Pobreza extrema y Derechos humanos..pdf

José María Olayo olayo.blogspot.com
Pobreza extrema
y
Derechos humanos

Las personas son pobres —o están en pobreza—
cuando no pueden disponer de los recursos
materiales, culturales y sociales necesarios
para satisfacer sus necesidades básicas y, por
tanto, quedan excluidos de las condiciones
de vida mínimamente aceptables para el
Estado en el que habitan.

Operativamente, se define a las personas que
están en pobreza severa como aquellas que
viven en hogares cuyos ingresos por unidad de
consumo son inferiores al 40 % de la mediana
de renta nacional. Esto es, con ingresos inferiores
a 5.914 € al año, 492 € mensuales, para hogares
de una persona y 12.419 € anuales para hogares
con dos adultos y dos menores.

Un total de 4,29 millones de personas en España
está en pobreza severa. Supone el 9,2% de la
población total obligada a subsistir con una renta
media de 2.293 euros al año. Más el 70% de estas
personas son españoles y tan solo el 16% recibe
ayudas de algún tipo.
Esta es la radiografía general de la pobreza severa
en España reflejada en el informe elaborado por
la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza.

Con datos de 2018, el trabajo ‘El paisaje del
abandono: la pobreza severa en España’
analiza el perfil y el mapa de extrema pobreza
de la última década en España. El autor del
mismo, Juan Carlos Llano, ha destacado que se
trata de datos de mínimos y que aún está por
ver la incidencia de la crisis de la COVID-19
teniendo en cuenta las previsiones de
organismos internacionales como el FMI que
cifran en un 8% la caída del PIB español y
elevan el paro a un 20,8% para este año.

El relator de Naciones Unidas sobre la Extrema
Pobreza y los Derechos Humanos, Olivier De Schutter,
ha destacado el mayor impacto de la pobreza en las
personas con discapacidad que viven en la Unión
Europea, en la presentación de sus conclusiones
preliminares tras la misión de dos meses en
terreno comunitario.
Según De Schutter, las personas con discapacidad
presentan un riesgo de pobreza mucho mayor
que la media de la población en todos los Estados
miembros, y además se han visto especialmente
perjudicadas por el impacto de la Covid-19.

Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos, fue
nombrado Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
por el Consejo de Derechos Humanos, durante su
43er. periodo de sesiones, en marzo de 2020.
Es catedrático de Derecho en la Universidad Católica
de Lovaina (Bélgica) y en el Instituto de Estudios
Políticos (Science-Po) de París (Francia), y es además
miembro de la Facultad de Derecho Internacional
de la Universidad de Nueva York. Es titular de un
Master en Derecho de la Universidad de Harvard, de
un diploma cum laude del Instituto Internacional de
Derechos Humanos de Estrasburgo y de un Doctorado
en Derecho de la Universidad Católica de Lovaina.

El profesor De Schutter ha contribuido activamente
al fortalecimiento de la protección de los derechos
fundamentales en la Unión Europea, así como al
debate en torno a las relaciones entre la UE y
el Consejo de Europa.
De 2002 a 2007, coordinó la Red de expertos
independientes sobre derechos fundamentales de
la Unión Europea, un grupo de expertos de alto
nivel de los 25 Estados que entonces componían
la UE, que asesoraba a la Comisión Europea y
al Parlamento Europeo (Comité LIBE) sobre la
protección de los derechos fundamentales en
la UE. Asimismo, fue miembro del Comité
Científico de la Agencia de Derechos los
Fundamentales de la Unión Europea,
de 2013 a 2018.

Declaración del profesor Olivier De Schutter, relator
especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema
y los derechos humanos, en su visita a la Unión Europea
(del 25 de noviembre de 2020 al 29 de enero de 2021)
Bruselas, 29 de enero de 2021
(Extracto)

I. Introducción.
La Unión Europea se construyó como un faro de esperanza para el progreso social,
pero todavía les está fallando a muchos. Durante mi visita a la Unión Europea, donde
me reuní con responsables políticos nacionales y de la UE y funcionarios de más de 20
instituciones, términos que incluyen estrategias, planes y compromisos han dominado
la mayoría de las discusiones. Me impresionó la dedicación de todas las personas con
las que me reuní y su compromiso de aprovechar el momento de esta crisis sin
precedentes como una oportunidad para hacer que Europa sea más inclusiva.
Pero si la pobreza pudiera eliminarse con buenas intenciones, la UE la habría
erradicado durante mucho tiempo.
Al relegar los derechos socioeconómicos a principios ambiciosos y objetivos opcionales
de segundo nivel, la UE prácticamente ha declarado que la pobreza es un mal necesario
y, al hacerlo, está socavando sus propios esfuerzos por hacer que la pobreza sea historia
en la región.

Aunque la política social la determinan los Estados miembros de la UE, las políticas
sociales y macroeconómicas son de hecho profundamente interdependientes, y esta
interdependencia es especialmente importante para los esfuerzos contra la pobreza.
Si la UE está dispuesta a tomar en serio sus compromisos, se necesita un equilibrio
más justo de las políticas macroeconómicas y sociales, que sitúe las obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos en su centro.
Las buenas intenciones no son suficientes: lo que se necesita es reconocer las lagunas
que quedan en el marco jurídico y político en el que operan las instituciones de la
UE, y alinearlas mejor con la intención declarada de erradicar la pobreza.

II. El rostro de la pobreza en la UE.
La innegable mejora en los niveles de vida que la UE ha encabezado desde sus
inicios ha posicionado a sus Estados miembros en la cima de los valores del Índice
de Desarrollo Humano, y la UE en su conjunto disfruta de niveles relativamente
bajos de desigualdad y concentración de ingresos. Pero una de cada cinco personas
—más de 92,4 millones o el 21,1% de la población— sigue en riesgo de pobreza en
la UE-27, y los niveles de desigualdad se han mantenido prácticamente estáticos
o incluso han empeorado desde la crisis de 2008.
Un total de 19,4 millones de niños, lo que representa el 23,1%,
están en riesgo de pobreza en toda la Unión, un número
excesivamente alto para las normas de los países desarrollados.

Estas cifras de pobreza, sin embargo, esconden los rostros de las personas que
están detrás de ellas: madres solas para quienes es prácticamente imposible hacer
malabarismos con las responsabilidades laborales y de cuidado, adultos jóvenes
que nunca terminaron la escuela y no pueden encontrar ingresos formales o
estables, y personas que no pueden trabajar debido a su salud Los problemas tienen
más probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social que otros grupos.
He escuchado testimonios de personas que viven en la pobreza en todos estos grupos,
que me han dicho que les gustaría seguir estudiando pero no pueden porque carecen
de los medios para mantenerse a sí mismos ya sus familias; que esta es la primera
vez en sus vidas que experimentan hambre; que son sometidos a malos tratos,
en forma de control y castigo, en cada interacción con las administraciones.

Aunque las estadísticas de pobreza pueden captar parte de esta realidad de incapacidad
(no falta de voluntad) para generar ingresos formales, los esfuerzos de la política contra
la pobreza en la UE han enfatizado cada vez más el empleo y los incentivos laborales.
De hecho, el riesgo de pobreza es mucho mayor para los desempleados (más del 65,4%).
Pero políticas como la limitación de la asistencia social en montos o plazos para
"incentivar" el trabajo no ayudarán a quienes no pueden encontrar trabajo como
resultado de responsabilidades de cuidado irreconciliables, experiencia laboral
limitada, niveles educativos bajos o problemas de salud de larga data, todos esos
para quienes el riesgo de pobreza es mucho mayor.
De hecho, las tasas de desempleo han disminuido en todos los Estados miembros desde
que alcanzaron su punto máximo en 2013, lo que sugiere una distribución desigual de los
beneficios derivados de las mejoras del mercado laboral. En otras palabras: la pobreza no
se acabará únicamente con políticas de empleo, sino con fuertes medidas redistributivas.

Los rostros detrás de las cifras de pobreza también están marcadamente marcados
por género: las mujeres experimentan tasas de pobreza más altas que los hombres
(22,3% frente a 20,4%), y esta brecha solo se agranda con la vejez (22,3% frente
a 18,2%) como resultado de pensiones inadecuadas derivados de interrupciones
de carrera para asumir responsabilidades de cuidado.
La brecha de género en las pensiones oscila entre el 1,8% y el 48,7% en los Estados
miembros, pero se estima en un asombroso 37,2% de media.
Las mujeres también están representadas de manera desproporcionada entre las
familias monoparentales (85%), el 40,3% de las cuales tienen hijos y están en
riesgo de pobreza o exclusión social.

Estas cifras, impactantes en sí mismas en una región que experimentó un crecimiento
económico constante hasta hace muy poco, son aún más preocupantes si se tiene en
cuenta que los Estados miembros solo han reducido sus inversiones en áreas críticas
para la reducción de la pobreza (protección social, salud y educación) desde 2009.
La disminución es particularmente inexplicable en países que han ratificado el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluye
la obligación de realizar progresivamente los derechos humanos y no tomar
medidas regresivas que puedan obstaculizar ese progreso.

Aunque de hecho ha habido una disminución en el número de personas en riesgo
de pobreza o exclusión social desde 2010 (la cifra fue 11,3 millones más baja en
2019 que en 2010), el compromiso de la UE de reducir la pobreza en 20 millones
de personas para 2020 (conocido como el objetivo de pobreza de Europa 2020)
se incumplió en gran medida. Otras estadísticas, además, muestran tendencias
mucho más sombrías y mucho menos homogéneas.
Las tasas de riesgo de pobreza, cuando se comparan con un índice de referencia
basado en los ingresos de 2008 ajustados a la inflación, que Eurostat considera
"una medida más fiable para supervisar la evolución a lo largo del tiempo",
fue de hecho 2,3 puntos porcentuales más alta en 2019 que en 2008,
con grandes variaciones entre los Estados miembros.

Es preocupante que cuando se les preguntó qué lecciones han extraído las instituciones
de la UE del incumplimiento del objetivo de Europa 2020 y qué se podría hacer de otra
manera en el futuro, los interlocutores no pudieron dar una respuesta satisfactoria.
A menos que la UE diseñe una estrategia de lucha contra la pobreza para toda la
Unión, con nuevos objetivos ambiciosos y mediciones coherentes, es inevitable
que se repitan los mismos errores.

VI. Más allá de la crisis: liberar a Europa de la pobreza.
La Comisión debería presentar el Plan de acción para la aplicación del pilar europeo
de derechos sociales en marzo de 2021. Esto brinda una oportunidad única para
fortalecer la lucha contra la pobreza. Deseo destacar aquí tres prioridades:
Establecer objetivos.
La falta de una estrategia global de la UE para luchar contra la pobreza y la exclusión
social con objetivos vinculantes obstaculiza el progreso de los Estados miembros de
la UE hacia la erradicación de la pobreza. Una estrategia de la UE contra la pobreza,
que sería la piedra angular del plan de acción, debería incluir un porcentaje objetivo
del 50% de reducción de la pobreza para 2030, incluida la pobreza infantil, que se
aplique por igual en todos los Estados miembros según el indicador AROPE de la UE.
Este objetivo de pobreza debería complementarse además con un objetivo de
desigualdad que tenga en cuenta los últimos avances en los indicadores de
desigualdad, además del indicador EU S80 / S20.
Integrados en una estrategia global de la UE contra la pobreza, los ambiciosos
objetivos sobre pobreza y desigualdad mostrarían la seriedad del compromiso
de la UE con la Agenda 2030 y los ODS 1 y 10.

La Garantía Infantil.
Para cumplir el compromiso asumido en el principio 11 del pilar, el plan de acción
debe incluir una hoja de ruta para la Garantía Infantil, una solicitud de larga data
del Parlamento Europeo. Como se señaló anteriormente, uno de cada cuatro
niños en Europa está en riesgo de pobreza o exclusión social, con consecuencias
de por vida para el niño en cuestión; y solo el 16% de todos los niños menores
de 3 años están en cuidado infantil formal.

Sobre la base de la Recomendación de la Comisión de 2013 sobre la inversión en la
infancia (2013/112 / UE), la Garantía Infantil debe adoptar un enfoque basado en los
derechos para garantizar el acceso efectivo a las cinco áreas prioritarias enumeradas
por el Parlamento Europeo: atención médica gratuita, educación gratuita, cuidado
de niños, vivienda digna y nutrición adecuada.
Garantizar los derechos que los padres y los hijos puedan reclamar ante organismos
independientes puede reducir significativamente las tasas de no aceptación, que se
atribuye en gran medida a la estigmatización y la vergüenza que experimentan las
personas en situación de pobreza; También se ha demostrado que las garantías
universales, en lugar de los regímenes de apoyo con comprobación de recursos,
son más eficaces.

La Garantía Infantil también debe garantizar que las familias que enfrentan la
pobreza estén protegidas del abuso institucional. Dado que los niños que viven
en la pobreza corren un riesgo especial de ser separados de sus familias, debería
reiterar explícitamente que, como enfatizó el Comité de los Derechos del Niño,
“las razones económicas no pueden ser una justificación para la expulsión de un niño”.
Por último, de conformidad con el primer pilar de la Recomendación de 2013 sobre el
acceso a recursos adecuados y como reiteró la Agencia de Derechos Fundamentales en
su estudio de 2018 sobre la lucha contra la pobreza infantil, el apoyo a los niños no
puede disociarse del apoyo al acceso de los padres al empleo y un nivel de vida digno:
como señala la red Eurocities, “[para] romper el círculo vicioso de la herencia de la
pobreza, no basta con centrarse en los niños aislados de sus padres; la familia en su
conjunto debe ser considerada ... Mejorar la situación de los niños depende de mejorar
la situación de su familia, ya sea sacándolos de sus deudas, ayudando a los padres a
conseguir un buen trabajo con un salario justo, o calentando o renovando sus hogares ”.

La Directiva marco sobre una renta mínima adecuada.
Brindar apoyo a las familias también es consistente con el compromiso asumido en
el Principio 14 de la EPSR sobre ingresos mínimos. La Red Europea de Lucha contra
la Pobreza señala que hoy en día, solo los Países Bajos e Irlanda tienen una garantía
de ingreso mínimo que proporciona un ingreso mínimo por encima de la línea de
pobreza, y en 7 Estados miembros, el ingreso mínimo está por debajo del 40%
del ingreso familiar promedio.
El propio Consejo de la UE deploró las grandes discrepancias entre los Estados
miembros sobre la adecuación y cobertura de los regímenes de renta mínima
existentes, así como sobre el acceso de los beneficiarios a los servicios
habilitadores, y solicitó que la Comisión hiciera propuestas para “apoyar y
complementar eficazmente políticas de los Estados miembros sobre la
protección de la renta mínima nacional ”.

Recomiendo encarecidamente la presentación de una propuesta de directiva
marco sobre regímenes de renta mínima en la UE. Establecería un conjunto de
principios comunes de derechos humanos sobre la adecuación, el acceso universal
e ilimitado y la cobertura (incluida la cobertura de los migrantes indocumentados
y de los jóvenes y el carácter habilitador de los esquemas de ingresos mínimos,
tomando como requisitos mínimos los criterios siguientes del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio de la OIT sobre la
seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), y la Recomendación de la
OIT (núm. 202) sobre pisos de protección social. Sin embargo, los esquemas de
ingresos mínimos no deben combinarse con protecciones contra el desempleo
que incorporan incentivos para trabajar;
(...)

(..)
Si bien las políticas laborales activas son un instrumento importante para
promover la inclusión efectiva y si bien los servicios sociales pueden desempeñar
un papel importante en la reincorporación de las personas al trabajo, la imposición
de condicionalidades en el acceso a la renta mínima es tan perjudicial como ineficaz.
Al tratar de mitigar los temores políticos de la dependencia crónica de la asistencia
social, esas condicionalidades pueden terminar conduciendo a tasas más altas de
incumplimiento y agravando la trampa de la pobreza.

La directiva marco sobre regímenes de renta mínima debería establecer un conjunto
de características comunes que todos los países de la UE deben respetar, incluida
la participación de la sociedad civil, los interlocutores sociales y las personas con
experiencia directa en la pobreza en el diseño de dichos regímenes; transparencia
en los presupuestos y la ejecución de los Estados miembros; compatibilidad con el
trabajo para prevenir la pobreza en el trabajo; no retroceso; mecanismos de rendición
de cuentas para que las personas puedan reclamar los beneficios a los que tienen
derecho. Debe identificar los obstáculos para la aceptación de las prestaciones y
eliminarlos para garantizar un acceso efectivo, prestando especial atención a las
personas sin hogar que enfrentan múltiples obstáculos para ejercer sus derechos.

El informe basado en la visita a la UE se presentará en la 47ª
sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en
Ginebra en junio de 2021. El informe incluirá las recomendaciones
del Relator Especial a las instituciones de la UE, sobre los hallazgos
preliminares presentados en esta declaración de fin de misión.
El Relator Especial espera con interés su futura colaboración
con los interlocutores con los que se reunió durante su visita.

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https://eurocities.eu/

http://hdr.undp.org/en/data

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02

https://eige.europa.eu/es/in-brief

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