la población mundial- y 30 por ciento del PIB mundial.
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37. Una relación comercial más estrecha con China es también estratégica. El
proceso de modernización de la economía china es considerado el más rápido
y exitoso de la historia, con crecimiento superior al 9% anual durante los
últimos 30 años, lo que ha permitido que la participación de dicha economía en
el PIB mundial haya pasado del 3% al 15% en el mismo periodo. China es el
segundo abastecedor y séptimo comprador de México, pero la relación no ha
sido siempre fácil. México mantiene una serie de disputas con ese país
respecto al acceso a mercados y condiciones de competitividad.
Algunos sectores industriales se han opuesto firmemente a levantar las
restricciones sobre productos chinos a pesar de haberse cumplido el término
de ajuste el pasado diciembre, como en el caso de la industria del calzado.
Otros sectores como el de industriales del tequila, a través de su Consejo
Regulador, han ejercido presión para que China modifique su norma sanitaria y
permita la comercialización del tequila con un contenido más alto de etanol. En
este contexto, la negociación de un TLC con China parece ser la única solución
viable y aconsejable para establecer un marco regulatorio, que bajo
condiciones de equidad, nos permita poner fin a las disputas prevalecientes
entre ambos países.
En cuanto a Brasil, nuestro país cuenta ya con un Acuerdo de
Complementación Económica, y se cuenta con dos acuerdos preferenciales
(arancel cero): el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) que 53
cubre 872 productos tanto industriales como agrícolas; y el ACE-55 solo
contempla al sector automotriz. Estos acuerdos se firmaron en el marco de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Un acuerdo amplio con
Brasil permitiría incorporar a todos o casi todos los sectores de la economía,
incluyendo en un solo acuerdo preferencias arancelarias, reglas claras en
materia de medidas no arancelarias y el establecimiento de un mecanismo
efectivo de solución de controversias que permita confluir los intereses de
todos los sectores involucrados.
En términos generales, un acuerdo amplio abarcaría las siguientes áreas y
disciplinas: (i) acceso a mercados en bienes y servicios; (ii) mecanismo ágil
para resolver problemas en puertos y procedimientos aduaneros; (iii) inversión;
(iv) compras del sector público; (v) propiedad intelectual; (vi) cooperación en
políticas de competencia y medidas contra prácticas desleales de comercio; y
(vii) solución de controversias. También habría una Comisión Administradora
del acuerdo que asegure su funcionamiento.
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38. ¿Estaría de acuerdo que México participe en operaciones de
mantenimiento de la paz de las ONU (OMP)?
Estoy de acuerdo en que México participe en las Operaciones para el
Mantenimiento de la Paz (OMP) que se realicen en regiones estratégicas para
nuestros intereses, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
I. Cuenten con el consentimiento de las partes, sean aprobadas por el
Consejo de Seguridad de la ONU, se realicen en lugares donde hay
una paz que mantener y que el mandato de la misión y la
identificación de las contribuciones sean precisas, el marco jurídico
de dicha participación sea acordado en consulta con el poder
Legislativo, y sea México quien defina la modalidad de su
participación.
II. Se realicen en las áreas de reconstrucción de comunidades,
fortalecimiento de instituciones, labores de asistencia humanitaria,
funciones de mediación, reconciliación y asistencia electoral,
protección y promoción de los derechos humanos, y promoción de la
estabilidad económica.
III. Dado que el Senado de la República es el único organismo facultado
para autorizar la salida de tropas militares fuera del territorio
nacional, la decisión de participar en este tipo de operaciones debe
estar consensuada y planificada en todo momento con dicho órgano
legislativo.
México ya ha participado en tres OMP entre 1947 y 1993, en dos con
observadores militares y en una con policía civil. Estas son la Comisión de
Investigación de la ONU en los Balcanes (UNSCOB), que funcionó entre 1947
y 1951, el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en
Cachemira, en la frontera entre India y Pakistán (UNMOGIP) en 1949, y la
Misión de Observación de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). En
esta última, de febrero de 1992 a marzo de 1993, México participó con 120
elementos policiales.
México en la actualidad es el principal aportante de la Organización de las
Naciones Unidas en América Latina y el Caribe y el décimo en el mundo. Es
momento de que su peso específico en el sistema internacional llegue a un
nivel proporcional. Para la completa inserción de nuestro país en la ONU,
México tiene que responder y hacer frente a los nuevos retos mundiales. Es
tiempo de tomar decisiones pragmáticas que nos permitan reconocernos como
potencia emergente con miras a encabezar no sólo un liderazgo a nivel
hemisférico, sino a nivel internacional, y la participación en las OMP es una
oportunidad para hacerlo.
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39. Pero nuestro involucramiento con la ONU debe ir más allá. Es momento de
participar activamente en otros temas como la reforma de las agencias
especializadas del organismo; la reforma al Consejo de Seguridad,
incrementando el número y mandato de los miembros no permanentes, y
promoviendo la eliminación del veto; fomentar una mayor participación de
mexicanos en la ONU; y multiplicar los mecanismos de cooperación
internacional.
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40. XIII. Valores contemporáneos y equidad de género
¿Está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo?
Estoy a favor de la vida, pero estoy absolutamente en contra de la
criminalización de la mujer que opta por esa decisión. Por encima de mis
propias convicciones respecto a este asunto, está mi respeto por las decisiones
de las personas. En consecuencia, acataré las leyes que en pleno ejercicio de
su autonomía hayan promulgado las legislaturas locales en esta materia y seré
respetuosa de las convenciones internacionales en favor de las mujeres.
Además, para evitar que el aborto siga siendo un problema de salud pública y
un evento traumático para las mujeres, fortaleceré los servicios de planificación
familiar para prevenir los embarazos no deseados y garantizar que las
personas puedan ejercer su derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo
tenerlos.
¿Está de acuerdo con la píldora del día siguiente?
En éste como en el punto anterior tengo muy claro la diferencia entre mis
convicciones y creencias personales y mis responsabilidades como servidora
pública. Gobernaré para todos y, en consecuencia, respaldaré las medidas de
política pública con absoluto respeto al marco legal y las decisiones de las
personas.
La llamada anticoncepción de emergencia está incluida desde el año 2004 en
la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar y es
conocida en México como un método de planificación familiar por los servicios
públicos de salud. Su prescripción está acompañada, de acuerdo con esta
norma, de un proceso de orientación y consejería. Mantendré esta política.
¿Está de acuerdo con los matrimonios del mismo sexo?
Creo en la familia y sigo pensando que es muy importante fortalecerla como
unidad básica de la sociedad. Mi causa en la política es y ha sido siempre el
respeto absoluto a las libertades. Acataré las leyes correspondientes y los
derechos y prestaciones que éstas establezcan para los ciudadanos.
Creo firmemente en la no discriminación y en el derecho y dignidad de las
personas para desarrollarse plenamente en un ambiente de libertad, respeto y
tolerancia. El respeto y salvaguarda de los derechos y ejercicio de las
libertades son fundamentales en un país tan diverso como el nuestro.
¿Está de acuerdo con dar apoyo fiscal a las diversas iglesias?
Mi convicción es que el Estado no debe transferir recursos públicos para esos
propósitos. El Estado mexicano es un Estado laico. El financiamiento de las
diversas iglesias debe ser sólo responsabilidad de las propias instituciones y de
quienes voluntariamente aportan a su sostenimiento.
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41. ¿Está de acuerdo con la despenalización de las drogas?
El problema del tráfico ilegal de drogas y la violencia y criminalidad asociados
no es un asunto que tenga una solución nacional. De nada sirve despenalizar
las drogas en un país cuando en la gran mayoría de las naciones en el mundo
o en la región se prohíbe su producción, tráfico y consumo.
Despenalizar las drogas sólo tendrá efecto cuando se asuma como un asunto
multilateral y se despenalice en los principales centros de consumo. Es
necesario que la sociedad médica en México y en el mundo defina de una vez
y por todas qué sustancias implican una afectación a la salud menor o igual
que aquéllas que hoy son legales para transitar a un esquema legal congruente
con estos lineamientos y, por ende, se resuelva la prohibición o permisibilidad
de estas sustancias bajo principios y criterios consistentes.
Creo firmemente que el mundo y sus instituciones globales deben enfrentar en
el corto plazo ese debate, no sólo desde la perspectiva criminal y económica o
de mercado del fenómeno, sino desde un enfoque integral: desde la salud
pública hasta aspectos sociológicos como la incidencia de ciertas prácticas de
consumo en las relaciones humanas.
¿Está de acuerdo con políticas pro-activas, vigorosas de acción
afirmativa que aceleren, faciliten y mejoren las condiciones de la
incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo?
Sí estoy de acuerdo con políticas proactivas, vigorosas de acción afirmativa
que aceleren, faciliten y mejoren las condiciones de la incorporación de las
mujeres a la fuerza de trabajo.
Impulsar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es uno de mis
principales compromisos de gobierno, para lo cual estoy proponiendo diversas
medidas de acción afirmativa, con miras a corregir desequilibrios culturales e
inequidades acumulados durante años. Estas medidas deberán permanecer en
la agenda de las políticas públicas durante el tiempo que sea necesario para
eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres.
Entre las medidas de acción afirmativa que introduciré destacan las siguientes:
el impulso a programas de becas dirigidas a las mujeres para que todas tengan
acceso a la educación en todos los niveles y permanezcan en la escuela; la
creación de programas de créditos dirigidos expresamente a las mujeres para
la adquisición y mejora de la vivienda, con el fin de fortalecer su patrimonio; y la
promoción de reformas al marco legal para garantizar que las mujeres
participen en los órganos de toma de decisiones y en los niveles directivos,
incluida la adopción de cuotas de género.
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42. En el ámbito laboral, estableceré programas de capacitación para las mujeres
vinculados a la contratación laboral; estimularé, a través del Programa
Oportunidades, las iniciativas emprendedoras de las mujeres; crearé más
estancias infantiles y escuelas de tiempo completo para que el cuidado y
formación de los hijos sea una responsabilidad compartida y las mujeres
puedan estudiar, trabajar y participar en la sociedad en igualdad de condiciones
que los varones; y en general, profundizaré la integración de la perspectiva de
género en las políticas, programas y proyectos del gobierno federal para
favorecer el avance de las mujeres.
Me he comprometido también a impulsar una Reforma Laboral que socialice los
costos de maternidad, de manera que la contratación de una mujer no se vea
como un costo adicional para el contratante.
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43. XIV. Poder a los votantes
¿Estaría de acuerdo en ampliar el poder de decisión de los ciudadanos
con reformas políticas como: la reelección consecutiva de alcaldes y
legisladores, las figuras de referéndum y plebiscito, las candidaturas
independientes, la iniciativa popular, y la segunda vuelta en la elección
presidencial?
Estoy totalmente de acuerdo con todas las reformas que fortalezcan el poder
de decisión de los ciudadanos. Por eso:
I. Propugnaré por la aprobación de una reforma política en la que haya
reelección de presidentes municipales y legisladores para que los
ciudadanos puedan premiar o castigar con su voto a quienes los
representan o gobiernan.
II. Promoveré asimismo la inclusión de candidaturas independientes a nivel
local.
III. Impulsaré la propuesta de la creación de partidos municipales, lo que
daría fortaleza a las candidaturas independientes a los ayuntamientos.
IV. Propondré la creación de mecanismos e instrumentos de participación
en la vida pública que permiten a la ciudadanía participar e influir en las
decisiones de gobierno, como es el caso del referéndum, el plebiscito,
la iniciativa ciudadana y la consulta popular.
Finalmente, me manifiesto a favor de promover una reforma política integral,
que contemple en un nuevo rediseño institucional mecanismos como la
segunda vuelta en la elección presidencial y la elección desfasada del
Congreso de la Unión, con el fin de generar las mayorías que estamos
necesitando para hacer avanzar más rápido a México.
Para favorecer el consenso, ¿qué parte del programa de sus adversarios
apoyaría usted en caso de perder?
Desde 1997 el país ha sido incapaz de articular una estructura funcional de
gobierno. Para todo mundo es evidente que el conflicto y el disenso dominan
los procesos legislativos y que las discusiones sobre asuntos fundamentales se
desvían por la ausencia de consensos básicos sobre las prioridades nacionales
en cada una de las fracciones partidistas. Hoy en día, en un país donde no hay
una fuerza partidista mayoritaria, ningún partido puede gobernar sin el
concurso efectivo de las otras fuerzas políticas.
Por esa razón, propongo un gobierno de coalición que integre a las diversas
fuerzas políticas para acelerar la toma de decisiones y construir un nuevo
diseño institucional que permita una vida política de civilidad y competencia
legítima y abierta, para hacer más eficaz la tarea de gobierno y para hacer de
la pluralidad el sello de legitimidad de las políticas públicas.
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44. Como un primer paso en esa dirección, propongo un acuerdo de todos los
partidos políticos y de sus candidatos, previo a la elección, donde nos
comprometamos a respaldar la agenda y reformas que acordemos. Será
necesaria la participación ciudadana para supervisar que los firmantes cumplan
sus compromisos y honren su palabra.
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