1. Exposición sintética del aporte a la Comisión Histórica del
Conflicto y sus Víctimas, hecha en la sesión de la Mesa de
Conversaciones en La Habana, el 10 de febrero de 2015
Lunes 16 de febrero de 2015, por Javier Giraldo M., S.J. Blog Desde
los Márgenes
Extraigo algunos elementos del trabajo redactado, tratando de
responder a las 3 preguntas básicas que nos hicieron a los miembros
de la Comisión:
1. Sobre el origen y causas del conflicto armado en Colombia:
Llego a la conclusión de que en Colombia se han dado una serie de
situaciones que han afectado a capas importantes de ciudadanos
colombianos o a las mayorías de ellos, situaciones que en confluencia
con opciones y decisiones colectivas, han llegado a desatar un
conflicto armado de larga duración.
Entre los elementos de conciencia que se han articulado con
situaciones objetivas de opresión, explotación, exclusión y violencia,
tuvo innegable incidencia la conciencia de que existe un derecho a
rebelarse contra la injusticia, expresada en las estructuras concretas
del poder dominante. La conciencia de tal derecho aparece clara en
los documentos fundantes de los diversos grupos insurgentes y su
dimensión universal había sido reconocida en las revoluciones del
siglo XVIII en Francia y Norteamérica, y más tarde en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU, como último derecho

2. remedial, aplicable cuando los demás derechos universales son
desconocidos.
La esencia de tal Derecho a la Rebelión es la comprensión de las
relaciones entre un Estado y los ciudadanos que lo integran como la
PARTICIPACIÓN EN UNA EMPRESA COMÚN, lo cual implica que quien
maneja los recursos, la coordinación del poder institucional y la
elaboración y aplicación de las leyes, tiene que responsabilizarse de
satisfacer al menos 5 necesidades biológicas de todos los ciudadanos
por igual: la alimentación, la vivienda, el trabajo/ingreso, la salud y la
educación, así como también al menos 3 necesidades de convivencia:
la participación, la información y la protección. La no satisfacción de
tales necesidades elementales, va llevando a DISOLVER LOS
VÍNCULOS entre los ciudadanos y el Estado – o en otros términos
reconocer que ya no existe una empresa común entre ambos- y, en
la medida en que esa disolución sea grave, prolongada y
generalizada, se activa legítimamente el Derecho a la Rebelión.
Analizando la historia de Colombia en el último siglo, para el suscrito
es muy claro que el detonante principal del conflicto armado es la
falta de acceso a la tierra para grandes mayorías. Los mismos
estudios del DANE muestran que desde el comienzo del siglo XX
todas las tierras baldías estaban tituladas a favor de un reducido
grupo de propietarios y que el creciente reclamo de tierra por parte
de indígenas y campesinos fue respondido por los poderes de turno
con negativas prepotentes y violentas, cerrando así la posibilidad de
satisfacer, para las grandes mayorías, las necesidades biológicas más
elementales entre las elementales, como eran las de alimentación,
vivienda y trabajo, estrechamente ligadas al acceso a la tierra. Tal
conflicto no se comprende cabalmente sin explorar simultáneamente
cuáles fueron las características del Estado que se había ido
configurando, que era ciertamente una estructura de poder elitista,
excluyente y hegemónica, mediada por unos partidos que tenían esas
mismas características y que zanjaban sus diferencias entre ellos
mediante guerras que buscaban someter o eliminar al disidente. Los
reclamos justos de las capas oprimidas fueron siempre
estigmatizados mediante elementos ideológicos, religiosos o políticos
que remitían dichos reclamos o propuestas al campo de lo ilegal, lo
ilegítimo o lo demoníaco, apoyando así las formas de represión, de
persecución y de violencia que se proyectan en terror y
sometimiento. Un clímax evidente de estos comportamientos fueron
los bombardeos de Marquetalia y demás territorios estigmatizados en
1964.
2. Sobre la persistencia del conflicto:
Entre los años 40 y 60 del siglo XX el conflicto armado tomó formas
más explícitas y agudas. En los 50, la élite gobernante acudió al

3. gobierno militar frente a una violencia desbordada y luego a
la solución del Frente Nacional que agudizó la exclusión y la
hegemonía. Ya la dictadura militar había concentrado las medidas
excluyentes y represivas contra los movimientos de base,
englobándolos en la caracterización de “comunismo”, el cual fue
declarado fuera de la ley y criminalizada toda colaboración con él, al
tiempo que inscribía al país en la ideología y estrategia de la Guerra
Fría y adoptaba las directrices de los Estados Unidos para organizar la
guerra contrainsurgente. Uno de los elementos de dicha estrategia
fue el paramilitarismo, diseñado en la Misión Yarborough de la
Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (1962), el cual busca borrar
las fronteras entre los civil y lo militar; involucrar a la población civil
en la guerra, ya como blanco de la misma o como combatiente
paramilitar y a legitimar la persecución y eliminación de la población
civil inconforme mediante la doctrina del “enemigo interno”, la cual
cobija a toda la población inconforme con los patrones vigentes de
exclusión y hegemonía, como blanco legítimo de guerra. De esta
estrategia dan cuenta de manera muy explícita, tanto los discursos y
documentos de numerosas jerarquías militares y civiles del Estado,
como las leyes que legalizan el paramilitarismo de manera
recurrente, así como los numerosos manuales de contrainsurgencia
del ejército, todo esto ampliamente documentado en el anexo que he
entregado.
Después de los años 60 y concomitantemente con el desarrollo
progresivo del conflicto armado, tanto las directrices recibidas de los
Estados Unidos, como las preferencias de la élite gobernante,
propenden por una solución militar al conflicto y por desatender y
reprimir las reivindicaciones de los sectores sociales más oprimidos
que continúan siendo el incentivo esencial del conflicto. Los
indicadores sociales, particularmente los de acceso a la tierra, se
hacen muchos más dramáticos. Entre los años 80 y el momento
actual alrededor de 6 millones de personas son despojadas
violentamente de sus tierras y lanzadas a la indigencia y a
condiciones de vida inhumanas, al tiempo que la ideología militar del
Estado y su estrategia paramilitar van implantando la violación
masiva y sistemática de los derechos humanos más elementales: a la
vida, integridad y libertad. Las cifras hablan por sí mismas.
Si bien la Constitución del 91 trató de diseñar un modelo de Estado
más democrático, el tiempo fue mostrando que los patrones de
exclusión, injusticia, represión, hegemonía y control elitista del
Estado, permanecían los mismos e incluso más acentuados. El
sistema electoral, en lugar de alimentar niveles progresivos de
participación ciudadana en las decisiones, alimenta mecanismos de
clientelismo y corrupción invasivos. El sistema de información y
comunicación avanzó hacia un sistema de manipulación de las
conciencias, al concentrar el derecho a informar en los grandes

4. conglomerados de poder y dinero. El sistema económico evolucionó a
una dependencia extrema de capitales multinacionales destructores
del medio ambiente y saqueadores de los recursos naturales,
arrastrando al tiempo la destrucción de comunidades que se oponen a
sus intereses. La satisfacción a otras necesidades básicas como la
salud, el empleo, la educación y la vivienda, el Estado la fue
delegando a los capitales privados, cuyo principio eje de máxima
rentabilidad lleva ineludiblemente a la degradación progresiva de
esos servicios, degradación que hoy se vive dramáticamente en los
campos de la salud, la vivienda, el empleo, la educación y la
alimentación. Aparentemente se han abierto espacios de participación
democrática, pero las decisiones neurálgicas que más afectan el
bienestar de la población nacional, como las decisiones sobre el
modelo económico, sobre las extranjerizaciones de tierra y de
recursos, sobre el comercio internacional, sobre la defensa nacional y
los modelos de protección de derechos, sobre la injerencia de otros
países, sobre las prioridades del gasto presupuestal, permanecen
absolutamente ajenas a una consulta y decisión democrática. La
corrupción del parlamento y de otros cuerpos colegiados no puede ser
más repugnante, la separación de poderes es ficticia, el colapso de la
justicia es un callejón sin salida y el sistema de partidos se convirtió
en sistema de reciclamiento permanente de la corrupción. Todos
estos factores hacen que el conflicto armado persista y se agudice.
3. Sobre los impactos del conflicto en la sociedad colombiana:
Lo que el conflicto armado ha producido en la sociedad colombiana en
tantas décadas es difícil de inventariar. Los centenares de miles de
ausencias (ejecutados, desaparecidos, expatriados) cuyas energías
han ido siendo copadas por las energías arrogantes de sus
victimarios, han ido reconfigurando el perfil de la sociedad, haciendo
que el ajuste al Statu quo vigente sea imperante como tributo al
realismo y la seguridad personal.
El hecho de que la inmensa mayoría de víctimas no hayan sido
combatientes sino población civil inconforme, ha condicionado
necesariamente la libertad de pensamiento, confrontándola con el
instinto de conservación y llevando a que cada vez sean menos los
que se atrevan a expresar y defender ideales éticos auténticamente
humanos.
La criminalización evidente de la protesta social lleva a desmontar
necesariamente, bajo una hipoteca de terror, las opciones por una
sociedad más justa. El miedo y la manipulación de las conciencias
que ejercen los medios masivos, ha llevado a deformar y falsear lo
que está en juego en el mismo conflicto armado, haciendo ver como

5. algo perverso la lucha por la justicia y como algo encomiable y
sagrado la defensa de la desigualdad, de la exclusión, del lucro y de
la competencia, lo que equivale a la demonización de lo justo y a la
sacralización de lo perverso, llevando a que lo ético sea
prácticamente desterrado del dominio de lo público.
El hecho de que el Estado haya asumido, bajo la imposición de los
Estados Unidos, la estrategia paramilitar que se apoya en una ficción
que camufla conscientemente lo ilegal en lo legal y lo militar en lo
civil, ha obligado también al Estado a negar, ocultar y camuflar parte
de su acción y de su identidad, llevándolo a un comportamiento
esquizofrénico de ocultar y negar parte de su propio Yo. Tal
comportamiento se proyecta de manera rutinaria en la mayoría de
sus funcionarios, quienes echan mano de las formalidades del Estado
de Derecho para identificar y justificar sus comportamientos,
mientras niegan, ocultan y evaden enfrentar la realidad fáctica de la
criminalidad del Estado al servicio del cual trabajan, permaneciendo
solidarios de hecho con quienes perpetran los crímenes al ofrecerles
la solidaridad más efectiva, consistente en negar el carácter estatal
de tales comportamientos.
Finalmente, entre las 7 RECOMENDACIONES con que concluye el
estudio, transcribo sólo una para no tomar mucho tiempo:
Un proceso de paz hace referencia obligada a la PAZ y ésta no puede
consistir en un mero mecanismo contractual de cese de disparos
pagado con determinadas contraprestaciones. La PAZ es un valor
ante todo ético, espiritual, social y también político. Exige un clima
adecuado, configurado por otros valores profundamente conexos con
ella, como la verdad, la justicia, la tolerancia, el respeto a la vida de
todo ser humano y de todo ser viviente y a sus derechos
fundamentales. Por ello el clima con que el gobierno ha rodeado este
proceso de paz es el menos adecuado, ya por su lenguaje
beligerante, ya por la continuidad de la guerra mientras se dialoga y
su incitación permanente y pugnaz al ataque militar y al exterminio
del adversario, todo esto adobado con el regocijo nunca disimulado
que le producen las muertes propinadas a su ‘enemigo’, cuyos
cadáveres y memoria son además envilecidos bajo los efectos
morbosos de soberbias triunfalistas. Una ‘paz’ así lograda estará
profundamente infectada de odio que germinará más temprano que
tarde en nuevas violencias o conflictos armados. Se impone
transformar radicalmente el clima en que se está buscando la Paz.
Los medios han cumplido un papel decisivo en el ambiente de odio y
de estigmatización, de falsedades y de sustentación de la injusticia.
Por ello la democratización de los medios y un prolongado ejercicio de
su democracia antes de cualquier refrendación de acuerdos, son

6. necesarios para transformar el actual clima radicalmente impropio y
contrario a la búsqueda de la Paz.
Leer el texto completo del ensayo APORTES SOBRE EL ORIGEN
DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, SU PERSISTENCIA Y
SUS IMPACTOS:
http://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/CHCV_Aporte_de_Javier_Girald
o_SJ.pdf