1. Preocupación ciudadana por el recrudecimiento de la guerra en el norte
de Antioquia y los impactos de Hidroituango.
fotografía: Movimiento Ríos Vivos
Los intereses económicos que motivan los enfrentamientos armados son
palpables el norte de Antioquia. La disputa por el territorio entre actores
armados ilegales con fuerte presencia histórica en el territorio como guerrilla
(Frente 18 y 36 de las FARC), paramilitares (supuestamente desmovilizados
como AUC y el antiguo bloque Mineros, Urabeños y Rastrojos), además de la
creciente militarización de la zona de incidencia del proyecto hidroeléctrico más
grande del país, han agudizado el conflicto armado en esta zona, conflicto en el
que las comunidades locales quedan en medio con los principales efectos
sobre sus vidas y territorios. Todos los actores, incluida la represa impuesta a
los habitantes, hacen parte de esta disputa.
En paralelo, como una avalancha, las comunidades han vivido el avance de la
obra hidroeléctrica, los crecientes atropellos de la empresa ejecutora -EPM
Ituango-, los impactos ambientales, sociales, las acciones armadas, los
enfrentamientos, las bombas y detonaciones de artefactos explosivos, la
quema de vehículos, amenazas, señalamientos, extorsiones, y nunca como
antes se había sentido la presencia en la zona de tantos actores armados en
fin todo tipo de acciones de guerra en el territorio.
El despojo por el megaproyecto ya ha sido evidenciado en este caso, pues el
conflicto armado desplazó a la mayor parte de las comunidades asentadas en
la zona en la segunda década de los 90 y la primera del 2000, en el momento
de planeación de la obra. Nuevamente arrecia el conflicto armado, en el
momento de construcción de la obra, lo que llena de miedo a las comunidades,

2. impidiendo su libre participación y exigencia de derechos por temor a los
diferentes actores armados.
En este sentido, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre la
creciente violación a los derechos humanos y sobre la necesaria revisión de los
beneficios que ha traído el conflicto armado histórico en esta región, en el
desarrollo del megaproyecto Hidroituango.
Sin embargo y a pesar del conflicto armado, después de tres desalojos de
comunidades mineras ancestrales de la zona, de dejar sin trabajo a cientos de
personas, de promesas incumplidas, de discriminación y engaños por parte del
proyecto, de un censo errado y excluyente para mineros, pescadores, y en
general para habitantes de la zona, de ausencia de información, de denuncias
sin respuesta; por primera vez las comunidades impactadas se están
organizado para exigir sus derechos y en este contexto alertan y exigen a las
instituciones de gobierno y de estado se les garantice su derecho a la
participación y a la protesta social. Se persigan y castiguen los señalamientos
que ya se vienen dando en la zona que criminalizan toda posibilidad
organizativa, así como la exigencia del respeto al DIH los DDHH y a los
derechos sociales, económicos y culturales a todos los grupos armados legales
e ilegales, y a la empresa constructora.
Rechazamos las medidas que la historia ha mostrado como erradas, las
comunidades de los municipios afectados por la represa no aceptan las
medidas guerreristas que se vienen promoviendo desde el gobierno
departamental para la zona, toda vez que han generado más impactos en la
población civil. Hidroituango un proyecto pensado hace tantos años debió
promover el fortalecimiento institucional antes de iniciada la obra, no después,
la presencia del Estado en este contexto debe ser de protección y
acompañamiento a las comunidades y exigibilidad a los diferentes actores en
disputa por el territorio. Pero esto no está ocurriendo los anuncios se limitan a
bases militares y mayor número de hombres para la guerra y al parecer para
cuidar a la represa, es decir los intereses económicos, no a las comunidades,
en tato la obra no es de y ni para las comunidades locales.
Además, rechazamos la manera como vienen siendo legitimadas por las
autoridades civiles de forma engañosa con las comunidades, estas acciones de
guerra.
Después de una visita realizada por autoridades civiles y militares al municipio
de Ituango, en el marco del Plan de Consolidación Nacional el día 7 de julio, se
publicaron por los medios de comunicación regionales posiciones de las
comunidades que no corresponde con la realidad.
1. El 9 de julio de 2012 se emitió por Teleantioquia Noticias una nota que
iniciaba por la siguiente expresión “debido a los hostigamientos presentados en
los dos últimos meses la comunidad de Ituango pidió más presencia de la
fuerza pública” esta expresión NO expresa de ninguna manera el sentir de las
comunidades de Ituango, ni de los municipios cercanos que vienen sufriendo el
conflicto armado que se agudiza en la zona.

3. 2. El secretario de Gobierno del Departamento, Santiago Londoño Uribe,
expresó en la misma nota “un plan de acción que comprende tanto la
construcción de infraestructura física de seguridad como nuevas estaciones de
policía y nuevas bases militares”. Este anuncio pone en alerta a las
comunidades y pobladores que consideran que la solución a esta guerra no es
con más guerra puesto que lo que genera la presencia de más ejercito en la
zona son mayores acciones armadas y por consiguiente más víctimas civiles.
3. En la misma nota se nombra a Hidroituango como financiador de algunas
de las necesidades comunitarias. Al respecto rechazamos que un proyecto
que no ha sido consultado con las comunidades, que se impone en el territorio
disimule con otras inversiones como los famosos bolsitos y cuadernos de EPM,
para después hablar de su inversión social cuando viene afectando a cientos
de personas.
Ante las diferentes acciones de guerra ocurridas en el territorio el Secretario de
Gobierno del Departamento ha manifestado en diversas ocasiones como única
respuesta la salida armada, ha anunciado tres bases militares para lo zona las
comunidades rechazan esta postura y alertan sobre la agudización del conflicto
que traerá a la zona.
Se denuncia como la amenaza paramilitar crece en la zona y con esta el miedo
a pronunciarse en contra del proyecto hidroeléctrico.
Se han visto grandes grupos de hombres vestidos con prendas de uso privativo
de la fuerza pública y un brazalete rojo alusivo a las AUC, fuertemente armados
y con provisiones para mucho tiempo. Desde Semana Santa se observaron
por primera vez en algunas veredas de Ituango, y el pasado 1 y 2 de julio de
2012, nuevamente en una vereda a 15 minutos del casco urbano, cientos de
hombres desfilaban por la vía, montaron un reten en el que maltrataron los
campesinos y campesinas que por allí pasaron, acusándolos de ser
auxiliadores de las FARC y guerrilleros, además dejaron letreros en esta vía
que decían AUC.
Al respecto el alcalde de Ituango Jaime Montoya, expresó su preocupación a
las autoridades militares, como ciudadanos y ciudadanas de la zona ratificamos
esta preocupación y exigimos a los organismos pertinentes se realicen las
investigaciones necesarias e informen a la población.
En el municipio de Briceño los grupos paramilitares convocan ampliamente a
reuniones a líderes sociales y comunales. El 28 de julio en la elección de
Asocomunal la administración municipal expresó que no se oponía ni apoyaba
este tipo de reuniones, lo que resulta muy preocupante pues los lideres y
lideresas del municipio corren un grave peligro.
En el municipio de Toledo se han presentado panfletos amenazantes en donde
se señala a varias personas conocidas de pertenecer a la guerrilla, además en
el Valle de Toledo han llegado decenas de hombres desconocidos que
amenazan e intimidan a la población.

4. Ante esta delicada situación es importante señalar que todas la actividades
pensadas desde el orden nacional y departamental referidas a la inversión
social son bienvenidas, es lo que necesitamos en esta región, servicios
sociales, de justicia, de salud, educación, vivienda, saneamiento básico, incluso
de policía pero para la convivencia. Estos programas deben estar por fuera de
todas las acciones militares, no mezclarlos pues ponen en peligro a las
personas que participan de ellos, por esta razón rechazamos todas las
acciones cívico militares en que se vienen implementando en la zona en la
medida que desdibujan el principio de distinción del DIH
Los y las abajo firmantes, exigimos al gobierno nacional, departamental y a
todas las instituciones pertinentes que se garanticen los derechos a la vida,
integridad y libertad de todos los habitantes del norte de Antioquia.
Fortalecer la presencia del Estado que garantice los derechos a la salud,
educación y acceso a la justicia.
Rectificar cuales fueron las reales solicitudes presentadas por las comunidades
en la reunión que se sostuvo en el municipio de Ituango el día 7 de julio de
2012.
Exigimos que el ministerio público garantice en los casos de señalamientos,
judicializaciones, detenciones arbitrarias y demás violaciones a los derechos
humanos, el respeto por el debido proceso y la atención a las victimas con
dignidad e imparcialidad.
Solicitamos la suspensión de la construcción de la Represa Hidroituango hasta
tanto:
1. El conflicto no cese, pues de otra manera las comunidades no pueden
expresarse ni organizarse libre y democráticamente sin peligro para sus vidas,
como lo exige un proyecto de la envergadura de Hidroituango.
2. Las instituciones de cada uno de los municipios no hayan sido
fortalecidas para atender y acompañar a las comunidades afectadas, además
para realizar las exigencias pertinentes, con independencia a la empresa
constructora del megaproyecto.
3. Las comunidades sean informadas objetivamente sobre lo que implica
una represa y se realice una amplia consulta comunitaria cuya decisión se
asuma en términos de si se realiza o no el proyecto hidroeléctrico.
4. No se reparen los daños hasta ahora ocasionados, se cumplan los
compromisos adquiridos y se realicen planes preventivos y no sólo de
mitigación de los impactos de la represa consultados y aprobados por las
comunidades.
Nodo Antioquia Plataforma de Derechos Humanos Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos

5. Movimiento por la defensa de los territorios afectados por represas
Ríos Vivos
Habitantes de los municipios de Ituango, Briceño, Toledo y San Andrés de
Cuerquia