Los presupuestos de 2018 nacen bajo la presión de la calle y la debilidad del Gobierno y del entramado político.No son unos presupuestos serios sino de guiños y de transición.

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LOS PRESUPUESTOS.
Manfred Nolte
Los presupuestos públicos constituyen la piedra angular de la actividad
legislativa parlamentaria. Pero pasamos por alto con igual desconocimiento que
alegría, que la referida angularidad es delegada y que la fijación de las cuentas
fiscales corresponde al pueblo, como titular de la soberanía nacional. Es el
llamado ‘principio de competencia popular’, uno de los varios que acompañan y
definen a los presupuestos públicos, en nuestro caso a los recientemente
aprobados por el Consejo de Ministros y que ahora se hallan sujetos a debate
para su eventual aprobación o reprobación. Examinaremos en consecuencia
‘nuestros’ presupuestos.
El documento publicado por el Ministerio de Hacienda como resumen didáctico
del proyecto de presupuestos del Estado contiene una nutrida información
gráfica y estadística que da pie para desmontar algún mito pasado de naturaleza
crónica respecto de la evolución fiscal en los años de la crisis 2007-2017.
También contiene datos suficientes para evaluar el futuro próximo de nuestra
economía.
La primera observación se refiere a la serie presupuestaria de la gran crisis entre
2007-2017. Su lectura exige desmontar una vez más el mito con el que se la ha
tachado de profundamente antisocial. Según amplias corrientes de opinión
tanto políticas como sociales, durante la gran recesión el gasto social ha
resultado seriamente penalizado, en aras de cumplir con el mandato del pacto
fiscal europeo, reconduciendo el déficit fiscal desde el 11% del PIB en que se
hallaba en 2011 hasta el 3,1% escaso con que ha cerrado el ejercicio 2017. Casi
ocho puntos de PIB, unos 80.000 millones de euros que se habrían sustraído de
la cobertura de las más imperiosas necesidades sociales de nuestra ciudadanía.
Pero ningún lector imparcial puede suscribir esta tesis.
Señalando entre paréntesis la doble cifra en millones de euros correspondiente
a 2007 en relación a finales de 2017, todos los gastos sociales han
experimentado aumentos en España en el lapso de la gran crisis. Han subido las
dotaciones de Salud (61.238/69.258 MM), Educación (43.336/45.936MM), y
sobre todo de Protección social (138.843/192.794MM). El déficit fiscal que tuvo

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que ser recortado en casi ocho puntos porcentuales de PIB, fue consecuencia de
un progresivo aumento de la recaudación fiscal y del recorte de otras partidas
presupuestarias, importantes como es lógico para el desarrollo económico del
país, pero de naturaleza no directamente catalogable de gasto social. Así se
redujeron en el periodo las consignaciones a Defensa (10.803/10.365MM),
Asuntos económicos (56.819/43.960MM), Protección al medio ambiente
(10.764/9.905MM), Vivienda (9.814/5.534MM), y Actividades culturales y
religión (16.933/12.676MM). El gasto público total también ha aumentado
significativamente tanto en valor corriente absoluto (421.813/476.543MM)
como en porcentaje del PIB (39%/41%).
Aparcando la anterior sopa de números, tediosa pero exigible en defensa de la
verdad estadística, los presupuestos de 2018 sugieren otras consideraciones
relevantes.
Se trata de las previsiones de crecimiento del PIB. Los presupuestos hablan de
un 2,7% para 2018, cifra que endosa AIREF como realista y que BBVA Research
estima corta aumentándola al 2,9% si el embrollo catalán encuentra una salida
medianamente sensata y hasta el 3,1% si se aprueban las cuentas públicas.
Solamente por esta última condición hay que tildar de fraude de ley y atentado a
la economía general el hecho de convertir la ley de Presupuestos en una
cuestión de confianza camuflada como se sospecha puedan pretender algunos
partidos políticos. Este crecimiento estimado del PIB tiene una extraordinaria
importancia porque propicia el aumento de los ingresos fiscales y de la mano de
la ley de Okun la deseada disminución del paro que a finales de 2018 se situaría
en el 15,5% con 475.000 puestos de nueva creación en el año. También
contribuiría a mayores prestaciones de jubilación, ahora que su déficit ha
comenzado a enjugarse por vía presupuestaria. Y la consolidación última del
déficit fiscal para cumplir con el 2,2% consensuado con Europa y dejar de ser el
farolillo rojo entre los países que cumplen con el Pacto de estabilidad.
Citando algunos detalles y repitiendo las palabras del titular de Hacienda, se
trata de “los Presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas y de los
trabajadores con rentas medias y bajas”, a los que se ha aplicado el ahorro
alcanzado en el servicio de la deuda y en las prestaciones de desempleo. Unas
cuentas plagadas de pequeños guiños electoralistas que propinan patada
adelante al balón de los grandes problemas nacionales.
Unos presupuestos moderadamente expansivos que prevén mayores gastos y
menores tipos impositivos aunque la recaudación por IRPF se incrementa un
6,5% , la del IVA, un 5,6%, y el Impuesto de Sociedades un 4,8%. El incremento
en la recaudación del IRPF está ligado a la mejoría del empleo y del nivel
salarial y es compatible con la elevación del umbral de tributación obligatoria
desde los 12.000 a los 14.000 euros. También con las reducciones por
rendimientos del trabajo para quienes cobren menos de 18.000 euros, de las
que se beneficiarán más de 3,5 millones de españoles. A los funcionarios, se les
asigna una subida salarial del 1,75% en el 2018 dentro un acuerdo plurianual
que incluye un aumento de entre el 6,1% y hasta el 8,79% hasta el año 2020,
ligado a la evolución del crecimiento económico y del cumplimiento del objetivo
de déficit público. También se contempla la equiparación salarial de todas las

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fuerzas publicas estatales y autonómicas, acuerdo que afecta a 140.000 efectivos
policiales.
Unas pensiones deficitarias con 145.000 millones se llevan el 41% del
presupuesto. Para ello el Estado prestará 15.000 millones a la seguridad social
además de disponer de 3.800 millones de la hucha de las pensiones. 6,73
millones de pensionistas van a resultar beneficiados con un incremento superior
al IPC (entre el 3 y el 1%) para el caso de las pensiones mínimas, no
contributivas, de viudedad y de cuantías más bajas. Casi dos de cada tres
jubilados.
Si los presupuestos no se aprueban, habrá que pagar un estimable peaje
económico y además, a tenor de las encuestas, unas nuevas elecciones exigirían
nuevamente un acuerdo a varias bandas en casi todos los temas de relevancia.
Lo sensato sería aprovechar la inercia de los todavía favorables vientos de cola,
aprobar las cuentas y sentarse a consensuar los grandes temas de la economia
nacional: un gran pacto educativo para la generación de conocimiento y
competitividad; la reforma de las pensiones; la financiación autonómica con o
sin condonación de su deuda y un montón de cosas más. Se llaman reformas
estructurales, tienen muy mala prensa, pero al adelgazar hoy la oferta
despiertan con vigor la demanda del mañana y con ella una economía más
próspera, eficiente y social.
Distribucion funcional del Presupuestos 2007/2017