La transición

1. 16.1. La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo
institucional. El estado de las autonomías y su evolución. (Hasta octubre 1982, primer gobierno
socialista)
Con el fallecimiento de Franco (1975) comenzó el periodo conocido como la Transición: El rey Juan
Carlos I asumió la Jefatura de Estado. A partir de entonces se sucedieron cambios sustanciales,
culminados con la aprobación de la Constitución de 1978, que transformaron España en una monarquía
constitucional.
En su discurso de proclamación como jefe de Estado, Juan Carlos I dejó entrever vagamente su voluntad
democrática y días después concedió un indulto parcial que sacó de las cárceles a algunos presos
políticos como a Marcelino Camacho (líder de CCOO). No obstante, el rey actuó con gran prudencia y
decidió mantener en el cargo al que había sido presidente del último gobierno de Franco, Carlos Arias
Navarro. Este hecho decepcionó a la oposición democrática y a buena parte de la sociedad española que
sufría además las consecuencias de una grave crisis económica, iniciada en 1973. El primer gobierno de
Arias Navarro (1975 – 1976) incluía a gran número de elementos de la línea dura del franquismo
(búnker), aunque también había políticos de la línea aperturista, como Manuel Fraga, Areilza o Antonio
Garrigues.
En los primeros meses de 1976 se sucedieron huelgas y manifestaciones obreras provocadas por el
constante deterioro del poder adquisitivo de los salarios. El talante represivo del gobierno de Arias
Navarro quedó patente en los “sucesos de Vitoria”, donde con motivo de una huelga general se
emprendió una brutal represión policial que se saldó con un centenar de heridos y cinco muertos.
El Rey, tras lo ocurrido en Vitoria, consciente de que Arias se negaba a emprender una auténtica
reforma política le forzó a dimitir. Al elegir a su sucesor Juan Carlos I tomó una decisión crucial: nombró
a Adolfo Suárez, un joven político del régimen que estaba, sin embargo, dispuesto a transformarlo (julio,
1976).
Suárez apostó claramente por el cambio de régimen: Amnistió a los presos políticos, inició contactos con
líderes de la oposición de izquierdas, como Felipe González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE), y anunció la
convocatoria de elecciones generales antes de un año. El proyecto de cambio se concretó en la Ley para
la Reforma Política. Se trataba de una ley transitoria, con rango de Ley Fundamental, que establecía el
procedimiento para la creación de unas nuevas Cortes elegidas por sufragio universal y directo. Como
Ley Fundamental requería la aprobación de las Cortes franquistas y un referéndum. Sorprendentemente
una amplia mayoría de las Cortes aprobó la ley (“harakiri”); en el posterior referéndum (15 de diciembre
de 1976) el 94 % de los españoles votó a favor de la reforma política.
Mientras avanzaba el proceso de democratización creció también la violencia política. Entre 1975 y
1977 hubo 67 asesinatos por causas políticas. Los GRAPO, organización terrorista de extrema izquierda,
trataron de desestabilizar la situación mediante asesinatos y secuestros, afirmaban que se estaba
construyendo una “democracia ficticia”. ETA, que se declaraba antifranquista y antiespañola,
consideraba que la democracia no llevaría la libertad al País Vasco y continuó con sus atentados.
La extrema derecha también recurrió a la violencia para atacar a sus enemigos, los comunistas, y
desestabilizar la transición. En enero de 1977 pistoleros de extrema derecha asesinaron en Madrid a
cinco abogados laboralistas vinculados al PCE en la llamada “matanza de Atocha”. La disciplina del PCE y
sus demostraciones de fuerza provocaron que Suárez contactase con Carrillo para iniciar su
legalización. Santiago Carrillo aceptó reconocer la monarquía y ofreció su colaboración con la transición.
En abril de 1977, dos meses antes de las elecciones, el PCE fue legalizado.
En junio de 1977, más de cuarenta años después, se celebraron elecciones libres en España: Votó el 79
% de los electores; venció Unión de Centro Democrático (UCD), el partido creado por Adolfo Suárez, con
un 34 % de los votos, el PSOE de Felipe González se convirtió en la segunda fuerza (27%), en menor
medida también obtuvieron representación el PCE, los nacionalistas catalanes y vascos, y Alianza
Popular de Fraga. España caminaba hacia la democracia en medio de una grave crisis económica: La
inflación y el paro no dejaban de aumentar, y el déficit creciente de la balanza de pagos amenazaba con
llevar a la quiebra a la economía española. Ante esa situación en se alcanzó un gran pacto social, los
llamados “Pactos de la Moncloa” que garantizaron la estabilidad social, mientras se elaboraba la
Constitución.
La Constitución de 1978
Tras las elecciones de 1977 se realizó un gran esfuerzo para lograr un consenso entre todas las fuerzas
políticas. La comisión parlamentaria que elaboró el proyecto constitucional estuvo formada por siete
miembros -la Ponencia-: Estaban representados UCD, PSOE, PCE, Alianza Popular y Convergencia
Democrática de Cataluña (cedido por el PSOE); cada uno de ellos con un miembro, excepto UCD, que

2. tenía tres. El PNV quedó fuera de esa comisión de “padres de la constitución” y ese hecho tuvo nefastas
consecuencias. Los nacionalistas vascos calificaron de imposición española a la Constitución. Una vez
redactada, la Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un 88 % de votos
afirmativos. Tan sólo un mes antes de la aprobación se desmontó la llamada “Operación Galaxia”, un
plan golpista que intentaba detener las reformas. Las principales características de la Constitución son
las siguientes:
· Se establece como forma política del Estado una monarquía parlamentaria. El jefe de Estado es el
Rey, que actúa como árbitro y moderador, jugando un papel casi exclusivamente simbólico.
· La separación de poderes está claramente establecida. El poder ejecutivo recae en manos del
presidente del gobierno, elegido por el Congreso. El Presidente elige a sus ministros. El poder legislativo
reside en unas Cortes bicamerales, Congreso y Senado. Ambas cámaras son elegidas por sufragio
universal (mayores de 18 años). El poder judicial lo integran jueces y magistrados independientes. El
máximo órgano judicial es el Tribunal Supremo y en materia constitucional el Tribunal Constitucional.
· Existe una amplia Declaración de Derechos en la que se incluyen derechos y libertades destinados
a lograr la igualdad de todos los españoles: Libertad de expresión, de opinión, de prensa, de asociación,
de conciencia. España se declara estado aconfesional. Del mismo modo, queda prohibida cualquier
discriminación por razones de sexo, edad, religión, procedencia, etc.
· Además de esa declaración de derechos, el Estado se compromete a favorecer el desarrollo de
leyes que impulsen el progreso social y económico: Derecho a la educación, al trabajo, a la cultura y el
deporte; mantenimiento de la Seguridad Social, atención preferente a los discapacitados y a la tercera
edad; derecho a la vida (abolición de la pena de muerte); protección de medio ambiente y del
patrimonio, etc.
El estado de las autonomías y su evolución
El aspecto más relevante y controvertido, sin embargo, fue la estructura territorial del Estado. La
Constitución establece una estructura del Estado descentralizada –Estado de las Autonomías-, pero
garantiza al mismo tiempo la unidad de España. La Constitución diseña un Estado descentralizado
atendiendo, sobre todo, a las reivindicaciones de autonomía de Cataluña y el País Vasco. El Título VIII
establece la posibilidad de acceder al estado autonómico por vías diferentes: La “vía rápida” permitía el
acceso inmediato al autogobierno (art. 151) a las llamadas “nacionalidades históricas” (Cataluña, País
Vasco y Galicia); más adelante se sumó a esta vía Andalucía (tras la celebración de un referéndum en
1980). La “vía lenta” (art. 143) fue la utilizada por el resto de comunidades que poco a poco se sumaron
al autogobierno. Cataluña y el País Vasco accedieron a la autonomía en 1979 y el resto de comunidades
entre 1981 y 1983. A continuación se inició el proceso de transferencia de competencias, en la
actualidad todas las comunidades se autogobiernan mediante su propio parlamento legislativo, elegido
por sufragio, y un presidente autonómico, nombrado por dicho parlamento.
La Transición entre 1978 y 1982
Tras la aprobación de la Constitución el gobierno optó por disolver las Cortes y convocar elecciones
generales en marzo de 1979. Los resultados fueron muy similares a los de 1977, con un nuevo triunfo de
la UCD por mayoría simple; la nueva legislatura estuvo marcada por la sucesión de crisis políticas y
económicas.
En enero de 1981 Adolfo Suárez dimitió, cuestionado por su propio partido (fracaso en elecciones
autonómicas y municipales), acosado por la oposición (moción de censura del PSOE), y presionado por
los militares (que le acusaban de no atajar el terrorismo y de romper la unidad de España.
El 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Tejero asaltó el Congreso de los Diputados, mientras tenía
lugar la votación para nombrar a Leopoldo Calvo Sotelo nuevo presidente del gobierno. El intento de
golpe de Estado fracasó por la oposición del rey y la falta de apoyos militares. El gobierno de Calvo
Sotelo, pese a su brevedad (1981 – 1982), aprobó algunas leyes de gran repercusión: La Ley del Divorcio
y la integración de España en la OTAN. Calvo Sotelo, debilitado por las divisiones internas de la UCD,
decidió adelantar las elecciones. En 1982, el PSOE liderado por Felipe González venció por mayoría
absoluta en las elecciones generales. Con la alternancia de poder y el acceso de la izquierda al Gobierno
la Transición se da por concluida.

3. 16.2. LOS GOBIERNO DEMOCRÁTICOS. LOS DESAFÍOS DEL GOLPISMO Y DEL TERRORISMO. CAMBIOS
POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS. CULTURA Y MENTALIDADES (Desde octubre 1982 hasta marzo
2000)
Los gobiernos democráticos: Legislaturas del PSOE y primera del PP
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estuvo en el poder durante cuatro legislaturas, entre 1982 y
1996. Felipe González, su líder, ha sido el único político español que ha ganado cuatro elecciones
generales sucesivas.
· Primera legislatura (1982 – 1986): En las elecciones de 1982, el PSOE obtuvo un triunfo
aplastante, al obtener diez millones de votos, es decir el 48% de los votos emitidos, lo que se tradujo en
una amplísima mayoría parlamentaria. Felipe González estableció tres ejes de actuación:
o Plan de estabilización. Con el fin de salir de la crisis económica, el Gobierno aplicó un plan de
ajuste – subida de tipos de interés, devaluación de la moneda y reconversión industrial – que, en un
principio, provocó el aumento del paro y la reducción de la inversión. Sin embargo, a partir de 1985 la
economía empezó a recuperarse.
o Reformas políticas y sociales: El PSOE inició una amplio programa de reformas entre las que
destacan las siguientes: La Reforma de las Fuerzas Armadas, que pretendía aumentar la operatividad del
ejército y acabar con el golpismo; cierre del mapa autonómico, se aprobaron los últimos estatutos de
autonomía, excepto los de Ceuta y Melilla; reformas educativas, se aprobaron la LODE (Ley Orgánica del
Derecho a la Educación: ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años) y la LRU (Ley de
Reforma Universitaria: autonomía de las Universidades); reformas sanitarias, la Ley General de Sanidad
estableció un sistema nacional de salud gratuito y de carácter universal; regulación de la objeción de
conciencia al servicio militar; aprobación de la ley de despenalización parcial del aborto.
o Actuaciones en política exterior: España firmó su ingreso en la CEE en 1985 y se mantuvo en la
estructura política de la OTAN tras el referéndum de 1986.
· Segunda legislatura del PSOE (1986 – 1989): En las elecciones de 1986 los socialistas volvieron a
obtener mayoría absoluta. España se benefició de la expansión económica internacional que posibilitó la
creación de empleo, la subida de salarios y una política de inversión pública para la modernización de las
infraestructuras. Sin embargo, cuando el PSOE en 1988 presentó un proyecto de ley de empleo juvenil y
de liberalización del mercado laboral, que introducía contrataos más flexibles, CCOO y UGT convocaron
una huelga general que tuvo un seguimiento masivo. El proyecto fue retirado y el gobierno impulsó en
los meses siguientes una serie de medidas sociales que incrementaron las pensiones y la cobertura del
seguro de desempleo.
· Tercera legislatura (1989 – 1993): En las elecciones de 1989 Felipe González volvió a obtener
mayoría absoluta en el Congreso, aunque por un margen menor. Esta legislatura estuvo marcada por las
celebraciones del año 1992 (Exposición Internacional de Sevilla y Juegos Olímpicos de Barcelona), que
sirvieron para mostrar al exterior la modernización de España. Pero en 1993 comenzó una grave crisis
económica mundial, agravada en España por las cuantiosas inversiones en los acontecimientos de 1992.
La crisis sobrevino además, cuando se había aprobado el Tratado de Maastricht, en el que se establecían
los criterios de convergencia económica europea para establecer la moneda única. En política exterior
España participó en 1991 en la Guerra del Golfo.
· Cuarta legislatura (1993 – 1996): El PSOE ganó las elecciones en 1993, pero por mayoría simple.
Para gobernar Felipe González tuvo que pactar con Covergencia i Unió (Jordi Puyol). En esta legislatura
se firmó el Pacto de Toledo (1995) que garantizó el sistema público de pensiones. Pero la legislatura
estuvo marcada por los escándalos de corrupción de los máximos responsables del Banco de España y
de la Guardia Civil y la guerra sucia contra ETA (caso GAL), en la que se vio implicado el propio ministro
de Interior (José Barrionuevo). La oposición y buena parte de la prensa pedían incesantemente la
dimisión de Felipe González. En 1995 CiU retiró su apoyo al PSOE y Felipe González convocó elecciones
anticipadas.
En 1996 el Partido Popular (PP) gana las elecciones por mayoría simple, por lo que José María Aznar
tuvo que pactar con CiU y PNV para ser investido presidente del Gobierno. El giro conservador quedó
confirmado con las victorias del PP en las elecciones municipales y autonómicas. En esta primera
legislatura (1996 – 2000) el PP llevó a cabo una política económica liberal (reducción del gasto público,
privatización de empresas públicas y reducción de impuestos). El resultado fue el crecimiento de la
economía, la creación de empleo, la disminución del déficit, la caída de los precios y el aumento de la
renta per cápita. España cumplió las condiciones de convergencia establecidas en Maastricht y entró en

4. el euro. Otras medidas de la primera legislatura de José María Aznar fueron la supresión del servicio
militar obligatorio y la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
En el año 2000 el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, esta vez por mayoría absoluta, lo que
le permitió gobernar en solitario hasta 2004.
Los desafíos del golpismo y del terrorismo
Estos años de democracia en España se vieron amenazados por el golpismo y el terrorismo. La extrema
derecha, nostálgica del franquismo, intentó crear un clima de inestabilidad que truncara la transición a
la democracia (Matanza de Atocha, 1977). Posteriormente, intentó acabar con la democracia mediante
el intento de un golpe de estado el 23 de febrero de 1981, durante la investidura de Leopoldo Calvo
Sotelo. La actitud del rey y la falta de respaldo a los golpistas impidieron que el golpe de estado tuviera
éxito. El terrorismo de ETA también trató de desestabilizar la democracia española. El punto álgido de
atentado llegó en 1980 cuando ETA cometió 95 asesinatos. Las acciones de ETA se extendieron a todos
los sectores sociales y políticos, volviéndose cada vez más indiscriminadas (atentado de Hipercor, 1987).
La implicación de Francia y la mayor eficacia de los servicios de seguridad españoles lograron
lentamente disminuir la actividad terrorista.
Cambios políticos sociales y económicos
En el aspecto político, el dato más importante es la instauración de la democracia. A pesar de la presión
del golpismo, el terrorismo y el separatismo España ha conseguido el período más largo de democracia.
Las distintas ideologías y posturas políticas se han canalizado dentro de los cauces democráticos.
Durante esta fase se han producido importantes cambios sociales y económicos. Los más significativos
han sido: El descenso de la natalidad (España tiene una de las tasas más bajas de todo el mundo);
España ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes; definitiva incorporación de
la mujer al mundo laboral; incorporación masiva a las nuevas formas de información, ocio y
comunicación; acercamiento a los niveles de desarrollo europeos; reconversión industrial de los
sectores tradiciones; terciarización de la actividad productiva (63 % de la población activa); crecimiento
de grupos empresariales de proyección mundial (Telefónica, Inditex, Banco de Santander).
Cultura y mentalidades
La democracia ha traído consigo el incremento de la oferta cultural. Nunca antes se habían realizado
inversiones tan importantes en actividades e infraestructuras culturales. Se ha incrementado la
pluralidad ideológica con la aparición de nuevos medios de comunión escritos (El País, El Mundo, etc.) y
audiovisuales (plataformas privadas de televisión). También durante estos años ha habido un
reconocimiento internacional de la cultura española: Premios Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre y
Camilo José Cela; o el Premio Pritzker de arquitectura a Rafael Moneo.
La libertad de expresión favoreció nuevas formas de cultura popular relacionadas con el ocio, la
comunicación y el espectáculo. En los años ochenta destacó la llamada “movida madrileña”. El cine
español fue recocido internacionalmente: Garci, Trueba y Almodóvar fueron premiados con el Óscar a la
mejor película de habla no inglesa. Todo ello propició que las mentalidades se transformasen. La
sociedad se secularizó y el modelo de familia tradicional empezó a convivir con otros nuevos. Se
lograron avances en la equiparación laboral y social de la mujer con el hombre y se generalizaron
actitudes más tolerantes hacia los diversos comportamientos sociales.
16.3. La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El papel de España en el
contexto internacional.
La integración de España en Europa
Los gobiernos democráticos se marcaron el objetivo de integrar a España en
la Comunidad Económica Europea, de la que había sido excluida durante la dictadura franquista. España
únicamente había conseguido un acuerdo preferencial con la CEE desde 1970 (“Acuerdo Comercial
Preferencial”).

5. En 1977, establecida ya la democracia en España, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó la adhesión de
España a la CEE. Un año después la Comisión Europea dio su aprobación a las negociaciones que se
iniciaron en 1979, al mismo tiempo que lo hacía Portugal. Las negociaciones fueron largas y
complicadas; algunos países europeos pusieron condiciones: Gran Bretaña pedía la apertura de la
frontera con Gibraltar y Alemania la integración también en la OTAN. Ambas condiciones terminaron
por cumplirse: En 1985 se permitió el libre tránsito de personas y mercancías con Gibraltar; en 1982
España, bajo el gobierno de Calvo Sotelo, se integró en la OTAN.
España firmó su ingreso en la CEE en 1985. La integración en Europa fue el mayor logro de la política
exterior del PSOE. El principal obstáculo para la integración de España era el peso de nuestro sector
primario: Francia temía perder cuota de mercado frente a España y el Reino Unido quería reducir las
subvenciones a la agricultura. España contó en su integración con el apoyo fundamental de Alemania.
Desde el 1 de enero de 1986 España es miembro de pleno derecho de la CEE. Las consecuencias
económicas más importantes de la entrada en la CEE han sido:
· La liberalización económica, que puso fin al tradicional proteccionismo español, obligó a una dura
reconversión de nuestra economía, pero supuso la apertura a los productos españoles de un mercado
de millones de personas con alta capacidad adquisitiva.
· La aceleración del crecimiento económico gracias a la política de ayudas europeas, pensadas para
reducir los desequilibrios europeos. España se convirtió en receptor de importantes sumas de dinero a
través de los fondos estructurales y de cohesión social (Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER-;
Fondo Social Europeo –FSE-; Fondeo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola –FEOGA). Estas ayudas
han permitido fundamentalmente la modernización de las infraestructuras.
· El aspecto más negativo de nuestra incorporación fue la pérdida inicial de numerosos puestos de
trabajo y la disminución drástica de algunos sectores como la pesca, la agricultura o la siderurgia.
España en la Unión Europea
Desde su entrada en la CEE España se ha mostrado como un activo socio europeísta participando en la
elaboración y firmando todos los acuerdos importantes. Así, en 1986 firmó el Acta Única por el que se
garantizaba la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. En 1991, en virtud
del Tratado de Schengen sobre seguridad europea, se suprimieron los controles en las fronteras entre
los Estados firmantes.
En 1992 se produjo un cambio trascendental al firmarse el Tratado de Maastricht que cambió la
denominación de CEE por Unión Europea (UE) y aceleró el proceso de integración europeo al proponer
como objetivo final la unión política de forma gradual. Además, el Tratado propuso para 1999 la Unión
Monetaria con la introducción del euro en los países que cumplieran los “criterios de convergencia”
(déficit público y niveles de inflación bajos). En 1998, bajo el gobierno del Partido Popular, presidido por
José María Aznar, España consiguió cumplir los criterios de integración en la Unión Monetaria. En 1999
adoptó el euro, que sustituyó como moneda de cambio a la peseta en el año 2002.
Desde entonces España ha seguido apoyando el proceso de formación de la Unión Europea: Fue
aprobado en referéndum popular la fallida Constitución Europea de 2004 (que fracasó por la falta de
apoyo de otros países europeos), así como el Tratado Constitucional Europeo. Del mismo modo España
ha manifestado su respaldo a los procesos de ampliación de la Unión hacia la Europa del norte y del este
–hasta llegar a los 27 estados que la componen actualmente.
El papel de España en el contexto internacional
Además de ser miembro de la Unión Europea, la política exterior española ha ido evolucionando a lo
largo de los últimos treinta años. En los primeros años de la transición España mantuvo contactos con el
movimiento de países no alineados, aproximándose por tanto a posiciones neutrales. Sin embargo, con
la consolidación democrática España apostó claramente por su alineamiento con el bloque
occidental ingresando en la OTAN en 1982 –durante el gobierno de la UCD de Calvo Sotelo-. Esta
posición se vio reforzada ya con el PSOE en el poder: En 1986 los socialistas decidieron celebrar un
referéndum para decidir la permanencia de España en la estructura política de la OTAN (“OTAN de
entrada no”). La victoria de sí, posibilitó la posterior incorporación también a la estructura militar
(1999).
La vinculación con sus socios militares (OTAN) y económicos (UE) han provocado la abierta participación
de España en conflictos internacionales (Primera y Segunda Guerra del Golfo) y el decidido apoyo

6. amisiones de Paz y Seguridad (envío de fuerzas de interposición en zonas en conflicto –Balcanes,
Líbano, Afganistán, Haití, etc.-).
Además España en el panorama internacional ha intensificado sus relaciones en dos áreas de atención
preferente: Iberoamérica y el Norte de África. España se ha convertido en el primer inversor en
Iberoamérica y, desde 1991, impulsa la celebración anual de la Cumbre Iberoamericana. En el norte de
África se cuidan las relaciones con Argelia, primer proveedor de gas natural y, sobre todo, con
Marruecos – Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991-, a pesar de sus
reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y el litigio sobre el Sahara occidental.
El aumento de la importancia española a nivel internacional ha permitido la presencia de ciudadanos
españoles en cargos de máxima responsabilidad, destacando Javier Solana (secretaria general de la
OTAN entre 1995 y 1999 y Alto representante de la política exterior de la Unión Europea entre 1999 y
2009) y Rodrigo Rato (director del Fondo Monetario Internacional entre 2004 y 2007).
Con el inicio del siglo XXI, España se ha visto afectada también por nuevos retos internacionales como el
terrorismo internacional y el integrismo islámico: La posición española ha oscilado entre el alineamiento
incondicional con EEUU y el Reino Unido durante el gobierno de José María Aznar (foto de las Azores) y
la búsqueda de acercamiento entre occidente y oriente, la Alianza de Civilizaciones –gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero-, aunque manteniendo intactas las relaciones con la OTAN.