1. Delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. Comparación
de la normativa vigente con el Proyecto de Ley de modificación del Código Penal.
Eduardo Rojo Torrecilla.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
10 de septiembre de 2012.
Código Penal vigente (LO 10/1995 de 23 Proyecto de Ley. http://bit.ly/Qh61WP
de noviembre) http://bit.ly/PbtOlM
Exposición de motivos.
III
En cuanto a los delitos contra la Seguridad
Social, se reforma el artículo 307 del
Código Penal a los efectos de reducir a
50.000 euros la cuantía que establece el
tipo delictivo como condición objetiva de
punibilidad. La fijación del límite debe
hacerse conforme a criterios económicos,
políticos y sociales. La realidad social y
económica actual pone de relieve la
necesidad de actuar, con mayor
contundencia, frente a las conductas
presuntamente delictivas y tramas
organizadas que ponen en peligro la
sostenibilidad financiera del Sistema de la
Seguridad Social. La reducción de la
cuantía del tipo delictivo permite que sean
objeto de punibilidad penal hechos que
actualmente sólo son sancionables
administrativamente y que son objeto de
un contundente reproche social en
momentos de especial dificultad
económica en el ámbito empresarial como
los actuales.
En la práctica se dan supuestos en los que
se interpreta que no existe delito contra la
Seguridad Social por el mero hecho de
que se hayan presentado los documentos
de cotización, sin entrar a valorar si son
veraces y completos. También es
frecuente que en los supuestos de
defraudación en los que intervienen
personas interpuestas, precisamente, la
presentación de documentos de cotización
aparentemente correctos forma parte del
parte del engaño. Por ello, se ha añadido
1

2. un último inciso para aclarar que la mera
presentación de los documentos de
cotización no excluye la defraudación si
ésta queda acreditada por otros hechos. El
inciso no supone modificación conceptual
alguna, sino que trata de fijar la
interpretación auténtica de la norma.
El inciso se ha incluido también en el
artículo 305 referido al delito contra la
Hacienda Pública para evitar que su
ausencia pudiera interpretarse en el
sentido de que la mera presentación de
declaraciones o autoliquidaciones excluye
en todo caso la defraudación.
Se introduce, igualmente, un nuevo tipo
agravado en supuestos de conductas
especialmente graves por la cuantía
eludida u otras circunstancias
concurrentes de especial entidad, como la
utilización de sociedades o personas
interpuestas para ocultar los verdaderos
responsables del pago de las cuotas de
Seguridad Social, y que justifican un
mayor reproche penal. La agravación de la
pena lleva aparejada la ampliación del
periodo de prescripción del delito,
fundamental en estos casos por su
complejidad de difícil y tardía detección,
y que con la ampliación de la pena
máxima a seis años de prisión, uno más al
actualmente vigente, amplía el plazo de
prescripción a diez años.
Tanto para el tipo ordinario como para el
agravado se ha considerado procedente
recoger de modo expreso la imposición al
responsable de las penas accesorias de
pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad
Social, cuya duración variará en atención
a la gravedad del tipo.
De forma paralela al delito contra la
Hacienda Pública, se configura la
regularización de la situación ante la
Seguridad Social como el reverso del
delito que neutraliza completamente el
desvalor de la conducta y el desvalor del
resultado, de modo que hace desaparecer
2

3. el carácter delictivo del inicial
incumplimiento de la obligación con la
Seguridad Social.
También se modifica el artículo 308 del
Código Penal relativo al fraude de ayudas
o subvenciones de las Administraciones
Públicas o de la Seguridad Social. Debido
al antiguo concepto de subvención y a
determinadas interpretaciones
jurisprudenciales, se ha llegado a
considerar como subvención a la
prestación y al subsidio de desempleo.
Con ello, se ha entendido que en estos
casos sólo existía defraudación cuando la
cuantía superaba la cifra de 120.000 euros,
quedando despenalizados los demás casos.
Por ello, se reforma el artículo 308 del
Código Penal para mantener dentro de la
regulación del fraude de subvenciones
únicamente las ayudas y subvenciones de
las Administraciones Públicas cuando la
cuantía supere la cifra de 120.000 euros.
Cuando se trate de prestaciones del
sistema de la Seguridad Social, los
comportamientos defraudatorios se
tipifican en un nuevo precepto, el artículo
307 ter, que los castiga con una penalidad
ajustada a la gravedad del hecho: prisión
de seis meses a tres años en los supuestos
ordinarios; multa del tanto al séxtuplo en
los casos que no revistan especial
gravedad; y prisión de dos a seis años y
multa del tanto al séxtuplo en los
supuestos agravados. En todos los casos
se prevé además la imposición al
responsable de la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones y del derecho a
gozar de beneficios o incentivos fiscales o
de la Seguridad Social. Esta solución
permite dar un mejor tratamiento penal a
las conductas fraudulentas contra la
Seguridad Social, y evita el riesgo de
impunidad de aquellos fraudes graves que
hasta ahora no superaban el límite
cuantitativo establecido.
El artículo 307 ter, en el tratamiento
específico que realiza de estas conductas
fraudulentas, viene también a facilitar la
persecución de las nuevas tramas
3

4. organizadas de fraude contra la Seguridad
Social que, mediante la creación de
empresas ficticias, tienen por único fin la
obtención de prestaciones del Sistema con
la consiguiente agravación de la pena.
IV
La actual configuración del delito contra
los derechos de los trabajadores contenido
en el artículo 311 del Código Penal, en
atención a los elementos subjetivos
requeridos para la concurrencia del ilícito,
dificulta la aplicación del tipo penal a la
hora de exigir responsabilidades a
quienes, de forma colectiva, están
incumpliendo las obligaciones que les
corresponden en relación con el
aseguramiento obligatorio, o a propósito
de las preceptivas autorizaciones para
trabajar de aquellos a los que ocupan en su
actividad empresarial.
Quien, de forma masiva o colectiva,
recurre a la utilización de trabajadores sin
haber formalizado su incorporación al
Sistema de la Seguridad Social que les
corresponda, o sin haber obtenido la
preceptiva autorización para trabajar en el
caso de los extranjeros que lo precisen,
debe merecer el correspondiente reproche
penal.
Los perjuicios ocasionados por estas
conductas son evidentes. Por un lado, la
negación de los derechos que en materia
de Seguridad Social puedan corresponder
a los trabajadores por el periodo en el que
prestan sus servicios de forma irregular.
Por otro, los perniciosos efectos que
presenta para las relaciones económicas y
empresariales el hecho de que haya
quienes producen bienes y servicios a
unos costes laborales muy inferiores a los
que han de soportar aquellos otros que lo
hacen cumpliendo con sus obligaciones
legales en la materia, lo que distorsiona la
competitividad y desincentiva la iniciativa
empresarial.
Si la conducta es grave en todo caso, y por
ello ya se condena como tal en el ámbito
administrativo, la sanción penal se hace
depender de un determinado número de
4

5. trabajadores ocupados y afectados, en
consonancia con la limitación del
reproche punitivo a los comportamientos
más graves.
La propia gravedad de estas conductas
motiva que la sanción se amplíe hasta la
posible imposición de una pena máxima
de seis años de prisión, lo que de nuevo
permite incrementar el plazo de
prescripción hasta los diez años.
V
Se modifica el artículo 398 del Código
Penal para excluir del tipo a los
certificados relativos a la Seguridad Social
y a la Hacienda Pública. No es infrecuente
la falsificación de los certificados de
situación de cotización por las empresas
deudoras de la Seguridad Social que,
como contratistas o subcontratistas,
remiten a las empresas principales o
contratistas en el marco de la relación
jurídica de las contratas o subcontratas.
Existiendo un tipo penal propio de
falsedad de certificados, surgía la duda de
si debían calificarse estas conductas como
falsedad en documento oficial cometido
por particulares, o como falsedad de
certificados cometido por particulares. Se
ha estimado conveniente una nueva
redacción del artículo 398 al que se remite
el artículo 399 del Código Penal, que
restrinja su aplicación a la falsedad de
certificados de menor trascendencia y que
excluya expresamente todo certificado
relativo a la Seguridad Social y a la
Hacienda Pública, dada la trascendencia
en el tráfico jurídico de certificados falsos
en el ámbito tributario y de la Seguridad
Social.
Artículo único. Modificación de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal.
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, queda
modificada como sigue:
Artículo 307. Cuatro. El artículo 307 queda redactado
5

6. del siguiente modo:
1. El que, por acción u omisión, defraude «1. El que, por acción u omisión, defraude
a la Seguridad Social eludiendo el pago de a la Seguridad Social eludiendo el pago de
las cuotas de ésta y conceptos de las cuotas de ésta y conceptos de
recaudación conjunta, obteniendo recaudación conjunta, obteniendo
indebidamente devoluciones de las indebidamente devoluciones de las
mismas o disfrutando de deducciones por mismas o disfrutando de deducciones por
cualquier concepto asimismo de forma cualquier concepto asimismo de forma
indebida, siempre que la cuantía de las indebida, siempre que la cuantía de las
cuotas defraudadas o de las devoluciones cuotas defraudadas o de las devoluciones
o deducciones indebidas exceda de ciento o deducciones indebidas exceda de
veinte mil euros será castigado con la 50.000 euros será castigado con la pena
pena de prisión de uno a cinco años y de prisión de uno a cinco años y multa del
multa del tanto al séxtuplo de la citada tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo
cuantía. que hubiere regularizado su situación
ante la Seguridad Social en los términos
del apartado 3 del presente artículo.
Las penas señaladas en el párrafo anterior
se aplicarán en su mitad superior cuando La mera presentación de los
la defraudación se cometa concurriendo documentos de cotización no excluye la
alguna de las circunstancias siguientes: defraudación, cuando ésta se acredite
por otros hechos.
a) La utilización de persona o personas
interpuestas de manera que quede oculta Además de las penas señaladas, se
la identidad del verdadero obligado frente impondrá al responsable la pérdida de
a la Seguridad Social. la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas y del derecho a gozar
b) La especial trascendencia y gravedad de los beneficios o incentivos fiscales o
de la defraudación atendiendo al importe de la Seguridad Social durante el
de lo defraudado o a la existencia de una período de tres a seis años.
estructura organizativa que afecte o pueda
afectar a una pluralidad de obligados
frente a la Seguridad Social.
2. A los efectos de determinar la cuantía 2. A los efectos de determinar la cuantía
mencionada en el apartado anterior, se mencionada en el apartado anterior se
estará a lo defraudado en cada liquidación, estará al importe total defraudado
devolución o deducción, refiriéndose al durante cuatro años naturales.
año natural el importe de lo defraudado
cuando aquéllas correspondan a un
período inferior a doce meses.
3. Quedará exento de responsabilidad 3. Se considerará regularizada la
penal el que regularice su situación ante la situación ante la Seguridad Social
Seguridad Social, en relación con las cuando se haya procedido por el
deudas a que se refiere el apartado obligado frente a la Seguridad Social al
6

7. primero de este artículo, antes de que se le completo reconocimiento y pago de la
haya notificado la iniciación de deuda antes de que se le haya notificado
actuaciones inspectoras dirigidas a la la iniciación de actuaciones inspectoras
determinación de dichas deudas o, en caso dirigidas a la determinación de dichas
de que tales actuaciones no se hubieran deudas o, en caso de que tales
producido, antes de que el Ministerio actuaciones no se hubieran producido,
Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social antes de que el Ministerio Fiscal o el
interponga querella o denuncia contra Letrado de la Seguridad Social
aquél dirigida. interponga querella o denuncia contra
aquél dirigida o antes de que el
La exención de responsabilidad penal Ministerio fiscal o el Juez de
contemplada en el párrafo anterior Instrucción realicen actuaciones que le
alcanzará igualmente a dicho sujeto por permitan tener conocimiento formal de
las posibles falsedades instrumentales que, la iniciación de diligencias.
exclusivamente en relación a la deuda
objeto de regularización, el mismo pudiera Asimismo, los efectos de la
haber cometido con carácter previo a la regularización prevista en el párrafo
regularización de su situación. anterior, resultarán aplicables cuando
se satisfagan deudas ante la Seguridad
Social una vez prescrito el derecho de la
Administración a su determinación en
vía administrativa.
La regularización de la situación ante la
Seguridad Social impedirá que a dicho
sujeto se le persiga por las posibles
irregularidades contables u otras
falsedades instrumentales que,
exclusivamente en relación a la deuda
objeto de regularización, el mismo
pudiera haber cometido con carácter
previo a la regularización de su
situación.
4. La existencia de un procedimiento
penal por delito contra la Seguridad
Social no paralizará el procedimiento
administrativo para la liquidación y
cobro de la deuda contraída con la
Seguridad Social, salvo que el juez lo
acuerde previa prestación de garantía.
En el caso de que no se pudiese prestar
garantía en todo o en parte, el Juez, con
carácter excepcional, podrá acordar la
suspensión con dispensa total o parcial
de las garantías, en el caso de que
apreciara que la ejecución pudiera
ocasionar daños irreparables o de muy
difícil reparación. La liquidación
7

8. administrativa se ajustará finalmente a
lo que se decida en el proceso penal.
5. Los jueces y tribunales podrán
imponer al obligado frente a la
Seguridad Social o al autor del delito la
pena inferior en uno o dos grados,
siempre que, antes de que transcurran
dos meses desde la citación judicial
como imputado, satisfaga la deuda con
la Seguridad Social y reconozca
judicialmente los hechos. Lo anterior
será igualmente aplicable respecto de
otros partícipes en el delito distintos del
deudor a la Seguridad Social o del
autor del delito, cuando colaboren
activamente para la obtención de
pruebas decisivas para la identificación
o captura de otros responsables, para el
completo esclarecimiento de los hechos
delictivos o para la averiguación del
patrimonio del obligado frente a la
Seguridad Social o de otros
responsables del delito.
6. En los procedimientos por el delito
contemplado en este artículo, para la
ejecución de la pena de multa y la
responsabilidad civil, que comprenderá
el importe de la deuda frente a la
Seguridad Social que la Administración
no haya liquidado por prescripción u
otra causa legal, incluidos sus intereses
de demora, los jueces y tribunales
recabarán el auxilio de los servicios de
la Administración de la Seguridad
Social que las exigirá por el
procedimiento administrativo de
apremio.»
Cinco. Se introduce un nuevo artículo
307 bis, que queda redactado del
siguiente modo:
«1. El delito contra la Seguridad Social
será castigado con la pena de prisión de
dos a seis años y multa del doble al
séxtuplo de la cuantía cuando en la
8

9. comisión del delito concurriera alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Que la cuantía de las cuotas
defraudadas o de las devoluciones o
deducciones indebidas exceda de
120.000 euros.
b) Que la defraudación se haya
cometido en el seno de una
organización o de un grupo criminal.
c) Que la utilización de personas físicas
o jurídicas o entes sin personalidad
jurídica interpuestos, negocios o
instrumentos fiduciarios o paraísos
fiscales o territorios de nula tributación
oculte o dificulte la determinación de la
identidad del obligado frente a la
Seguridad Social o del responsable del
delito, la determinación de la cuantía
defraudada o del patrimonio del
obligado frente a la Seguridad Social o
del responsable del delito.
2. A los supuestos descritos en el
presente artículo le serán de aplicación
todas las restantes previsiones
contenidas en el artículo 307.
3. En estos casos, además de las penas
señaladas, se impondrá al responsable
la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad
Social durante el período de cuatro a
ocho años.»
Seis. Se introduce un nuevo artículo 307
ter, con la siguiente redacción:
«1. Quien obtenga, para sí o para otro,
el disfrute de prestaciones del Sistema
de la Seguridad Social, la prolongación
indebida del mismo, o facilite a otros su
obtención, por medio del error
provocado mediante la simulación o
tergiversación de hechos, o la
9

10. ocultación consciente de hechos de los
que tenía el deber de informar,
causando con ello un perjuicio a la
Administración Pública, será castigado
con la pena de seis meses a tres años de
prisión.
Cuando los hechos, a la vista del
importe defraudado, de los medios
empleados y de las circunstancias
personales del autor, no revistan
especial gravedad, serán castigados con
una pena de multa del tanto al séxtuplo.
Además de las penas señaladas, se
impondrá al responsable la pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones
y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad
Social durante el período de tres a seis
años.
2. Cuando el valor de las prestaciones
fuera superior a cincuenta mil euros o
hubiera concurrido cualquiera de las
circunstancias a que se refieren los
apartados b) o c) del artículo 307 bis 1,
se impondrá una pena de prisión de dos
a seis años y multa del tanto al séxtuplo.
En estos casos, además de las penas
señaladas, se impondrá al responsable
la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones y del derecho a gozar de
los beneficios o incentivos fiscales o de
la Seguridad Social durante el período
de cuatro a ocho años.
3. Quedará exento de responsabilidad
criminal en relación con las conductas
descritas en los apartados anteriores el
que reintegre una cantidad equivalente
al valor de la prestación recibida
incrementada en un interés anual
equivalente al interés legal del dinero
aumentado en dos puntos porcentuales,
desde el momento en que las percibió,
antes de que se le haya notificado la
iniciación de actuaciones de inspección
10

11. y control en relación con las mismas o,
en el caso de que tales actuaciones no se
hubieran producido, antes de que el
Ministerio Fiscal, el Abogado del
Estado, el Letrado de la Seguridad
Social, o el representante de la
Administración autonómica o local de
que se trate, interponga querella o
denuncia contra aquél dirigida o antes
de que el Ministerio fiscal o el Juez de
Instrucción realicen actuaciones que le
permitan tener conocimiento formal de
la iniciación de diligencias.
La exención de responsabilidad penal
contemplada en el párrafo anterior
alcanzará igualmente a dicho sujeto por
las posibles falsedades instrumentales
que, exclusivamente en relación a las
prestaciones defraudadas objeto de
reintegro, el mismo pudiera haber
cometido con carácter previo a la
regularización de su situación.
4. La existencia de un procedimiento
penal por alguno de los delitos de los
apartados 1 y 2 de este artículo, no
impedirá que la administración
competente exija el reintegro por vía
administrativa de las prestaciones
indebidamente obtenidas. El importe
que deba ser reintegrado se entenderá
fijado provisionalmente por la
Administración, y se ajustará después a
lo que finalmente se resuelva en el
proceso penal.
El procedimiento penal tampoco
paralizará la acción de cobro de la
administración competente, que podrá
iniciar las actuaciones dirigidas al
cobro salvo que el juez, de oficio o a
instancia de parte, hubiere acordado la
suspensión de las actuaciones de
ejecución previa prestación de garantía.
Si no se pudiere prestar garantía en
todo o en parte, excepcionalmente el
juez podrá acordar la suspensión con
dispensa total o parcial de garantías si
11

12. apreciare que la ejecución pudiese
ocasionar daños irreparables o de muy
difícil reparación.
5. En los procedimientos por el delito
contemplado en este artículo, para la
ejecución de la pena de multa y de la
responsabilidad civil, los jueces y
tribunales recabarán el auxilio de los
servicios de la Administración de la
Seguridad Social que las exigirá por el
procedimiento administrativo de
apremio.
6. Resultará aplicable a los supuestos
regulados en este artículo lo dispuesto
en el apartado 5 del artículo 307 del
Código Penal.»
Artículo 308. Siete. El artículo 308 queda redactado del
siguiente modo:
1. El que obtenga subvenciones, «1. El que obtenga subvenciones o
desgravaciones o ayudas de las ayudas de las Administraciones Públicas
Administraciones públicas de más de en una cantidad o por un valor superior
ciento veinte mil euros falseando las a 120.000 € falseando las condiciones
condiciones requeridas para su concesión requeridas para su concesión u ocultando
u ocultando las que la hubiesen impedido, las que la hubiesen impedido será
será castigado con la pena de prisión de castigado con la pena de prisión de uno a
uno a cinco años y multa del tanto al cinco años y multa del tanto al séxtuplo de
séxtuplo de su importe. su importe salvo que lleve a cabo el
reintegro a que se refiere el apartado 5
Para la determinación de la cantidad de este artículo.
defraudada se estará al año natural y
deberá tratarse de subvenciones obtenidas
para el fomento de la misma actividad
privada subvencionable, aunque procedan
de distintas Administraciones o entidades
públicas.
2. Las mismas penas se impondrán al que, 2. Las mismas penas se impondrán al que,
en el desarrollo de una actividad en el desarrollo de una actividad sufragada
subvencionada con fondos de las total o parcialmente con fondos de las
Administraciones públicas cuyo importe Administraciones públicas los aplique en
supere los ciento veinte mil euros, una cantidad superior a 120.000 € a fines
incumpla las condiciones establecidas distintos de aquéllos para los que la
alterando sustancialmente los fines para subvención o ayuda fue concedida salvo
los que la subvención fue concedida. que lleve a cabo el reintegro a que se
12

13. refiere el apartado 5 de este artículo.
3. Además de las penas señaladas, se 3. Además de las penas señaladas, se
impondrá al responsable la pérdida de la impondrá al responsable la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas y del derecho a gozar de ayudas públicas y del derecho a gozar de
beneficios o incentivos fiscales o de la beneficios o incentivos fiscales o de la
Seguridad Social durante un período de Seguridad Social durante un período de
tres a seis años. tres a seis años.
4. Para la determinación de la cantidad
defraudada se estará al año natural y
deberá tratarse de subvenciones o
ayudas obtenidas para el fomento de la
misma actividad privada
subvencionable, aunque procedan de
distintas administraciones o entidades
públicas.
4. Quedará exento de responsabilidad 5. Se entenderá realizado el reintegro al
penal, en relación con las subvenciones, que se refieren los apartados 1 y 2 cuando
desgravaciones o ayudas a que se refieren por el perceptor de la subvención o ayuda
los apartados primero y segundo de este se proceda a devolver las subvenciones o
artículo, el que reintegre las cantidades ayudas indebidamente percibidas o
recibidas, incrementadas en un interés aplicadas, incrementadas en un interés
anual equivalente al interés legal del anual equivalente al interés legal del
dinero aumentado en dos puntos dinero aumentado en dos puntos
porcentuales, desde el momento en que las porcentuales desde el momento en que las
percibió, antes de que se le haya percibió, y se lleve a cabo antes de que se
notificado la iniciación de actuaciones de haya notificado la iniciación de
inspección o control en relación con actuaciones de comprobación y control en
dichas subvenciones, desgravaciones o relación con dichas subvenciones o
ayudas o, en el caso de que tales ayudas o, en el caso de que tales
actuaciones no se hubieran producido, actuaciones no se hubieran producido,
antes de que el Ministerio Fiscal, el antes de que el Ministerio Fiscal, el
Abogado del Estado o el representante de Abogado del Estado o el representante de
la Administración autonómica o local de la Administración autonómica o local de
que se trate interponga querella o que se trate, interponga querella o
denuncia contra aquél dirigida. denuncia contra aquél dirigida o antes de
que el Ministerio fiscal o el Juez de
La exención de responsabilidad penal Instrucción realicen actuaciones que le
contemplada en el párrafo anterior permitan tener conocimiento formal de
alcanzará igualmente a dicho sujeto por la iniciación de diligencias. El reintegro
las posibles falsedades instrumentales que, impedirá que a dicho sujeto se le
exclusivamente en relación a la deuda persiga por las posibles falsedades
objeto de regularización, el mismo pudiera instrumentales que, exclusivamente en
haber cometido con carácter previo a la relación a la deuda objeto de
regularización de su situación. regularización, el mismo pudiera haber
cometido con carácter previo a la
13

14. regularización de su situación.
6. La existencia de un procedimiento
penal por alguno de los delitos de los
apartados 1 y 2 de este artículo, no
impedirá que la Administración
competente exija el reintegro por vía
administrativa de las subvenciones o
ayudas indebidamente aplicadas. El
importe que deba ser reintegrado se
entenderá fijado provisionalmente por
la Administración, y se ajustará
después a lo que finalmente se resuelva
en el proceso penal.
El procedimiento penal tampoco
paralizará la acción de cobro de la
Administración, que podrá iniciar las
actuaciones dirigidas al cobro salvo que
el juez, de oficio o a instancia de parte,
hubiere acordado la suspensión de las
actuaciones de ejecución previa
prestación de garantía. Si no se pudiere
prestar garantía en todo o en parte,
excepcionalmente el juez podrá acordar
la suspensión con dispensa total o
parcial de garantías si apreciare que la
ejecución pudiese ocasionar daños
irreparables o de muy difícil
reparación.
7. Los jueces y tribunales podrán
imponer al responsable de este delito la
pena inferior en uno o dos grados,
siempre que, antes de que transcurran
dos meses desde la citación judicial
como imputado, lleve a cabo el
reintegro a que se refiere el apartado
quinto y reconozca judicialmente los
hechos. Lo anterior será igualmente
aplicable respecto de otros partícipes en
el delito distintos del obligado al
reintegro o del autor del delito, cuando
colaboren activamente para la
obtención de pruebas decisivas para la
identificación o captura de otros
responsables, para el completo
esclarecimiento de los hechos delictivos
o para la averiguación del patrimonio
14

15. del obligado o del responsable del
delito.»
Artículo 310 bis. Ocho. El artículo 310 bis queda redactado
del siguiente modo:
Cuando de acuerdo con lo establecido en
el artículo 31 bis una persona jurídica sea «Cuando de acuerdo con lo establecido en
responsable de los delitos recogidos en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
este Título, se le impondrán las siguientes responsable de los delitos recogidos en
penas: este Título, se le impondrán las siguientes
penas:
a) Multa del doble al cuádruple de la
cantidad defraudada o indebidamente a) Multa del tanto al doble de la
obtenida, si el delito cometido por la cantidad defraudada o indebidamente
persona física tiene prevista una pena de obtenida, si el delito cometido por la
prisión de más de dos años. persona física tiene prevista una pena
de prisión de más de dos años.
b) Multa de seis meses a un año, en los
supuestos recogidos en el artículo 310. b) Multa del doble al cuádruple de la
cantidad defraudada o indebidamente
obtenida, si el delito cometido por la
persona física tiene prevista una pena
de prisión de más de cinco años.
c) Multa de seis meses a un año, en los
supuestos recogidos en el artículo 310.
Además de las señaladas, se impondrá a
la persona jurídica responsable la
pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad
Social durante el período de tres a seis
años. Podrá imponerse la prohibición
para contratar con las
Administraciones Públicas.
Atendidas las reglas establecidas en el Atendidas las reglas establecidas en el
artículo 66 bis, los jueces y tribunales artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas podrán asimismo imponer las penas
recogidas en las letras b) a g) del apartado recogidas en las letras b), c), d), e) y g)
7 del artículo 33. del apartado 7 del artículo 33.»
Nueve. El artículo 311 queda redactado
Artículo 311. del siguiente modo:
Serán castigados con las penas de prisión «Serán castigados con las penas de prisión
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16. de seis meses a tres años y multa de seis de seis meses a seis años y multa de seis a
a doce meses: doce meses:
1.º Los que, mediante engaño o abuso de 1. Los que, mediante engaño o abuso de
situación de necesidad impongan a los situación de necesidad, impongan a los
trabajadores a su servicio condiciones trabajadores a su servicio condiciones
laborales o de Seguridad Social que laborales o de Seguridad Social que
perjudiquen, supriman o restrinjan los perjudiquen, supriman o restrinjan los
derechos que tengan reconocidos por derechos que tengan reconocidos por
disposiciones legales, convenios disposiciones legales, convenios
colectivos o contrato individual. colectivos o contrato individual.
2. Los que empleen simultáneamente a
una pluralidad de trabajadores sin
comunicar su alta en el régimen de la
Seguridad Social que corresponda o, en
su caso, sin haber obtenido la
correspondiente autorización de
trabajo, siempre que el número de
trabajadores afectados sea al menos de:
a) el veinticinco por ciento, en los
centros de trabajo que ocupen a más de
cien trabajadores,
b) el cincuenta por ciento, en los centros
de trabajo que ocupen a más de diez
trabajadores y no más de cien, o
c) la totalidad de los mismos, en los
centros de trabajo de más de cinco
trabajadores.
2.º Los que en el supuesto de transmisión 3. Los que en el supuesto de transmisión
de empresas, con conocimiento de los de empresas, con conocimiento de los
procedimientos descritos en el apartado procedimientos descritos en los apartados
anterior, mantengan las referidas anteriores, mantengan las referidas
condiciones impuestas por otro. condiciones impuestas por otro.
3.º Si las conductas reseñadas en los
apartados anteriores se llevaren a cabo con 4. Si las conductas reseñadas en los
violencia o intimidación se impondrán las apartados anteriores se llevaren a cabo con
penas superiores en grado. violencia o intimidación se impondrán las
penas superiores en grado.»
Artículo 398. Diez. El artículo 398 queda redactado del
siguiente modo:
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17. La autoridad o funcionario público que «La autoridad o funcionario público que
librare certificación falsa será castigado librare certificación falsa con escasa
con la pena de suspensión de seis meses a trascendencia en el tráfico jurídico será
dos años. castigado con la pena de suspensión de
seis meses a dos años.
Este precepto no será aplicable a los
certificados relativos a la Seguridad
Social y a la Hacienda Pública.»
Disposición derogatoria única.
1. Quedan derogados los artículos 309,
627 y 628 de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal.
2. Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo previsto
en esta ley orgánica.
Disposición final segunda. Entrada en
vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en
vigor a los veinte días de su completa
publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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