1. Quito, 12 de abril de 2011
Of No.077-2011-CMAN
Señoras / señores
Unidad de Peticiones
División de Tratados sobre Derechos Humanos
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
Switzerland
CASE REFERENCE: G/SO 215/51 ECU(GEN)
Estimados señoras y señores de la Unidad de Peticiones:
CÉSAR MONTÚFAR MANCHENO, Asambleísta de la República del Ecuador en funciones, por
mis propios derechos y en ejercicio de la representación que ostento, a ustedes manifiesto:
I
ANTECEDENTES
El peticionario, junto a más de 40 asambleístas de la República del Ecuador, envió al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el mes de octubre del 2010,
una petición de investigación de hechos violatorios a los derechos humanos, ocurridos en el
contexto de un amotinamiento policial sucedido el 30 de septiembre del mismo año. Tómese en
cuenta la relación de los hechos presentada en dicha petición (ANEXO 1), como el antecedente
necesario de la presente solicitud.
He tomado debida nota de su contestación del 11 de enero del presente año, en la que se nos indica
que la petición enviada en octubre del 2010, no puede ser procesada con arreglo al mecanismo del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comprendemos que
en este tipo de acciones, no basta con limitarse a impugnar una ley, una política o una práctica
estatal de manera abstracta, sin determinar de forma expresa, las situaciones o circunstancias en las
que los peticionarios son víctimas personales de la ley, política o práctica estatal materia de la
denuncia. Igualmente, estamos conscientes de la importancia del agotamiento de los recursos de la
jurisdicción interna.
Una pormenorizada revisión de los procedimientos que guían la acción del Comité de Derechos
Humanos, así como una reflexión profunda de los hechos puestos en su conocimiento en la petición
anterior y los efectos que éstos han tenido en la vida nacional, me han convencido de que el
incidente ocurrido el día 30 de septiembre del 2010, ha tenido un significado particular para los
derechos humanos del Ecuador, que han sufrido un deterioro constante en los últimos meses.
1

2. Por la situación en que se encuentran los derechos humanos en mi país, he tomado la decisión de
acudir una vez más ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, para exponer los motivos por los cuales mis derechos humanos individuales han sido
afectados, así como demostrar que hay una acción repetitiva de violación de derechos a la
comunidad, a través de mecanismos que detallo en esta petición. Pruebo, además, que he agotado
los mecanismos legales existentes en la República del Ecuador.
Basado en la información y elementos de análisis que esta vez voy a presentarles, creo pertinente
solicitarles que el caso que pongo en su consideración, sea tratado en arreglo al Procedimiento
previsto para el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, al
Procedimiento 1503. Para el efecto, me sujetaré a las normas para presentar denuncias, aprobado
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH1.
II
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DEL PETICIONARIO
El peticionario, junto a cuatro asambleístas fue impedido de expresar su opinión el 30 de septiembre
del 2010. En dicho día, mientras ocurría un acto de indisciplina en uno de los cuarteles de policía
de la ciudad de Quito, el Gobierno del Ecuador, impuso una prohibición a la transmisión de
cualquier información, que no fuera aquella que la emitida por la estación de televisión del Estado
(ANEXO 2). En días posteriores, el peticionario fue falsamente involucrado en supuestas
reuniones conspirativas, lo cual fue profusamente difundido por la Agencia de Noticias del Estado
(ANEXO 3). Adicionalmente, el peticionario también fue incluido en dos videos propagandísticos,
en los que el gobierno denostó políticamente a miembros de la oposición y los acusó, sin pruebas,
de conspirar para un supuesto golpe de estado (ANEXO 4).
Los hechos citados, violatorios a derechos humanos de personas concretas, no fueron casos aislados
ni circunstanciales de irrespeto a derechos civiles y políticos, sino que constituyeron el inicio de un
comportamiento sistemático del Gobierno del Ecuador, en contra de las garantías fundamentales de
sus ciudadanos. La acción indisciplinaría de un grupo de policías, fue el pretexto para que el
gobierno presidido por el Presidente Rafael Correa Delgado, instaurase un mecanismo articulado de
persecución política a quienes no concuerdan con las políticas del régimen, que incluye la
criminalización de las protestas populares, amenazas directas de parte del mismo Presidente, frente
a los cuales los particulares carecen de instrumentos independientes de justicia.
Para exigir el respeto a sus derechos y al de los ecuatorianos, que se afectó mediante la prohibición
de la expresión pública en día 30 de septiembre del 2010, el peticionario, conjuntamente con cinco
asambleístas, presentó una acción de protección a las garantías constitucionales que se afectaron
mediante dicha prohibición (ANEXO 5). La resolución en esta acción legal, mostró el control que
sobre el sistema judicial del país tiene el Poder Ejecutivo. En su parte sustancial, esta resolución
1
Derechos Humanos, Procedimiento para presentar Denuncias. Folleto Informativo No. 7 (Rev. 1)
2

3. expresó lo siguiente:
“… si bien (se) afectó el derecho a la libertad de expresión e información como
ampliamente se ha explicado, era plena, necesaria y legítima, la que se da solamente en un
sistema democrático, justamente para garantizar la vigencia tanto de ese principio como el
del orden público y seguridad ciudadana.”2
Como se aprecia, los magistrados dictaron una sentencia ilógica, incoherente, para favorecer al
gobierno. En ella, acepta expresamente, que se afectó al derecho a la libertad de expresión pero, de
manera ilógica, la justifica señalando que se lo hizo precisamente para garantizar el mismo
principio de libertad de expresión. Es decir, en síntesis se sostiene que se ha afectado un derecho
para garantizarlo. Además, indica la sentencia, que la afectación al derecho a la libertad de
expresión, ocurrió para garantizar un supuesto “principio de orden público”. Este principio es
inexistente, pues el orden público es una condición que ocurre en un país o una ciudad, pero no es
un principio constitucional.
Dada la incoherencia e ilegitimidad de la sentencia, los peticionarios apelamos de la misma, a la
instancia superior, según las normas que rigen los procesos de carácter constitucional. Sin embargo,
ha transcurrido más de seis meses y hasta la presente el órgano de la Función Judicial que conoce de
este caso, no ha dado trámite a la apelación realizada. De acuerdo a disposiciones expresas de la
Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este tipo de procesos debe ser “sencillo,
rápido y eficaz”3, por lo que usualmente son atendidos en un período de no más de dos a tres
semanas4. De esta manera, los peticionarios, agotamos la única opción legal nacional, para
reclamar por nuestros derechos violentados.
III
VIOLACIONES CONTINUADAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ECUADOR
Transcurridos más de seis meses desde la ocurrencia de la insubordinación policial de la que el
gobierno del Ecuador ha hecho el justificativo de su política persecutoria, puede observarse con
claridad que en el país se ha puesto en marcha un régimen dudosamente democrático, al que se lo
ha ido cubriendo con un manto de legalidad, aún a costa de ignorar mecanismos constitucionales.
Favorece a esta situación, el control absoluto que el Presidente Correa tiene de todos los poderes del
Estado, incluido el Legislativo, en donde dispone del apoyo de una mayoría, que de manera ciega
obedece los dictados del mandatario.
2
Ver: Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, causa 151-2010. Resolución en la Garantía Jurisdiccional
de Acción de Protección seguida por señores Asambleístas CESAR MONTUFAR, FAUSTO COBO, ANDRÉS
PÁEZ, FERNANDO AGUIRRE Y LEONARDO VITERI, en contra de los accionados Econ. RAFAEL CORREA
DELGADO – Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Dr. VINICIO ALVARADO ESPINEL –
Secretario Nacional de la Administración Pública; y, Dr. FERNANDO ALVARADO ESPINEL.
3
Ver: artículo 8 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
4
La primera instancia de este proceso, fue atendida en este rango temporal.
3

4. Hoy resulta claro que el desafío imprudente a los policías que el Presidente de la República
protagonizó el día 30 de septiembre del 2010, no fue sino una medida deliberada para generar una
reacción que permitiría consolidar un modelo político de intolerancia y de persecución y
neutralización política, en contra de quienes fuesen considerados un obstáculo para el gobierno.
Ese hecho ha justificado una serie de medidas represivas, que han sido secundadas por los órganos
de justicia del país, en particular por la Fiscalía, cuyo titular es un obsecuente aliado del Presidente.
Persecución a Opositores
Desde antes de los sucesos que ocupan esta denuncia, el gobierno mostró ya su inclinación anti-
democrática al perseguir a líderes indígenas que participaron en una protesta pacífica y enjuiciarlos
por el delito de sabotaje y terrorismo. La prueba para tamaña acusación, no deja de ser dramática:
la supuesta pérdida de cierto material personal de algunos miembros de la Policía Nacional, que
habría ocurrido mientras éstos impedía por la fuerza que un grupo de indígenas ingresara a un local
en el que se reunían los Presidentes Correa de Ecuador y Chávez de Venezuela. El objetivo de los
indígenas era presentar al Presidente Chávez una carta, lo cual no gustó al Presidente Correa. Este
hecho anecdótico, desató una persecución en contra de líderes de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para esto, el gobierno utilizó a la Fiscalía de la
Nación, para que acusara a los indígenas del delito de terrorismo5.
Igual acusación de terrorismo ha sido impuesta en contra de once indígenas de la comunidad Shuar
de la Amazonía Ecuatoriana, a quienes se les culpa por la muerte de una persona, ocurrida en las
protestas populares en contra de las actividades mineras, que el gobierno promueve en territorios
ancestrales y en ecosistemas de alta biodiversidad. En este caso, la acusación de terrorismo, no
solamente que tiene por función neutralizar políticamente a quienes se oponen a los deseo del
gobierno, sino que además ha impedido una investigación independiente por la muerte ocurrida
durante la fuerte represión policial que el gobierno ordenó en contra de miembros de la comunidad
que realizó la protesta. En ambos casos, la acusación de terrorismo aparece extremadamente
desproporcionada, pues en la legislación interna existen figuras penales que se adaptarían de manera
suficiente a las infracciones que se hubieren cometido en cada caso.
Las situaciones de persecución, se acentuaron luego de la insubordinación policial del 30 de
septiembre del 20106, siendo su hecho más emblemático, el encarcelamiento del Coronel César
Carrión, Director del Hospital de la Policía Nacional. Por razones de su función directiva en el
Hospital al que el Presidente Correa fue llevado luego de la citada insubordinación, el Coronel
5
Ver: Detienen a líderes indígenas en Ecuador por presunto delito de terrorismo:
http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=13963; y, La protesta social se ve cercada por acusaciones de
sabotaje y terrorismo: http://www.eluniverso.com/2011/02/13/1/1355/protesta-social-ve-cercada-acusaciones-
sabotaje-terrorismo.html
6
Debe manifestarse que durante esa insubordinación, se faltó el respeto y se agredió físicamente al Presidente de la
República. Las razones por las que el Presidente se expuso de manera imprudente ante un grupo de policías
indisciplinados, son aún materia de debate.
4

5. Carrión intervino de manera personal a fin de que el mandatario ecuatoriano fuera ubicado en una
habitación para administrársele una medicación que controlare los efectos de las bombas
lacrimógenas que habían sido lanzadas durante los incidentes ocurridos. Sin embargo de ese rol
facilitador que jugó el citado funcionario, bastó que éste en una entrevista a un medio de prensa
internacional, expresara declaraciones que no gustaron al Presidente, para que inmediatamente fuera
acusado de intento de magnicidio. Desde entonces, 27 de octubre del 2010, el Coronel Carrión se
encuentra detenido. La detención a este funcionario estuvo precedida por un desproporcionado acto
descalificatorio por parte del Presidente de la República, con lo cual no solamente que causó un
ilegítimo escarnio público en contra de una persona, sino que envió un mensaje intimidatorio a
todos quienes pretendieran expresar opiniones contrarias a las del gobierno. Igualmente, de esa
manera influyó en la Fiscalía de la Nación, que como en otros casos, ejecutó las insinuaciones
presidenciales, de manera automática.
Al igual que el Coronel Carrión, existen al menos un centenar de procesados por haber participado
de diferente manera en los tumultos callejeros que ocurrieron el día 30 de septiembre. Aunque en
algunos casos, se causaron destrozos menores a bienes del Estado 7, con esto se desencadenó una
persecución en contra de opositores al gobierno, lo cual entre otras consecuencias, ha logrado poner
una cortina de humo ante los más de diez muertos que se causaron debido a los enfrentamientos
entre miliares y policías durante ese día. Esas muertes no han sido investigadas, pese a que son el
producto de una cuestionada orden de rescate dada por el Presidente de la República.
Los hechos narrados y otros que aunque anecdóticos 8, muestran un ambiente represivo y de
intolerancia, que se ha institucionalizado y que afectan a aspectos fundamentales de los derechos
humanos y de la libertad de expresión.
Ataques a la Prensa
“Va a llegar el momento en que van a matar a un periodista, si
desde las alturas del poder se está diciendo semanalmente que
los periodistas son corruptos, que son malos, que la culpa es
de los periodistas; va a llegar el momento en que alguien
exacerbado saque un cuchillo y nos mate en la calle, o dispare
contra nosotros”. Henry Holguín9
7
El hecho más grave ocurrió cuando un grupo de personas ingresaron por la fuerza al canal del Estado, para
expresar su opinión. Como consecuencia, se produjo la rotura de las puertas de vidrio de la edificación.
8
Durante un recorrido del Presidente de la República a bordo de una camioneta por las calles de una ciudad del
interior del país, un transeúnte aparentemente hizo un gesto descomedido al mandatario. Éste, bajándose de la
camioneta persiguió al autor de ese gesto y lo redujo con el apoyo de los guardias de seguridad que lo acompañaban.
Luego de ser agredido, por los guardias de seguridad, el transeúnte que osó hacer una mala seña al Presidente, fue
enviado a la cárcel. Igual situación sucedió en otra ciudad, cuando asimismo un transeúnte gritó “fascista” al
Presidente, mientras éste pasaba con su guardia por las calles de la población. (Ver:
http://www4.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=298059) Ambos hechos anecdóticos,
muestran la naturaleza intolerante del Presidente, quién no duda en enjuiciar, amenazar, denostar públicamente, a
quienes considere sus oponentes.
9
Editor del diario Extra, de Guayaquil
5

6. Además de los actos violatorios de los derechos humanos, civiles y políticos que he manifestado, un
ámbito de particular agresión por parte del Presidente de la República, es el de la prensa. El
habitual desprecio que el mandatario del Ecuador tiene en contra de la prensa libre, se ha depurado
a partir del 30 de septiembre del 2010. La prensa ha sido objeto de sistemáticas e ininterrumpidas
agresiones por parte del Presidente Correa. Tanto de manera general como en casos de periodistas
específicos, este funcionario ha mostrado su desprecio por el trabajo periodístico, siendo ya un
verdadero eslogan de su gobierno, el estribillo constante de “prensa corrupta”, que lo profiere de
manera repetida en sus discursos e intervenciones.
La actitud hostil que el Presidente Correa muestra a la prensa, ha creado un clima de inseguridad
para los periodistas. En una investigación sobre la aplicación de indicadores sobre desarrollo
mediático en el Ecuador, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 10, se ha reportado que “más de la mitad de los
directivos de los medios privados, afirma que periodistas que trabajan en sus medios sí han sido
objeto de amenazas y hostigamiento”, en el cumplimiento de sus actividades.11 Las formas de
amenazas y hostigamiento, según este mismo reporte, “son a través de llamadas telefónicas, el
inicio de juicios penales o administrativos, persecuciones, agresiones físicas 12, restricciones en el
ingreso para realizar coberturas, cartas amenazantes e insultos.13
La organización ecuatoriana Fundamedios, citada en el informe de la UNESCO, ha reportado que
en el año 2010, han ocurrido 151 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación
(ANEXO 6). Estas agresiones incluyen 4 casos de asesinato o desaparición forzada, un secuestro y
51 casos de agresión física.14 Este ambiente de represión que se ha instaurado en el país, ha
conducido a que muchos periodistas opten por la autocensura, lo cual es una obstrucción más a la
libertad de prensa en el Ecuador.
Casos concretos de actos dictatoriales en contra de la libertad de expresión constituyen los
enjuiciamientos por parte del Presidente Correa, al periodistas Emilio Palacio y al Diario El
Universo; y, el enjuiciamiento a dos periodistas por la publicación de un libro de investigación
sobre casos de corrupción. Estos casos exponen en toda su magnitud la sistemática violación a la
libertad de expresión que el gobierno del Ecuador tiene como una política de facto. El caso de los
dos últimos periodistas enjuiciados, es quizá el que de manera más descarnada muestra el ejercicio
de una política de estado no escrita, que se la aplica en momentos en que el régimen considera
10
UNESCO / PIDC, 2011. Análisis del Desarrollo Mediático en el Ecuador – 2011. Basado en la Aplicación de los
Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO. UNESCO-PIDC Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación. Quito.
11
UNESCO / PIDC, op cit, pag. 132.
12
El 12,5% de los periodistas investigados, afirma que ha sido objeto de ataques físicos y el 2,5%
afirma haber sido detenido ilegalmente.
13
UNESCO / PIDC, op cit, pag. 133.
14
Fundamedios. (2010). Red de monitoreo de amenazas a la libertad de prensa. Ecuador 2010. Periodistas encarcelados
y amenazas de muerte. Ecuador. P.13. Citado en UNESCO, op cit, p. 135.
6

7. oportuno reprimir a quienes expresan una opinión contraria a sus intereses.
Los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón son los autores de un libro de investigación
15
que expone casos concretos de corrupción en los que resulta favorecido el hermano del Presidente
de la República. La investigación se fundamenta exclusivamente en documentos oficiales y en
entrevistas al mismo hermano del Presidente de la República. Apenas aparecida la publicación, a
mediados del año 2010, sus autores fueron objeto de amenazas de enjuiciamiento de parte de
funcionarios públicos que se sintieron afectados por las revelaciones de la investigación. Sin
embargo esas amenazas no prosperaron debido a la ausencia de responsabilidad de parte de los
periodistas, quienes aplicaron en su trabajo todos los estándares legales y éticos que se requieren
para la labor investigativa. No obstante, hace pocos días, luego de varios meses de circulación del
libro en referencia, el Presidente de la República presentó una demanda judicial, reclamando el
pago de una indemnización multimillonaria a los autores del libro, pues según él, éste le ha
ocasionado un daño moral16. El virtual control que el Presidente tiene sobre todos los poderes del
Estado no da espacio a la duda de que esa demanda será favorable al Presidente de la República y,
obviamente, de esa manera, se habrá dado un paso más en el establecimiento de un régimen
dictatorial, de ausencia total de libertad de expresión.
La actitud del Presidente de la República, en contra de los medios de comunicación, no es otra que
la de una violencia abierta y encubierta, que genera reacciones negativas de algunos sectores que
apoyan al gobierno. Según el editor de uno de los diarios del país,
“existe hostilidad por parte del gobierno con los medios de comunicación, es una estrategia
de Estado. Es una estrategia que, además, es absolutamente equivocada, pero el problema es
que a los emperadores17 no se les puede decir que están equivocados”. 18
Esta hostilidad gubernamental, que ha generado un clima de violencia en contra de los periodistas y
de la prensa en el Ecuador, ha causado ya, solo en lo que va de este año, más de un centenar y
medio de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. Estas agresiones, han
incluido asesinatos o desapariciones forzadas, secuestros y agresiones físicas.
La actitud gubernamental de agresiones en contra de la prensa y de los periodistas, el clima que esto
provoca, las amenazas y persecución estatal en contra de periodistas, configuran una situación
continuada de violaciones a los derechos humanos fundamentales, a los derechos civiles y políticos,
no solo en contra de los periodistas y de los medios de comunicación directamente afectados, sino,
en contra de toda la población del Ecuador, que día a día ve también restringidos sus derechos
civiles y políticos, se ve impedido de elegir las fuentes informativas que a bien tenga; y, en
15
Calderón Juan Carlos y Christian Zurita, 2010. El Gran Hermano. Paradiso Editores, Quito.
16
Ver: Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha. Demanda de reparación de daño moral interpuesta por Rafael
Vicente Correa Delgado, en contra de Christian Zurita y Juan Carlos Calderón
17
Debido a la intolerancia del Presidente de la República, popularmente se señala a éste como un emperador, a quién
está prohibido decirle lo contrario a lo que él piensa.
18
Henry Holguín, Editor del Diario Extra, de la ciudad de Guayaquil. Ver: Fundamedios, 2010, op. cit.
7

8. definitiva, ve que cada vez es más difícil expresarse con libertad.
Institucionalización de un Régimen de Anulación de la Libertad de Expresión
Pero la intención del Presidente Correa y de su cúpula gubernamental, no es de solamente reprimir a
miembros específicos de la comunidad periodística del país, sino el de instaurar un régimen de
ausencia total de libertad de expresión. Los hechos demuestran que para el gobierno del Ecuador, la
libertad de expresión es un obstáculo para afianzar el estado de represión y abuso a las libertades
civiles que es la condición para llevar adelante su programa político y, además, una incómoda
situación para los numerosos casos de corrupción que día a día son evidenciados por los pocos
medios de comunicación independientes que quedan aún en el país.
A más de los ataques sistemáticos a la prensa, a los periodistas y, en general al principio de libertad
de expresión, que ya he manifestado, el primer elemento de control del que el Presidente de la
República dispone para someter a la prensa en el Ecuador, es el manejo que el gobierno del Ecuador
tiene sobre numerosos medios de comunicación, que fueron incautados por el Estado a
inversionistas privados, en compensación por deudas no satisfechas por éstos. Adicionalmente, el
gobierno creó sus propios medios de comunicación, con lo que ha generado una formidable
plataforma informativa19, a través de la cual se presenta una visión de la realidad del país a
conveniencia exclusiva del gobierno.
En segundo lugar, un mecanismo de anulación de la libertad de expresión que el gobierno ha
aplicado, es el hostigamiento, las presiones y las amenazas a los medios privados de comunicación,
a fin de que éstos se deshagan de ciertos periodistas incómodos para el gobierno. Estos son los
casos de periodistas de gran trayectoria cuyos criterios para gusto o disgusto de todos, han sido
orientadores de la opinión pública del país, como son los señores Carlos Vera, Jorge Ortiz y Andrés
Carrión, que bajo mecanismos diversos, debieron abandonar los medios de comunicación en los
cuales trabajaban, con lo cual se los apartó incluso de la labor periodística. Este mecanismo ha
contribuido a otra forma de anulación de la libertad de expresión, que es el de la autocensura, a la
que se han replegado buena parte de los periodistas del país quienes, por obvias razones, temen
represalias del gobierno en contra de su actividad profesional.
En tercer lugar, el ámbito de la normatividad, se ha convertido también en una forma para avanzar
hacia un régimen de anulación total de la libertad de expresión. Basado en la ventaja electoral de
que hasta el momento dispone el Presidente de la República, éste ha convocado a una consulta
popular para el mes de mayo del 2011, en la cual entre otras preguntas, se hará la siguiente:
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo
establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación
19
Desde 2007, cuando Rafael Correa Delgado asumió la Presidencia de la República, se crearon los siguientes medios
públicos: Ecuador TV (ECTV), Radio Pública del Ecuador (RPE), diario El Telégrafo. el periódico “El Ciudadano”, la
Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (ANDES); y, el diario público popular “PP, El Verdadero”.
8

9. que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión,
radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente
sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los
comunicadores o los medios emisores?20
Al igual que las otras preguntas de la consulta, desde diversos sectores políticos, académicos y aún
desde los profesionales del derecho, ha habido un cuestionamiento respecto de la constitucionalidad
de esta pregunta, pues claramente induce al electorado hacia la respuesta positiva y, además, se trata
de un mecanismos para el cual existen los canales institucionales apropiados para que la regulación
a los medios de comunicación opere. Sin embargo, a través del mecanismo de la consulta popular,
el Presidente de la República quiere obtener el justificativo político que le permita crear un Consejo
bajo su total control. De esta manera, se crearía un sistema no escrito de responsabilidad ulterior, lo
que contradice al artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dispone
que las responsabilidades ulteriores deben estar expresamente fijadas en la ley, lo cual implica que
no puede haber un órgano administrativo, como el Consejo de Regulación que pretende crear el
Presidente de la República, que definirla, de manera ad hoc, dichas responsabilidades.
IV
EN ECUADOR SE ESTÁ CONSOLIDANDO UN RÉGIMEN INSTITUCIONALIZADO DE
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LAS LIBERTADES CIVILES Y
POLÍTICAS
Los hechos represivos ejemplificativos a los que me he referido, de violaciones individuales y
generalizadas a los derechos humanos y a las libertades civiles y políticas, que han ocurrido en el
país, no constituyen situaciones aisladas, ni menos, carentes de finalidad. Son parte de un esquema
de gobierno cuyos objetivos visibles son: i) impedir la actuación de una oposición democrática,
neutralizándola a la fuerza; ii) anular la libertad de expresión; iii) crear las condiciones necesarias
para perennizar al partido de gobierno en el poder; y, iv) evitar que la prensa refleje los numerosos
actos de corrupción y de violación a los derechos humanos, que son originados por el mismo
gobierno.
A más de la ilegitimidad de los actos denunciados, lo que hace a la estrategia gubernamental
peligrosa, es la utilización de mecanismos legales en la forma, para lograr objetivos atentatorios a la
democracia. Con base en la fuerza electoral del partido al que pertenece el Presidente de la
República, y al control de todos los poderes e instituciones del Estado que este mandatario tiene, de
manera constante se están produciendo cambios normativos, interpretaciones constitucionales y
cambios institucionales, legales en la forma, pero con un elevado contenido antidemocrático. De
esta manera, se quiere hacer del Ecuador, una república totalitaria, intolerante a otras formas de
expresión política y, más que todo, en la que el partido de gobierno, se perennice en el poder.
20
Ver: Resolución del Consejo Nacional Electoral, publicada en el Registro Oficial Suplemento 399 del 9 de marzo del
2011.
9

10. V
PETICIÓN
Por todo lo manifestado, habiendo sido víctima de violaciones a mis libertades civiles y
democráticas y con conocimiento directo y fiable de las violaciones generalizadas y sistemáticas a
las que me he referido, solicito a ustedes, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, que se acoja la presente petición, para que se le dé el trámite previsto
en el “Procedimiento en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos”; y, al “Procedimiento 1503 de la Comisión de Derechos Humanos”.
Los hechos que he expuesto y las pruebas correspondientes muestran un cuadro persistente de
violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles en el Ecuador, por lo que de manera
expresa solicito que se sirvan investigar dichas violaciones y establecer las correspondientes
responsabilidades que tenga en las mismas, el Gobierno del Ecuador.
De ser necesario, aportaré más pruebas y elementos de juicio para reforzar mi pedido. Como
complemento a este documento, sírvanse tomar en cuenta mi petición anterior, presentada en
octubre del año 2010, junto a otros asambleístas del Ecuador.
Para futura correspondencia, sírvanse contar con los siguientes correos electrónicos:
cesarmontufar@hotmail.com y, cordavi_elaw@yahoo.com (favor tomar en cuenta el guión bajo en
esta última dirección).
César Montúfar Mancheno
ASAMBLEÍSTA ECUATORIANO
10