El documento resume una ley de delitos mediáticos en Venezuela. Señala que la ley criminaliza la omisión voluntaria de suministrar información por parte de los medios de comunicación y establece una pena de prisión de 2 a 4 años por esto. Plantea preguntas sobre si una nota de prensa de una agencia de noticias del gobierno omitió información voluntariamente y si esto podría justificarse. Concluye que se debe oponerse a esta ley.