1. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE
NUESTRA DIVERSIDAD”
ALUMNA:
VILCHEZ MARTINO, JACQUELINE ROSALIA
DOCENTE:
ABOG. : HUANES TOVAR, JUAN DE DIOS
CICLO : XI
INFORME : SITUACION JURIDICA DE PATRIARCADO
ORTODOXO DE CONSTANTINOPLA Y SOBRE LAS MISIONES MILITARES,
COMO PRESUNTOS SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
CHIMBOTE – PERÚ
2012

2. SITUACIÓN JURÌDICA DE PATRICARCADO ORTODOXO DE
CONSTANTINOPLA Y SOBRE LAS MISIONES MILITARES, COMO
PRESUNTOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
En el año 451 Constantinopla fue elevada jurídicamente a patriarcado y se le
reconoció la jurisdicción sobre la península de los Balcanes, Tracia y Asia
Menor. La diferencia de las estructuras eclesiásticas, la diversa mentalidad de
los pueblos orientales y occidentales y su diversa cultura condujeron a la
separación de Roma, la cual, preparada en el siglo ix por la controversia con
Focio, se hizo definitiva el año 1054. La conquista de Constantinopla (1204) por
los cruzados agudizó las tensiones. El intento de unión en conexión con la
amenaza turca fracasó ante la resistencia del pueblo. Después de la conquista
de Constantinopla por los turcos el año 1453, la jurisdicción del patriarca hasta
comienzos del siglo xrx se redujo de 624 a 138 diócesis. Surgieron nuevas
dificultades por las aspiraciones de los pueblos balcánicos a la independencia
(contra la dominación turca, contra la Iglesia de lengua griega), así como por la
organización teóricamente laicista de Turquía después de la caída del imperio
otomano y por el ensayo de fundar una Iglesia ortodoxa turca, fiel al gobierno.
Desde 1948, año en que Atenágoras, metropolita de Nueva York, fue elegido
patriarca, mejoraron las relaciones con el gobierno (que, sin embargo, han
estado expuestas últimamente a fuertes presiones), lo mismo que han
mejorado las relaciones con la Iglesia católica en la era del Vaticano ir.
El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla asumió el papel de guía espiritual,
la promoción y la influencia global de civilización. Durante siglos, los pueblos y
las naciones tenían la influencia positiva del Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla, y gracias a la feliz evangelizadora y misionera radiada de este
centro ", resucitado en Cristo." Así, formó varias Arquidiócesis Ortodoxa que,
bajo la guía espiritual y protección Constantinopla sede fulgida, defendió la fe
cristiana de las diversas herejías que amenazaban.
El Patriarcado Ecuménico es uno de los cinco antiguos patriarcados de la
Iglesia Una Santa católica y Apostólica Iglesia. En el primer milenio de la
Iglesia, como es sabido, se compone de los patriarcados de Roma,
Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Dentro de este último el
Patriarcado de Constantinopla tuvo lugar por primera vez como el juez

3. plenipotenciario en el caso de los litigios de todo tipo entre los demás
patriarcas. La importancia del Patriarca de Constantinopla ya está atestiguada
en el siglo VII, cuando recibió el título de "ecuménico". Esta expresión indica
que su mensaje primero a primera entre iguales - o asumidos por el poder, ya
sea por el esplendor espiritual de todos los patriarcas de Oriente.
Compete al Patriarcado de Constantinopla:
•Convocar sínodos, Pan-ortodoxos, o Local;
•Instar a los Metropolitanos y vigilar su desempeño;
•Juez y decidir los casos méritos, recursos, etc., parte de los Metropolitanos.;
•El derecho de "Stavropighion", es decir, el derecho de poner bajo su control
directo de los monasterios y las iglesias de los obispos bajo su jurisdicción.
Después de la caída del Imperio Otomano, el Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla fue reconocido como "pan-ortodoxo institución". Durante la
Conferencia Pan-Ortodoxa de 1961, Pauline en la isla de Rodas, el Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla, por unanimidad, fue reconocido como
representante espiritual de la Ortodoxia. Bajo la dirección de la ecuménico que
el Patriarca Atenágoras, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla se
distinguió particularmente, llegando a un plan de notable prestigio.
Recientemente, con la orientación de la Ecuménico Patriarca Bartolomé I,
alcanzó un alto nivel de honor y la respetabilidad.
En la actualidad, tras el nombramiento de su predecesor, el Patriarca Dimitrios
I, de santa memoria, el patriarca Bartolomé I continúa la serena "camino del
amor, la paz y la unidad", visitando los más antiguos patriarcados de la Iglesia
Ortodoxa Oriental y de reuniones con la gente y las autoridades religioso y
político. Todo el mundo dirige su mensaje de amor de la paz y la unidad.
A través de estos discursos iluminados por la fe y la esperanza, el Patriarca
Ecuménico se hace cercano a las personas que sufren, lo que demuestra la
integridad, la dignidad y la sabiduría en su misión y de la actividad feliz en su
favor. Por lo tanto, sus discursos dan testimonio de su cooperación para la
consolidación de la paz en el mundo, el cese de la guerra, el respeto por el
hombre y su libertad, para el hombre, creado por Dios, es su imagen y
semejanza y tiene el derecho a una vida digna y la prosperidad real.

4. Estambul, sede del Patriarcado de Constantinopla
MISIONES MILITARES, COMO PRESUNTOS SUJETOS DEL DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO:
Son sujetos del derecho internacional público, aquellos entes con capacidad
jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos
reclamar por medio del IUS STANDI ante los tribunales internacionales.
Las Misiones militares en lo que concierne al ámbito internacional, el camino
está a nuestro juicio más avanzado. Al margen de las obligaciones surgidas de
nuestra integración en los organismos internacionales, las Fuerzas tienen
regladas sus actuaciones en el exterior a través de un Estatuto básico ejemplo:
como es el caso del SOFA en la OTAN o los promovidos en cada caso como
“Reglas de enfrentamiento (ROE)”, mientras que las distintas operaciones de
mantenimiento o de apoyo a la paz, ya tengan el carácter de humanitarias, de
imposición de la paz, de injerencia humanitaria o de asistencia en el
mantenimiento del orden, tienen su base jurídica en la resolución o mandato
del Consejo de Seguridad y se formalizan con posterioridad en las directrices
de la misión surgidas de la División Militar del Departamento de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz de la Secretaría de Naciones Unidas, al margen de

5. la posibilidad de la existencia de normativas específicas en alguna actividad,
redactadas por los participantes activos o pasivos en forma de Memorando de
Entendimiento (MOU), de Acuerdo Técnico o Planes de Implementación (JIP).
De otro lado, el Coronel Pignatelli ha abordado la proyección que sobre nuestro
derecho ha de tener la actual normativa en materia de intervención armada,
partiendo de la definición del derecho-deber de injerencia, del marco actual del
derecho de intervención humanitaria y de los planteamientos derivados de los
derechos humanos como justificación de la intervención armada de tal carácter,
para aproximarse a si, de “lege ferenda”, habrá que plantearse una superación
del modelo utilizado como base jurídica de la actuación en Kosovo, a través de
una reforma de la Carta de las Naciones Unidas o, en otro caso, si debería
sugerirse una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
determinadas operaciones dentro de los conceptos generales de la injerencia.
Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e
independencia de un país cualquiera que sea, defender su integridad territorial
y el ordenamiento constitucional. Ahora bien, la garantía de la soberanía e
independencia y la defensa de la integridad territorial del Estado pueden exigir
el despliegue de actividades con proyección exterior por parte de las Fuerzas
Armadas, en el marco de una cooperación con otros Estados o en el seno de
organizaciones internacionales, universales (Naciones Unidas) o regionales
(OTAN, UEO, Unión Europea). Cabe recalcar que existe principios y reglas de
derecho internacional general que deben respetarse en la acción exterior de las
fuerzas armadas.
Sin ánimo de hacer aquí un análisis en profundidad de ciertos principios
estructurales del Derecho internacional que presiden la actuación de los
Estados, procede referirse a los principios de prohibición del recurso a la fuerza
y de no intervención en los asuntos internos de los Estados. En definitiva, estos
dos principios se reconducen a otro de carácter básico, cual es el de respeto a
la soberanía del Estado, de cualquier Estado. El principio de prohibición del
recurso a la fuerza establece, como se sabe, a cargo de los Estados la
obligación de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los

6. propósitos de las Naciones Unidas (artículo 2.4 de la Carta de las Naciones
Unidas). Se trata de un principio que, sin perjuicio de su acuñación
convencional en la Carta, tiene validez general en tanto principio de Derecho
internacional consuetudinario e incluso en tanto principio fundamental o
esencial del Derecho internacional, según ha podido decir el Tribunal
Internacional de Justicia en su sentencia de 27 de junio de 1986 sobre el
asunto de las actividades mili- tares y paramilitares en y contra Nicaragua (4).
La prohibición, que comprende no sólo el uso sino también la amenaza de uso
de la fuerza armada, incluye el deber de todo Estado de abstenerse de recurrir
a ciertos usos indirectos de la fuerza, tales como organizar o fomentar la
organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los
mercenarios, para hacer incursiones en el territorio de otro Estado, así como
organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de
terrorismo en otro Estado o de consentir actividades organizadas dentro de su
territorio encaminadas a la comisión de dichos actos, cuando los mismos
impliquen el recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza (5). En la referida
sentencia (Nicaragua contra Estados Unidos) del Tribunal Internacional de
Justicia, éste ha hecho algunas precisiones en el sentido de que, si bien el
hecho de armar y entrenar a grupos de resistencia que operan en el territorio
de otro Estado constituye un uso de la fuerza prohibido, no ocurre
necesariamente lo mismo con otras formas de asistencia, como el simple envío
de fondos a rebeldes, que, aunque constituye sin duda una intervención en los
asuntos internos (de Nicaragua, en este caso), no supone en sí mismo el
empleo de la fuerza (6). Por otra parte, y puesto que el principio, tal como
aparece formulado en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas,
prohibe a los Estados recurrir a la fuerza “en sus relaciones internacionales”, no
rehusa a los Estados el derecho a aplicar la fuerza para mantener el orden
público dentro de su territorio o para hacer frente a movimientos
insurreccionales. Con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, y quitando la
anacrónica disposición de su artículo 107, sólo se reconocen como
excepciones del principio de prohibición del recurso a la fuerza la legítima
defensa (artículo 51) y la acción coercitiva en el marco del sistema de
seguridad colectiva diseñado en el capítulo VII (artículos 39 y siguientes). La

7. legítima defensa, individual o colectiva, se configura en la Carta como un
derecho inherente que, no obstante, está sujeto según el Derecho internacional
consuetudinario a condiciones estrictas, entre ellas, que constituya una
respuesta a un ataque armado —lo que excluye en principio la autodefensa
preventiva— y que esa respuesta sea necesaria y proporcional al ata que (7).
Por otro lado, y teniendo en cuenta la lógica conexión de este derecho con la
institucionalización del ius ad bellum, que supone una transferencia del derecho
de vindicación por medios coercitivos de ciertas ofensas de manos de los
Estados a manos de una instancia pública internacional, la legítima defensa
tiene un carácter provisional y subsidiario respecto de la acción del Consejo de
Seguridad; lo que no ha impedido que en la práctica se haya dado a veces (así,
en la crisis del Golfo) un ejercicio simultáneo del derecho de legítima defensa
en tanto que reacción de los Estados y de medidas colectivas autorizadas por
el Consejo de Seguridad. La acción coercitiva de las Naciones Unidas (artículo
42) implica la posibilidad de llevar a cabo in extremis acciones militares cuando
la paz se vea seriamente amenazada o resulte quebrantada; acciones que,
según se ha señalado (8), constituyen una excepción al principio de prohibición
del uso de la fuerza bien establecida en la Carta y un mecanismo de seguridad
colectiva diseñado para sancionar a cualquier Estado, miembro o no miembro
de la Organización, que viole dicho principio. Por otra parte, el capítulo VIII de
la Carta y, dentro de él, el artículo 53, prevé la posibilidad de que el Consejo de
Seguridad utilice “acuerdos regionales” para aplicar medidas coercitivas bajo su
autoridad, recalcando que no se aplicarán medidas de esa naturaleza en virtud
de dichos acuerdos sin autorización del Consejo de Seguridad; con lo que,
como acertadamente se ha advertido, queda claro que la Carta no contempla la
acción coercitiva de los organismos regionales como una excepción
independiente de la acción que pueda ejercer el Consejo de Seguridad al
principio de la prohibición del uso de la fuerza (9). Aparte de esas dos
excepciones al principio reconocidas en la Carta, el desarrollo de las
disposiciones de ésta en la práctica condujo a la aceptación de una tercera
excepción, la relativa al uso de la fuerza por los pueblos coloniales que, frente
a la coerción ejercida por las potencias administradoras, pugnaban por hacer
valer su derecho a la libre determinación. Ahora bien, hoy se puede verificar
que el carácter general del principio de prohibición del recurso a la fuerza

8. contrasta con la realidad de la frecuente utilización de la fuerza por parte de los
Estados (en la actualidad están vivos en el mundo cerca de una treintena de
conflictos bélicos, casi todos ellos, no obstante, de carácter interno). Los
gobiernos, sobre todo los de los Estados poderosos, han intentado justificar los
usos de la fuerza con variados argumentos. Así, se ha recurrido a veces a una
concepción extensiva de la excepción de la legítima defensa, justificando ésta
incluso en ausencia de la condición de que el derecho de autodefensa
constituya una respuesta a un ataque armado ya ha acaecido. Otras veces se
ha pretendido considerar admisible el uso de la fuerza siempre que no vaya
contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado
(pretendiéndose justificar en este sentido ciertos “usos menores” de la fuerza)
o que no sea incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas (lo que
supondría la justificación de intervenciones para proteger a los propios
nacionales en el extranjero cuando su seguridad esté en riesgo). Ello supone, a
nuestro juicio, una interpretación no aceptable del artículo 2.4 de la Carta,
teniendo en cuenta que el propósito del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales tiene un carácter central y dominante, debiendo subordinarse a
él todos los demás propósitos de las Naciones Unidas. Un supuesto
controvertido es el de las “intervenciones humanitarias” que no se inscriban en
el contexto de la seguridad colectiva regulada en la Carta, esto es, que,
cualquiera que pueda ser su justificación ético-política, se presenten como
acciones unilaterales de ciertos Estados o grupos de Estados. Desde la
perspectiva de la legalidad internacional, las intervenciones de ese tipo deben
tacharse de ilícitas, al menos mientras no se demuestre la aparición de una
nueva norma de Derecho internacional consuetudinario que, bajo condiciones
singulares (parálisis del Consejo de Seguridad, contumacia del Estado
culpable, existencia de una situación de violaciones graves, masivas y
reiteradas de derechos humanos fundamentales, no oposición de la mayoría de
los Estados miembros de las Naciones Unidas al uso de la fuerza), haya dado
vida a una nueva excepción al principio general de prohibición del uso de la
fuerza. Otro principio que debe ser respetado en las actuaciones de las
Fuerzas Armadas en el exterior es el de no intervención en los asuntos internos

9. de los Estados. Al igual que el principio de prohibición del recurso a la fuerza,
pertenece al Derecho internacional consuetudinario y es un corolario del
principio más general de igualdad soberana de los Estados.
De acuerdo con la Declaración de principios contenida en la resolución 2625
(XXV) de la A.G.N.U., “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a
intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos
internos o externos de cualquier otro”, por lo cual “no solamente la intervención
armada, sino también cualesquiera otras formas de ingerencia o de amenaza
atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos,
económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho
internacional”.