1. México y el Día mundial contra la minería a cielo abierto
Juan Carlos Ruiz Guadalajara *
La jornada 21/07/2012
La destrucción ilegal de Cerro de San Pedro ha mostrado las dimensiones
reales del problema que enfrenta América Latina, frente al nuevo modelo
mineroFoto María Meléndrez Parada
Por cuarto año consecutivo diversos movimientos sociales lanzaron desde
México la declaratoria del 22 de julio como Día mundial contra la minería a cielo
abierto. Se trata de una iniciativa ciudadana que fue impulsada en 2009 por
activistas mexicanos y canadienses, al calor de los triunfos jurídicos que en ese
año el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier consolidó en la defensa del
Valle de San Luis Potosí y en contra de la destrucción de Cerro de San Pedro,
logros que fueron ignorados por la trasnacional canadiense New Gold y por
todos los niveles de autoridad en nuestro país, principalmente el desastroso
gobierno de Felipe Calderón.
El caso específico de New Gold-Minera San Xavier, con la destrucción ilegal de
Cerro de San Pedro, ha mostrado las dimensiones reales del problema que
enfrenta América Latina frente al nuevo modelo minero extractivista, el cual
tiene en la potencial proliferación de proyectos de tajo a cielo abierto una de
sus más peligrosas amenazas socioambientales.
Las bases del actual modelo se encuentran en la combinación de factores
económicos, sociales y tecnológicos de naturaleza global que en las últimas
décadas han impactado negativamente espacios locales y microregiones de
todo el orbe. Desde los años 80 y siguiendo directrices de organismos
mundiales (BM, FMI, BID), en muchos países latinoamericanos se
instrumentaron reformas para privilegiar e incentivar la inversión extranjera
directa en sectores antes reservados a la inversión nacional. Dichas reformas
tuvieron entre sus objetivos facilitar la desincorporación estatal de diversos
recursos, algunos estratégicos, y su conversión en lucrativos negocios para el
capital internacional. Quedaron así en la mira de las trasnacionales
extractivistas los yacimientos energéticos (petróleo y gas) y las reservas

2. minerales que incluyen desde metales hasta tierras raras, muchas de ellas
fundamentales para la industria militar estadunidense.
En México, la reforma salinista de 1992 al artículo 27 constitucional sentó las
bases para la desintegración del principio de propiedad colectiva e inalienable
de la tierra (el ejido), generando un mercado de la tierra con un impacto
especialmente adverso y veloz sobre el vulnerable espacio social campesino.
Salinas también se encargó de reformar la ley minera, dando carácter de
utilidad pública a la exploración, explotación y beneficio de minerales, es decir,
declarando el uso minero como preferente por sobre cualquier otro uso o
aprovechamiento del suelo. A ello se agregó la reforma a la Ley de Inversiones,
permitiendo la llegada al sector minero de empresas con cien por ciento de
capital extranjero. Este conjunto de reformas generó increíbles facilidades para
las empresas trasnacionales especializadas en la extracción de minerales, las
cuales han clasificado a México como uno de los mejores destinos para invertir
y lograr excesivas ganancias en breves periodos.
La liberalización económica del sector minero mexicano coincidió además con
tres procesos globales: primero, el crecimiento inusitado en la demanda
mundial de minerales por parte de países con economías desarrolladas o
emergentes, con problemas de superpoblación y sociedades con altos patrones
de consumo; segundo, el aumento sostenido en el precio del oro desde
mediados de los años 90, fenómeno que ha provocado una nueva fiebre
especulativa de oro ante las debilidades de la economía global y la necesidad
de un valor refugio; tercero, la transformación de la tecnología de extracción y
recuperación de minerales metálicos (principalmente oro, plata y cobre), con el
objetivo de explotar mediante tajos a cielo abierto amplios territorios con
presencia dispersa de minerales y remontar así la escasez de las reservas de
alta concentración.
Lo anterior explica la reciente invasión que ha padecido el país por parte de
trasnacionales mineras, proceso que Fox y Calderón publicitaron como el
resurgimiento de la industria minera nacional, pero que en realidad ha
significado la pérdida de soberanía y la transferencia de las reservas minerales
no renovables del país hacia el extranjero a cambio de irreversibles daños
socioambientales. Según datos oficiales, se encuentran en México 293
empresas mineras de capital extranjero (75 por ciento canadienses), las cuales
acumulan 808 proyectos, 506 de los cuales están asociados a oro y plata. La
mayoría de estos se encuentra en fase de exploración, sin embargo, de los
poco más de 70 que están en producción, al menos 25 operan en zonas de
mineral disperso y con megaminería a cielo abierto y lixiviación con cianuro
para recuperación de oro y plata. De continuar la fiebre del oro, en cinco años
se podría cuadruplicar en México la cantidad de gigantescos tajos a cielo
abierto. No olvidemos que 30 por ciento del territorio nacional se encuentra ya
concesionado a la minería principalmente metálica, y que en el subsuelo de
diversas regiones del país existen recurrencias que van desde 1 hasta 0.2

3. gramos de oro por cada tonelada de roca.
Los avances de la megaminería hacen rentable, por ejemplo, la extracción de 3
metros cúbicos de oro en tan sólo 10 años de vida útil de una mina a cielo
abierto, con saldo de miles de millones de metros cúbicos de agua
contaminada; miles de hectáreas de territorio destruido; liberación de metales
pesados; pérdida irreversible de biodiversidad y recursos culturales;
comunidades enfrentadas y desplazadas; corrupción y violación de leyes
nacionales; nulo desarrollo local y mínimos beneficios tributarios para el país,
por mencionar sólo algunos impactos que provocan estas explotaciones
pasajeras y que no se incluyen en los costos de producción del oro, pues las
incalculables deudas ambientales se transfieren a las futuras generaciones de
mexicanos (los dramáticos ejemplos de Cerro de San Pedro, Mazapil, Mulatos
y Ocampo hablan por sí mismos). La megaminería a cielo abierto, potenciada
por la actual fiebre del oro, representa para México un venero de devastación
socioambiental y debe ser urgentemente prohibida. Ello depende por completo
de la sociedad civil, de nadie más.
* Investigador de El Colegio de San Luis, AC.