Diplomado en proteccion_integral_del_nino_nina_adolescente

DIPLOMADO EN PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA ADOLESCENTE
C.I.E.M.
MODULO I
ASPECTOS GENERALES NIÑO, NIÑA ADOLESCENTE
DOCENTE: MsC. Dr. Anthony Albornoz Montero
SUCRE – BOLIVIA
2010

DIPLOMADO EN MANEJO DE RECIDUOS BIOLOGICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
MODULO IV PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLOGICAS DOCENTE: Dra. Ruth Oporto Carrasco 2
1.1 NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y LA EXCLUSION SOCIAL Y ETNICA EN
BOLIVIA
El presente documento es un resumen de un estudio mayor, que tiene el propósito
de contribuir a develar las causas que originan la situación de exclusión de los niños,
niñas y adolescentes en el contexto de un país como Bolivia. Pero al mismo tiempo
se propone formular un conjunto de recomendaciones y propuestas que contribuyan
a los esfuerzos de diseño y ejecución de políticas públicas referidas a la búsqueda
de la inclusión social de estos grupos generacionales.
Un primer acercamiento al enfoque de exclusión nos da pie para señalar que la
exclusión esta asociada a profundas raíces histórico culturales de formación del
Estado boliviano y no tanto al quiebre o debilitamiento coyuntural de ciertos factores
integradores como suele ocurrir en realidades de mayor desarrollo relativo, por ello
en Bolivia la exclusión afecta a las mayorías nacionales sea por razones de
desigualdad social o de pertenencia étnica, genérica o generacional.
En segundo término este enfoque pretende reflexionar en torno a la forma como se
articula y se organiza la sociedad y como ésta da origen a procesos de exclusión, en
lugar de limitarse a medir las denominadas necesidades básicas insatisfechas con
relación a ciertos estándares comunes para todos (enfoque de pobreza). La
exclusión, por el contrario parte del supuesto de las diferencias, incluye el conjunto
de desventajas sociales pues no la reduce a elementos puramente materiales, pero
además la mayor diferencia radica en el hecho que el enfoque de exclusión pretende
hacer comprensible y dar respuesta al porque de los procesos de exclusión.
Pero el concepto de exclusión no sólo puede mejorar y completar el análisis de la
pobreza, puesto que además contribuye también a entender las razones del déficit
de ciudadanía o de ciudadanía parcial. Al respecto como sabemos, la categoría de
ciudadano no fue universal en sus comienzos y tampoco lo es hoy, particularmente
en sociedades como la boliviana; quedaron en general originalmente excluidos los
indígenas por ser analfabetos, los niños, los jóvenes y las mujeres. El siglo XX fue el
escenario donde los grupos que habían quedado excluidos de la ciudadanía lucharon
por su conquista; primero los indígenas y las mujeres y aún en la actualidad los niños
y los adolescentes.
Pero, la consecución del derecho a voto - en tanto concepto restringido de
ciudadanía presente aún en la Constitución boliviana- no ha significado el ejercicio
pleno de la ciudadanía para todos. Las diferencias en la división del trabajo y la
distribución de recursos y poder según la condición social, el sexo, la edad y la
condición indígena, forman parte de una estructura de ciudadanía parcial o
excluyente.
La revisión crítica de la legislación boliviana referida a la niñez y la adolescencia a lo
largo de más de un siglo, devela que recién a partir de la década del 90 se percibe el
tránsito del concepto de los denominados “menores” como un conjunto de seres
carenciados, objeto de medidas de compasión-represión bajo la denominada doctrina
de la situación irregular, haciala consideración de la infancia-adolescencia como

sujetos legítimos de derechos consagrados en la Convención Internacional de los
Derechos del Niño.
Asimismo, tradicionalmente se ha sustentado una enfoque reduccionista de la
política social, la misma que se ha expresado en asociar la política pública con
políticas únicamente gubernamentales y la política social con programas o acciones
meramente "compensatorios" o "complementarios" a la política económica, este
enfoque ha estado reforzado por una visión neutral y homogenizadora del desarrollo
que considera que las políticas sociales tendrían efectos similares en todos los
sectores de la población, sin tomar en cuenta ni el sexo, ni la edad, ni el área de
residencia, ni las características étnico culturales.
De esta forma las políticas compensatorias, con neutralidad en el enfoque,
únicamente sectoriales y concebidas por tanto como gasto y no como inversión
refuerza la vieja visión verticalista y clientelista de los programas y acciones sociales,
las mismas que llevadas al campo de la niñez y la adolescencia adquiere rasgos
perniciosos extremos al estar, además, atravesada por elementos histórico culturales
que descubren al niño no por sus potencialidades o sus rasgos propios y particulares
en tanto categoría diferenciada de los adultos, sino precisamente por sus "carencias"
o "incapacidades" con relación a los mismos.
Sin embargo, desde inicios de la década del 90, en el marco de la Convención de los
Derechos del Niño, el Estado boliviano, la cooperación internacional (UNICEF y
otros) e instituciones privadas de desarrollo social, vienen desarrollando un conjunto
de acciones o programas orientados a contribuir al desarrollo de una cultura de
observancia de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entre las principales
acciones se puede enumerar las siguientes: La aprobación y los esfuerzos por
implementar el nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente, la implementación de las
Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia, del Plan Nacional por el Buen
Trato a Niños, Niñas y Adolescentes, del Plan Nacional de Erradicación Progresiva
del Trabajo Infantil, junto al Plan de Participación y Movilización de Niñas, Niños y
Adolescentes concebido como la Alianza Boliviana por la Niñez y Adolescencia y la
Otorgación gratuita de Certificados de Nacimiento.
Junto a estos avances, se inscribe la implementación creciente a lo largo de la última
década de un conjunto de políticas y programas de salud, que principalmente han
contribuido en la disminución de la mortalidad infantil, en el incremento sostenido de
las coberturas de vacunación y en atención al parto. La mortalidad infantil ha
disminuido de 67 (ENDSA 98) a 59 por mil nacidos vivos (MICS 2000), las coberturas
de inmunización para DPT, polio y
BCG superan el 95%, la de sarampión muestra un registro relativamente bajo de
79%. La atención institucionalizada del parto muestra un ascenso del 43% en 1998 al
68.8% en el 2000 (MICS 2000). No obstante, datos de la ENDSA 94 muestran que
390 madres mueren por cada 100,000 nacimientos. En este marco los programas
principales en el área de salud y nutrición se refieren al reciente Programa del
Seguro Universal Materno Infantil de Salud

(SUMI), que tiene como antecedente el Seguro Básico de Salud (1998) y el Seguro
Nacional de Maternidad y Niñez (1996).
Con referencia a la educación, el país ha logrado definir una política pública y
ponerla en marcha desde 1995, mediante la implantación de la Reforma Educativa
con un enfoque multicultural. Al presente se pueden registrar varios avances,
particularmente en educación primaria. Según el Sistema de Información -SIE, la
cobertura neta del nivel primario (1-8 grados) se sitúa en 87% para el año
1999(87.9% varones y 86.1 mujeres). Estas cifras muestran un avance considerable
con relación a datos previos a la Reforma.
De acuerdo al SIE en el periodo de 1990-1996, la tasa neta de escolarización
masculina era de 82% y de 79% la femenina. El porcentaje de alumnos de
enseñanza primaria que terminaron el quinto grado en el periodo 1995-1999, fue de
57% (SIE 1999). Respecto a la tasa de deserción escolar, ésta se mantuvo
prácticamente constante desde 1990 (bajo de 6.8% a 7%), aunque la taza de
reprobación disminuyo de 6.4% a 5.6% durante los últimos 10 años (EBRP, marzo
2001). No obstante los logros alcanzados, aún persisten problemas en la calidad de
la educación en la escuela boliviana, la misma que de acuerdo a datos del Banco
Mundial (1999) se encuentra por debajo del nivel promedio latinoamericano.
Pese a los avances mencionados, el examen analítico de la situación y consideración
de niños, niñas y adolescentes nos revela la pervivencia de tres dimensiones básicas
de exclusión:
1. la exclusión histórica y sociocultural;
2. (la exclusión desde el punto de vista del ejercicio de los derechos ciudadanos,
3. la exclusión económica y los niveles de pobreza.
Hasta donde se conoce la infancia no constituye una categoría de carácter
ontológico, siendo por el contrario el resultado de un complejo proceso de
construcción social que la
“descubre” en la conciencia colectiva alrededor del siglo XVI y que es descubierta no
tanto por sus propias particularidades, sino por sus “limitaciones” y “carencias” con
relación a los, adultos. En este sentido, puede condensarse por un lado en la
afirmación de que la historia de la infancia es la historia de su control, pero por el otro
se puede decir que en buena parte de los pueblos indígenas de Bolivia el
“descubrimiento” pleno de la infancia como una categoría distinta del adulto aún no
es parte del reconocimiento y la conciencia colectiva.
De esta forma por un lado, la invisibilización limita el acceso de los niños, niñas y
adolescentes a sus propios espacios de socialización y formación como la escuela, o
por el otro su descubrimiento como seres inferiores y carenciados limitan su
incorporación a la dinámica general de la sociedad, mas aún los subordina, controla
y reprime sobre la base del dominio de representaciones o imágenes colectivas
encarnadas especialmente en una cultura adulto centrista y patrimonialista de la
sociedad lo que configuran una evidente exclusión histórica y socio cultural de la
niñez y la adolescencia.

Desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, los niños, niñas y adolescentes
en tanto “menores” y bajo el concepto restrictivo de ciudadanía referida únicamente a
la condición de elector, son objeto de exclusión generalizada de la condición de
ciudadanos. Junto a ello, existen otras formas primarias de exclusión de la
ciudadanía como la no inscripción en los registros de identificación de los
nacimientos, situación que afecta a un cuarto del total de la población infanto
adolescente, y particularmente a los niños y niñas de pueblos originarios. No estar
inscrito significa no existir para la legalidad vigente, por lo cual no se pueden detentar
ninguno de los derechos que se adquieren por el hecho de ser miembro de la
sociedad. Pero más aún, en un país donde conviven 33 pueblos indígenas cuyos
territorios están en las regiones andina, amazónica, chaqueña y chiquitana y donde
según el último Censo del 2001 un tercio de la población se identifica como indígena,
estos pueblos originarios se encuentran comúnmente excluidos de la categoría de
ciudadano, en la medida en la que -de acuerdo a sus patrones culturales- no
comparte plenamente la normatividad positiva legal bajo la cual funciona el Estado.
Por ello, es importante considerar la democracia y la ciudadanía también como
pluralismo étnico y cultural, como respeto de la diversidad cultural y como la
capacidad de aprender de ellas.
En relación a la exclusión por carencias económicas expresada en los niveles de
pobreza, como se sabe en términos globales el 70% de los hogares en Bolivia vive
en situación de pobreza; sin embargo si desagregamos la totalidad de la población
pobre por grupos etáreos, verificamos que el 54% corresponde a los niños, niñas y
adolescentes menores de 18 años, mas aún si desagregamos por condición indígena
más del 90% de los niños y niñas indígenas viven por debajo de la línea de la
pobreza. Ser niña, pobre e indígena probablemente sea la figura emblemática de una
de las mayores exclusiones sociales en Bolivia.
Por otra parte la exclusión económica, traducida en la precariedad o ausencia de
trabajo para los jefes de hogar, origina junto a patrones socio culturales por un lado
la incorporación temprana y masiva de los niños al trabajo en condiciones de
explotación y de riesgo social con el consiguiente abandono de la escuela,
reproduciendo históricamente las condiciones de exclusión y pobreza. Por el otro
lado, esta forma de exclusión se traduce en la ausencia de reconocimiento social del
aporte de los niños y adolescentes a la economía nacional y familiar. Alrededor de
cuatro de cada cien niños y niñas menores de 14 años y más de catorce de cada
cien adolescentes de 15 a 18 años forman parte de la PEA en el ámbito nacional.
Efectivamente si comparamos la tasa general de asistencia escolar, con la tasa de
los niños, niñas y adolescentes que trabajan constatamos definitivamente que la
incorporación temprana al mercado laboral los excluye del derecho a la educación,
puesto que mientras más de 9 de 10 niños y niñas menores de 14 años en general
están escolarizados, en el caso de aquellos que trabajan sólo 6 de cada 10 lo están;
pero es aún más dramática la situación de los adolescentes puesto que mientras
más de 6 de cada 10 asisten en general a la escuela, menos de 1 de cada 10 lo
hacen en el caso de adolescentes trabajadores.

Además de generar la incorporación temprana al mercado laboral la exclusión de un
derecho fundamental como es la educación, en muchos casos los niños, niñas y
adolescentes se encuentran sometidos a las peores formas de trabajo infantil
expresado en verdaderas formas modernas de esclavitud como son el trabajo
doméstico, el trabajo en los socavones de explotación minera o la cosecha de caña
de azúcar, de algodón o castaña, actividades en las que están incorporados
esencialmente niños y niñas indígenas, aspecto que los excluye mas aún de las más
elementales condiciones de seguridad y vida digna.
En este contexto es recomendable desarrollar un conjunto de acciones inmediatas
como las que se enumeran a continuación, tendientes a enfrentar las fuerzas de la
exclusión social de niños, niñas y adolescentes.
Un primer conjunto de medidas debería estar orientado a pasar de la promoción de
los derechos a la conquista de la ciudadanía de la niñez y la adolescencia, lo que
implica:
- Colocar como parte del centro de las próximas reformas constitucionales la
ampliación de la ciudadanía a todos los habitantes de la República,
entendiendo la ciudadanía como un concepto que abarque los derechos
civiles, sociales, étnico culturales y políticos.
- Ampliar la otorgación de certificados de nacimiento gratuitos al conjunto de
indocumentados menores de 18 años, como una de las formas básicas que
aseguren el ejercicio de la ciudadanía, particularmente de los niños, niñas y
adolescentes de pueblos originarios.
- Fortalecer y ampliar las Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia
a los municipios rurales e indígenas mediante el reconocimiento y la
incorporación de las prácticas del derecho consuetudinario y de justicia
comunitaria.
- Incorporar transversalmente la propuesta del Plan Nacional por el Buen Trato
en la curricula educativa y en la promoción e implementación de los servicios
de salud (SUMI), incorporando el enfoque étnico y cultural.
Un segundo grupo de medidas deberían orientarse en la transformación de las
políticas de gobierno en políticas públicas, lo que implica:
- Contar con una institucionalidad que garantice la articulación entre estado y
sociedad civil, puesto que las políticas públicas son el resultado de dicha
articulación , y ello pasa por fortalecer la estrategia de constitución y
funcionamiento de las Comisiones Departamentales y Municipales de la Niñez
y la Adolescencia, para culminar con el Consejo Nacional, tal y como lo
establece el Código del Niño, Niña y Adolescente.
Considerando que la participación de la sociedad civil en las políticas sociales es
esencial en el desarrollo de la democracia participativa y entendiendo que puede
jugar un papel trascendente en las políticas de protección de los derechos de la

infancia, sería altamente recomendable, que la problemática de la niñez y la
adolescencia sea parte de la agenda del próximo Diálogo Nacional, en la perspectiva
de generar un gran pacto social por la ciudadanía de la infancia.
Como hemos mencionado, educación, salud o nutrición entendidas como
necesidades son competencia de especialistas; sin embargo entendidos como
derechos son asunto y competencia de todos. En este sentido es tarea permanente
fortalecer instancias como la
Alianza Boliviana por la Niñez y la Adolescencia, porque sólo de este modo se podrá
generar más y mejor demanda a favor de sus derechos; sin embargo es
recomendable buscar formas de participación y movilización desde los principales
espacios de socialización de los niños como son los centros educativos y la vida
comunitaria.
Por último, partiendo del reconocimiento que los problemas sociales son
multicausales y multidimensionales se impone implementar políticas diferenciadas
desde el punto de vista etáreo y de género, con énfasis en la búsqueda por superar
las brechas étnicas culturales en forma simultánea y articulada. Ello es
particularmente urgente en cuatro áreas prioritarias, que sin embargo son
parcialmente o poco atendidas, a saber:
- Priorizar en la primera infancia por tratarse de la principal etapa del ciclo vital,
puesto que la mayor parte del desarrollo maravilloso del cerebro ocurre antes
de que el niño cumpla tres años, pero también asegurando grandes
rendimientos económicos en el futuro con ahorros en servicios para remediar
anteriores deficiencias y reduciendo de manera temprana desigualdades
sociales, étnicas, económicas y de género.
- Otra temática que requiere de una intervención integral es el tema de asegurar
el acceso a la educación y capacitación pertinente desde el punto de vista
étnico cultural de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, adecuando la
oferta educativa y de salud a las condiciones y exigencias de esta población,
erradicando las peores formas de trabajo infantil, promocionando el
reconocimiento social del aporte de los adolescentes trabajadores, buscando
su profesionalización en un marco de protección legal y de promoción de sus
derechos.
- Como se conoce, son escasos los espacios de organización y participación de
los adolescentes, es más sus expresiones organizadas son objeto de
estigmatización, pero también son escasos los servicios orientados
específicamente a los y las adolescentes, así como la atención y orientación
en campos como la sexualidad o el uso indebido de drogas. Al respecto es
aconsejable recuperar y ampliar las experiencias sobre salud integral del
adolescente, consultorios para adolescentes, formación de monitores socio
cultural, organización de municipios escolares y promoción de redes de
servicios para adolescentes, en la perspectiva de alcanzar un mayor
reconocimiento y compromiso social del adolescente como sujetos con sus
propias singularidades y demandas propias.

- El acceso universal y en condiciones de igualdad a la justicia es un principio
fundamental de un estado de derecho; sin embargo los adolescentes en
conflicto con la ley están excluidos de este derecho fundamental, puesto que
para los mayores de 12 y menores de 16 años no existe ningún programa de
carácter socio educativo quedando sólo la privación de libertad, con el
agravante que en el caso de los mayores de 16 dicha privación de libertad se
aplica en las cárceles comunes de adultos, las mismas que en son verdaderas
escuelas del delito. Es urgente implementar un sistema de justicia penal
juvenil con sus componentes de atención integral, rehabilitación y reinserción
social, con un enfoque pertinente desde el punto de vista de la justicia
comunitaria que recupere las mejores prácticas del derecho consuetudinario.
- Es urgente superar el concepto erróneo de la llamada “tutela del estado”,
tomada en el sentido de la tutela física sobre los "niños abandonados",
convirtiéndose en una especie de "institución total", con capacidad incluso de
sustituir a las familias, su cultura y entorno comunitario, en lugar de garantizar
el derecho a la misma para los niños, niñas y adolescentes, puesto que al
amparo de esta concepción se mantiene un sin número de hogares con más
de diez mil niños privados del fundamental derecho a la vida familiar y
comunitaria. Al respecto es recomendable una doble acción: por una parte
sustituir el concepto de tutela física del estado sobre los niños por el concepto
de la tutela sobre los derechos de los niños, y por otra parte implementar
programas agresivos de diversas formas de familia sustituta en su entorno
cultural y comunitario que tengan como meta disminuir al mínimo necesario
los denominados hogares de niños.
FUENTE:
Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad Dirección General de Niñez y
Adolescencia Documento elaborado por Guillermo Dávalos Vela con apoyo del DFID
Bolivia, agosto del 2006
1.2 VOCES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA
La violencia se apodera de muchos espacios en nuestra sociedad afectando
inevitablemente a niños, niñas y adolescentes, ante esto ¿Qué dicen? ¿Qué
piensan? ¿Qué podemos hacer para enfrentarla?
Según datos recopilados de diversas fuentes se puede constatar y evidenciar como
la violencia ha venido creciendo en sus diferentes ámbitos y manifestaciones, bien
sea en la familia, comunidad, escuela afectando a nuestros niños, niñas y
adolescentes. El estudio de las naciones unidas sobre Violencia contra niños,
desarrollado en todas las naciones desde el año 2003 hasta el 2006, destaca que la
comunidad es una fuente de protección y solidaridad para los niños, pero también
puede ser un lugar de violencia, incluida la violencia entre compañeros, la
relacionada con armas de fuego y otras armas, la violencia de bandas, la violencia de

la policía, la violencia física y la violencia sexual. Por otra parte el Informe anual
“Niñez y adolescencia en los medios” de la Agencia de Periodismo a favor de la
niñez y adolescencia (PANA, 2006) cita que cada año, aumentan significativamente
las cifras de niños, niñas y adolescentes que son victimas de la violencia, y con ellas
las noticias y reportajes que le hacen alusión.
El problema de la violencia contra niñas, niños y adolescentes constituye aún, una de
las mayores preocupaciones de los organismos e instituciones que trabajan por los
derechos de la niñez y adolescencia, que aunque pareciera ser una situación que
nos afecta a todos muy pocos estamos dispuestos a afrontarla y erradicarla de
nuestra sociedad. Algunos adolescentes identifican la violencia como el hecho de ser
golpeados, bofeteados, asesinados, discriminados, excluidos. La violencia no es solo
ser golpeado o golpear, los insultos, humillaciones, maltratos verbales son
considerados también acto de violencia, ser abusado o explotado sexualmente con
fines comerciales o no, es y representa una forma de violencia y en nuestro caso
todo acto de violencia contra cualquier niño, niña o adolescente es tipificado como un
delito.
La Violencia está en cualquier sitio o lugar de esparcimiento de los niños, niñas y
adolescentes, desde la familia, hasta la comunidad, escuela e instituciones. La
Violencia no son solo golpes, según una publicación sobre “Nuestro derecho a ser
protegidos de la violencia” elaborada por la Secretaría del Estudio de las Naciones
Unidas sobre la violencia contra los niños, esta puede ser;
Violencia física.
Generada por la justificación de supuestos mecanismos correctivos y/o de
educación, se da cuando el niño es agredido con la mano, objetos u otros, tratándolo
duramente, castigándolo física y humillantemente.
Violencia emocional
Empleada muy comúnmente en la familia y escuela, a veces y para muchas
personas insultar, humillar, aislar o rechazar a los niños, niñas y adolescentes no es
una forma de violencia.
Violencia sexual y de Género
Niños, niñas y adolescentes obligados a tener relaciones sexuales, son acosados o
tocados de maneras que les incomodan, sobre todo por hombres que pertenecen a
sus propias familias. Cuando referimos la violencia de género se evidencia, ya que
generalmente las niñas son molestadas verbalmente, abusadas. Dentro de esto la
sexualidad del niño, niña y adolescente es un factor generador de violencia, si es
homosexual, bisexual, transexual, lesbiana es motivo de discriminar en esta actual
sociedad.
Sentimientos acerca de la violencia

La violencia más allá de dejar morados, torceduras, heridas, marcas y rastros
generan y crean una amplia gama de sentimientos y emociones que se activan en el
niño, niña y/o adolescente a la hora de ser víctima de un acto violento, entre los
cuales se puede mencionar; deseos de venganza, odio, tristeza, soledad, desamor,
dolor (emocional y físico), miedo, rabia, rencor. En muchos casos se generan deseos
de muerte y/o de suicidio. Ser victima de la violencia, no ser orientado, atendido,
crecer con las marcas físicas y emocionales asegura una persona violenta, que
consciente o inconscientemente descargará todos los sentimientos generados contra
quienes estén en su entorno, pareja e hijos muy generalmente, haciendo de la
violencia un fenómeno cultural y de tradición heredado de la crianza y trato que
recibimos en nuestra niñez o adolescencia.
La Responsabilidad de los medios de comunicación.
Sin duda alguna se ha venido otorgando considerablemente la parte y
responsabilidad que tienen los medios, donde el estudio de las naciones unidas
también destaca que los medios en ocasiones presentan como normales las
situaciones violentas o glorifican la violencia, incluyendo la violencia contra niños, en
los medios impresos y visuales, incluidos programas de televisión, películas y
videojuegos. ¡Marca la Diferencia! – Promueve una cultura de respeto y convivencia
La problemática de la violencia no es solo un problema de Gobiernos, Instituciones,
ONG´s, escuelas, nosotros como ciudadanos, como niños, niñas, adolescentes
podemos y somos capaces de emprender acciones y actitudes que promuevan la
prevención y erradicación de la violencia en sus diferentes ámbitos y
manifestaciones. Por eso ¡Marca la diferencia! Actúa para poner fin a la violencia;
Asesorándote, Informándote y asistiendo a charlas sobre modos de educar sin
maltratar, y otros mecanismos de corrección y educación.
Promueve y/ o propón en los centros educativos acciones concretas para detener la
violencia, vinculadas a procesos de educación y reflexión entre los distintos actores
de la comunidad educativa.
Exige al estado y/o autoridades competentes realizar y promover acciones como
alternativas para detener la violencia en las calles y comunidades, tales como; un
control más estrictos del consumo de bebidas alcohólicas, la imposición de
sanciones más severas a las personas agresoras.
Organizar redes en colectivo, comisiones, grupos que promuevan acciones y
manifestaciones públicas como una manera de frenar la violencia.

Fuente:
Consulta de América Latina en el marco del Estudio del Secretariado de las Naciones Unidas sobre
Violencia contra los niños, 2006. Informe anual “Niñez y adolescencia en los medios” de la Agencia de
Periodismo a favor de la niñez y adolescencia (PANA, 2006). Nuestro Derecho a ser protegido de la
Violencia (Perú, 2007). Estudio del Secretariado de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los
niños, 2006
Eduardo Méndez, Grupo MANOS POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
¿Dónde obtener más información? ¡Marca la Diferencia! www.grupomanos.es.tl

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