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Horacio Giberti
IDEAS BÁSICAS PARA UNA POLÍTICA AGRARIA
· Toda política sectorial debe ser parte de un programa nacional e insertarse armónicamente en él.
· Para el sector agropecuario eso resulta más imperioso por ser normalmente expulsor de población.
Hoy produce el doble que medio siglo atrás, con la mitad de la población antes ocupada. Eso exige
desarrollo de otros sectores.
· Los objetivos agrarios básicos son problemas nacionales. No pueden quedar reducidos a un mero
tratamiento sectorial, no pueden establecerlos corporaciones gremiales, sino el estado.
· Un gobierno democrático no pide permiso para gobernar de acuerdo al programa prometido. Los
objetivos programáticos no son negociables; su instrumentación puede serlo.
§ La SAGPyA debe integrar el ME para asegurar el manejo armónico de la política agraria. El titular
de la SAGPyA no es el vocero de los productores, sino el encargado de aplicar las políticas nacio-nales
al sector agropecuario. Las entidades gremiales que le adjudican esa representación se cas-tran,
pues abdican de su propia esencia.
· El problema nacional dominante es la inicua e insostenible distribución del ingreso. El agro
comparte esa inequidad social y espacial
· El cumplimiento de un determinada plan económico exige suficiente fuerza política, o sea apoyo
mayoritario y conciente de la ciudadanía
· La política agraria puede orientarse por los tres objetivos básicos enumerados en el proyecto de
ley agraria elaborado durante mi gestión en la SEAG: que la producción de cada predio esté de
acuerdo con su capacidad productiva, que se atienda a la conservación de los recursos y que exista
una adecuada distribución del ingreso generado.
· En las ÁREAS NO PAMPEANAS la inequidad se manifiesta con mayor fuerza, evidenciada por
el abrumador predomino de minifundios. Los bolsones de reactivación surgidos últimamente se
basan sobre la gran empresa y acentúan las desarmonías
· Una política con sentido social no ignora la relación beneficios/costos de las empresas, pero privi-legia
la relación beneficios sociales/costos sociales.
· La especificidad de los problemas regionales exige políticas específicas diferenciadas, posible-mente
con tipos de cambio preferenciales, que pueden ser reales o nominales, según convenga.
· Para combatir el minifundio debe alentarse el retiro de los productores de mayor edad, vía jubila-ciones
o pensiones adecuadas, y una subsiguiente concentración parcelaria.
· Es imprescindible la regularización fundiatria de los predios sin límites definidos
· Se robustecerá sustancialmente la tarea de extensión del INTA coordinada con organismos provin-cias
y ONG., fomentando el asociativismo, para dar mayoer capacidad negociadora y crear con-ciencia
de la propia fuerza.
· En las ÁREAS PAMPEANAS, pese a la disminución de precios las producciones de granos y le-che
han tenido un gran aumento y la tierra se valorizó sustancialmente, pero cundieron serias me-didas
de protesta por parte de los productores. Eso indica un pernicioso sesgo del progreso técnico
y de la asistencia financiera, que marginó a importantes segmentos de productores,
· La impresionante merma en la cantidad de explotaciones denota un muy fuerte proceso de con-centración
(agravado por centralización), que ha deteriorado seriamente a una clase media rural
que dio fisonomía propia al sector agrope cuario argentino. Esa desestructuración social agraria
arrastra la economía de los centros urbanos locales.
· Las grandes explotaciones demandan poco trabajo y consumo locales, y derivan sus ganancias
hacia los grandes centros financieros. Poco o nada contribuyen al desarrollo local.
· Los grandes consorcios de siembra agudizan esas desventajas, porque arriendan tierra por una sola
cosecha (no se preocupan por la conserva ión del recurso). Son negocios circunstanciales, atados
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al costo de oportunidad y a la liquidez, sin arraigo local, que a más de dejar poco beneficio local
obran como aceleradores de los ciclos económicos.
· Las PYMES agropecuarias actuales continúan siendo generalmente empresas familiares, pero tie-nen
grandes diferencias con las de antaño: los productores tienden a vivir en los pueblos (escuela,
TV, etc.), son familias menos numerosas y pocos hijos participan de la explotación.
· Por tanto se aflojó el fuerte vínculo entre medio de vida y forma de vida, lo cual da más plastici-dad
a esa familia, la ata menos a un determinado medio de vida, y abre la puerta a los costos de
oportunidad.
· Propiciar en general pase a formas menos extensivas de producción en las explotaciones. Macroe-conómicamente,
pasar la cría vacuna a zonas extrapampeanas. Dentro de la región pampeana: el
engorde transferir engorde vacuno a zonas de cría, expandir granos en zonas de engorde, iniciar
horticultura y granja en minifundios pampeanos. Todo debe efectuarse con adecuadas rotaciones.
· La Argentina no aprovecha su potencial forestal; en todo el país debe impulsarse la forestación
mediante planes de largo plazo, para permitir no sólo el autoabastecimiento sino posibili-tar
las exportaciones.
· Deben aprovecharse las extraordinarias posibilidades para producir sin auxilio de agroquímicos (la
mal llamada producción “orgánica”).
· El profundo cambio habido en la estructura de los costos provoca nuevas situaciones que deben
tenerse muy en cuenta. Se produjo un extraordinario aumento de insumos comprados, que elevan
sustancialmente el costo por hectárea. Antes, buena parte de los rubros del eran meras imputacio-nes
contables; hoy constituyen fuertes erogaciones monetarias bastante anteriores a la cosecha, ca-si
todas con carácter de costos fijos.
· La consecuente alta exposición al riesgo financiero exige crear una adecuada cobertura mediante
un seguro integral, ahora inexistente. Las llamadas leyes de emergencia agropecuaria sólo deben
cubrir riesgos extraordinarios no asegurables; de lo contrario transfieren al sector público costos
propios de la actividad privada.
· También se torna más imperiosa una adecuada asistencia financiera. El crédito agrario –por lo
menos el oficial- debe otorgarse para paquetes tecnológicos integrados y no debe tener carácter re-servado,
a fin de asegurar su transparencia.
· .Los créditos deben tener tasas y condiciones razonables, acordes con la capacidad de pago de los
usuarios, pero no debe caerse en el “regalo”, que desestimula la búsqueda de mayor productividad.
· La actual distribución de la cartera bancaria muestra un relegamiento de las áreas no pampeanas,
que debe corregirse por razones de desarrollo equitativo.
· Existe un alto grado de morosidad en la cartera bancaria actual, mayor para el crédito agropecua-rio,
especialmente el extrapampeano, que pone en peligro tanto el futuro de los deudores como la
estabilidad bancaria. Loa magnitud y trascendencia del problema impone un serio estudio que
atienda los respetables interese de ambas partes, sin crear “salvavidas de `plomo” ni salidas utópi-cas.
· El mejoramiento tecnológico no es un proceso reservado a los momentos de altos precios, Debe
instrumentarse como un medio para trabajar con bajos precios y lograr ingresos adecuados. Sólo
produciendo a bajos precios se logrará competitividad suficiente para ganar mercados. Además,
las tendencias de los principales países muestran una producción agropecuaria creciente, con pre-cios
reales decrecientes.
· Las tecnologías no son neutras, ni social ni económicamente. Es imprescindible una dirección na-cional
del desarrollo tecnológico que, atendiendo a las condiciones inherentes a nuestra propia
disponibilidad de factores, cree las tecnologías necesarias o adapte las existentes, que asegure su
manejo en beneficio de los interese generales del país, y que evite peligrosas dependencias tecno-lógicas.
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· Debe revitalizarse al INTA para cumplir sus tareas de investigación, experimentación y extensión
(distinto del simple asesoramiento) en todo el país, coordinadas con los organismos provinciales y
las ONG. La extensión se dirigirá esencialmente a las pequeñas y medianas explotaciones; se fa-vorecerá
el asesoramiento privado (individual o colectivo) dirigido a las grandes y medianas.
· La creación y difusión de organismos genéticamente modificados (como la soja transgénica) debe
merecer especial atención por su trascendencia económica, pero exige exhaustivo estudio sobre
posibles efectos no deseados. Llegar a medidas concretas y efectivas de adopción o rechazo re-quiere
elaborar normas internacionales.
· Debe simplificarse el sistema impositivo, centrándolo en impuestos personales progresivos. La
reimplantación del impuesto a la renta normal potencial contribuiría tanto a reducir la evasión co-mo
a favorecer el desarrollo tecnológico sin erogación fiscal.
· Como dijo el último, presidente de la JNG en protesta por el desmantelamiento del organismo, “el
chacarero argentino es el más desprotegido del mundo”. La triste experiencia ultraliberal en gra-nos,
carnes y lácteos muestra la necesidad de contar con entes reguladores del mercado y promoto-res
de ventas, reclamados ahora por los mismos que festejaron antes festejaron su desaparición.
Tales entes, junto con las propias asociaciones de productores, robustecerían su capacidad de ne-gociación
y transparentarían los mercados internos y externos.
· El Mercosur debe asumir un papal rector en políticas de comercio exterior. Resulta inadmisible,
por ejemplo, que Argentina y Brasil, con una participación descollante en las exportaciones de
soja y sus derivados, actúen como simplemente como tomadores de precio, y no como formadores.
· Los trabajadores agropecuarios se ven afectados por una alta siniestralidad, pero el absoluto pre-dominio
del trabajo “en negro” los margina de los beneficios sociales y de la asistencia médica,
como lo demuestra la ínfima cantidad que llega a jubilarse. Paradójicamente en las cercanías de la
Capital Federal se burlan descaradamente las leyes, disfrazando la relación laboral con contratos
de mediaría hortícola. La creación del Registro Nacional de Trabajo Agrario y de la libreta de tra-bajo
será mera formulación teórica si no existen riguroso control oficial y sindical.
· Las energías que alimentan las protestas de productores contra las retenciones bien podrían dirigir-se
contra sistemas de comercialización que posiblemente reduzcan más los ingresos de esos pro-ductores.
Sin duda disminuyen las ganancias, pero continúan siendo altas y permiten mayor justi-cia
social si los fondos se usan racionalmente. Ignorarlp es como bailar en el Titanic
