La violencia ha sido una constante en la historia política colombiana, con la oligarquía recurriendo sistemáticamente a la fuerza para eliminar cualquier amenaza a su poder. Esto ha dado lugar a masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas de opositores políticos y líderes sociales durante casi dos siglos. Aunque se han realizado intentos de paz, estos no han abordado las causas subyacentes del conflicto, como la desigualdad y la exclusión. Para lograr una paz duradera se requiere un

1. La violencia estructural oligárquica, freno para la paz en Colombia Juan Carlos Cuéllar, comandante del ELN, detenido en la cárcel de Bellavista (Medellín), forma parte del Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo 05/10/2014 REVISTA PUEBLOS La historia contemporánea de Colombia nos muestra una presencia constante de la violencia y la guerra permeando las relaciones políticas e influyendo en la dinámica económica y social del país. Durante casi dos siglos, la lucha por el poder político se hizo por la vía de la violencia armada: el oponente era, ante todo, un enemigo al que derrotar y, de ser posible, destruir y desaparecer físicamente. El momento actual es clave como posibilidad de romper con el hilo histórico de violencia que ha impuesto el modelo oligárquico como opción para la acción política. Como decíamos, durante casi dos siglos no fueron los debates parlamentarios los que primaron, sino los enfrentamientos armados, las masacres, los levantamientos y guerrillas partidistas[1]. Así se tramitaban cuestiones de hegemonía política y económica; también otro tipo de disputas y contradicciones de familias, incluso con la Iglesia Católica inmiscuida. Los partidos políticos tradicionales, Liberal y Conservador, tienen su origen en las luchas violentas por el poder. La adscripción a cada partido no surgía tanto de una perspectiva doctrinaria, de afinidad con determinados principios o con un programa político concreto, como de aspectos como las rivalidades familiares vecinales o institucionales, o la necesidad de protección y sobrevivencia.

2. La oligarquía colombiana ha recurrido al uso sistemático de la violencia a través del Estado para eliminar cualquier amenaza a su estabilidad. Siempre que se hizo presente la desobediencia, la lucha popular e, incluso, las acciones de oposición dentro de las reglas de juego establecidas por el régimen, la respuesta fue criminal y violenta: masacres en campos y ciudades, desaparición forzada, sicariato, despojo de tierras, encarcelamiento y tortura. Historia de violencia Con engaños y traición fue desactivada la insurrección comunera y asesinado José Antonio Galán. En los inicios de la República lograron encarcelar y desterrar a Antonio Nariño, asesinar a José María Cabal, a José María Carbonell, Antonio José de Sucre y muchos patriotas comprometidos con la causa popular que apostaban por romper más radicalmente el cordón colonizador. Atentaron incluso contra Simón Bolívar. En 1854 fue desterrado el general José María Melo, demócrata de ancestros indígenas y militar que participó en casi todas las batallas importantes de la independencia de Suramérica, quien había promovido una insólita alianza de artesanos cada vez más empobrecidos y militares e intelectuales desilusionados de las fórmulas económicas de la oligarquía. En 1901 asesinaron también por oponerse al régimen oligárquico al general Liberal Avelino Rosas, amigo y compañero de luchas de Eloy Alfaro y José Martí. Entre 1830 y 1890 hubo catorce guerras civiles de ámbito provincial. Entre 1850 y 1870, otras 20 revoluciones locales, de las cuales diez fracasaron y diez culminaron con la deposición violenta de los gobernantes[2]. En la década de 1920, los movimientos popular, sindical, campesino e indígena fueron cruelmente reprimidos. Se recuerda con dolor la masacre el 6 de diciembre de 1928 de los trabajadores bananeros, ordenada por la United Fruit Company y realizada por el ejército colombiano. En esta segunda década del siglo XX se arremete también contra la rebelión indígena encabezada por Manuel Quintín Lame. Asediaron a los pueblos y a sus dirigentes obligándolos a la insurrección armada y una vez se produjo el levantamiento justificaron la arremetida contra las comunidades organizadas y derrotaron por la fuerza esos intentos de reivindicación social, política, cultural y territorial[3]. El 9 de abril de 1948 es asesinado por sicarios Jorge Eliecer Gaitán, candidato a presidir la República que se atrevió a reivindicar los intereses de la clase trabajadora y el campo popular. Este asesinato produjo de inmediato una inmensa movilización general y espontánea, elBogotazo. El régimen conservador de Mariano Ospina Pérez sacó al ejército a las calles para reprimir el alzamiento,

3. desatando una ola de asesinatos que alcanzaron la cifra escalofriante de 300.000 víctimas en cinco años. En 1953, el pueblo liberal gaitanista, organizado en guerrillas, aceptó la amnistía propuesta y concedida por el dictador militar Rojas Pinilla y decidió su incorporación legal a la vida política. Al poco, fueron asesinados cientos de los líderes y mandos guerrilleros desmovilizados. En 1957 cae asesinado el ex-dirigente guerrillero liberal Guadalupe Salcedo y, posteriormente, Dumar Aljure. Este periodo tuvo su momento definitivo con la agresión en 1964 a los campesinos organizados en auto-defensas en Marquetalia, Riochiquito, el Pato y Guayabero, mediante el denominado Plan Lasso, con la intervención directa de militares gringos dirigiendo batallones de fuerzas militares colombianas. Como reacción a esta agresión violenta por parte de la oligarquía colombiana y producto de la acumulación de situaciones de exclusión, injusticia, afección a las libertades y terrorismo de Estado, se origina un nuevo escenario de lucha. En 1964, 1965 y 1970 surgen los movimientos guerrilleros FARC-EP, ELN, EPL, M19, Quintín Lame y PRT; al tiempo que resurgen los movimientos indígena, obrero, campesino, estudiantil y cívico popular. Esta nueva iniciativa es enfrentada nuevamente por la acción violenta del Estado, perfeccionada en las décadas anteriores: la tortura, el asesinato selectivo, la desaparición forzada, la infiltración de los movimientos sociales, la persecución sistemática a líderes populares y, después, las masacres colectivas y la práctica de tierra arrasada; a través de grupos paramilitares, la acción directa de las fuerzas armadas oficiales y el uso de la delincuencia común. En este último periodo de terrorismo oficial cayeron asesinados Camilo Torres, Jaime Bateman, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, José Antequera, Teófilo Forero, Oscar William Calvo, Manuel Cepeda, Leonardo Posada, Pedro Luis Valencia y Octavio Vargas Cuéllar, entre otros. Además, cientos de militantes y dirigentes de izquierda fueron encarcelados u obligados a exiliarse. Esta cruzada violenta emprendida por el Estado contra el pueblo ha ocasionado una crisis humanitaria de desplazamiento y despojo de enormes dimensiones, haciendo de un país de tradición agrícola (mayoritariamente rural) un país de parias, de suburbios, de masas amorfas, de personas sin mayor perspectiva de vida; convirtiendo las ciudades en verdaderas concentraciones humanas y destinando las mejores tierras del campo para los proyectos de terratenientes, narcotraficantes y multinacionales. Según los líderes del movimiento político Unión Patriótica (UP), el saldo de los actos atroces perpetrados en su contra hasta hoy se

4. aproxima a las 5.000 personas asesinadas, desaparecidas y torturadas. Entre estas personas se cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales y miles de activistas locales[4]. Según cifras presentadas por el Grupo de Memoria Histórica ¡Basta ya!, el ciclo de violencia de los últimos 54 años ocasionó la muerte hasta 2012 de por lo menos 220.000 personas[5]. ¿Hacia el desmonte estructural de la violencia? Para lograr el ejercicio de una política sin violencia se impone una transición que nos acerque a la democracia. Un nuevo pacto de las mayorías para la paz exige el desmonte estructural de la violencia. No podemos encarar un proceso de paz sin reconocer los antecedentes de la guerra, la dimensión de la capacidad criminal de la oligarquía colombiana y las formas de neutralizar los intentos de quienes quisieron construir un proyecto distinto de país. Los pactos realizados históricamente para terminar los conflictos no resolvieron las causas que lo originaron, las victimas siempre sufrieron el desprecio y las personas reincorporadas también fueron perseguidas, muertas o desaparecidas. Las fuerzas militares y de policía, las agencias de inteligencia como el famoso DAS, no han operado en defensa del país y mucho menos han cumplido el deber constitucional de preservar la soberanía nacional. En los últimos 60 años fueron adoctrinadas por la Escuela de las Américas, academia militar dirigida por EEUU que ha entrenado a más de 61.000 soldados latinoamericanos en técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y tortura. La consigna general de las fuerzas armadas en los países del continente era reprimir y exterminar al “enemigo interno”, orden establecida en la Doctrina de Seguridad Nacional diseñada por Estados Unidos y adoptada por los ejércitos latinoamericanos[6]. En la última década, el proceso democratizador en Latinoamérica ha operado profundos cambios en la doctrina militar de sus ejércitos. Su prioridad no es el enemigo interno sino la soberanía nacional y popular. Pero en Colombia sigue vigente la doctrina contrainsurgente y anticomunista: las fuerzas militares siguen los manuales del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), nombre adoptado por la escuela de las Américas desde 2001. La misma escuela de adoctrinamiento contrainsurgente, con otro nombre. Grave error se puede cometer si se intenta terminar como si se tratara otro tipo de confrontación o guerra ordinaria con los conflictos armados internos que tienen un sello político y de clase. No hace bien

5. el considerar que estos levantamientos armados son simples agrupamientos al margen de la ley que el Estado debe someter a la justicia, ni el no tener en cuenta que las graves desigualdades y la exclusión han afectado a la estructura misma de la sociedad. Un acuerdo de paz va más allá de la suspensión de las acciones armadas. Debe llevarnos a un nuevo pacto de sociedad que termine con estos desajustes y diferencias, a un avance en un proceso de transición a una democracia real, no a la “profundización de la democracia” a la que nos quieren invitar. Esta democracia necesita de la existencia de unas Fuerzas Armadas profesionales con una nueva doctrina que enfatice la defensa de la soberanía nacional y popular. Necesita, también, un nuevo pacto de mayorías, que nos lleve a la configuración de un nuevo sujeto político común, diverso, intercultural, que pueda avanzar en una transición política y democrática, hacia un proceso emancipatorio popular. Existe la posibilidad de romper con el hilo histórico de violencia que ha impuesto el modelo oligárquico como opción para la acción política. Juan Carlos Cuéllar, comandante del ELN, detenido en la cárcel de Bellavista (Medellín), forma parte del Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo. Artículo publicado en el nº62 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2014. NOTAS: 1. Como explica Francisco Muñoz, el concepto de paz ha estado liga do al de la guerra, pues ambos aparecen simultáneamente. La paz se puede entender como antípoda de la guerra (Muñoz, Francisco A; Martínez López, Mario (2000): Historia de la Paz. Tiempos, espacios y actores, Universidad de Granada. 2. Tirado Mejía, Álvaro (1996): Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Biblioteca de Autores Antioqueños, Vol. XCVI, Medellín. 3. Dorado, Fernando (2014): “Guerra civil en Colombia (Parte II)”, Semanario Virtual de la Corporación Viva la Ciudadanía. 4. Lozano Guillén, Carlos; y Matta Aldana, Luis Alberto; (2002): Poder capitalista y violencia política en Colombia: terrorismo de Estado y genocidio contra la Unión Patriótica, Bogotá. 5. Son cifras aproximadas, porque los informes no dan cuenta de muchos casos no registrados. La mayoría de estas víctimas son causadas por la violencia armada del Estado y el paramilitarismo. 6. Establecida en Panamá en 1946, la Escuela de las Américas fue trasladada a Estados Unidos en 1984. En la década pasada la

6. prensa estadounidense abordó como un escándalo sus manuales de entrenamiento, utilizados para instruir sobre cómo aplicar torturas, el pago de recompensas por enemigos muertos, el chantaje y la extorsión. Cientos de colombianos y colombianas han sido torturadas, asesinadas y desaparecidas por soldados y oficiales colombianos entrenados en la Escuela de las Américas y por mercenarios como Yair Klein, del ejército sionista de Israel.