1. Wert da un giro ideológico a Educación para la
Ciudadanía
El nuevo temario elude la homofobia o las desigualdades
Incorpora la iniciativa privada y la propiedad intelectual
Denuncia el “nacionalismo excluyente”
El objetivo es eliminar las “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”
de la asignatura más polémica de las tres últimas legislaturas: Educación para la Ciudadanía. En la
práctica esto implicará menos contenidos sobre los conflictos sociales y las desigualdades, obviar
las escasas referencias a la homosexualidad, e incorporar como nuevos temas la defensa de la
iniciativa privada y la crítica del “nacionalismo excluyente”.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, había anunciado nada más llegar al cargo que
transformaría la asignatura, que rebautizará como Educación Cívica y Constitucional. La
Conferencia Episcopal Española, que ha encabezado la oposición contra la materia desde su
implantación en 2006, aplaudió su intervención a la espera de concreciones. El próximo jueves, el
Ministerio de Educación propondrá los nuevos contenidos de la asignatura de Ciudadanía que se
cursa en 2º o 3º de ESO, dependiendo de la comunidad. La propuesta, a cuyo contenido ha tenido
acceso EL PAÍS, elimina la única mención del decreto 1631/2006 a la homosexualidad, uno de los
puntos más conflictivos para los opositores a la asignatura y los obispos —se hacía referencia al
rechazo a la homofobia—. Borra cuestiones que aluden, de forma más o menos directa, a conflictos
o tensiones sociales —como las “actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad
justa y solidaria”—. E incluye otros conceptos, como nacionalismos excluyentes, terrorismo, el papel
de la iniciativa económica privada “en la generación de la riqueza” o el respeto a la propiedad
intelectual. En general, el nuevo diseño hace más hincapié en el respeto a los límites legales y
constitucionales a los que se han de atener los ciudadanos. En muchos casos, se sustituyen
simplemente los contenidos anteriores por referencias mucho más genéricas. “Ninguno de los
puntos que se proponen eliminar fueron objeto de controversia durante la negociación de los
contenidos de la materia”, en 2006, en la que estuvo presente la patronal de los colegios católicos,
asegura el entonces secretario general de Educación, Alejandro Tiana. Sí lo fueron después.
La polémica en torno a esta materia, que los alumnos estudian en clases de una hora semanal,
arrancó con mucha fuerza tras su implantación y se fue diluyendo con los años. En 2009 había 114
objetores de conciencia de 800.000 estudiantes, según el último recuento realizado por este
periódico. En esa misma fecha, el Tribunal Supremo concluyó, tras centenares de causas judiciales
y sentencias dispares en los tribunales autonómicos, que no se puede objetar a esta materia
obligatoria, aunque pidió que se controlara el contenido de los manuales.
Fuente: EL PAÍS. Sociedad
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