La política de inmigración y el mundo del trabajo. La gestión de la diversidad. (análisis y examen de documentos y datos estadísticos sobre la población migrante, con especial atención al ámbito laboral).

1. 1
Jornadas contra la pobreza. Universidad de Castilla – La Mancha.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
8 y 9 de noviembre. El Derecho y la Economía contra la pobreza.
Seminario de relaciones laborales y recursos humanos. Políticas públicas y
administración contra la pobreza.
Ponencia. La política de inmigración y el mundo del trabajo. La gestión de la
diversidad. (análisis y examen de documentos y datos estadísticos sobre la población
migrante, con especial atención al ámbito laboral).
Eduardo Rojo Torrecilla.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
Autónoma de Barcelona1
.
1
Fecha de finalización del presente trabajo: 4 de noviembre de 2017.

2. 2
Sumario.
Introducción.
Primera parte. La realidad estadística de la población migrante.
1. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 30 de junio
de 2017.
2. La estadística de migraciones 2016 del Instituto Nacional de Estadística.
3. La inmigración laboral en España según la encuesta de población activa del tercer
trimestre de 2017.
4. La inmigración y los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de
octubre de 2017.
5. Datos detallados de afiliación media de la población extranjera a la Seguridad Social
del mes de septiembre de 2017.
6. Estructura salarial.
7. La contratación laboral de la población extranjera.
Segunda parte. La dimensión laboral del fenómeno migratorio.
1. Consideraciones previas.
2. Aproximación a la migración laboral desde la perspectiva internacional.
2.1. El debate en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2017, con adopción de
conclusiones, a partir del Informe presentado “Migración laboral: nuevo contexto y
desafíos gobernanzas”.
2.2. Debate sobre la migración laboral en la X reunión regional de europea de la OIT.
3. Documentos del Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico, y Consejo de Europa.
4. Aproximación a la migración laboral desde la perspectiva europea. Propuestas y
documentos del Consejo, de la Comisión Europea, y del Parlamento Europeo.
5. La importancia de la intervención de las autoridades regionales y locales en las
políticas de integración de la población migrante.
6. Conclusión.

3. 3
Introducción.
Deseo agradecer, en primer lugar, a la Universidad de Castilla-La Mancha, y quiero
personalizar el agradecimiento en la figura del profesor, y buen amigo, José Antonio
Prieto, la invitación formulada para participar en estas Jornadas contra la pobreza.
Es un placer compartir mesa de trabajo con personas comprometidas en la lucha por la
justicia social y muy buenas conocedoras de la problemática de las personas que tienen
más dificultades para permanecer o incorporarse al mundo del trabajo, así como
también de las de aquellos que aun siendo trabajadores no alcanzan a salir de la
situación de pobreza por percibir unos ingresos que no les permiten evadir dicha
situación.
Estas jornadas adquieren una particular relevancia a mi parecer porque guardan estrecha
relación con la celebración de día internacional de las Naciones Unidas para la
erradicación de la pobreza, el 17 de octubre, haciendo ya veinticinco años que se acordó
que este día sería el dedicado a recordar que debe existir un compromiso de acción por
parte de los Estados para luchar justamente contra la erradicación de la pobreza, poner
fin a la misma y avanzar, con medidas adecuadas para ello, “hacia sociedades pacíficas
e inclusivas”. Justamente, en la nota explicativa oficial, publicada para recordar la
celebración anual, se llama por las NU a personas, comunidades, organizaciones y
países, a llevar a cabo la celebración “de las más diversas maneras, las más ricas y
variadas, como por ejemplo: revelando y compartiendo historias que muestran cómo se
puede superar la pobreza cuando las personas aúnan su esfuerzo con el objetivo de
defender los derechos de todos; organizando o participando en manifestaciones
culturales para celebrar el valor y la lucha diaria de los más pobres; e iniciando un
diálogo profundo sobre el modo de construir una sociedad que no deje a nadie atrás”.
Una celebración, la del 17 de octubre de cada año, que ha de servir “para mostrar los
sólidos vínculos de solidaridad que existen entre personas que viven en situación de
pobreza y personas de todos los ámbitos de la sociedad, así como nuestro compromiso
de trabajar individual y colectivamente para superar la extrema pobreza y las
violaciones de los derechos humanos”.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La organización me ha solicitado que aborde en mi intervención la problemática de la
población migrante en particular. La preparación de una ponencia es siempre, o al
menos así lo creo, un momento ideal para llevar a cabo una doble tarea: por una parte, la
actualización y profundización de artículos sobre la misma temática que el autor ha
presentado con anterioridad; de otra, para leer aquellos artículos, documentos y otras
publicaciones que, por los motivos que fuere, vas guardando en una o varias carpetas
del ordenador a la espera de encontrar el tiempo necesario para su lectura con la debida
atención, siendo una conferencia el momento ideal para hacerlo.
Por ello, comparto ahora con todas las personas interesadas, tanto las asistentes a las
Jornadas como a quienes me siguen a través de mi herramienta principal de trabajo en
estos momentos, mi blog, la actualización y revisión de anteriores trabajos publicados
en el mismo, en los que prestaré especial atención a los contenidos de carácter laboral
que afectan, e interesan, a la población migrante en su condición, mayoritaria en

4. 4
España, de trabajadora2
. Igualmente, actualizo y reviso todos los datos estadísticos
disponibles hasta el momento de dar por concluido este texto3
.
Pero antes de todo ello, cabe prestar especial atención a las palabras del Papa Francisco
sobre la inmigración. No es por casualidad, en absoluto, que la organización de estas
jornadas haya fijado la fecha de inicio el día internacional de erradicación de la pobreza
y el día de clausura el 19 de noviembre en el que se celebrará la I Jornada Mundial de
los Pobres y para la que el Papa lanza un mensaje contundente de no resignación4
, en el
que puede leerse que “Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más
la riqueza descarada que se acumula en las manos de unos pocos privilegiados, con
frecuencia acompañada de la ilegalidad y la explotación ofensiva de la dignidad
humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes sectores de la sociedad
entera. Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos, ni tampoco resignados. A
la pobreza que inhibe el espíritu de iniciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles
encontrar un trabajo; a la pobreza que adormece el sentido de responsabilidad e induce a
preferir la delegación y la búsqueda de favoritismos; a la pobreza que envenena las
fuentes de la participación y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de
este modo el mérito de quien trabaja y produce; a todo esto se debe responder con una
nueva visión de la vida y de la sociedad”.
Como digo, si una persona es merecedora de especial atención por su impacto en la vida
social es el Papa Francisco. En dos intervenciones públicas del año 2014 se refirió de
forma clara y directa a la problemática de la inmigración, poniendo a la persona por
delante de los intereses económicos. Es obligado entonces, en atención al contenido de
mi ponencia, hacer referencia a las mismas.
En el discurso pronunciado el día 21 de noviembre, con ocasión del VII Congreso
Mundial de la pastoral de los migrantes, el Papa destacó los aspectos positivos y
también los negativos de las migraciones, poniendo de manifiesto la necesidad de
políticas de integración adecuadas en los países de acogida. La inmigración, tal como se
puso de relieve en dicho Congreso, es el resultado de múltiples factores que en más de
una ocasión se mezclan entre ellos: “las desigualdades, la pobreza, el incremento
demográfico, la creciente necesidad de empleo en algunos sectores del mercado de
trabajo, calamidades causadas por los cambios climáticos, las guerras y las
persecuciones, el deseo de las nuevas generaciones de moverse para buscar nuevas
oportunidades”. El Papa destacó los resultados positivos para los países de acogida en
términos de incremento de la producción y del bienestar nacional, y para los países de
origen por la recepción de remesas económicas que alivian en muchos casos su difícil
situación, pero no dejó de reseñar otros aspectos mucho más conflictivos, como son en
2
El trabajo no contiene enlaces que permitan acudir a los documentos citados, al objeto de facilitar y
hacer más ágil su lectura. Me permito remitir, para encontrar dichos enlaces (con dos únicas
excepciones), a los artículos que he publicado en mi blog en los últimos doce meses.
3
Para un estudio mucho más detallado y exhaustivo de la problemática laboral de los migrantes, remito a
la monografía del profesor Ferran Camas Roda, director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y
Ciudadanía de la Universidad de Girona, Trabajo decente e inmigrantes en España. Ed. Huygens,
Barcelona, 2016
4
“No amemos de palabras sino con obras”.
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html (documento consultado el 3 de
noviembre de 2017).

5. 5
los primeros las dificultades de integración (y más en épocas de crisis económica y
social), y en los segundos la pérdida de sus mejores profesionales, la desarticulación de
las familias por las ausencias prolongadas de uno de sus miembros y el impacto de esas
ausencias sobre los menores.
En segundo lugar, el día 25 del mismo mes de noviembre, el Papa se dirigía en dos
importantes discursos al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. En ambos, el
mundo del trabajo y el de la inmigración merecieron atención específica, aunque no es
menos cierto que los dos discursos afectan en su totalidad a esos mundos.
En el discurso pronunciado en el Consejo de Europa, el Papa Francisco se refirió a “los
numerosos retos del mundo contemporáneo que precisan estudio y un compromiso
común, comenzando por la acogida de los emigrantes, que necesitan antes que nada lo
esencial para vivir, pero, sobre todo, que se les reconozca su dignidad como personas”,
para añadir después la mención al “grave problema del trabajo, especialmente por los
elevados niveles de desempleo juvenil que se produce en muchos países - una verdadera
hipoteca para el futuro -, pero también por la cuestión de la dignidad del trabajo”.
En su intervención en el Parlamento Europeo, el Papa insistió en la dignidad de las
personas trabajadoras y de los migrantes, y tuvo especial recuerdo para las tragedias que
son la pérdida de vida humanas en su intento de alcanzar una vida mejor en otros
lugares. Sobre el trabajo, efectuó unas manifestaciones que pueden ser perfectamente
acogidas por todo grupo político y toda organización social con sensibilidad hacia el
mundo laboral: “Es hora de favorecer las políticas de empleo, pero es necesario sobre
todo volver a dar dignidad al trabajo, garantizando también las condiciones adecuadas
para su desarrollo. Esto implica, por un lado, buscar nuevos modos para conjugar la
flexibilidad del mercado con la necesaria estabilidad y seguridad de las perspectivas
laborales, indispensables para el desarrollo humano de los trabajadores; por otro lado,
significa favorecer un adecuado contexto social, que no apunte a la explotación de las
personas, sino a garantizar, a través del trabajo, la posibilidad de construir una familia y
de educar los hijos”.
Sobre la cuestión migratoria, un fenómeno que no un problema, o al menos eso es lo
que he defendido, y sigo defendiendo, desde hace muchos años, el Papa puso el acento
en abordar la política migratoria, con inclusión del asilo, desde una perspectiva europea
y con la asunción de responsabilidades por parte de todos los Estados miembros, algo
que parece que cuesta mucho poner en práctica. En su intervención, enfatizó que “no se
puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las
barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que
necesitan acogida y ayuda”, para inmediatamente lamentar que “la ausencia de un
apoyo recíproco dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar soluciones
particularistas del problema, que no tienen en cuenta la dignidad humana de los
inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales”,
concluyendo que “Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la
inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en
práctica legislaciones adecuadas que sean capaces de tutelar los derechos de los
ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes; si es
capaz de adoptar políticas correctas, valientes y concretas que ayuden a los países de
origen en su desarrollo sociopolítico y a la superación de sus conflictos internos – causa

6. 6
principal de este fenómeno –, en lugar de políticas de interés, que aumentan y alimentan
estos conflictos. Es necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos”.
Sería muy positivo que todos los Estados hicieran caso de esta petición, ¿no les parece?
Primera parte. La realidad estadística de la población migrante.
1. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 30 de
junio de 2017.
A) El Observatorio permanente de la inmigración publicó el 29 de septiembre los datos
disponibles de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia a 30 de
junio de 2017, diferenciando la explicación, como viene haciéndose desde 2010, por
regímenes (general y comunitario).
Cabe recordar que con los datos a 31 de diciembre de 2013 se reanudó la serie trimestral
interrumpida en junio del mismo año, ya que no se publicó la información
correspondiente al tercer trimestre. La explicación de ello residió en los cambios
metodológicos introducidos, que tal como se explicaba en el informe de diciembre de
2013 consistieron en llevar a cabo “una depuración con el objetivo de descontar a
aquellos extranjeros que han accedido a la nacionalidad española y mantenían en vigor
una autorización de residencia”. Igualmente, se procedió a descontar “aquellos
extranjeros fallecidos en España, cuya autorización de residencia o certificado de
registro se encontraba en vigor en el momento del fallecimiento”.
Por consiguiente, el cambio metodológico implicó la necesaria revisión de la serie
histórica, habiendo sido recalculada la cifra de extranjeros con la nueva metodología
“para que sea posible la comparabilidad de los datos. En otro caso, no se pueden hacer
comparaciones sobre la evolución de las cifras de extranjeros”. El documento con los
datos a 31 de diciembre de 2013 recordaba que en la página web de la Secretaría
General de Inmigración y Emigración pueden encontrarse “los datos correspondientes a
trimestres anteriores obtenidos con la nueva metodología”. No obstante, ya se
encuentran en el informe de diciembre de 2013 los datos recalculados del tercer
trimestre de 2013 (comparación trimestral) y del cuarto trimestre de 2012 (comparación
en serie interanual). El cambio metodológico citado no permite, pues, comparar los
nuevos datos con los expuestos en los informes elaborados hasta el segundo semestre de
2013, inclusive.
La importancia de los datos radica en el exacto conocimiento de la extranjería e
inmigración en España, y muy en especial en los últimos siete años en el conocimiento
más concreto de cómo ha impactado la crisis económica y de empleo, y el posterior
inicio de la recuperación, sobre la población extranjera, tanto de países no UE y que está
incorporada al Régimen General, como de ciudadanos de Estados miembros UE que
están incorporados al régimen de libre circulación.
De forma muy didáctica, el informe explica que el régimen comunitario “es el régimen
jurídico de extranjería que se aplica a los nacionales de países de la Unión Europea y de
los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza), así como a sus familiares y los familiares de españoles que sean
nacionales de terceros países”, mientras que el régimen general “es el régimen jurídico

7. 7
que se aplica a los nacionales de terceros países, salvo que les sea de aplicación el
régimen comunitario”.
B) A 30 de junio de 2017 había 5.131.591 extranjeros con certificado de registro o
tarjeta de residencia en vigor, más exactamente 3.047.450 personas acogidas al régimen
comunitario (59,4 %) y 2.084.141 al régimen general (40,6 %), con un incremento en
serie interanual en el primer grupo de 122.031 (4,2 %) y un descenso de 7.846 (- 0,4 %),
en el segundo. Buena parte del descenso de la población extracomunitaria, aunque en
mucha menor escala que en los tres años anteriores, se debe principalmente al proceso
de nacionalización llevado a cabo desde 2013. Por cierto, es importante destacar el
dato, tal como hace el informe, que “la tasa de variación semestral del número de
trabajadores extranjeros en régimen general vuelve a ser positiva por primera vez desde
junio de 2011, confirmándose la recuperación del número de extranjeros en este
régimen”.
Como he indicado, el porcentaje de ciudadanos extranjeros a los que se aplica el
derecho de libre circulación y residencia, es decir, el Régimen Comunitario, es del
59,40 % sobre el total, frente al Régimen General que se sitúa en el 40,60 % % Las
provincias de Madrid (829.879) y Barcelona (748.323) concentran el 30,8 % de los
extranjeros residentes en España, y las de Alicante, Valencia, Málaga, Islas Baleares y
Murcia, otro 25,2 %. Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y
Comunidad Valenciana, concentran casi el 65,8 % del total de la población extranjera,
3.368.554 personas.
C) Paso a continuación al análisis de los datos más importantes de los extranjeros
acogidos al régimen comunitario (incluye, tal como he indicado, ciudadanos de la UE,
de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y sus familiares). A 30 de junio de 2017
hay un total de 3.047.450, con 122.031 (4,2 %) personas más acogidas en serie
interanual. Del total referenciado, 2.638.350 son ciudadanos comunitarios y de la
AELC-EFTA (86,60 % del total), mientras que el resto son familiares de los anteriores
y de españoles con nacionalidad de un tercer país, un total de 409.100 (13,40 %), con un
peso muy importante de personas nacionales de Marruecos y de América central y del
Sur. La población marroquí supera los 40.000 residentes.
A partir de los datos del cuarto trimestre de 2012 se proporciona información
desagregada sobre las diferentes modalidades de certificados de residencia temporal, de
tal manera que podemos saber que, a 30 de junio de 2017, 685.839 ciudadanos de la UE
y AELC tiene residencia permanente (703.319 %), mientras que el resto (1.935.031,
73,50 %) tienen “motivo de residencia determinado” (523.989), o “motivo de residencia
no determinado” (1.411.042). En aquellos cuyo motivo de residencia está determinado,
destaca el de los extranjeros trabajadores por cuenta ajena (231.088, 44,1 %).
Conviene recordar, tal como se hace en el documento ahora analizado, que aquellos
certificados en los que no consta motivo de residencia se expidieron antes del 24 de
abril de 2012, fecha de entrada en vigor del RDL 16/2012, de 24 de abril, cuya
disposición adicional quinta modificó el art. 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los
Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el EEE. Tal
reforma, sintetiza el documento ahora objeto de examen, “introduce modificaciones

8. 8
para acceder a la residencia por un período superior a tres meses, a diferencia de los
regulado con anterioridad, donde el motivo de residencia no se diferenciaba”.
Por distribución de sexo, el 52,70 % de los ciudadanos UE-AELC son varones y el
47,30 % mujeres, mientras que entre los familiares predominan las mujeres (59,10 %)
por delante de los varones (40,9 %)
La población rumana, que había accedido en el segundo semestre de 2010 a la primera
posición de todos los países con ciudadanos en España, se mantiene en el primer lugar
de manera muy destacada con respecto a otras poblaciones, con 1.017.597 personas
(incremento semestral de 2,30 y aumento interanual del 4,20 %). A bastante distancia le
siguen la población nacional del Reino Unido (306.082 personas), la italiana (263.644
%) y la búlgara (190.981 %). Es la población italiana la que han experimentado un
importante incremento relativo en serie interanual, un 8,20 %, seguida de la francesa
con un 6,40 %. Cabe resaltar que más del 52 % de la población acogida al régimen
comunitario son nacionales de tres países: Rumania, Reino Unido e Italia.
Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y
Andalucía agrupan el 64,0 % de los extranjeros de este régimen. La primera acoge a
534.392 extranjeros, y la segunda a 482.493, con 474.977 en la tercera y 459.058 en la
cuarta. El 86,7 % de la población tiene edad laboral (entre 16 y 64 años), situándose la
media de edad en los 40,3 años, es decir 6,3 años por encima de la media de los
extranjeros en régimen general.
D) Analizo a continuación los datos de la población extranjera acogida al régimen
general, es decir los nacionales de terceros países “salvo que les sea de aplicación el
Régimen Comunitario”. A 30 de junio de 2017 hay un total de 2.084.141, con un
descenso de 7.846 residentes en serie interanual. Por sexo, el 45,30 % son mujeres y el
54,70 % hombres. La edad media es de 34,0 años.
La población marroquí es la primera en este régimen y la segunda en el conjunto de
todas las nacionalidades, con 715.879 personas, con un incremento del 0,1 % y un
descenso del 0,60 % en serie semestral e interanual respectivamente, representando el
30,3 % del total de la población de este régimen. A bastante distancia siguen los chinos
(202.479), ecuatorianos (141.960 %), bolivianos (81.355 %), colombianos (80.544 %),
y ucranianos (79.030 %). Hay que destacar en serie interanual, el crecimiento de la
población rusa, india, pakistaní, senegalesa y china. Por continentes, el peso porcentual
de los ciudadanos de Iberoamérica ha disminuido considerablemente como
consecuencia, De la adquisición de la nacionalidad española por un importante número
de los mismos, de tal manera que queda en el 27,6 %, bastante por detrás del africano,
(45,60 %), pero por delante del asiático (18,80 %), y del colectivo de países de la
Europa no comunitaria (6,9 %).
Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad
Valenciana agrupan a cerca del 68 % de los extranjeros del régimen general. Las
provincias de Barcelona y Madrid reúnen el mayor número de población extranjera,
397.300 y 347.386, respectivamente. Las provincias de Barcelona y Madrid, concentran
a más del 36 % del total de residentes de este régimen, y con Murcia (147.605),
Alicante (104.860) y Valencia (95.364) superan el 52 %.

9. 9
Destaca el peso de la población extranjera en edad laboral, ya que el 79,2 de la
población se encuentra en edades comprendidas entre 16 y 64 años (1.650.313) mientras
que el resto se concentra mayoritariamente en la población menor de 16 años (384.296,
18,4 %), con una presencia residual (49.532, 2,4 %) de los mayores de 65 años, siendo
los marroquíes los más jóvenes, con una media de 30,9 años, seguidos de los pakistaníes
(31,6) y chinos (31,7).
De los extranjeros del régimen general, el 84,0 %, es decir 1.748.637 personas,
disponen de autorización de residencia de larga duración (con un elevado porcentaje,
superior al 49 y 28 % de ciudadanos africanos y de América Central y del Sur,
destacando que los colectivos más numerosos son los nacionales de Marruecos, Ecuador
y China). Las autorizaciones temporales (335.504) suponen el 16,0 % del total,
continuando su disminución.
De las autorizaciones de residencia temporal y trabajo, 156.001 (46,50 %) son por
cuenta ajena, por cuenta propia, y las restantes otro tipo de autorizaciones (como tarjeta
azul UE y para investigación). De las autorizaciones de residencia temporal, 99.729 son
por reagrupación familiar (29,7 %), 45.073 por residencia no lucrativa (13,4), y 34.701
por circunstancias excepcionales (arraigo, razones humanitarias y otras).
A 30 de junio de 2017, 90.107 personas tienen autorización de residencia inicial, con un
importante incremento del 8,1 % en serie interanual; se produjeron 210.696
modificaciones y renovaciones; y hubo un total de 34.701 autorizaciones por
circunstancias excepcionales. Refiriéndonos a países concretos, más del 90 % de
nacionales de Marruecos y Ecuador tiene autorización de residencia de larga duración.
E) Por último, cabe reseñar que el informe semestral recoge datos estadísticos sobre los
extranjeros autorización de residencia y trabajo en vigor en virtud de las posibilidades
ofrecidas por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Cabe destacar que 10.507 corresponden a autorizaciones por razones de interés
económico. Los chinos (1.367), rusos (1.006) y estadounidenses (805) se sitúan en
cabeza de las autorizaciones concedidas, y de todas ellas algo menos de la mitad
corresponden a profesionales altamente cualificados.
2. La estadística de migraciones 2016 del Instituto Nacional de Estadística.
A) El Instituto Nacional de Estadística publicó el jueves 29 de junio de 2017 los datos
provisionales sobre cifras de población residente en España a 1 de enero de 2017 y la
estadística de migraciones correspondiente a 2016.
Efectúo a continuación una breve síntesis de los datos más relevantes referidos a la
problemática migratoria, con los que pretendo completar los análisis mensuales que
realizo de los datos de afiliación a la Seguridad Social y de desempleo registrado
proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de los de la población
activa, ocupada, desempleada o inactiva según la encuesta trimestral (EPA) que realiza
el INE), y de los datos semestrales sobre extranjeros con certificado de registro o tarjeta
de residencia en vigor, facilitados por el Observatorio Permanente de la Inmigración del
MEySS.

10. 10
Sobre la explicación de qué es la estadística de migraciones, se encuentra en la nota de
prensa del INE, indicando que tiene por finalidad “la medición de las migraciones que
tienen lugar entre España y el resto del mundo y entre las diferentes regiones españolas,
desagregadas según sexo, edad, año de nacimiento, nacionalidad y país de nacimiento
del migrante y origen y destino de la migración”.
B) En primer lugar, hay que referirse al aumento de la población residente en España
por primera vez desde 2011. Los 46.528.966 habitantes a 1 de enero de 2017 suponen
un incremento de 88.867 personas con respecto al año anterior, siendo parte
fundamental de este incremento el saldo positivo migratorio de 89.126 personas, ya que
hubo 417.033 inmigraciones procedentes del extranjero, una cifra superior a las 327.906
personas que emigraron desde España con destino a otro país. El aumento del número
total de población afectó fundamentalmente a la población española, que creció en
81.975 personas, mientras que incremento de la población extranjera fue de 6.892.
El incremento de nacionales españoles deriva en buena medida de los procesos de
adquisición de la nacionalidad española de extranjeros residentes en nuestro país,
aportando el informe del INE el dato de que estos “afectarían a 150.739 residentes”.
Por su parte, el leve aumento estadístico de extranjeros residentes en España (4.424.409,
6.892 más que el año anterior) es debida a que el número de los nacidos en territorio
español (491.825) se incrementó en 21.929, mientras que el de los nacidos en otro país
se redujo en 15.037. Los datos sobre la variación de la población extranjera residente en
España durante 2016 ponen de manifiesto que los descensos más importantes de la
misma se produjeron en ciudadanos de nacionalidad rumana (- 16.947), Bolivia (-
13.534), Marruecos (-13.297), y ecuatoriana (- 13.072),
C) Como ya he indicado, se produjo una inmigración hacia España de 417.033
personas, de la que la gran mayoría (354.461) eran nacionales de otros Estados y casi
todos ellos (347.931) habían nacido fuera de España, mientras que el número de
ciudadanos españoles que migraron desde otros países hacia España fue de 62.572, en
porcentajes con un leve desequilibrio entre los nacidos en nuestro país y aquellos que lo
hicieron en el extranjero (27.223 y 35.348). El número de personas que emigraron desde
España hacia otro país fue inferior, 327.906, de los que 241.795 eran extranjeros y en su
inmensa mayoría, 228.357, nacidos en el exterior, mientras que también migraron
86.112 españoles, de los que el mayor número, 54.300, correspondió a quienes habían
nacido en España.
Un dato importante a destacar, y así lo hace el INE, es que por segunda vez consecutiva
desde el año 2010 el saldo migratorio de extranjeros fue positivo, un total de 112.666
personas, ya que la población extranjera inmigrante aumentó un 176,3 mayor que la del
año anterior, mientras que la emigración extranjera descendió un 4,6 %. El saldo
positivo tuvo su mejor reflejo en la población colombiana, venezolana, italiana,
hondureña y marroquí (16.808, 16.269, 11.238, 9.258 7 y.065, respectivamente),
mientras que el principal descenso se concentró en la población rumana (23.975),
seguida muy de lejos por la búlgara, portuguesa e inglesa (4.401, 507 y 396,
respectivamente).
D) Respecto a la emigración española al exterior, al igual que en años anteriores el
informe del INE destaca el caso de Ecuador, ya que la población migrante es

11. 11
fundamentalmente no nacida en España o bien son menores de 16 años, “lo que parece
indicar una migración de retorno de ecuatorianos de origen que han adquirido la
nacionalidad española junto con sus hijos nacidos en España”. La reflexión sobre
Ecuador es también aplicada por el INE en 2016 a la emigración a Colombia y
Argentina.
No obstante, conviene señalar que la mayor emigración española al exterior se produjo
al Reino Unido, un total de 12.705 personas en el Reino Unido, seguida de la que se
dirigió a Francia (9.294) y Alemania (8.503). Está por ver aún qué consecuencias tendrá
sobre dicha emigración en el Reino Unido, así como sobre la población residente, el
impacto de la decisión adoptada en el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, de
salida de la UE, y el consiguiente proceso de negociación sobre cómo se producirá
dicha salida y cómo afectará a la población no británica que reside y trabaja en territorio
británico.
E) Por último, cabe preguntarse qué hay que destacar con respecto a la inmigración
extranjera en 2016
Si comparamos los datos de estadísticas laborales con respecto a los ahora examinados,
sigue siendo muy relevante la importancia de los dos países con mayor población
trabajadora en España, Rumania y Marruecos, seguidas de Colombia (29.986, 28.859 y
22.850, respectivamente), y lo mismo ocurre, en cifras absolutas, con relación a los dos
primeros países en cuanto a la emigración, ya que salieron de España 52.834 ciudadanos
rumanos y 22.921 marroquíes, aun cuando los mayores descensos porcentuales se
produjeron en países de América del Sur: Bolivia (29,1 %) y Ecuador (21,4 %).
3. La inmigración laboral en España según la encuesta de población activa del
tercer trimestre de 2017.
Según los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2017, hechos
públicos el jueves 26 de octubre, la población activa extranjera estaba integrada por
2.731.000 personas, con 2.111.000 ocupadas y 620.000 paradas, mientras que 1.034.500
personas estaban conceptuadas como inactivas. El número de personas extranjeras de 16
y más años es de 3.765.500, con un aumento trimestral de 27.900 y en serie interanual
de 62.000 personas.
Cabe destacar el hecho de que la EPA se calcula con la base de población que incorpora
la información actualizada de los censos de población y vivienda de 2011. El Instituto
Nacional de Estadística publicó el jueves 24 de abril de 2014 una nota metodológica
sobre la nueva base poblacional, poniendo de relieve que según el censo de 2011 la
población de 16 y más años superaba en 373.700 personas la población que se tomaba
anteriormente en consideración para la muestra, más concretamente "estaba
infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba
sobrevalorado en 212.100".
Hecha esta matización, si comparamos con los datos del segundo trimestre de 2017, la
población activa extranjera ha aumentado en 17.600 personas y en serie interanual el
aumento es de 56.000. Si nos fijamos en los datos de la población autóctona, la
población activa ha crecido en 35.700 personas sobre el trimestre anterior y ha
disminuido en 123.400 en serie interanual.

12. 12
La tasa de actividad es del 72.43%, 14,98 puntos superior a la de la tasa de la población
activa española (57,45%). En este trimestre, la tasa de actividad de los extranjeros ha
disminuido en un 0,07%, mientras que el aumento de la tasa de la población española ha
sido del 0,09%. En serie interanual la tasa de actividad de la población autóctona
experimenta un descenso del 0,45%, y la de la población extranjera un crecimiento del
0,30%.
La tasa de paro de la población extranjera es del 22,70%, es decir 7,18 puntos por
encima de la española (15,52%). Durante el tercer trimestre del 2017 el desempleo
autóctono disminuyó en 160.900 personas, y el de la población extranjera en 21.700.
Durante el tercer trimestre de 2017 se debe mencionar el hecho de que el número de
trabajadores autóctonos ocupados ha experimentado un incremento de 196.600
personas, y el de extranjeros de 39.300. En serie interanual la población ocupada
extranjera crece en 98.800 personas, la población desempleada disminuye en 42.200 y
la inactiva crece en 6.000, mientras que la población ocupada española crece en 422.900
personas, la población en paro disminuye en 546.300, y la inactiva se incrementa en
180.500 personas.
4. La inmigración y los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes
de octubre de 2017.
A) En primer lugar, hago referencia a los datos de afiliación a la Seguridad Social,
hechos públicos el viernes 3 de noviembre por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
En cuanto a la población extranjera los datos más destacados son los siguientes:
La media del número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social durante
el mes de septiembre ha sido de 1.851.014, con un descenso de 2.094 personas sobre el
mes anterior, debido a la disminución de la afiliación en el régimen general (3.669). El
número de trabajadores del régimen de autónomos es en la actualidad de 301.218, y el
del régimen general es de 1.544.931.
Durante el mes de octubre el número medio de afiliados a la Seguridad Social se
incrementó en serie interanual en 617.173 personas, mientras que el aumento del
número de extranjeros fue de 117.388.
El porcentaje de trabajadores extranjeros afiliados es del 10,04% del total de la
población trabajadora afiliada (18.430.529).
B) Analizo a continuación los datos sobre demandantes de empleo, paro registrado y
contratos que corresponden al mes de octubre, y de las prestaciones por desempleo
correspondientes al mes de septiembre, que han sido también publicadas el viernes 3 de
noviembre por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Los datos más destacados son las siguientes:
a) Número de trabajadores extranjeros en situación de desempleo: 408.861 (11,79% del
total, 3.467.026). 145.662 son de países UE y 263.199 de países no UE. Se ha
producido un incremento mensual de 19.493 personas (34,29 % del aumento total del
paro en toda España, que ha sido de 56.844 personas), y una disminución interanual de
24.272 (8,14 % de la disminución del paro del total de la población, que ha sido de
297.956). En los datos del mes de octubre destaca el descenso del paro en el sector de la

13. 13
construcción (0,93 %, siendo el paro de 42.033), y el aumento en el de la agricultura
(10,60 %, siendo el paro de 41.916).
b) Número de trabajadores extranjeros beneficiarios de prestaciones de desempleo el
mes de septiembre: 169.071, con un descenso interanual del 4,8 %. 74.741 parados son
de países UE y 94.330 son de países no UE. Este número supone el 9,60 % sobre el total
de beneficiarios, con un porcentaje del 13,29 % si se trata de la prestación contributiva,
del 7,30 % en caso de subsidio, 9,04 % en la renta activa de inserción, y 3,67 % para el
subsidio para trabajadores eventuales agrarios. Los datos estadísticos del mes de marzo
de 2015 incorporaron las cifras de los parados extranjeros que perciben la ayuda
económica del programa de activación para el empleo regulado en el RDL 16/2014, de
19 de diciembre, que al finalizar el mes de septiembre son un total de 3.857, el 9,0 %
del total de las personas perceptoras de la ayuda.
Si comparamos los datos de septiembre con las de los once meses anteriores se observa
un aumento de la población acogida a la prestación contributiva, una disminución de los
perceptores de subsidio y de quienes reciben la renta activa de inserción, y un
importante crecimiento de la población acogida al subsidio agrario. Hay otro dato que
conviene tener en consideración para analizar los cambios que se están produciendo en
la percepción de prestaciones por parte de los extranjeros: en serie interanual, la
prestación contributiva ha pasado del 12,35 % al 13,29 % (un aumento del 7,7 % en
serie interanual), y el subsidio ha experimentado un descenso del 7,55% al 7,30 % (un
3,3 % en serie interanual). Es decir, el número de parados extranjeros que cobran el
subsidio de desempleo sobre el total de la población perceptora es bastante inferior que
el de los que cobran la prestación contributiva (13,29 y 7,30 %), consolidándose la
tendencia mantenida durante muchos meses anteriores. Igualmente, destaca el número
de personas perceptoras de la Renta Activa de Inserción, el 9,04 % del total de los
perceptores, con un 4,9 % de descenso en serie interanual. De los datos del mes de
septiembre hay que destacar que el porcentaje de perceptores de la RAI sigue por
encima de los perceptores del subsidio. En términos porcentuales, el número mayor es
el de los extranjeros perceptores de prestaciones contributivas.
Si analizamos qué parados cobran los diferentes tipos de prestaciones, podemos
comprobar que las contributivas suponen el 55,5 % de los extranjeros de países UE y el
51,7 % de los de países no UE, y que el número de perceptores del subsidio, RAI y
REASS, supone el 45,5 y el 48,3 % respectivamente. Con respecto a los datos del
conjunto de la población perceptora de prestaciones el mes de agosto, un total de
1.760.595, el 39% reciben prestaciones contributivas y el 43 % prestaciones
asistenciales.
El porcentaje de beneficiarios sobre el total de demandantes de empleo extranjeros es
del 32,12 % (31,95 y 33,12 % los meses de septiembre de 2015 y 2016
respectivamente). El gasto para los desempleados extranjeros es de 113.793 millones de
euros, un 8,0% del gasto total (con un aumento del 3,9 % sobre el año anterior).
El 63,8 % del gasto total de prestaciones (1.414.559 millones euros) se destina a la
prestación contributiva, porcentaje que se eleva al 70,7 % en el caso de los
desempleados extranjeros (64,9 y 67,8 % los meses de septiembre de 2015 y 2016,
respectivamente).
c) En cuanto al número de perceptores extranjeros la provincia de Madrid mantiene el
primer lugar (13,98 %), por delante de las de Barcelona (12,44%), Valencia (6,15%),

14. 14
Almería (5,97 %), Murcia (5,67%), Alicante (5,10 %), Huelva (4,40 %), Tarragona
(3,01 %), Girona (2,68 %), y Pontevedra (2,49 %).
d) Por nacionalidades, los trabajadores rumanos ocupan el primer lugar (41.637, 24,63
%), por delante de los marroquíes (36.801, 21,77 %), mientras que los búlgaros ocupan
la tercera posición (9.110, 5,39 %), por delante de los ecuatorianos (6.584, 3,89 %), los
italianos (6.153, 3,64%) y los colombianos (5.149, 3,05 %).
5. Datos detallados de afiliación media de la población extranjera a la Seguridad
Social del mes de septiembre de 2017.
A) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó el jueves, 19 de octubre, los
datos generales de afiliación extranjera correspondientes al mes de octubre.
A partir del mes de enero de 2012 los datos estadísticos aportan una modificación
importante con relación a los de los meses anteriores: la incorporación al régimen
general de los trabajadores del régimen agrario y del personal al servicio del hogar
familiar, como consecuencia de las modificaciones operadas en la normativa de
Seguridad Social para ambos colectivos a partir del 1 de enero de 2012.
Hecha esta puntualización, con respecto a la población extranjera los datos más
destacados son los siguientes:
B) En toda España, y con datos de la media del mes de septiembre, hay un total de
1.853.108 afiliados, de los cuales 781.540 son de países UE (414.819 hombres y
366.721 mujeres), y 1.071.567 son de países no UE (616.207 hombres y 455.361
mujeres). Es decir, se ha producido un incremento anual del 7,30%. Cabe recordar que
la media de afiliados del mes de octubre de 2016 era de 1.727.034. Es decir, en los
últimos doce meses se ha producido un aumento de 126.074 personas.
Cabe destacar el aumento de la afiliación en el régimen general, que ha ganado 3.041
afiliados (ya se han incorporado los trabajadores de los regímenes agrario y del hogar
familiar, y la disminución se produce utilizando los mismos criterios estadísticos). En
cuanto al régimen de trabajadores autónomos, se debe mencionar el crecimiento de
1.844, y en serie interanual hemos pasado de los 278.035 del mes de septiembre de
2016 a los actuales 299.596.
En los datos estatales del mes de febrero de 2012 no aparecía la distribución porcentual
por regímenes, que había sido sustituida por la variación mensual en porcentaje, pero en
los datos del mes de marzo ya volvió a aparecer esta distribución. Esta distribución en
septiembre es la siguiente: el 83,56% pertenecen al general (con la inclusión de los
trabajadores agrarios y del hogar familiar), el 16,17% al de autónomos, el 0,27% del
mar, y el 0.01% del carbón.
Por regímenes, cabe destacar la importante presencia de los trabajadores rumanos y
marroquíes en el general, siguiendo los criterios estadísticos anteriores (198.407 y
119.043, respectivamente), de chinos y rumanos en el de autónomos (52.964 y 34.738),
y de marroquíes y rumanos en el agrario, siguiendo todavía los criterios estadísticos
anteriores (64.604 y 57.026). En los datos del personal al servicio del hogar familiar que
aparecen en el régimen general, la presencia rumana es también mayoritaria (36.780),
seguida de la boliviana (17.583) y paraguaya (16.979).
Por comunidades autónomas, y siempre con datos de la media del mes de octubre,
Cataluña es la primera en número total de afiliados (453.433, 24,47%), seguida de

15. 15
Madrid (367.211, 19,82%), Andalucía (203.293, 10,97%) y la Comunidad Valenciana
(191.447, 10,33%).
Cabe destacar, en cuanto a la distribución de la población extranjera afiliada a la
Seguridad Social en los diferentes sectores de actividad, que la vigente clasificación
nacional de actividades económicas (CNAE), aprobada por el Real Decreto 475/2007 de
13 de abril, entró en vigor el mes de enero de 2.009, e introdujo algunas modificaciones
de importancia en relación con la distribución hecha de acuerdo con el anterior CNAE.
Destaca en mi opinión la división de la anterior "actividad inmobiliaria y de alquiler, y
servicios empresariales", en "actividades inmobiliarias", "actividades profesionales
científicas y técnicas", y "actividades administrativas y servicios auxiliares".
En el régimen general de la Seguridad Social (y poniendo de relieve que las
incorporaciones del régimen agrario y del personal al servicio del hogar familiar
suponen el 12,74 y 11,70%, del total de la afiliación, respectivamente) destaca el
número de afiliados en el sector de la hostelería, que ocupa la primera posición con
306.460 personas (19,79%), de las que 187.338 son de países no UE. Le sigue el sector
del comercio y reparación de vehículos a motor y bicicletas, que ocupa a 191.230
trabajadores, un 12,35%, de los cuales 116.711 son de países no UE, y en tercer lugar se
encuentran las actividades administrativas y servicios auxiliares, que agrupan a 133.265
trabajadores, un 8,61% del total, de los cuales 79.513 son de países no UE; la industria
manufacturera ocupa el cuarto lugar, con 104.176 afiliados (6,73%), de los cuales
55.573 son de países no UE; el sector de la construcción se sitúa en el quinto lugar y
ocupa a 99.633 personas, un 6,43%, de los cuales 57.016 son de países no UE (siendo
importante destacar el crecimiento de un 17,19% en serie interanual). En el régimen
especial de trabajadores autónomos, destaca la presencia del sector del comercio y
reparación de vehículos de motor y bicicletas (85.177, 30,64%), del sector de la
hostelería (53.105, 19,10%), y del sector de la construcción (31.208, 11,22% del total y
con una participación mayoritaria de los ciudadanos de la UE, 21.015, y con un
crecimiento de la afiliación del 5,64% en serie interanual)
Por países de procedencia, en todo el Estado, los trabajadores rumanos ocupan la
primera posición (327.124), y los marroquíes se sitúan en la segunda posición con
216.417 trabajadores. Los italianos ocupan la tercera posición, con 102.471, quedando
los chinos en la cuarta posición, con 99.858, por delante de los ecuatorianos con 71.470,
de los británicos con 62.211, de los colombianos con 58.246, de los búlgaros con
58.196, de los bolivianos con 50.731, y de los portugueses con 48.649. Hace un año, los
trabajadores rumanos ocupaban la primera posición (309.132), y los marroquíes se
situaban en la segunda posición con 201.263 trabajadores. Los chinos ocupaban la
tercera posición, con 96.094, quedando los italianos en la cuarta posición, 88.498, por
delante de los ecuatorianos con 69.744, de los británicos con 59.172, de los búlgaros
con 54.710, de los colombianos con 54.077, los bolivianos con 51.900, y de los
portugueses con 44.256.
6. Estructura salarial.
Con datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente a la
estructura salarial de 2015, la ganancia media anual por trabajador fue de 23.106,30
euros en 2015, un 1,1% superior a la del año anterior. Ahora bien, si nos atenemos a la
nacionalidad, “el sueldo medio anual de los trabajadores españoles fue el más alto, con
23.543,48 euros. Por su parte, el de los trabajadores del Resto del mundo (excluida
Europa y América Latina) fue el más bajo, con 14.045,79 euros”.

16. 16
En efecto, el informe pone de manifiesto que los trabajadores de nacionalidad española
fueron los únicos que tuvieron un salario superior a la media en 2015, mientras que para
el resto de trabajadores de la UE, “el salario fue inferior en un 17,4% al de la media. Y
para otras nacionalidades fue, como mínimo, un 35,1% menor”, así como también que
la población extranjera se “ubica en su gran mayoría entre el 30 % de los asalariados
que perciben menos de 1217,4 euros mensuales”.
7. La contratación laboral de la población extranjera.
Repasemos a continuación algunos de los datos estadísticos más relevantes de la
población extranjera con carácter general y muy especialmente por lo que afecta a su
presencia en el mercado de trabajo en España, extraídos del Informe estatal 2017 (datos
de 2016) realizado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal.
Dicha población era del 9,92 % (4.618.581) del total de la población española
(46.557.008), habiendo disminuido un 19,70 % entre 2011 y 2016.
Por lo que respecta a la contratación, el 16,39 % del total de contratos formalizados en
España en 2016 correspondieron a población extranjera (3.272.018 y 19.978.954,
respectivamente), y nuevamente los dos países antes citados suponen más del 40 % del
total (20, 66 % Rumania, y 19,54 % Marruecos). Como era lógico suponer, la mayor
parte de los contratos se concentran en trabajadores de franja de edad “fuerte” en el
ámbito laboral, de 25 a 45 años, ya que significan el 68,11 % del total. Más preocupante
a mi parecer, y que pone de manifiesto la importancia de disponer de políticas
educativas y formativas laborales adecuadas para el colectivo migrante, es que los
niveles formativos con los que más se contrata a inmigrantes sean los de “Sin
estudios/No acreditados y ESO sin titulación”.
En fin, la tasa de temporalidad es muy elevada, 89,11 %, aunque haya descendido 2,24
puntos sobre la del año anterior, probablemente por la mejoría experimentada en
términos globales de cantidad de creación de empleo (no hablemos ahora de la calidad).
El informe destaca que las modalidades contractuales más utilizadas con la población
extranjera son las de obra o servicios (50,39 %) y eventual por circunstancias de la
producción (35,10 %).
Segunda parte. La dimensión laboral del fenómeno migratorio.
1. Consideraciones previas.
En las conferencias que imparto sobre el fenómeno migratorio, y en las que siempre
defiendo que la migración es una oportunidad -si es bien gestionada- de desarrollo
económico en los países de origen y de acogida, suelo explicar que España fue un país
de emigrantes durante muchos años desde el final de la guerra civil, y muy en especial a
partir del desarrollismo político de los años sesenta del pasado siglo XX. Acompaño mi
explicación con referencias a películas que ponían claramente de manifiesto esa
realidad, como “Vente a Alemania, Pepe”, “Españolas en París”, o “Un franco, 14
pesetas”. Bueno, en realidad esa etapa de emigración, que se detuvo a mediados de los
años setenta, ha resurgido en los últimos años, pero con otro perfil bien distinto, el cual
es el de jóvenes universitarios bien preparados y que dejan España ante las dificultades
de encontrar empleo y por ello se deciden a buscarlo allende nuestras fronteras. De ello

17. 17
ha dejado también el cine debida constancia, con el excelente documental de Icíar
Bollaín, “En tierra extraña”.
De la emigración pasamos a la inmigración, poco a poco en los primeros momentos y
de forma mucho más acelerada después. Interesa ahora destacar que hasta bien entrada
la recuperada democracia en 1977, la inmigración extranjera era un fenómeno de poca
importancia, aun cuando la incorporación de población africana procedente de Senegal
y Gambia en las comarcas de la demarcación territorial de Girona es un hecho histórico
significativo.
La entrada de España en la CEE, y la aprobación poco antes de la primera ley de
extranjería (Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España) marcan un punto de inflexión jurídico de innegable importancia.
Pero poco después la necesidad de corregir los abusos existentes en las relaciones de
trabajo con extranjeros llevó a varios grupos parlamentarios en el Congreso de los
Diputados a instar medidas de regularización, y de ello queda debida constancia en el
Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Mientras
tanto, en Cataluña se hacían públicas las 50 propuestas de Girona, un documento
elaborado por un grupo de personas bien conocedoras del fenómeno migratorio y que
sería el punto de referencia durante muchos años para la política de inmigración
catalana. En dicho documento también encontramos la necesidad de abordar el
fenómeno migratorio desde una perspectiva claramente integradora y con
reconocimiento de derechos, que en el ámbito laboral se concretan en el cumplimiento
de la normativa vigente.
La conjunción de una serie de factores, con especial impacto en el año 2000 y 2001,
darán lugar al incremento de la población extranjera en el mercado de trabajo español
En primer lugar, la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ley cuya
versión original no contó con el apoyo del grupo mayoritario del Parlamento, el Partido
Popular, y que fue rápidamente modificada, con restricción de derechos, una vez que las
elecciones generales celebradas dicho año le dieron al PP la mayoría absoluta. De otra,
un accidente ocurrido en Lorca el 3 de enero de 2001 y en el que murieron 12
trabajadores ecuatorianos puso de manifiesto las penosas condiciones de trabajo de
muchos extranjeros, siendo obligado por el gobierno español prestar atención al
cumplimiento de la normativa y, al mismo tiempo, entonar un “mea culpa” por tal
situación y abrir las puertas, con todas las restricciones que se quiera pero al fin y al
cabo era abrir las puertas, a la población extranjera sudamericana que quisiera venir a
España y contribuir a su desarrollo económico y social. Difícilmente puede entenderse
el boom de la población extranjera en el mercado de trabajo español en la primera
década de este siglo sólo por el desarrollismo económico, que ciertamente cumplió un
papel muy importante, sino que también es necesario conocer la apertura llevada a cabo,
en el terreno político, hacia países sudamericanos, muy probablemente también, y creo
que lo digo es algo más que una mera intuición, por los vínculos culturales, históricos y
lingüísticos con España.
En mis reflexiones sobre la dimensión laboral del fenómeno migratorio he destacado la
importancia de la incorporación al mercado de trabajo español de la población de
América del Sur, y es cierto que su presencia ha seguido siendo importante durante el
período que se inicia con la crisis de 2008, aun cuando se reduce tanto por el desempleo
como por los procesos de naturalización. Más adelante, toca hacer referencia a otro

18. 18
momento histórico importante y que ha impactado de manera también relevante en el
mercado de trabajo: me refiero a la incorporación de Rumania y Bulgaria a la UE en
2007, aun cuando se establecieron períodos transitorios para la aplicación del principio
de libre circulación de trabajadores, que España aplicó durante 2007 y 2008, suprimió a
partir de 2009, y recuperó en 2011 hasta la su finalización.
En esta rápida mirada histórica a cómo ha ido incorporándose la población extranjera a
nuestro mercado de trabajo no pueden dejarse de lado, ni mucho menos, dos elementos
de especial importante, más por el lado cualitativo que por el cuantitativo. En primer
lugar, y refiriéndome con carácter general a toda España, al gradual y paulatino
crecimiento de la población china, con una mayoritaria presencia entre los trabajadores
autónomos como ponen de manifiesto las cifras de afiliación a la Seguridad Social; en
segundo término, el crecimiento de la población paquistaní en Cataluña, con especial
incidencia en Barcelona. ¿Cuál es la razón de que haga referencia a estos dos
colectivos? Pues por la importancia que tienen en el tejido económico del pequeño
comercio. No es necesario acudir a los buenos y rigurosos estudios ya existentes en la
materia para darse cuenta de la presencia de ciudadanos chinos y paquistaníes en el
tejido económico y social de España y Cataluña, con especial relevancia de la presencia
de los primeros. Una muestra más, y cualificada, de cómo ha impactado la presencia de
población migrante en nuestro mercado de trabajo.
Si el mundo del trabajo es cada vez más plural y diverso, es en gran medida por la
presencia de población extranjera en los diferentes mercados de trabajo. Difícilmente
puede entenderse el boom económico español de la primera década de siglo, aunque
tuviera los pies de barro como se demostró desgraciadamente más adelante, sin la
aportación de la población trabajadora extranjera. Cabe desear, en consecuencia, que la
inmigración y la emigración sean plenamente voluntarias y con respeto de los derechos
de todas las personas, y actuar para que ello sea posible. Que queda mucho por hacer lo
demuestra por ejemplo, y hay muchos más documentos que podrían ponerse como
punto de referencia, la recientemente publicada “Memoria 2016” de Cáritas Catalunya,
que aporta un dato que debe ser objeto de especial atención por su impacto en las
condiciones de trabajo, cual es el relativo a la situación administrativa de las personas
extranjeras que se ha dirigido a las diez Cáritas diocesanas del territorio. Del total de
personas atendidas un 36,6 % son nacionales extracomunitarios con documentación
regularizada, y un 11,9 % se encuentran en situación de irregularidad, poniéndose de
manifiesto en el informe algo que se ha constatado en otros estudios llevados a cabo
sobre la normativa de extranjería y las consecuencias de las crisis en el mundo laboral,
cual es que “el endurecimiento y las exigencias de las normativas dificultan la
regularización de las personas inmigradas, así como la pérdida sobrevenida de su
situación regular”, así como también que la legislación vigente en materia de extranjería
“dilata mucho en el tiempo la solución administrativa y provoca que las personas
puedan estar años sin acceder a las ayudas públicas”.
2. Aproximación a la migración laboral desde la perspectiva internacional.
2.1. El debate en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2017, con adopción
de conclusiones, a partir del Informe presentado “Migración laboral: nuevo
contexto y desafíos gobernanzas”.
A) El viernes 16 de junio, finalizó la 106ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, celebrada en Ginebra desde el día 5. En esta reunión del máximo foro mundial
sociolaboral, la Organización Internacional del Trabajo, fue objeto de debate, en el seno

19. 19
de la Comisión para la migración laboral, el Informe presentado el mes de abril
“Migración laboral: nuevo contexto y desafíos de gobernanza”, aprobándose unas
conclusiones que fueron presentadas a la CIT para su adopción, que se llevó a cabo el
día final de la reunión.
En la nota de prensa publicada sobre la clausura de la reunión, con el título “La OIT está
preparada para hacer frente a los desafíos generados por la crisis, la migración laboral y
la transición hacia economías más verdes”, y junto al vídeo de la intervención del
director general Guy Rider, puede leerse la referencia concreta que realizó a los
delegados y delegadas participantes en la CIT en relación con la migración laboral. El
Sr. Ryder “hizo referencia a los “déficits generalizados de gobernanza que dejan espacio
a los abusos y, con mucha frecuencia, a la degradación de la actitud pública y del
discurso político hacia los migrantes y la migración”. Guy Ryder hizo un llamado a la
comunidad internacional “a no hacer concesiones a las actitudes que sean ofensivas
hacia los valores y las normas de la OIT, y a ofrecer una orientación y liderazgo
verdaderos en la construcción de los sistemas de gobernanza (…) que permitan la
realización de los beneficios de la migración para todas las partes implicadas”.
Del conjunto de la amplia e intensa actividad desarrollada en la CIT de este año, puede
encontrarse una excelente síntesis en el documento “Resumen de las conclusiones de los
comités de la 106 ª Conferencia Internacional del Trabajo”. Refiriéndose concretamente
al ámbito temático que motiva esta comentario, se pone de manifiesto que la Comisión
encargada de los debates y deliberaciones sobre la migración laboral reconoció la
urgencia de fortalecer su gobernanza, ya que “La gobernanza eficaz y justa de la
migración laboral es esencial para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos y
el costo social. Si bien las políticas deben ajustarse a las diferentes realidades de los
países y de los corredores de migración, la cooperación entre las agencias
gubernamentales pertinentes en todos los niveles es indispensable, así como lo es el
diálogo social. Este diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores ayuda a
responder a las nuevas necesidades de las empresas y de los trabajadores, y a la vez, a
garantizar oportunidades de trabajo decente tanto para los trabajadores migrantes como
para los nacionales”. Al mismo tiempo, la Comisión instó a la OIT a “desempeñar un
papel protagónico en la promoción del trabajo decente en el contexto de la migración
laboral, incluso en el proceso preparatorio del Pacto mundial para una migración justa,
segura, regular y ordenada de las Naciones Unidas, que debería ser adoptado en 2018”.
B) Como ya he indicado, la Comisión para la migración laboral debatió, durante diez
sesiones de trabajo, dicha temática, teniendo como punto de referencia el Informe
presentado el 10 de abril, que tenía por objeto “contribuir a una discusión informada y
equilibrada de las cuestiones relativas a la migración y el trabajo. Examina el papel de la
OIT y sus mandantes para el logro de una gobernanza justa y eficaz de la migración
laboral que beneficie a las sociedades de origen y de destino, proteja los derechos de los
trabajadores migrantes y sus familias, y aumente la cohesión social”. Destaco a
continuación los contenidos más destacados de dicho informe, para después a comentar
las deliberaciones de la Comisión y las conclusiones finalmente adoptadas.
El documento de la OIT, que se nutre de todo el trabajo realizado en el seno de
reuniones y conferencias, así como de estudios doctrinales, llevadas a cabo en los
últimos años tanto en la propia OIT como en otros foros internacionales, señaladamente
las Naciones Unidas, parte de una tesis que es la defendida por la organización en sus
anteriores informes y estudios y que conviene ahora recordar: que una migración bien
administrada “es una fuerza positiva para el desarrollo sostenible”.

20. 20
Igualmente, subraya la importancia que han tenido en el debate político, económico y
social, los movimientos de refugiados, y como estos han alterado el debate “acerca de la
relación entre la migración, el empleo y el desarrollo”. Pero, en cualquier caso, el debate
sobre el impacto de la migración laboral en diferentes ámbitos territoriales, desde el
nacional hasta el interregional, pasando por los ámbitos bilaterales y regionales, sigue
siendo de primera importancia. Su gobernanza, apunta con pleno acierto a mi parecer el
documento, debe ser analizada y abordada “a la luz de la naturaleza rápidamente
cambiante del trabajo, las disparidades económicas y demográficas cada vez mayores y
la necesidad de competencias y empleos que respondan a los requisitos del mercado de
trabajo”; una regulación en los diferentes ámbitos territoriales abordados en el
documento, la de la migración laboral, que tiene numerosos retos ante sí, como
consecuencia de los cambios que se han operado en los últimos años en los mercados de
trabajo y en las políticas económicas y sociales de los Estados miembros, y que
aumentarán “debido a tendencias como los cambios tecnológicos, la evolución de la
relación del empleo y el desgaste del contrato social entre el Estado y otros agentes”.
Sobre las disparidades demográficas, el documento apunta una tesis que ya ha sido
ampliamente desarrollada en informes y estudios anteriores, cual es que el
envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza de trabajo interna en la
mayoría de las economías avanzadas y algunas economías emergentes grandes
“sugieren que los trabajadores migrantes cumplirán una función importante para
mantener la oferta laboral, resolver la escasez de mano de obra y contribuir a los fondos
de protección social en esos países”, o más correcto es afirmar, y así lo reconoce
también el propio documento que ello ya está sucediendo, y si para muestra vale un
botón, recordemos que el 70 % del aumento de la fuerza de trabajo en Europa se debe a
la población migrante de trabajo
El capítulo 1 está dedicado a las tendencias mundiales y regionales de la migración
laboral, poniendo previamente de manifiesto que la migración, no sólo de quienes
migran en primer lugar sino también de la de su familiares que se reúnen por medio de
un proceso de reunificación familiar, “está vinculada, directa o indirectamente con la
búsqueda de empleo”, y que las migraciones laborales se han incrementado en gran
medida en algunos “corredores de migración” (ej.: entre Asia y los Estados Árabes)
siendo un dato de especial importancia a destacar el del crecimiento de la migración
laboral temporal, en especial de los trabajadores poco cualificados, circunstancia que
representa “un importante problema de gobernanza en cuando a asegurar el trabajo
decente y reducir los costos de migración para esta categoría de trabajadores
migrantes”.
La mayor parte de los datos disponibles en este capítulo son actualización de los
utilizados, entre otros informes anteriores, en un estudio presentado en la Conferencia
Internacional Anual de 2016 con el título “Promover una migración equitativa”. Es
también relevante reseñar que los informes y documentos de la OIT abordan la
problemática de los migrantes laborales en situación regular, aunque no olvidan
referenciar a quienes están trabajando en situación irregular, si bien destacando la
dificultad de su cuantificación o medición, y, con cita de un reciente estudio, indica que
“aproximadamente una quinta parte (50 millones) de todos los migrantes
internacionales no cuentan con la autorización correspondiente”.

21. 21
En el año 2015 el número de migrantes internacionales era de 243,7 millones (48 %
mujeres), alrededor de un 3 % de la población mundial, mientras que al iniciarse el siglo
XXI eran 60 millones menos, en concreto 172,7. El término “migrante internacional” es
el utilizado por la ONU en las estadísticas de migración, de tal manera que la definición
natural de la “población de migrantes internacionales presentes en un país” sería “el
conjunto de personas que hayan cambiado alguna vez de país de residencia habitual, es
decir, las personas que hayan pasado al menos un año de su vida en un país distinto del
país en el que viven en el momento en que se recopilan los datos”.
La principal causa de las migraciones sigue siendo la búsqueda de empleo, ya que el
72,7 % de la población migrante en edad de trabajar, 207 millones (66,6 millones de
mujeres), con datos de 2013, estaban trabajando o habían sido económicamente activos,
siendo un dato especialmente relevante que casi la mitad de los trabajadores migrantes
(48,5 % en términos globales, con diferencias entre las mujeres, 52,9 %, y los hombres,
45.1 %) se concentran en dos grandes zonas regionales: por una parte, América del
Norte (es decir Estados Unidos y Canadá); por otra, el norte, sur y oeste de Europa (es
decir, sustancialmente la Unión Europea, más exactamente una parte de sus Estados
miembros que dejaría de lado los incorporados a partir de 2004, 2007 y 2015). El citado
porcentaje de población trabajadora migrante es superior al de la no migrante (63.9 %),
siendo la principal razón de ser de la diferencia el hecho de que el porcentaje de la
población femenina trabajadora migrante es muy superior al de la no migrante (67,0 y
50.8, respectivamente), ya que no hay prácticamente diferencia entre los trabajadores
(78,0 migrantes y 77,2 % no migrantes).
Si el número de migrantes internacionales se sitúa alrededor del 3 % a escala mundial,
el porcentaje se incrementa hasta el 4,4 % cuando nos referimos a personas
trabajadoras, y aquí a diferencia de lo que ocurría en términos cuantitativos, el mayor
porcentaje lo encontramos en los países árabes (35,6 % de todos los trabajadores,
mientras que sólo representan el 10 % de los trabajadores migrantes del mundo),
mientras que las dos zonas regionales con mayor presencia cuantitativa de trabajadores
migrantes se sitúan por detrás, 20,2 % en América del Norte, y el 16,4 % en Europa del
Norte, Sur y Occidental. Un dato añadido para poner de relieve la importancia de la
migración en algunos países árabes: “En 2013, los Estados del Golfo acogieron más de
22 millones de trabajadores migrantes, o casi un 10 por ciento de los migrantes
internacionales mundiales, incluyendo a la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes
Unidos que recibieron a más de 9 y casi 8 millones respectivamente”.
¿Dónde trabaja la mayor parte de la población migrante? Seguro que adivinan la
respuesta: el 74,7 % presta servicios en los países “de altos ingresos”, y el porcentaje
casi alcanza el 80 % (79,2 %) cuando se trata de trabajadores domésticos. La mayor
presencia se concentra en el sector de los servicios 71,1 % del total (106,8 millones de
personas sobre un total de 150,3 en 2013, de los que el 7,7 % eran trabajadores
domésticos), mientras que el 17,8 % (26,7 millones) se concentra en la industria y la
construcción, y el 11,1 % (16,7 millones) en la agricultura.
El Informe de la OIT aporta datos de especial interés para conocer la realidad del
trabajo migrante doméstico, poniendo de manifiesto que los 11,5 millones que forman
este grupo suponen el 17,2 % de los 67,1 millones de trabajadores domésticos en el
mundo, siendo el 73,4 % (8,5 millones) mujeres. En fin, otro dato significativo es que
uno de cada ocho trabajadores migrantes tiene entre 15 y 24 años, desplazándose en

22. 22
gran parte desde regiones con elevado número de trabajadores pobres y niveles bajos de
protección social “para buscar mejores medios de subsistencia”. Para la OIT, la
migración laboral podría ser una respuesta adecuada, obviamente si es bien gestionada,
para dar respuesta en países desarrollados al envejecimiento de su población y la
reducción de la fuerza de trabajo como consecuencia de ello, ya que cerca del 20 % de
la población en las economías avanzadas tiene 60 años o más, mientras que ese
porcentaje no alcanza el 10 % en países en desarrollo.
Por fin, la OIT no olvida los problemas del reconocimiento de los derechos de los
trabajadores migrantes, o más crudamente su vulneración, el llamado déficit de trabajo
decente, calculando que “9,1 millones de víctimas del trabajo forzoso (el 44 % de un
total de 20,9 millones) se han desplazado en el interior de su país o a otro país.
El capítulo 2 está dedicado a los desafíos de la gobernanza de la migración laboral,
enfatizándose que las migraciones laborales, con carácter general, son beneficiosas para
los trabajadores migrantes y también para sus familias, y que tiene asimismo una
especial trascendencia para las arcas públicas de muchos países de origen de la
inmigración, calculándose por el Banco Mundial que las corrientes de remesas de
emigrantes “se estimaron en unos 441.000 millones de dólares de los Estados Unidos
para los países en desarrollo en 2015, lo que representa casi el triple de la cuantía de la
asistencia oficial para el desarrollo”, siendo los tres principales países receptores de
remesas India, China y Filipinas.
El documento de la OIT, que repito que es de carácter general y por ello susceptible de
matizaciones y concreciones en atención a la realidad propia de cada ámbito territorial
objeto del informe, mantiene tesis que evidentemente no serán del agrado de quienes
sólo contemplan la inmigración como un problema, ya que los inmigrantes en edad de
trabajar, que son la gran mayoría de la población migrante (a diferencia de lo que ocurre
en las poblaciones de las economías desarrolladas) “suelen contribuir positivamente a
las finanzas públicas”, siempre y cuando, y nuevamente el debate sobre la regularidad o
irregularidad administrativa adquiere plena importancia, “se haya integrado al mercado
de trabajo”, y que en la mayoría de países de destino (los migrantes) “aportan más
impuestos y contribuciones sociales de los que reciben a cambio”, y que por lo que
respecta a los países de destino con ingresos elevados, los estudios llevados a cabo por
la OCDE, OIT, Banco Mundial y FMI, ponen de manifiesto que la migración “tiene
sólo un efecto limitado en los salarios medios y el empleo de los trabajadores
nacionales”.
No obstante, son los trabajadores migrantes menos cualificados, y en especial los que
suelen acogerse a programas de migración temporal (aunque este último término sea en
ocasiones bastante más permanente de lo que parece indicar), los que tienen más
dificultades para acceder a un trabajo decente y para que se respeten sus derechos
fundamentales en el trabajo, y también antes de acceder al mismo, siendo esto el
fenómeno denominado por la OIT de “costos de la migración laboral”.
Tales son, por ejemplo, las diferencias salariales injustificadas con los trabajadores
nacionales, mencionándose en el documento que en Europa la brecha salarial general
entre nacionales y migrantes es el de 17,5 %, “de la que el 11,3 % no está explicada y
podría obedecer a discriminación”. No obstante, la OIT es optimista sobre la reducción
de las diferencias salariales que, inicialmente, pudieran tener una justificación como

23. 23
consecuencia, por ejemplo, el desconocimiento, o menor conocimiento, del idioma, y la
falta de reconocimiento de la titulación obtenida en el país de origen, previendo su
reducción a medida que el trabajador migrante se inserte de forma regular y más
permanente en el mercado de trabajo del país de acogida, “ya que, con el tiempo, es más
probable que adquieran la educación, los diplomas y las competencias lingüísticas
necesarias y establezcan las redes sociales”.
Otras diferencias existentes son las malas condiciones de trabajo y las dificultades para
acceder a los sistemas de protección social, no ya por su desconocimiento real en
muchas ocasiones sino también porque al proteger, los marcos jurídicos existentes, a los
trabajadores regulares, los migrantes que se encuentran en situación irregular se ven
especialmente desprotegidos. Con respecto a la protección social, el informe de la OIT
se refiere a un estudio realizado en 2011 y cuyas líneas generales siguen plenamente
vigentes respecto a cuándo puede considerarse que un acuerdo bilateral vela por los
derechos de los migrantes en materia de dicha protección, debiendo cumplir cinco
objetivos: “i) igualdad de trato; ii) pago de prestaciones en el extranjero
(«transferibilidad» o «exportabilidad» de las prestaciones); iii) determinación de la
legislación aplicable; iv) conservación de los derechos en curso de adquisición
(«totalización»), y v) asistencia administrativa”.
Una especial preocupación se muestra en el estudio por las discriminaciones múltiples
que pueden sufrir los migrantes en el trabajo, ya que a su condición de tales se añade en
más de una ocasión las existentes por motivos raciales, étnicos, religioso, y obviamente
por razón de género, destacándose que las trabajadoras migrantes “en particular las
trabajadoras domésticas migrantes jóvenes, son especialmente vulnerables a la violencia
física y sexual en el lugar de trabajo”, explicándose con detalle las limitaciones de
movilidad que tienen muchos de estos trabajadores en sus países de destino (vid la
realidad de los Estados Árabes y el sistema de kafala), con prácticas tales como la
retención de los salarios, la confiscación de sus pasaportes, e incluso “impidiendo que
los trabajadores salgan de su casa el día libre”, siendo del todo punto necesario lograr la
plena aplicación de la normativa internacional sobre protección de la población
migrante. Hay una mención expresa en el documento a la declaración adoptada el 9 de
diciembre de 2016 en la reunión regional de Asía y el Pacifico de la OIT en Bali, en la
que se acordó que tal debía ser la prioridad de los Estados de dicho ámbito territorial,
con cita concreta de la necesidad de “reparar las relaciones entre empleadores y
trabajadores que impiden la libertad de circulación de los trabajadores, su derecho a
rescindir el empleo o cambiar de empleador, tomando en cuenta toda obligación
contractual que pueda aplicarse, y su derecho a regresar libremente a sus países de
origen”.
Por todo ello, el capítulo concluye con la manifestación de que es necesario velar para
que las políticas de migración temporal sean correctamente formuladas y aplicadas, y
que se vigile su cumplimiento, “para garantizar que cumplan el propósito concreto para
el que fueron concebidos, que no sean utilizados para ocupar empleos de largo plazo o
permanentes, y que los trabajadores que emigran en virtud de esos planes no estén en
una situación de desventaja injusta en lo referente a la igualdad de trato respecto de
derechos sindicales, salarios, condiciones de trabajo y protección social”, cumpliendo
un papel de primera importancia la actuación conjunta de todas las autoridades
implicadas en la política de migración, y la existencia de un diálogo social fluido y
adecuado entre los agentes sociales y los gobiernos, tanto a escala nacional como

24. 24
internacional, “para garantizar que no se penalice a los trabajadores migrantes cuando
afirmen sus derechos laborales”.
El capítulo 3 está dedicado al examen de los contenidos de los acuerdos bilaterales
sobre migración laboral, el 4 a la migración y movilidad regional de la mano de obra, el
5 a la contratación equitativa, y el 6 a las conclusiones (síntesis de todo lo anteriormente
expuesto) y el camino a seguir.
El interés del capítulo 3, al menos en mi caso, radica en tener conocimiento, a partir de
un estudio realizado con anterioridad, de 151 acuerdos bilaterales, ya sean jurídicamente
vinculantes o no, y que adoptan diferentes denominaciones además de la ya citada, tales
como memorando de entendimiento, memorando de acuerdo, entendimiento
institucional, acuerdo marco, o protocolo. Según el citado estudio, “aproximadamente
del 70 al 80 % de los acuerdos bilaterales sobre migración laboral de África, Europa y
América son jurídicamente vinculantes, mientras que casi el 70 % de los acuerdos de
Asia son memorandos de entendimiento”, justificándose la razón de ser de estos últimos
en la mayor facilidad para su adaptación permanente a condiciones económicas y de
mercado de trabajo cambiantes.
Respecto a los acuerdos bilaterales, el documento pone de manifiesto que uno de los
criterios relevantes para medir su éxito y eficacia será el de qué forma contribuyen a
abordar, y por tanto a dar respuesta adecuada para su evitación, “las prácticas de
contratación abusivas y fraudulentas”, y que para lograr tal éxito y eficacia deseada,
dependerá en gran medida de factores externos propiamente al mismo, aunque
innegablemente unidos, como “del grado de evolución de los sistemas nacionales de
gobernanza de la migración en los países de origen y de destino y la medida en que las
leyes laborales nacionales, basadas en las normas internacionales del trabajo, ofrezcan
una protección integral a los trabajadores de todos los sectores”.
Pues bien, el examen de los acuerdos bilaterales, con esta u otra denominación, pone de
manifiesto algunas importantes lagunas en cuando a determinados aspectos de
indudable importancia, como por ejemplo el papel del diálogo social en la elaboración,
negociación y aplicación de tales acuerdos, o “la falta de atención a las cuestiones de
género y de mecanismos de vigilancia que tengan en cuenta la perspectiva de género”, o
la falta de mención sobre la prohibición de confiscar o retener los documentos de viaje o
de identidad, lo cual, enfatiza la OIT, “es sorprendente habida cuenta de que se trata de
un problema reconocido en algunos países de destino en Asia y los Estados árabes y es
uno de los indicadores de trabajo forzoso”.
En relación con la migración y movilidad regional de la mano de obra, capitulo 4, el
documento presta especial atención a la gobernanza regional y subregional de la
migración en África, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe,
no abordando la regulación de la movilidad regional o libre circulación en el seno de la
Unión Europea, “ampliamente reconocido como el más desarrollado”; gobernanza que
se concreta en medidas de alcance más o menos limitado en cuanto a la amplitud de la
libertad de circulación, que van desde la libre existencia de la misma, su concreción
para algunas categorías específicas de trabajadores, convenios de reciprocidad en el
otorgamiento de visados o intercambios periódicos de información, o protección de los
trabajadores de las subregiones en países de destino fuera de la región (vid una amplia
explicación de estos acuerdos, decisiones o medidas en el cuadro 4.1). En este punto, el

25. 25
documento constata que sigue siendo muy necesario velar por la aplicación de los
principios y derechos fundamentales en el trabajo de los migrantes, ya que “se siguen
protegiendo de forma muy limitada”.
En fin, la estrecha relación entre las políticas nacionales y las que se adoptan en los
ámbitos territoriales regionales (es decir supraestatales) es destacada por el OIT, que
pone especial importancia en el buen funcionamiento de las primeras para que sean
eficaces las segundas, ya que ha sido constatado que “Una lección fundamental en
materia de intervenciones es que los proyectos nacionales son esenciales para apoyar los
esfuerzos a nivel de las comunidades económicas regionales y, en cambio, los marcos
adoptados a ese nivel tienen pocas probabilidades de aplicarse eficazmente sin
administraciones públicas nacionales eficientes e interlocutores sociales que puedan
asumir su control y coordinación, y mantener informado a los mecanismos regionales”.
Por último, la lectura del capítulo 5 nos permite conocer, en sintonía con documentos
anteriores, la importancia de la contratación equitativa, aquella en la que se cumplen las
normas internacionales (y por supuesto también las estatales) de protección de todos los
trabajadores en general y de los migrantes en particular, tanto desde la fase previa de
acceso al empleo, como por lo que respecta a las condiciones de trabajo durante la
prestación de servicios, como al ejercicio en sede administrativa y judicial de los
derechos que se consideren incumplidos por el empleador.
No tenía conocimiento, y es un dato realmente importante, de la existencia de casi
¡260.000! agencias de empleo privadas en todo el mundo, si bien el informe matiza que
no todas realizan actividades transfronterizas, y que el 56 % se encuentran en la región
de Asia y el Pacífico. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones ha destacado que el establecimiento de procesos de contratación
equitativos “también puede contribuir a una mayor protección de los trabajadores
migrantes, especialmente frente al trabajo forzoso y la trata de personas, y una
reducción de la desigualdad y de las prácticas discriminatorias por múltiples motivos;
mercados de trabajo más eficientes; mejores trabajos y una mayor articulación entre la
oferta y la demanda de las calificaciones laborales; una competencia más sana entre
empresas; y mejores resultados en materia de desarrollo sostenible para los trabajadores
migrantes y sus familias, así como para sus países de origen y de destino”. Es
particularmente interesante conocer cuáles son los costos de contratación en algunos
ámbitos regionales, y obsérvese esta sustancial diferencia: en el corredor de migración
laboral entre Asia meridional y los Estados Árabes, pueden significar “nueve meses o
más de ingresos medios mensuales”, mientras que tales costos, en el caso de
trabajadores que migran a España “equivalen a menos de un mes de ingresos medios
mensuales”.
Es una temática sobre la que el informe solicita que se siga avanzando en su estudio, al
objeto de tener un mejor conocimiento de cómo se lleva a cabo la contratación de
trabajadores migrantes en los distintos ámbitos territoriales, “especialmente en el
contexto cada vez más complejo de las cadenas de suministro de mano de obra, y se
promueven y aplican mejor, en los corredores de migración, los modelos empresariales
que respetan la equidad en la contratación”.
C) Quien tenga interés en la lectura de las deliberaciones de la Comisión para la
migración laboral, podrá hacerlo por medio del amplio resumen de las mismas que se

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encuentra en el Acta provisional 12-2 de la reunión. Destaco únicamente ahora algunas
de las manifestaciones efectuadas por el Presidente de la Comisión Sr. S.G. Reyes
Castro (miembro gubernamental), por los dos vicepresidentes. Sr. Barklamb
(empleadores) y Sra. C.E, Paschier (trabajadores), y por la representante del Secretario
General, Sra. D. Greenfield al presentar el Informe.
El presidente destacó que en los últimos diez años había observado un cambio
sustancial en los contenidos de los debates sobre el fenómeno migratorio, ya que si bien
habían estado centrados durante mucho tiempo en el “principio de la seguridad del
Estado”, se habían ido desplazando de forma gradual y paulatina hacía contenidos de
carácter más social, “pasando a abordar los derechos humanos y el desarrollo
sostenible”, y que la intervención de la OIT en estos debates era esencial, por ser
personas trabajadoras el 73 % de los migrantes. Una migración laboral que, subrayó la
Sra. Greenfield al presentar las líneas maestras del Informe, cada vez más tenía rostro de
mujer, una duración temporal y contando con un número cada vez mayor de países,
tanto del Norte como del Sur, que eran al mismo tiempo países de origen, destino y
tránsito de la migración laboral. Me interesa destacar, por la importancia que ha
adquirido en los debates a escala internacional, la relevancia que el Informe, y su
presentadora en la Comisión, concedieron a la contratación equitativa en los corredores
de migración, al objeto de dar adecuada respuesta a algunos de los problemas que
plantea la migración laboral cuando se suscitan irregularidades, en particular las
vinculadas a “prácticas abusivas y fraudulentas de contratación”, y también cabe
destacar la especial atención que ha de prestarse para solucionar los desajustes de
competencias y la falta de protección social.
Es agradable leer, en la intervención del vicepresidente de los empleadores, y ojala no
fuera sólo una frase sino que se aplicara en el conjunto de las relaciones políticas,
económicas y laborales en las que están implicadas las personas migrantes en general y
las personas migrantes trabajadoras en particular, que lamentaba que en los debates
sobre migración hubiera muchas veces una retórica negativa, con referencias al
“proteccionismo, el terrorismo y la xenofobia”, fundamentos que calificó con
contundencia de “erróneos”, al tiempo que manifestaba su preocupación por el efector
“devastador” que tenían entre los migrantes y también en todos los países de origen,
destino y tránsito de la migración. Al igual que en la mayor parte de las ocasiones en las
que se debate sobre la conveniencia o no de disponer de nuevos instrumentos
normativos internacionales para dar respuestas a los nuevos retos sociales que aparece
en el mundo del trabajo, la parte empleadora manifestó con claridad indubitada que la
Comisión “no tenía que crear nuevos instrumentos, sino garantizar una mayor sinergia y
eficacia entre las múltiples iniciativas y su repercusión sobre el terreno”, defendiendo
que los métodos y enfoques normativos “no siempre eran la clave para la acción eficaz”.
En su intervención, enunció los resultados que el grupo empleador deseaba lograr tras
los debates y deliberaciones, entre ellos el reconocimiento del papel positivo de la
migración laboral, y la conveniencia de que la acción de la OIT permita a los gobiernos
basar sus políticas migratorias en “hechos, datos, buenas prácticas y gobernanza, sobre
todo en relación con los problemas de la migración irregular”.
Por la parte trabajadora, se enfatizó la importancia prioritaria que tenía cualquier debate
sobre la migración, y mucho más sobre la laboral, para la vida de millones de personas,
pidiendo el rechazo de las visiones negativas del fenómeno y llamando a las personas
integrantes de la Comisión a participar en unos debates y llegar a unas conclusiones que

27. 27
abordaran tanto los desafíos existentes como la promoción de “un enfoque basado en los
derechos”. La protección de los derechos, en especial los colectivos, de los trabajadores
migrantes era necesaria, más allá de su estatus administrativo, para desarrollar esa
política migratoria regular, ordenada y basada en derechos, para la cual la actividad
normativa de la OIT era necesaria, manifestando de esta forma su clara discrepancia con
la tesis contraria defendida por la parte empleadora con anterioridad.
Pero, además de proteger la migración laboral, había que abordar una regulación
adecuada de las políticas sociales y de empleo en los países de origen que contribuyeran
a la mejora de la población trabajadora y a que, en su caso, la decisión de migrar no
respondiera sólo a la falta de trabajo decente en su lugar de residencia, apostando por la
puesta en marcha de medidas que deberían incluir “la mejora de las competencias y las
políticas activas del mercado de trabajo, una protección social adecuada, unos servicios
públicos y una educación de calidad, inversión en capacidades productivas, y un freno a
la fuga de cerebros”. Una política migratoria, en fin, que fuera consciente de que su
feminización y su elevado grado de temporalidad no eran datos meramente
coyunturales, por lo que era necesario seguir avanzando en la adopción de medidas que
garantizaran los principios de no discriminación y de igualdad de trato.
Una vez adoptada la resolución por la Comisión tras las diez sesiones de debate, y la
elevación de las conclusiones a la aprobación definitiva del plenario de la CIT, tanto el
presidente como los dos vicepresidentes manifestaron su satisfacción por haber llegado
a un acuerdo tras un intenso debate. La vicepresidenta trabajadora aprovechó la
oportunidad para agradecer a los miembros de su grupo el haber acercado los debates, y
las conclusiones, a la vida laboral real de la población migrante y los efectos que tiene
la migración en el mundo del trabajo, y por parte empleadora se destacó que las
conclusiones eran un buen documento para seguir trabajando en el abordaje de los
problemas que plantea la migración a escala internacional. En este punto, me interesa
destacar la intervención de la representación de Malta, en su condición de presidenta
semestral de la UE, que además de felicitarse por el resultado de los trabajos destacó
que, si bien el tema principal de las deliberaciones habían sido los trabajadores
migrantes regulares, “la Unión Europea tenía la firma voluntad de promover, proteger y
respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales de los migrantes en el
trabajo independientemente de su estatus”.
D) Si tuviera que destacar una sola de las conclusiones de la Comisión, me quedaría con
su análisis de los aspectos positivos de la migración laboral que conlleva una política
adecuada, al mismo tiempo que se reseñan los aspectos negativos que la falta de dicha
política implica para los migrantes (y añado por mi parte que para el conjunto de la
población trabajadora). Para la Comisión “Una buena gobernanza de la migración
laboral puede contribuir al desarrollo sostenible de los países de origen, de tránsito y de
destino, y puede brindar beneficios y oportunidades a los trabajadores migrantes y sus
familias. Puede conciliar la oferta y la demanda de mano de obra, favorecer el desarrollo
y la transferencia de competencias a todos los niveles, contribuir a los sistemas de
protección social, fomentar la innovación y enriquecer a las comunidades tanto en el
plano cultural como en el social. Una mala gobernanza de la migración laboral puede
conllevar riesgos y retos, inclusive para el desarrollo sostenible y el trabajo decente en
los países de origen, de tránsito y de destino, especialmente para los trabajadores con
bajos salarios. Estos riesgos pueden abarcar la inseguridad y la informalidad, la fuga de
cerebros, los desplazamientos, un mayor riesgo de trabajo infantil, la servidumbre por

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deudas, el trabajo forzoso, la trata de personas, los riesgos en la seguridad y la salud, así
como otros déficits de trabajo decente. En ciertos casos, algunos de esos riesgos tienen
consecuencias fatales. El racismo, la xenofobia y la discriminación, las percepciones
erróneas y la desinformación se suman a los retos generales de la migración laboral”.
a) De un total de 17 conclusiones, a cuya lectura detallada remito a todas las personas
interesadas las cuatro primeras están dedicadas a las “oportunidades, retos y riesgos de
la migración laboral”, poniendo de manifiesto que esta “es una característica de los
mercados de trabajo contemporáneos y del futuro del trabajo”, su carácter cada vez más
diverso y complejo (mayor temporalidad, mayor feminización, más países implicados) y
la presencia mayoritaria en sectores de actividad como el cuidado de personas y el
servicio doméstico. Además de los factores positivos, y de los riesgos negativos, ya
enunciados, se apuesta porque la OIT juegue un papel prioritario en la gobernanza de la
migración laboral y que mantenga un enfoque “basado en los derechos”.
b) Los apartados 5 y 6 se refieren a la “gobernanza equitativa y eficaz de la migración
laboral”. Se recuerda que son los Estados quienes elaboran sus propias políticas de
migración y que la tarea de la OIT consiste en formular “respuestas de políticas
específicas y eficaces” a las cuestiones que se plantean a escala internacional, basadas
en información debidamente contrastada, y que deberán estar basadas también en las
normas internacionales del trabajo y en los principios y derechos fundamentales en el
trabajo Se pone de manifiesto que las instituciones del mercado de trabajo “son medios
reconocidos para aplicar políticas inclusivas, equitativas y justas para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes”, que la gobernanza eficaz de la
migración laboral “requiere la coordinación entre los organismos gubernamentales
competentes para formular y alcanzar objetivos comunes (enfoque del «gobierno en su
conjunto»)”, y que el diálogo social, en todas sus formas, “ocupa un lugar central en el
mandato de la OIT y es esencial para lograr una migración laboral equitativa”.
c) El tercer bloque de las conclusiones lleva por título “Esferas que requieren especial
atención”, siendo el grueso de las mismas, los números 7 a 16.
Se aborda primeramente la protección de los trabajadores migrantes y la integración en
el mercado de trabajo, poniendo el acento en la importancia de la ratificación y
aplicación de los Convenios 97 y 145, así como también el relativo a las agencias
privadas de empleo (núm. 181) y a los trabajadores domésticos (núm. 189), enfatizando
la importancia de que haya un control efectivo del cumplimiento de los derechos
laborales fundamentales de los trabajadores migrantes, y acceso a la justicia,
“independientemente del estatus migratorio”.
Se apuesta por el reconocimiento y desarrollo de las competencias, haciendo hincapié
en que los programas de migración laboral, a fin de corregir las deficiencias observadas
en la práctica, “deberían basarse en evaluaciones precisas de las necesidades y las
carencias en materia de competencias, y ofrecer en particular posibilidades de
perfeccionamiento y readaptación profesionales a los trabajadores migrantes y
nacionales”, con un papel relevante al respecto del sector privado, los agentes sociales y
los servicios de empleo.
Ya he destacado con anterioridad la importancia que la OIT concede a la contratación
equitativa a fin de evitar irregularidades (que en bastantes ocasiones acaban
convirtiéndose en explotación de mano de obra), y las conclusiones reiteran la misma,
en especial por la relevancia que están adquiriendo las cadenas de suministro en la
economía mundial.