1. DESPLAZAMIENTO FORZADO
Veamos, pues, algunas características del contexto de las organizaciones
comunitarias vinculadas al desplazamiento forzado en Colombia, analistas, académicos
e investigadores del conflicto armado afirman que la guerra en Colombia es un fracaso
por dos motivos centrales:
La insurgencia no ha llegado al poder en cuarenta años. Por su parte, el Estado no logra
desactivarla; por el contrario, se amplia y entrecruza con otras violencias ilegales, a
pesar del horror sembrado por el refuerzo paramilitar en su afán de erradicar a los
grupos insurgentes, aunque diezmados todavía siguen vigentes y no cesa su accionar y
propósitos en arrinconar a la sociedad civil donde realizan sus incursiones armadas.
Según PNUD (2003) El conflicto colombiano son muchos conflictos.
Subrayemos que, los protagonistas de esta guerra sin sentido, se han ensañado con los
grupos étnicos, campesinos y colonos ubicados en las zonas más ricas en recursos
naturales (biodiversidad y fuentes de agua), minerales (petróleo, carbón, esmeraldas,
oro, entre otros), pasándolos al estatus de desplazamiento forzado. Son víctimas
inocentes de una guerra que no les pertenece, por la misma razón de sus vínculos con la
tierra son gente de paz.
En última instancia, la riqueza natural del territorio que pisan los pueblos indios y los
afrodescendientes, constituye una de tantas causas generadora del destierro. En
contraste, poseen austeros estilos de vida, son alegres entre los suyos y reservados frente
a la sociedad mestiza; los líderes de sus organizaciones se esfuerzan porque la ideología

2. del consumo no dé al traste con sus vínculos con la naturaleza. El dinero no es el fin del
desarrollo y menos aún de la realización humana. En Orewa (s/f. p.61) se relata:
―Hemos tejido una unidad territorial mantenida durante mucho tiempo, en la que no
existen fronteras, pues estas no hacen parte de la visión del mundo donde nos movemos,
pues la percepción del mundo la hacemos desde la libertad de compartir e intercambiar
con otros hermanos indígenas, a partir del enriquecimiento mutuo de experiencias y
conocimientos, y no desde la división política. Es en ese sentido que se desarrolla la
unidad en la diferencia‖.
Los defensores de los derechos humanos de los grupos étnicos, esperan que la deuda
pendiente del Estado y de la sociedad civil por su olvido e indiferencia, sea saldada por
la Corte Penal Internacional de Justicia.
Las cifras del desplazamiento forzado ascienden a 3’472.037 de habitantes (Codhes. 1º
trimestre. 2005). Esta población demanda de las autoridades municipales y nacionales el
cumplimiento de los compromisos adquiridos, mediante la ejecución de proyectos y
programas de desarrollo y asistencia social.
Los desplazados exigen suficiente cobertura que permita una adecuada atención a las
víctimas residentes en sitios marginales de las ciudades y los municipios donde la
guerra los arrojó. En los sitios de origen, tanto las tierras como las viviendas, los
animales y otras propiedades cambiaron de dueño. Las amenazas y la inseguridad les
impiden regresar a sus territorios de origen.
Ante esta situación, la única posibilidad de supervivencia es la defensa de la vida. Esta
realidad genera verdaderos desafíos a las autoridades locales y las organizaciones
comunitarias que intervienen en la solución de estos problemas.
―El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia
(snaipd) está formado por todas las entidades públicas, privadas y comunitarias que
realizan actividades a favor de personas desplazadas. Lo dirige un consejo nacional
compuesto por cuatro ministros, el director del Departamento Nacional de Planeación,
el de la RSS y el Defensor del Pueblo‖. (2003, p. 218)
En su conjunto, el Sistema se responsabiliza de la ejecución de todos los componentes
de la política; la oferta de servicios sociales del Estado; los fondos financieros, asuntos
agropecuarios; fomento de actividades económicas y microempresa en las áreas:
familia, salud, educación vivienda.
Se adiciona, el componente de las entidades territoriales (…) que debe actuar a través de
los comités departamentales y municipales presididos por gobernadores y alcaldes.

3. (2003, p.218). Resulta relevante la siguiente responsabilidad que delega el gobierno
nacional, ya que su ejecución se condiciona al presupuesto en los planes de desarrollo
locales.
Les corresponde prevenir el desplazamiento y, con sus propios recursos, participar en la
ayuda humanitaria y encargarse de la educación del desplazado. Un esquema de
incentivos (puntos adicionales de calificación para la distribución de regalías y otros
apoyos financieros) procura impulsarlas a desarrollar proyectos de inversión para los
desplazados (servicios domiciliarios, saneamiento básico) y a inscribir los desplazados
en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén). (2003,
p.218).
En contraste, el informe del PNUD (2003) recoge los siguientes problemas: falta de
coordinación y de compromiso con la población desplazada, especialmente entre las
autoridades municipales y departamentales y tampoco tienen un plan nacional para la
atención integral a la población desplazada, conforme a la ley 387 de 1997.
―En consecuencia, no son claras las políticas que orientan las varias líneas de acción
(prevención, asistencia humanitaria, etc.), prevalece un enfoque de asistencia social
sobre uno de derechos humanos (como cartas de exigibilidad en manos de los
desplazados) y están ausentes perspectivas transversales indispensables: etnia, edad,
condición geográfica (rural o urbana) y, sobre todo, género‖. (2003, p. 219)
Adicionemos estas cifras:
A pesar del aumento de recursos para los desplazados en los últimos años, los
porcentajes de atención siguen siendo bajos: la [Red de Seguridad Social] RSS calcula
que entre enero de 1999 y junio de 2002 solo se cubrió 43% de la demanda en atención
humanitaria de emergencia y 9,5 % en estabilización socioeconómica (ACNUR, 2002:
9). Y estima que ―durante los próximos dos años se requiere invertir 2,6 billones de
pesos sin incluir el costo de seguridad física, adquisición de tierras ni recursos para
crédito‖ (ACNUR, 2002:9); no obstante, la cobertura de la asistencia de emergencia ha
estado creciendo (es casi plena en los desplazamientos masivos). (2003: p.219-220).