Luis de Guindos ha tranquilizado a la población asegurando que las pensiones en España están garantizadas. Ello no significa que sean sostenibles.

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PENSIONES GARANTIZADAS PERO NO SOSTENIBLES.
Manfred Nolte
A estas alturas del guión económico, el ciudadano medio de este país se halla al
corriente no solo de la precaria situación por la que discurren las pensiones
públicas y su problemático futuro, sino también de las principales razones que
están contribuyendo a ello. Unas son de naturaleza transitoria o cíclica y
podrán corregirse o atenuarse con crecimientos vigorosos del PIB. Así, en el
caso de una incorporación masiva de trabajadores en paro al mercado de
trabajo, el volumen de las contribuciones sociales aumentaría y la financiación
de las pensiones resultaría mejorada.
Otras, por el contrario, son de naturaleza estructural, intrínseca o endémica,
de tal manera que, por mucho que crezca el empleo y la economía, se
mantendrán estables o crecientes en su perniciosa influencia sobre la viabilidad
del sistema. Recordaremos, en beneficio e información de aquellos que no
queden incluidos en el vasto colectivo arriba descrito como ‘ciudadano medio’,
cuales son las principales razones exógenas o estructurales que amenazan con la
quiebra de nuestro sistema público de pensiones.
El primer factor de la deriva estructural de las pensiones en España
se halla en el envejecimiento demográfico y la correspondiente
brecha de longevidad. La esperanza de vida de nuestros ciudadanos que en
2003 era de 79,7 años es de 82,80 en 2015 y la edad media de los pensionistas
ha pasado en igual periodo de 73,8 a 74,69 años. Ello supone más pensiones
pagadas durante mayor número de años. Si se mantuvieran las tendencias
demográficas actuales el porcentaje de población mayor de 65 años, que
actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser el 24,9% en 2029 y del 38,7% en
2064 y el número de defunciones superaría por primera vez al de nacimientos
ya a partir de 2016.
“La esperanza de vida para las personas que llegan a los 65 años viene aumentando
aproximadamente 16 meses cada 10 años”

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Un segundo elemento adverso se halla en el encarecimiento total del
pago de las pensiones: ello es debido al doble efecto del aumento de la
pensión media y del número de pensionistas. La pensión de jubilación media
que en 2006 era de 909 euros ha pasad0 a ser de 1.191 euros en 2016. A su vez,
la razón de este encarecimiento promedio se halla en la subida de las nuevas
altas que si en 2006 eran de 1.159 euros, en 2016 se sitúan en 1.447 euros. En
cuanto al número de pensionistas la progresión parte de 7,3 millones en
2006 para contabilizarse los 8,5 millones de la actualidad (9,4 con el
resto de pensiones), un crecimiento más que notable.(15MM en 2050).
La tercera razón se localiza en la evolución de los ingresos, esto es de
las cotizaciones sociales, que han caído desde los 108.000 millones en 2.008
hasta los 99.000 millones en 2015. La disminución del número de
cotizantes como consecuencia de la gran crisis -19,4 millones en
2007 y 17,7 al día de hoy- y los menores salarios de los nuevos cotizantes han
generado déficits sucesivos en las cuentas de la seguridad social, que como es
bien sabido, ha obligado a disponer del fondo de reserva, a quien
quedan(24.000 millones) apenas 12 meses de vida antes de su evaporación
total.
NOTA: SOLO PENSIONES CONTRIBUTIVAS
La pésima noticia de la prevista disminución de la población activa(45,4
millones en 2.029 frente a 46,5 en 2014) constituye en este contexto un
ingrediente negativo adicional que podría ser paliado en parte si se recuperaran
los recursos de inmigración, fuertemente castigados durante la crisis. Hasta la
llegada de la crisis, a mediados del 2008, y desde el punto de vista demográfico,
la inmigración ha sido determinante para el crecimiento de la población
española y, lo que es más importante, para el rejuvenecimiento de la misma y el
sostenimiento de las pensiones.
Según el INE, España registra hoy una proporción de 112 jubilados por cada 100
jóvenes en la actualidad. La tasa de dependencia (afiliados a la
Seguridad Social por cada pensionista) está en 2,0 activos por
pasivo(sin contabilizar como cotizantes los 2,7 millones de desempleados por

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los que el Estado cotiza durante el tiempo que cobran prestación) o sea, 17
millones de cotizantes ocupados para financiar las prestaciones de 8,12 millones
de pensionistas(9 con las no contributivas). Los manuales sugieren que un
sistema de reparto es sostenible en el tiempo cuando la tasa de dependencia
arroja una cifra en el entorno de 2,5 cotizantes por pensionista. En España
hemos pasado de tener un ratio de 4 trabajadores por pensionista a finales de
los años setenta a otro de 2,0 en la actualidad, deslizándose hacia1,2 en las
próximas décadas.
Estas tasas de reemplazo son claramente insuficientes y convierten al actual
sistema de pensiones –salvo cambios radicales- en uno inviable e insolvente.
¿Quiere esto decir que las pensiones en España corren el peligro de ser
impagadas? El realismo político descarta esta posibilidad. Primero se agotará la
hucha de las pensiones y posteriormente los déficits se financiarán con
impuestos o con más endeudamiento público aunque ninguna de estas dos
alternativas es correcta, a pesar de poder utilizarse deforma temporal.
Aumentar impuestos adultera el espíritu del contrato de diferimiento que
representa una pensión, aspecto que se ve claramente si se utilizase en España
el sistema de capitalización, sistema en el que uno dispone al jubilarse de las
contribuciones realizadas a lo largo de su vida laboral. Cundo nos referimos a la
‘sostenibilidad’ de un proyecto o sistema queremos decir que se autofinancia en
el tiempo y que no precisa de ayudas o subvenciones externas . Solo se apoya o
subvenciona lo insostenible. De ahí que haya que interpretar en su justo
termino las recientes declaraciones de Luis de Guindos: “las pensiones están
garantizadas”. Garantizadas, si; sostenibles no.
FUENTE: S&P’S(GLOBAL AGING 2013)
A su vez, aumentar el endeudamiento sería una practica suicida. ‘Global Aging’
el informe de la agencia de calificación Standard&Poor’s señala que en el caso
de España, si no se acometiesen reformas en el sistema de pensiones, la deuda
pública se elevaría al 247 % del PIB en 2050, y el déficit público alcanzaría el 17
% del PIB, proyecciones todas ellas heroicas, utópicas e incompatibles con los
compromisos fiscales europeos.
Lo cual remite a la imperiosa necesidad de que los partidos inicien sin demora,
con sentido de estado, realismo y sin fáciles demagogias las negociaciones
pertinentes que desemboquen en las necesarias reformas del actual sistema de
pensiones. Pactos de Toledo II o su equivalente conceptual. Sin duda será una
contribución decisiva para la sostenibilidad del estado del bienestar en España,
que exigirá cambios y previsiblemente algunos sacrificios. Hay varias pautas y
líneas de transformación del sistema, que afectan a la edad de jubilación, bases
de cotización, bonificaciones, fiscalidad y otras. Y una de particular relevancia
informativa y motivacional: el transito del sistema de reparto a uno de cuentas
nocionales esto es transparencia para los cotizantes con una estimación de las
pensiones causadas.
Pero dejemos a los políticos hacer su trabajo.

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NOTA: DISPOSICION DEL FONDO DE RESERVA Y DEFICIT
PUBLICO
EL dinero del Fondo se lo quedó el Estado como un activo financiero en propiedad
que redujo su deuda. Cuando el Estado retira dinero del Fondo para sufragar la
paga extra simplemente pierde una parte de ese activo y, por lo tanto, sube la
deuda neta del Estado, exactamente igual que cuando acude al mercado a
financiarse. De hecho, el dinero incluso está ya invertido en deuda española. A
efectos de las cuentas (PROCEDIMIENTO DE DÉFICIT) que se presentan en
Bruselas, da igual que se acabe el Fondo: para el Estado es casi lo mismo
endeudarse que tomarlo de ahí. Se trata de un ingenio contable con garantía del
Estado.
REFORMAS ACOMETIDAS.
REFORMA 2011
En el año 2011 se aprueba, entre otras medidas, un retraso progresivo de la edad
de jubilación, que pasa de estar situada en los 65 años a los 67 años, con carácter
general. En segundo lugar, para poder percibir una pensión del 100%, ya no se
requieren los 35 años cotizados, sino que progresivamente se irá requiriendo más,
hasta los 37 años en los próximos ejercicios. Adicionalmente, la pensión pasa de
estar calculada sobre los 15 últimos años de salario, que normalmente son los más
elevados, a estar calculada sobre un periodo de 25 años, en un proceso transitorio
que va 2013 a 2022.
REFORMA 2013
a)En 2013 se introduce el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que por
primera vez desvincula el crecimiento de las pensiones del Índice de Precios al
Consumo (IPC), de tal forma que desde el año 2014, las pensiones pueden
incrementarse un mínimo de un 0,25% anual y un máximo equivalente al IPC
+0,5%. Ese crecimiento dependerá de la salud financiera del sistema; es decir, de
los ingresos y gastos que tenga en cada momento. Si dicha salud financiera es
buena, el incremento de las pensiones se aproximará al IPC o incluso podrá
superarlo, pero si es menos buena y los gastos superan a los ingresos, el
incremento de las pensiones anuales se reducirá al 0,25%, que es lo que ha venido
sucediendo en los últimos años.
b) El factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019, pretende que dos
personas con la misma carrera de cotización pero que se jubilen en momentos
distintos tengan derecho a la misma pensión. Pero la misma pensión, no
entendida como pensión mensual, sino como la cuantía total que reciba cada
jubilado a lo largo de toda su vida. Dos personas que tengan la misma carrera de
cotización no necesariamente tienen la misma esperanza de vida. Es decir, una
persona que se jubile en 2040 va a tener una esperanza de vida mayor que un
jubilado en 2020, por ejemplo. Si el jubilado de 2040 vive de media 25 años desde
el momento de la jubilación y el jubilado de 2020 vive 20 años, eso quiere decir
que al jubilado de 2040 habrá que pagarle una pensión mensual un 25% inferior,
con el fin de que a lo largo de toda su vida ambos, que han tenido la misma carrera
de cotización, perciban lo mismo.
Fuente: BBVA

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