1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN COLOMBIA
EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA ASIGNATURA DE:
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN COLOMBIA
Contiene una presentación, el resumen de la Estrategia Nacional contra la
Violencia del Gobierno de Cesar Gaviria “1990-1994” y al final se presenta un
breve análisis de esta política.
PANORAMA GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Fuente:
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/Colombia/colombia_1.ht
ml
El problema de la violencia en Colombia es una realidad que, como estiman
algunos analistas, traspasa los límites de la denominada seguridad nacional y
la seguridad ciudadana. El conflicto interno que ha afectado al país por más de
50 años y que posee como una de sus principales características la inclusión de
múltiples actores (grupos "guerrilleros", grupos de autodefensas y gobierno),
ha afectado toda la estructura política, social y económica del país,
perjudicando a todos los niveles de gobierno, instituciones y los colombianos,
quienes en mayor o menor proporción, han visto amenazado algún ámbito de
su seguridad. En este sentido, el conflicto armado, se ha convertido en una de
las principales causas de los problemas de seguridad ciudadana en Colombia, y
por lo tanto las respuestas a la inseguridad ciudadana no han excluido
intervenciones militares. Esta es la principal particularidad de Colombia en
materia de seguridad ciudadana, ya que no solo involucra a grupos armados
irregulares (civiles), sino que también incluye al ejército colombiano. Por tanto,
fenómenos agravados por este conflicto, como es el caso de la pobreza y falta
de empleo, las poblaciones desplazadas, el narcotráfico, el terrorismo, las
guerrillas urbanas, etc., son detonadores directos de altos índices de
delincuencia y violencia en pueblos, ciudades y municipios del país.
Sin embargo, se han llevado a cabo diversas acciones por parte de las
entidades públicas y ciudadanas --a nivel nacional y local-que, según las
estadísticas más recientes del Ministerio de Defensa de Colombia, demuestran
que los indicadores de delincuencia han disminuido en el año 2007: Se
cometieron 17, 198 homicidios, 69,516 casos de robo, 486 secuestros, 960
casos de extorsión, 387 actos terroristas y 75 acciones subversivas, mientras
que en el 2005, los datos fueron los siguientes: 18,111 homicidios, 69,516
robos, 800 secuestros, 1739 casos de extorsión y 195 acciones subversivas.
Estos datos demuestran, que si bien Colombia ha evidenciado una tendencia

2. decreciente en la tasa de homicidios, sigue siendo uno de los países
latinoamericanos con mayor número de personas asesinadas por cada 100,000
habitantes. Adicionalmente, otros tipos de delitos han aumentado
considerablemente, como es el caso de los robos, tanto personales como a
establecimientos comerciales, pero estos delitos tienden hoy en día ha
estabilizarse. Estos datos ponen de relieve que el gobierno de Colombia está
luchando en contra de la criminalidad, utilizando una estrategia de mano dura
contra el crimen organizado y la violencia causada por el conflicto armado
interno, en una modalidad denominada de "seguridad democrática".
Efectivamente, a partir de los años noventa, el gobierno colombiano comenzó a
lanzar políticas de seguridad, como la "Estrategia Nacional contra la Violencia"
(1991), el "Programa Seguridad para la Gente" (1993), y más recientemente
las políticas de "Seguridad Democrática y Consolidación de la Seguridad
Democrática", correspondientes a los dos períodos de gobierno del presidente
Uribe (2002-2007 y 2007 hasta el presente). Asimismo, el gobierno nacional
se ha encargado de gestionar la promulgación de una legislación propia sobre
el tema de seguridad ciudadana, en donde, no sólo se involucra a las
instituciones del gobierno, sino también a la población civil. En este sentido, se
han gestionado instrumentos como la Ley 62 de 1993, a través de la cual se
organiza la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Participación Ciudadana
en la misma, y el Decreto Ley 2188 de 1995, el cual reglamenta todo lo
concerniente con el tema de seguridad ciudadana.
Gobierno Gaviria
UNA ESTRATEGIA REALISTA PARA RESPONDER AL DESAFIO HISTORICO DE
DERROTAR LA VIOLENCIA “LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA”
Este documento establece el marco general de la Estrategia Nacional contra
la Violencia, planteada sobre la base de tres grandes propósitos: garantizar
que el monopolio del uso de la fuerza esté en manos de las instituciones
armadas estatales, según el mandato constitucional; recuperar la capacidad de
Justicia para sancionar el delito y combatir la impunidad, y, finalmente, ampliar
el cubrimiento institucional del Estado en todo el territorio nacional. El
compromiso activo de los ciudadanos respecto a estos propósitos es la
condición básica para que el Estado responda al desafío histórico de derrotar la
violencia y pacificar a Colombia, que planteó el Presidente de la República en
su discurso de posesión...
CINCO GRANDES POLITICAS

3. * Aplicación regional de la Estrategia.
* Fortalecimiento y modernización de la Justicia.
* Política de paz con la guerrilla.
* Políticas frente a los agentes de violencia.
Guerrilla
Narcotráfico
Delincuencia organizada, criminalidad difusa y terrorismo
Secuestro y extorsión
* Protección y Promoción de los Derechos Humanos.
ENFOQUE REGIONAL PARA REDUCIR VIOLENCIA
* Cada departamento tiene sus propias características.
* Consejos Seccionales de Seguridad como organismos de coordinación de
todo el Estado.
* Responsabilidad de gobernadores, intendentes, comisarios y alcaldes en el
manejo del orden público.
* Diseño, ejecución y seguimientos de planes de seguridad regional.
* Definición de objetivos y plazos.
* Cooperación de organizaciones cívicas y comunitarias con las autoridades
para el buen éxito de los planes.
Ante las peticiones que justamente planteen los miembros de la comunidad,
el Estado tienen el deber de esmerarse por satisfacerlas. Los alcaldes, como
primera autoridad y jefes de policía a nivel local, tiene un papel primordial en
la ejecución de los planes regionales de seguridad. No solamente son los
receptores inmediatos de las inquietudes y demandas ciudadanas frente al
Estado, sino que son ellos los llamados a concertar con sus comunidades las
posibles soluciones para superar dentro del marco legal los problemas de
inseguridad más sensibles.
Por esto, entre las funciones más importantes de los Consejos Seccionales de
Seguridad están las de suministrar a los alcaldes la información necesaria
sobre situaciones relevantes al orden público en sus respectivas jurisdicciones

4. así como garantizar la coordinación para la puesta en marcha de los planes
regionales de seguridad en los municipios. Sólo así será efectivo el engranaje
entre los niveles municipal, regional y nacional, sin lo cual no se hará realidad
de la convivencia democrática que anhelan los colombianos.
Los gobernadores, intendentes y comisarios, por intermedio de los Consejos
Seccionales de Seguridad, orientarán la elaboración de planes regionales de
seguridad. Estos tienen por objeto diseñar la mejor forma de afrontar, de
acuerdo con las características de los conflictos en cada zona o región, los
factores de perturbación del orden público con base en los siguientes
lineamientos:
1. Preservar la paz en las zonas tradicionalmente pacíficas.
2. Promover y afianzar la convivencia democrática.
3. Prevenir la extensión de los conflictos.
4. Diseñar la puesta en marcha de los nuevos procedimientos no judiciales
para la resolución de conflictos. Delinear programas de capacitación para los
inspectores de Policía y de difusión a la comunidad de estos mecanismos.
5. Establecer procedimientos para plenas garantías y velar por la protección
de los Derechos Humanos de la población.
6. Impulsar los mecanismos de planificación regional, en especial proyectos
de organización comunitaria.
7. Extender la cobertura territorial de las funciones del Estado tales como
presencia de la justicia, cercanía de la autoridad y prestación de servicios.
8. Recomendar y evaluar periódicamente la ubicación y características de los
dispositivos de la Fuerza Pública en cada territorio o jurisdicción.
9. Crear los canales más amplios y confiables para que la ciudadanía pueda
ejercer efectivamente la veeduría sobre la seguridad Pública y sobre el
comportamiento de las diversas entidades y agentes involucrados en los Planes
Regionales de Seguridad.
10. Identificar las funciones y responsabilidades institucionales y fijar plazos
y etapas en el desarrollo de los planes relacionados con esta política.
La directiva presidencial No.05 de 1991
"DIRECTIVA PRESIDENCIAL NO. 05 28 DE DICIEMBRE DE 1991

5. PARA: MINISTROS DEL DESPACHO, JEFES DE DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS, GOBERNADORES, ALCALDES, CONSEJEROS
PRESIDENCIALES, DIRECTORES DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, GERENTES O DIRECTORES DE
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL Y DEMAS
SERVIDORES PUBLICOS.
ASUNTO: RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO EN EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL.
En el mes de Mayo el Gobierno Nacional planteó su política global para la
lucha contra todos los factores de violencia que afectan al país, la que plasmó
en el documento “Estrategia Nacional contra la Violencia “...
1. La Constitución Política y el manejo regional del orden público
Las normas constitucionales propenden por una mayor integración entre las
autoridades civiles, militares y policiales y entre éstas y las demás entidades
públicas del nivel nacional, seccional y local para afrontar con eficacia las
situaciones creadas por la violencia. Del mismo modo, la Carta establece
responsabilidades precisas y una jerarquía definida que clarifica y agiliza las
decisiones en materia de orden público.
La Constitución le otorga mayor injerencia y responsabilidad a las
autoridades seccionales y locales en materia de orden público, bajo la
orientación directa del Presidente de la República.
2. Los Consejos de Seguridad
Es tarea prioritaria de los gobernadores adecuar el funcionamiento de los
Consejos Departamentales de Seguridad, de acuerdo con el Decreto No. 2615
de 1991 por medio del cual se reforman estos organismos y se crean los
Comités de Orden Público. A través de dichos Consejos, los gobernadores
podrán estimular la participación de la ciudadanía en los planes que atañen a
su seguridad. De tal forma, los gobiernos seccionales dispondrán de
mecanismos ágiles para asegurar el mantenimiento del orden público,
preservar la tranquilidad en el área de su jurisdicción y responder por las
relaciones y mecanismos de coordinación institucional.
Para cumplir con esas metas, los Consejos Departamentales de Seguridad
operarán bajo los siguientes criterios:
2.1 En cada Departamento funcionará un Consejo Departamental de
Seguridad integrado por los siguientes miembros permanentes: el Gobernador
del Departamento, quien lo presidirá, el Comandante de la Guarnición Militar,
el Comandante del Departamento Policía, el Director Seccional del
Departamento Administrativo de Seguridad, el Procurador Departamental o
Provisional, el Director Seccional de Orden Público o su delegado y el

6. Secretario de Gobierno Departamental, quien hará las veces de Secretario de
Consejo. También podrán asistir los Comandantes de División, de Brigada y de
las Unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea destacados en la respectiva
jurisdicción. Asimismo, cuando las condiciones lo ameriten, podrá ser invitado
el Delegado Regional de Reinserción.
2.2 Los Consejos Departamentales de Seguridad son cuerpos consultivos y
planificadores. Como cuerpos consultivos, deben realizar audiencias con la
participación de dirigentes cívicos, gremiales, representantes de organismos
comunitarios y de partidos o movimientos políticos, con el fin de escuchar las
inquietudes de los distintos sectores sociales sobre los problemas de seguridad
y a la vez comprometerlos en su solución.
2.3 Aun cuando la sede de los Consejos Departamentales es la ciudad capital
de los Departamentos, el Consejo deberá desplazarse a los municipios donde
amerite su presencia por razones de orden público, con el fin de brindar un
cubrimiento total y una adecuada atención a todos los municipios de cada
Departamento. Adicionalmente, los Departamentos podrán contar con tres
instrumentos para atender áreas particularmente conflictivas o conflictos de
naturaleza urbana:
2.3.1. Los Consejos Regionales de Seguridad podrán ser convocados por el
Presidente de la República, a través del Ministro de Gobierno, para atender
graves alteraciones del orden público en zonas del país que comprendan varios
departamentos. Los gobernadores con jurisdicción sobre las áreas afectadas
serán miembros de dichos Consejos, al igual que las autoridades militares y
policiales y los representantes del Ministerio Público de las respectivas
secciones.
2.3.2. El Consejo del Distrito Capital de Bogotá y los Consejos Metropolitanos
de Seguridad sesionarán en Santafé de Bogotá y en las ciudades capitales que
cuenten con la Policía Metropolitana. De manera extraordinaria y cuando el
respectivo Gobernador lo considere pertinente, estos Consejos podrán sesionar
conjuntamente con los Consejos Departamentales de Seguridad.
2.3.3. Por autorización o convocatoria de los Consejos Departamentales de
Seguridad, se podrán conformar Consejos Municipales de Seguridad en
aquellas localidades en donde los problemas de orden público los justifiquen.
Estos estarían conformados por el Alcalde, el Comandante de Guarnición
Militar, el Comandante de Distrito o Estación de Policía, el jefe del Puesto
Operativo del DAS, donde exista, el Procurador Provisional o Personero
Municipal, el Delegado del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), donde exista,
y el Secretario de Gobierno Municipal o el Secretario de la Alcaldía, quien
ejercerá la Secretaría del Consejo.
2.4. En cada Departamento funcionará un Comité de Orden Público integrado
por el Gobernador del Departamento, quien lo presidirá, el Comandante de la
respectiva Guarnición Militar, el Comandante del Departamento de Policía y el

7. Jefe Seccional del DAS. Este Comité está facultado para coordinar el empleo de
la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad y será el responsable de
poner en ejecución los planes de seguridad respectivos.
3. Los Planes de Seguridad
Permitirán el desarrollo de las políticas generales trazadas por el Presidente
de la República a través de la Estratega Nacional contra la Violencia, sino
también afrontar con mayor efectividad y eficiencia los factores de
perturbación, de acuerdo con las características de los conflictos regionales y
locales.
Una campaña sólida de información orientada a convocar la solidaridad
ciudadana ya suscitar su participación en estos asuntos debe ser el
complemento indispensable de los planes de seguridad. Es igualmente
fundamental que los gobernadores y alcaldes impulsen, a través de la
Asambleas Departamentales y de los Consejos Municipales, la inclusión de
gastos de seguridad dentro de los presupuestos de sus respectivas
jurisdicciones.
4. Responsabilidades de los gobernadores y alcaldes en la política de
paz
Según lo dispuesto por la política de paz, el Gobierno Nacional tiene una
responsabilidad ineludible frente a los diálogos y negociaciones que se
adelanten con grupos guerrilleros para buscar su desmovilización e
incorporación en la vida civil, la cual ejerce a través del Ministerio de Gobierno
y del Consejero Presidencial para la Paz. En consecuencia, ningún otro
funcionario público del nivel central, regional o local, está facultado para
adelantar conversaciones con voceros de los grupos armados, salvo que estén
expresamente autorizados por el Ministro o el Consejero.
Las negociaciones deben tener alcances nacionales. El Gobierno estima que
el aporte de los agentes regionales debe encaminarse a apoyar la creación de
un ambiente que condene el terrorismo y propicie en la propia guerrilla el
convencimiento de la necesidad de una solución definitiva a la confrontación
armada.
Pero si bien la responsabilidad de los diálogos y negociaciones es
centralizada, el proceso de Reinserción a la vida civil de las organizaciones
desmovilizadas -de vital importancia para la política de paz- tiene importantes
componentes de manejo descentralizado.
Los gobernadores y alcaldes en coordinación con el Programa Presidencial
para la. Reinserción, participarán activamente en dicho proceso y garantizaran
el cumplimiento de los compromisos contemplados en los acuerdos políticos en
cada uno de los departamentos. De tal forma, impulsarán los planes de
Reinserción a través de los Consejos de Seguridad y de los canales

8. institucionales establecidos para el efecto, convocando aún el sector privado,
de manera que se genere un clima de tolerancia, transparencia y credibilidad
en el proceso de paz. (subrayas no originales).
El desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Violencia operará bajo la
dirección del Presidente de la República con la asesoría y coordinación del
Ministerio de Gobierno y la Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional. A
través de estos dos organismos, el Presidente de la República recibirá informes
periódicos sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y planes de
seguridad previstos en esta Directiva. De igual forma, se consultarán con ellos
el carácter reservado para garantizar la seguridad de algunos de los
documentos previstos en esta Directiva."
-
Estrategia Nacional Contra la Violencia: Gobierno Gaviria (1990-1994)
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos17/violencia-
seguridad/violencia-seguridad.shtml
El gobierno Gaviria se inició con el aprovechamiento de las circunstancias de la crisis
política al final del gobierno de Virgilio Barco, lo que le sirvió para promover una nueva
Constitución, impulsar una abrupta apertura económica y adelantar otras reformas que
iniciaron un periodo de transición hacia un eventual sistema político alternativo (Leal
2002: 75). Este proceso se origino por la luz verde dada por la Corte Suprema de Justicia
en 1990 a la séptima papeleta electoral, que proponía la convocatoria de una Asamblea
Constituyente por parte del presidente Gaviria (Leal 2002: 76).
Como resultado de este proceso de reformas se dio una confrontación institucional por la
definición de funciones, no sólo entre las instituciones antiguas, sino entre éstas y las
recién creadas por la Constitución: la Fiscalía General de la Nación, la Corte
Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la transitoria Veeduría del Tesoro, y
el recurso de tutela como garantía de los derechos fundamentales. A pesar de estos
cambios la Constitución de 1991 no hizo ajustes sustanciales a lo que la carta de 1886
establecía en materia militar y en materia de seguridad, lo que demuestra que la
preocupación de los constituyentes por la violencia no se expresó en una reflexión sobre las
instituciones responsables de enfrentarla.
A pesar de la carencia de reformas constitucionales en materia de seguridad, el gobierno
adelantó reformas ejecutivas que transformaron tradiciones cimentadas desde el Frente
Nacional. Los cambios empezaron con la sustracción de los temas de seguridad del ámbito
exclusivo de las Fuerzas Armadas con lo que se buscaba cambiar la relación de los militares
con las instituciones civiles del Estado (Leal 2002).
Las reformas del gobierno continuaron y en el primer mes se creó la Consejería
Presidencial para la Defensa y Seguridad mediante decreto 1874 de 1990, que había sido
propuesta en las conclusiones de la Comisión Presidencial para la Reforma de la
Administración Pública establecida por el presidente Barco (Comisión 1990).

9. A esta Consejería se le asignaron las funciones de la Secretaría Ejecutiva Permanente del
Consejo Superior de Defensa Nacional, que dependía del Ministerio de Defensa y había
sido inoperante hasta ese momento (Presidencia 1991: 55).
En materia de funciones quedo responsable de la definición de la política de defensa y del
manejo de los conflictos internos y externos, y de la coordinación de los planes que se
elaboraran al respecto. Con esta Consejería, la Presidencia de la República asumió el papel
político que siempre habían tenido los mandos militares en el manejo del Ministerio de
Defensa (Leal 2002), mando que llevó a un rezago de las autoridades civiles frente a la
expansión de la violencia, frente a los temas de seguridad y frente a la expansión de la
iniciativa militar (Leal 2002).
El siguiente paso de las reformas ejecutivas fue nombrar al consejero de defensa y
seguridad como el primer ministro de defensa civil en la historia reciente del país. De esta
manera se rompió con uno de los principios rectores vigentes desde el Frente Nacional y se
reconoció que los problemas de defensa y seguridad son asuntos políticos y no militares, a
pesar de que su manejo se apoya en las instituciones armadas (Leal 2002: 78).
Ya con un enfoque distinto, el Ministerio de Defensa se propuso: la redefinición de los
mecanismos de toma de decisiones en materia de defensa y seguridad; enmarcar la
actividad de la Fuerza Pública dentro de la Estrategia Nacional para la Violencia; mejorar
la capacidad operativa militar; racionalizar el gasto público en defensa y seguridad;
modernizar el ministerio; mejorar los salarios; y reformar la Policía Nacional para
recuperar la confianza pública en esa institución (Pardo 1996: 323). Sin embargo uno de
los cambios más reconocidos ha sido la reforma militar que unifico y mejoró las labores de
información y de inteligencia. Esta reforma tomo ideas surgidas del gobierno de Virgilio
Barco y de los procesos de paz que comenzaron en el gobierno de Belisario Betancourt,
pero fue hasta el gobierno de Gaviria que se lograron implementar.
Un último paso importante en las reformas, fue la creación de la Unidad de Justicia y
Seguridad en el Departamento Nacional de Planeación, que se encargo de " promover y
participar en la formulación y coordinación de políticas, planes, programas, estudios y
proyectos de inversión en los sectores de justicia, defensa y seguridad" (Leal 2002: 80).
Sin embargo, su labor especifica fue la de planificar los gastos en materia de justicia y
seguridad, y diseñar los cambios institucionales en estos temas, lo que permitía una mayor
coordinación del gasto.
De todas estas reformas la más reconocida a sido la creación de la Consejería Presidencial
para la Defensa y Seguridad que realizó un seguimiento de los factores de violencia:
guerrillas, narcotráfico y paramilitares, coordinó la acción de los organismos del Estado,
participó en la elaboración de la política de sometimiento a la justicia – cuestionada por su
imprevisión del problema del narcotráfico al separarlo de las guerrillas con procesos
preferenciales (Leal 2002) –, y formuló la Estrategia Nacional Contra la Violencia en mayo
de 1991 con la que se busco lograr el monopolio jurídico de la fuerza del Estado con la
presencia activa de funcionarios, el aumento de la cobertura nacional y la recuperación de
la capacidad de la justicia por medio de sanciones y normas (Arango 2000).
Esta estrategia se oriento a la participación ciudadana por medio de la Policía Nacional,
hacia una salida negociada al conflicto y hacia una respuesta integral a la violencia a través
de acciones sociales que limitaran la capacidad de los factores influyentes en el conflicto.
Para ello se reconocieron las diferentes manifestaciones de violencia, incluido el Estado, y

10. se hizo un importante esfuerzo por identificar las principales relaciones sociales de este
fenómeno, formulando un tratamiento para cada una de sus manifestaciones. Con base en
la identificación de las manifestaciones de la violencia, se unificaron criterios en torno a
darle coherencia a los dos ejes de la política: seguridad y justicia.
Hasta este punto la Estrategia Nacional Contra la Violencia era una política exitosa, pero
en 1993 el gobierno anunció una redefinición que confirmó el debilitamiento de las
iniciativas políticas del ejecutivo sobre el problema de la paz (Leal 2002). La redefinición
de la estrategia se dio a conocer por medio de un folleto llamado "Seguridad para la Gente
" (Presidencia 1993), en él que el gobierno descalificó el carácter político de la violencia
guerrillera y unificó el tratamiento policivo-punitivo a todas las formas de violencia.
En esta nueva fase se racionalizó las decisiones tomadas sobre la marcha por el gobierno a
causa de la situación creada por la fuga de Pablo Escobar y el fracaso de las negociaciones
con la Coordinadora Guerrillera, sin embargo, la nueva estrategia mostraba que el
gobierno no había comprendido los cambios ocurridos en la subversión, con el incremento
de la extorsión y el secuestro que demostraban el afán de las guerrillas por conseguir
recursos permanentes que les permitieran enfrentar al Estado (Leal 2002). A esto se suma
las dificultades políticas para continuar con las negociaciones con la guerrilla y con los
narcotraficantes, lo que llevo al gobierno a confrontarlos simultáneamente con una
"guerra integral" (Leal 2002: 92), que implicó un incremento en el gasto y la modificación
de la agenda en materia de seguridad.
Algunos cuestionan esta redefinición de la política de seguridad porque no se tuvo una
estrategia real de seguridad al centrarse en la lucha contra la delincuencia común y
organizada, pero sin mostrar claridad de cómo recuperar y mantener la seguridad (Leal
2002).
Con el fin del gobierno se concluyo que la Estrategia Nacional Contra la Violencia erró en
la combinación de fuerza y política necesaria en el manejo del conflicto colombiano,
creyendo que por la fuerza pronto se llegaría a arrinconar a la subversión, obligándola a
negociar en forma ventajosa para el gobierno, sin contar con que las guerrillas tenían a su
favor la falta de decisión oficial para asumir una política social equivalente a la política
económica o a la finalmente militarizada Estrategia Nacional Contra la Violencia (Leal
2002).
La Tabla 2 categoriza en cinco partes la Estrategia Nacional Contra la Violencia utilizando
la herramienta de análisis de policy cicle, que en capitulo IV servirá como un instrumento
de contrastación entre las dos políticas.
Tabla No. 2: fases de la Estrategia Nacional Contra la Violencia, según el
policy cicle
FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V
Identificación Formulación de Toma de Implementación Evaluación
de un soluciones o decisión
problema acciones
Crisis política al Apoyo a una Nueva Confrontación Unificación de
final del nueva Constitución no institucional por criterios, que dio

11. gobierno Barco Constitución hizo cambios la definición de coherencia a los
sustanciales en funciones dos ejes más
Intentos fallidos Apertura
materia militar y sobresalientes de
de unificar las económica Creación de la
en materia de la política: la
labores de Consejería
Reformas hacia seguridad seguridad y la
información y Presidencial
una nuevo justicia.
de inteligencia Cambios en la para la Defensa
sistema político
estructura de y Seguridad La crisis de la
Salida mando civil-militar implementación
Reforma militar
negociada al llevo a una
Asuntos de que pretendía
conflicto. militarización y
Defensa y unificar y
bandolerización
Respuesta Seguridad son mejorar las
de la política.
integral a la políticos y no labores de
violencia con militares, a pesar información y de Dificultades en la
acciones de que se apoya inteligencia. negociación con
sociales que en las las guerrillas y
Unidades
limitaran a los instituciones narcotraficantes
especiales de
actores del armadas llevo al uso del
contraguerrilla.
conflicto Estado de
Lograr el
Incorporación de conmoción.
monopolio jurídico
soldados
de la fuerza del FARC y ELN
profesionales.
Estado con la iniciaron un
presencia de Apoyo logístico proceso de
funcionarios. con tecnología repolitización y
actualizada legitimación
Recuperar la
mediante el
capacidad de la Creación de la control de los
justicia por medio Unidad de poderes locales,
de sanciones y Justicia y favorecidos por el
normas. Seguridad en el vació de acción
Departamento social que dejo el
Participación
Nacional de Estado.
ciudadana a
Planeación.
través la Policía
En la II mitad del
Nacional. Creación de la gobierno no hubo
Política de una estrategia
Salida negociada
sometimiento a real de seguridad,
al conflicto.
la justicia porque el
Respuesta gobierno se
Reformulación
integral a la
de la Estrategia apoyó en la
violencia con proliferación de la
Nacional Contra
acciones sociales.
la Violencia, delincuencia
Redefinición de descalificando el común y
los mecanismos carácter político organizada para
de toma de de la violencia centrar los temas
decisiones. (Pardo guerrillera y de seguridad,
1996: 323) unificando el pero sin mostrar
tratamiento claridad de cómo
Actividad de la
policivo-punitivo recuperarla y
Fuerza Pública
a todas las mantenerla.
dentro de la

12. estrategia formas de Logro la
nacional para la violencia. desmovilización
violencia. de la Corriente de
Reforma a la
Renovación
Incrementar la Policía Nacional
Socialista y las
capacidad (Ley 62/1993)
milicias
operativa
Populares
Racionalizar el
Metropolitanas y
gasto público en
del Valle de
defensa y
Aburra.
seguridad
Distorsión del
Modernizar el
gasto de defensa
Ministerio de
y seguridad,
Defensa
invirtiendo los
Mejorar los recursos en el
salarios incremento de
salarios y en los
Reformar la gastos del
Policía Nacional personal en retiro
Incremento en la de las Fuerzas
capacidad de las Armadas, y no en
Fuerzas Armadas mejoraras
y de la Policía con salariales,
un costo de 1.2 aumento del pie
puntos del PIB, de fuerza,
ubicando al sector armamento, o
defensa con un profesionalización
gasto de 4.0 % del de la tropa.
PIB en los Erró en la
próximos diez combinación de
años (hasta fuerza y política
2003). necesaria,
creyendo que por
la fuerza pronto
se llegaría a
arrinconar a la
subversión.
Falta de decisión
oficial para
asumir una
agresiva política
social.
Demanda de la Propuesta de Política efectiva Impacto sobre Acción política o
acción pública una respuesta de acción el terreno reajuste