El documento discute los ataques a la libertad de expresión en Ecuador, incluyendo una demanda de $40 millones contra el periódico El Universo, sanciones constantes contra otros medios como La Hora y El Comercio, y el cierre de estaciones de radio y canales de televisión. A pesar de las críticas de organismos internacionales de derechos humanos, el gobierno ecuatoriano mantiene que sus acciones buscan hacer cumplir las leyes y la constitución.