THE POLITICS OF THE O. C

1. INFILTRACIÓN MAFIOSA EN LAS
INSTITUCIONES DEL ESTADO MEXICANO
Ana Karen Aréchiga Santillán
Verano Internacional
Karen.arechiga@hotmail.com
Políticas del Crimen Organizado
Azul Aguiar
ITESO

2. 1
Después de la Revolución Mexicana el poder político se consolido de manera centralizada
en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logrando crear una dictadura disfrazada de
democracia que durante más de setenta años rigió el país con una cierta estabilidad política pero
con mucho descontento de la población. En este contexto de México post-revolucionario es cuando
se gestaron en nuestro país las diferentes organizaciones criminales; incluidas las conocidas como
cárteles cuya actividad ilícita principal es el narcotráfico.
Es bien sabido que las organizaciones criminales alrededor del mundo tienen el poder para
poder infiltrarse en el gobierno pues existen varios ejemplos a nivel internacional de dicha relación,
algunos de los más conocidos son el de Pablo Escobar en Colombia y la Cosa Nostra en Italia
(Della Porta & Vannucci, 1999, pp. 217-240). Esto nos lleva a la pregunta siguiente; en un estado
cuyo gobierno es de tipo dictatorial y centralizado ¿Cómo es que se infiltraron las mafias en las
instituciones del Estado Mexicano? Además también hay que preguntarnos ¿las instituciones
pueden usar los recursos de las organizaciones delictivas para actividades políticas?
Para responder las preguntas anteriores hay que estar conscientes que como muchas cosas
en nuestro país, la infiltración mafiosa en México es sui generis puesto que muchas de estas
organizaciones criminales se crearon desde las instituciones del estado, es decir que las mafias se
crearon en el seno del Estado Mexicano y este es quien las protegía (Instituto Mexicano de Estudios
de la Criminalidad Organizada A.C., 1998, p. 31). Por otro lado otro elemento importante a tomar
en cuenta es la relación que se perpetuo a partir de esta infiltración, ya que estaba controlada por
el gobierno centralista que había consolidado el PRI; sistema que ahora ha salido de control al
haber cambiado régimen a partir de la transición democrática (Flores Pérez, 2009, p. 180).
Estos dos elementos nos permiten entender no sólo el tipo de infiltración mafiosa que se
dio históricamente en nuestro país, sino también el tipo de relación que se manejaba entre las
organizaciones criminales y el gobierno. Además también gracias a estas consideraciones podemos
hacer una comparación entre el nexo político-criminal de la época y el nexo actual. Para
comprender más a profundidades estos dos elementos hay que hacer un recuento histórico de cómo
es que se crearon algunas de las organizaciones criminales en nuestro país.

3. 2
En base a lo que determina Luis Astorga (2002, p. 8) en México se pueden identificar cuatro
etapas históricas del desarrollo del nexo político-criminal; la primera es de 1914 a 1947 y se
caracteriza por el control de las autoridades locales sobre las actividades delictivas. La segunda
abarca de 1947 a 1985 cuando el gobierno federal comienza a tener injerencia en dicho nexo. La
tercera etapa es de 1985 al año 2000, cuando el control de las actividades delictivas es ejercido por
los jefes de las agencias policiacas y finalmente el cuarto periodo se inicia a partir del año 2000.
Una década clave entre el segundo y tercer periodo fue la década de los setentas, ya que
como lo señala la información que presenta el Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad
Organizada A.C. (1998, p. 33) a lo largo de dicha época se comenzó gestar una guerra sucia en
contra de grupos armados izquierdistas. Para combatir a estos grupos las agencias de seguridad
pública usaban grupos de tipo paramilitar como la Brigada Blanca. Este tipo de organizaciones
eran “un mal necesario”, ya que los políticos tenían como aliciente para mantener en
funcionamiento a los grupos paramilitares el evitar el fortalecimiento de grupos izquierdistas
subversivos.
A cambio de sus servicios el gobierno le daba impunidad a estas organizaciones en los casos
de los delitos cometidos contra los miembros familiares y cooperadores de los ya mencionados
grupos de izquierda; delitos que incluían el robo, la extorsión y el secuestro. Era una especie de
“botín de guerra” que el gobierno les permitía conservar a los paramilitares de la guerra sucia,
mismo que incluía los recursos financiero que usaban los grupos políticos contra quienes luchaban
(Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada A.C., 1998, p. 34).
La llamada Brigada Blanca se había consolidado al interior de agencias policiacas como la
Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Militar (Flores Pérez, 2009, p. 187), pero a
finales de los años setenta los grupos subversivos habían sido derrotados políticamente,
militarmente y además hasta cierto punto fueron asimilados por la reforma política durante el
sexenio de José López Portillo; por lo que la Brigada Blanca se había quedado sin trabajo y fue
desmantelada. Muchos de sus miembros se unieron a otras corporaciones clandestinas que
operaban junto a las fuerzas de seguridad pública institucionalizada y que se mantuvieron gracias
a que lograban convencer a los altos mandos de que era necesario tenerlos en caso de que surgieran

4. 3
nuevos grupos insurgentes (Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada A.C.,
1998, p. 35).
Las actividades ilícitas a las que se dedicaron en un principio eran al narcotráfico, lenocinio,
contrabando y extorsión de delincuentes. Estas actividades serian simplemente toleradas en un
principio, pero por la cantidad de recursos que se obtenían de las mismas se llegaron a proteger y
a promocionar desde el interior de las instituciones a cambio de una cantidad que debían pagar al
gobierno. (Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada A.C., 1998, p. 36).
Existen también casos más recientes en los que un grupo creado por el gobierno se
transforma en una organización delictiva. Por ejemplo el grupo de los Zetas nace como un grupo
de militares que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército
mexicano y se pusieron al servicio del cártel del golfo como su brazo armado, mismo que con el
tiempo se convertiría en una organización independiente dedicada a sus propias actividades ilícitas
(Logan, 2009).
Por tanto mucho del crimen organizado en México no se infiltro en las instituciones, se
gestó y se consolidó al interior de las mismas generando una estructura piramidal donde se incluían
jefes de agencias policiacas y políticos. Todo esto bajo un esquema gubernamental rígido y
centralista llevo a que el gobierno lograra controlar el crimen y limitara su expansión hasta cierto
punto, por ejemplo si algún grupo delictivo nuevo surgía y no quería adherirse a la estructura ya
creada, pagando las cuotas necesarias para continuar trabajando en las plazas, las agencias
policiacas los combatían y hacían todo lo posible por disuadirlos de unirse a dicho sistema (Instituto
Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada A.C., 1998, p. 37).
Así se creó un mercado de corrupción en el que los criminales podían trabajar con
facilidades y libertades mientras cooperaran con las autoridades y dieran los incentivos monetarios
necesarios para perpetrar su impunidad (Della Porta & Vannucci, 1999, pp. 217-240). En la
tipología acuñada por Carlos Antonio Flores Pérez (2009, p. 122) la relación entre el gobierno
mexicano y el crimen organizado era de tipo Centralizado-descendente-incremental. En esta
tipología la relación es centralizada por el tipo de vínculo, es descendente por cómo se ejerce el
control de la misma y finalmente es incremental pues tiende a expandirse e influir más.

5. 4
Pero la relación gobierno-delincuencia es siempre asimétrica, es decir no tiene el mismo
poder o capacidad el delincuente que el gobernante, en el caso de México la relación solía cargarse
en su conjunto del lado de la clase gobernante (Flores Pérez, 2009, p. 132). Es decir por la
concentración de poder tan grande del PRI como institución política los delincuentes eran quienes
en general requerían del gobierno para poder operar y con el mercado de corrupción gestado en los
setentas la demanda de la delincuencia tenía suficiente oferta por parte del estado.
Casos del control político sobre la delincuencia son frecuentes en la época de 1947 a 1985.
Tenemos el ejemplo de Leopoldo Sánchez Celis, gobernador del estado de Sinaloa quien fue
considerado como el padrino de Miguel Ángel Félix Gallardo; quien inició su carrera como policía
y guardaespaldas de dicho gobernador (Astroga, 2002). Con esto se evidencia que la filtración
mafiosa en México se concentró no solo en los cuerpos policiacos y de seguridad pública, sino
también en grandes puestos políticos.
Otro ejemplo claro y contundente es la participación de la DFS en el crimen organizado, ya
que agentes de esta institución fueron detenidos en el rancho de Rafael Caro Quintero en noviembre
de 1984 en el decomiso de 5,000 a 10,000 toneladas de marihuana. También cuando el mismo Caro
Quintero fue detenido después del asesinato de Enrique Camarena portaba con él una placa que lo
identificaba como miembro de la DFS. La DFS también en su momento logro desplazar con su
poder monetario e influencia a la Procuraduría General de la República (PGR) en su papel de
combate al narcotráfico en la época en que su director era José Antonio Zorrilla (Flores Pérez,
2009, pp. 180-191).
Después del desmantelamiento de la DFS y el escándalo del asesinato de Enrique Camarena
el control del crimen organizado por parte del gobierno se volvió más férreo, coincidiendo con las
exigencias de los Estados Unidos a partir de la guerra contra las drogas declarada por el presidente
Ronald Reagan. Todo el sistema se mantuvo bajo control hasta el año 2000 cuando bajo la misma
tipología podríamos describir el nexo político-criminal como Atomizado-multidireccionado-
incremental; es decir varios actores están involucrados de manera independiente y el poder en la
relación va en varias direcciones (Flores Pérez, 2009, p. 122).

6. 5
En conclusión la infiltración mafiosa en México se dio desde las instituciones de seguridad
pública que se convirtieron en mafias policiacas que permitían la actividad del crimen organizado,
todo esto a partir de un mercado de corrupción que nutrió el nexo político-criminal que era motivo
de conflicto incluso entre las distintas agencias de seguridad pública del país. Pero qué tanto de esa
infiltración permanece en las instituciones a partir del año 2000 es aún motivo de especulación por
el nuevo modelo de interacción entre las instituciones públicas y el crimen organizado.

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Bibliografía
Astroga, L., 2002. The Field of Drug Traffiking in Mexico. En: Globalisation, Drugs and
Criminalisation. Final Research Report on Brazil, China, India and Mexico. Management of Social
Tranformations.. Paris: UNESCO, pp. 6-22.
Della Porta, D. & Vannucci, A., 1999. Politics, The Mafia, And the Corruption Market. En: Corrupt
Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms of Political Corruption. New Jersey: Transaction
Publishers, pp. 217-240.
Flores Pérez, C. A., 2009. El Estado en Crisis: Crimen Organizado y Política. Desafios Para la
Consolidación Democrática. México D.F.: Publicaciones de la Casa Chata.
Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada A.C., 1998. Características del
Crimen Organizado en México . En: Todo lo que Debería Saber Sobre el Crimen Organizado en
México. México D.F.: Editorial Oceano, pp. 31-143.
Logan, S., 2009. Los Zetas: Evolution of a Criminal Organization. [En línea]
Available at: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail//?lng=en&id=97554
[Último acceso: 23 Junio 2014].