Documento sobre la reforma de pensiones elaborado por IU

1. Frente al ataque a los pensionistas
Recuperar y reforzar el sistema público de pensiones
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2. 1/ El Proyecto de Reforma del PP. Antecedentes y datos básicos
La Reforma del PP es coherente, por sus objetivos, con la reforma de las pensiones
aprobada por el Gobierno del PSOE y que se concretó en la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre “Actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad
Social”.
En efecto, dicha reforma planteaba:
 El objetivo de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aceptando –
por tanto- que éste no es sostenible.
 El recorte del gasto global en pensiones, hasta un total de 4,8 puntos de PIB en
2027, según nuestras estimaciones
 La pérdida de poder adquisitivo de la mayor parte de las categorías de
pensionistas
 La consideración exclusiva de medidas de recorte del gasto como vía para
solucionar los supuestos problemas del sistema.
Este planteamiento respondía a una exigencia de la troika cuyos objetivos eran y son:
a) Extender en España el sistema privado de pensiones para continuar
fortaleciendo al capital financiero
b) Asegurar que el Estado deja libres recursos suficientes para pagar la deuda
al sistema financiero internacional
Izquierda Unida ya presentó entonces una crítica de fondo y una propuesta alternativa
a dicha reforma (aprobada con los votos del Partido Popular y de CIU y PNV). Las
propuestas alternativas de Izquierda Unida fueron ignoradas en su totalidad.
El nuevo Proyecto de Reforma de las Pensiones del Partido Popular representa
sustanciales agravamientos respecto de la reforma del PSOE de 2011, que pueden
resumirse en:
-
El adelanto de la aplicación del factor de sostenibilidad a 2019, cuando no
estaba previsto hasta el 2027.
-
La aplicación del índice de Revalorización de Pensiones –justificado por criterios
demográficos escasamente científicos- para rebajar la pensión inicial
introduciendo mecanismos fundamentales de los sistemas de capitalización (los
sistemas privados de pensiones) en el sistema público (que es un sistema de
reparto y solidaridad).
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3. Hay que reconocer y saludar que, ante la reforma actual, los sindicatos mayoritarios y
el propio PSOE han reaccionado cuestionando algunos de los planteamientos de fondo
que ante aquél proyecto de Ley aceptaron o, en el caso del Gobierno socialista,
implementó. Comisiones Obreras ha estimado que la reforma del PP conlleva una
pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas que se sitúa entre un 14,8% y un
28,3% durante los próximos 15 años, según se concreten los elementos de la reforma
del sistema y según sea la inflación real.
Este recorte hay que añadirlo al originado por la reforma del PSOE que antes
hemos señalado. Ambos recortes no sólo se suman sino que se amplifican. Actúan
sobre campos diferentes y se refuerzan produciendo una baja mayor del poder
adquisitivo. La reforma del PSOE afectó a la edad de jubilación y las condiciones de
cotización para establecer la base reguladora y cobrar la pensión máxima,
perjudicando de forma diferenciada según la vida laboral de los diferentes colectivos
de pensionistas. La reforma del PP interviene sobre la pensión inicial, generalizando la
pérdida, y sobre la revalorización de las pensiones. Estamos ante un escenario de
pérdida añadida de 1.500 euros/año sobre la pensión media, siempre que la inflación
no aumente excesivamente. Un verdadero drama económico y social de gravísimas
consecuencias, caso que se llevara a cabo.
2/
El discurso justificativo de la Reforma: una letanía monocorde
El Partido Popular asienta todo su discurso justificativo únicamente en una pretendida
amenaza sobre el Sistema Público de Pensiones, que ellos quieren defender. Según
eso, es el incremento previsible de la esperanza de vida lo que, unido a un presunto y
amenazante “colapso demográfico”, está provocando e incrementará un creciente
peso del número de pensionistas sobre el total de la población. Reducir drásticamente
las prestaciones permitiría “proteger” el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y con
ello la viabilidad futura de las propias pensiones.
Se trata de un discurso falaz y demagógico, que es preciso combatir
enérgicamente, porque el sistema público de pensiones no está amenazado
Izquierda Unida parte del criterio de que el sistema público español de
pensiones está garantizado. De hecho, y sin que hayan sido aplicadas ninguna de las
medidas de las reformas del PSOE, el sistema es viable y sólo ha sido necesario recurrir
al Fondo de Reserva tras cinco años de crisis, un nivel de paro del 27%, niveles de
economía sumergida próximos al 25% del PIB y un descenso de las rentas salariales
superior al 7%. Precisamente el Fondo de Reserva fue creado para contingencias de
este tipo. Curiosamente, la tan cacareada e inminente “salida de la crisis” que enarbola
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4. con entusiasmo el Partido Popular iría en el sentido contrario al catastrofismo que
interesadamente alienta toda esta Reforma.
El aumento de la esperanza de vida se justifica en la Memoria del proyecto del
PP de forma mecánica y simplista. No se tiene en cuenta que la esperanza de vida
depende de factores sociales, económicos y sanitarios que no responden a una mera
matriz matemática. De hecho, es conocido que tras el cambio de sistema en la antigua
Unión Soviética, la esperanza de vida del conjunto de la población descendió 10 años o
que, según recientes estudios, el aumento de la esperanza de vida se ha estancado en
España como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales.
Es cierto que el número de pensionistas aumentará de forma significativa en el futuro,
pero no es menos cierto que el incremento mayor comenzará a limitarse a partir de
2050 como consecuencia de la desaparición de las personas integrantes del baby
boom de la década de los 60. Si, efectivamente, la población española está
actualmente disminuyendo, ello también apunta, por lógica, a que el número de
pensionistas también disminuirá en su momento en términos absolutos.
En todo caso, es muy osado hacer predicciones concretas sobre demografía en un
horizonte superior a 10 años y no se puede atribuir a las mismas un carácter científico.
Esto queda claro si se examinan las previsiones del INE de hace 30, 20 o 10 años y se
comparan con la realidad actual.
Tecnicismos aparte, lo que trasciende de este enfoque casi unidireccional en los
cálculos sobre la esperanza e vida en los que se apoya el Proyecto de Reforma es que
está tomado de los métodos de cálculo de los seguros privados, que se rigen por el
sistema de capitalización, que deberían de ser ajenos a un sistema público basado en
un reparto solidario.
Tampoco es aceptable, desde nuestro punto de vista, fundamentar el análisis en una
concepción limitada de la llamada tasa de dependencia, es decir en la mera relación
numérica cotizantes/pensionistas. Al menos, en cualquier caso, habrá que tener en
cuenta la relación ingresos por cotizaciones/gasto en pensiones contributivas, lo que
está vinculado al nivel de salarios, al nivel de cotizaciones y su modalidad (topadas o
no, penalizadas en determinados tipos de contratos o en horas extras o no, etc.), entre
otros factores. Viçens Navarro y otros autores insisten en que también hay que tener
en cuenta el aumento de la productividad.
Los expertos ideólogos del capital financiero, entre los que se encuentran una parte
sustancial del Grupo de Expertos que ha elaborado el informe en el que se fundamenta
la reforma del PP, plantean, como otros informes del mismo patrón, hechos en los
últimos 20 años, una crisis demográfica. Es por esto que bancos y las cajas han
publicado regularmente informes anunciando el colapso de las pensiones en un plazo
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5. de diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en
1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009). El
objetivo: crear alarma sobre el futuro de las pensiones públicas. Nada de eso ha
ocurrido, pero este Proyecto de Reforma ha convertido dicho catastrofismo interesado
en piedra angular de su Reforma de las Pensiones.
3/ Los verdaderos objetivos del Proyecto de Reforma del Partido Popular
Estamos ante una nueva piedra angular de la contra-reforma generalizada que está
aplicando inmisericordemente el Partido Popular sobre las garantías sociales y
constitucionales de toda la ciudadanía. Difícilmente el aparato propagandístico del
Gobierno podrá ocultar el objetivo real de esta Reforma: arrancar a los pensionistas
más de 70.000 millones de euros, (en la hipótesis más lógica de incremento del IPC en
los próximos años), única garantía que acepta la troika para hacer frente a la deuda
española. En efecto, la propia Memoria del Ante-proyecto de Ley reconoce que el
recorte de gasto sería de 32.900 millones de euros en el período 2014-2022, aunque lo
que no dice es que dicha cifra se ha calculado considerando una muy poco realista
tasa de inflación del 1%. Una mucho más previsible tasa de inflación del 2% (inflación
media del último período) dispararía el recorte hasta superar ampliamente esa
cantidad. De no lograr la derrota de esta propuesta lo que estaría amenazado no sería
sólo el sistema público de pensiones, sino la cohesión social y la misma estabilidad del
sistema económico, social y político.
Esta Reforma se emparenta, en sus consecuencias económicas sobre la población
afectada, con la Reforma Laboral, con la que inauguraron gloriosamente la actual
legislatura. Ambas han sido dictadas por los mismos intereses.
4/
La alternativa de Izquierda Unida
a/
Los principio generales de nuestras propuestas
-
Tras constatar que el sistema público de pensiones no está amenazado, a no ser
como consecuencia de las políticas neoliberales, Izquierda Unida propone un
conjunto de medidas concretas para consolidarlo y garantizarlo frente al ataque de
los representantes políticos del capital financiero y mejorarlo.
Con este objetivo central, no sólo es necesario perseverar y consolidar la
separación de fuentes de financiación, sino muy especialmente deslindar el gasto
de forma que pueda reestructurarse el sistema estableciendo una correlación
estrecha entre cotización social y pensión estrictamente contributiva (salario
diferido). Con ello, se liberan recursos imprescindibles para avanzar hacia la
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6. jubilación a los 60 años y para el aumento de las pensiones, priorizando las más
bajas, para mejorar la capacidad adquisitiva de los pensionistas. En esa dirección es
preciso recuperar la indexación de las pensiones al IPC, y asegurar la cotización de
las becas y de los contratos en prácticas y considerar el tiempo de servicio militar
como tiempo cotizado, para garantizar los períodos de cotización.
-
Insistimos en que Izquierda Unida se opone a cualquier medida que parta, implícita
o explícitamente, del supuesto de la vulnerabilidad del sistema público de
pensiones, porque esa aceptación conduce irremediablemente a la aceptación de
los modelos neoliberales de reforma.
-
Izquierda Unida considera que, contrariamente a lo que pretende el Proyecto del
PP, que no es otra cosa que debilitar el sistema público de pensiones mediante su
recorte brutal y, en consecuencia, la disminución de sus recursos, es necesario
fortalecerlo, en primer lugar, mediante la modificación de la política de ingresos de
la Seguridad Social. La realidad es que el gasto en pensiones sobre PIB es en España
del 10,2% mientras que la media de la UE se sitúa en el 13,5%; es decir hay algo
más de 3 puntos de diferencia. Por tanto, un margen importante, comparando
España con la media de la UE.
Por otro lado, los gastos en pensiones estrictamente contributivas son en 2013 de
90.500 millones de euros, a los que hay que sumar los costes de gestión, mientras
que los ingresos por cotizaciones sociales son de 97.700 millones. Hay, pues un
superávit de unos 6.000 millones de euros. El presupuesto total de la Seguridad
Social en 2013 es de 118.800 millones de euros.
Como era de esperar, en ningún momento en el Proyecto de Reforma se plantea
incrementar los ingresos, que sería lo posible y razonable, sino que, atiende
únicamente al objetivo real del Proyecto, que es el de esquilmar a los pensionistas
actuales y futuros. Izquierda Unida considera que las políticas de mejora del
sistema público de pensiones se deben fundamentar en políticas de ingresos. Las
cotizaciones sociales (la cuota patronal) son costes laborales y tienen la
consideración de salario diferido. Pero si sustituimos cotizaciones por impuestos
estaríamos produciendo una reducción de costes salariales y, de hecho, una
trasferencias de recursos al capital, cuando no una reducción de los salarios.
Por ello, para asegurar que no se produce ese trasvase y, al mismo tiempo, reforzar
el sistema público de protección social, en nuestra propuesta separamos lo que son
pensiones contributivas de otro tipo de prestaciones sociales (complementos de
mínimos, por ejemplo u otros gastos sociales y sanitarios del sistema de la
Seguridad Social), que sí podrían ser financiados fiscalmente y de las políticas de
estímulo económico que deberían tener el mismo tipo de financiación.
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7. -
Por otra parte, el PIB se ha multiplicado en los últimos 20 años aproximadamente
por 2,5 y esto considerando fases de desarrollo y fases de crisis. Todo permite
suponer que ese factor de multiplicación puede conservarse en los próximos 20
años. Las previsiones del Banco de España confirman estos datos. Esto significaría
que en 2033, nuestro PIB sería superior a los 2,5 billones de euros. Siguiendo la
metodología del profesor Navarro, aunque las pensiones del sistema público
ocuparan el 15% del PIB en ese año, frente a los 900.000 euros que hoy quedarían
libres sobre PIB, una vez descontado el gasto en pensiones, dentro de 20 años esa
cifra sería de superior a 1,6 billones de euros. Por tanto, problemas ninguno.
Los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema público de pensiones
no ponen en peligro la economía, al contrario, contribuyen a mejorar el consumo,
elevar la confianza y garantizar la cohesión social. Frente a ello, el Gobierno ha
tomado una decisión ideológica: pretende aprovechar unas circunstancias
coyunturales para imponer una reforma estructural del sistema público de
pensiones.
b/
Propuestas para separar los gastos en prestaciones sociales y su financiación
1.- Sustituir todas las medidas de reducción de las cotizaciones por medidas de
bonificación y su financiación con cargo a la imposición fiscal general.
2.- Financiación por los PGE de los programas y gastos de personal de la Seguridad
Social que no se corresponden con las pensiones contributivas (jubilación o
incapacidad) y otros gastos de prestaciones sociales y sanitarias de la Seguridad Social.
3.- Las pensiones por muerte o supervivencia, especialmente las de viudedad, son hoy
pensiones contributivas indirectas. Es decir, el causante es persona diferente del
beneficiario. Además, la cuantía de la prestación depende de la cotización del
causante, pero también de las condiciones económicas del beneficiario. Estas
pensiones representan un 20% del gasto total en pensiones contributivas.
Por otra parte corresponden a una etapa de nuestra historia en la que existía una
reducida incorporación de la mujer al trabajo remunerado y cotizado en la Seguridad
Social. Esta incorporación ha sido y es un objetivo importante del conjunto de los
trabajadores y del movimiento feminista. Aún hoy, esta incorporación es limitada, la
contratación de mujeres es más precaria y sus salarios más bajos. El elevado
desempleo castiga con mayor dureza a las mujeres.
Esta situación plantea un problema delicado. Aunque con una perspectiva a largo
plazo, lo deseable es que los ingresos por pensión de una persona no dependan de que
haya sido compañero o compañera de otra persona y que esos ingresos formen parte
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8. de un sistema de rentas o recursos sociales garantizados y dignos, con la orientación
programática que a eso le da Izquierda Unida, la coyuntura actual aconseja una
propuesta transitoria que garantice los derechos de pensionistas beneficiarios de
pensiones como consecuencia de muerte y, al mismo tiempo, libere recursos para
mejorar las pensiones contributivas directas.
En consecuencia, deberían permanecer en el campo de las pensiones contributivas el
52% de la base reguladora que con carácter general constituye la pensión de viudedad
y el 20% de las pensiones de orfandad, formando parte de la financiación vía PGE no
solamente los complementos de mínimos actuales, sino también las mejoras de
porcentajes en función de las condiciones económicas, de edad o de discapacidad de
los beneficiarios. Esta mejora puede estimarse en unos 4.800 millones de euros
anuales.
La aplicación de estas medidas debe hacerse progresivamente en el marco del Pacto
de Toledo. Proponemos que esta reestructuración se realice en un plazo de 4 años a
razón de 1.200 millones de euros por ejercicio. En una fase posterior y tras el
correspondiente debate social y democrático, se procedería a una reestructuración
global de esta modalidad de pensiones.
4.- Recuperación por parte de la Seguridad Social de la deuda histórica del Estado para
financiar la separación de fuentes, de acuerdo con los plazos fijados en el Pacto de
Toledo. El pago de esta deuda histórica se prorratearía en un plazo de 30 años, a partir
de 2015, e iría a engrosar el Fondo de Reserva.
Los puntos antes señalados se acogen a lo acordado en el Pacto de Toledo: “Las
aportaciones del presupuesto del Estado deberán ser suficientes para garantizar las
prestaciones no contributivas, la sanidad, los servicios sociales y las prestaciones
familiares. Asimismo, la fiscalidad general debe hacer frente a la bonificación en las
cotizaciones de contratos dirigidos a grupos de especial dificultad en la búsqueda de
empleo, así como a aquellas actuaciones que en materia de anticipación de la edad
ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos pudieran producir
distorsiones en el normal equilibrio del sistema. En el caso de que el cumplimiento de
estos objetivos requieran la adecuación del actual sistema fiscal, se incidirá en aquellas
figuras impositivas de menor repercusión en la capacidad competitiva y generadora de
empleo de la economía, sin excluir que se pueda contemplar la aplicación de una
contribución universal sobre todas las rentas”.
c/
Propuestas para hacer frente a la consolidación coyuntural inmediata del
sistema.
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9. 1.-
Elevación de los topes de cotización máxima que correspondan a partir de 1 de
enero de 2014 en un 20%, pasando de 3. 425,70 €/mes a 4.110,84 €/mes,
manteniendo la revalorización correspondiente al IPC de la pensión máxima, lo
que aumentará el contenido solidario del sistema. En este campo, en los años
en que las condiciones lo permitan podrá acercarse progresivamente la pensión
máxima a la cotización máxima.
2.-
Incremento de la cuota patronal en las contingencias comunes en los siguientes
casos:
a) Horas extraordinarias: 50%.
b) Incremento en un 10% sobre de los actuales tipos de la cuota patronal en
todos los tipos de contratos que no sean indefinidos a tiempo completo.
3.-
Combatir radicalmente la prácticas empresariales de despedir a los 11 meses,
de terminar los contratos en viernes o de contratar falsos autónomos.
4.-
Revisión de las cotizaciones y formalización de los contratos de trabajadores y
trabajadoras domésticos, para ampliar su regularización.
d/
Medidas estructurales
1.-
Equiparación progresiva de las bases medias de cotización de los Trabajadores
Autónomos con los del Régimen General. El criterio a considerar serían los
beneficios de la actividad. Objetivo a desarrollar a partir de 2015 en 10 años.
2.-
Lucha eficaz contra la economía sumergida. Se estima que unos 800.000
trabajadores y trabajadoras tiene relaciones laborales sumergidas sin alta ni
cotización en la Seguridad Social. Dentro de este objetivo, reconocer la validez a
efectos de alta en la Seguridad Social de los contratos verbales o de hecho, tal
como establece el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores.
3.-
Elevación del Salario Mínimo a 1.100 euros mes en lo que queda de legislatura.
4.-
Programa eficaz para garantizar el principio de “a trabajo igual, salario Igual” y
conseguir la equiparación del salario de las mujeres con el de los hombres.
5.-
Programa de recuperación de empleo hasta lograr al menos la generación de
los 3 millones de empleos destruidos por la crisis.
No obstante los recursos apuntados, en caso de necesidad subrayamos el
carácter subsidiario del Estado como garante de las pensiones públicas y de su
revalorización en los términos establecidos en la Constitución Española.
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10. En función de las competencias políticas del Gobierno y el Parlamento, existen
instrumentos políticos para reforzar el sistema, tales como el incremento de la
pensión mínima, que permite elevar la participación del Estado vía PGE
(complemento a mínimos) para asegurar un ingreso mínimo garantizado de
cada pensionista. Así la trasferencia de recursos se dirige hacia el/la pensionista
y no hacia el empresario.
Madrid, 4 de octubre de 2013
Secretaría Ejecutiva de Economía y Empleo de IU federal
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11. ANEXO.- Estimación cuantitativa de las propuestas de IU
Propuestas de ahorro
Propuesta
Ahorro anual en mill de €
Sustitución de reducciones por bonificaciones
600
Ahorro por financiación vía PGE de gastos de
personal y ciertas prestaciones sociales no
contributivas (1)
1.700
Financiación PGE de parte de las prestaciones
por muerte y supervivencia y otras
prestaciones familiares
1.200 (2)
(1) Se excluyen en este punto las prestaciones por muerte, supervivencia y otras
(2) Durante los años 2014-2017. Después, en función de lo acordado en Pacto
Toledo
Propuestas de incrementos inmediatos de ingresos
Propuesta
Elevación de los topes de cotización máxima
Elevación de la cuota patronal en determinadas condiciones
Combatir fraudes de contratación
Incremento anual en mill. de €
300
1.500
500
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12. Propuestas de incremento de ingresos a medio plazo
Propuesta
Incremento por objetivo cuantitativo
en mill. de €
Equiparación progresiva de las bases medias
de RTA a RG en 10 años (anualmente)
700
Lucha contra la economía sumergida
400
(afloración de empleo sumergido por cada
100.000 puestos)
Elevación del salario mínimo
100 euros/mes)
(por cada
Superación del desnivel salarial de las
mujeres (por cada 5 puntos de
500
3.000
reducción de la diferencia entre salarios
medios)
Generación de empleo (por cada 100.000
nuevos empleos)
1.000
Todas estas cantidades deben considerarse como una estimación, dada la ausencia de datos
concretos en algunos apartados, basada en estimaciones de CC.OO y en elaboración propia.
De esta estimación está excluida la propuesta de compensación al Sistema de la Seguridad
Social por las prestaciones no contributivas de las que los PGE del Estado no se han hecho
cargo en el pasado.
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