El documento define la represión social como la acción del gobierno para impedir la libre expresión de ideas u opiniones de protesta social a través de medios legales o ilegales, que generalmente involucran algún grado de violencia. La represión legal se apega a la constitución mientras que la ilegal no respeta las leyes. El objetivo de la represión es no solo detener a quienes violan la ley, sino también disuadir a otros de imitar ese comportamiento.