Publicado en la revista Capital en mayo de 2016.

1. 31
A FONDOA FONDO
S
e imagina un recorte de las
pensiones tan brutal como
en Grecia? Allí, los que per-
cibían 1.000 euros se han
quedado con un 45% menos desde
que se inició la crisis; los que recibían
el mínimo, lo han visto disminuido
en un 10%. Menudo panorama.
Por fortuna, nuestra situación a
día de hoy, está lejos de ese esce-
nario. El dinero destinado a gasto
social es muy similar al de hace
cuatro años: 290.000 millones,
frente a los 296.000 millones de
2011. Los políticos saben que se la
juegan con este tema, y para sal-
varlo son capaces de recurrir a un
terreno que hasta ahora se consi-
deraba sagrado: la hucha de las
pensiones. El Gobierno de Rajoy
la ha reducido a la mitad. Algo ló-
gico, teniendo en cuenta que esa
hucha está para usarla en situacio-
nes de crisis. Pero el propio hecho
en sí hace emerger una pregunta
inevitable: ¿será posible mantener
nuestro mundialmente envidiado
sistema de protección social?
El economista Daniel Lacalle esti-
ma que sí. Pero, para lograrlo, de-
beremos exigir a nuestros políticos
que hagan bien sus deberes. El
primero es no volver a cometer los
errores del pasado. “Si aumenta el
déficit como ocurrió con Zapatero
nos encaminamos a otro shock de
deuda que hará insostenible el Es-
tado de Bienestar”, mantiene La-
calle. La Unión Europea no admi-
tiría ese descuadre en las cuentas
públicas. Si nos intervienen, ya
han visto lo que han hecho en Gre-
cia: recortar la protección social.
Las propuestas económicas de
PSOE, Podemos o Ciudadanos no
parecen ir en la línea de esas cuen-
tas saneadas que el país necesita
para poder mantener su gasto so-
cial. PSOE y Ciudadanos plantean
un aumento del gasto de alrededor
de 20.000 millones, que se com-
pensaría con la supresión de dipu-
taciones y el aumento de impues-
tos a empresas, herencias y patri-
monio. “Es una receta equivoca-
da”, sostiene Juan Ramón Rallo,
director del Instituto Juan de
Mariana. “Lo que habría que hacer
es bajar impuestos y reducir gas-
tos”, añade.
El plan de Podemos aún va más
allá. Sugieren incrementar el gas-
to en 96.000 millones hasta el
2019, con la idea de que ese estí-
mulo provocará un efecto multi-
plicador en los ingresos que hará
innecesarios recortes adicionales.
Pero es dudoso que esos efectos
multiplicadores puedan conse-
guirse cuando están planteados
sobre la media de crecimiento de
los últimos años, que es superior
a la que viene. Lo lógico es pensar
que sean menores. Tampoco tiene
sentido invertir más dinero pú-
blico cuando nuestro Estado, con
casi un 100% de deuda, no es pre-
cisamente solvente.
Gastar más no es la solución para
mantener el Estado del Bienestar.
Estados Unidos es el país con ma-
yor coste sanitario sobre PIB del
mundo y cuenta con una sanidad
pública cara e ineficiente, que no
quiere nadie. Y si pensamos en
España, no parece que el gasto
público invertido en determinadas
regiones haya tenido consecuen-
cias positivas: “El asistencialismo
que se ha implementado en Anda-
lucía en los últimos treinta y siete
años ha producido el efecto más
desastroso de la Unión Europea
sobre la economía, el empleo y
¿Quiénsalvaránuestro
estadodelbienestar?
Aumentar el gasto público, como quieren PSOE o Podemos, no asegura la
pervivencia de las pensiones o el seguro de desempleo; tampoco mejora la
calidad de la educación o la sanidad estatal.
Más bien los pone en peligro.
30

2. 3332
A FONDOA FONDO
el patrón de crecimiento. Es un
sistema que hace confortable la
pobreza y perpetúa la burocracia”,
afirma Daniel Lacalle.
¿De verdad queremos mantener un
país así? Las ayudas sociales tienen
sentido cuando son necesarias. Pro-
longarlas cuando no lo son duerme
la iniciativa de las personas. Ahoga
su capacidad creadora y encorseta la
vida económica. El sistema clientelar
hacelavidamáscómoda,alosciuda-
danos más dependientes del Estado
y al país más pobre en todos los sen-
tidos. Y el problema parece difícil de
solucionar. “Hay muchos intereses
creados”, sostiene Lacalle. “Muchos
comités, muchos sindicatos y mucha
burocracia que ahoga el crecimiento.
Ahora que han vuelto al millón de
desempleadosenlaregión,hablande
crear un observatorio con dinero pú-
blico para estudiar las causas del
problema. Es una vergüenza”, lamen-
ta este economista.
La lacra de este sistema no es solo
que adormece a los que viven del
Estado: es que no deja vivir a los que
quieren crear riqueza.“Hay que eli-
minar radicalmente el tsunami bu-
rocrático y fiscal en el que se sume a
las pymes cuando tienen 49-50 em-
pleados o tres millones de ingresos.
Es una monstruosidad”, añade La-
calle. A ello hay que añadir pegas
como las planeadas por el tándem
PSOE-Ciudadanos, que en su pro-
grama sugiere impedir a los autóno-
mos elegir su base de cotización so-
cial. Sería una medida letal para la
mayoría de estos trabajadores, que
vería incrementada considerable-
mente la cuota que han de pagar a la
Seguridad Social.
Solucionar estos problemas es clave.
Si la economía siguiera mejorando,
los salarios también lo harían. Pros-
perarían las condiciones de vida y
los ingresos fiscales permitirían pa-
gar el Estado del Bienestar. Pero,
para que esto pase, hay que dejar
que los empresarios sobrevivan y
puedan crear puestos de trabajo.
Una prosperidad de la economía y
de las condiciones de vida favorece-
ría también el retorno de inmigran-
tes. Llegaron en masa cuando Espa-
ña estaba en una buena situación
Los países nórdicos, a los que Ciu-
dadanos o Podemos se han referido
como posibles modelos, tienen una
estructura económica distinta a la
nuestra. La población paga unos
impuestos altísimos en IVA e IRPF,
y a las empresas se les mima en es-
te terreno. Mientras que aquí se
sube la cuota a los autónomos, el
IRPF o se eliminan deducciones,
las pymes nórdicas no pagan im-
puestos hasta su tercer año de be-
neficios. Hay empresas noruegas
que llevan años sin pagar impues-
tos porque se les deducen de su
inversión, que es mucha.
En España podemos aprender de
algunas de estas medidas. Sobre to-
do, en lo que se refiere a limpiar el
sistema de burocracia y facilitar la
vida a las personas que pueden crear
riqueza y empleo. También, como
dice Juan Ramón Rallo, podemos
fijarnos en Suiza, que es un buen
ejemplo fiscal, de libertad de mer-
cado, descentralización administra-
tiva y estabilidad institucional. Pero
también debemos tener en cuenta
que esos países han pagado ciertos
peajes. “Dinamarca es el país con
mayor desigualdad de la OCDE, y
allí existe el despido libre. En nin-
guno de los países nórdicos existen
funcionarios de carácter vitalicio”,
recuerda Daniel Lacalle. Está bien
fijarse en lo bueno y decírselo a los
ciudadanos, pero hay que contar la
verdad completa.
El pronóstico es grave. Hay mucho
trabajo por hacer. Esa tarea requiere
de líderes con ideas claras, que estén
más pendientes de fomentar la liber-
taddelosciudadanosquedetenerlos
controlados con sus ayudas y su pa-
ternalismo. El empleo juvenil es otro
de los ejemplos en el que se ve nece-
saria una actuación urgente. Acucia-
dos por la tasa de paro más alta del
mundo, los jóvenes se ven obligados
a coger los contratos precarios a los
quelesabocaladualidaddelmercado
de trabajo. Y para compensar ese
error en la legislación, la UE lanza
planes de ayuda económicos. Más
dinero para evitar los errores de la
burocracia, hasta que ya no quede. Y
entonces, ¿qué pasará? Miremos a
Grecia, y echémonos a temblar.
n JORDI BENÍTEZ
Noruega
Dinamarca
Suecia
Finlandia
Austria
Bélgica
Francia
Holanda
Islandia
Irlanda
Alemania
Reino Unido
Área euro (19)
Italia
UE (28)
Chipre
FINLANDIA
FRANCIA
DINAMARCA
BÉLGICA
SUECIA
AUSTRIA
ITALIA
HUNGRÍA
ESLOVENIA
GRECIA
CHIPRE
Área euro (19)
PORTUGAL
UE (28)
CROACIA
HOLANDA
NORUEGA
ISLANDIA
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
ALEMANIA
MALTA
Gasto público en los países de la UE en 2014 (en euros por habitante) Gasto público en los países de la UE en 2014 (en % del PIB)
Fuente: Eurostat . Fuente: Eurostat.
económica. Su vuelta permitiría
ampliar la base de cotizantes, aun-
que no resultaría tan fácil. “Sería
una posibilidad interesante a largo
plazo, pero habría que liberalizar
más el mercado de trabajo para que
fueran empleables”, señala Juan
Ramón Rallo. Si el salario mínimo
y la cotización a la Seguridad Social
eleva el coste mínimo de contrata-
ción a 1.100 euros, y se les quiere
pagar menos (que es lo que suele
ocurrir), eso les convierte en inem-
pleables.
Este tipo de soluciones podría quizá
evitar lo que este economista y tan-
tos otros ven como un choque inevi-
table con las matemáticas. El efecto
demográfico hará que en las próxi-
mas décadas haya un trabajador por
cada pensionista. Al haber menos
cotizantes, es evidente que el Estado
no puede destinar a pensiones el
mismo dinero que dirigía cuando
había dos trabajadores por pensio-
nista.Fundamentalmente,porqueno
hay. Por eso Rallo, si siguiéramos
esas matemáticas, no vería otra sali-
da que reducir el gasto público en
dos líneas. La primera serían las pen-
siones, sin que esto significara redu-
cir las más bajas, que ya son muy
bajas. La segunda se referiría a dis-
minuir la diferencia entre los salarios
delosempleadospúblicosyprivados
(un asalariado medio público cobra
un 50% más que uno privado, según
el INE) y a fijar su número en un
ratio por español similar al del año
2000. De este modo, Rallo estima
que ahorraríamos entre 20.000 y
25.000 millones que podrían desti-
narse a la protección social de todos
los españoles.
La creatividad será la encargada de
que podamos conseguir un sistema
económico que pague con nuestros
ingresosnuestrasnecesidadesylasde
nuestros compatriotas. Para conse-
guirlo puede ayudarnos mirar las re-
cetasdeotrospaíses,aunquehayque
hacerlo sin idealismos, con realismo.
“Está muy bien compararse con los
paísesnórdicos,perohayqueteneren
cuentaqueseencuentraneneltoptres
global de libertad económica, de ma-
yor facilidad para crear empresas y
empleo.Nosepuedenexigirlosbene-
ficios de las sociedades líderes sin ser
unadeellas”,recuerdaDanielLacalle.
33.536 20.140 17.959 14.617
25.987 19.592 15.672 13.591
23.481 18.530 15.469 13.153
21.913 18.111 15.293 10.084
58,7 52,3 46,6 43,949,1
49,057,2 51,1 45,7 43,8
57,0 50,1 45,449,0
48,154,3 49,8 44,4
53,0 49,3 44,048,0
9.924
ESPAÑA
44,6
ESPAÑA