La comunidad indígena de Zacualpan en México se ha opuesto a un proyecto minero propuesto por la empresa Gabfer debido a los impactos negativos que tendría en su salud, economía y medio ambiente. La empresa ha violado las leyes al no obtener el consentimiento de la comunidad y ha sobornado e intimidado a los miembros de la comunidad para apoyar el proyecto. El gobierno ha sido permisivo ante estas acciones y la comunidad ha sufrido agresiones y amenazas. Han acudido a mecanismos internacionales para

1. La resistencia de la comunidad indígena de Zacualpan
Por: Ira Nahomi Moreno, Published on Wednesday, 22 April 2015
RIDH
En América Latina actualmente operan decenas de empresas
transnacionales y nacionales de la industria minera, que vulneran
normas de salud, laborales, medio ambientales, así como de
protección a la infancia, las mujeres y las comunidades indígenas. Al
mismo tiempo, ejercen nuevos métodos de esclavitud e impactan
negativamente en la economía local, destruyendo las formas
tradicionales de subsistencia y economía. Incurren en violaciones de
derechos humanos y vulneran leyes nacionales y convenios
internacionales asumidos por los Estados. Este es el caso de la
comunidad indígena de Zacualpan, en México.
Las violaciones ocurren por la confluencia de dos factores: por un
lado la política operacional de la empresa o Estado y por el otro, la
debilidad, permisividad o confabulación del Estado, a través de la
lógica del sistema económico internacional “injusto”. Un mecanismo
que se ha impuesto y aunque suele ser lo más visible y criticable, él
en si mismo no es el principal responsable de los dramas humanos en
torno a la industria minera, sino las empresas y los Estados que
propician las condiciones para mantener y nutrir este sistema,
escudándose en él para evadir sus responsabilidades.
En la actualidad esa responsabilidad se puede detectar desde antes
que una empresa obtiene una concesión de explotación minera y los
hechos de violación de derechos humanos, incluso antes que la
empresa esté operativa. Tal es el caso de la empresa Gabfer S.A. del
Estado de Colima en México, registrada en 2012 y de carácter
nacional, aunque hay indicios que su capital procede de la empresa
minera canadiense Teck Resources Limited. En mayo de 2013, Gabfe
presentó un proyecto minero a cielo abierto para la extracción de oro,
plata, cobre y manganeso a 1 km de la comunidad indígena de Nahua
de Zacualpan, del Municipio de Comala, Estado Colima. Un municipio
en el que el 44% del territorio está concedido a diferentes empresas
mineras.

2. Vulneración de leyes, derechos humanos y sobornos por parte
de la empresa minera Gabfer
La propuesta del proyecto minero se hizo con la concesión de
explotación en mano, pese a no dar a conocer esta información a la
comunidad indígena y sin el debido consentimiento previo de la
misma. Esta carencia constituye en si misma una violación al capítulo
1, artículo 26 de la Carta Magna mexicana, donde se reconoce el
derecho que poseen las comunidades indígenas al control de sus
tierras y recursos. Al mismo tiempo viola el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros acuerdos
internacionales en relación a los derechos de los pueblos indígenas,
asumidos por el estado mexicano.
Otra violación al marco jurídico mexicano se aprecia en el sistema de
información de la Secretaría Económica (organismo que otorga las
concesiones mineras) ya que consta que la concesión minera fue
dada en 1995 a Adolfo Pineda (que tampoco pasó por un proceso de
consulta y aprobación de la comunidad indígena), quien falleció hace
unos años y no figura que haya realizado una sucesión legal de la
concesión al propietario de Gabfer. Por lo que dicha concesión debió
haber sido cancelada y no fue así, sino que fue trasladada a otra
persona de manera irregular pasando por alto la ley minera nacional.
Ello evidencia la permisividad y/o confabulación del gobierno
nacional, previo a la operación del proyecto minero.
La empresa, en vista que la comunidad indígena mostró su rotundo
rechazo al proyecto minero (por las consecuencias negativa que
traerá a la salud, la economía, la dinámica sociedad y el medio
ambiente), sobornó al Presidente de Bienes Comunales[1] de ese
entonces, para que éste a su vez sobornase a comuneros[2] para que
votaran a favor del proyecto minero en las siguientes asambleas
generales. Como esa estrategia tampoco funcionó, porque la mayoría
no interpuso su beneficio económico personal sobre el de la
comunidad, procedió a presionar y sobornar a indígenas para que
intimidasen y cometiesen actos violentos contra el resto de la
comunidad, contra integrantes del Comisariado de Bienes de
Comunales que se integraría posteriormente y representantes de la
organización ambientalista y defensora de los derechos humanos Bios
Iguana. Esta organización comenzó a ser objeto de ataques desde el
momento en que aceptaron asesorar y apoyar a la comunidad
indígena en respuesta a la solicitud que ésta le hizo.
A finales de 2013, la comunidad indígena destituyó al Presidente del
Comisariado, por el apoyo que él mostraba al proyecto minero, el
hecho de no haber registrado las actas de las asambleas generales en
las que por mayoría ganó el rechazo al proyecto minero y que
constituía una violación a la ley agraria y los estatutos comunales. De

3. igual modo, por haber realizado sobornos, incurrido en difamaciones
y junto al Comisario Municipal (responsable de la seguridad de la
comunidad) ser los responsables de actos intimidatorios, como la
llegada de un convoy de militares a la comunidad sin dar
explicaciones y con actitud agresiva, en respuesta a una reunión
informativa que realizó Bios Iguana en la localidad afectada.
La política del Gobierno Federal de otorgar concesiones
mineras de manera indiscriminada. La complicidad de
funcionarias y funcionarios de gobiernos locales y el uso
indebido de las fuerzas del orden
Inmediatamente a esa destitución se intensificaron las difamaciones,
amenazas y hechos violentos contra las personas contrarias al
proyecto minero, en acciones conjuntas y coordinadas entre la
empresa Gabfer, a través de sus cómplices dentro de la comunidad
indígena y funcionarias/os municipales, estatales y la permisividad
del Gobierno Federal. Entre algunas de ellas, las decenas de personas
de la comunidad indígena incluyendo menores de edad y ancianos,
que resultaron heridas tras el desalojo a la fuerza y sin mediación por
parte de ciento cincuenta efectivos armados, mientras la comunidad
protestaba pacíficamente ante el no reconocimiento del gobierno
estatal de la Asamblea General, en la que se destituyó al Presidente
del Comisariado, se designaron nuevos integrantes, se creó el
Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ)
y se declaró Territorio Libre de Minería.
En una reunión solicitada por la comunidad indígena con el Presidente
Municipal de Comala para pedirle mayor seguridad, seis personas de
manera violenta golpearon a miembros de la comunidad indígena
ante la permisividad de dicho funcionario, que no pidió la intervención
de la policía que se encontraba afuera del recinto; y al retirarse, ocho
mujeres indígenas resultaron heridas por los golpes de un grupo de
personas dirigidas por el destituido presidente del Comisariado. Algo
parecido sucedió durante la visita a la comunidad del Secretario de
Gobierno y el Presidente Municipal de Comala, en la que varios
periodistas que cubrían la noticia resultaron heridos por el mismo
grupo. Mientras de manera individual se han violentado a muchas
personas de la comunidad indígena, como a Pascual Guzmán,
amenazado con una navaja, Jesús Santos, golpeado por policías
estatales y Francisco Santos, detenido arbitrariamente por 48 horas y
multado de manera injustificada.
La mayoría de los hechos violentos han ocurrido en el entorno al
manantial de Ojo de Agua, donde hay un balneario administrado por
la comunidad indígena y que representa una importante fuente de
ingreso para usos comunes. En agosto de 2014 fue tomado
violentamente por el mismo grupo de agresores, hecho en el que la

4. señora Paula Alonso (de la tercera edad) resultó herida en la cabeza
por una piedra que le lanzaron, ante la contemplación de la patrulla
1172 del Municipio de Comala.
Desde entonces se han producido varios intentos por liberar el
balneario, incluso con una sentencia del Tribunal Unitario Agrario,
pero no ha sido posible. En uno de esos intentos retuvieron durante
horas a Guadalupe Carpio, Epitacia Zamora y Olivia Teodoro,
integrantes provisionales del Comisariado y en otro intento a finales
de diciembre de 2014, varias personas que se encontraban en el
manantial Ojo de Agua, fueron retenidas y hasta la fecha continúan
ahí.
En ese mismo sentido, se han producido otros abusos, como la
detención arbitraria del presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez,
retenido durante media hora en una patrulla de la policía municipal
por órdenes del Comisario Municipal. Durante una manifestación
pacífica de la comunidad indígena, dos funcionarios públicos de la
Procuraduría Agraria agredieron físicamente a los miembros de Bios
Iguana: Jonatan Ochoa, Alejandro Bueno y verbalmente a Vanesa
Gomez. En otra ocasión uno de esos mismos funcionarios amenazó
de muerte a Jonathan, mientras la Delegada de la Procuraduría
Agraria declaró en varias ocasiones que Bios Iguana había invadido
las asambleas comunales de Zacualpan, que eran unos
extorsionistas, causantes del conflicto de la comunidad y los acusó de
tener sembradíos de droga.
Si bien las difamaciones e injurias hacia Bios Iguana se habían
convertido en parte del discursos habitual del destituido presidente
del Comisariado y funcionarias y funcionarios del gobierno municipal
y estatal, el incremento de las amenazas físicas y hostigamientos
(muchas veces de manos de la propia policía local) obligaron a varios
de sus miembros a irse de la ciudad por su seguridad. Mientras a la
comunidad indígena no pueden acceder sus integrantes desde
octubre del 2014, ya que son atacados con palos y piedras por grupos
violentos coludidos con el gobierno local y estatal.
Sin duda los hechos que mejor ejemplifican la complicidad del
gobierno estatal con la empresa Gabfer, son la decisión de la
Comisión Permanente del Congreso del Estado de Colima de aprobar
un Punto de Acuerdo, que llamó a nuevas elecciones de las
autoridades del Comisariado de Bienes Comunales y prohíbe que
gente extraña entre a la comunidad, en relación a las/os integrantes
de Bios Iguana. Con ello no soló se desconoció las decisiones
tomadas por la comunidad indígena en asamblea general, sino que
violó una sentencia dictada a favor de la misma por el Tribunal
Unitario Agrario, que reconoció los acuerdos tomados. Y el otro
lamentable hecho, es que el Ministerio Público del Municipio de

5. Comala no ha atendido ninguna de las denuncias individuales y
colectivas que han introducido indígenas de la comunidad,
integrantes de Bios Iguana y periodistas, por diversas vulneraciones
de derechos humanos de las que han sido víctimas.
La búsqueda de una solución fuera del Estado mexicano
Ante este panorama de complacencia e impunidad, la comunidad
indígena ha buscado mecanismos internacionales que les ayuden a
poner fin a la difícil situación que viven, por lo que introdujeron en el
mes de octubre de 2014 una “Queja” ante los Procedimientos
Especiales de ONU: Relator Especial sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y Relator Especial sobre los Defensores de
Derechos Humanos.
En otro sentido, la comunidad indígena en colaboración con Bios
Iguana y otras organizaciones, programaron una Misión Internacional
y Nacional de Observación con dieciocho entidades de Canadá,
Estados Unidos y México, que llegó a Colima a principio del mes de
abril de este año, por cuatro días, para documentar los hechos,
reunirse con los actores implicados y tratar de conseguir unos
mínimos acuerdos con el gobierno estatal para facilitar las
condiciones de un diálogo a corto plazo. Se alcanzaron algunos
acuerdos con el Secretario General de Gobierno pero fueron
irrespetados al día siguiente, ya que policías judiciales, estatales y el
habitual grupo violento, impidieron a la Misión entrar a la comunidad
indígena, por lo que una parte importante de sus objetivos fueron
frustrados. La Misión concluyó que “el gobierno del estado de Colima
favorece la impunidad, la falta de procuración de justicia y la
violación a los derechos humanos y de los pueblos”.
El 9 de abril, la RIDH en colaboración con Bios Iguana, introdujimos
una “Queja Preventiva” ante otro Procedimiento Especial de la ONU,
el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos,
Corporaciones Transnacionales y otras Empresas de Negocios,
apegándonos a los Principios Rectores que promueven mecanismos
para solucionar conflictos de esta naturaleza y apelando al carácter
preventivo que le concedió el Consejo de Derechos Humanos. El
objetivo es que este grupo de expertos esté informados de la grave
problemática que vive esta comunidad indígena, tomen las acciones
pertinentes y consideren las peticiones que les presentaremos.
Notas
[1] De acuerdo a la Ley Agraria de México, la estructura política y
administrativa de una comunidad indígena y agrícola esta bajo la
figura del Comisariado de Bienes Comunales, que es el órgano
encargado de ejecutar y hacer cumplir los acuerdos tomados por la

6. Asamblea, así como llevar la representación jurídica del núcleo
agrario ante terceros.
[2]Miembros de la comunidad que tiene posesión sobre un territorio
del que nadie de manera independiente es propietario, los comuneros
deciden sobre los usos de ese territorio y los bienes de esa
comunidad a través de Asambleas.