1. Monografia

2. • Tema: Deuda Externa.
• Profesora: Alicia Barba.
• Alumna: Binetti Florencia.

3. Introducción
Durante la dictadura militar, mediante una fraudulenta fuga de las divisas que
ingresaron al país como préstamos, con el supuesto objeto de constituir
reservas en el Banco Central. La fuga de capitales se efectuó entre 1980 y
1983, mediante una quiebra masiva de bancos y financieras, y mediante un
mecanismo denominado "seguro de cambio", que garantizaba el precio futuro
de las divisas, pese la enorme inflación existente.
Durante los 90 la convertibilidad garantizó a los especuladores un dólar barato
y se facilitó el endeudamiento externo y la fuga de divisas. Así es como se
originó la Deuda Externa Argentina y en este trabajo se mostrará tanto de su
pasado como su presente.
Reseña Histórica
Crisis de 1873
En 1867 el Banco de la Provincia de Buenos Aires creó la Oficina de Cambios
a través de la cual la Argentina ingresó en el régimen de convertibilidad de la
moneda (que se estableció a razón de 25 pesos papel por 1 de oro). Hasta
1873 esta Oficina incrementó exitosamente sus reservas de oro, debido al
fuerte ingreso de metálico provocado por la afluencia de capital externo
proveniente de empréstitos contratados por el gobierno nacional y algunos
provinciales en el mercado de Londres. Esta acumulación de metálico hizo a su
vez posible una enorme expansión del crédito bancario (reforzada en 1872 con
la creación de los bancos Nacional e Hipotecario), lo cual impulsó la ya de por
sí importante actividad comercial, como consecuencia de la guerra con el
Paraguay.
Este febril ingreso de capitales externos junto a un acelerado incremento de la
actividad comercial, repercutió en otras esferas de la actividad económica,
como por ejemplo en el enorme aumento tanto del gasto público como de las

4. importaciones y en la aparición de una especulación en tierras cuyo precio
subía al compás del incremento del intercambio comercial. La incidencia de las
importaciones se reflejó en una balanza comercial deficitaria, pues si bien las
exportaciones crecieron no lo hicieron al mismo ritmo que las importaciones.
No obstante, mientras la Argentina recibiese capitales del exterior, esta
situación deficitaria no se reflejaría en la balanza de pagos. El problema del
desequilibrio comercial se tornó visible cuando cesó el ingreso de capitales, en
parte por efecto de la depresión europea de 1873 que cortó los flujos de
inversión. A partir de ese momento, la situación deficitaria de la balanza
comercial y de la de pagos provocó una sensible disminución de la existencia
de metálico. El problema no pudo ser solucionado con un incremento de las
exportaciones, por lo que el gobierno del recién asumido Presidente Nicolás
Avellaneda debió recurrir a una política claramente deflacionista, suspendiendo
la contratación de nuevos empréstitos en el exterior, decretando la inconversión
de los billetes del banco de la Provincia y del Nacional, e incluso disminuyendo
sueldos de empleados y reduciendo personal administrativo. La retracción del
crédito bancario durante 1875 y 1876 golpeó duramente la producción rural.
Esta serie de medidas, más la ley de Aduanas de 1876, influyeron en el rápido
descenso de las importaciones. Si bien las exportaciones mantuvieron su nivel
anterior, la caída de las importaciones, particularmente brusca en los años
1875 y 1876, provocó una inversión en la tendencia predominante de la
balanza comercial, que pasó de ser deficitaria a ser superavitaria.
El presidente Avellaneda en su mensaje de apertura al Congreso en 1875
describía la situación económica del país en los siguientes términos:
"Grandes cantidades de dinero afluyeron en los últimos años a la plaza de
Buenos Aires teniendo principalmente su origen en los empréstitos que la
Nación y esta provincia contrajeron en Londres. De ahí, su acumulación en los
bancos, el bajo interés y las facilidades tan seductoras como desconocidas del
crédito. El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan considerables
capitales al trabajo reproductivo y sobrevinieron las especulaciones sobre
terrenos estériles, que acrecentaban artificialmente su precio de una
transacción a la otra, los gastos excesivos y la acumulación de las mercaderías
importadas, exagerada aún más por la competencia que se desarrolla en estos

5. casos. Con la hora inevitable de los reembolsos, ha sobrevenido la crisis, que
principia ya a encontrar su principal remedio en la disminución de los gastos
privados y públicos."
Para fines de la década de 1870, la crisis económica ya había sido superada,
permitiendo el inicio de un nuevo periodo de prosperidad y expansión
económica que se inició en 1880, ya con el Presidente Julio A. Roca, a cargo
del Poder Ejecutivo Nacional.
Crisis de 1890
Durante la década de 1880 se produjo un marcado crecimiento de las
inversiones extranjeras, estimuladas tanto por la confianza de los inversores en
la economía argentina como por la propia política del gobierno para atraerlos.
A partir de 1886, durante el gobierno de Miguel Juárez Celman, se produce una
verdadera fiebre inversora británica, sobre todo en ferrocarriles. Se otorgan
concesiones a casi todos los trazados propuestos, sin reparar en sus
verdaderas posibilidades productivas. Esta fiebre ferroviaria, a su vez, empujó
a un aumento del valor de las tierras atravesadas por las redes. Esta modalidad
de inversión, que se prestó a numerosas maniobras especulativas, terminaría
desembocando en lo que se denominó la crisis de 1890.
Puede decirse que dicha crisis se originó por una actitud de excesiva confianza
de los inversores extranjeros en las posibilidades de la economía argentina que
los llevó a prestar rápidamente dinero al gobierno y a los particulares. Sin
embargo, pronto se evidenció un desfase temporal con respecto al incremento
productivo de esas inversiones. Muchos proyectos necesitarían décadas para
poder madurar lo suficiente como para saldar la deuda contraída.
A esta fiebre especuladora se sumó además la incompetencia, malversación y
especulación de las autoridades y agentes económicos argentinos, que se
deslumbraron frente a una situación sumamente favorable en el mercado de
capitales.
Si bien a nivel local se culpa de Juárez Celman por la crisis, ésta también tuvo
a un actor principal externo, la casa Baring Brothers, que imprudentemente

6. intentó monopolizar las concesiones en la Argentina y lanzó proyectos de
inversión demasiado rápido, sin asegurar sus inversiones de capital,
sobrexcediendo ampliamente su capacidad de negocio.
El crecimiento de la deuda, tanto pública como privada, se tradujo en una
excesiva expansión monetaria que llevó a una fuerte depreciación del papel
moneda, amenazando la rentabilidad de los inversores, y por lo tanto
paralizando la entrada de nuevos capitales. Los inversores británicos,
perturbados por los informes provenientes de Buenos Aires respecto de los
abusos financieros, se mostraron cada vez más prudentes hacia los proyectos
argentinos y dirigieron su atención hacia otros mercados.
Así fue que a principios de 1889 comenzaron a manifestarse síntomas de la
falta de solvencia del gobierno argentino para pagar la deuda contraída con los
bancos europeos. Las perspectivas de una cosecha pobre preocuparon a los
especuladores de la Bolsa y el precio del oro comenzó a subir. En febrero el
gobierno intentó infructuosamente prohibir la venta de oro en la Bolsa y, en
septiembre, los inversores ya habían perdido su confianza en el gobierno
argentino. La catástrofe no ocurrió inmediatamente gracias a la intermediación
de Baring Brothers entre los inversores individuales y las autoridades
argentinas. Los banqueros europeos propusieron al gobierno de Juárez
Celman un remedio que no favorecía al gobierno: consolidación de la deuda,
suspensión de nuevos empréstitos durante diez años, suspensión de la emisión
de papel moneda y una drástica reducción del gasto público. El gobierno de
Juárez Celman no podía aceptar la propuesta, ya que ésta política de
austeridad hubiera destrozado su apoyo político.
Al compás de la crisis económica creció el descontento popular, animado por la
fuerza de oposición al gobierno de Juárez Celman, la Unión Cívica. El 12 de
abril de 1890 renunció el gabinete, y el 16 Juárez Celman nombró uno nuevo,
en el cual se incorporaron dos hombres de la Unión Cívica en áreas
claves: José E. Uriburu en Hacienda y Roque Sáenz Peña en Relaciones
Exteriores. El nuevo ministro de Hacienda intentó una fórmula de conciliación
que contentase a los banqueros europeos sin herir los intereses rurales y los
de los "nuevos ricos" que respaldaban a Juárez Celman. Uriburu adoptó
algunas medidas de austeridad económica, como el aumento del 15% en los

7. impuestos aduaneros, además de la exigencia de recaudar el 50% de los
impuestos en oro.
Las medidas de austeridad económica y orientación deflacionaria puestas en
marcha por Uriburu fueron rechazadas por el círculo de "amigos" de Juárez
Celman, principales beneficiarios de la política inflacionaria anterior. Juárez
Celman, obligado a optar entre el ministro y sus propios sostenedores, retiró su
respaldo a Uriburu, quien debió renunciar. Como consecuencia, en un solo día
el oro subió de 118 a 165. Con el alejamiento de Uriburu se reanudó la política
inflacionaria y se repudiaron las deudas, cerrándose así la negociación con los
bancos europeos.
Finalmente, el gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del
Parque del 26 de julio de 1890. Su sucesor, el entonces Vicepresidente Carlos
Pellegrini, reabrió la negociación con los bancos europeos para solucionar la
crisis. El primer triunfo de Pellegrini fue el arreglo entre el emisario
argentino, Victorino de la Plaza, y el presidente de la Comisión Internacional de
Banqueros, lord Rothschild, en marzo de 1891.
Resuelto a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió
su artillería contra los Bancos Nacionales Garantidos, responsables de la
inflación por haber prestado dinero sin respaldo. Se adoptaron también
importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de
1500 empleados de correos, la reducción a la mitad del presupuesto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cancelación de ventas fraudulentas de
tierras y de una serie de ferrocarriles garantidos y la reducción de costosas
obras públicas.
Los problemas financieros externos fueron resueltos con el empréstito
Rothschild, pero no sucedió lo mismo con los problemas internos. El gobierno
de Pellegrini debió imponer nuevos impuestos para hacer frente a las
obligaciones externas contraídas por gobiernos provinciales y municipalidades
en los años de la administración de Juárez Celman, pero como los nuevos
recursos -el pago del 50% de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los
gravámenes a las exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un
impuesto a los depósitos bancarios-, no rindieron los frutos esperados, el
gobierno se vio obligado a recurrir a la emisión monetaria. Esta no afectó tanto

8. a los sectores exportadores, cuyos ingresos fueron en oro y no en papel.
Tampoco a los industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria
fueron una especie de malla protectora contra la competencia extranjera. Los
sectores que más sufrieron los efectos de la crisis fueron el propio Gobierno,
cuyos problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el
sector urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y
aquellos que especulaban con tierras y valores mobiliarios).
La guerra, la deuda y el movimiento nacional
Se ha convertido en una enseñanza de la historia que los países coloniales y
semicoloniales pueden aprovechar los grandes conflictos bélicos inter
imperialistas para desarrollar sus fuerzas productivas, sanear sus finanzas e
incluso dar paso a movimientos nacionales y populares capaces de desalojar
del poder a las oligarquías vinculadas al poder externo. Aquello que había
sucedido en 1810.cuando Francia inundó España con sus ejércitos-se repite en
1916 con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Inglés reconvierte su economía
privilegiando la fabricación de armamentos, por lo cual reduce sus ventas de
manufacturas a la Argentina, lo que produce en nuestro país un creciente
desarrollo de la industria nacional.
Al mismo tiempo, la balanza comercial resulta tan fuertemente positiva que
absorbe los egresos de la balanza de pagos y deja un importante remanente en
divisas. Entonces, debilitados los lazos con el imperialismo inglés, el gobierno
de Irigoyen reduce la deuda externa por un importe aproximado de 20 millones
de libras, por lo que frente a los gobiernos conservadores, el radicalismo
yrigoyenista se caracteriza por una importante disminución del endeudamiento.
En cambio, su nacionalismo tiene límites agraristas, por lo cual no protege a la
industria a concluir la guerra, hecho que provoca su declinación hacia 1921.
Asimismo, esas limitaciones del movimiento policlasista derivan en la
presidencia de Marcelo T. de Alvear, durante la cual el endeudamiento externo
vuelve a crecer, especialmente basado en empréstitos provenientes de
los Estados Unidos. Al finalizar el período alvearista, la deuda externa puede
estimarse que supera en algo los 140 millones de libras esterlinas. En cambio,

9. durante el segundo gobierno de Irigoyen (1928-1930), el monto vuelve a bajar.
Durante el gobierno de José Félix Uriburu, la deuda crece a razón de nuevos
empréstitos yanquis, como crece también a principios de la presidencia de
Agustín P. Justo con el empréstito vinculado al convenio Roca-Runciman, pero
hacia fines del período justicialista se rescatan títulos, en general
correspondientes a préstamos provenientes de Estados Unidos, de la época de
Alvear y de Uriburu.
Estas repatriaciones se detienen bajo la presidencia de Roberto Ortiz, pero
vuelven a producirse cuando Ramón Castillo lo releva en el poder. Así, el golpe
del 4 de junio de 1943 encuentra a la Argentina con una deuda externa cercana
a los 80 millones de libras esterlinas que, dada la declinación del imperialismo
inglés, resulta más correcto expresar en dólares: alrededor de 325 millones de
dólares.
La segunda Guerra y el segundo movimiento nacional
La crisis económica mundial iniciada en 1929 ha operado en la Argentina
favoreciendo, a partir de 1935- un proceso de desarrollo de la industria
nacional, cuya producción va sustituyendo gran parte de los productos
importados.
La obtención de fuertes superávits en la balanza comercial, que han permitido
reducir la deuda externa en los últimos años de la década del 30, se ha
acentuado con el estallido de la guerra, de manera que, entre 1944 y 1945, al
tiempo que no se toman nuevos préstamos, se repartían títulos por 50 millones
de dólares que, sumados a las amortizaciones del período, permite reducir la
deuda a 264 millones de dólares.
Perón triunfa en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946.
Puesto en marcha un proyecto de liberación nacional que recupera para la
Argentina los principales resortes de su economía que estaban en manos del
capital extranjero (Banco Central, nacionalización de depósitos
bancarios, comercio exterior, servicios públicos, puertos, etc.) e impulsado el
crecimiento industrial, con fuerte ampliación del mercado interno y notable
avance de las conquistas sociales de los trabajadores, también se producen

10. importantes cambios respecto de la deuda externa. Entre 1946 y 1948 se
rescata el total de títulos, lo cual permite al gobierno afirmar que se ha logrado
la independencia económica ya que, por primera vez en muchos años,
"tenemos deuda externa cero".
La discriminación que sufre la Argentina en la participación de venta de carnes
y cereales dentro del Plan Marshal, dos sequías que provocan una fuerte baja
de las exportaciones y la inconvertibilidad de la libra, decidida unilateralmente
por Gran Bretaña, impiden el pago de deudas en Estados Unidos por 125
millones de dólares, que son refinanciados por la misión Cereijo, a través de
un crédito del Eximbank. Esta deuda se halla reducida al producirse el golpe de
septiembre de 1955 que derroca a Perón, por lo cual a esa fecha existía una
deuda de 57 millones de dólares.
Sin embargo, esto obedece a que al producirse el golpe militar la Argentina
tenía deudas por alrededor de 650 a 700 millones de dólares que iban
compensando con nuevas operaciones de exportación; pero en 1956 el
gobierno Aramburu dio por caídos esos convenios de deuda flotante
convirtiendo el saldo en deuda financiera exigible.
Perón y la deuda externa
Para un gobierno de rasgos nacionalistas y populares como el que Juan D.
Perón inaugura en 1946, la recuperación de la deuda externa argentina
representa una singular y simbólica demostración de poder e independencia en
la toma de decisiones. Este logro serviría para dar consistencia a su discurso,
constituyéndose en un acontecimiento de alta significación doctrinaria para los
sectores populares.
El tema acompaña cada alocución presidencial desde 1946 y es uno de los
puntos centrales del "Acta de Independencia Económica" consagrada en
Tucumán el 9 de julio de 1947. El rescate total de la deuda externa argentina
se logra en 1952. El Estado peronista destaca entonces que el país deudor
de m$n 12.500 millones se convertía en acreedor por más de m$n 5.000
millones.
El período 1947-51 indica una tendencia a la baja en las tasas de interés en

11. consonancia con la estabilidad económica, y una marcada disminución de la
deuda externa que se salda completamente en 1952, con el pago de m$n
12.649.471 perteneciente a las 2 últimas cuotas semestrales del empréstito
argentino-británico contenido en el Convenio Roca Runciman (1933). Se gesta
entonces una situación inédita en la historia argentina desde el préstamo
Baring Brothers de 1824.
La gran existencia de divisas en el país al finalizar la Segunda Guerra
Mundial en 1945 y el supéravit de la balanza comercial entre 1946-48 se
aplican a la repatriación de la deuda externa. Así mismo la deuda interna
disminuirá un 17.8% entre los años 1945-1952.
En 1949, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el
crecimiento cada vez más acelerado del mercado interno nacional, aparece el
efecto inflacionario, que había sido casi inexistente durante la primera mitad del
siglo XX.
En este contexto, el gobierno peronista ensaya un tibio acercamiento con
Estados Unidos, a través del Eximbank, que en 1950 acuerda con la Argentina
un préstamo por 125 millones de dólares destinados a saldar las deudas con
los comerciantes norteamericanos. La ley de inversiones extranjeras de 1953
como los acuerdos firmados con la California Standard Oil dan cuenta de un
viraje del gobierno argentino con respecto a la utilidad de los capitales
internacionales.
Argentina y el Club de Paris
Tras el derrocamiento de Perón en 1955, el nuevo gobierno dirigido por el
General Pedro Eugenio Aramburu, intenta reactivar el flujo de comercio, para lo
cual adquiere un nuevo préstamo externo destinado a financiar importaciones
desde Europa. Así se contrata con varios bancos europeos un crédito de 700
millones de dólares, que se suponía podría ser amortizado en el transcurso de
un año.

12. Pronto resultó evidente que era imposible para el gobierno cancelar en un
plazo tan corto el préstamo. Ante esa situación, el ministro de Finanzas francés
invitó a los 11 países acreedores de la Argentina a reunirse en París para
analizar la refinanciación de la deuda externa. Dicha reunión se realizó entre el
14 y el 16 de mayo de 1956.
De esta reunión surgió lo que sería conocido como el Club de París, un foro
informal de acreedores oficiales y países deudores. Su función primordial sería
la de coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los
países e instituciones de préstamo. Desde su creación en 1956, hasta 2009, el
Club de París efectuó 408 acuerdos con 86 países deudores.
Argentina y el FMI
La idea de crear un Fondo Monetario Internacional (FMI) fue planteada el 22 de
julio de 1944 durante la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco
antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. La creación de este
organismo recién se produce en 1945, con el objetivo primordial de
promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el
comercio entre los países y reducir la pobreza a nivel mundial.
La Argentina recién se incorpora al FMI y al Banco Mundial en 1956, tras la
llamada "Revolución Libertadora". En 1958 se convoca a elecciones que son
ganadas por el radical intransigente, Arturo Frondizi, con el fuerte apoyo del
peronismo. Según el diagnóstico presidencial, la condición económica era
dramática, siendo el principal problema el exceso de gastos sobre la
producción nacional, lo que había conducido tanto a déficits comerciales como
a un bajo nivel de inversión. Así, mientras que a fines de la Segunda Guerra
Mundial, las reservas de oro y divisas acumuladas en el Banco Central
superaban en 1.300 millones de dólares a la deuda externa, a fines de abril de
1958 era la deuda externa la que superaba en 1.100 millones de dólares a las
reservas de oro y divisas.
Al poco tiempo de asumir, Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para
elaborar un diagnóstico de la situación económica y preparar, junto a

13. funcionarios argentinos, un programa de emergencia que el FMI contribuiría a
financiar. Esta labor conjunta fue tan difícil como implementar las medidas de
apertura económica en materia petrolera y de inversiones extranjeras, ya que
cualquier programa ortodoxo de reordenamiento económico acarrearía un
elevado costo político y social. En el partido, dentro del gobierno y en la opinión
pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los ideales
"desarrollistas" y a las promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas
inesperadas, como el lanzamiento de "La Batalla del Petróleo", habían
desatado una airada protesta obrera y social en la cual se entrelazaban
cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que debilitaban la posición
del gobierno frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.
Dos misiones del FMI estuvieron en la Argentina en agosto y noviembre de
1958. Entre medio, el país debió acelerar la resolución de los litigios que tenía
pendientes con las empresas extranjeras de electricidad que venían de la
época peronista. Las primeras evaluaciones del Fondo sobre la situación
económica y las perspectivas de que el país aplicara un genuino programa de
estabilización fueron muy pesimistas debido a dos razones: por un lado, el
gobierno de Frondizi era políticamente débil y su Partido (la UCRI) era
ideológicamente opuesto a adoptar las decisiones que el Fondo consideraba
necesarias para la estabilización económica. Por otra parte, para los
observadores del FMI, en la sociedad argentina no había un consenso
favorable a las profundas reformas que debían realizarse tanto en materia de
ajuste del gasto como de apertura económica. Aún así, a mediados de
diciembre los lineamientos del plan y la habitual "Carta de Intención" solicitando
oficialmente ayuda al FMI, ya estaban listos.
Para acceder a la asistencia solicitada, la Argentina debió modificar su política
económica y obtener la convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales
favorables con los países acreedores europeos nucleados en el "Club de
París".
A mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores
europeos el inminente plan de estabilización y su incidencia sobre las
relaciones económico-financieras de la Argentina con Europa Occidental
obtuvo la conformidad de un cónclave extraordinario de representantes del

14. "Club de París" para que la convertibilidad de los saldos comerciales ya
mencionados se aplicara a remesas destinadas a pagos comerciales y de la
deuda en el área del dólar. También se logró que los europeos siguieran dando
al país el mismo tratamiento cambiario que hasta entonces. Para ello, esta
misión reafirmó la intención argentina de seguir cumpliendo con los pagos de
su deuda externa en los mismos términos que se habían pactado en 1957 y
asegurando que el nuevo régimen cambiario y comercial argentino (adoptado a
instancias del FMI y del gobierno de Estados Unidos) no discriminaría a los
países europeos.
Con este acuerdo y tras la aprobación del programa económico por parte del
FMI, los organismos financieros internacionales, un consorcio de bancos
privados norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos otorgaron ayuda
por 329 millones de dólares para apuntalar el "Plan de Estabilización
Económica" con el cual se inició una nueva etapa en la política económica del
gobierno de Frondizi. Dicho crédito permitió la unificación y liberalización total
del mercado cambiario argentino, cuya demanda venía siendo reprimida ante la
falta de divisas.
El nuevo programa económico comprometía al gobierno argentino a sanear la
economía nacional y a sentar las bases de su genuino desarrollo mediante
severas e inéditas medidas en materia cambiaria, arancelaria, comercial,
tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del gasto público. En líneas
generales, todas ellas tendían a restaurar una economía de mercado en un
país
donde ya se había afianzado una fuerte tradición de intervención estatal en la
economía, que se remontaba a los años ´30.
Las turbulencias macroeconómicas fueron cediendo paulatinamente, así, el
dólar, que había tenido un pico de casi 100 pesos moneda nacional en mayo
de 1959, retrocedió hasta 83 en agosto. Para evitar una mayor apreciación de

15. la divisa, el Banco Central estableció una paridad fija en ese nuevo nivel. La
inflación también descendió al compás del tipo de cambio.
La entrada de capitales extranjeros, tanto en la forma de inversión directa como
de préstamos públicos y privados, permitió alejar por un tiempo el fantasma de
una crisis de balanza de pagos. La economía de mercado, propugnada por el
entonces Ministro de Economía Álvaro Alsogaray, se basaba en la aplicación
rigurosa de los mecanismos de mercado como principio ordenador de la
sociedad libre. El Estado sólo debía asegurar la competencia, resolver los
casos críticos, y compensar determinados objetivos sociales. Alsogaray insistió
en la necesidad de llevar el proceso de liberación hasta las últimas
consecuencias, para preservar la estabilidad y restaurar la capacidad
productiva de la economía.
Sin embargo, la conflictividad social se volvió insostenible desatándose
numerosas y prolongadas huelgas organizadas por los sindicatos obreros. En
este contexto Alsogaray debió renunciar en 1961 y Frondizi decidió patear el
tablero anunciando el levantamiento de la "ilegalización" que regía sobre el
Partido Peronista desde 1955. Así, en las elecciones de 1962 el peronismo
ganó la gobernación de diez de las catorce provincias, incluida Buenos Aires.
Los militares le exigieron al Presidente la anulación de las elecciones, aunque
el Golpe militar ya era inevitable. Finalmente el 29 de marzo de 1962 Frondizi
fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas y recluído de su mando.
Ese mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales
ocasionaron una reducción de las reservas que tuvo un importante impacto
sobre el crédito del país. Para paliar la situación, el gobierno tuvo que recurrir a
un préstamo del Banco Central excediendo el límite convenido con el FMI para
poder financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo declaró a la Argentina
en violación de los acuerdos firmados.

16. El siguiente grafico indica la deuda del Estado Nacional Argentino en moneda
nacional y en moneda extranjera, de 1994 a 2004.
En el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín
Lanusse (1966-1972) la deuda externa argentina se incrementó desde los
3.276 millones de dólares a 4.800 millones, un 46%. Entre los gobiernos de
Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de
Perón (1973-1976) la deuda ascendió de 4.870 millones de dólares a 7.800
millones, un 62%, dando el equivalente de 320 dólares de deuda por cada
argentino (per capita).
Durante la última dictadura militar, autodenominada Proceso de
Reorganización Nacional (1976-1983) la deuda trepó hasta los 45.000 millones
de dólares, un 364%, con lo cual se pasó a tener una deuda per capita de
1.500 dólares. Los años ´70 (sobre todo la segunda mitad de la década) se
caracterizaron por sus elevados índices de liquidez y sus bajas tasas de interés
para préstamos internacionales, lo que propició la llegada de importantes
corrientes de capitales a toda América Latina.
A partir de 1976, la nueva dirección económica del país se caracteriza por
reducir los niveles de proteccionismo industrial, mientras que, de manera

17. paralela, se encara un proceso de apertura para la llegada de los capitales
extranjeros. Entre estas medidas se destacan dos en particular: una de ellas
fue la "reforma financiera", concretada en 1977, que liberalizó la actividad del
sector bancario. La otra medida trascendente fue "la tablita", un instrumento
donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la
relación entre el peso y el dólar para cada día en los siguientes ocho meses.
En síntesis el Gobierno ofrecía una información anticipada que permitiría saber,
en ese lapso, cual sería el porcentaje de devaluación de la moneda Argentina.
Se suponía que con esta medida se eliminaba el "factor psicológico" que
durante años había provocado un aumento constante en los precios, sin
embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de
modo que el peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de la década.
Este cóctel de medidas permitió el surgimiento de la popularmente conocida
"bicicleta financiera", que consistía esencialmente, en aprovechar el diferencial
que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, factor generado
por el retraso de la paridad cambiaria. De este modo, el negocio se basaba en
solicitar créditos al exterior, cambiar las divisas ingresadas al tipo de cambio
vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el mercado financiero local
(plazos fijos a altas tasas de interés) y finalmente recorvertir esos pesos
nuevamente en divisas, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A diferencia de
otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a
profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina el crédito
internacional se utilizó principalmente con fines especulativos.
Para 1980 el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz ya era
evidente, a lo cual se sumó un alza en las tasas de interés internacionales. La
crisis bancaria estalló en el mes de marzo cuando el Gobierno decidió cerrar el
Banco de Intercambio Regional, que por aquel entonces era el mayor de los
bancos privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre de otros
grandes bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto
provocó un pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro
de depósitos bancarios y en una demanda especulativa de divisas. En 1981
finalmente la moneda tuvo que ser devaluada en forma significativa, lo que
ponía al borde de la quiebra a los grupos económicos locales y a las empresas

18. trasnacionales que estaban fuertemente endeudadas en dólares.
Ante esta situación, el entonces Presidente del Banco Central, Domingo
Cavallo, resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a los
deudores privados locales el repago de sus deudas con el exterior. Si bien
dicho seguro incluía una tasa de interés, la realidad fue que la inflación y las
posteriores devaluaciones terminaron licuando esas deudas, lo que en los
hechos, se traducía en una estatización de la deuda externa privada.
Este hecho le sumó al Estado compromisos por más de 5.000 millones de
dólares. Algunas de las empresas beneficiadas fueron -en orden empezando
por la que adicionó más deudas-: Celulosa, COGASCO, Autopistas
Urbanas, Pérez Companc, Acindar, Banco de Italia y Alpargatas entre otras.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se llegó a los 58.700
millones de dólares, subiendo un 44%. En la década del gobierno de Carlos
Saúl Menem (1989-1999) se elevó un 123%, con 146.219 millones de dólares.
Y en el período de breve mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001) llegó a
unos 147.667 millones de dólares, subiendo un 9%.
[13]
En lo que va desde la caída de de la Rúa hasta el 2012, la deuda bajó a
141.803 millones de dólares.
[15]
El menemismo en el poder
Carlos Menem asume al gobierno el 8 de julio de 1989. La política
económica del período menemista resguarda y profundiza "el modelo"
implantado por la dictadura "procesista".
La hiperinflación desencadenada en 1989 es controlada a partir de 1991 a
través de una política económica de astringencia monetaria y altos intereses,
basada en la convertibilidad que fija la equivalencia un peso = un dólar. El
primer efecto de las medidas adoptadas (al lograr una estabilidad que garantiza
el crédito) produce cierta reactivación. Pero ésta es temporaria y cuando ese
efecto se agota, a mediados de la década, la recesión se instala "para
quedarse". En primer término, el menemismo se preocupa por resguardar los
intereses de los acreedores externos a través del Plan Brady, concertado en
1992. por éste se canjean los viejos bonos de deuda en poder de los bancos

19. extranjeros por nuevos bonos Brady, con buena cotización por las nuevas
garantías, que pasan a manos de tenedores particulares, con lo cual los
bancos se liberan del peligro que quiebra ante una cesación de pagos.
Asimismo, al producirse esta reconversión se debilita la posibilidad de aplicar la
política de distinguir deuda legítima y deuda ilegítima. El Brady permite,
además, cobrar los intereses atrasados desde marzo de 1988.
Estas ventajas de los acreedores externos se presentan como pequeñas
concesiones de la Argentina ante la bondadosa quita ofrecida por los
acreedores que al principio se evaluaba sobre el total de la deuda y que
finalmente se aplicó sobre un pequeño porcentaje.
Poco después se asiste al otorgamiento de nuevos beneficios al sector
financiero a través de la "capitalización de deuda externa". Ésta viene a
complementar la vieja aspiración reaccionaria de privatizar las empresas
públicas.
La "capitalización" permite comprar activos entregando títulos de baja
cotización a los cuales el Estado argentino les reconoce su valor nominal
entero con presencia de su valor real.
De este modo, los títulos de la deuda externa constituyen una de
las armas más poderosas para la destrucción de una franja importantísima de
la economía nacional, desde la telefonía y los transportes hasta las acerías,
desde la distribución de energías hasta puertos, bancos y rutas. Se trata, en
general, de empresas con mercados cautivos, muchas de ellas superavitarias,
que se entregan con valuaciones muy inferiores a su valor patrimonial real, con
previa alza de tarifas y ajustes posteriores por inflación de Estados Unidos,
exenciones impositivas, pasivos a cargo del Estado, etc..
A su vez, los altos interese internos deterioran toda posibilidad productiva,
mientras la importación crece, no sólo por la amplia apertura económica sino
porque el peso sobrevaluado la abarata. De ahí el déficit comercial que
comienza a carcomer al sistema, aún más notable en los valores de la balanza
de pagos. Este modelo sólo funciona con endeudamiento externo, señalan sin
vacilación los economistas del campo antiimperialista. Los datos de crecimiento
de la deuda externa, en el período menemista en dólares, son los siguientes:

20. 1992 59.123
1993 67.803
1994 74.632
1995 87.091
1996 97.105
1997 101.100
1998 104.000
1999 121.877
El endeudamiento se ha publicado, no obstante que la privatización de
empresas, a través de la "capitalización de la deuda", logró repatriar una
importante cantidad de títulos. Esto ratifica lo afirmado en el sentido de que
este "modelo" funciona sólo con fuerte endeudamiento externo.
Como consecuencia, los intereses de la deuda se incrementan, provocando, a
su vez, nuevo endeudamiento: pasan de 2.129 millones de dólares en 1989 a
8.200 en 1999.
Asimismo, crece nuevamente la deuda externa privada: de 70 millones de
dólares en 1990 a 10.566 millones en 1996, y nuevamente se escuchan voces
en el sentido de que el Estado se ocupe, como veinte años, de crear
mecanismos para aliviar a estos empresarios endeudados, es decir, una nueva
"estatización de la deuda privada".
El total de la deuda, cuando el nuevo presidente electo, Fernando De la Rúa,
asume el cargo sucediendo a Menem, alcanza los siguientes valores:
•
Deuda del Estado nacional: 121.877.000.000 de dólares.
•
Deuda de provincias y municipios: aproximadamente 20.000.000.000 de
dólares.

21. •
Deuda externa privada: aproximadamente entre 40.000.000.000 y
45.000.000.000 de dólares.
Cancelación de la deuda durante el período comprendido
entre los gobiernos peronistas
Una de las medidas más importantes del primer gobierno de Perón fue la
cancelación casi total de la deuda externa, hecho histórico que permitió que el
país y, particularmente, el Estado pudiera invertir las divisas que antes se
drenaban a los centros imperialistas en el proceso de acumulación interna. Si
bien es cierto que los servicios de la deuda habían disminuido a fines de la
década del 30 a menos del 20% de las exportaciones, todavía quedaba un
remanente de empréstitos anteriores que, con un acertado criterio nacional,
Perón decidió cancelar.
Para adoptar esta medida, cuya importancia no ha sido debidamente apreciada
por quienes anteponen ideología a análisis científico de la realidad, la Argentina
contaba en 1946 con una reserva cercana a los 2000 millones de dólares.
Pero en vez de invertir el saldo que quedaba, luego de pagar la deuda externa,
el gobierno peronista utilizó 1500 millones de dólares para comprar los
ferrocarriles que los ingleses querían vender desde mediados de la década de
1930. El presidente Justo había ya hecho la primera adquisición, manifestando
en 1938 que eso formaba parte de una "nueva orientación
en materia ferroviaria, cual es la adquisición paulatina por el Estado de las
empresas particulares que explotan hoy el servicio ferroviario".
Después de esta operación y del pago de la indemnización por la
nacionalización de la Unión Telefónica y empresas eléctricas, al Estado sólo le
quedaron unos 370 millones de dólares. Y todavía le faltaba cancelar una
deuda de 125 millones de dólares a los Estados Unidos, para lo cual fue
necesario contratar en 1949 un "empréstito por la misma suma, destinado 108
millones a lo que debíamos y el resto a la compra de locomotoras y quipos para
el servicio telefónico".
Para obtener este préstamo Perón dio garantías a los Estados Unidos en orden
autorizar la transferencia de la cede de la empresa Swift a el país, con todas

22. sus ganancias, y la promesa de un arreglo "decoroso" con la American and
Foereign Power (ANSEC), que exigía 60 millones de dólares de indemnización
por haber sido nacionalizada. La misión Cereijo fue la encargada de concretar
estas promesas. En compensación el Eximbank otorgó un préstamo de 60
millones de dólares a Sumisa para que pueda poner en marcha la planta de
San Nicolás.
En definitiva, el banco de Exportación e Importación concedió el crédito de 125
millones de dólares en consideración a que "el gobierno Argentino -comentaba
"La Prensa"- aceptó realizar los mayores esfuerzos financieros para liquidar los
saldos pendientes adeudados a las compañías norteamericanas por utilidades,
regalías y deudas". Si no se hubiera pagado esto, "no hubieran podido comprar
más mercaderías".
En síntesis, el peronismo logró sanear en gran medida la deuda durante
primeros años de posguerra, pero volvió a endeudarse, aunque
moderadamente, en las postrimerías de su gestión. Un informe elaborado por
el Banco Central en 1970 entregó un balance de la deuda externa entre 1939 y
1969, en el que señalaba que en estos 30 años la Argentina obtuvo 170
créditos oficiales externos, la mayoría de ellos –160- a partir de 1955. Entre
1939 y 1955 no hubo casi endeudamiento, ya que los cinco créditos de 1939 a
1946 no alcanzaron a 90 millones; y los de 1946 a 1955 apenas bordearon los
200 millones de dólares. El servicio de la deuda externa en 1949 sólo significó
un desembolso de 9 millones de dólares, cifra que subió a 17 millones en 1955
y a 44 millones en 1957.
Estabilización económica
El Ministro Domingo Cavallo fue el responsable del Plan de Convertibilidad por
el que se rigió la economía argentina durante casi toda la década del ´90.
En 1989 se desató la hiperinflación. Desde comienzos del siglo XX hasta el
final de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina había logrado mantener una
economía estable, tanto en aumento de precios como en el tipo de cambio. A
partir de 1945 y hasta 1971 la tasa de inflación promedió el 25% anual, con un

23. pico menor de 3,8% en 1954, durante el peronismo, y uno mayor, excepcional,
del 113% en 1959, durante el gobierno de Frondizi. Sin embargo, a partir de
1971 y hasta 1973 la inflación se acelera, pasando al 60% anual. Para los años
´70 el país contaba con pleno empleo y con la distribución de la riqueza más
equitativa de toda la región, sin embargo, la elevada inflación afectaba
fuertemente la competitividad de la economía, que era cada vez más
desorganizada e improductiva.
Durante 1989 el gasto público representó el 35,6% del PBI y el déficit fiscal
ascendió al 7,6% del PBI. De diciembre a diciembre la inflación alcanzó el
3.079%.
Para lograr la estabilidad el gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un
replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura
generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación
económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato
burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de
un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el 2.314% en
1990.
El gasto público bajó de 35,6% del PBI en 1989 a 29,8% en 1990, para
continuar reduciéndose en forma gradual hasta el 27% del PBI en 1995. El
déficit fiscal también bajó del 7,6% del PBI en 1989 al 2,3% en 1990, y desde
1991 hasta 1995 se mantuvo cercano al 0%.
Los precios de los bienes y servicios comenzaron a determinarse libremente en
mercados abiertos y competitivos, y a partir de abril de 1991 los argentinos
pudieron elegir libremente la moneda para sus transacciones comerciales y
financieras, contando entre las alternativas, con el peso convertible. Este último
fue creado a partir de la transformación del Banco Central en una virtual Caja
de Conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación con un
monto equivalente de oro o divisas, de manera de poder canjear en cualquier
momento cada peso por un dólar estadounidense.
El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2.314% en
1990 a 84% en 1991, 17,5% en 1992, 7,4% en 1993, 3,9% en 1994, 1,6% en
1995 y 0% en 1996. A su vez, el nuevo sistema monetario dio lugar a un fuerte
aumento de las reservas externas que respaldaron los pasivos monetarios del

24. Banco Central. Las reservas pasaron de 3.808 millones de dólares a fines de
1989 a 17.930 millones a fines de 1994. Entre 1991 y 1994 el producto bruto
interno creció al 7,7% anual.
Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido
relativamente poco. Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una
recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta la
década del ´80 existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente
improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del
Estado de Bienestar. Las modificaciones estructurales de comienzos de los ´90
habían permitido un rápido crecimiento de la economía, aunque éste no era
suficiente como para ocupar plenamente a toda la fuerza laboral. Por eso, la
tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de
18,4% de la población activa desocupada, en mayo de 1995. Aunque se
esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno,
reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la
acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta
de crédito hipotecario para viviendas, a tasas moderadas de interés, que por
décadas habían sido inexistentes en Argentina, lo cual permitiría impulsar al
sector de la construcción, lo que podría dar lugar a un fuerte aumento del
empleo.
Con respecto a la deuda pública, la profunda recesión que atravesó el país
durante los años ´80 prácticamente inhibió cualquier posibilidad de hacer frente
a los pagos. Así fue que en 1988 se resolvió suspender todo tipo de reintegro,
lo que provocó que se acumularan atrasos por unos 6.000 millones de dólares.
En abril de 1990 se restablecieron los pagos de la deuda, aunque de manera
parcial, a razón de 40 millones de dólares mensuales, cifra que se incrementó
levemente a partir de 1991. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de
Economía en enero de ese año, la deuda era ya de 61.400 millones de dólares.
El restablecimiento pleno de los pagos se concretó recién en 1993, tras la
puesta en marcha del ya mencionado Plan Brady, como solución definitiva al
problema de la deuda.
Sin embargo, al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de
87.091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque

25. Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90.471,80
millones.
Ni los 23.948 millones de dólares (11.440,8 millones en efectivo y 12.507,8
millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante
aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el
crecimiento de la deuda.
En 1996 se realizó un estudio especial para desentrañar que era lo que había
ocurrido con la deuda pública durante el período 1989-1995. Dicho trabajo fue
realizado por la consultora M&S y dirigido por Carlos Melconián y Rodolfo
Santángelo. Allí se determinó que el incremento contable de la deuda ocurrido
entre aquellos años, no era tal y ésto se debía a diversos factores. Por un lado,
se explica que el registro contable de poco más de U$S 60.000 millones de
deuda pública a fines de 1989 era ficticio, ya que al sumar todas deudas no
registradas que el Estado había tenido que reconocer a jubilados, agentes
públicos, contratistas, proveedores, etc se arribaba a un monto real de deuda
de U$S 96.472 millones en 1989. Según dicho estudio, entre 1989 y 1995 hubo
una caída de U$S 3.765 millones, considerando que para el estudio la deuda
real de 1995 era de U$S 92.707 millones. El trabajo también aclaraba que, si
se tomaba en cuenta la propia depreciación que sufría el dólar (o sea su poder
de compra equivalente), la deuda de U$S 96.472 millones de 1989, equivaldría
a U$S 104.461 millones de dólares de 1995, es decir, que la rebaja del
endeudamiento real del país habría sido de U$S 11.754 millones.
Endeudamiento forzado de las empresas públicas
Esto es tan así que por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la
petrolera YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales), fue forzada a endeudarse en
el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio
desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda
externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años mas tarde, al
terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su
deuda se multiplicó por 16 en siete años.
Casi ningún monto de esa deuda en divisas extranjeras fue a parar a la caja de
la empresa; quedaron en manos de la dictadura. Bajo la dictadura, la

26. productividad del trabajador de YPF aumentó un 80%. El personal se redujo de
47.000 a 34.000 trabajadores.
La dictadura, para aumentar las entradas a su caja, bajó a la mitad el
dinero por comisiones que iba a YPF por la venta de combustibles. Es más,
YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía, en las multinacionales
privadas Shell y Esso, aunque podía, dada su buena situación financiera al
comienzo de la dictadura, dotarse de una capacidad de refinación acorde a sus
necesidades (complementando la de sus refinerías de: La Plata, Luján de Cuyo
y Plaza Huincul).
En junio de 1982, todo el activo de la sociedad estaba prendado por las
deudas.
Argentina: La negociación de la deuda externa
Al día de hoy no está definido el resultado final del largo y desgastante proceso
de negociación por la deuda externa con los acreedores privados, llevado
adelante por el gobierno argentino, porque aunque la oferta a los bonistas ya
fue presentada, ésta contiene diversos elementos que pueden significar
cambios en los números al término de los plazos estipulados.
Sin embargo hay importantes aspectos que se fueron desarrollando en el curso
de este año y medio de forcejeos, que pueden y deben ser valorados, y
permiten acercar, por lo menos, un balance parcial.
El discurso asumido por las administraciones -ya fueran militares o civiles- que
nos gobernaron en las últimas tres décadas, invariablemente reafirmó antes
que nada que el país debía honrar la deuda contraída. Este gobierno desde
que asumió instaló otro discurso: no vamos a pagar la deuda con el hambre del
pueblo.
Este planteo fue, y es, repetido por todos los funcionarios nacionales desde el
presidente para abajo, en todos los escenarios nacionales e internacionales en
los que se debate sobre la deuda Argentina. La consecuencia es que el planteo
actual respecto a la reestructuración en curso, es que primero deben estar

27. garantizados los recursos para sostener el desarrollo económico del país, y en
función de esto podemos decidir que es lo que se puede pagar.
Esto implica un cambio cualitativo en la lógica con la que se aborda la política
económica:se piensa que no se van a producir inversiones a través nuevo
endeudamiento externo -como afirma el discurso neoliberal- sino que la
posibilidad de acceder a un ciclo de inversiones está ligada a que el país
garantice un proceso de crecimiento sustentable en el tiempo.
La defensa del actual ciclo de crecimiento económico se convirtió entonces en
el elemento central que guía las propuestas de los negociadores argentinos. Y
desde la perspectiva del capital financiero, representada descarnadamente por
el FMI, el objetivo es exactamente opuesto: recortar todo lo posible la magnitud
del excedente que quede en el país, y sobre todo, la porción de éste que
permanezca en manos del estado argentino.
De ahí que en la discusión con el FMI no están sólo presentes las cuotas y los
plazos de la propia deuda, sino otros aspectos esenciales de la política
económica: las tarifas de servicios que están en manos de las empresas
transnacionales, una reestructuración del sistema financiero que liquide la
porción que sigue manejando el estado a través de la banca pública, la reforma
del sistema impositivo para hacerlo más regresivo aún, la instrumentación de
una nueva ley -que podría incluir hasta una reforma constitucional- que ahogue
las autonomías provinciales en las decisiones del gasto, a lo que hay que
agregar la participación directa del Fondo en el debate sobre la magnitud de la
oferta a los bonistas.
Todas estas exigencias fueron rechazadas por el gobierno, y motivaron la
suspensión transitoria del acuerdo con el FMI, lo cual permitió sacar del medio
esos temas por varios meses, dándole continuidad al dinamismo del mercado
interno. Este sigue siendo la base del crecimiento actual, y su sustentabilidad
es la condición indispensable que permitirá aprovechar la favorable perspectiva
del sector externo, en la perspectiva de impulsar un desarrollo nacional capaz
de iniciar la desconexión de la lógica neoliberal que predomina en el escenario
internacional.
La suspensión del acuerdo con el FMI, el crecimiento económico en tiempo de
cesación de pagos, la concreción final de una quita cercana al 70%, son

28. elementos de un enorme valor en un escenario internacional
con dominio excluyente de las políticas fondo monetaristas, difíciles de desafiar
por parte de los países dependientes, sin pagar enormes costos de
desestabilización económica y política.
Reestructuración de la deuda
El 3 de enero de 2006, la Argentina dejó de tener deudas con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9.530
millones de dólares, un pasivo contraído entre enero y septiembre de 2001, con
]
vencimientos programados hasta el 2009. Las reservas del BCRA se
recuperaron en nueve meses y finalizaron ese año con un aumento de 4.000
millones de dólares con respecto al nivel que había antes de la cancelación del
pago. Es decir, de u$s 28.078 millones las reservas del Banco Central
descendieron a u$s 18.580 millones y finalizaron el año con u$32.037 millones.
El 31 de enero de 2007 los gobiernos de Argentina y España firmaron un
acuerdo de reestructuración de la deuda, asociada al préstamo que España
realizó en marzo de 2001, durante la XVI Cumbre Iberoamericana. La deuda
ascendía a 982,5 millones de dólares y serían pagados en un plazo de 6 años y
una tasa LIBOR de + 140 puntos básicos.
Después del traumático año 2002, todos los índices eran favorables al
Gobierno: estabilidad cambiaria ($3 a U$S 1), crecimiento continuo en las
reservas internacionales, baja en los indicadores de desempleo y pobreza, etc.
Sin embargo, la expansión económica y el aumento paulatino de los salarios
comenzó a reflejarse en un aumento del índice inflacionario. Tras el descalabro
económico del 2002 y gracias a una política de subsidios a los servicios
públicos, este indicador había logrado mantenerse planchado durante casi toda
la gestión de Néstor Kirchner. Sin embargo, para el año 2006 comenzó a
hacerse evidente que la inflación se estaba convirtiendo en un problema. Ante
esta situación, se produjo un cruce entre el Gobierno y el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC). Según el Poder Ejecutivo existían

29. irregularidades dentro del organismo, mientras que los funcionarios del INDEC
acusaban al Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de querer
interferir en los datos y de querer conocer la lista de los comercios que eran
consultados para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), protegidos
por secreto estadístico. En el año 2007 el Poder Ejecutivo decretó la
intervención del INDEC el IPC difundido por las encuestadoras privadas mostró
diferencias con respecto a lo estimado por el organismo.
A principios de agosto de 2007 la República Bolivariana de Venezuela, compró
4.572 millones de dólares en bonos argentinos a una tasa del 10.6% de los
cuales se había desprendido de la mitad para la fecha. El movimiento se realizó
en justificación de la creación de una planta regasificadora, que permitiría el
envío de gas licuado desde Venezuela. Finalmente, la operación se concretó
por 400 millones de dólares.
En septiembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la
decisión de cancelar la deuda de 6.706 millones de dólares que mantenía el
país con el Club de París. Sin embargo esta medida no llegó a implementarse
porque coincidió con la crisis financiera de los Estados Unidos.
[91]
En el mismo
mes, en un encuentro en Nueva York con el Council of Foreign Relations,
Cristina Fernández anunció que en conjunto con tres bancos se estudiaba la
posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no habían ingresado
en el canje de 2005.
El 3 de agosto de 2009 el gobierno pagó el Boden 2012 por 2.251 millones de
dólares y se comprometió a trabajar en la normalización del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), en la deuda en default y emitir un bono con
un plazo de diez años para eludir los embargos contra el país, también como
medida para frenar la fuga de capitales. El entonces ministro de
economía, Amado Boudou expresó "Con nuevas medidas que se irán tomando
en los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de volver a los
mercados internacionales de crédito hacia fin de año".
En octubre de 2009, el ministro Amado Boudou, anunció la reapertura del canje
de 20.000 millones de dólares de deuda para los holdouts, que son aquellos
que no aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005.

30. ¿ Cuál es el monto actual de la deuda externa argentina?
Asciende a más de 150 MIL MILLONES DE DÓLARES , que equivalen a
que cada niño argentino que nace debe 5.400 dólares, que cada argentino
debería pagar 28 dólares mensuales durante toda la vida solo por los intereses,
que cada familia tipo argentina debe 22.000 dólares. Equivale también a un año
de toda la producción y el trabajo de todos los argentinos y a ocho años de
todas las exportaciones argentinas.
Es necesario observar que todo el proceso de endeudamiento no es algo que
comenzara solamente hace veinticinco años, sino que por el contrario arranca
desde los albores de nuestra vida independiente, habiéndose convertido en un
fenómeno verdaderamente estructural, debiendo exceptuar muy contados
períodos en los que no tuvimos que afrontar los planteos extorsivos de los
acreedores externos.

31. Bibliografia
Esta información ha sido extraida de las siguientes paginas y enciclopedias:
www.Wikipedia.org
www.indec.gov.ar
www.taringa.net
Enciclopedia de la economía Argentina