Derechos de pueblos indígenas final

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Propuestas para la integración del Plan
Estatal de Desarrollo de Tabasco, en
materia de derecho y desarrollo de los
pueblos indígenas.
indígenas.

T A B A S C O

2013-
2013-2018

Asociación de Comunidades y Pueblos Indígenas de Tabasco, A.C.
Facebook: ACPIT Twitter: @CHONTALES_NAC E-mail: acpitac@gmail.com

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PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE
PROPUESTA PARA LA INTEGRACION DEL

Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco,
en materia de derecho y desarrollo de
los pueblos indígenas.

MTRO. GUADALUPE GUILLERMO RODRÍGUEZ, BILINGÜE, LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEC. PRIMO PÉREZ HERNÁNDEZ, BILINGÜE, PERTENECIENTE AL PUEBLO YOKOT’ANOB Y
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DE TABASCO
A.C.

LIC. ISIDORO VÁZQUEZ HIDALGO, MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

TEC. BARTOLO BERNARDO PÉREZ, BILINGÜE

LIC. ETANISLA LAZARO DE LA CRUZ, BILINGÜE

LIC. CECILIA PERERA GARCIA

TEC. URBANO DE LA CRUZ LAZARO, BILINGÜE

“Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la
superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo
razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son
racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y
socialmente injustas” Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Universales
de los Pueblos Indígenas. 13 de sep. De 2007


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ÍNDICE

I PRESENTACION 4

II MISION 5

III VISION 5

IV MARCO HISTORICO 6

V OBJETIVO GENERAL 11

VI ESTRATEGIAS GENERALES 11

VII MARCO JURIDICO Y PARTICIPACIÓN DE LAS 14
COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS EN LA
PLANEACION ESTATAL Y MUNICIPAL

VIII USO Y REDISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS 21
POR LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS
NATURALES

IX CULTURA Y EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES 26
Y PUEBLOS INDÍGENAS.

X SALUD Y ALIMENTACIÓN 31


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I PRESENTACIÓN

Considerando que existe una deuda històrica con los pueblos indigenas y que
su participacion ha sido funfdamental en la lucha por la democracia en Tabasco,
diversas organizaciones civiles de los pueblos indígenas de Tabasco nos dimos la
tarea de elaboraron el presente documento que contiene las propuestas generales
para la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de
desarrollo en aquellos municipios que tienen presencia indígena. Sustentando su
participación en lo que establece el Artículo 2º, que señala: “…La Federación, los
Estados y los Municipios… dichas autoridades tienen la obligación de… Consultar a
los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los
estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y
propuestas que realicen”.

Son muchos los rezagos que hay que abatir en las comunidades, y muchas
las propuestas de los pueblos indígenas, que a pesar de que se han presentado
movimientos sociales, y de que sus derechos fueron considerados en diversas
leyes como la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución política
del Estado de Tabasco y la Ley de Derechos y Cultura Indígena, entre otros
ordenamientos, aun son materia pendiente por atender por parte de los tres
niveles de gobierno.

Las propuestas versan sobre cuatro rubros torales para el desarrollo de los
pueblos, como son: MARCO JURIDICO Y PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS EN LA PLANEACION ESTATAL Y MUNICIPAL, USO Y
REDISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS POR LA EXPLOTACION DE LOS
RECURSOS NATURALES, CULTURA Y EDUCACIÓN, Y SERVICIOS DE
SALUD.

Esperamos que en un futuro no muy lejano, los pueblos indígenas de
Tabasco gocen del pleno respeto a sus derechos, de mejores condiciones de
bienestar y desarrollo, y asegure la permanencia de su cultura milenaria como
parte importante de la identidad nacional.


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II MISIÓN

Construir una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el
gobierno; basado en los principios de la diversidad cultural, en el pluralismo, la
sustentabilidad y la integralidad de las acciones de gobierno, en la participación y
la libre determinación de los pueblos indígenas, y en el pleno reconocimiento de
sus derechos constitucionales. Fortalecer con la acción integral y concurrente de
las instituciones de gobierno, la organización de los pueblos indígenas; impulsar el
aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, del suelo y del subsuelo,
particularmente la explotación, el uso, manejo y administración del agua y el
petróleo; y respetar su identidad y cultura.

Todo esto como un proceso que elimine cualquier tipo de discriminación,
contribuya a la reconciliación, y busque mecanismos de diálogo entre y el interior
de los propios pueblos indígenas, y con la sociedad no indígena y el gobierno.
Alentar su participación directa y organizada en los distintos órdenes y niveles de
gobierno, hasta lograr su inclusión como sujetos y actores del proceso de
desarrollo político, social y económico de Tabasco.

III VISIÓN
Todos los pueblos indígenas de Tabasco podrán ejercer plenamente sus
obligaciones y derechos colectivos, comunitarios e individuales, y tomar
decisiones para impulsar su propio desarrollo, que estará basado en el
aprovechamiento responsable y razonable de sus recursos naturales, la aplicación
de sus sistemas normativos, el reconocimiento de su cultura, su lengua, su
sabiduría y sus tradiciones, para mejorar su calidad de vida. En ese contexto, el
gobierno mostrará una actitud incluyente y abierta a la participación, y garantizara
que sean ellos los que conduzcan sus propios procesos y conquistas sociales.


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IV MARCO HISTÓRICO
La relación que el régimen actual mantiene con los pueblos yokot’anob de
Tabasco, es la misma que se viene aplicando desde el inicio de la colonización
europea, con la finalidad de lograr el dominio absoluto de los pueblos nativos de
esta tierra, conminados a sucumbir, al despojo, a los trabajos forzados, a la
discriminación, a la pobreza y a la propia exclusión.

A partir de la invasión Europea, el modelo económico prevaleciente entre
los pueblos indígenas comenzó a cambiar drásticamente. La tierra se plagó de
enfermedades y la población casi desapareció: pues de 150 mil habitantes
existentes al momento de la invasión Europea en 1494, medio siglo después,
o sea que en 1575 solo quedaban 2,436 indígenas. La causa de este genocidio,
fueron las enfermedades que trajeron los españoles, la injusticia y la desmedida
explotación a que fueron sometido los indígenas, por el sistema de encomienda
colonial. De esta manera los encomenderos españoles no solo obligaron a los
indígenas a pagarles tributos, sino que los sometieron a trabajos inhumanos.

En un documento que data de 1587, el Virrey de la Nueva España,
recapitula que los indígenas de Tabasco se habían quejado porque el alcalde
mayor de la provincia y otras autoridades los vejaban y los obligaban a dar
servicios personales a los encomenderos, un extracto textual de dicho documento
revela que “…por venir de tan lejos caminos se morían muchos de ellos y si no se
remediaba, la dicha provincia se despoblaría y se acabaría todo”.

El sistema de encomienda prevaleció en Tabasco hasta principios del siglo
XIX. Sin embargo, este sistema al ir perdiendo fuerza, los españoles optaron por
posesionarse de grandes extensiones de terrenos, obtenido de las comunidades
de forma ilegal. Los españoles sabían que la única manera de someter a los
indígenas a las haciendas era despojándolos de sus tierras, pues la tierra tenía
para los indígenas una doble función: era el principal medio de subsistencia y, a la
vez, el elemento que permitía la autonomía en relación con el trabajo servil de las
haciendas.

La resistencia de los indígenas de Tabasco motivó la posición que el
presbítero José Eduardo de Cárdenas, diputado por Tabasco en las Cortes de
Cádiz, en la Memoria a favor de la Provincia de Tabasco, asegura al referirse a la
resistencia indígena que “estas gentes…en dos palabras pasan su vida sin ley ni
rey, al mismo tiempo que hay dueños de haciendas tan necesitados de brazos,
que pierden parte de sus cosechas por no tener con quien recogerlas todas”. Y
proponía a Fernando VII como solución “El reparto de los míseros hermanos
nuestros a las haciendas”.


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Estas ideas, más tarde, se convirtieron en leyes contra la vagancia. De
modo que en 1829, se expidió un decreto que establecía “un tribunal para
inspeccionar y calificar la conducta de los que se sospechen ser vagos”. Ser
vagos, desde el punto de vista español eran los que se resistían a someterse a las
haciendas, los despojados de sus tierras y desempleados.

Por eso, en 1651, la Ley constitucional para los pueblos del Estado, en su
artículo tercero, otorgó facultades al gobernador para enviar a los considerados
como vagos a las haciendas, “por el tiempo necesario a su corrección”. Más aun,
durante el gobierno de Eduardo González Arévalo, con el pretexto de la vagancia
y la embriaguez, dictó un decreto en el cual se facultaba a los hacendados,
solicitar a las autoridades de los pueblos, todos los indígenas que necesitaran
para trabajar sus propiedades.

Desde que llegaron los invasores a nuestro continente, la sombra de todos
los males envolvió nuestra tierra y, desde entonces reinó el caos, la muerte, la
persecución, el ultraje, el despojo de tierras, el sometimiento al trabajo forzado,
etcétera; fue un largo periodo de terrorismo que duró más de 300 años. Hasta que
un 16 de septiembre de 1810, el cura de Dolores dio el grito de independencia y
decretó la abolición de la esclavitud.

En esa gesta histórica, siendo los indígenas quienes más sufrían la
esclavitud, acudieron al llamado del cura Miguel Hidalgo y resultaron
imprescindibles en la lucha por la independencia de México. Sin embargo, aun
cuando el país se logró independizar de España, los indígenas siguieron
esclavizados en las haciendas.

Con justa razón, Don Benito Juárez García lo dijo en su momento, al
pronunciar su discurso con motivo de conmemorarse un aniversario más de la
Independencia de México. Un extracto de esa disertación magistral es el siguiente:
…“España subyugó a México con el derecho del más fuerte. Su imperio fundado
sobre la injusticia no podía sostenerlo sino también con la injusticia. Para retener
lo ajeno a presencia del mismo dueño, debió valerse de todos los medios
reprobados por la moral y la razón. Así lo hizo en efecto: descuido de la educación
de los mexicanos y les cerró las puertas de las ciencias para hacerles olvidar
completamente sus derechos. Les inculcó la doctrina de una ciega obediencia,
para obligarlos a reconocer la esclavitud como el primero de sus deberes. Crió
clases con intereses distintos, y con una suma, aunque pequeña, del poder
arbitrario, para que creyéndose éstas de una raza superior, oprimiesen a su vez y
formasen una de las gradas de su maléfico trono. Les prohibió toda comunicación
con las naciones extrañas, cerrando los puertos al comercio y fomentando un odio
criminal contra el extranjero, a quien hacía aparecer como enemigo de Dios y de


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los hombres. Estableció la inmoral y vergonzosa pena de azote, a fin de
acostumbrarlos a perder el pudor, que es el baluarte más firme de la dignidad del
hombre. Para empobrecerlos, impuso fuertes tributos que exigió con el más
inflexible rigor. Mezcló la política con la religión para revestir a sus máximas de
una veneración que solo a Dios es debida. Sistematizó la intolerancia y el
fanatismo, y cualquiera que osaba reclamar sus derechos o atacar los abusos del
poder con las armas de una razón ilustrada, recibía el cadalso o la hoguera por
única satisfacción a sus reclamos.

Tal es la conducta que observó España para dominarnos. Aislar, corromper,
intimidar y dividir: estas fueron las máximas de su política cruel. ¿Y cuál fue el
resultado de todo esto? Nuestra miseria, nuestro embrutecimiento, nuestra
degradación y nuestra esclavitud por 300 años”….

Sin duda Juárez, fue uno de los grandes hombres más extraordinario y
conocedor de los problemas más profundos de nuestro país y el que tuvo la visión
clara del México profundo y promover la conciencia de nuestra pluralidad cultural
en la sociedad mexicana y ver en ella la fortaleza y riqueza de nuestra soberanía
nacional.

Es por eso que 100 años más tarde, al estallar la guerra de la revolución
mexicana, encabezado por Don Francisco I. Madero, estos hermanos nuestros
volvieron a empuñar las armas para que junto con otros mexicanos liberaran al
país del yugo que había impuesto el dictador Porfirio Díaz, por más de tres
décadas. Al cabo de muchos años de derramamiento de sangre, se elaboró la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige actualmente
nuestro país, pero con el defecto de haber traicionado las razones y motivos que
había impulsado la participación de los indígenas y campesinos, que lo hicieron
con pasión y entrega en las filas del General Emiliano Zapata y el General
Francisco Villa, ambos asesinados por los denominados constitucionalistas.

A pesar de los movimientos independentistas, reformistas y revolucionarios,
que sacudieron la conciencia nacional, las atrocidades en los pueblos indígenas
no parecían tener fin. Es por eso que el General Lázaro Cárdenas, siendo
presidente de la República y hombre excepcional, creó el departamento de
Asuntos Indígenas, mediante el decreto publicado el 1º de enero de 1935, con
“…la encomienda de movilizar a los pueblos indios y concientizarlos respecto a
sus derechos sobre la tierra, la dignidad y el poder que la Revolución
promueve…”; cuyos objetivos muy pronto sufrieron cambios radicales por las
políticas indigenistas integracionistas.


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En el año de 1940, se crea el Instituto Indigenista Interamericano; que
tendría por objeto aplicar las políticas indigenistas integracionistas que buscaban
privilegiar la cultura dominante y desaparecer las culturas de los pueblos
originarios de México, porque para los indigenistas de esa época, la
pluriculturalidad representaba un estorbo para el desarrollo del país.

Después de 48 años del indigenismo, es decir en 1988, el país se vio
nuevamente sacudido por una gran inconformidad social, provocado, en esta vez,
por la dictadura del PRI, partido que se adueñó de los frutos de la revolución pero
se olvidó de los pueblos indígenas. Es por eso que los indígenas vieron en este
movimiento la posibilidad de lograr el reconocimiento de su existencia, su dignidad
y sus derechos como parte de esta gran nación mexicana y, por eso, participaron
activamente en su organización.

En efecto, el pueblo de México, cansado de la dictadura del PRI, decidió
levantarse para exigir, como parte central de sus demandas, la democracia y muy
pronto se transformó en un gran movimiento social que sacudió el sistema priista
en las elecciones presidenciales de 1988. Muchos tabasqueños se sumaron a esta
causa, pero particularmente los yokot’anob, como lo reconoce uno de los líderes
de ese movimiento, Andrés Manuel López Obrador, “Los chontales fueron
fundamentales en la lucha por la democracia en Tabasco”.

La lucha por la democracia en Tabasco no ha sido fácil, pues como es
sabido, la exclusión y el racismo son actitudes que se conservan hasta en la
actualidad en contra de los indígenas. Es más, en Tabasco se ha llegado a negar
la existencia de los indígenas. Andrés Manuel López Obrador, ex delegado del INI
en Tabasco, consignó en su libro “Entre la Historia y la Esperanza”, página 27, que
en 1973, cuando se fundó el Centro coordinador Indigenista Chontal, y vino a
Tabasco con ese propósito el director del INI Salomón Nahmad, el gobernador en
ese entonces Mario Trujillo García trató de persuadirlo de que “en Tabasco no
había indios”.

Por eso no era de extrañarse que cuando los yokot’anob decidieron salir de
las filas del PRI y quemar sus credencial de afiliación a ese partido y participar en
el Movimiento Democrático encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés
Manuel López Obrador, recibieran, por ese hecho, todo tipo de rechazos,
descalificaciones, persecuciones, opresiones, marginación y encarcelamiento por
el gobierno en turno.

Un caso que ilustra la actitud del régimen establecido, es lo sucedido el 23
de septiembre de 1988 en el poblado Mazateupa: Todo empezó cuando un niño
gritó, ¡Viva el Frente Democrático Nacional, viva Cárdenas y Andrés Manuel y


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muera el PRI traidor! El zafarrancho duró 45 minutos, los indígenas resistieron la
embestida del grupo de choque del candidato del PRI, a la gubernatura del Estado
de Tabasco, el cual estaba armado con pistolas reglamentarias, chacos,
manoplas, macanas, etc.

Durante esta campaña priista, también fueron atacados los indígenas de
Tamulté de las Sabanas, pertenecientes al Municipio de Centro, en donde la
población indígena resistió la agresión con un saldo de un estudiante herido de
bala, de la misma manera fueron tratados los indígenas de San Carlos
Macuspana, por protestar en contra de la campaña de calumnias y diatribas que
el PRI difundía en los medios de comunicación masiva, en contra del movimiento
democrático.

A pesar de la brutal agresión que sufrieran los indígenas, ellos mantuvieron
en todo momento firme la esperanza de que la situación prevaleciente en nuestra
entidad, cambiara y que con el triunfo de la democracia, gozarían con un
amanecer favorable para ellos. En efecto, hoy, después de 23 años de lucha
continua, el sueño por fin se hace realidad, lo que representa una enorme
oportunidad para impulsar un cambio verdadero, el cual ha de pasar por el
reconocimiento de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas de
Tabasco y por su participación en la formulación de los planes de desarrollo, así
como en la aplicación y evaluación de los programas de gobierno. En ese
contexto, y consciente de la deuda histórica que Tabasco tiene con los Pueblos
indígenas y de su decidida participación en la lucha por la democracia, el gobierno
del cambio verdadero se compromete alcanzar junto con ellos, los objetivos y
metas que a continuación se detallan.

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V OBJETIVO GENERAL
Garantizar la plena vigencia del derecho de las comunidades y pueblos
indígena, particularmente el ejercicio de su libre determinación y su participación
en la toma de decisiones encaminadas al diseño de políticas públicas que serán
aplicadas en sus territorios, por parte de los tres poderes del Estado.

VI ESTRATEGIAS GENERALES

Promover ante el Congreso de la Unión el reconocimiento constitucional de
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a partir de la propuesta
de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena
elaborada por la COCOPA, que retoma los acuerdos de San Andrés
Larrainzar, sobre la base de respeto a las negociaciones entre el EZLN y el
gobierno federal y los distintos acuerdos firmados por el gobierno mexicano,
como el Convenio 169 de la OIT, La declaración de la ONU sobre el
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, con el objetivo de incorporarlos a la legislación federal, buscando
el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Difundir y promover el cumplimiento de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas establecidos en los tratados y convenios internacionales.
Fortalecer la capacidad jurídica de las Asambleas Comunitarias a fin de
que estas recuperen su plena capacidad para elegir a sus autoridades y
regir las diversas acciones que las comunidades y pueblos indígenas
adopten para implementar su propio desarrollo.
Fortalecer la planta productiva de los pueblos indígenas con créditos
accesibles con la finalidad de aumentar su capacidad productiva y alcance
concretar su autodesarrollo
Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas del Estado con el
propósito de fortalecer sus economías y mejorar sus condiciones de vida,
mediante acciones coordinadas en los tres niveles de gobierno y con la
participación de las comunidades.
Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior
y superior, para fomentar en la población el conocimiento, el respeto y la
tolerancia a las diferencias culturales existentes en la composición social
del Estado de Tabasco


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Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los
niveles para fomentar en la población el conocimiento, el respeto y la
tolerancia a las diferencias culturales existentes en la composición social
del Estado de Tabasco
Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que
reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes
de la materia y en consulta con las comunidades indígenas
Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación
de la cobertura del sistema estatal, aprovechando debidamente la medicina
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas, mediante el
programas de alimentación, en especial para la población infantil
Mejorar la condición de las comunidades indígenas y de sus espacios para
la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al
financiamiento público y privado parta la construcción y mejoramiento de
sus viviendas, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales
básicos.
Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, la
protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su
educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la
vida comunitaria.
Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de
comunicación y telecomunicación.
Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas
puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, y a través
de ellos fortalezcan y difundan su cultura, sabiduría y conocimientos
ancestrales.
Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la
suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para la
inversión pública y privada que propicien la creación de empleos, la
incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad
productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de
abasto y comercialización de sus productos.
Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos
indígenas, tanto en el territorio tabasqueño como en el extranjero, mediante
acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas;
mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes;


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velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de su
cultura.
El gobierno establecerá las instituciones con amplias funciones, facultades
y presupuesto propio y determinara las políticas necesarias para garantizar
la vigencia de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, en los
términos de las disposiciones que prevean las leyes aplicables.
Tomar las medidas pertinentes para delimitar el territorio de cada
comunidad que conforman los pueblos indígenas, para reconocer y definir
los ámbitos de competencias, entre las autoridades comunitarias, las
autoridades municipales y autoridades estatales.
Establecer una coordinación interinstitucional con la participación de los tres
poderes del estado y de los pueblos indígenas, para el diseño e
instrumentación de políticas que atiendan los diversos problemas que
afectan su desarrollo.
Promover acciones de coordinación entre las distintas instancias de la
administración pública estatal, para que dentro de sus políticas, procesos
de planeación y propuestas operativas se avance en la instrumentación
de políticas trasversales en materia de derechos, cultura y desarrollo de
Establecer criterios programáticos-presupuestales para que todas las
instancias gubernamentales de la entidad destinen recursos a los pueblos
indígenas y sus comunidades, considerando las posibilidades
presupuestales reales y las necesidades de estos, así como los indicadores
socioeconómicos muy precisos.
impulsar la creación de la Secretaria de Pueblos Indígenas, para que esta
sea una instancia de interlocución con capacidad resolutiva.
Trabajar de manera conjunta, entre las instituciones de gobierno
responsables y la representación legitima de las comunidades y
organizaciones indígenas, para que estas participen en la programación de
espacios en las radiodifusoras de propiedad estatal que operen en
municipios y regiones de población principalmente indígena
Gestionar la resolución de los problemas agrarios que aún están pendientes
en la entidad y que involucran a los pueblos indígenas, mediante acciones
para la defensa y el ejercicio de los derechos sobre la propiedad social, que
eviten la venta o la perdida de las tierras comunales y ejidales
impulsar acciones tanto políticas como administrativas, con base en
criterios de representatividad, pluralidad y legitimidad, que estimule la
participación de los pueblos indígenas y su incorporación en la toma de
decisiones en los distintos niveles de gobierno.


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impulsar la creación del Subcomité de Planeación de Pueblos Indígenas
del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco que sea un
espacio normativo, de participación y gestoría de los pueblos indios, sus
comunidades y organizaciones.
promover acciones y se tomaran medidas para incluir la participación de la
mujer indígena dentro de los mecanismos propuestos para la integración y
representación política de los pueblos indios.
impulsar la iniciativa de ley, de acuerdo con el marco jurídico establecido en
el convenio sobre la Diversidad Biológica, para proteger la biodiversidad
en las tierras comunales, ejidales, la Reserva de la Biosfera o los pantanos
de Centla y reconocer el derecho de los pueblos indígenas sobre dicho
territorio, entendiendo que los acervos biogenéticos son parte de su
patrimonio cultural.
Apoyar las investigaciones y los planes de manejo y aprovechamiento
sustentable de los recursos que hagan posible la conservación de la
diversidad biológica y la lucha por el respeto de los derechos territoriales,
autonómicos, patrimoniales e intelectuales de los pueblos indios sobre sus
recursos naturales.
Impulsar reformas jurídicas y administrativas para que en un marco integral
las instituciones gubernamentales de la entidad actúen concurrentemente,
brindando respuestas y atención adecuada a la demanda de los pueblos
indígenas, a sus comunidades y organizaciones.
Definir e instrumentará, junto con los interesados, las políticas públicas
dirigidas a los pueblos indígenas, que supriman las conductas
paternalistas, asistenciales y clientelares que imperaron en gobiernos
anteriores.
Lograr que los pueblos indígenas, con base en el uso, manejo y protección
de los recursos naturales que forman parte de sus territorios, cuenten con
modelos alternativos y sustentables de aprovechamiento regional que
incorporen sus experiencias en el manejo de su entorno natural.
Alentar la creación de políticas públicas en favor de los jóvenes indígenas
para garantizar su plena inclusión en la toma de decisiones dentro de los
ámbitos político, económico, social y cultural.
Establecer e instrumentar, junto con los interesados programas
compensatorios, para abatir las desigualdades existentes entre los pueblos
y comunidades indígenas de Tabasco.


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VII MARCO JURIDICO Y PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS EN LA PLANEACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL
Diagnóstico

El respeto a los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y su
participación en la formulación de las
políticas públicas se han convertido en parte
imprescindible para la transición
democrática de nuestro país; su
reconocimiento como sujetos y actores
fundamentales de la historia es esencial
para la transformación política y la
construcción de una sociedad más justa y equitativa, que en su diversidad
encuentra la unidad necesaria para promover un desarrollo justo e incluyente.

A raíz del levantamiento del EZLN en Chiapas en 1994, el gobierno
federal inicio una serie de medidas para lograr la pacificación en aquella entidad..
Fue así como surgió la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por
representantes tanto del gobierno como del EZLN. Esta comisión logró una serie
de acuerdos y compromisos conocidos como los Acuerdos de San Andrés
Larraìnzar, cuyas demandas centrales fueron el derecho a la libre determinación y
a la autonomía que tienen expresiones concretas en la participación y
representación políticas indígenas y en la aplicación de los mecanismos propios
de gobernabilidad para solucionar sus conflictos. En tal contexto, y en el proceso
de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas existen tres
controversias que deben ser resueltas legislativamente: la noción de pueblo como
sujeto colectivo de derecho, la capacidad de libre determinación dentro de la
soberanía nacional y el reconocimiento de sus territorios como parte de su
patrimonio cultural y condición para el desarrollo y la reproducción social.

Sin embargo, diversos instrumentos del derecho internacional, tales como
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los pactos de Naciones
Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre Derechos
Políticos y Civiles, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la
Declaración Universal sobre Derecho de las Pueblos Indígenas, todos firmados y
ratificados por el gobierno mexicano, así como los Acuerdos de San Andrés,
reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y, por tanto, lo obligan
a su cumplimiento, estos derechos siguen siendo una enorme deuda del Estado


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mexicano, ya que siguen EXCLUIDOS de la esfera de las garantías que los
poderes públicos deben respetar y hacer respetar. Aun cuando desde 2001 se
reformó el Artículos 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Derecho y Cultura Indígena y se han hecho reformas a las
constituciones locales en más de 19 estados del país, entre los que se cuenta
Tabasco, con leyes reglamentarias en algunos casos, estos principios siguen sin
ser acatados por los poderes de la unión y los distintos niveles de gobierno, son
desconocidos para la mayoría de la sociedad y, lo que es más grave, no se
aplican en la procuración, administración e impartición de justicia, no obstante que
el artículo 133 de la Carta Magna ordena su cumplimiento.

Es por eso que en Tabasco no han sido respetados los sistemas
normativos de los pueblos indígenas, no se han reconocido sus derechos
colectivos fundamentales: autonomía, uso y disfrute de su territorio,
aprovechamiento integral de los recursos naturales, cultura, lengua,
representación plena en órganos legislativos y de gobierno, derecho al trabajo, a
la salud y a la educación bilingüe e intercultural, así como la consulta para la
integración de los planes federal, estatal y municipal de desarrollo.

En cuanto a la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la
formulación de los planes de desarrollo, el artículo 52 de la ley de derechos y
cultura indígena del Estado de Tabasco establece que: “…El Gobierno del Estado
y los Ayuntamientos o Concejos Municipales, establecerán los mecanismos
idóneos a fin de asegurar la participación de los pueblos indígenas, en la
planeación del desarrollo estatal en todos los sectores; de tal forma que ésta tome
en consideración sus aspiraciones, necesidades y prioridades, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 2° apartado B fracción IX de la Constitución General de
la República que ordena “Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso,
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de
las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento
de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas. Sin embargo, no se aplica.

La negación de los derechos de los pueblos indígenas ha creado en sus
comunidades una acumulación de graves desventajas en relación con el resto de


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la sociedad, respecto al acceso a oportunidades y a la generación de medios para
el desarrollo de su vida política, económica, social y cultural.

Para equilibrar esta situación, se necesita combatir las prácticas sociales
discriminatorias y establecer las partidas presupuestales, correspondientes. La
solución de este problema social largamente postergado requiere mayor urgencia
si se tiene en cuenta que son más de 500 años de opresión que los indígenas han
resistido estoicamente y que a partir del inicio de la lucha democrática en
Tabasco, en 1988, los pueblos indígenas han sido violentados por grupos
conservadores y esbirros del régimen priista; pues sus dirigentes, han sido
encarcelados sin proceso judicial, y se han cometido actos de barbarie contra
comunidades y organizaciones indígenas.

La brutal agresión que sufrieran los indígenas de Mazateupa, Oxiacaque,
Villa San Carlos, Villa Vicente Guerrero y Villa Tamulté de las Sabanas, fueron los
hechos más peculiares, de los enconos suscitados por la creciente exigencia de
democracia en Tabasco.

Por lo anterior es necesario propiciar una nueva relación entre el
gobierno, los pueblos indios y el resto de la sociedad, partiendo de un cambio de
actitud que fomente el respeto a la diversidad cultural y la forma de los pueblos
indígenas de percibir el mundo y de interrelacionarse con él, que promueva la
toma de decisiones y el ejercicio de su autonomía dentro del ámbito de las
facultades que un nuevo orden legal les confiera.

Por eso el nuevo gobierno que ha de asumir sus funciones a partir del
primero de enero de 2013, debe construir junto con sus gobernados una nueva era
en la vida democrática de Tabasco. Procurando avanzar hacia el pleno
reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, que no solo requiere de una
reforma jurídica si no de una transformación profunda de la moral que impera en la
sociedad mexicana y, en particular, de la que prevalece en la sociedad
tabasqueña y dar paso a nuevas reglas que reconozca y respeten el carácter
pluriétnico y pluricultural de México y de Tabasco.

Objetivos

El nuevo gobierno promoverá ante el Congreso de la Unión y ante la
Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Tabasco, iniciativas que
tengan por objeto el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de las
comunidades y pueblos indígenas de Tabasco.


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Promover la transformación de las instituciones y los organismos públicos
estatales para que hagan efectivo los derechos individuales y colectivos de
Promover la creación de un organismo estatal que se encargue de velar por
los derechos, la cultura y el desarrollo económico indígena.
promover el pleno acceso de los pueblos indios a la jurisdicción del estado,
en todos los juicios y procedimientos que involucren individual y
colectivamente a indígenas, tomando en cuenta sus prácticas jurídicas y
características culturales.
Buscar la plena participación y representación política y social de los
pueblos indígenas en los distintos órdenes y niveles de gobierno.
Propiciar la integración de la mujer indígena en los procesos políticos y
sociales, garantizando la igualdad de oportunidades y el reconocimiento a
sus derechos, y respeto a sus formas tradicionales de organización de la
vida familiar y comunitaria.
Tomar las medidas necesarias para que la procuración e impartición de
justicia, dirigida a los pueblos indígenas, sea un proceso respetuoso de los
derechosa humanos.
promover en todas las instancias de gobierno, y entre sus funcionarios y
trabajadores, una cultura de respeto a los derechos de las comunidades y
pueblos indígenas y a las diferencias socioculturales.
Crear y establecerá proyectos en todos los niveles educativos y en toda la
geografía estatal, encaminados a construir una cultura de inclusión y
tolerancia, respeto a la diversidad, cumplimiento de los derechos humanos
e intercambio intercultural.
Promover y apoya el reconocimiento y el fortalecimiento jurídico de las
Asambleas Comunitarias como la base orgánica de los pueblos indígenas y
la creación de los Consejos Municipales Plural de los Pueblos Indígenas.
Promover y apoyará la constitución del Consejo Estatal Plural de los
Pueblos Indígenas que contribuya a la generación de consensos internos,
que emitan propuestas de reformas legislativas, que impulsen acciones
para el desarrollo de las comunidades indígenas y que edifique la inter
locución legitima necesaria para una nueva relación entre el gobierno, la
sociedad no india y los pueblos indios.
En apego a la legislación existente, el nuevo gobierno reconocerá el
derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, según sus
particularidades como expresión de su autonomía mediante su participación
directa en la toma de decisiones en los aspectos sociales, económicos,
políticos y culturales que impactan sobre su desarrollo integral.


19

Estrategias

En consecuencia se impulsará la transformación de las instituciones y los
organismos públicos estatales para que hagan efectivo los derechos
individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
Se promoverá la creación de un organismo estatal que se encargue de
velar por los derechos, la cultura y el desarrollo económico indígena.
Se promoverán consultas a partir de un trabajo previo de información y
amplia difusión, entre los pueblos indígenas, sus comunidades y sus
organizaciones, para la elaboración de propuestas de reformas legales, a
fin de que el poder judicial reconozca la vigencia de los sistemas
normativos indígenas.
Se impulsará la adecuación del plebiscito, el referéndum, la iniciativa
ciudadana, plasmada en el 8 bis de la Constitución local y la adición de la
asamblea y la consulta popular como medios de participación ciudadana y
derecho de los pueblos indígenas.
Se emprenderá una consulta entre los pueblos indígenas, sus comunidades
y organizaciones, para proponer fórmulas de reconocimiento de sus
gobiernos locales y su representación ante el órgano legislativo local.
Se reconocerán como interlocutores políticos y jurídicos a las autoridades y
los representantes indígenas elegidos bajo las formas que decidan sus
comunidades y organizaciones.
Se documentará la vigencia de los sistemas normativos de los pueblos
indios y sus comunidades y la relación que guardan con los derechos
humanos, la equidad de género y los derechos de los niños, dichos
sistemas normativos serán ampliamente difundidos para su conocimiento
Se realizaran programas bilingües para la prevención de conflictos en las
comunidades indígenas y serán difundido a través de los medios de
comunicación.
Se crearan y utilizaran mecanismos de coordinación interinstitucional para
la atención directa de las demandas que en materia de justicia hagan las
comunidades de los pueblos indígenas.
Se crearan los Juzgados de Paz y conciliación indígena.
Se impulsará la formación de recursos humanos en los pueblos indios en
materia de derechos, por medio de becas, cursos, talleres y otros
procedimientos, poniendo especial atención en la incorporación de las
mujeres en estos procesos de capacitación.
Se colaborará con el poder judicial y los órganos de procuración de justicia,
en la revisión de los expedientes de presos políticos y de conciencia que
sean indígenas, para logar su liberación.


20

Se impulsaran las modificaciones jurídicas administrativas pertinentes para
lograr el reconocimiento y el uso legal de las lenguas indígenas en el
trámite público y judicial.
Se realizaran cursos y conferencias sobre los derechos colectivos de los
pueblos indígenas para la formación y sensibilización de jueces,
magistrados, defensores de oficio, policías judiciales estatales, peritos y
otros funcionarios que participen en el proceso de administración y
procuración de justicia.
Se gestionará con las instancias educativas federales, y se instruirá a las
estatales, la incorporación de temas de los derechos indígenas en los libros
de textos de todos los niveles educativos, incluso en los programas de
educación profesional y técnica.
Se generaran materiales de divulgación en todas las lenguas que se hablen
en Tabasco, para sensibilizar a la sociedad y las instituciones
gubernamentales del estado en el tema de los derechos y cultura de los
pueblos indígenas.
Se impulsaran acciones de dignificación, revaloración y fortalecimiento de
las culturas indígenas, considerando la riqueza que representa la
diversidad.
Promover iniciativas políticas que tengan por objeto dar solución justa y
digna a los reclamos y demandas de las comunidades y pueblos indígenas
de Tabasco y para que en todos los ámbitos de gobierno se transite hacia
una nueva situación institucional que deje atrás la discriminación, la
marginación y la exclusión de los pueblos indígenas.
Impulsar, ante los poderes legislativos federal y estatal, los cambios
necesarios para incorporar en la legislación el respeto a los derechos
humanos individuales y colectivos de los pueblos in indígenas.
Se convocará a todos los pueblos indios, sus comunidades y
organizaciones sociales para que por medio de sus asambleas elijan a sus
representantes que participarán en la conformación de los Consejos
Municipales Plural de los Pueblos Indígenas del, así como en la con
formación del Consejo Estatal Plural de los Pueblos Indígenas.

Se reformaran las estructuras y funciones de las instituciones
gubernamentales, dentro del marco de la nueva relación entre gobierno,
sociedad y pueblos indígenas, para instrumentar esta política trasversal en
materia de derechos y cultura indígena, e incorpora el reconocimiento de la
diversidad social y cultural en todas las acciones de gobierno.
Se definirá e impulsarán programas y acciones gubernamentales que
tengan como marco las políticas transversales del nuevo gobierno. Dichos


21

programa y acciones se instrumentarán a partir del reconocimiento de la
diversidad cultural y la participación de los pueblos indios en su diseño,
planeación y realización.
Se promoverá la discusión con los pueblos indios y la sociedad no india
sobre las políticas públicas propuestas por el gobierno, para que
contribuyan al perfeccionamiento y enriquecimiento de las iniciativas,
especialmente en lo relativo a los derechos y programas compensatorios.
Se fortalecerán las instituciones de los pueblos indios y se realizarán
acciones que permitan construir otras nuevas, que hagan posible el
ejercicio de la libre determinación de los pueblos sobre sus gobiernos,
territorios, identidad y juicio.
Se instaurará paulatinamente un proceso de planificación participativa con
el concurso de los pueblos indígenas, que establezcan prioridades de
atención a sus necesidades a partir de los recursos públicos disponibles.
Se llevarán a cabo gradualmente la transferencia de recursos y funciones
institucionales, relacionados con las políticas públicas para los pueblos
indios, hacia las organizaciones comunitarias cuyos objetivos y metas
programáticas estén basadas en sus demandas directas.
Se establecerán políticas y programas para el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales de los pueblos indígenas, que respeten su
autonomía y establezcan su participación en la construcción de toda la fase
del proceso, creando modelos de evaluación que sean aplicados por las
instituciones que participen en su aplicación.
Se promoverán medidas compensatorias y acciones afirmativas para
equilibrar las oportunidades entre las comunidades y organizaciones
indígenas y el resto de la sociedad, e impulsar el desarrollo de los pueblos
indígenas. Estas medidas y acciones deberán respetar los derechos
colectivos y realizarse conforme a las políticas de sustentabilidad del nuevo
gobierno.


22

VIII USO, APROVECHAMIENTO Y RETRIBUCION DE LOS
BENEFICIOS GENERADOS POR LA EXPLOTACION DE LOS
RECURSOS NATURALES
Diagnóstico

Los pueblos indígenas no poseen mecanismos
ni canales de participación efectivos en los procesos
de tomas de decisiones sobre la definición de los
proyectos que se han instrumentado en su territorio
para la explotación de los recursos naturales, ni
tienen capacidad alguna de incidencia en las políticas
gubernamentales para el desarrollo económico. Esta
situación ha generado desconfianza hacia el gobierno
entre los pueblos indígenas, que apuntala una lenta y cada vez más difícil
reconstrucción del sujeto social, cultural y espiritual, al decidir a no ser asimilados
por los mecanismos que rigen el sistema político y económico, que para la
sociedad no india significa la supervivencia y el progreso.

Hasta ahora no ha existido un modelo de aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales que sea compatible con la cosmovisión indígena, la cual
define la relación entre los seres humanos y naturales que expresa la unidad
indisoluble hombre-tierra-naturaleza. Las acciones emprendidas en anteriores
gobiernos respondieron a la intención de sujetar a los pueblos indígenas a
intereses que les eran extraños e imponer un sistema de explotación de sus
recursos naturales sin beneficio para las comunidades, lo que ha impedido la
movilización del capital social necesario para la reorganización de la economía.

Los gobiernos anteriores instrumentaron programas para atender los
rezagos del desarrollo de los pueblos indígenas a partir de modelos inapropiados y
con acciones dispersas, asistenciales, paternalistas y clientelares que no
erradicaron la pobreza. Estas políticas respondían al viejo estilo de dominación y
dependencia, a la falta de una visión amplia y clara a lo que es la planeación de un
desarrollo integral e incluyente y a la imposición de procesos económicos
mundiales que no han tomado en cuenta la cosmovisión indígena, basada en la
convivencia armónica con la naturaleza y en el respeto, la solidaridad, la equidad,
la colectividad, la lealtad, la honestidad y la justa distribución de la riqueza, entre
pueblos, comunidades e individuaos.

La falta de compromiso y respeto a la cosmovisión y sabiduría de los
pueblos indígenas y la implantación de un modelo de desarrollo ajeno a ellos,


23

provocaron el fracaso de los programas gubernamentales al mismo tiempo que
destruyeron la acción de las instituciones comunitarias y de sus sistemas de
manejo de los recursos naturales.

Los pueblos indios son poseedores de un conocimiento complejo y
sofisticado de sus espacios vitales, saberes que se han transmitido de forma oral
de generación en generación, y que abarcan temas como la biodiversidad, las
peculiaridades geológicas, climáticas y topográficas, ordenados en un conjunto
lógico que es sometido a revisiones prácticas. Sus técnicas tradicionales de cultivo
reducen el ataque de plagas y estimulan el aumento de población de fauna
silvestre, manteniendo la relación de equilibrio, respeto y diversificación de la
naturaleza con el espacio vital.

El conocimiento práctico del ciclo de la naturaleza les ha posibilitado la
explotación racional de los recursos, utilizando el concepto de intercambio en lugar
de una concepción de explotación, de ahí que las técnicas agroecológicas sean
afines a las técnicas indígenas tradicionales. Sin embargo, la expropiación de esta
sabiduría, el colonialismo cultural, la concepción inequitativa de la tierra y la
imposición de modelos tecnológicos modernos inadecuados al entorno físico y
social han hecho que se sobreexploten y agoten los recursos naturales, obligando
a muchos pueblos y comunidades a emigrar en busca de nuevas tierras.

Al instrumentar esta clase de políticas, se arraigaron entre los pueblos
indígenas actitudes de dependencia, como la entrega no planificada de recursos
en dinero y en especie_ que no provenían de un programa de desarrollo integral,
y se desvalorizaron sus prácticas culturales.

El Estado monopolizó, perfeccionó e institucionalizó el paternalismo y el
asistencialismo, a tal grado que por muchas generaciones los pueblos indios han
sido sometidos e un gran empobrecimiento material y cultural. Ello evito todo
principio de equidad social y anuló el tradicional trabajo participativo, armónico y
colectivo, debilitando aquellas prácticas que son coherentes a los principios de
sustentabilidad.

El proceso para cambiar la arraigada práctica del clientelismo sin
conceptos falsos de desarrollo y modernidad, y sin que se generen conflictos
sociopolíticos, es largo y sumamente complejo; se requiere extirpar de raíz los
modelos que responden a una línea de pensamiento unilateral, imperante y que
pretende ser globalizadora.

El nuevo gobierno considera que los pueblos indígenas se derivan de la
compleja interacción entre sus aspiraciones materiales, sociales y culturales. Que


24

la pobreza no se basa esencialmente en la falta de alimentos y de bienes
materiales, sino en la ausencia de mecanismos que aumenten la autosuficiencia
productiva y de servicios, mediante el rescate de la producción tradicional,
complementada con la innovación tecnológica apropiada.

Para que los pueblos indios puedan contar con una seguridad alimentaria y
mejore su calidad de vida e ingresos, es necesario elaborar estrategias
alternativas que les permita comercializar sus productos.

Se debe desterrar la visión que ha validado durante muchos años la idea de
que el desarrollo y la modernidad equivalen simplemente a una acumulación de
riquezas materiales y de capacidad de consumo, es decir que quien más recursos
energéticos derroche y más compre, esté más desarrollado.

En consecuencia, es imprescindible establecer una nueva relación con la
naturaleza basada en la sustentabilidad y en la equidad social, el respecto al uso y
disfrute de los recursos naturales. Particularmente es urgente revisar la
cobertura y los avances del Plan Hídrico integral de Tabasco, instrumentado
por los últimos gobiernos estatales, con la finalidad de proteger a las comunidades
de las inundaciones. Sin embargo, hasta el momento esto no se ha logrado y
muchas comunidades indígenas sufrieron las peores inundaciones de la historia,
lo que afectó gravemente su economía; los sectores productivos han sido
devastados, convirtiendo a los territorios indígenas en zonas de desastre, y
trayendo consigo más marginación y pobreza. Las inundaciones amenazan con la
dispersión de las comunidades indígenas, y con ello la pérdida total de su cultura,
por lo que es urgente darle un manejo sustentable al agua.

Objetivos

Contar con una legislación que regule la investigación, la aplicación de los
conocimientos tradicionales de la naturaleza y el uso de la biotecnología
(Bioprospección) y reconocer la explotación de los recursos genéticos
contenidos en el territorio de los pueblos indios como patrimonio de la
nación.
Promover la participación de las comunidades, las organizaciones
económicas de base y los grupos de trabajos de los pueblos indígenas en
la toma de decisiones, seguimiento, evaluación y control de los programas
de desarrollo que se implementen en su beneficio.
Instrumentar procesos productivos sustentables que fortalezcan el
desarrollo de los pueblos indígenas.
Garantizar que los proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales
tengan carácter multidisciplinario, y tomen en cuenta la interrelación que


25

existe entre los valores culturales, la conservación del ambiente, la relación
de la sociedad con su entorno, la seguridad alimentaria y la autosuficiencia
productiva y de servicios.
Establecer criterios administrativos, normas operativas, en su caso,
modificaciones a leyes correspondientes, para fijar pagos compensatorios
por la explotación y el aprovechamiento de recursos estratégicos por
terceros en territorios indígenas, estos recursos serán utilizados para el
beneficio social y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos
indígenas.
Lograr un manejo responsable del agua. Que lejos de que sea un problema,
se transforme en una oportunidad para los habitantes, pues es un recurso
vital para la producción del campo.

Estrategias

Se promoverá una consulta entre los pueblos indígenas, sus comunidades
y sus organizaciones, para elaborar propuestas de reformas legales e
institucionales que sirvan para regular la biotecnología y proteger los
recursos genéticos que se encuentran en sus territorios como parte de su
patrimonio y del de la nación.
Se vincularán los planes y programas de estudio, especialmente de los
niveles técnicos y profesional, así como los proyectos de investigación, con
las necesidades y los procesos de producción tradicional.
Se diseñarán modelos pilotos de proyectos económicos sustentables,
acorde con las características naturales y la cultura de los pueblos
indígenas, orientados a romper el círculo estructural de la pobreza y elevar
la calidad de vida de las comunidades.
Se elaborarán programas de desarrollo, a partir de diagnósticos hechos con
la participación de las comunidades, que incorporen la autorregulación y el
ordenamiento territorial comunitario de los pueblos indígenas.
Se trabajará interinstitucionalmente en la prospección de los recursos
estratégicos en territorio indígena para identificar los beneficios que pueden
aportar a las comunidades, y como soporte para definir cuotas
compensatorias en el aprovechamiento por terceros de esos recursos.
Se regularán y sancionarán los posibles daños al patrimonio cultural de los
pueblos indígenas, especialmente cuando se lleven a cabo acciones de
obra pública y de infraestructura social.
Se impulsará la formación de recursos humanos en los pueblos indígenas,
en materia de tecnología y gestión administrativa, y en el rescate y difusión


26

de las tecnologías propias, poniendo especial atención en la incorporación
de las mujeres en estos procesos de capacitación.
Se articulará la producción primaria de los pueblos indígenas con los
procesos de transformación para otorgarle un valor agregado que permita
fortalecer su estructura económica.
Se impulsará la producción agroecológica como base de la autosuficiencia
alimentaria de las comunidades indígenas y como actividad especializada
para la producción orgánica, en apoyo a las organizaciones que dispongan
de mercados para la venta de sus productos.
Se apoyará la conformación de empresas sociales para impulsar el
desarrollo socioeconómico de los pueblos indignos.
Se crearán consejos generales regionales y micro regionales responsables
de la operación, seguimiento, evaluación y el control de los programas
integrales de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
propuestos por los grupos de trabajos y organizaciones económicas de las
comunidades.
Se promoverá la incorporación de nuevas tecnologías mediante la
adaptación de procesos que recupere el conocimiento y la experiencia de
los pueblos indígenas y se promuevan el aprovechamiento sustentable, con
el fin de mejorar sus sistemas de producción.
Se apoyara la creación de fondos de ahorro y de autofinanciamiento para
los grupos, organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas.
Se promoverá la participación de los pueblos indígenas en la elaboración y
el constante perfeccionamiento de las políticas transversales de
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y en la definición
de nuevos criterios compatibles con sus derechos y su cultura para medir
su calidad de vida.
Se facilitara a las organizaciones de las comunidades de los pueblos
indígenas el pleno acceso a la capacitación técnica y administrativa, que les
permita la conducción de sus procesos productivos y el manejo de recursos
provenientes de fondos públicos, de conversión social y privados.
Se resolverá, por medio del dialogo, la conciliación y con alternativa que
contengan un enfoque sustentable, las demandas de desarrollo que
generan presión y descontento social intercomunitario en los pueblos
indígenas.
Se crearan, en el marco de la nueva relación con los pueblos indígenas y la
nueva regionalización, nuevos indicadores de los niveles de calidad de vida
entre los pueblos indígenas, que permitan una mejor distribución de los
recursos y servicios.


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