1. Resumen de Conclusiones
Congreso Nacional deCongreso Nacional de
EducaciónEducación
USACH, 4 y 5 de Septiembre de
2009
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2. I. Recuperación Jurídica de la Educación Pública
Por el contrario de lo que en la actualidad se ha establecido; se requiere
que la definición jurídica de la educación pública la considere:
Al servicio de las personas, del país y su proyecto de desarrollo
(humanista, nacional, laico, social y democrático), del bién común y
bienestar social.
Formadora de seres humanos, como ciudadanos plenos e integrales,
considerando las características sociales, históricas, identidades y
raíces culturales de nuestro país.
Democrática, tanto en su sentido, concepción y diseño, como en su
gestión, administración, evaluación y normas de convivencia
interna.
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3. II. Es necesaria una nueva Constitución que
garantice la recuperación de la Educación Pública
Los esfuerzos por mejorar la educación se han estrellado ante la
realidad, al continuarse dentro del marco de la actual Constitución
para un Estado Subsidiario. Por esta razón es necesario:
Convocar a Asamblea Constituyente, para cambiar la actual
Constitución, por una que estipule explicitamente que el Estado se
reconozca plurinacional y multiétnico, garante del derecho a la
educación, que profundice la democracia y el bienestar social.
El Estado debe proveer un sistema escolar integrado y nacional de su
propiedad, que abarque desde la educación preescolar, hasta la
educación superior.
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4. III. Se requiere un nuevo marco regulatorio
Fin de la subvención escolar, el financiamiento compartido y toda
forma de pago de los padres y apoderados.
Los colegios e instituciones de educación privada, no deben contar
con apoyo económico del Estado, a menos que aseguren su no
lucro, educación gratuita, otorguen matricula a quien lo requiere y
cumplan las condiciones que se establezcan.
El MINEDUC deberá ser fortalecido en sus atribuciones,
estructura, recursos y personal para poder cumplir su misión,
roles, funciones y tareas, las que entre otras contemple:
orientación, dirección, financiamiento, evaluación, información,
planificación, gestión, administración, fiscalización, asesoramiento
y apoyo pedagógico al sistema educacional, incorporar a su
quehacer la participación de la comunidad educativa.
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5. IV. Financiamiento de la educación.
Fin al aporte de las familias y aumento progresivo del aporte fiscal
hasta llegar al 7% del PIB, como recomienda la UNESCO y reforma
tributaria que disminuya impuestos indirectos y aumente a las
grandes empresas, junto a una renacionalización de nuestras
riquezas básicas
Fin a subsidiar la demanda y el autofinanciamiento, terminando
con el sistema de subvención por asistencia media mensual en la
educación escolar de propiedad pública y el autofinanciamiento
de las universidades estatales.
El financiamiento estatal debe cubrir las necesidades basales de
las instituciones de educación pública, corregir las desigualdades
existentes y financiar proyectos elaborados por la comunidad
educativa , que garantice gratuidad para todos los estudiantes que
lo requieran del sistema de educación en todos sus niveles.
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6. V. Calidad de la educación.
Sin integración, rescate de la educación estatal y efectiva igualdad de
oportunidades, no habrá mejoramiento de la calidad de la educación.
Por tanto, se requiere:
Discutir y proponer un Proyecto Educativo Nacional para el Siglo XXI,
generado con la legitimidad de las ideas, aportes y participación de la
Comunidad Educativa y la Sociedad Civil, enmarcado en un acuerdo
patriótico nacional.
Enfrentar el problema de la calidad de la educación, desde una mirada
sistémica y pedagógica, centrada en el desarrollo humano y social,
distante del actual enfoque instruccional, tecnocrática e instrumental.
Se debe reconocer y estimular el carácter público de la investigación
científica y tecnológica, el conocimiento de punta efectuado por las
universidades, incentivando que sus políticas de investigación y
extensión guarden correspondencia al menos, con las necesidades
educativas, culturales y de desarrollo del país.
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7. VI. Construcción de un Movimiento Nacional
por el derecho a la educación
Exigir del Estado, de las autoridades de gobierno y parlamentarias,
la generación de condiciones para que la participación sea uno de
los pilares de la nueva educación, la educación que Chile necesita.
Para ello se propone:
Cambiar la Constitución Política del Estado y poner fin al sistema
electoral binominal y su reemplazo por uno proporcional, y que
los dirigentes sociales puedan ser candidatos al Parlamento.
En la elaboración del nuevo marco regulatorio debe estar
presente la participación de la comunidad educativa, así como en
los órganos de decisión de la política educacional (especialmente
en el Consejo Nacional de Educación).
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8. VI. Construcción de un Movimiento Nacional
por el derecho a la educación
En el Sistema de Educación Superior se debe reconocer
jurídicamente la triestamentalidad.
Fortalecer todas las instancias de participación social como la
Comunidad Escolar, instancias paritarias, Consejos Escolares,
Centros de Padres, Madres y Apoderados, entre otros.
Conformación y puesta en marcha de un Movimiento Nacional por
la Educación, denominado Educación en Movimiento, al que se
llama a participar a todas las organizaciones sociales que estén
ligadas con la educación del país.
Avanzar hacia la conformación de un Consejo Nacional de
Trabajadores de la Educación, que recupere el espíritu del SUTE
(Sindicato Único de Trabajadores de la Educación).
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9. VII. Propuestas inmediatas
Congelamiento de la puesta en vigencia de la Ley de Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
Eliminación de la PSU e impulsar una discusión nacional sobre un
nuevo sistema de selección universitaria, incorporando el sistema
de bachilleratos y propedéutico, considere el comportamiento
escolar de los estudiantes durante la enseñanza media y corrija los
negativos efectos en el ámbito educacional de la desigualdad y la
segregación social existente.
Desmunicipalización de la educación de propiedad del Estado,
retornando al Estado los colegios traspasados a las municipales y
los establecimientos con administración delegada, para ser
administrados en forma descentralizada por instancias
provinciales del MINEDUC, con la participación de la Comunidad
Educativa.
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