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El Ecuador, ha venido sufriendo del fenómeno inflacionario desde muchos años atrás. La
última fase democrática reiniciada con el advenimiento del gobierno del Ab. Jaime Roídos
Aguilera en lo que tiene relación a este fenómeno la podemos dividir en varias fases. La
primera, experimentada en la década de los 80' hasta finalizar el Gobierno del socialdemócrata
Dr. Rodrigo Borja Cevallos, y la segunda, en base a la política económica aplicada a partir del
Régimen del Arq. Sixto Duran Bailen hasta llegar a la gran crisis de 1998-99. Una tercera etapa
del proceso inflacionario se la puede analizar en el ámbito de la aplicación del sistema de
dolarización en la economía ecuatoriana en el periodo 2000-2009.

. EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL PERÍODO 1980 - 1985



El crecimiento económico del país en el período 1980 - 1985 fue limitado por la escasez de
divisas generada por la cantidad de recursos externos que se tuvieron que dedicar al pago de
la deuda externa[1], por el deterioro del sector exportador, y por la poca disponibilidad de
nuevos créditos. Así, la tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto real de 1980
a 1985 fue de 2.5%



En 1982 el sucre sufrió continuas devaluaciones y hubo prohibiciones en las importaciones;
ambas medidas limitaron la salida de divisas, pero también afectaron negativamente la
actividad económica. El sector exportador disminuyó, en promedio, 0.38% durante esos seis
años, mientras que el sector exportador creció, en promedio 5%.



El renglón que contribuyó en mayor medida al desequilibrio externo fue el pago neto de
utilidades e intereses que tuvo un crecimiento promedio de 19.2%. La tasa de crecimiento
promedio de la deuda externa total de los dos primeros años de este período fue de 41.3% y la
de los restantes cuatro años bajó a 6.1% lo que refleja la restricción de nuevos préstamos al
país por parte de la banca internacional.



El peso que impone la deuda externa en la economía advierte en la proporción de recursos
externos que se tiene que dedicar al pago de su servicio como porcentaje de las exportaciones
de bienes y servicios, que en el período fue en promedio, de 50%. La proporción de la deuda
externa con respecto al producto interno bruto se incrementó hasta llegar a 72.9 en 1984; en
1985 se logró bajar a 58.1%, por lo que el promedio del período fue de 50%.

Porque el gobierno empezó a intervenir en la economía

Sistema. Una parte del sector productivo teme que se cambien las reglas de mercado.
El Gobierno se adelantó a una eventual Constituyente y pese a que asegura que no estatizará
la economía envía señales de querer que el Estado recupere su rol intervencionista en un
sistema social de mercado (así lo define la Constitución vigente).



Lo hace ante la duda de su capacidad legal para mercadear bienes y la división de los actores
productivos.



Esas señales de cambio, de darle más énfasis a lo social que al libre mercado, son claras:



En su posesión Rafael Correa habló que más que liberar mercados, iba a preferenciar a los
pobres, y priorizar al ser humano sobre el capital. Lo que él llamó socialismo del siglo XXI. Y lo
comenzó a aplicar.



Dos meses de Gobierno y movió el mercado de insumos agrícolas, importando urea y
vendiéndola a los pequeños agricultores a mitad de precio.



Los miles que compran ese abono a $10 el saco están muy contentos porque "dos o tres
empresas se ponían de acuerdo y ponían un precio alto", dice Enrique Martínez, agricultor.



A casi tres meses en el poder, anuncia que intermediará en la comercialización de arroz. Las
piladoras serán su puente con los agricultores para comprar las cosechas a un valor
establecido y luego exportarlas a otros países.



El vicepresidente de la Asociación de Industriales Arroceros, Manuel Andrade, aclara que el
precio no implica una regulación del Estado (lo que se relaciona con normas y leyes), sino una
sustentación (apoyo).



El gerente general del BNF, Walter Poveda, sostuvo en un comunicado que con esa medida se
cumple con una oferta del Presidente de establecer precios de sustentación y compra de las
cosechas de arroz, maíz duro, algodón y otros, "pagándoles precios justos que les garanticen
rentabilidad y confianza para cultivar la tierra".
La idea es buena, a criterio del presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas,
Renato Carló, pero recuerda que el Estado ya asumió esas funciones con las empresas
nacionales de Almacenamiento y Comercialización (ENAC) y de Productos Vitales (Enprovit) en
las que dice no hubo rendición de cuentas.



El sector de empresarios y de industrias más grandes tiene una postura contraria.

Porque si debe intervenir

Porque debe establecer precios minimos o máximos en los bienes y servicios

Fijar tributos para una mejor distribución de la riqueza

Establecer las tasas de interés por medio de bancos centrales del país

Fijar tributos en las importaciones y exportaciones de bienes

Fijar salarios minimos y básicos

Porque no debe intervenir

“Ni un intervencionismo excesivo que sofoque la libertad de iniciativa y el desarrollo normal de
la economía ni tampoco una ausencia que deje librado el campo de las relaciones económicas
al poder del más fuerte”, explicó en su reflexión semanal por televisión.



El prelado platense consideró que ante la realidad del país “el camino correcto requiere
equilibrar en la práctica el juego de estos dos principios – subsidiariedad y solidaridad- para
que sean efectivamente aplicados”.



“Subsidiariedad para que el Estado no invada los ámbitos de legítima iniciativa de personas e
instituciones y solidaridad para que el Estado asista a las partes más débiles del todo social,
especialmente en las circunstancias más difíciles”, precisó.



El arzobispo indicó que la Doctrina Social de la Iglesia señala que “la acción del Estado y de los
otros poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiariedad y crear situaciones
favorables al libre ejercicio de la actividad económica. Tal acción debe también inspirarse en el
principio de solidaridad y establecer los límites de la autonomía de las partes para defender a
la parte más débil”.



Asimismo, sostuvo que “la solidaridad sin subsidiariedad, de hecho, puede degenerar
fácilmente en asistencialismo. Pero la subsidiariedad sin solidaridad corre el riesgo de
alimentar formas de localismo egoísta. Para respetar estos dos principios fundamentales la
intervención del Estado en el ámbito económico no debe ser ni invasiva ni ausente sino
conmensurada a las reales exigencias de la sociedad”.



Monseñor Aguer también afirmó que “el problema que podemos observar en la Argentina y en
algunos otros países también, es que de hecho parece que no existiera el Estado. Existen los
gobiernos, los sucesivos gobiernos. En un momento determinado el Estado es el gobierno.
Entonces, ni siquiera se puede hablar de políticas de Estado. Más aún, el gobierno es el ámbito
de conquista de un partido, de un sector determinado. Falta, en todo caso, esa perspectiva
siempre clara y necesaria del bien común como finalidad propia de la acción del estado”.



“Entonces, el problema es un problema delicadamente político, de concepción de la vida
política y de la sociedad en su conjunto. Por eso esta referencia a la Doctrina Social de la Iglesia
me parece capital”, concluyó.+
El crecimiento económico del país en el período 1980 - 1985 fue limitado por la escasez de
divisas generada por la cantidad de recursos externos que se tuvieron que dedicar al pago de
la deuda externa[1], por el deterioro del sector exportador, y por la poca disponibilidad de
nuevos créditos.

En 1982 el sucre sufrió continuas devaluaciones y hubo prohibiciones en las importaciones;
ambas medidas limitaron la salida de divisas, pero también afectaron negativamente la
actividad económica. El sector exportador disminuyó, mientras que el sector exportador
creció, en promedio 5%.

El renglón que contribuyó en mayor medida al desequilibrio externo fue el pago neto de
utilidades e intereses. La tasa de crecimiento promedio de la deuda externa total de los dos
primeros años de este período fue de 41.3% y la de los restantes cuatro años bajó a 6.1% lo
que refleja la restricción de nuevos préstamos al país por parte de la banca internacional.

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  • 1. El Ecuador, ha venido sufriendo del fenómeno inflacionario desde muchos años atrás. La última fase democrática reiniciada con el advenimiento del gobierno del Ab. Jaime Roídos Aguilera en lo que tiene relación a este fenómeno la podemos dividir en varias fases. La primera, experimentada en la década de los 80' hasta finalizar el Gobierno del socialdemócrata Dr. Rodrigo Borja Cevallos, y la segunda, en base a la política económica aplicada a partir del Régimen del Arq. Sixto Duran Bailen hasta llegar a la gran crisis de 1998-99. Una tercera etapa del proceso inflacionario se la puede analizar en el ámbito de la aplicación del sistema de dolarización en la economía ecuatoriana en el periodo 2000-2009. . EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL PERÍODO 1980 - 1985 El crecimiento económico del país en el período 1980 - 1985 fue limitado por la escasez de divisas generada por la cantidad de recursos externos que se tuvieron que dedicar al pago de la deuda externa[1], por el deterioro del sector exportador, y por la poca disponibilidad de nuevos créditos. Así, la tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto real de 1980 a 1985 fue de 2.5% En 1982 el sucre sufrió continuas devaluaciones y hubo prohibiciones en las importaciones; ambas medidas limitaron la salida de divisas, pero también afectaron negativamente la actividad económica. El sector exportador disminuyó, en promedio, 0.38% durante esos seis años, mientras que el sector exportador creció, en promedio 5%. El renglón que contribuyó en mayor medida al desequilibrio externo fue el pago neto de utilidades e intereses que tuvo un crecimiento promedio de 19.2%. La tasa de crecimiento promedio de la deuda externa total de los dos primeros años de este período fue de 41.3% y la de los restantes cuatro años bajó a 6.1% lo que refleja la restricción de nuevos préstamos al país por parte de la banca internacional. El peso que impone la deuda externa en la economía advierte en la proporción de recursos externos que se tiene que dedicar al pago de su servicio como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios, que en el período fue en promedio, de 50%. La proporción de la deuda externa con respecto al producto interno bruto se incrementó hasta llegar a 72.9 en 1984; en 1985 se logró bajar a 58.1%, por lo que el promedio del período fue de 50%. Porque el gobierno empezó a intervenir en la economía Sistema. Una parte del sector productivo teme que se cambien las reglas de mercado.
  • 2. El Gobierno se adelantó a una eventual Constituyente y pese a que asegura que no estatizará la economía envía señales de querer que el Estado recupere su rol intervencionista en un sistema social de mercado (así lo define la Constitución vigente). Lo hace ante la duda de su capacidad legal para mercadear bienes y la división de los actores productivos. Esas señales de cambio, de darle más énfasis a lo social que al libre mercado, son claras: En su posesión Rafael Correa habló que más que liberar mercados, iba a preferenciar a los pobres, y priorizar al ser humano sobre el capital. Lo que él llamó socialismo del siglo XXI. Y lo comenzó a aplicar. Dos meses de Gobierno y movió el mercado de insumos agrícolas, importando urea y vendiéndola a los pequeños agricultores a mitad de precio. Los miles que compran ese abono a $10 el saco están muy contentos porque "dos o tres empresas se ponían de acuerdo y ponían un precio alto", dice Enrique Martínez, agricultor. A casi tres meses en el poder, anuncia que intermediará en la comercialización de arroz. Las piladoras serán su puente con los agricultores para comprar las cosechas a un valor establecido y luego exportarlas a otros países. El vicepresidente de la Asociación de Industriales Arroceros, Manuel Andrade, aclara que el precio no implica una regulación del Estado (lo que se relaciona con normas y leyes), sino una sustentación (apoyo). El gerente general del BNF, Walter Poveda, sostuvo en un comunicado que con esa medida se cumple con una oferta del Presidente de establecer precios de sustentación y compra de las cosechas de arroz, maíz duro, algodón y otros, "pagándoles precios justos que les garanticen rentabilidad y confianza para cultivar la tierra".
  • 3. La idea es buena, a criterio del presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, Renato Carló, pero recuerda que el Estado ya asumió esas funciones con las empresas nacionales de Almacenamiento y Comercialización (ENAC) y de Productos Vitales (Enprovit) en las que dice no hubo rendición de cuentas. El sector de empresarios y de industrias más grandes tiene una postura contraria. Porque si debe intervenir Porque debe establecer precios minimos o máximos en los bienes y servicios Fijar tributos para una mejor distribución de la riqueza Establecer las tasas de interés por medio de bancos centrales del país Fijar tributos en las importaciones y exportaciones de bienes Fijar salarios minimos y básicos Porque no debe intervenir “Ni un intervencionismo excesivo que sofoque la libertad de iniciativa y el desarrollo normal de la economía ni tampoco una ausencia que deje librado el campo de las relaciones económicas al poder del más fuerte”, explicó en su reflexión semanal por televisión. El prelado platense consideró que ante la realidad del país “el camino correcto requiere equilibrar en la práctica el juego de estos dos principios – subsidiariedad y solidaridad- para que sean efectivamente aplicados”. “Subsidiariedad para que el Estado no invada los ámbitos de legítima iniciativa de personas e instituciones y solidaridad para que el Estado asista a las partes más débiles del todo social, especialmente en las circunstancias más difíciles”, precisó. El arzobispo indicó que la Doctrina Social de la Iglesia señala que “la acción del Estado y de los otros poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiariedad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica. Tal acción debe también inspirarse en el principio de solidaridad y establecer los límites de la autonomía de las partes para defender a la parte más débil”. Asimismo, sostuvo que “la solidaridad sin subsidiariedad, de hecho, puede degenerar fácilmente en asistencialismo. Pero la subsidiariedad sin solidaridad corre el riesgo de
  • 4. alimentar formas de localismo egoísta. Para respetar estos dos principios fundamentales la intervención del Estado en el ámbito económico no debe ser ni invasiva ni ausente sino conmensurada a las reales exigencias de la sociedad”. Monseñor Aguer también afirmó que “el problema que podemos observar en la Argentina y en algunos otros países también, es que de hecho parece que no existiera el Estado. Existen los gobiernos, los sucesivos gobiernos. En un momento determinado el Estado es el gobierno. Entonces, ni siquiera se puede hablar de políticas de Estado. Más aún, el gobierno es el ámbito de conquista de un partido, de un sector determinado. Falta, en todo caso, esa perspectiva siempre clara y necesaria del bien común como finalidad propia de la acción del estado”. “Entonces, el problema es un problema delicadamente político, de concepción de la vida política y de la sociedad en su conjunto. Por eso esta referencia a la Doctrina Social de la Iglesia me parece capital”, concluyó.+
  • 5. El crecimiento económico del país en el período 1980 - 1985 fue limitado por la escasez de divisas generada por la cantidad de recursos externos que se tuvieron que dedicar al pago de la deuda externa[1], por el deterioro del sector exportador, y por la poca disponibilidad de nuevos créditos. En 1982 el sucre sufrió continuas devaluaciones y hubo prohibiciones en las importaciones; ambas medidas limitaron la salida de divisas, pero también afectaron negativamente la actividad económica. El sector exportador disminuyó, mientras que el sector exportador creció, en promedio 5%. El renglón que contribuyó en mayor medida al desequilibrio externo fue el pago neto de utilidades e intereses. La tasa de crecimiento promedio de la deuda externa total de los dos primeros años de este período fue de 41.3% y la de los restantes cuatro años bajó a 6.1% lo que refleja la restricción de nuevos préstamos al país por parte de la banca internacional.