Este documento analiza cómo el Estado chileno ha marginado espacialmente a los trabajadores a través de políticas de vivienda que segregan y periferizan a los pobres en Santiago. Aunque Chile se promueve como un ejemplo de progreso, la modernización ha negado a los habitantes el derecho a vivir en la ciudad. El documento explora el violento proceso histórico de desplazamiento de los pobres y la fragmentación socioespacial inducida por el planeamiento neoliberal.

1. Modernización y violencia de Estado: La marginación espacial de los productores del
progreso en Santiago de Chile.
Estefanía Maldonado Valenzuela
(Universidad de Santiago de Chile, stefa.amv@gmail.com)
Resumen:
A casi un siglo de que el Estado iniciara políticas públicas, que ampliaron el acceso a la
vivienda social en Chile, esta demanda y problemática urbana, pareciesen haber quedado en
el pasado. Sin embargo, este estudio nos dará cuenta del violento proceso, en el que las
clases hegemónicas -a través del Estado y las mencionadas políticas de vivienda-
desplazaron e intentaron invisibilizar la pobreza del asentamiento en la ciudad, a través de
políticas “desarrollistas”, inspiradas en ideas europeas de segregación higienistas. La
continua periferización y fragmentación socio-espacial, de las clases populares -potenciada
por la planificación urbana neoliberal- han terminado por negar hoy, a los habitantes de
Santiago, el derecho básico e histórico de habitar en una ciudad. Mientras, la capital de
Chile se consolida como emblema de desarrollo y modernización.
Hoy podemos entonces hablar de una “Nueva Cuestión Urbana”, de la “Nueva pobreza de
los con techo” y de la violencia con que el Estado ha negado el “derecho a la ciudad” a los
mismos habitantes que han producido “la vía chilena hacia el progreso”.
Palabras Claves: Estado, Vivienda Social, Periferización y Segregación.
Abstract:
Almost a century that the state began public policies that expand access to social housing in
Chile, this demand and urban problems , pareciesen have been in the past. Nevertheless, a
close study will reveal the violent process by which the hegemonic clases -with the help of
the State and the policies referred to housing- displaced and attempted to render invisible

2. the poor quality of urban housing, through “progressive” policies, inspired by european
ideas of segregation hygienists. The incremental peripheralization and sociospatial
fragmentation of the popular classes -intensified by neoliberal urban planning- have
resulted in the denial, today, of the basic and historic right to live in and enjoy the benefits
of life in the city. Meanwhile, the capitol of Chile consolidates its image as an emblem of
development and modernization.
We can speak today then, of a “New Urban Question”, of the “New poverty of the housed”,
and of the violence with which the State has denied the “right to the city” to the same
habitants who produced the “Chilean path to progress”.
Key words: State, Social Housing, Peripheralization and Segregation.
A la hora de referirse a ejemplos republicanos de progreso y gobernabilidad en
Latinoamérica, la institucionalidad chilena se proyecta, a la perspectiva internacional, como
emblema de orden social en el marco de una construcción ciudadana efectiva. En ese
sentido, las dinámicas de interacción entre la población y la institucionalidad, se muestran
como ejemplo de éxito, en términos de construcción social cívica (Güell, 2008). Sin
embargo, más allá de este discurso superficial, es de real importancia cuestionarse, si
efectivamente ese desarrollo cívico se condice en la materialidad. Para efectos de este
estudio, es pertinente entregar una perspectiva crítica a las formas de asentamiento en que
habita dicha “desarrollada” ciudadanía.
Y es que, tras la irrupción, del modelo económico neoliberal, impuesto en el 73’, en plena
dictadura militar, y con su posterior prolongación a través de la concertación de partidos
políticos que pactó la “transición hacia la democracia”, en la década del 90’ (Mella, 2011),
el modelo económico y social en Chile, comenzó a vislumbrar drásticos cambios, sobre
todo en los patrones culturales de la población que, sin duda, influyeron en la conformación
de aquel discurso de progreso. En ese sentido, es posible vislumbrar que el Chile anterior a
la dictadura, no es igual al Chile posterior, hasta la actualidad. El acceso al crédito y
consumo, por gran parte de la población, ha significado la imagen de progreso efectivo, con
los que las autoridades se refieren al nivel de desarrollo en la población (Ortega, 1996).
Con ello, la imposición de un Estado subsidiario, se ha encargado de crear políticas
públicas en función del modelo de mercado y, ha “solucionado” actualmente, las históricas

3. demandas sociales de la población, poniendo énfasis en la cobertura de las demandas, y
dejando al margen el concepto de “calidad” de éstas. “Salud, trabajo, educación y
vivienda” ha sido la consigna de lucha, que ha engendrado históricamente la población
chilena, en función de sus necesidades, y en el marco de álgidos movimientos sociales,
desarrollados sobre todo, a lo largo del siglo XX, y que han puesto en reiteradas ocasiones,
en tela de juicio aquella estabilidad cívica de la que supuestamente ha gozado Chile a lo
largo de su historia. Con este panorama es pertinente entonces preguntarnos ¿Cómo es que
el Estado chileno ha conseguido aquel orden social adecuado, para garantizar la estabilidad
política-económica, en un marco de progreso y modernización, que se ha hecho evidente,
sobre todo en su principal núcleo urbano? La respuesta a esta interrogante viene a ser
entonces el motivo de esta investigación, la cual tiene como objeto entregar una explicación
que hace relación directa con el ordenamiento territorial, en función del orden cívico-social:
una reseña histórica sobre la evolución de la “cuestión urbana”, que ha marginado y
violentado a los “productores del progreso”, en la ciudad de Santiago de Chile.
La génesis de esta cuestión, podemos ubicarla a través de la conjugación del periodo
histórico, en el que Chile transita hacia la modernidad: “la vía chilena hacia el progreso”,
que comienza a plasmarse en 1850, a través de diversas contradicciones internas que
desencadenan los primeros procesos demográficos de migración, en el núcleo central del
país (Ortega, 2006) y con el posterior fin del “ciclo salitrero”, momento histórico que
desencadenó en Santiago el fenómeno más radical de eclosión urbana en el siglo XX
(Hurtado Ruiz-Tagle, 1966). Respecto al tránsito de Chile, hacia la modernidad, Luis
Ortega plantea que este proceso, en el que Chile se inserta definitivamente en las lógicas
del mercado capitalista a nivel mundial, fue lento y contradictorio, producto de la “tensión
entre tradición y modernidad”, que se tradujo no solo dentro de los conflictos entre los
sectores de la elite local, que se disputaban el poder del Estado, sino que también en el seno
de la población. Sin embargo, entre 1830 y 1860, Chile logró una gran expansión
económica, a través del auge de sus actividades mineras y el crecimiento de sus actividades
agrícolas, que se vieron potenciadas por la fiebre del oro en California y Australia (Ortega,
1996). De esta forma, hacia 1850, Chile se insertó “plena y definitivamente en la gran
corriente de la economía internacional, en un momento de expansión productiva y
comercial, y de transformaciones sociales sin precedentes, como resultado de las cuales

4. emergió un nuevo y paradigmático modelo de desarrollo económico, en el cual la
producción industrial, el desarrollo del transporte, las comunicaciones, y la formación de
amplios mercados nacionales, terminaron por sustituir definitivamente a la “economía de
antiguo régimen” : es el momento del apogeo de la modernización capitalista” (Ortega,
2006). La economía chilena se posicionó en las redes del capitalismo mundial, a través de
la venta de productos primarios a los mercados en expansión de los países de mayor
desarrollo. De esta forma, es posible entender que la apertura que logró Chile, a mitad de
siglo, se hizo en función de desarrollar enclaves económicos específicos, capaces de
sustentar la demanda externa de los mercados internacionales. Al respecto, Carmen Cariola
y Osvaldo Sunkel, plantean que dos son los grandes ciclos de expansión económica, que le
permitieron a Chile iniciar su proceso definitivo de modernización: el primero de 1830 a
1870, en el cual la economía del país, asentó territorialmente, sus enclaves económicos en
el Norte Chico –donde se encontraban los yacimientos mineros de explotación- y en la zona
centro-sur, donde se explotaba la tierra para exportar los recursos agrícolas. El segundo
enclave, desde 1880 a 1930, en el cual Chile avocó sus esfuerzos a la explotación y
exportación del recurso salitrero desde el Norte Grande del país (Cariola y Sunkel, 1991).
Como consecuencia del proceso de modernización, anteriormente descrito, no solo
cambiaba la dinámica del modelo económico y político de Chile, sino que también y -esta
vez de forma forzada-las dinámicas de vida y asentamiento de la población. Y es que el
sustento de la gestión exportadora, dependía, sobre todo, de la mano de obra, dispuesta a
trabajar en la explotación de los nuevos enclaves económicos. En ese sentido, al no tener la
población otros medios de subsistencia, gran parte de la ella vivió drásticos cambios,
relacionados con su transformación en mano de obra asalariada, que debía migrar, de una
zona a otra, según la rentabilidad y estabilidad del enclave económico que le entregara
oferta laboral (Hurtado Ruiz-Tagle, 1966).
Así, a principios del siglo XX, la economía salitrera de enclave, vinculó a la gran masa de
población, a las faenas mineras, mientras que a la par, la explotación del recurso le otorgaba
al Estado de Chile, las ganancias del PIB más altas registradas en Chile durante el periodo
(Ortega y Araya, 1997). Con estos ingresos, se logró desarrollar gran parte de la expansión
urbana del centro del país, sobre todo de Santiago. Al respecto, datos estadísticos
proporcionados por Thomas-Bulmer, nos afirman que el crecimiento de las exportaciones

5. chilenas entre 1850 y 1812, era de un 4,3%, y que durante los 50 años que duró el ciclo
salitrero, Chile fue el único país en Latinoamérica, en conjunto con Argentina, en alcanzar
una tasa media de crecimiento económico (PIB), por sobre el 1,5%, para todo el periodo de
1850-1912 (Bulmer-Thomas, 1998). En este primer periodo, importantes flujos migratorios
llegaron hacia Santiago, atraídos por la oferta laboral producida por la construcción en
infraestructura urbana en Santiago y Valparaíso; alrededor de un 2,51%, fue la tasa de
crecimiento demográfico anual en Santiago, durante 1907-1920. Sin embargo, el auge
económico de este ciclo de enclave económico, vio su fin a partir de la década del 10’, en el
que la baja del precio internacional del nitrato, se vio aún más acentuada con los efectos de
la I Guerra Mundial, que afectaron gravemente a la economía dependiente de Chile
(Deshazo, 2007). El “remezón” se hizo sentir rápidamente en las regiones del norte del país
donde se desarrollaba la industria salitrera. Miles de obreros se vieron en la obligación de
abandonar sus puestos laborales, y luego a ser desplazados por las autoridades hacia las
ciudades del centro del país –Santiago y Valparaíso principalmente– (Grez, 2007). Según
cifras de Peter Deshazo, la expansión demográfica que tuvo Santiago durante el periodo de
1885 y 1930, fue de un 205% (Deshazo, 2007). La principal consecuencia de este
crecimiento de la población fue provocar la expansión periférica de los límites del valle
central donde se había desarrollado la ciudad. Poco a poco, los asentamientos de la clase
obrera se fueron estableciendo hacia el Oeste y el Sur de la capital, más allá del límite de
Quinta Normal y el Zanjón de la Aguada, mientras que hacia el Norte y el Oeste, la
población migratoria tendió a asentarse hacia varios kilómetros desde el Barrio Mapocho,
en la denominada “Chimba” de Santiago (Grez, 2007).
Luis Alberto Romero, plantea que en la capital de Chile, para este entonces, las ganancias
del primer ciclo de expansión económica, habían consolidado el centro urbano de la ciudad,
al estilo metropolitano de Paris. Entre 1872 y 1875, el designado intendente de Santiago
Benjamín Vicuña Mackenna -representando el ideal de ciudad de la elite- y el Estado de
Chile, habían realizado un verdadero “hermoseamiento y limpieza” de la ciudad (Romero,
2007). Así, para 1930, Santiago representaba a “la gran capital”, el lugar donde casi toda
persona de clase alta estaba obligada a tener una residencia, y donde la mayoría de los
chilenos aspiraba a vivir. De esta forma, con las ganancias del segundo ciclo de expansión
económica, Santiago ya se había consolidado como centro de gobierno, de la industria, de

6. las finanzas, de la educación, de la cultura y de casi todo lo demás. La ciudad dominó cada
vez más los asuntos nacionales durante el periodo 1902-1927 (Grez, 2007). Sin embargo,
mientras el territorio central, se presentaba como emblema de la prosperidad económica,
política, social y cultural, en términos de desarrollo y progreso, este patrón obedecía a solo
un sector territorial, ocupado principalmente por la clase dirigente y acomodada, en las
zonas centrales de la ciudad. Al margen, los miles de obreros y campesinos, que tuvieron
que migrar hacia estas zonas, poco y nada vivieron de esta prosperidad, y al contrario, a
partir de esta rápida expansión urbana -forzada sobre todo por el Estado- la eclosión de la
ciudad se dejó mostrar, a través de los paupérrimos niveles de vida y asentamiento de la
clase trabajadora, en las nuevas periferias de la ciudad (Luis Alberto Romero, 2007).
Al respecto, Vicente Espinoza, nos da cuenta un tanto de cómo fue en lo material y lo
subjetivo este drástico cambio para la gran masa de población migrante, que se vio
obligada a asentarse de forma improvisada: “Cuando las autoridades decidieron trasladar a
la gran masa de salitreros desocupados, junto con sus familias, a las zonas centrales, se
encargaron provisoriamente de establecerlos en albergues y luego a abandonarlos a su
suerte. Como la Oficina de colocaciones, creada por el gobierno, fue absolutamente
insuficiente para dar empleo a los cesantes, y la mendicidad crecía en las calles, solo se
implementaron medidas caritativas, especialmente ollas de pobre organizadas por la Iglesia
Católica, la cual repartía miles de raciones alimenticias por día”. Gran parte de esta masa de
población que migró, se asentó principalmente , en los barrios industriales de San Pablo,
Estación Central, Mapocho, Matadero y Avda. Matta, en los tres tipos de vivienda obrera
más importantes: conventillos, cités o pasajes1
(Espinoza, 1988). En Santiago, el
conventillo era la vivienda más común de la clase obrera y su familia, y fue dentro de la
“cultura de pobreza y marginalidad”, creada al interior de esta convivencia comunitaria,
donde se gestó gran parte de las acciones colectivas organizadas, de la cultura política
popular en el siglo XX (Deshazo, 2007). Y es que en la vida hacinada, al interior de los
conventillos, difícil era mantener un estilo de vida al margen de la violencia que implica
vivir en condiciones de hacinamiento. Según Deshazo, estos insalubres conventillos, se
transformaron no solo en asentamiento de las clases populares, sino también en un lugar
1
Viviendas compuestas por una serie de habitaciones pequeñas, pegadas la una y la otra, y unidas por un
pasaje en su centro. Normalmente, tenían sólo un rústico baño, el cual, al igual que el pasillo, era de uso
comunitario.

7. donde la cotidianidad en vecindad, otorgó a estas comunidades particularidades inherentes
en cualquier lugar donde existieran: los conventillos eran lugares donde la gente tendía a
adaptarse, resilentemente, a un modo de vida marginal. Hambre, alcoholismo, violaciones,
homicidios, prostitución, delincuencia, y todas aquellas situaciones y vivencias
relacionadas con la violencia del lumpen urbano2
, se encontraban presente casi como un
hábito cultural al interior de estas viviendas, que muchos de los obreros intentaban
abandonar, sin tener mayor suerte. Sin embargo, hombres, mujeres y niños, no solo vivían
en un ambiente de violencia. Paralelo a estas dramáticas vivencias, el conventillo también
fue capaz de gestar una cultura de fraternidad, autogestión y apoyo mutuo, que surgía no
tanto por la influencia ideológica, sino por la necesidad de sobrevivir en aquel hostil
asentamiento, y por la necesidad de generar una alternativa de esparcimiento con los
vecinos que cotidianamente, compartían estilos de vida en común: la pobreza, la
marginalidad y la opresión, pero también la solidaridad, la fiesta y la felicidad, en aquellos
momentos, donde sus injustas condiciones materiales, se lo permitiesen (Grez, 2007).
Este contraste entre ricos y pobres era abrumante. La ciudad debatía su mirada entre el
territorio de una elite que ostentaba riqueza y confort, y el territorio de los que precaria e
insalubremente, sobrevivían a diario; esto era el resultado de una sociedad injusta en
vivienda y en calidad de vida. Ya que mientras los ingresos de la expansión económica, la
elite los destinaba en embellecer y a ostentar los lujos superficiales de “la ciudad propia”3
-
tal como Vicuña Mackenna se refería a Santiago, en el relato de la primera intervención
urbanística realizada en la ciudad- los pobres de la ciudad comenzaban a aglomerarse en las
periferias que los acogían en una situación de insalubridad denigrante (Romero, 2007). Al
respecto, Luis Ortega, plantea que además de vivir en injustas e insalubres viviendas, los
habitantes de estos sectores consumían alimentos alterados, como leche con agua, harina
con cal, además de alcohol de mala calidad. En medio de esta situación, los vicios, la
prostitución y la violencia de todo tipo, conjugada con el hacinamiento de los
asentamientos, derivaban en diversas enfermedades relacionadas a los ranchos y
conventillos populares: neumonía, fiebre, disentería, sífilis y hepatitis. “Mientras tanto, en
2
Entendido como la población urbana pobre, marginada social y económicamente por la institucionalidad.
3
Forma en que el intendente Vicuña Mackenna, se refería a la ciudad de Santiago, en la redacción de su
intento utópico y técnico, de urbanizar la ciudad para eliminar la “barbarie”. Véase “La transformación de
Santiago”. Notas e indicaciones. Santiago: Imprenta de la librería del Mercurio; 1872.

8. la superficie y en el centro de la ciudad, la vida parecía ser fácil y tranquila” (Luis Ortega,
2006). Sin embargo, cuando la situación comenzaba a hacerse evidente, a través de lo que
la elite identificó como la “Cuestión social”, ésta reaccionó inmediatamente ante esta
situación que provocaba gran horror para la construcción social ideal, que buscaba
consolidar al Estado de Chile. La miseria material de los pobres de la ciudad, fue
homologada a la miseria moral, que amenazaba los valores tradicionales de la
institucionalidad chilena. La cultura que comenzaban a engendrar los pobres en medio de
su miseria, se veía de forma drástica, alejada del ideal de “roto chileno” que en otro
momento unificaba a la “idiosincrasia chilena”: “Allá y acá, el terror que despertaba un
actor social que cuestionaba los valores aceptados velaba el juicio con el prejuicio y
estimulaba la descalificación” (Romero, 2007).
Así, desde la crisis arrastrada en el Santiago, por “la cuestión urbana” iniciada a fines del
siglo XIX, las políticas públicas, orientadas a satisfacer la demanda de vivienda popular,
estuvieron fuertemente orientadas por conceptos de higienización y segregación.
Aludiendo a la condición de marginalidad de los pobres, como una enfermedad que había
que erradicar de la “raza chilena”. Fuertemente influenciada por las ideas del liberalismo,
positivismo y el darwinismo, en auge sobre todo en Europa, la elite -sector que se
manifestaba opuesto a la realidad moral y material de los pobres- comenzó tempranamente
a dar ordenanzas y leyes, que establecieran los límites territoriales de la ciudad de Santiago,
dividiendo la ciudad entre pobres y ricos. En 1875, el intendente Vicuña Mackenna fue el
primero en realizar un intento de división, a través de la construcción del “Camino de
Cintura”, que buscaba dividir la ciudad en dos, y así fijar los límites de la responsabilidad
municipal, desligándose de la administración de los sectores periféricos, y a su vez
“trazando una suerte de cordón sanitario que impidiera el avance de las “miasmas”, y quizá
de las columnas de los desheredados”. Más tarde, se buscó eliminar los núcleos más
peligrosos, “ocultar las lacras más visibles”. El higienismo se encargó de prevenir más que
de resolver el problema desde la raíz. Mucho saneamiento y pocos hospitales. El
alcoholismo y la prostitución “fueron regulados pero tolerados, siempre que se mantuvieran
lejos del centro (reservado en cambio a la prostitución de lujo). Los conventillos
subsistieron, aunque se trató de reglamentar su funcionamiento”. Por último, el Estado,
comenzó a instaurar políticas de vivienda, orientadas a ampliar el número de propietarios.

9. La elección de los beneficiarios es de por sí significativa para entender las políticas
públicas que adoptó el Estado, en la “vía chilena hacia el progreso”: “había viviendas
baratas para quienes trabajaban y ahorraban, es decir tenían empleos estables, y además
estaban casados” (Romero, 2007). Ante todo, la solución que el Estado debía buscar, debía
ser funcional a la adaptación de esta “sociedad enferma; funcional a los patrones culturales
con los que la elite buscaba performar a las clases populares: A través de la sumisión al
trabajo asalariado y de la formación cívica y moral, acorde a la institucionalidad en
construcción.
Así, en medio de todo este proceso, donde gran parte de la población santiaguina ya se
había sumido al proceso de transformación en mano de obra asalariada, y había vivenciado
materialmente, la segregación y discriminación con la que la elite los veía, la conciencia de
clase en los sectores populares, ya comenzaba a dejarse ver a principios del siglo XX
(Romero, 2007). La crisis económica, que trajo la culminación del “ciclo salitrero”, había
derivado en un encarecimiento de la vida para los sectores populares, que se conjugaba con
las precarias condiciones laborales y el desempleo que, se además se sumaba a la
insalubridad y hacinamiento de los conventillos, con los cuales además, la elite propietaria
lucraba sin conciencia. Toda esta situación hizo detonar las primeras huelgas de las clases
populares, reivindicando las mejoras en las condiciones de vida derivadas de esta profunda
crisis social (Deshazo, 2007). El peligro de los sectores populares, para la elite, ya no se
traducía solamente, en la posibilidad de transmitir enfermedades y en denigrar la moralidad
ideal que buscaba legitimar la construcción del Estado, sino que encarnaban el peligro más
temido: el fantasma de la subversión política que comenzaba a dar sus primeras expresiones
en Europa (Grez, 2007). Así, y a raíz de estas formas de lucha -en las que en muchos casos
se encontraban elementos anarquistas, socialistas y demócratas luchando- para 1903, se
había legislado en el parlamento la “Ley de habitaciones obreras”, como respuesta de las
autoridades a los desórdenes de 1900, efectuados por los portuarios de Valparaíso, que se
alzaron por sus deplorables condiciones de vida. “El proyecto pasó a una comisión especial
para su estudio, donde permaneció hasta agosto de 1905, cuando a lo largo del país se vivía
una profunda agitación en torno al encarecimiento de la vida. Ella culminó con “la semana
roja” de octubre de ese año, en que la ciudad fue copada por los sectores populares. En ese
contexto, algunos diputados reclamaron el rápido despacho de la ley que fue aprobada en

10. enero de 1906”. En esta gran huelga obrera, convocada por las Sociedades Mutualistas4
,
para que el Estado se hiciera responsable de la situación, y apoyada reticentemente por las
Sociedades de Resistencia5
, los desórdenes y enfrentamientos con el Ejército, durante
cuatro días –del 22 al 24 de Octubre- , dieron cuenta del descontento general habido en las
clases populares, a principio de siglo. Esta Ley, es considerada como una de las primeras
legislaciones sociales, a través de la cual, el Estado se vio en la obligación de dar solución,
en términos de presupuesto y construcción, a las precarias condiciones de vivienda en los
que se encontraba la clase trabajadora. Situación que la misma gestión del Estado -directa o
indirectamente- había provocado (Espinoza, 1988). Según lo planteado por Rodrigo
Hidalgo, en términos estrictos, esta Ley apeló por primera vez al término “vivienda social,
en función de las determinaciones de la OEA, para dar soluciones a esta problemática
obrera a nivel internacional. Este organismo, propuso la necesidad de que, ante los
desórdenes y desbordes institucionales de las clases populares, era necesario que los
Estados Americanos, se responsabilizaran de la satisfacción de servicios básicos para los
asentamientos de las clases populares, amparándose en los tamaños de construcción que, en
términos legislativos, establecía el Estado. De esta forma, todos los ranchos y conventillos,
construidos improvisadamente, iniciaron un proceso de demolición, para así construir las
nuevas viviendas sociales, que fueron trasladadas a las periferias cercanas a los barrios
industriales de Santiago (Rodrigo Hidalgo, 2007). Sin embargo, y sobre todo en la praxis,
esta ley fracasó rotundamente en términos de eficacia. Por una parte, el Estado chileno, no
fue capaz de solventar económicamente esta iniciativa, ya que como era tradicional en su
acción, destinó la ejecución de las construcciones en manos del capital privado. Esta
irresponsabilidad habitual de las clases dirigentes, en la administración estatal, derivó en
que para el periodo de 1907 a 1920, el Estado solo se hiciera responsable de la construcción
de 20 casas anuales, en contraste con el promedio anual de la iniciativa privada que era de
3243 casas al año (Espinoza, 1988). Además, y a raíz de lo anterior, la iniciativa privada,
4
A fines del siglo XIX, Chile vive el primer ascenso del movimiento obrero, estos utilizan las mutuales o
sociedades de socorros mutuos como su primera forma organizativa. Sin reivindicar luchas de confrontación,
las Sociedades Mutualistas tenían como objeto el ahorro y socorro mutuo de los asociados, teniendo en vista
favorecer su instrucción, moralidad y bienestar
5
Las Sociedades de Resistencia consistían en asociaciones de obreros y artesanos, que a principios del siglo
XX, buscaron ser independientes de las relaciones entre el Estado, los empresarios, el capital y las leyes. Sus
objetivos eran organizar a los trabajadores en confederaciones gremiales o regionales, dotarlos de un fuerte
sentimiento de conciencia de clase y coordinar una huelga general insurreccional.

11. buscó sacar provecho del negocio inmobiliario, basándose en la reglamentación básica de la
construcción legislada que solo consideraba la satisfacción de los servicios básicos - como
el agua, la luz, el pavimento, etc.- y no el tamaño de la vivienda. En consecuencia, muchos
de los conventillos y ranchos demolidos, se transformaron en nuevas viviendas sociales,
que si bien podían garantizar –no siempre- acceso a los servicios básicos de bienestar,
otorgaban reducidos espacios de habitabilidad, que redundaban en situaciones de vida
deplorables e insalubres. Esta situación se agravaba aún más, cuando muchos de los
conventillos demolidos, no eran vueltos a construir, y los habitantes debían mudarse a
habitar en otros conventillos ya sobrepoblados. Todo esto terminaba por perpetuar la
pobreza y marginalidad, ahora en condiciones de hacinamiento espacial significativo
(Hidalgo, 2007). De esta forma, podemos observar que si ya las paupérrimas y miserables
condiciones laborales de la industria salitrera, habían potenciado álgidas movilizaciones y
protestas sociales –que habían culminado en el norte del país, con la Masacre de la Escuela
de Santa María, en 1907– la situación descrita anteriormente, venía a empeorar y denigrar
aún más, la calidad de vida de gran parte de la población trasladada desde los enclaves del
norte, hacia la zona centro del país.
Una de las últimas consecuencias de la aplicación de la “Ley de habitaciones obreras” entre
propietarios y arrendatarios, fue la autogestión de la vivienda por parte de los habitantes de
conventillos, que una vez demolidos los anteriores, debieron levantar por sus medios, la
vivienda en la que vivirían; esta acción autónoma, constituyó la base de lo que en el futuro,
sería una fuerza poblacional organizada: el “Movimiento de pobladores” en Chile (Sergio
Grez, 2007).
Así, y en el marco de nuevas y constantes migraciones de población, durante el siglo XX,
hacia la capital del país, el Estado se vio en la obligación de desarrollar políticas públicas,
orientadas a dar solución a la “cuestión urbana”. La continua politización, de las luchas
sociales y las políticas desarrollistas, que buscaron la integración de los sectores sociales
marginados, otorgaron a partir de la década del 20’, una nueva forma de construcción de
Estado, donde la dinámica institucional, se vio obligada a interactuar con la organización
colectiva de la población (Garcés, 2002). Entre el periodo que transcurrió con la aprobación
de la Ley de Habitaciones Obreras en 1906, y la Ley de Juntas de Vecinos y otras
organizaciones comunitarias de 1968, los pobres de la ciudad, desplegaron su acción en

12. variados conflictos y reclamaron su integración al espacio territorial urbano (Espinoza,
1988). En 1925, Alessandri aprobó la Ley de Habitaciones Baratas o de “Cooperativas, a
través de la cual, se amplió la entrega de viviendas a 7 mil personas que participaban en
gremios organizados. Desde la década del 37’ al 70’, la aplicación del Estado Desarrollista,
en la institucionalidad chilena, reorientó el paradigma de construcción de la vivienda social.
Del racionalismo arquitectónico, se pasó al modernismo de Le Corbusier: las políticas de
viviendas estuvieron orientadas a “construcciones etapistas”, ubicadas en grandes
extensiones de territorio, donde se buscaba asentar a la gran masa de población que
demandaba vivienda. Uno de los ejemplos más expresivos de esta política, fue la
construcción de la actual población “Juan Antonio Ríos”, la cual aglomeró a 5.471
viviendas sociales en el territorio designado por el Estado (Rodrigo Hidalgo, 2007). A su
vez, desde la década del 50’ y el 60’, la creación pública de la Corporación de Vivienda
(1953), y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1965), implementaron la denominada
“Operación Sitio”, estrategia a través de la cual, se buscaba entregar tierra, además de, en
paralelo, viviendas sociales a las juntas de vecinos organizadas. A raíz de esta nueva
política, en la cual fueron los mismos habitantes los que edificaron sus improvisadas
viviendas, surgieron poblaciones con más de 90.000 habitantes que conformaron espacios
sociales homogéneos. Fue en el seno de estos campamentos y poblaciones6
, donde surgió
aquella política de resistencia, que buscó como principal estrategia, las “tomas de
terreno”7
, para que el Estado accediera a entregar aquel territorio a la soberanía de los
pobres. Es en este contexto, donde surge con mayor fuerza, el denominado “Movimiento de
Pobladores” de Chile, coordinado efectivamente, a escala nacional (Garcés, 2002).
Con todo esto, de igual forma, la lógica de las políticas públicas, que buscaron solución
desde la década del 20’ al 70’, siguieron los patrones de periferización y segregación, con
que la elite intentaba ocultar la pobreza de “la vía chilena hacia el progreso”. Aún más
grave fue el panorama, cuando la irrupción de la dictadura militar del 73’, impuso una
institucionalidad Estatal, que rompía todas las lógicas de continuidad, en términos
ideológicos y de políticas públicas. Y es que la irrupción del modelo neoliberal, bajo una
6
“Campamentos”, fue el nombre con el que se denominó a las improvisadas carpas asentadas alrededor de las
poblaciones, o en territorios abandonados por privados. Con esta estrategia, los pobladores sin casa, buscaban
presionar al Estado para que les otorgara viviendas sociales.
7
“Tomas de terreno”, se les denominaba a las ocupaciones que los pobladores sin casa, hacían en los
territorios abandonados mencionados anteriormente.

13. administración política dictatorial, conllevó no solo a la imposición de un nuevo sistema
político y económico, sino que a la imposición de nuevos patrones de vida social y cultural
para la población. Las nuevas políticas del libre mercado, aplicarán la lógica de
flexibilización de las políticas de vivienda social impartidas por el Estado. Con esto, la
morfología social y territorial de las poblaciones y campamentos santiaguinos, se vieron
violentamente afectados, por el desarraigo territorial al que fueron llevados (Rodrigo
Hidalgo, 2007). En ese marco, la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 75’, que
conllevó a la mercantilización de los usos del suelo en Santiago, provocó que la
planificación urbana-estatal, comenzara a regirse por las leyes del mercado, en las manos
de los privados. Los conceptos de rentabilidad comenzaron a dominar las lógicas de las
políticas públicas, lo que provocó que el Estado comenzara a escindirse de la
responsabilidad directa de la construcción de vivienda, y que avocara sus esfuerzos, a la
entrega de “subsidios habitacionales”8
. Esta nueva institucionalidad del Estado
Subsidiario9
, consideró más rentable construir las viviendas sociales en los suelos más
baratos: las periferias establecidas y las nuevas sub-periferias adyacentes. En ese sentido,
la dictadura llegó a consolidar la fragmentación socio-espacial y cultural, a través de las
políticas de vivienda social que ya no se entregaban por una reivindicación colectiva, sino
que por postulación individual a subsidios de vivienda social. Todo esto conllevó a que la
ciudad comenzara a expandirse cada vez más hacia la periferia y con ello, a una serie de
problemáticas que articularon una ciudad cada vez más precaria; una ciudad que
comenzaba, en una nueva y brutal dinámica de fragmentación social, a negar el “derecho a
la ciudad”10
de sus habitantes. Y es que el Estado se encargó de subsidiar las viviendas,
pero delegó el uso del suelo y la construcción a los capitales privados, y la administración
de éstas nuevas viviendas sociales a los municipios. Estos últimos, al no contar con la
8
Ayuda económica, a la cual pueden postular los sectores más pobres del país, para poder comprar una
vivienda social.
9
Entiéndase a éste, como el Estado que, a partir de su nuevo rol neoliberal, apunta a estrategias de “bien
común”, orientadas meramente, a satisfacer ciertas ayudas económicas, destinadas a los sectores más pobres
del país y escindiéndose así de la responsabilidad social directa para con su población.
10
Este término apareció por primera vez en 1968, cuando Henri Lefebvre escribió su libro, cuyo título acuña
el mismo término. En éste, Lefebvre plantea que el sentido histórico de la ciudad, es ampliar las formas de
interacción sociedad, en las dinámicas económicas, políticas y culturales, pero que la irrupción del
neoliberalismo, ha conllevado la privatización de los espacios urbanos por el capital, negando la pertenencia
de ésta a su propia ciudadanía. El derecho a la ciudad es entonces restaurar el sentido de ciudad, instaurar la
posibilidad del “buen vivir” para todos, y hacer de la ciudad “el escenario de encuentro para la construcción
de la vida colectiva”.

14. suficiente cantidad de recursos, no fueron capaces de abastecer de servicios ni
equipamientos, a las nuevas poblaciones. A esto, se le suma la drástica lejanía de las
viviendas construidas, respecto al centro de la ciudad consolidada -que concentra la gran
cantidad de servicios como los centros financieros, de administración, de salud, de trabajo y
de educación- y los problemas de viabilidad y transporte (Hidalgo, 2007).
Posteriormente, si bien en la década del 90', se marca un hito, respecto a la cantidad de
viviendas sociales construidas por el Estado, las políticas de éste continuarán aplicándose
bajo las normas de la dictadura que avalaron la implementación de políticas construcción
llevadas a cabo por los capitales privados, que mercantilizaron el uso del suelo y la
construcción inmobiliaria. En ese sentido, actualmente las principales consecuencias que
siguen a las políticas de vivienda en Chile, radican en la continua segregación espacial, que
ha conllevado al aislamiento de la población, a los principios fundamentales de la vida
urbana. Conurbación periférica -externa al núcleo de la ciudad- mala calidad de la
construcción de las viviendas -de la mano del lucro inmobiliario-, conformación de guettos
deteriorados con el tiempo y la desintegración social producto del hacinamiento, son solo
algunas de las graves consecuencias de esta “Nueva Cuestión Social”11
, que además
involucra y potencia actos delictivos, deserción escolar, drogadicción, y violencia de todo
tipo (Hidalgo, 2007). Todo esto, se transforma en la sumatoria de problemáticas, que
acarrea la gestión histórica del Estado, para los pobres de la ciudad.
Toda esta situación conllevó actualmente, a lo que Rodrigo Hidalgo denominó la "nueva
pobreza" de los "con casa". En ese sentido, la pobreza ya no se nos muestra como una
cuestión de no tener vivienda, sino a través del tipo y calidad de la vivienda y asentamiento,
que terminará por modificar violentamente los patrones colectivos de construcción social y
cultural – o conciencia de clase comunitaria- que había construido, históricamente, la clase
popular en Chile. Entenderemos con esto que, el asentamiento homogéneo de las clases
populares, derivará de los efectos funcionales y sociales de la geografía de distribución
espacial, que aplicará el Estado para subsanar la problemática histórica de la vivienda
11
Término utilizado por primera vez en 1997, por Robert Castells, en su libro “La metamorfosis de la
Cuestión social. Una crónica del salariado”. En éste, el autor hace referencia a los cambios en la dinámica de
marginación social, tras la irrupción del neoliberalismo en el proceso de globalización. Castells acuña este
término para definir la actual situación de la población, tras la flexibilización laboral. En esta ocasión, el
término es propuesto para referirse a las nuevas formas que adopta la pobreza en Chile, sobre todo aquella
relacionada a la fragmentación socio-espacial que producen las viviendas sociales periféricas entregadas por
el Estado.

15. popular en Chile. La institucionalidad chilena, se nos muestra entonces, como la principal
responsable de la segregación espacial, que provocará la expansión del asentamiento
urbano hacia las periferias y sub-periferias de la ciudad. Así, es posible concluir que el
orden social y por ende, la pseudo estabilidad política de la que ha gozado Chile, se logró
no solo en función de la violenta proletarización y moralización cultural de su población,
sino que a través de las políticas de invisibilización y alejamiento de los núcleos
poblacionales más conflictivos, que a lo largo del siglo XX, pusieron en cuestión aquella
institucionalidad política instaurada.
Finalmente, es posible observar hoy, que mientras en el centro superficial de Santiago, se
levantan edificios modernos que se jactan de ser los más grandes de Latinoamérica12
, la
radicalidad y crudeza de “la vía chilena hacia el progreso”, se plasmará en el brutal
trasfondo de la periferización histórica de “las casas bajas”13
, de la mano de obra barata,
que la pobreza de este triste, pero cívico y moderno país retrata, en la capital que concentra
su desarrollado y modernización política-económica.
12
Como el “Costanera Center”, proyecto inmobiliario inaugurado en junio del 2012, propiedad del
consorcio Cencosud, que cuenta con un centro comercial de seis pisos, y dos hoteles de cinco y de cuatro
estrellas, además de las oficinas comerciales más exclusivas de Santiago.
13
Término con el que se reconoce popularmente a las viviendas sociales, aludiendo al pequeño tamaño de la
estructura inmobiliaria.

16. Anexos.
1.- Fotografías de la actual “Población Santa Anita”, ex “Campamento Che Guevera”.
Ubicada en la comuna de Lo Prado, Santiago de Chile, es una de las míticas poblaciones de
viviendas sociales, que surgieron como campamentos y tomas de terreno en la década del
70’.
Cada una de las capturas, son de mi autoría.

17. 2.-Fotografías de los actuales proyectos inmobiliarios privados, destinados a ser financiados
por los subsidios de vivienda básicos, entregados por el Estado de Chile. Las
construcciones están ubicadas en la Comuna de Colina, la provincia sub-periférica -
adyacente a Santiago- más poblada en el transcurso de las últimas dos décadas. Es
importante destacar, que esta comuna, que ha sido destinada como el principal territorio de
periferización urbana, alberga en su territorio, a dos de los más violentos centros
penitenciarios de Santiago: Colina 1 y Colina 2.
Cada una de las capturas, son de mi autoría.

18. Bibliografía.
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En Varios Autores, Ciudadanía, Participación y Cultura, Consejo Nacional de la Cultura y
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19. - Ortega, Luis y Pamela Araya, “Economía política y políticas económicas durante la
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