Revista ADIP Nº4

Foto: Ricardo Dávila
CONSEJO EDITORIAL:
Coordinador: Emb. Ramiro Dávila Grijalva
Miembros: Emb. Eduardo Mora
Ministro Carlos Borja,
Ministro: Lotty Andrade
Señora: Thalia Cedeño.
La revista no se responsabiliza por las opiniones vertidas por los articulistas.

Tabla de contenido
EDITORIAL..................................................................................................................... 3
POLITICA INTERNACIONAL ...................................................................................... 5
Balance de la política exterior 2007 a 2013, José Ayala Lasso. .............................. 5
PRESENTACION DEL LIBRO ―UN MUNDO EN CAMBIO‖DEL EMBAJADOR
JOSE AYALA LASSO ................................................................................................ 9
POLITICA NACIONAL................................................................................................ 11
El COIP ...................................................................................................................... 11
Del concubinato entre el progresismo teórico y la regresión práctica........................ 11
DERECHO ..................................................................................................................... 18
EL DERECHO HUMANO A LA CULTURA Y A LA LENGUA........................... 18
REALIDAD NACIONAL.............................................................................................. 26
DE LAS CUOTAS A LA PARIDAD – EL CASO DE ECUADOR......................... 26
RELIGION ..................................................................................................................... 33
LA SANTERIA Y EL CULTO CHAVISTA............................................................. 33
ECONOMIA................................................................................................................... 35
NOTAS PETROLERAS, YASUNÍ E ITT................................................................. 35
HISTORIA ..................................................................................................................... 48
JULIO ZALDUMBIDE.............................................................................................. 48
LITERATURA............................................................................................................... 52
TE CUENTO DE MIS SÁBADOS - EVOCACIÓN DE UN POETA..................... 52
MUTIS: UN BEL MORIR ......................................................................................... 57
PENSAMIENTOS CELEBRES................................................................................. 60
HUMOR ..................................................................................................................... 61
LIBROS...................................................................................................................... 69

EDITORIAL
La Asociación de Diplomáticos de Carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano (ADIP), ha
venido cumpliendo con esmerado interés, los objetivos y finalidades de los Estatutos
que rigen a la Asociación, especialmente los relacionados con la defensa del buen
nombre y prestigio del país y del Servicio Exterior, así como, entre otros, la
publicación de libros, revistas, estudios sobre asuntos de carácter internacional y temas
afines, con el propósito de interesar a los miembros del Servicio Exterior, diplomáticos
y administrativos, a escribir y estudiar temas de interés nacional e internacional que
tienen relación con el acontecer externo.
En este sentido la ADIP, propició la creación de una Revista Virtual que cumple estas
expectativas y que sirve. Al mismo tiempo. Para que sus artículos y estudios sirvan
como base o puntos de referencia para actividades profesionales cuando quieran ser
consultados algunos temas específicos.
Igualmente la Asociación ha propiciado la publicación de libros sobre aspectos
internacionales, como los titulados ―Ecuador VS el Mundo. 10 años de análisis
internacional‖ de la doctora Grace Jaramillo, coordinadora del Programa de relaciones
internacionales y profesora de la FLACSO, así como el libro ―Un Mundo en Cambio‖
del Embajador, José Ayala Lasso, brillante internacionalista y ex Canciller de la
Republica. Este último libro, cuya iniciativa corresponde a la ADIP, fue co-auspiciado
por la Universidad Internacional del Ecuador UIDE y por el Diario El Comercio, y su
lanzamiento se realizó el 11 de diciembre del año anterior en el Salón Galo Plaza de la
referida Universidad.
En este número de la Revista Virtual, que corresponde a su cuarta edición, constan las
palabras de presentación del libro antes mencionado, en donde se explican las razones
de su publicación y más aspectos relacionados con el fondo y contenido del mismo, que
sirve de referencia para el análisis de un lapso de nuestra historia institucional e
internacional.
Esta referido además en esta publicación, un sintético trabajo del Embajador José Ayala
Lasso, que recoge sus criterios sobre la política internacional del Ecuador desde el año
2007 hasta la fecha, con una visión clara y sin tapujos sobre lo que considera la
trayectoria externa del país en el actual periodo del gobierno. A más de lo anterior, en
un estudio sobre política nacional del doctor Raúl Moscoso Álvarez, constan los
criterios y preocupaciones del autor sobre el nuevo Código Integral Penal. Por otro lado,
la Secretaria Ejecutiva Nacional, Red de Mujeres Políticas del Ecuador (REMPE),
señora Francisca Morejón Ruiz, escribe un importante trabajo titulado ―De las cuotas a
la paridad el caso de Ecuador- Acción Proactiva del Movimiento de Mujeres‖ que inicia
tratando sobre la relegación de la mujer por la división del trabajo y analiza los cambios
que habría sufrido el derecho de participación de la mujer, desde la Constitución del
2008, cuando en el primer mandato del Presidente Correa su gabinete estuvo
conformado con una paridad casi exacta hasta las elecciones de febrero del 2014 en
donde, según mantiene, ya no existe paridad de género en el gabinete Ministerial.

Es parte además de la revista, un documentado estudio del Analista de Política
Petrolera, Henry Llanes titulado ―Notas Petroleras, Yasuni e ITT‖ en donde analiza la
situación petrolera del país, el proceso y el fracaso de dicha iniciativa.
El Derecho Humano a la Cultura y a la Lengua es otro de los temas tratados con gran
solvencia por el Embajador Jaime Marchan Romero, miembro de número de la
Academia Ecuatoriana de la Lengua en donde analiza y reafirma estos conceptos
incluyéndolos conjuntamente con la libertad de expresión, como parte del Derecho
Internacional y, a su vez, de los Derechos Humanos.
En la parte cultural de la Revista el comentarista y escritor Bruno Sáenz A, analiza la
vida y obra de Julio Zaldumbide Gangotena y el Embajador Eduardo Mora Anda
incluye un trabajo denominado ―La santería y el grupo chavista‖, para culminar con un
escrito de carácter literario, cultural y humorístico, del Embajador Ramiro Dávila
titulado ―Entremés de Raulin y sus fantásticos temas‖.
Finalmente se reitera, como se ha venido solicitando en circulares y editoriales
anteriores, la necesidad de participación y/o colaboración de los funcionarios del
Servicio Exterior diplomáticos y administrativos, para que enriquezcan con sus artículos
y estudios el creciente esfuerzo que, en este campo, esta realizando la Asociación a
través de su Revista Virtual.
Embajador Francisco Martínez
Presidente de la ADIP

POLITICA INTERNACIONAL
Balance de la política exterior 2007 a 2013, José Ayala Lasso.
Quito, febrero de 2014.
José Ayala Lasso.
La política internacional del presidente Correa, según anuncios hechos desde cuando
inició su campaña electoral el año 2006, se fundamentaría en lo que llamó la plena recuperación
de la soberanía nacional. En sus discursos de campaña había hecho referencia permanente a lo
que, en términos genéricos, denominaba el entreguismo ecuatoriano a los intereses extranjeros
definido, en otros términos, como sujeción al imperialismo. Desde entonces era posible
observar que la posición ideológica de Correa le llevaba a acusar a sus predecesores de una falta
de sentimiento nacional al haber -en su concepto- enajenado o, por lo menos, no haber dado la
importancia necesaria, a la defensa de la soberanía nacional como expresión de los intereses de
la nación. Sobre este ataque implícito e injusto a cuantos le habían precedido en la función a la
que aspiraba, Correa fundamentó su campaña en temas internacionales. El referente usado no
podía sino merecer el apoyo popular. En efecto, en términos generales no era concebible dejar
de apoyar una política que se proclame partidaria del pleno ejercicio de los derechos nacionales,
de la personalidad independiente y soberana del estado.
Una de las más condenables expresiones de lo que Correa considera la soberanía
nacional ha sido su lucha contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Han
sido permanentes sus críticas al sistema interamericano y su campaña para conseguir su
debilitamiento. A pesar de que el Ecuador no ha tenido éxito en las instancias en que ha
presentado sus iniciativas para ―reformar‖ al sistema, Correa ha hecho pública su decisión de
separarse del sistema interamericano de derechos humanos si a mediados del presente año la
Asamblea de la OEA no acepta sus puntos de vista.
Sus planteamientos sobre la deuda externa, a la que clasificó en legítima o ilegítima, le
ganaron simpatía popular pero sembraron desconfianza en los organismos financieros
internacionales. Durante el ejercicio de su mandato, después de una renegociación de la deuda
no exenta de decisiones discutibles y frecuentemente arbitrarias, obtuvo indudables ventajas o
condiciones positivas que, sin embargo, en opinión de muchos expertos, no compensaron el
daño infringido al país al haber difundido una imagen de falta de seriedad en el cumplimiento de
sus compromisos, todo ello agravado por episodios oscuros durante el proceso de
renegociación. La expulsión del representante del Banco Mundial y los duros calificativos y
desplantes en contra de los organismos financieros multilaterales aumentaron el desconcierto y
las dudas. Hay que señalar, por otro lado, que la renuncia de hecho a las fuentes multilaterales
de crédito a las que generalmente acuden los países, llevó paulatinamente al gobierno de Correa
a estrechar sus vínculos con China, país abierto a la concesión del dinero que necesita su
gobierno, en condiciones más onerosas que las vigentes en las instituciones financieras
multilaterales y con garantías consistentes en la entrega del petróleo ecuatoriano. En la
actualidad, China es la principal fuente de crédito para el Ecuador, con lo cual la dependencia
financiera contra la que Correa se pronunció tan duramente parecería estar volviéndose cada vez
más evidente, con la sola diferencia de la fuente del dinero.
Progresivamente, el gobierno amplió sus ataques al multilateralismo regional y mundial.
La ONU fue criticada, la OEA descalificada, la Comunidad Andina considerada inútil. El
Ecuador llegó a anunciar su eventual separación de este esquema regional. La creación de otras
entidades integracionistas como la UNASUR y la CELAC se inscriben, de alguna manera, en la
anunciada voluntad de lograr la desaparición de la OEA a la que Correa -siguiendo la
terminología cubana- ha considerado como el ―ministerio de colonias‖ de los Estados Unidos de

América. La ALBA no pasa de ser un entendimiento de base ideológica que, al fallecer su
mentor, el presidente Chávez, parece condenada a morir por consunción.
Correa anunció una lucha frontal contra el ―imperialismo‖, al tiempo de denunciar el
acuerdo sobre la base ecuatoriana de Manta. Al mismo tiempo, se frenaron las conversaciones
tendientes a concluir acuerdos comerciales a los que calificó de ―bobo-aperturistas‖ , por
considerarlos una nueva forma de ―colonialismo‖, y se anunció la denuncia de todos los
convenios suscritos por el país sobre protección de inversiones. Por supuesto, las reacciones
internacionales no se hicieron esperar.
El gobierno se identificó con ideologías políticas de izquierda que, vagamente definidas
como el ―socialismo del siglo XXI‖, pusieron de manifiesto una especie de alianza no escrita
con Venezuela, Nicaragua y Bolivia, países con los que, posteriormente, se constituyó el núcleo
de la Alianza Bolivariana para las Américas.
La conducción eficaz de las relaciones internacionales exige el respeto al derecho
internacional, así como la coherencia y previsibilidad de las decisiones que se adoptan. Hasta
hace más de veinte años, al asumir sus funciones, los Cancilleres anunciaban los principios que
orientarían su gestión, los objetivos que se propondrían alcanzar y la metodología para lograrlo,
dando de esa manera una concreción específica a los grandes rincipios y objetivos de la política
externa tradicional del país. Esa sana costumbre fue creando un conjunto de valores aptos para
definir la personalidad nacional. A pesar de sus limitaciones de poder, el Ecuador ganó
respetabilidad por su sujeción al derecho y su reconocimiento del ser humano como el valor
supremo, cuyos derechos promovía y protegía. El Ecuador se prestigió gracias a la seriedad y al
trabajo de sus autoridades y de sus representantes en el exterior. Distinguidas personalidades
ecuatorianas recibieron el respaldo de la comunidad internacional. La aprobación de la Ley
Orgánica del Servicio Exterior y la sistemática preparación profesional en la Academia
Diplomática fortalecieron el respeto hacia nuestro país y su servicio exterior. Por otro lado, el
patriótico concurso de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, organismo asesor del
presidente y del canciller, contribuyó a garantizar el acierto en las decisiones.
El actual gobierno abolió de facto la Junta Consultiva e hizo desaparecer prácticamente
a la Academia Diplomática. Igualmente, dejó de lado el trabajo de planificación de política
exterior aprobado el año 2006. No hay duda de que el gobierno se ha empeñado en la
destrucción sistemática del servicio exterior profesional a fin de reemplazarlo con una nueva
diplomacia cuyas características, hasta el momento, se han demostrado inconvenientes para el
país. Basta recordar el Memorandum de fines de noviembre de 2013 en el que el Gabinete del
Canciller expone los criterios que deben primar para cambiar la diplomacia profesional -a la que
ofende injustamente- por la diplomacia ciudadana a la que pretende formar con caricaturas y
sainetes. El rechazo general obligó a las autoridades a desvincularse de tan arbitraria actitud.
Su afán revolucionario llevó al gobierno a olvidar los principios tradicionales de la
política externa, sus objetivos fueron reemplazados por enunciados generales y el instrumento
de trabajo profesional preparado a través de años de estudios y experiencia, fue descalificado y
ofendido. Embajadores experimentados fueron reemplazados por asesores extranjeros, se
olvidaron las jerarquías basadas en el mérito y se confiaron las delicadas funciones de la
diplomacia a políticos afines en ideología.
Las relaciones bilaterales se condujeron con el ingenuo convencimiento de que las
decisiones del ―Ecuador soberano‖ debían ser aceptadas sin reservas por los demás países. Se
produjeron entonces incidentes que pudieron ser evitados con Brasil y los Estados Unidos.
Probablemente, lo más criticable haya sido la equivocada visión gubernamental de los
sistemas interamericano y mundial de derechos humanos. Los informes de los relatores
especiales sobre determinados derechos humanos fueron descalificados e ignorados. Se

pretendió encontrar en tales sistemas inaceptables influencias de culturas extrañas a la de
América Latina y se anunció, por tanto, la voluntad de reemplazarlos. La preparación de leyes
consideradas por muchos como atentatorias contra las libertades de información y opinión dio
lugar a numerosas reacciones internacionales de crítica y censura, que el gobierno presentó
como una prueba adicional del ―poder fáctico‖ de la prensa, a la que calificó como su ―principal
enemigo‖. Los juicios interpuestos, a título particular, por Rafael Correa contra el diario El
Universo y los autores de un libro fueron considerados por la opinión interna e internacional
como un atentado a la libertad de información y opinión. Igual criterio puede aplicarse a la
expedición de una nueva ley de comunicación, bajo cuya vigencia acaba de aplicarse una dura
sanción administrativa al autor de una caricatura y al diario que la publicó, lo que significa que
el gobierno ha tomado partido por la censura previa -prohibida por la Constitución y los tratados
internacionales- que deberá ser ejercida por los medios al publicar informaciones u opiniones
ajenas, sin que el advertir esto último les libere de responsabilidades. Organismos de derechos
humanos, intelectuales y políticos han criticado severamente al gobierno ecuatoriano por todos
estos excesos, en el Ecuador y en el extranjero. Las duras respuestas del presidente Correa
afectaron más la deteriorada imagen externa del país.
La aproximación al gobierno iraní en la época de Ahmadineyad, cuando este se
encontraba sometido a un escrutinio internacional por su política nuclear, los abrazos con el
tirano Lukachenko de Bielorrusia, la indefinición frente a la violencia represiva de Gadafi en
Libia y de Asaad en Siria -regímenes sancionados por la ONU, la Unión Europea y la Liga
Arabe- contribuyeron también a poner de manifiesto la naturaleza ideológica de las decisiones
del gobierno de Correa.
En materia comercial, el Ecuador se ha aislado tanto en nuestro hemisferio como a nivel
mundial. Sus políticas frente a la Comunidad Andina y el Mercosur no le han sido útiles. Las
contradicciones entre ministros del mismo gobierno prácticamente le habían cerrado las puertas
de una negociación con la Unión Europea, hasta el momento en que Correa decidió visitar
personalmente algunos países de Europa para expresar su voluntad de negociar. Actualmente,
parecería que está en marcha un proceso serio de negociaciones que, según se ha anunciado,
debería culminar con la suscripción de un acuerdo antes de terminado el primer semestre de
2014. En cuanto a los Estados Unidos, las críticas a la USAID y los incidentes diplomáticos con
el embajador norteamericano han disminuido si no anulado las posibilidades de una negociación
próxima que resulta cada vez más necesaria. Las gestiones hechas por el Ecuador, con
anterioridad a Correa, para vincularse a los organismos de la Cuenca del Pacífico fueron
olvidadas. El Ecuador ha cerrado sus ojos a los importantes fenómenos económicos que allí se
están produciendo. El progreso de la Alianza del Pacífico de la que forman parte México,
Colombia, Perú y Chile, pone de manifiesto de manera gráfica el aislamiento del Ecuador. El
presidente Correa parece propiciar, en compensación, una vinculación cada vez más estrecha
con China, como lo demuestra la reciente visita del vicepresidente Glass a Peking, como
resultado de la cual se ha informado sobre la presentación de una carpeta de proyectos de más
de 10 mil millones de dólares.
Otro tema apto para identificar las razones que orientan las decisiones ecuatorianas en
política exterior sería el del asilo. Assange, perseguido por la justicia sueca, recibió asilo en la
Embajada del Ecuador en Londres. Desde allí, como en oficina propia, ha venido actuando no
solo en defensa de su causa sino, inclusive, tomando decisiones en delicadas materias propias de
la soberanía ecuatoriana, como lo comprueba la concesión de un salvoconducto para que
Snowden -perseguido por la justicia norteamericana- viajara de Hong Kong a Moscú. En ambos
casos, no se ve en qué medida las decisiones del gobierno ecuatoriano hayan tomado en
consideración los verdaderos intereses de nuestro país.
También se inscribe en el ámbito de las relaciones internacionales la fallida gestión
ecuatoriana en lo tocante al proyecto ecológico del Yasuní. Presentado bajo la óptica de una
contribución humanitaria e idealista en favor de la ecología del planeta, el proyecto fue mal
manejado porque el gobierno sembró, desde el comienzo, dudas sobre la autenticidad de sus

ideas. Los países cuya contribución se solicitaba directa y frontalmente, fueron objeto de
ofensas y desplantes que no podían dejar de producir efectos negativos. Como quiera que
hubiere sido, el radical cambio de posición del gobierno y su decisión de explotar el Yasuní ha
transmitido al exterior un mensaje de falta de convicción o de seriedad en la concepción y
administración de proyectos importantes. Algo parecido sucedió en lo tocante a la ―ciudadanía
universal‖ y a la consiguiente apertura de las fronteras ecuatorianas para todo tipo de migrantes,
medida que tuvo que limitarse posteriormente por las consecuencias negativas que produjo.
En resumen, parecería que quienes afirman que el Ecuador carece de una política
exterior definida y que su gobierno se limita a reaccionar frente a los problemas permanentes o
coyunturales en el ámbito externo, tuvieran buenos argumentos para defender tal criterio.
José Ayala Lasso

PRESENTACION DEL LIBRO “UN MUNDO EN CAMBIO”DEL EMBAJADOR JOSE
AYALA LASSO
POR FRANCISCO MARTINEZ SALAZAR
La Asociación de Diplomáticos de Carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano (ADIP), bajo cuya
iniciativa se realiza este importante evento, es una persona jurídica sin fines de lucro y
regulada por disposiciones legales en vigencia. Entre sus principales fines, a más de la defensa
del buen nombre y prestigio del país y del servicio exterior ecuatoriano en el acontecer mundial
consta, de modo determinante, el propender a la publicación de libros y temas de nivel
académico con profundo contenido internacional, así como destacados estudios de carácter
externo, con el propósito de contribuir a que la política exterior ecuatoriana mantenga la
coherencia y claridad necesarias, que son aspectos básicos para una efectiva inserción del país
en la comunidad internacional.
Otro de los objetivos, no menos importante que el antes expuesto, constituye el reconocimiento
a los mas destacados personajes del acontecer externo, no solo a través de merecidos homenajes
públicos, sino impulsando a que se reconozca su importante trayectoria mediante la publicación
de sus obras más destacadas que constituyen, sin lugar a dudas, un imprescindible aporte en el
ámbito de las relaciones internacionales.
En esta ocasión la ADIP, ha escogido a uno de los más importantes internacionalistas del país y
de nuestra región, el varias veces Canciller de la Republica y Primer Alto Comisionado de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Embajador José Ayala Lasso, distinguido y honroso
miembro de nuestra Asociación, cuya brillante trayectoria, como se aprecia en el resumen de su
hoja de vida, trasciende las fronteras del país, para que puedan ser publicados los artículos que
sobre materia internacional ha escrito en el tradicional y prestigioso diario ―el comercio‖, toda
vez que este hecho viene a conformar parte de la historia del ecuador, no solo por los temas
tratados con profundo y profesional análisis, sino porque ha sido protagonista, en muchos casos,
de trascendentales capítulos de la trayectoria externa del ecuador, como en el caso de la firma de
la paz con el Perú.
Bajo estas consideraciones, no puedo dejar de exponer el especial agradecimiento de la
Asociación que me honro en presidir al señor Rector de la Universidad Internacional del
Ecuador, economista Marcelo Fernández, por la entusiasta e inmediata decisión de apoyo y co-
auspicio para la cristalización de ese trascendental e histórico proyecto. La UIDE viene
caracterizándose, sin duda alguna, por impulsar el conocimiento y difusión de los principales
hechos de carácter internacional en los que el Ecuador ha tenido una participación privilegiada,
como en el caso de los antecedentes de la Declaración de Santiago de 1952 en donde la
delegación del Ecuador estuvo encabezada por Jorge Fernández y la importancia de la
suscripción del Ecuador a la CONVEMAR, entre otros.
Igualmente expongo la cordial gratitud de la ADIP por el co-auspicio para la edición del libro
"Un Mundo en Cambio" del Embajador José Ayala, a la señora Guadalupe Mantilla de
Acquaviva, Directora del diario El Comercio y al ―Grupo El Comercio‖ en general. Tradicional
es la trayectoria de este importante rotativo dada su continua contribución para proyectar en el
país el verdadero y efectivo ejercicio de prensa, trasladando a sus lectores una información
veraz, sin manipulaciones y sin cadenas.
En la actualidad nuestro país se encuentra atravesando momentos difíciles en el devenir,
muchas veces errático y sin rumbo determinado, de su política internacional. Nace de ello la
necesidad del estudio minucioso, profesional y seriamente crítico de aquellos acontecimientos

que necesariamente reflejan la imagen internacional del Ecuador, que constituyen una base
importante y única para su ubicación lógica y conveniente en el universo internacional.
Conocida es la clara trayectoria que en un pasado cercano ha realizado nuestra diplomacia bajo
el acatamiento de los principios universales del derecho internacional y del respeto a la propia
soberanía nacional, con su exclusiva meta que debe estar orientada al beneficio del país y no
a la de algún proyecto político, por mas bien configurado que pudiera encontrarse.
De estos conceptos se deslinda necesariamente la importancia del trabajo del embajador José
Ayala Lasso, en el que el contenido de cada uno de los artículos compilados en esta única
publicación, contiene un cúmulo de serias investigaciones profesionales, en donde traslada y
conjuga las múltiples experiencias adquiridas en el desarrollo de una vida dedicada a la
diplomacia, no solo con los amplios conocimientos que ha venido acumulando en su vida
profesional sino además con el amor y servicio que siempre ha trasladado a su país.
Por otro lado, el prolijo análisis del acontecer de la política internacional del Ecuador, así sea
en un corto periodo determinado, constituye una parte de la historia aun no escrita del país en el
aspecto externo. Un concepto de historia en sentido lato, escogido al azar, la define como ―la
exposición sistemática de acontecimientos dignos de memoria, ya sean los públicos o políticos
relativos a los pueblos y a los que afectan a sus instituciones, ciencias, artes o a cualquiera de
sus actividades‖. Es por ello que esta publicación que compila artículos de orden internacional
no debe ni puede culminar con el lanzamiento de este libro, que es sin duda base del
conocimiento de futuras generaciones sobre un accidentado periodo de nuestro acontecer
externo, sino que debe continuar con la publicación en el futuro de otro u otros tomos en donde
el estudio y análisis del acontecer internacional del país igualmente ayude a dirigir el
pensamiento nacional del ser y del deber ser en el campo de la política internacional del
ecuador.
Hoy mas que nunca, cuando autoridades intermedias, de medio mando de la Cancilleria, se
atreven a circular –sin autorización alguna- documentos temerarios, ofensivos y mal
intencionados con burlescas parodias a lo que denominan ―diplomacia tradicional‖, es cuando
surge la imperiosa necesidad de afianzar una memoria colectiva con asertos históricos que
contengan los importantes avances, hechos y realidades que dieron brillo a nuestra diplomacia y
al Servicio Exterior Ecuatoriano.
Espero comprometer para el futuro al querido amigo y experto de ciencias internacionales, José
Ayala Lasso, en este esfuerzo de gran beneficio para nuestra patria, con la continuación y
Publicación a futuro de sus críticos análisis a través de los cuales se pueden desmenuzar los
hechos sucedidos, sus efectos y sus consecuencias.
Finalmente en lo que se refiere a esta asociación debo destacar que la ADIP está y estará
siempre pendiente en que la política exterior del país, esté siempre orientada a impulsar y
fortalecer el prestigio del Ecuador, a través de la defensa y proyección del servicio exterior
ecuatoriano, así como con la defensa de su institucionalización, hoy seriamente menos cabada,
y de aquellos principios internacionales que han sido, desde inicios de la republica, el norte de
su actuación en la comunidad internacional.

POLITICA NACIONAL
El COIP
Del concubinato entre el progresismo teórico y la regresión práctica
Por Raúl Moscoso Álvarez
Incógnita sobre los genes del nuevo código orgánico integral penal
1. En código penal por nacer contiene valiosos principios que se
hallan a la altura de los nuevos tiempos. El bebe se halla
encajado en el vientre de la Asamblea Nacional y solo la
aplastante mayoría de Alianza País sabe lo que llevan los genes
del nasciturus. Opino sobre alguno de los proyectos. Esta es una
de las debilidades del análisis Carezco de la versión final que me
permitiría hacer afirmaciones con mayor propiedad.
Temor a un Estado vigilante y castigador
2. Más que el mismo código por nacer, me preocupa el empleo que
el poder político y los jueces sumisos y timoratos le pudieren dar.
Pues, al igual que la Constitución vigente, que por un lado es
archi-garantista y por otro hiper-presidencialista, el código por
aprobarse, teniendo formidables principios, distinciones finas
sobre los distintos tipos de responsabilidad penal y preceptos
para la reparación de las víctimas, incrementa, de manera
exacerbada, los tipos penales y las penas y buena parte de
aquellos son abiertos, dando espacio para que los jueces tengan
que someterse, en su sentencia, a las presiones dominantes del
poder político. Temo que en este código, de manera velada, se
halle una herramienta para consolidar un Estado Panóptico,
vigilante y castigador, y que mentes jurídicas, inspiradas en Karl
Schmitt, y en los jueces nacional-socialistas, consideren que, en
caso de colisión, el proyecto político, que exige la represión del
supuesto enemigo, debe imponerse a la Constitución y la ley.
Según estos postulados, se debe de manera permanente
confrontar con el enemigo. Si este no existe, entonces hay que
crearlo.
Excepción a la prohibición de doble juzgamiento
3. Hablando de principios, el precepto que contempla “la prohibición
de doble juzgamiento”, el principio “non bis in idem”, según el cual
a nadie se le puede juzgar y sancionar dos veces por el mismo
hecho, no se aplica, no corre ni es pertinente, en caso de
sanciones administrativas. Por manera que si un periodista es
sancionado administrativamente, de conformidad de la Ley de
Comunicación, puede ser juzgado y castigado en sede penal por el
mismo hecho. En una sola disposición se choca el progresismo
teórico expuesto en el principio y la regresión práctica manifiesta
en la excepción de la sanción administrativa.
Teoría penal del enemigo

4. El principio del respeto a la intimidad personal y familiar se
quedaría en el mundo ideal de Platón si el tierno cuerpo legal
responde, en puridad, a lo que los entendidos denominan “la
teoría del derecho penal del enemigo”. Principio que sería pasado
por encima si un gobierno considera a un grupo político o social
como su enemigo y, por lo tanto, como un enemigo de la
sociedad, en tanto aquél encarna artificiosamente a ésta. Antes
que nazca el código, ya hemos visto los alcances de los que lo
concibieron, en el caso de “los 10 de Luluncoto”; caso en que, al
igual que los de Mary Zamora y de los estudiantes del Central
Técnico, se vulnera asimismo el principio de objetividad
proclamado en el COIP, por la injerencia del poder sobre los
jueces y tribunales penales.
Populismo penal
5. El artículo 13, se resiste a expresar de manera diáfana el principio
in dubium pro reo, ya que es electoralmente incorrecto vender al
ciudadano común, intimidado e indignado por la rampante
delincuencia, la idea de que el acusado de un delito goza de esta
preferencia interpretativa. Visto de este modo, asistimos a una
suerte de “populismo penal”, que considera ante todo lo que
quieren los electores: más encarcelados, mayores penas, más
hechos tipificados como delitos, más figuras penales abiertas,
imprecisas y equívocas, que permitan a los jueces mayor
discrecionalidad. Este populismo penal responde a las tesis
penales del pensamiento conservador. Un prestante líder de la
derecha ha sostenido que el código por nacer está hecho para
favorecer a los delincuentes, pues según él, todavía le falta más
dureza. Otro político, numerario del OPUS DEI, ha felicitado al
presidente de la república por su oposición a despenalizar el
aborto en caso de violación a cualquier mujer pero observa que se
habría sido mejor que elimine también los dos casos
excepcionales de despenalización del aborto que nos viene del
viejo código: el terapéutico para salvar a la madre, y en caso de
violación a una mujer con discapacidad mental.
Riesgo de violación a la privacidad
6. En relación al principio indiscutible de la privacidad y
confidencialidad, podría verse lesionado, cuando el poder
considera que debe intervenir subrepticiamente el teléfono y
acceder a la computadora de un adversario político, periodista de
investigación o activista de derechos humanos o ambientales.
Se debe considerar a las víctimas indirectas
7. La atenuante consistente en la reparación voluntaria del daño a
la víctima debe extenderse asimismo a la reparación de los daños
materiales y morales a las víctimas indirectas (artículo 48.4 del
proyecto).
Responsabilidad penal de las personas jurídica

8. La responsabilidad penal de la persona jurídica consagrada en
este proyecto es controvertida. La ubicación resulta extraña, en
tratándose de un tema, que debe ventilarse en sede civil. Según el
principio de la igualdad ante la ley, esta responsabilidad debe
extenderse a las personas jurídicas de derecho público. Conozco
del caso del asesinato del coordinador de alianzas operativas de
PETROPRODUCCIÓN y estimo que se trata de un crimen
empresarial, ya que de sus informes dependía la terminación
unilateral del contrato, pero que se lo juzga como delito de robo
agravado con la muerte de la víctima. Pensando mal, este
precepto tiene puesta la mira en los medios de comunicación
colectiva que operan como personas jurídicas.
Terreno para la represión del ejercicio de la libertad de expresión
9. El artículo 46.3 del proyecto, que trata de la coautoría, abre un
amplio terreno de represión a la libertad de expresión, pues tal
como está redactado, podría afectar al jefe de redacción o de
producción o a los accionistas de un medio de comunicación
colectiva.
Los castigos ejemplares para intimidar
10. La prevención del delito como fin de la pena, aserto respecto
del cual no tengo objeción, ofrece un sólido fundamento para la
represión de la protesta social, pues los castigos ejemplares,
propinados por tribunales dependientes, en contra de los
activistas sociales, por la vía de la intimidación, cumple el
objetivo de acallar el descontento e inhibir el ejercicio del derecho
constitucional de resistencia de la población civil organizada.
Selectividad en el castigo
11. El artículo 71.2 e) del proyecto castiga a quién se haya
beneficiado del delito cometido por otro. Habría sido saludable
que una disposición similar, que sí se halla en el código viejo, se
aplique en contra de la persona jurídica PETROBRAS, que se
aprovechó, durante más de doce años, de un fraude técnico
sustentado en un informe técnico falso elaborado por técnicos de
PETROECUADOR, según el cual se determinó que el bloque 18 y
Palo Azul compartían un mismo yacimiento. En vez de confiscar
los activos de esta petrolera, el Estado ecuatoriano se comidió en
indemnizarla en más de doscientos millones de dólares, cuando
se retiró de operar Palo Azul y de desarrollar el bloque 31.
Sanciones a las personas jurídicas
12. Artículo 71, referido a la penas para las personas jurídicas,
su clausura, multa, comiso penal y otras, extinción como persona
jurídica, podría perjudicar a las dueñas de medios de
comunicación colectiva, a cualquier organismo no
gubernamental, a cualquier hospital o clínica particular
Blindaje preventivo

13. Artículo 81 referido al genocidio blinda al Estado y a sus
autoridades del riesgo de enjuiciamiento penal a nivel interno, al
incorporar tres requisitos necesarios para la configuración del
tipo penal: lo sistemático, lo generalizado y lo intencional de actos
de destrucción total o parcial de grupos humanos. Persigue
liberarse, en estos días, de su responsabilidad por la inevitable
destrucción de pueblos hermanos en situación de aislamiento y
de la naturaleza del YASUNI.
Eliminación de dos preceptos nuevos del viejo código
14. Con este propósito, elimina los tipos penales, de reciente
creación, señalados en los siguientes artículos del viejo código:
440.5, que dice: “Sanción a quién no respete al
autodeterminación de los grupos humanos.- Quien irrespetare
la autonomia de grupo nacional, étnico, racial o religioso, o su
voluntad de permanecer en aislamiento voluntario, incurrirá
en delito de etnocidio y será sancionado con pena de reclusión
menor ordinaria de tres a seis años.”
El artículo 440.6, que señala: “Sanción a quién altera la forma
de vida o identidad de los pueblos en aislamiento voluntario. -
Quién realizare, con conciencia de que puede producirse la
desaparición total o parcial de grupos humanos, actividades
tendientes a alterar, o de cualquier manera cambiar la cultura,
forma de vida o identidad de los pueblos en aislamiento
voluntario, será sancionado con pena de prisión de dos a
cuatro años”.
15. Cuando encontrábamos que los artículos 440.5 y 440.6 del
Código Penal, tipificaban las acciones, sin requerir la
intencionalidad ni poner otros elementos de configuración de las
infracciones de genocidio y etnocidio, el nuevo Código Penal
Integra habría incorporado tres artículos sustitutivos (81, 82 y
83), que dan pie a la comisión impune de los delitos de genocidio
y etnocidio, por estos requisitos necesarios para la configuración
de los delitos de genocidio, etnocidio y exterminio: lo sistemático,
lo generalizado, lo intencional o deliberado.
Se queda el requisito de la intencionalidad
16. Ante las críticas, conozco por rumores, que la Asamblea
Nacional, para curarse en salud, ha decidido reproducir el texto
pertinente del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal
Internacional. Pero en todo caso, tiene el buen cuidado de no
recoger el contenido de los artículos 440.5 y 440.6 del código
viejo, que, en este tema, tuvo un refrescamiento con estas
reformas de abril del 2009, con el firme propósito de imponer el
requisito, tan difícil de probar, de la intencionalidad de destruir o
exterminar total o parcialmente a los pueblos en aislamiento
voluntario.
Leve protección a la libertad de expresión

17. El artículo 161, referido al delito de restricción a la libertad
de expresión, solo castiga cuando se emplean medios violentos.
Así que el despido de los representantes de los comités de
empresa de PETROECUADOR, que fueron botados de la empresa
por publicar un remitido, llamando a adoptar una política más
nacionalista y denunciando conflicto de intereses del ministro del
ramo, de acuerdo a esta disposición no sería delito.
Castigo por difundir información producida por la fiscalía
18. La difusión de información producida por la fiscalía en el
marco de la investigación previa, se halla tipificada como delito en
el artículo 182.2. Si la fiscalía interpreta de manera abierta el
alcance de información producida, incluiría las que quiera
aportar el denunciante. Por ello Cabodebilla no quería entregar su
libro como medio de prueba. Pues entonces no habría podido
difundir los demás ejemplares.
Sobre la práctica profesional
19. El artículo 146 trata del delito de homicidio culposo por
mala práctica profesional, que afecta especialmente a los médicos
que por su especialidad o tipo de cuidado que tienen que asumir,
se hallan expuestos a que el paciente fallezca. Algo anda mal en
esta tipificación. A todo lo cual se suma lo que dispone el artículo
218, que termina por acorralar a un cirujano que tiene que
realizar una operación de alto riesgo para la vida del paciente y
que no quiere hacerlo por el temor de ser sancionado penalmente;
tiene que operar a si no quiera, porque de no hacerlo, igual será
penalmente sancionado. A pesar de estas disposiciones, los
médicos optarán por atender a estos pacientes, por ética
profesional.
Protección del derecho de huelga que no se aplicará a los trabajadores
públicos
20. El artículo 239 que tipifica el delito de impedimento o
limitación del derecho de huelga, aún cuando no lo diga
expresamente, no se aplica cuando la víctima un comité de
empresa de una entidad pública.
Elusión a favor de las actividades extractivas
21. El artículo 243 que se refiere a la invasión de áreas de
importancia ecológica, elude deliberadamente las actividades
extractivas realizadas o propiciadas por el Estado, con toda la
intención de asegurarse una patente de inmunidad y una licencia
para depredar la naturaleza

Permiso para contaminar
22. La gestión de sustancias peligrosas para el ambiente a
cargo de mineras o petroleros y que de hecho causare daños
ambientales irreversibles no sería punible si es autorizada, de
acuerdo al artículo 248; si goza del permiso para contaminar.
Solo los jueces prevarican
23. El artículo 262, referido al prevaricato, solo se refiere a los
jueces o árbitros y no incluye a otras autoridades y funcionarios
públicos ni a los fiscales, al contrario de lo que dispone el código
viejo.
El imperio del SRI
24. De acuerdo al artículo 291, un contribuyente despistado
podría ir a la cárcel por incurrir en errores en sus declaraciones.
Existen 20 tipos de defraudación tributaria
Castigo por elogiar a un activista social
25. La apología de un delito o de una persona sentenciada por
delitos es castigada con pena privativa de la libertad. O sea que
destacar la inocencia y virtudes de Mery Zamora, José Acacho
será punible.
Castigo al ejercicio del derecho de reserva de la fuente
26. El artículo 510, que hace parte del derecho penal procesal,
atribuye responsabilidad por la comisión del delito cometido por
medios de comunicación para los directores, editores, propietarios
de un medio de comunicación no informe el nombre del autor,
reproductor o responsable de la publicación. Choca con el
derecho del comunicador de la reserva de la fuente y al secreto
profesional.
Curiosidad
27. El nuevo código elimina asimismo los delitos de violación
del derecho fundamental de petición y de violación de los
derechos y garantías constitucionales, cometidos por funcionarios
públicos, previstos en los artículos 212 y 213 del código penal por
fenecer. La alusión a la violación a los derechos del buen vivir y a
otros derechos humanos han sido pensados para asegurar el
respeto por parte de los particulares y se ha olvidado que el
mayores conculcadores de éstos son precisamente las
autoridades y agentes estatales, es decir el Estado, el mismo que
no solo que tiene que respetar (obligación pasiva o de abstención)

sino que debe proteger, garantizar, satisfacer y promover los
derechos fundamentales de la persona humana, las
comunidades, pueblos y nacionalidades y de reparación integral a
las víctimas (obligaciones activas).
Neutralidad reprochable
Ojalá que mis temores sobre el modelo de Estado vigilante y castigador
que se intenta construir no tengan asidero y que el código que nace no
sea el instrumento más útil para conseguir tal propósito. Pese a la falta
de certezas, ante una amenaza tan grave, no debemos permanecer
impasibles, pues en tiempos peligrosos no hay peor pecado que la
pasividad y la neutralidad. Por lo menos, manifestemos nuestra opinión
discrepante
Raúl Moscoso Álvarez, doctor en Derecho, diploma académico en Planificación en Seguridad y
Desarrollo, diploma académico en Derechos Humanos y Democracia, estudios de profundización en la
Universidad de Bonn, ex vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, ex Defensor de Pueblo
Adjunto Primero, docente que fue de la PUCE, SEK y UPS, abogado litigante en materia de derechos
humanos, colectivos y ambientales.

DERECHO
EL DERECHO HUMANO A LA CULTURA Y A LA LENGUA
Por Jaime Marchán
La Academia Ecuatoriana de la Lengua me ha conferido un alto honor al designarme
como miembro de número. Ocupar una silla vitalicia—es decir, hasta la muerte— no deja de
intimidarme. Me sosiegan las sabias palabras de Séneca, quien nos recuerda quela duración de
la vida sólo se mide por eltrabajo que logremos realizar en ella.
Disipado este inicial temor, me asalta otro: saber que por azar del destino voy a ocupar —no
digo sustituir— el lugar de un hombre singular: Renán Flores Jaramillo, quien nos dejó un
legado que perdurará más allá de su ejemplar existencia.
Al escoger la cultura como tema de mi disertación, un flujo de pensamientos me lleva,
como caudaloso río, a Renán Flores Jaramillo. Porque fue en la cultura, ese ámbito vasto y vital,
envolvente y rico, donde descolló con mayor brillantez. Mis recuerdos de él, aunque remotos,
son vívidos. Corría el año 1971 cuando, siendo un tímido muchacho, llegué a Madrid al inicio
de mi carrera diplomática para desempeñar las funciones de segundo secretario de la embajada.
Fue allí donde, desembarazado apenas de los farragosos trámites de instalación, asistí con
asombro de aprendiz a una tertulia literaria en la que, entre otros memorables personajes,
conocí a Renán. De él, me impresionaron el cristalino resplandor de esos ojos redondos y
plenos, y la calidez humana que emanaba de su amable figura. ―No pierdas de vista a este
hombre —me aconsejó Paco Tobar, compañero de embajada, con su voz vibrante y torrencial—
; es lo mejor que tenemos aquí‖.
En efecto, Renán estaba muy bien conectado con la intelectualidad española.
Diariamente tejía, con la sabiduría de una paciente araña, los hilos cada vez más abundantes de
la relación del Ecuador con España, y de España con Iberoamérica. Gracias a su amistad con el
poeta Pío E. Serrano, quien acababa de abrir en Madrid la Editorial Verbum, consiguió que las
primeras cuatro obras de literatura publicadas en 1991 por dicha editorial fueran de escritores
ecuatorianos. Así salieron a luz, simultáneamente, las novelas El furioso oleaje de los días,
Sobre sismos y otros miedos, y La otra vestidura, de Renán Flores Jaramillo, Filoteo Samaniego
y Jaime Marchán, respectivamente, al igual que el libro de poemas Palabras personales, de
Eduardo Mora Anda. Las cuatro obras se presentaron ese mismo año en el Ateneo de Madrid,
suscitando interés por la literatura ecuatoriana desde un mirador privilegiado.
Junto a su reconocida labor como escritor, Renán Flores Jaramillo, ilustre exdirector de
esta Academia, desempeñó distinguidos cargos, como la presidencia de la Asociación de
Corresponsales de Prensa Iberoamericana, atalaya desde la cual actúo como ―un fervoroso
demócrata y se mantuvo siempre alerta para denunciar los regímenes autoritarios y dictatoriales
del continente‖.
Comparto a plenitud las palabras de Marco Antonio Rodríguez, referidas a Renán: ―No
sé qué admirar más de él, si su vida o su obra‖. Al entrar como miembro de número detrás de
sus huellas, tendré la fortuna de caminar sobre surcos nutridos por el limo espiritual de este gran
hombre de letras. Ello me da ánimo para pronunciar ante este culto auditorio mi discurso de
incorporación, como lo han hecho en el pasado y lo seguirán haciendo a futuro colegas con más
méritos que yo.
No hace mucho tiempo, desde este mismo podio, hablé como miembro correspondiente.
En esa oportunidad, tras varios viajes por el mundo y diversos libros leídos y releídos a lo largo
de mi trashumante trayectoria como diplomático y escritor, compartí con ustedes los

comentarios que me suscitara la lectura de una de las obras más emblemáticas de la literatura
universal: Moby Dick, de Herman Melville. Lo hice no sólo porque dicha novela hace
reiteradas referencias al Ecuador, sino también porque uno de los principales escenarios de la
épica historia es el mar que baña nuestras costas, por cuyas aguas la enorme ballena blanca
pasaba y repasaba en su desplazamiento natural por las aguas del ancho mundo, hasta encontrar
la muerte a manos de los balleneros comandados por el obstinado capitán Ahab.
¿De qué hablar esta noche, cuando diversos temas se han plasmado con tanta sabiduría
en los anales de esta insigne institución? Si mis maestros no me hubieran formado en el hábito
de la lectura de las grandes obras que han forjado nuestro espíritu, y si la diplomacia no me
hubiera dado la oportunidad de acumular diversas vivencias sobre el sentimiento y la
representación del mundo, estaría totalmente desvalido para esta tarea. Así, pues, tras honda
reflexión, me he decidido a hablar sobre cultura.
Frente a un tema de tanta vastedad, mi enfoque partirá de una visión singular. Se trata,
distinguidos amigos y amigas, de la cultura como derecho, y con mayor precisión aún, de la
cultura como derecho humano. He pensado que en este momento en que los derechos humanos
—entre ellos la libertad de expresión— sufren una serie de violaciones, abordar la cultura y la
lengua desde esta perspectiva es una tarea necesaria. Por lo demás, al escoger este tema he
querido apegarme también al carácter y espíritu de esta Academia, definida en sus Estatutos
como ―la institución cultural más antigua del país‖.
A lo largo de este ensayo académico señalaré los principales elementos que
caracterizan a la cultura como derecho humano, condición que le confiere la más elevada
categoría ético-jurídica, por encima de toda otra concepción histórica.
Como miembro, relator y expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas he sido testigo privilegiado y, a la vez, uno de los actores
cercanos de esta evolución. En efecto, al haber recibido el honroso encargo del Comité de actuar
como relator de su posición doctrinal sobre el derecho humano a la cultura, a lo largo de muchos
años examiné con particular atención este tema y participé en un amplio número de reuniones y
consultas internacionales. Como resultado de este proceso, en 2009presenté mi propuesta
interpretativa sobre el ―Derecho de toda persona a participar en la vida cultural‖, instrumento
aprobado por el plenario del Comité en Ginebra, en diciembre de ese año.
La cultura como derecho humano
Los derechos humanos no tuvieron un desarrollo uniforme y compacto. A lo largo de su
evolución, un dilatado periodo de tiempo se dedicó a la afirmación de los llamados derechos
civiles y políticos. Parecía que éstos, al contener entre ellos el derecho a la vida y las libertades
fundamentales, requerían de un inmediato grado de protección. Si bien este enfoque inicial
puede justificarse históricamente por las razones antedichas, cabe advertir que desde un
comienzo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoció que todos
ellos tienen el mismo valor en virtud del principio de la indivisibilidad, interrelación e
interdependencia de los derechos humanos.
Debido al desarrollo progresivo de los derechos humanos, la concepción de la cultura
como derecho humano fue producto de un largo y lento proceso de construcción jurídica en el
ámbito del derecho internacional. Antes de la Declaración Universal, la cultura y la lengua se
habían venido abordando principalmente desde el punto de vista de la antropología y de la
filología. La primera nos explica que la cultura es toda forma de expresión del espíritu humano,
y la segunda, que la lengua es uno de los principales instrumentos de esa manifestación. A lo
largo de los años, los avances conseguidos en ambas ciencias permitieron esclarecer el carácter
sumamente complejo de la cultura. Ello no obstante, pese a estos progresos, la cultura seguía
entendiéndose por parte de los actores estatales como un hecho fáctico, como algo dado. Se
asumía que todos los pueblos del mundo tenían una cultura y que, por el mero hecho de tenerla,

las personas disfrutaban de ella. Desde semejante perspectiva, la cultura se acercaba más a la
noción de acervo histórico, asociada a lo patrimonial y a lo museográfico,con ciertos ribetes de
folclore que diferenciaba a unas de otras.
Pero ¿qué es la cultura? Quizá no haya término con mayor riqueza conceptual. En todos
los tiempos y lugares, la cultura ha significado, como primera cosa, el conjunto de valores y
características de una determinada sociedad, el sello que la distingue de otras culturas ajenas o
periféricas. Durante muchos siglos prevaleció esta concepción etnocentrista, y fueron repetidas
las ocasiones en que, como consecuencia de la invasión o de la guerra, el vencedor trató de
imponer al vencido su cultura, aunque hubo también casos —como ocurrió con Roma frente a
Grecia— en que entre ambas culturas se produjo una suerte de mutua aceptación y
enriquecimiento.
Conocido es el debate de cuño occidental entre los conceptos de cultura y civilización a
raíz, sobre todo, de la obra de OswaldSpengler, La decadencia de occidente. No hay tiempo
para hablar en detalle de este tema. Baste decir que mi idea de cultura se acerca más a la visión
expuesta por el filólogo alemán Werner Jaeger en su célebre obra titulada Paideia: los ideales de
la cultura griega. Según Jaeger, los griegos de la época clásica utilizaron el término paideia
para describir ―el proceso espiritual mediante el cual llegaron a la construcción de su idea de
humanidad‖. Así, pues, la concepción griega de la cultura como formadora del espíritu humano
arranca de un enclave tópico y se transforma en un imperio sin fronteras para dar paso,
actualmente, a la cultura universal.
Con todo, conviene subrayar que la cultura pertenece, en esencia, al espíritu de
individuos y pueblos. No es admisible, por tanto, el concepto de ―cultura oficial‖, delirio del
poder político, el cual en muchas ocasiones se apodera de la cultura para sus fines. Tomemos
por caso el mito del superhombre en la construcción del estado nazista.
Cabe preguntarse entonces qué avances se han logrado en los últimos tiempos para
nutrir a la cultura con un contenido que supere las concepciones históricas del pasado. Al
abordarla cuestión, advertimos quedichos avances no vienen dados esta vez por disquisiciones
intelectuales en el campo de las ciencias sociales o políticas, sino por significativos logros
alcanzados en el ámbito del derecho internacional. En concreto, su revolucionario aporte al
concepto de cultura consistió en situar a ésta —en forma definitiva, irreductible y unívoca— en
la categoría ético-jurídica de un derecho humano.
Para comprender el valor implícito en esta afirmación, pensemos que antes de la
Declaración Universal de Derechos Humanos ningún sistemajurídico, incluso de los estados
más avanzados y progresistas del mundo, había reconocido a la cultura como un derecho
humano per se. Ni siquiera la Carta de las Naciones Unidas se refiere explícitamente a ella en
ese sentido.
Si bien la Declaración Universal fue el primer paso en esa dirección, al no tener un
carácter jurídico vinculante, la comunidad internacional dio un paso decisivo en 1966, al
adoptar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La inclusión de los derechos culturales en este tratado significó reconocer a éstos, por
primera vez, como derechos humanos exigibles. Concebidos de esa manera, los derechos
culturales nos llevan a la esencia y raíz de la dignidad humana. Su plena observancia conlleva,
por tanto, el mismo grado de juridicidad que los demás derechos humanos consagrados en los
instrumentos internacionales. Este carácter se reforzó en forma definitiva con la entrada en
vigor, en mayo de este año, del Protocolo o instrumento que permite que las víctimas de
violaciones de estos derechos —ya fueran individuos o grupos— puedan presentar reclamos
contra los estados en busca de justicia y reparación.

El concepto de cultura desde la perspectiva de los derechos humanos
Basado en mi experiencia en derechos culturales, intentaré acotar los términos,
contenidos y aportes más significativos del derecho internacional a la conceptualización de la
cultura como derecho humano, es decir, como una facultad que no ha sido creada, ni mucho
menos otorgada por el estado a las personas, sino que es inherente a la dignidad humana.
Tan pronto partimos de esta premisa, advertimos que el derecho a la cultura, así como el
derecho a la lengua —instrumento expresivo y vehicular de aquélla— es masivamente violado
en muchos estados del mundo. Esta afirmación podría parecer exagerada, pero si tomamos en
cuenta que el derecho a la cultura comprendeel libre uso de la lengua y formas de expresión;la
protección e integridad de la memoria histórica fuera de toda manipulación política; los
derechos colectivos de los pueblos indígenas, comprendidas sus tierras ancestrales, recursos
naturales, conocimientos tradicionales y formas de vida; la protección del patrimonio cultural,
incluidos los bienes de la naturaleza, entonces, sin ir muy lejos,podemos opinar que el derecho a
la cultura no sólo no se respeta plenamente, sino que algunas de sus expresiones no son
consideradas siquiera como derechos humanospor ciertos estados.
Al plantear la cultura como derecho humano, es necesario penetrar en el
conceptojurídico de cultura, término que el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales no define. Dicho instrumento —en su artículo 15— se limita a reconocer
―el derecho de toda persona a participar en la vida cultural‖. Punto. Resultaba indispensable, por
consiguiente, desentrañar el significado de los términos contenidos en tan escueto enunciado
normativo.
En mi propuesta interpretativa puse de manifiesto que la expresión ―vida cultural‖,
contenida en dicho artículo, denota claramente que la cultura es, por su propia naturaleza y
complejidad temática, un concepto íntimamente asociado con la vida. ―Vida‖ y ―cultura‖ son,
ambos, conceptos que comprenden y a la vez reflejan valores que rebasan toda clase de
estratificación o museización cultural, por lo que es preciso concebir a la cultura como la
―forma de vida‖ de una sociedad determinada frente a sus valores y a su destino histórico.
En mi propuesta expresé, además, que la cultura es un proceso viviente y evolutivo;
como tal, tiene un pasado, un presente y un futuro, y se manifiesta —con sus propias
especificidades— en diversos contextos geográficos e históricos. A la luz de ello, la cultura no
debe entenderse como una serie de expresiones aisladas o compartimentos estancos, sino como
un proceso social e interactivo, a través del cual individuos y comunidades, manteniendo sus
particularidades, expresan su humanidad, el sentido que dan a la existencia y su visión del
mundo frente a las fuerzas externas que afectan a sus vidas.
Así, pues, lejos de definir la cultura, se optó por señalar algunos de sus principales
elementos, al considerar que la cultura, por su propia naturaleza y amplitud, no puede ni debe
ser reducida o encapsulada dentro de los límites de una fórmula semántica o expresiva.
Quedó claro, entonces, que, desde el punto de vista del derecho internacional, los
derechos culturales son aquellos que, referidos a la cultura, se encuentran reconocidos en los
instrumentos universales y regionales de derechos humanos.¿Y cuáles son esos derechos, en
concreto? En apretada síntesis, consisten en el derecho de toda persona:
1) a la educación;
2) a participar en la vida cultural;
3) al libre uso de la lengua, incluida la libertad de expresión;
4) a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
4) a la propiedad intelectual de producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora;

5) a la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad
creadora; y,
6) en el caso de los pueblos indígenas, el derecho a sus tierras yrecursos naturales.
Cabe subrayar que este contenido es normativo, es decir, se compone de una serie de
obligaciones jurídicas bien definidas, contraídas por los estados en virtud de tratados
internacionales de carácter vinculante.
Derechos individuales y colectivos
Otro notable avancefue el reconocimiento de los derechos colectivos. Esto es de vital
importancia en el campo cultural, ya que por largo tiempo había prevalecido la opinión —
principalmente de cuño europeísta— de que los derechos humanos eran de naturaleza
exclusivamente individual. Sin embargo, mi propuesta interpretativa puso en evidencia que
existen derechos culturales colectivos que sólo pueden existir si son practicados por una
comunidad per se, como los derechos de los pueblos indígenas.
La coexistencia de derechos culturales individuales y colectivos se consagró también en
relación con las minorías, pues antes sólo se reconocían estos derechos en favor de ―las personas
pertenecientes a las minorías‖ , mas no, también, de las minorías en sí mismas.
Diversidad cultural
El mundo que habitamos siempre fue diverso, pero tuvo que pasar mucho tiempo antes
de que aceptásemos esta realidad. Al principio, los poderes dominantes soñaban con construir
naciones homogéneas, sometidas a su visión etnocentrista. Lo ajeno era lo bárbaro, lo pagano,
lo peligroso. Poco a poco, con el discurrir de los siglos y el desplazamiento de las poblaciones,
el mundo se descubre a sí mismo pluriconfesional, multirracial y multicultural.
La diversidad plantea la necesidad de aceptar el pluralismo cultural, es decir, la
coexistencia de diferentes experiencias humanas, así como la noción de que la cultura es un
principio generador y regenerador de la sociedad humana. Comprender lo humano es
comprender la unidad en la diversidad, así como la diversidad en la unidad.
Tras muchos años de debate, se consagró el principio de que, si bien es preciso tener en
cuenta las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos entornos históricos,
culturales y religiosos, los estados —cualesquiera sean sus sistemas políticos, económicos o
culturales—, tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales. En otras palabras, el reconocimiento de la existencia de
especificidades culturales diferentes no puede ser justificación para el relativismo cultural, el
cual socava el sistema de valores comunes de los derechos humanos, base de la comunidad
internacional y de la familia humana.
En tiempos más recientes, a raíz del fenómeno de la globalización, uno de cuyos
principales efectos ha sido la dilución de las fronteras, las culturas de los diferentes pueblos del
mundo han entrado en mayor contacto entre sí, por encima de decisiones políticas o de hitos
marcados por formas convencionales de soberanía nacional. Pese a que este fenómeno ha
actuado como fuerza expansiva, no ha logrado eliminar la especificidad ni la importancia de las
diferentes culturas. Por contraste, ha puesto de manifiesto la riqueza particular de cada una de
ellas, y así hemos aprendido que todas las culturas tienen un determinado valor que las hace
únicas, singulares, pero al mismo tiempo universales y colectivas. El antropólogo Claude Lévi-
Strauss nos advierte que la diversidad cultural constituye un proceso rico en yuxtaposiciones de
todo orden. ―No hay —nos dice—, no puede haber, una civilización mundial en el sentido
absoluto... ya que la civilización implica la coexistencia de culturas que ofrecen entre ellas el
máximo de diversidad y que consiste incluso en esta coexistencia. La civilización mundial no
podría ser otra cosa sino la coalición a escala planetaria de culturas que preservan cada una su
originalidad‖.

En este contexto, el entendimiento de y la experiencia en derechos humanos es un
elemento indispensable para la vida en una sociedad democrática y pluralista. A tal punto, que
las ciencias políticas han propuesto nuevos modelos de ciudadanía,con un enfoque en la
ciudadanía global, dirigido a la diversidad cultural y a los cambios que se están produciendo a
nivel mundial.
En suma, la cultura de los pueblos y entre los pueblos es el mejor vehículo de unión
entre ellos y los seres humanos, por encima de toda frontera. La diversidad es la mejor prueba
de la vitalidad de la cultura. Es un proceso vivo, dinámico y enriquecedor, sin el cual la vida
sería una experiencia átona y ensimismada, carente de toda textura, de toda ilusión.
Como escritor, mi mayor desafío —hasta ahora— consistióen crear la novela Destino
Estambul. Ambientada en Turquía, significó atreverme a entrar en una cultura diferente para
tratar de comprenderla a través de la literatura. La historia real de un muchacho ecuatoriano que
llegó muerto a Civitavequia (Italia) en las bodegas de un buque bananero —al momento de
encontrarme como embajador en Roma—, me dio el motivo humano de este relato. Decidí
―revivir‖ al inmigrante fallecido, reencarnarme en él, en ese ―otro‖, para contar la vida que
habría soñado vivir en la nación otomana. Viajé varias veces a Estambul en el mismo buque en
que él murió, y viví en la ficción la vida que él hubiera querido vivir en la realidad. Al haberse
traducido al turco, mi novela ha servido como un pequeño puente para unir dos culturas
diferentes, lejanas, diversas. La escritura de esa novela me llevó a la íntima convicción de que la
literatura no es realmente una forma de escribir, sino una forma de vivir y de que no importa
dónde uno esté ni sitúe la acción y los personajes. Ni ellos escaparán a la palabra, ni ésta, como
simple instrumento de la escritura, podrá huir jamás de la vida ni de la realidad que subyace en
el fondo más profundo de nuestra conciencia herida.
Lengua y cultura
En la lucha por la afirmación progresiva de los derechos humanos, ha quedado fuera de
toda duda que la elección y libre uso de la lengua son derechos humanos inherentes a la
dignidad de la persona.
Los derechos lingüísticos son instrumentales ya que —además de su conexión con los
derechos culturales, de los cuales constituyen parte esencial— son una herramienta
imprescindible para el ejercicio de otros derechos humanos, como la libertad de expresión e
información, que requieren del uso de la lengua para su pleno goce y ejercicio.
Jorge Semprún, en su profunda y estremecedora obra testimonialLa escritura o la vida,
resume con estas bellas palabras el poder de la lengua: ―Siempre puede decirse todo, el lenguaje
lo contiene todo. Se puede expresar el amor más insensato, la más terrible crueldad. Se puede
nombrar el mal, su sabor de adormidera, sus dichas deletéreas. Se puede expresar a Dios, lo que
no es poco. Se puede expresar la rosa y el rocío, el lapso de la mañana. Se puede expresar la
ternura, el océano tutelar de la verdad (...), corriendo el riesgo de no salir victorioso del empeño,
de prolongar la muerte, llegado el caso, de hacerla vivir incesantemente en los pliegues y
recovecos del relato, de ser tan solo el lenguaje de esta muerte, de vivir a sus expensas,
mortalmente.‖
Y mi distinguido colega y escritor Juan Valdano nos dice con sumo acierto: ―Ser parte
de un idioma es respirarlo, es habitarlo, es compartir con otros un torrente de experiencias
acumuladas por la tradición de un pueblo. Como ecuatoriano, como hispanoamericano —
proclama— soy un ciudadano de la lengua española‖.
Cultura y libertad

La libertad de las personas y comunidades para ejercer sus derechos culturales en forma
individual, en asociación con otros o a través de una comunidad determinada es una elección
cultural que debe ser reconocida, respetada y protegida sin restricción alguna.
Sólo en algunas circunstancias puede ser necesario arbitrar ciertas limitaciones, como,
por ejemplo, aquellas destinadas a impedir determinadas prácticas negativas atribuidas a la
costumbre y la tradición. En efecto, la experiencia ha demostrado que el concepto de ―prácticas
culturales‖ era utilizado en algunos casos para tratar de justificar la persistencia de ciertos
estereotipos, costumbres o tradiciones reñidas con los derechos humanos, como la ablación
genital femenina o los castigos corporales en determinadas comunidades.
Al respecto, en mi propuesta se incorporó el criterio de que la cultura refleja y configura
los ―valores de bienestar‖ de individuos y comunidades en una sociedad democrática. Sobre
esta base, el Comité decidió emplear en adelante la expresión ―práctica cultural‖ para referirse
sólo a aquellas que transmiten valores culturales, excluyendo cualquier otra contraria a los
derechos humanos.
Defender los derechos humanos es defender la cultura. La libertad de expresión, parte
esencial de aquélla, merece nuestra particular atención en el momento actual, puesto que toda
forma de negación o limitación de esta libertad no sólo constituye violación de un derecho
humano, sino que desvela temor al pluralismo intelectual y al espíritu crítico.Significa,
asimismo,regresión y barbarie.Prohibir la publicación de un libro, por ejemplo, equivale a
apagar la luz que alumbra la palabra, o a echar en la hoguera de la intolerancia las ideas ajenas.
Por ello, no es extraño que las medidas políticas contra la libertad de expresión constituyan la
cédula de identidad de los regímenes totalitarios y autoritarios. Nada complacería más a los
constructores del poder omnímodo que conseguir, por cualquier medio a su alcance, que todos
pensemos igual que el régimen dominante o que callemos frente a la maquinaria oficial
encargada de fabricar verdades que no son tales o de clonar siervos sumisos y dóciles ovejas.
Una maquinaria semejante proyectó en la ficción —con espeluznante crudeza— AldousHuxley
en Un mundo feliz. Y en la novela 1984, George Orwell creó la figura del Gran Hermano, un
ente omnipresente capaz de escudriñar nuestras más íntimas actividades.
La libertad de expresión —que es una de las facultades de la lengua— es un derecho
humano en sí mismo y, como tal, no admite restricciones. Los derechos humanos no son
material maleable que se pueda acortar o alargar según convenga al poder político. Al ser un
derecho humano, su plena realización implica la necesidad de regular que los actores estatales
no interfieran en el libre ejercicio de la libertad de expresión, y no al revés. Los derechos
humanos son de las personas, y las obligaciones, del Estado. Así de simple y de complejo.
Con acierto, esta noble Academia ha reivindicado la libertad de la lengua y de la
palabra. Así, mi distinguido colega Hernán Rodríguez Castelo defendió hace poco ―el clima de
libertad absolutafrente a cualquier poder estatal y de jubilosa servidumbre al poder de la
palabra‖.
Muy recientemente, nuestra distinguida directora, Susana Cordero de Espinosa, tuvo el
acierto de recordarnos al respecto las palabras de Don Quijote a su fiel escudero Sancho: «La
libertad (...) es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos: con ella no
pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como
por la honra, se puede y se debe aventurar la vida‖.
He aquí, distinguidas amigas y amigos, mis comentarios sobre la cultura y la lengua.
Durante mi exposición he tratado de trazar, desde mi experiencia, los avances conseguidos en el
campo del derecho internacional para reafirmar un concepto esencial: la cultura, y la lengua y la
libertad de expresión como partes esenciales de ella, no son sólo conceptos antropológicos o de

las ciencias políticas sino, sobre todo y ante todo, derechos humanos. Comprender esto es
alcanzar el núcleo mismo de la condición humana, su verdad intemporal.
No puedo concluir mi discurso sin plasmar en él mi profundo agradecimiento al
embajador Francisco Proaño Arandi por haber aceptado generosamente contestar a mi
intervención. He tenido el privilegio de compartir con él no sólo las tareas propias del oficio
literario, sino también la carrera diplomática y la promoción y defensa de los derechos humanos,
ámbito en el cual él desempeñó, con ejemplar brillantez e independencia crítica, altas funciones
directivas en la Cancillería ecuatoriana. Francisco Proaño Arandi es uno de los grandes
escritores del Ecuador contemporáneo; los productos de su pluma, un paradigma de estilo,
claridad y agudeza intelectual; y sus novelas y relatos, obras que han enriquecido la literatura
ecuatoriana, proyectándola fuera de nuestras fronteras. Pero, sobre todo, Francisco Proaño
Arandi es un hombre cuya integridad moral e intelectual es la marca insobornable de un espíritu
libre, un caballero de las letras a quien admiro y respeto profundamente.
Gracias, señora directora, por haber realzado usted con sus finas palabras y presencia
esta ceremonia.Desde la silla que paso a ocupar deseoexpresarle públicamente mis
felicitaciones más sinceras por liderar esta Academia con su reconocida solvencia intelectual y
por haberla conducido—en feliz seguimiento de gestiones iniciadas por ilustres predecesores—
hasta la nuevasede que ella merece en el centro histórico de la capital ecuatoriana.

REALIDAD NACIONAL
DE LAS CUOTAS A LA PARIDAD – EL CASO DE ECUADOR
Acción proactiva del Movimiento de Mujeres
Francisca Morejón Cruz
Secretaria Ejecutiva Nacional
Red de Mujeres Políticas del Ecuador –REMPE
Las mujeres en el ecuador al igual que muchas otras en el mundo han tenido
que desarrollar su vida desde el espacio privado, a donde fueron relegadas por
la división del trabajo, en productivo y reproductivo.
El pensamiento liberal, el acceso a la educación, los avances científicos que
permitieron a las mujeres controlar su fecundidad y la lucha por la igualdad de
los derechos desplegada por el Movimiento de Mujeres a nivel mundial, ha
permitido que las mujeres salgamos al espacio público.
Alrededor del mundo las mujeres han debido dar grandes batallas a fin de que
los estados garanticen su derecho al voto. Ecuador fue el primer país en
América Latina en reconocer este derecho; sin embargo, el ejercicio del
derecho al voto por parte de las mujeres, no permitía tomar decisiones e incidir
en políticas públicas que afectaban el desarrollo de sus vidas; votar no significó
que las mujeres hayamos alcanzado en tratamiento equitativo que garantice la
igualdad ante la ley.
En el Ecuador la Ley de Cuotas entró en vigencia en Febrero de 1997, con la
llamada Ley de Amparo Laboral de la Mujer, y con un porcentaje del 20% de
participación de mujeres en las listas pluripersonales.
La Constituyente de 1998, por las razones que la inspiraron y la presencia de
nuevos actores en la arena política especialmente los movimientos social, los
indígenas y las mujeres, se constituyó en un interesante esfuerzo para
construir un estado más incluyente e igualitario, que se vio reflejado en el
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades
indígenas y de los derechos específicos de las mujeres, niños, niñas y
adolescentes.
Respecto de las mujeres se constitucionalizó el derecho a una vida libre de
violencia, los derechos sexuales y reproductivos, políticos, laborales y el
acceso a los recursos y a la igualdad y corresponsabilidad de hombres y
mujeres en la familia; también se establecieron algunas garantías como la de
incorporar la perspectiva de la igualdad de género en la educación, en el
sistemas de salud, así como crear institucionalidad propia.
En el año 2000, el Congreso Nacional reformó la Ley de Elecciones,
aumentando al 30% la representación de mujeres e incorporando un 5% en
cada elección hasta alcanzar la paridad. Conjuntamente se introdujeron en la
norma los principios de alternancia y secuencialidad para la conformación de
las listas de candidatos emitiendo una acción afirmativa por la cual el Tribunal
Supremo Electoral, en todas sus delegaciones - de oficio o a petición de parte -
podía negar la inscripción de listas por no cumplir con la cuota.
La consecución de la cuota y la paridad, que de forma incisiva incidió en el
ingreso de las mujeres ecuatorianas a la política formal, coincidió con una

etapa de inestabilidad política del país, íntimamente relacionado con una crisis
de representatividad de las organizaciones políticas que trajo consigo su
desprestigio y una creciente protesta social que exigía la reorganización del
Estado.
En 1996, sin la ley de cuotas en Congreso tenía 5 Diputadas mujeres de un
total de 82, lo que significaba el 6,09%. En 1998, en aplicación de la Ley de
Cuotas que otorgaba el 20% de participación de mujeres, llegaron 16 de un
total de 121, lo que equivalía al 13,22%; y en el año 2002 la cuota electoral
aplicada fue del 35%.
Varios estudios sostienen que las mujeres tienen mejores posibilidades de ser
electas, aún ahora con la paridad constitucional, cuando ocupan las primeras
candidaturas; así mismo, la aplicación de la alternancia y secuencia, permite a
las mujeres alcanzar mayores dignidades en el espacio público
La paridad en el Ecuador, es producto de un debate público sobre participación
política de las mujeres - librado por las mujeres organizadas – que exigían la
aplicación de la Ley de Cuotas y las élites políticas que se negaban a cumplir.
Ese debate tuvo la virtud de tocar el imaginario social de que las mujeres tienen
derecho de participar y compartir el poder igualitariamente con los hombres, ya
que su ausencia del escenario político, habla de una democracia inexistente
que debía ser corregida.
En la Asamblea Constituyente del 2008, en Montecristi, se logró la
constitucionalización de la paridad en todos los espacios del poder público. Las
mujeres fueron actoras principales en todo este proceso, preocupadas por los
problemas nacionales, pero reivindicando sus agendasy demandando del
Estado la garantía de los derechos alcanzados en la Constitución del 98; así,
fueron parte de las movilizaciones ciudadanas y de los movimientos sociales
que reclamaban cambios en el ejercicio del poder; se plantearon propuestas de
reforma política desde una perspectiva de género y abonaron con sus luchas a
demonstrar la debilidad institucional provocada por las élites partidistas.
Cabe señalar que el proceso reivindicativo de las mujeres ecuatorianas tiene
una historia más antigua que 1997. El Ecuador es el pionero en América Latina
en el ejercicio del voto (1924) con Matilde Hidalgo y el Movimiento de Mujeres
tiene un acumulado de décadas en la lucha por la participación y visibilización
política de las mujeres. También ha influenciado enormemente el contexto
internacional, los aportes del feminismo mundial, la incorporación de los
derechos humanos de las mujeres en el sistema de Naciones Unidas, el haber
declarado en 1975 el Día Internacional de la mujer, la Declaración y Plataforma
de acción de Beijin y el seguimiento que se hizo por parte de Naciones Unidas
y de la cooperación internacional, de los acuerdos y convenios que el Estado
Ecuatoriano había suscrito en esta materia orientado hacia el impulso de los
derechos políticos de las mujeres desde la participación ciudadana.
La Constituyente del 2008, se desenvolvió en circunstancias distintas a las del
año 98, pues contaba con una elevada legitimidad social; la tendencia política
de izquierda obtuvo una gran mayoría de asambleístas constituyentes, fue
declarada de plenos poderes y en su composición fue importante los nuevos
liderazgos políticos de: jóvenes, mujeres y diversidad étnica y sexual. Las
mujeres por efectos de la paridad alcanzaron el 35% de los escaños.
Al interno de las discusiones, la defensa de la paridad y alternancia se
sustentó principalmente en el principio de igualdad material o real, en el
derecho a ser elegidas y en las medidas de acción positiva como mecanismos

compensatorios de las situaciones de desigualdad fáctica; argumentos que
sirvieron para contrarrestar a los detractores de las cuotas, que no perdieron
su oportunidad de intentar echar abajo la Ley de Cuotas y regresar al pasado.
Las organizaciones políticas justificaban su rechazo a la Ley de Cuotas y por
consiguiente a la paridad, señalando que no había mujeres dispuestas a
postular. Decían que convocarlas requiere un espacio previo de desmonte de
los obstáculos relacionados principalmente con la familia. Argumentaban que la
gestión política de las mujeres rinde menos, porque son nuevas en el escenario
lo que duplica y hasta triplica los roles que tienen que cumplir. Las respuestas
de las organizaciones de mujeres frente a este argumento, consistía en
identificar estas expresiones como propias de un sistema patriarcal; y, que en
lugar de detenerse había que buscar mecanismos para contrarrestarlo.
Se decía también que la paridad atenta contra el fundamento de cualquier
organización que es la autonomía de sus integrantes; con este argumento
inclusive se interpuso un recurso de amparo en contra de la resolución del
Tribunal Supremo Electoral que aprobó en el año 2007 el 50% de mujeres y
hombres y la forma alternada y secuencial como se debían llenar las listas de
candidatos/as para las elecciones pluripersonales, demanda que fue rechazada
por el juez, basándose en los derechos de participación igualitaria.
La paridad y alternancia buscan alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres
en su derecho de participar, proclama elemental de un sistema democrático y
un deber cívico de las Organizaciones Políticas, que debieron promoverla por
iniciativa propia, frente a lo cual el Estado tiene la obligación de intervenir para
corregir sus falencias, poniendo límite en este caso a la autonomía partidista.
Las mujeres somos más del 50% de la población en Ecuador – y como diría
Magdalena Adum – madres del 50% restante.
Se apuntaba que las mujeres debíamos llegar por capacidad y no por cuotas,
ya que podría considerarse un privilegio ocupar puestos excluyendo a hombres
que podrían estar mejor preparados; este argumento fue contrarrestado por las
mujeres acudiendo a las estadísticas de los Centro Educativos Superiores que
daban cuenta del gran número de mujeres estudiantes universitarias con
mejores promedios de evaluación. Con ello hicieron notar la desconexión de los
partidos políticos con la realidad social.
De otro lado, los líderes de opinión, voceros de otros grupos sociales y algunas
feministas – desde su perspectiva – criticaron que las cuotas había sido la vía
de acceso a la política de mujeres que no representaban los intereses de las
mujeres; y, por el contrario reproducían con fuerza, el sistema vertical y
patriarcal de los partidos manejados por hombres. Se referían a quienes fueron
convocadas a participar como candidatas, porque gozaban de gran popularidad
por haber sido reinas de belleza, artistas, presentadoras de televisión y no
precisamente por tener una trayectoria política y de servicio. Esto también
ocurrió con los hombres que bajo el concepto de ganar las elecciones, fueron
convocados como candidatos, locutores y presentadores conocidos, artistas
populares, deportistas, etc. Estos hechos evidenciaron las falencias del sistema
político ecuatoriano y la debilidad en formación política de los militantes al
interior de los partidos y movimientos políticos. Las mujeres organizadas
señalaron que estos errores electorales de ninguna manera podrían ser
atribuidas a las cuotas de género.
El trabajo de las mujeres organizadas, al interior de las instituciones del Estado
respecto de la promoción de los derechos políticos de las mujeres, siguió una

hoja de ruta bien establecida en la que se elaboró un documento de estrategias
e incidencia y mapas de poder para visualizar a los aliados, opositores e
indecisos; se establecieron alianzas con autoridades sensibles a los asuntos de
género, con mujeres de los partidos políticos y con medios de comunicación.
El cabildeo directo con quienes tomaban la decisión, el acercamiento indirecto
con quienes podían influenciar en ellos; la creación de espacios de
coordinación e incidencia pública; la inclusión de opinión en los medios de
comunicación; así como el envío masivo de cartas, mensajes, correos
electrónicos y más sobre el tema pero sobre todo las movilizaciones, plantones,
vigilias, fueron desplegadas de acuerdo con la acción emprendida y cada una
de éstas se convirtió en un proceso en si mismo porque pasó por la formulación
de la propuesta, el mecanismo de alianzas estratégicas, el cabildeo y la
exigibilidad.
Las acciones más destacadas de este proceso promovido por mujeres son: la
formulación del Proyecto de la Ley de Cuotas; el proceso de aprobación; los
diversos proyectos de reglamentos planteados a lo largo de la vigencia de la
Ley; las dos demandas de inconstitucionalidad y otros recursos de carácter
constitucional; las acciones judiciales y las impugnaciones electorales frente a
listas mal presentadas; la veeduría y observancia del sistema electoral; las
propuestas de normas internas para las organizaciones políticas y las
demandas ante organismos internacionales, constituyeron la hoja de ruta para
lograr las cuotas y la paridad.
Las mujeres que ocupaban puestos de poder fueron vitales en la lucha por la
Ley de Cuotas y su posterior exigibilidad hasta alcanzar la paridad, cada una
cumplió un rol sustancial; las legisladoras, especialmente las integrantes de la
Comisión de la Mujer, el niño, la juventud y la familia, fueron las que impulsaron
conjuntamente con el Movimiento de Mujeres el proyecto de ley hasta su
aprobación y posteriormente fiscalizaron su cumplimiento; el Consejo Nacional
de las Mujeres CONAMU, que como institución ejecutora de la política pública
sobre la igualdad de género, tenía en su agenda institucional, promover la
participación política de las mujeres; la Defensoría del Pueblo, contribuyó
significativamente con la formulación de los informes requeridos para dar paso
a las demandas de inconstitucionalidad de las normas emitidas por el Tribunal
Supremo Electoral.
El Foro de Parlamentarias Ecuatorianas, la Asociación de Mujeres
Municipalistas, la Asociación de Consejeras Provinciales y las Mujeres de
Juntas Parroquiales, reivindicaron y posicionaron en las estructuras a las que
pertenecían, la ley de cuotas y la paridad como un derecho a la participación
política de las mujeres. Uno de los principales aportes de estas asociaciones
ha sido la capacitación política permanente de sus asociadas en el
fortalecimiento organizacional y el empoderamiento de los derechos.
Las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, tuvieron una acción
contestataria, proactiva y reivindicadora y fueron protagonistas de fuertes
movilizaciones como la toma pacífica de instituciones. Fueron estas
organizaciones las que protagonizaron la acción más desafiante al poder de los
partidos políticos como fue el impugnar las listas de candidatos. En el año
2004, por ejemplo, cuando ya contábamos con el 40% de la cuota de mujeres,
candidatas de los partidos políticos impugnaron sus propias listas por no
cumplir con la alternancia, obligando al organismo electoral a pronunciarse en
resoluciones con carácter de sentencia.

El Presidente Rafael Correa, luego de su triunfo en el año 2006, consulta al
pueblo sobre la pertinencia de convocar a una Asamblea Constituyente de
plenos poderes para redactar la nueva constitución.
Varias organizaciones de mujeres plantearon tener una propuesta unificada
frente a la Asamblea Constituyente, con reivindicaciones irrenunciables que no
serían objeto de negociación o retroceso y que pasarían a ser prioridades de
las mujeres. Se planteó la firma de un “Pacto por los Derechos de las Mujeres”
en el que se contemplaba:
Mantener todos los derechos conquistados en la Constitución del 98
El estado laico que significa la libertad de conciencia
El derecho a la igualdad real y la aplicación de acciones afirmativas para
compensar las desigualdades históricas producto de la discriminación.
Derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su cuerpo,
salud sexual y reproducción.
Representación paritaria de hombres y mujeres en todas las funciones
del Estado y en los cargos públicos sean estos de elección popular o
designación.
Justicia de género, protección especial a víctimas de delitos sexuales y
violencia de género.
Prohibición de ser candidatos y candidatas a elección popular, quienes
adeuden pensiones alimenticias.
Erradicación del Sexismo, machismo, androcentrismo y prácticas
discriminatorias.
Determinación del valor productivo del trabajo doméstico y la
universalización de la seguridad social.
El lograr que en la Constitución de la República del año 2008 la paridad se
inscriba como derecho de participación no sólo en el campo electora sino en el
sector público en general, tuvo como principales actoras en la asamblea
constituyente a mujeres identificadas como feministas, otras provenientes del
trabajo en organizaciones de mujeres y otras que voluntariamente se adhirieron
a la agenda de la defensa de los derechos de las mujeres. Su rol fue el
promover la paridad como mandato constitucional.
Para tener el “país que soñamos” decía el Presidente Corre en el año 2007
“hay que ser solidario, incluyente, no discriminatorio, en el que se respeten los derechos
humanos de las mujeres y se considere a la paridad y a la alternancia como los mejores
aliados de la democracia”
En el primer mandato el Presidente Correa conformó su Gabinete con una
paridad casi exacta; indudablemente cuando la Matriz productiva tenía
prioridades sociales.
Con las elecciones de febrero del 2013 y el inicio de su nuevo mandato se
cambia la matriz productiva y ya no existe paridad en el Gabinete Ministerial.
Contrariando el Art. 65 de la Constitución, se han nombrado a 33 hombres y 11
mujeres en Ministerios Coordinadores, Ministerios y Secretarías Nacionales,
por citar los más relevantes.
La paridad en el sistema ecuatoriano se aplica para la conformación de listas
de candidaturas pluripersonales, sin que esto signifique que todas las inscritas
van a llegar a una curul. En las elecciones para Asambleístas Nacionales y

Provinciales celebradas en febrero del 2013, las mujeres obtuvimos el 40,8%
de los escaños (53 mujeres) de los cuales 6 son de la oposición. Por primera
vez tres mujeres son autoridades máximas de la Asamblea Nacional, sin
embargo su gestión no refleja un compromiso con la agenda de las mujeres.
También es cierto que la incorporación de mujeres en puestos de decisión no
es equivalente al acceso al poder, las preocupaciones por los temas de género
y derechos se quedan en el nivel declarativo y retórico porque no constituyen
una prioridad para los cálculos de quien ejerce el poder verdadero. Se percibe
que aunque se legisle a favor de las mujeres, muy poco se hace para
implementar políticas públicas que efectivamente atiendan sus intereses. La
buena voluntad no es suficiente, en muchos casos por falta de claridad
conceptual, para conducir políticas diferenciadas, se expiden normas que en la
práctica constituyen retrocesos; funciones legislativas como la fiscalización que
en otro tiempo fueron tremendamente útiles para la exigencia de los derechos
de las mujeres, hoy se encuentran inactivas.
El tener derecho de entrada, no fue suficiente. Hoy se cuestiona que la
incorporación de más mujeres en la política, no ha traído consigo
transformaciones sustantivas que cambie el esquema de hacer política en el
país como se deseaba; y muchas de ellas forman parte de las lógicas que
alimentan el clientelismo, el caudillismo, la defensa de intereses particulares y
de grupo; entrando en la disputa de élites y su lealtad juega más con la lealtad
al partido o al caudillo que inclusive con su propia condición de género. En la
sustancia no se ha modificado la relación entre lo público y lo privado; ni la
relación de poder entre hombres y mujeres, porque las manifestaciones de
dominación y subordinación de unos a otras, continúan.
La experiencia en la aplicación de las cuotas y la paridad demuestran que
éstas, por sí mismas, no son agentes de cambios cualitativos. Se requiere por
tanto el concurso de otros elementos, entre ellos el trabajo al interior de las
organizaciones políticas en la generación de agendas y propuestas, así como
en la construcción de condiciones políticas favorables para su implementación,
aspectos que pasan por la formación y capacitación de cuadros que mejore la
condición de participación política de las mujeres, estableciendo códigos de
conducta que erradiques los comportamientos sexistas y de violencia política.
Es muy importante que las mujeres organizadas no bajen la guardia y estén
siempre atentas a los cambios de legislación, o de comportamiento político de
las actoras y actores que puedan poner en riesgo el camino recorrido y los
logros conseguidos.
Hoy, frente a la coyuntura ecuatoriana, el Movimiento de Mujeres - que ni el
patriarcado ni el capitalismo pudieron callar - esta movilizado; las mujeres
organizadas venimos de la creación de espacios emancipatorios; y la fuerza de
la acción colectiva es nuestra mejor estrategia.
Dolores Cacuango decía:
Somos como los granos de quinua,
Si estamos solas en viento lleva,
Pero si estamos unidas en un costal,
No hay viento ni tempestad que mueva.

BIBLIOGRAFIA:
Burbano de Lara Felipe – “ El impacto de la cuota en los imaginarios maculinos de la política”
Cañete María Fernanda – “ Reflexiones sobre Mujer y Política”
GoyesSolanda - “De la Ley de Cuotas a la Paridad”
Consejo Nacional Electoral - “Nueva Democracia – Revista Institucional”
Valdez Anunzziata – “Informe de la Comisión Especializada y Permanente de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia- Período
1998-2000”

RELIGION
La Santería y el culto a Chávez, por Eduardo Mora Anda
LA SANTERIA Y EL CULTO CHAVISTA
La llamada santería es una religión sincretista que resultó del tráfico de esclavos que fueron
llevados desde el Africa a las islas del Caribe, Venezuela y al Brasil. Combina elementos de la
religión africana Yoruba (v), el Catolicismo popular y las supersticiones locales. La Santería se
ha dado sobre todo en Cuba, donde lleva este nombre. En el Brasil la influencia de los yorubas y
también las tradiciones y leyendas de la etnia africana bantú produjeron el Candomblé y la
Umbamda. Parecido a la Santería es el Shango de la isla caribeña de Trinidad. La Santería
confunde o equipara a los santos católicos con los dioses yorubas (orishás). Así por ejemplo,
Oxalá (el principio masculino) es Jesús, Agayu es San Cristóbal, Yemanyá o Iemanjá es la
Virgen María, Xango en Cuba es Santa Bárbara (aunque cambia de sexo) y en Brasil, San
Jerómino y, en fin, Oruba es San Francisco. (En los Estados Unidos no ocurrió lo mismo: una
evangelización distinta, de rigor protestante y el uso de la Biblia hicieron que la población de
origen africano se hiciera cristiana, generalmente bautista o metodista, aunque posteriormente
algunos se pasaron al Islam o al Judaísmo).
La confusión que se da en la Santería es doble porque, como ha señalado el obispo cubano
Eduardo Boza, la santería es politeísta y la Virgen y los santos cristianos ¨no son dioses¨ sino
seres humanos virtuosos, que han dado ejemplo de fidelidad a Dios y de amor. ―La santería,
añade, es la religión del temor, del miedo‖: hay que cumplir con actos y ritos especiales para
liberarse de males y apartar a los poderes maléficos, o para tener suerte. ―Se teme más que se
ama‖. El creyente en Dios- cristiano, parsi, sikh, islámico o judío – no tiene necesidad de vivir
en estos temores pues está protegido por el amor del Padre Creador, que vela por todos
nosotros…
La Santería incluye ritos, adivinación y danzas que llevan a trances así como ―trabajos‖ que
practican los llamados santeros o balbados para liberar de males y enfermedades y dar suerte y
protección. Muchos de estos así llamados ¨trabajos¨ en realidad son un negocio de explotación
comercial. También se suelen realizar sacrificios de animales, que nos parecen inútiles y un
pecado contra inocentes criaturas que no merecen morir por vanas supersticiones.
En Haití la religión africana se combinó con la magia negra y dio origen al maléfico Vudú,
que ha hecho tanto daño a esa pobrísima y atrasada nación. El vudú fue practicado por Duvalier
y otros tiranos y ―presidentes‖ del país isleño.
A Venezuela la Santería llegó también con los esclavos y, parecidamente a lo que ocurrió
en Haití y aun en Cuba con ciertos ―gobernantes‖, fue practicada por el caudillo ―bolivariano‖
Hugo Chávez. Se dice que Chávez se sometió incluso a ceremonias sangrientas, con tal de
asegurar su poder. La muerte de este pintoresco dictador puso a temblar a sus herederos,
corruptos y mediocres, los cuales no hallaron mejor soporte para sus menguadas figuras y para
el régimen ―revolucionario‖ que beatificar a Chávez e iniciar un culto de este tirano que
convirtió a uno de los países más ricos de América Latina (dueño de hierro, petróleo, pesca y
extensos territorios fértiles) en uno de los más más aquejados por la escasez de alimentos y la
delincuencia. Chávez, con sus nacionalizaciones, con su gigantesca burocracia, con el gasto
desmesurado en armas y en propaganda, con los regalos de petróleo a una serie de países para
socorrer a gobiernos incompetentes, y con el asalto a los fondos fiscales, dejó en las manos del
mediocre Maduro un país casi en ruinas, que tendría que ser reconstruido desde los cimientos.
Pero como los demagogos saben bien que al pueblo iletrado se lo convence con emociones y
supersticiones, pronto Maduro habló de apariciones y milagros de Chávez: ya era un pajarito
que representaría al fallecido caudillo (¡grave ofensa para criaturas tan nobles como las aves!),
ya apareciéndose en alguna pared de los túneles del Metro caraqueño. Pero como nada hay

como las peregrinaciones para afirmar ciertos mitos, el gobierno bolivariano no sólo ha
construido un museo y una gran tumba para que descanse Hugo Chávez, sino que también ha
erigido una capilla, para que se le rece a este nuevo santo de la más oscura santería. Y allá van
los más ingenuos y también los que quieren mostrar su filiación revolucionaria, y allá llevan a
los niños…Para consolidar el mito, para seguir repitiendo esa misma mentira hasta que parezca
verdad e Historia. Para que el poder no se les escurra…Y mientras tanto, no hay víveres para los
venezolanos, no hay orden para los ciudadanos de Venezuela, no hay paz para los habitantes del
Llano y de Caracas. ¡La revolución ha inventado otro santo falso!
Eduardo Mora-Anda.

Revista ADIP Nº4

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