El diputado Adrián Pérez criticó el uso que hace el gobierno de la Ley Antiterrorista y propuso que el Congreso la derogue. Pérez señaló que la ley se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales y se usa de manera desproporcionada e irracional, como en el caso de la empresa Donnelley. También advirtió que la falta de claridad de la norma permite un uso arbitrario e impredecible del poder punitivo del Estado.

1. Buenos Aires, viernes 15 de agosto de 2014
Adrián Pérez: “El Congreso debe
derogar la Ley Antiterrorista”
El diputado nacional por el Frente Renovador, Adrián Pérez, cuestionó hoy los
fundamentos y el uso que hace el Gobierno nacional de la Ley Antiterrorista: “Debe ser
derogada por el Congreso”, señaló y explicó: “La aplicación de la Ley Antiterrorista en
el caso de la empresa Donnelley confirmó nuestras preocupaciones sobre el uso de una
norma que ya había sido fuertemente cuestionada por los organismos de derechos
humanos y distintos sectores políticos.
Pérez advirtió que hoy, “la Ley Antiterrorista se ha convertido en un cheque en
blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, que en algunos casos
como este se utiliza como respuesta absolutamente desproporcionada e irracional para
un tema que debe ser resuelto por los carriles correspondientes en la justicia civil
comercial y eventualmente en las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo”.
“Del mismo modo, en Santiago del Estero se utilizó para amedrentar a un periodista de
modo que está claro el uso discrecional, arbitrario y peligros que está haciendo el
Gobierno de este instrumento nefasto”.
“La falta de claridad de la norma, que establece el aumento de las penas de todos
los delitos que fueran cometidos con la ‘finalidad de aterrorizar a la población’ o de
‘obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo’, permite
un uso arbitrario e impredecible del poder punitivo del Estado”, destacó Pérez. Frente a
la gravedad de la situación, proponemos la derogación del artículo 3 de la Ley 26734, el
corazón de la Ley Antiterrorista, ya que es contraria a los derechos humanos,
cercenando –entre otros- el derecho a la protesta, a la huelga y la libertad de expresión.
Dicho artículo establece el aumento de las penas de todos los delitos que fueran
cometidos con la “finalidad de aterrorizar a la población” o de “obligar a las autoridades
públicas (…) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.