E-inclusión en la ZP de Maracaibo

La gestión pública territorial de
asentamientos precarios y
periurbanos en Venezuela

Alternativas para la e-inclusion
en la ZP de Maracaibo

Trabajo de
Seminario de Investigación en
E-law e E-government
Responsable del Seminario:
M. Rosa Fernández Palma

Prof. Ricardo Cuberos Mejía
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela
Directora: Rosa Borge

Programa de
Doctorado sobre
la Sociedad de la Información
y el Conocimiento

Institut Iterdisciplinar d´Internet
Universidad Oberta de Catalunya

Barcelona, España - Enero 2005

La gestión pública territorial de asentamientos precarios y periurbanos en Venezuela

Gaudy,
pensamientos,
corazón y piel…

…como siempre,
a mi lado…

i


Indice

Agradecimientos ..................................................................................... iv

Lista de Tablas ........................................................................................ v

Lista de Figuras...................................................................................... vi

Preámbulo ............................................................................................. vii

Introducción .......................................................................................... xii

1a. Parte. Perspectivas actuales sobre el gobierno electrónico
participativo y la gestión territorial. ......................................................... 1
1.1 Ámbitos del gobierno electrónico .................................................. 2
1.1.1 La participación electrónica (e-participation) ..........................3
1.1.2 La inclusión electrónica (e-inclusion) .....................................6
1.2 Estado del arte internacional en gobierno electrónico ................... 9
1.2.1 Experiencias norteamericanas ..............................................9
1.2.2 Experiencias asiáticas.........................................................10
1.2.3 Experiencias europeas ........................................................11
1.2.4 Experiencias latinoamericanas............................................13
1.3 Experiencias en la gestión territorial electrónica......................... 13

2a. Parte. Lineamientos para un Modelo de Gestión Territorial Inclusiva
en Venezuela ......................................................................................... 25
2.1 La visión multilateral ................................................................. 26
2.2 Estado actual del gobierno electrónico en Venezuela .................. 31
2.2.1 Situación de las TIC en Venezuela.......................................31
2.2.2 Iniciativas de gobierno electrónico en Venezuela..................33
2.3 Premisas para la gestión territorial participativa a través del
gobierno electrónico ................................................................... 38
2.3.1 Premisas situacionales: Asentamientos periurbanos
precarios.............................................................................39
2.3.2 Premisas operacionales: ámbitos de inclusión electrónica ...........45
2.4 Modelo preliminar para una gestión territorial electrónica e
inclusiva ............................................................................................ 49

ii


2.4.1 La dimensión situacional del modelo...................................51
2.4.2 La dimensión operacional del modelo ..................................52

3a. Parte. Modelo de Gestión Territorial para la ZP de Maracaibo ......... 54
3.1 Dimensión Situacional de la ZP.................................................. 55
3.1.1 Ámbito Territorial ...............................................................56
3.1.2 Hechos Territoriales ............................................................59
3.1.3 Entes Territoriales ..............................................................60
3.2 Dimensión Operacional de la ZP de Maracaibo ........................... 62
3.2.1 Procesos Participativos........................................................62
3.2.2 Procesos TIC .......................................................................66
3.2.3 Procesos de Decisión...........................................................71

Conclusiones ......................................................................................... 77

Bibliografía .............................................................................................82

iii


Agradecimientos
En la ocasión de mi asistencia a Virtual Educa 2001, tuve la
oportunidad de conversar animadamente acerca del gobierno electrónico
municipal con unos estudiantes y un profesor, en el pabellón que la UOC
tenia instalado en el Palacio de Convenciones de Madrid. Ese primer
contacto despertó mi interés en concretar un proyecto de formación
doctoral bajo la modalidad a distancia, aspiración que tres años después
pude emprender. Vaya mi primer reconocimiento a esos gentiles anónimos
en mi memoria.

También quiero mencionar a mis profesores de la UOC Montse
Guitert, Josep Duart, Imma Tubella, Elisenda Ardèvol, Alessandra
Caporale, Jordi Alberich, y muy en particular a Rosa Borge y Maria Rosa
Fernández, a quienes agradezco su atenta apreciación a los
planteamientos de este trabajo.

Asimismo, el reconocimiento a mis compañeros de trabajo de la
Universidad del Zulia, con quienes hemos venido acariciando proyectos en
equipo, consagrando trabajo creativo y pertinente con ordenadores, pizzas
y tesón. A ellos, mi compromiso de responder con creces a sus
expectativas sobre mi programa de formación doctoral.

Pero, sobre todo, agradezco a mi país las oportunidades que me
brinda de poder desplegar una labor académica y profesional encaminada
a hacer ciudadanía, y ayudar a forjar la patria que mis hijos necesitan
para ser felices y útiles en su comunidad.

iv


Lista de Tablas

Tabla 2.1. Modalidades de programas de Gobierno electrónico…………………………… 30

Tabla 2.2. Índices de accesibilidad al gobierno electrónico:
América Central y del Sur……………………………………………………………………… 38

Tabla 2.3. Índice de participación electrónica:
las primeras 25 posiciones a nivel mundial
…………………………………………………………………………………………………….. 38

Tabla 2.4. Calidad y relevancia de las iniciativas de la participación electrónica
en 35 países.…………………………………………………………………………………..... 38

Tabla 2.5. Perfil de los pobladores en asentamientos urbanos de periferia …………….. 44

v


Lista de Figuras
Figura 1.1. Grados de participación pública ………………………………………………….. 4

Figura 1.2. Niveles de Participación …………………………………………………………... 4

Figura 1.3. Web de la ciudad de Saukaryam ………………………………………………….16

Figura 1.4. Web del Condado de Washtenaw …………………………………………….… 16

Figura 1.5. Proyecto IRIS: Portal Web (izq), sistema interno de seguimiento de solicitudes
(der), modelo conceptual (abajo)………………………………………………………………. 17

Figura 1.6. SIG de la ciudad de Barcelona…………………………………………………… 18

Figura 1.7. Servicios de e-government de la ciudad de Bogotá …………………………… 18

Figura 1.8. Servicios de e-government de la ciudad de Santiago de Chile………………. 19

Figura 1.9. Servicios de e-government del sector Chacao de la ciudad de Caracas:
Módulo de Atención Telemática (izq.), Infomapa (der), trámites disponibles (abajo)……. 19

Figura 1.10. Iniciativas de e-government de la ciudad de Segovia:
Portal Ciudadanos2005.net (izq); Plano del PGOU (der)…………………………………… 21

Figura 1.11. Portal GIS de la ciudad de Wellington………………………………………….. 21

Figura 1.12. Selección participativa de la imagen del poblado de Hayden:
Arriba: Presentación de alternativas (izq), Selección por teclado (der)
Abajo: GIS de modelaje prospectivo (izq), Modelo tridimensional generado (der)………. 22

Figura 1.13. Recursos de Google Earth:
Visualización de información del área periurbana de Maracaibo (izq),
Interfaz de foros de discusión e intercambio de una comunidad temática (der)…………. 23

Figura 2.1. Modelo de Gestión Territorial Inclusiva …………………………………………. 51

Figura 3.1. Maracaibo y su Zona Protectora.
Izquierda: Estructura vial (gris), límites parroquiales (negro) y ZP (en rojo);
Der: Ocupación consolidada (rojo y amarillo), precaria (azul) y ZP (blanco)…………….. 55

vi

La gestión pública territorial de asentamientos precarios y periurbanos en Venezuela. Preámbulo.

Preámbulo
A partir del siglo XX y en el ámbito latinoamericano, las llamadas
universidades nacionales han estado convocadas no sólo a la formación de
profesionales calificados para los distintos campos laborales que
participan dentro de la dinámica social y económica de sus comunidades
receptoras, sino que adicionalmente deben asumir un rol activo y
protagonista en procesos de gestión pública. Contando con una cierta
inversión del Estado, dichas acciones se cumplen tanto a través de la
colaboración con entes del poder público en servicios asistenciales
directos a la comunidad, como en la atención al sector productivo
gubernamental y privado en la optimización y actualización permanente
de sus métodos y tecnologías de actuación, todo ello bajo la orientación de
un desarrollo humano sustentable en sus recursos y sostenible en el
tiempo.

Bajo tal orientación, el Instituto de Investigaciones de la Facultad de
Arquitectura y Diseño (IFAD) adscrito a la Universidad del Zulia, la
segunda universidad nacional autónoma más grande de Venezuela, ha
venido cumpliendo una labor de 36 años en proyectos de investigación
transdisciplinaria aplicada, particularmente en el campo de la
planificación territorial y el ordenamiento urbano. No sólo han sido
cuantiosos los informes de planes y proyectos desarrollados por solicitud
de organismos del sector público municipal, regional y nacional, así como
los manuscritos científicos generados a partir de sus investigaciones de
soporte, sino incluso también han sido preparados y entregados a los
entes de gobierno, múltiples sistemas de información automatizada que
apoyarían la gestión de tales planes. Allí ha estado concentrada la labor
académica del grupo de trabajo dentro del cual he estado participando por
los últimos 10 años como Profesor Titular en Infonomía para la Gestión de
Espacios Antropizados, área prioritaria de investigación que busca
canalizar el diseño de sistemas de información sobre los procesos de
ocupación del suelo y el desarrollo urbano, incorporando criterios de

vii


optimización inteligente e integración racional de fuentes documentales y
procesamiento estadístico, ello dentro de los procesos de síntesis holística
requeridos para atender apropiadamente los complejos problemas
urbanos.

Desafortunadamente, a pesar de que los sistemas informacionales
que hemos desarrollado, han tenido una utilidad esencial dentro de los
procesos de elaboración de planes y proyectos, su transferencia
tecnológica a las instituciones con atribuciones de gobierno para la
gestión de dichos planes ha sido poco exitosa. Esto se ha debido entre
otros factores a:

• La baja credibilidad del político respecto a la validez de los sistemas
informáticos. Los funcionarios prefieren tomar decisiones en virtud de
sus criterios empíricos y compromisos electorales, y no depender
estrictamente de los resultados estadísticos de un sistema
automatizado. Si el ordenador plantea un lineamiento opuesto al
criterio del político, probablemente éste considere que el ordenador
“está equivocado, porque el sistema automatizado no sabe cómo son
las cosas en la realidad”.

• La alta rotación de funcionarios en las oficinas gubernamentales no ha
permitido la permanencia en el tiempo del personal capacitado. El uso
de las TIC requiere de un nivel permanente de actualización del
personal; el problema es que justo cuando el personal se forma, es
reubicado o removido por inestabilidad organizacional o por
renovación política de la gestión.

• La baja inversión en tecnologías de información. La esporádica y tardía
adquisición de recursos informáticos, el alto costo de sistemas
diseñados para acciones de gobierno, la falta de soporte técnico eficaz
de los proveedores nacionales de tecnología, y la ausencia de una
cultura organizacional acerca de la importancia de la confiabilidad de

viii


la información, conspiran contra la inserción de sistemas con la
categoría de estado-del-arte dentro de la cotidianidad de la gestión
pública.

A estos factores se suma otra circunstancia singular: la concepción
casi esquizoide de que existen dos gestiones gubernamentales, una
aplicable a las comunidades “regulares”, que obedece al ordenamiento
jurídico, cumple con disposiciones tributarias y a la cual se debe gestar
una calidad de vida urbana bajo estándares internacionales; y otra,
aplicable a las comunidades “irregulares” (creadas espontáneamente tras
la invasión de tierras ajenas), y que por ser una mayoría de bajos recursos
financieros, se desarrolla con una marginación del régimen legal, sin
obligaciones tributarias y poca participación calificada en el desarrollo
social. Dado que esta segunda gestión involucra problemas más complejos
que afectan a mayor cantidad de personas respecto a la primera, colma
más fácilmente la atención de los funcionarios que en la mayor parte de
su ejercicio, deben declinar el uso de sistemas informáticos concebidos
para la gestión de las comunidades “regulares”.

En el marco de un nuevo enfoque de la gestión pública territorial
enfocado hacia la participación comunitaria, cuya expresión en Venezuela
se ha impulsado a través del nuevo ordenamiento jurídico producido a
partir de la nueva Constitución Nacional aprobada en 1999, y
considerando el nivel actual de las TIC respecto a su capacidad de
penetración y acceso por gran parte de la población, incluso aquella
tradicionalmente marginada de los avances tecnológicos, es que se ha
planteado la presente investigación: aquellas comunidades en condición
de gran precariedad urbana, incluso hasta aquellas marginadas en la
periferia espacial y gubernamental de nuestras ciudades, ¿podrán
participar en la gestión territorial de su entorno con el apoyo de las TIC?.

Esta interrogante parte de la base optimista de que a pesar de la
brecha digital, existen en nuestro país las capacidades tecnológicas, la

ix


expectativa social y el interés gubernamental de orientar el modelo de
gestión pública hacia los postulados de la democracia participativa,
intentando movilizar no sólo aquellos sectores sociales con tradicional
acceso a los entes de gobierno, sino en particular al numéricamente
superior y aún creciente conglomerado social que vive en la exclusión y la
pobreza extrema.

En tal sentido, el enfoque como hemos venido desarrollando los
sistemas informacionales de apoyo a la gestión también deberían asumir
una orientación distinta: de haber sido diseñados como herramientas de
información taxativa acerca de las condiciones de desarrollo estipuladas
para cada sector de la ciudad en virtud de la imagen objetivo perfilada por
el planificador, ahora tendrían que ser plataformas telemáticas que
permitan evaluar propuestas alternativas particulares de desarrollo
urbano. Esta evaluación estaría sujeta ahora a lineamientos orientadores
concertados en consulta pública y ajustados periódicamente,
incorporando la integración estratégica de información tanto de origen
institucional como de la generada a partir de la participación ciudadana.

Con esta inquietud, estos meses recientes hemos combinado el
desarrollo de una investigación documental con la exploración de casos de
estudio regionales, en base a los cuales se pueda generar y validar un
modelo de gestión pública territorial con apoyo de las TIC. Particular
interés para nuestro equipo de investigación, despierta el empleo de los
sistemas de información geográfica, tecnologías sobre las cuales tenemos
una larga experiencia, y cuyo poder reside en la capacidad de
correlacionar diferentes fenómenos urbanos entre sí a partir de su
localización espacial y de su integración sistémica ambiental.

Después de varias gestiones ante las oficinas de ordenamiento
urbano de tres alcaldías emblemáticas en la región sobre la cual incide
nuestra universidad, a finales del 2005 se presentó la oportunidad de
abordar un área de características antrópicas interesantes y sobre la cual

x


se plantea la viabilidad política y financiera del desarrollo de un plan de
actuaciones bajo enfoques participativos y con principios de inclusión
social. Esta área corresponde a la llamada Zona Protectora (ZP) de la
Ciudad de Maracaibo, franja de 20 mil hectáreas que rodea a Maracaibo,
la segunda ciudad más populosa de Venezuela. Actualmente bajo tutelaje
del ejecutivo nacional y ampliamente ocupada por asentamientos
precarios, las Alcaldías de Maracaibo y San Francisco (quienes comparten
la judisdicción del área metropolitana de Maracaibo) deberán gestionar las
actuaciones sobre dicha zona en forma mancomunada, una vez se cumpla
la transferencia de competencias hacia el poder municipal planteada para
principios del 2006. Las características de esta zona, recientemente
estudiadas por nuestro equipo de investigación con el uso de imágenes
satelitales y sistemas de información geográfica, la configuran como un
caso de estudio pertinente a los efectos de determinar las modalidades de
participación de las comunidades asentadas allí para determinar el
destino de su ámbito territorial, considerando las TIC como uno de los
canales apropiados para dicha participación.

Ricardo Cuberos Mejía
3 de Enero de 2006

xi

La gestión pública territorial de asentamientos precarios y periurbanos en Venezuela. Introducción.

Introducción
La conversión de las comunidades actuales a la cultura de la
sociedad del conocimiento, involucra no sólo un cambio cognitivo en la
forma como las personas aprecian la realidad sino que, al desencadenar
una dinámica distinta en la forma como los individuos interactúan entre
sí y con su entorno institucional, también se afectan las expectativas que
cada ciudadano tiene en el propio modelaje de su realidad.

Este cambio representa importantes retos: el cómo revertir el peligro
de las TIC como instrumentos de creación de realidades alienantes de
grandes masas en virtud de los intereses de grupos de tecnócratas
(Bordieu, citado por Matienzo, 2001), para impulsarlos como instrumentos
de liberación de barreras espaciales y cognitivas hacia una participación
activa y protagónica en procesos culturales propios.

En el contexto de nuestras realidades latinoamericanas, este cambio
de enfoque podemos abordarlo desde cuatro perspectivas:

1. El problema de la extensión periurbana ilimitada

2. La situación de exclusión social y legal de gran parte de la sociedad

3. El e-government como estrategia de profundización y ampliación de
la gobernabilidad

4. El potencial de los GIS como herramientas integrales y extensivas
para la gestión territorial

Respecto a la primera perspectiva, podemos apreciar que la
complejidad de un cambio de enfoque respecto a las TIC se multiplica en
nuestros países por dos factores que se profundizan cada vez más: el
incremento numérico de los conglomerados urbanos, y la precarización
emergente por el crecimiento de los sectores sociales en pobreza extrema.

xii


Este fenómeno se manifiesta como un problema de control a un ilimitado
crecimiento periurbano a expensas de una ocupación agrícola dispersa,
conllevando la condena de esas nuevas comunidades a una situación de
precariedad difícilmente superable, por cuanto ellas nacen con la carencia
de servicios públicos suficientes y de fuentes de empleo urbano (Chourio,
citado por Ferrer, 2003). Al mismo tiempo, este crecimiento poblacional va
a su vez sustrayendo sostenibilidad a las ciudades, incrementando los
habitantes que dependen de la dinámica económica metropolitana y de las
fuentes externas de abastecimiento de alimentos y servicios (agua,
electricidad), y conspirando además contra la búsqueda de una racional
relación de densidad de ocupación urbana (ampliación urbana con bajas
densidades implica mayor extensión de redes de servicio y mayores
desplazamientos de transporte para grupos dispersos de personas).

Además, hay que considerar que la protección de zonas circundantes
a las ciudades, deviene de un interés surgido en muchos planificadores
urbanos del siglo XX por el control ambiental de áreas particular
fragilidad (bosques, zonas agrícolas) o de previsión para el desarrollo de
servicios metropolitanos (aeropuertos, cementerios, plantas de tratamiento
de aguas servidas, botaderos y reciclaje de basuras y desechos sólidos)
(Hall, 1996). La ocupación anárquica de estas áreas debilita la dotación de
servicios metropolitanos y la preservación de áreas de estabilización
ecológica del impacto ambiental que genera la urbe en su territorio
circundante.

Este complejo proceso de ocupación espontánea se fue dando a todo
lo largo del siglo pasado y continúa en la actualidad, por lo que para el
caso de las ciudades venezolanas, este crecimiento se ha venido
generando a costa de un proceso de ampliación de la ocupación territorial
y no por un proceso de densificación (Castellano, 2005). Aquí cabe
precisar que tal fenómeno ha respondido fundamentalmente a la dinámica
espontánea de comunidades, con poca o ninguna participación
gubernamental o de la industria inmobiliaria privada. Así, invasores

xiii


provenientes del mismo seno de la ciudad, que buscan nuevos espacios en
virtud de un galopante crecimiento poblacional producto de la
promiscuidad y la alta natalidad, se suman a los inmigrantes de pueblos
pequeños circunvecinos olvidados y desasistidos, ya sea de la propia
república o de regiones pobres de las naciones fronterizas.

De esta situación surge la segunda perspectiva: por el mismo origen
de estas comunidades, sus integrantes permanecen excluidos del régimen
formal de asistencia que brindan los órganos del Estado. No sólo no
resultan reconocidos en derechos de ciudadanía (y objetados sus derechos
humanos), sino que incluso resultan perseguidos por la justicia porque en
su dinámica de asentamiento violentan el sistema legal de tenencia de la
tierra y la plataforma de gobernabilidad oficial (IFAD, 2005). Como causa y
efecto, la miseria y la delincuencia caracterizan la situación familiar de
estas sociedades emergentes, quienes deben luchar contra la carencia de
servicios, los largos desplazamientos de transporte para acudir a plazas de
subempleo en el centro de la urbe, y una agobiante inseguridad personal
en los límites de la supervivencia.

Para el caso particular de Venezuela, hay que reconocer que en los
últimos años, los entes de gobierno han intentado cambiar el paradigma
respecto a tales comunidades (MPD, 2001), llegando muchas veces incluso
a caer en contradicciones legales al brindar asistencia y servicios de
consolidación a comunidades invasoras aún a expensas de sectores
urbanos que, a pesar de importantes carencias, podrían lograr de alguna
manera cierta calidad de vida a través de la iniciativa privada.

Bajo la aspiración de que las TIC permiten la ampliación y
profundización de relaciones entre los individuos y los órganos de
gobierno, y como parte de un proceso de construcción de ciudadanía
(Castells, Hall & Pfeiffer y Held & McGrew, citados en UN-Hábitat, 2003),
es que se plantea el gobierno electrónico como tercera perspectiva del
cambio de enfoque. A través de distintas estrategias que afectan tanto al

xiv


Estado como proveedor de la plataforma de servicios de información, y a
las comunidades como destino y retroalimentación de la acción de
gobierno, se ha venido construyendo una visión humanista de la
tecnología, condicionando su desarrollo al impacto positivo que pueda
generar en la calidad de vida de las personas (WSIS, 2005a).

Aquí cabe mencionar que el desarrollo y popularización paulatina de
las nuevas tecnologías de información y comunicación en todos los países
en desarrollo, está permitiendo el acceso de numerosas personas de los
estratos socioeconómicos más desposeídos a servicios privados altamente
tecnificados como la telefonía celular e Internet, e incluso a alternativas
comunicacionales como la televisión por suscripción (en nuestro país,
frecuentemente a través de conexiones ilegales). Asimismo, son
numerosos los proyectos oficiales orientados a la automatización de la
tramitación de solicitudes ante órganos de gobierno, la creación de
infraestructura de redes alámbricas e inalámbricas, y la instalación de
puntos de acceso a Internet en comunidades remotas, ello bajo una
estrategia de mitigación de la exclusión social implícita en la llamada
brecha digital.

En tal sentido, la importancia que los órganos oficiales venezolanos
han venido dando a las TIC como herramientas de gestión de gobierno, ha
orientado a una política de Estado que busca integrar diversas fuentes de
información (individual-institucional, pública-privada) bajo una visión de
territorio y soberanía nacional, auspiciando el desarrollo de sistemas de
análisis y tomas de decisiones a múltiples niveles, ya ahora con la
incorporación de tecnologías satelitales y sensores remotos. Aquí es donde
incorporamos la cuarta perspectiva: el impulso a los sistemas de
información geográfica (GIS) como plataforma para el análisis espacial y el
monitoreo de la acción territorial. La capacidad de estas herramientas de
asociar grandes bancos de información, con datos georeferenciados y en
tiempo real capturados ya sea a través de unidades de servicio público
equipadas con sistemas de posicionamiento global (GPS) o recibidas por

xv


sensores remotos, constituyen en el estado-del-arte la opción mejor
orientada hacia un enfoque ecologista, sistémico y sostenible del
comportamiento antrópico de territorios, permitiendo estudiar fenómenos
humanos y/o naturales en la dimensión integral que le otorga su visión
geográfica.

Estas particularidades respecto a los GIS se potencializan cuando
analizamos el problema urbano: el manejo de ingentes cantidades de
información extensiva cuyo procesamiento induce a decisiones que
afectan a miles de personas por largo tiempo, requiere del análisis integral
de escenarios que escapan del mero empirismo de funcionarios
gubernamentales (Cuberos, 2005). La recopilación de datos sobre las
actividades de la “ciudad formal” resulta un asunto complejo pero
manejable, ya que se dispone de los instrumentos tradicionales de gestión
pública que manejan las alcaldías y los organismos de control oficial. Pero
los fenómenos que se plantean en la periferia urbana, de difícil acceso por
las condiciones físicas de sus emplazamientos y por la inseguridad
causada por su ilicitud, requieren la combinación de información
pormenorizada que pueda generalizarse a través de métodos de estadística
espacial y fotointerpretación. Es aquí donde los GIS demuestran su
capacidad, gestando no sólo modelos de comportamiento urbano en zonas
apenas en formación, sino modelos predictivos que permitirían anticipar
una acción oficial preactiva que canalice de manera adecuada esta
dinámica espontánea.

Vistas estas cuatro perspectivas respecto al cambio de enfoque en la
gestión de los procesos de urbanización en ciudades latinoamericanas, y
particularmente venezolanas, resulta consecuente plantearse una serie de
interrogantes:

¿Estará nuestro país en condiciones de desarrollar una política de
participación comunitaria y orientada a la gestión territorial en el
ámbito urbano?

Y yendo más allá, bajo principios de inclusión social, ¿podrá

xvi


plantearse un modelo de gestión pública territorial técnica y
operacionalmente viable a través del cual los pobladores de
comunidades asentadas en zonas periurbanas y en condiciones
precarias podrían participar en forma coordinada con los entes de
gobierno, en la generación de un hábitat suburbano digno y
sostenible?

¿Será posible canalizar adecuadamente esta participación para que a
través de mecanismos de capacitación, estas comunidades se
desarrollen bajo las pautas de consolidación de usos especiales de
suelo que la ciudades requieren?

O por el contrario, la condición de ilicitud e insostenibilidad bajo el
cual se conforman esas comunidades ¿constituye una condición
inadmisible para que éstas asuman una coparticipación activa en la
gestión del territorio que ocupan y la posible consolidación de su
permanencia?

Y más allá de la justicia social implícita en la participación
democrática, ¿resultará más bien un inconveniente operativo someter
el destino de áreas cuyo objeto técnico y territorial obedece a intereses
estratégicos del Estado, a discusiones participativas que pueden
resultar obtusas e inmediatistas en virtud de embates demagógicos y
populistas?

Frente a estas interrogantes, surge una hipótesis principal de trabajo,
que puede ser enunciada en los siguientes términos:

Las TIC pueden brindar a aquellas personas que habitan en
asentamientos precarios periurbanos, una serie de mecanismos que
permitan la participación individual y comunitaria en la gestión
territorial especial de su entorno, para así combatir la exclusión social
y facilitar su integración paulatina al desarrollo urbano sostenible de
la sociedad venezolana.

Una investigación que permita verificar esta hipótesis conllevaría no
sólo determinar y diseñar tales mecanismos informacionales, sino incluso
implantarlos y validar su real operatividad en pos del desideratum de
integración al “desarrollo urbano sostenible”. Obviamente, esto implica un
alcance tan amplio que requiere una acción de Estado ejecutada y
evaluada en el tiempo, lo cual supera los alcances de una investigación del
orden como el abordado en este trabajo. Pero en virtud de construir una
línea de trabajo en esta materia, sí podemos abordar como objetivo

xvii


general de investigación el siguiente:

Establecer dentro de un modelo genérico de gobierno electrónico
territorial aplicable a Venezuela, la propuesta de un sistema de
participación convergente y sin exclusión, tanto de actores públicos
como privados, para el modelaje de aquellos espacios periurbanos
actualmente ocupados por asentamientos precarios, contando para
ello con una plataforma TIC integradora, abierta y ubicua, con el fin
ulterior de facilitar a estas comunidades su desarrollo humano
alternativo y sustentable.

Para abordar este objetivo, resulta necesario establecer técnicas de
investigación en virtud de varios objetivos específicos. El primero de ellos
corresponde al discernimiento del estado actual del objeto de estudio; por
ello, se abocará a

Reconocer los distintos enfoques bajo los cuales se desarrolla el
gobierno electrónico, así como el estado actual internacional de
aquellas modalidades encaminadas para involucrar la participación
ciudadana en la administración de su espacio urbano

Como consecuencia de esto, el segundo objetivo corresponderá a

Determinar una serie de principios orientadores para el desarrollo de
sistemas que apoyen un gobierno electrónico territorial participativo e
inclusivo, aplicable a las particularidades legales, sociales, políticas y
tecnológicas de Venezuela.

Estos principios deben surgir de confrontar distintas modalidades de
gestión territorial participativa apoyada en TIC con las particularidades de
la realidad venezolana, haciendo parcial énfasis en las políticas de Estado
que han sido encaminadas hacia tal objetivo.

Un tercer objetivo específico buscará

Diseñar un modelo para la gestión territorial participativa de zonas
periurbanas venezolanas ocupadas por asentamientos espontáneos
precarios, adoptando la ZP de Maracaibo como caso de estudio, y
contando para ello la incorporación de los GIS y la Internet.

Como ha podido apreciarse, este tercer objetivo surge del análisis de

xviii


un caso de estudio, asumido a priori como emblemático de una situación
recurrente en las urbes venezolanas. En tal sentido, se considerarán las
particularidades actuales de la Zona Protectora (ZP) de Maracaibo, área de
20 mil hectáreas legalmente establecida hace unos 20 años como banda
de contención a la expansión de la ciudad de Maracaibo (con unos 2,7
millones de habitantes en sus 23 mil hectáreas). Esta área está
dispersamente ocupada por unas 50 mil personas que ocupan
asentamientos precarios de mediana y baja consolidación, que viven al
margen del régimen legal urbano además de sufrir todos los conflictos
sociales que caracterizan las comunidades de la periferia urbana.

Para abordar estos tres objetivos, se aplicará una investigación
documental, fundamentada en experiencias recopiladas desde la Internet,
así como de bibliografía manejada por el Instituto de Investigaciones de la
Facultad de Arquitectura y Diseño (IFAD) de la Universidad del Zulia, ya
sea escrita por el propio autor de este estudio en su condición de Profesor
Titular de dicho instituto, como del trabajo de colegas de nuestra y de
otras universidades venezolanas.

Los resultados de este trabajo resultarán altamente pertinentes y
aplicables en el seno de nuestra sociedad, ya que la colaboración
informacional y la participación social demandan una gran atención en
distintos escenarios de la vida política y tecnológica en nuestro país, y en
realidad son pocos los profesionales abocados realmente a modelizar
acerca de esta cuestión; mucho menos son los equipos de investigación
que están abordando el modelaje urbano participativo con el apoyo de los
GIS, a pesar del gran impulso que están sufriendo estas tecnologías en
Venezuela. Cabe agregar además que el propio caso de estudio constituye
una circunstancia interesante, ya que en estos inicios del 2006 se
vislumbra la viabilidad institucional de poder validar el modelo de
participación propuesto con esta investigación, gracias al apoyo de
órganos de gobierno nacional regional y local. De poderse concretar esta
validación, se podrá elaborar una interesante tesis doctoral sobre gobierno

xix


electrónico territorial en el contexto latinoamericano.

A continuación, este documento abordará las definiciones actuales
del gobierno electrónico, sus enfoques hacia la gestión territorial
participativa en Venezuela y la propuesta especifica de participación
electrónica en asentamientos precarios periurbanos a través de un caso de
estudio, complementando con un conjunto de referencias bibliográfícas y
accesos directos a la Web que ilustran más profusamente los postulados
desarrollados en la investigación.

xx

1ª. Parte. Perspectivas actuales sobre el gobierno electrónico participativo y la gestión territorial.

1a. Parte. Perspectivas actuales sobre el gobierno
electrónico participativo y la gestión territorial.

Desde la propuesta del electronic town hall en Estados Unidos hacia
1992 (Gil, 2000), se ha desarrollado a nivel mundial una visión respecto al
aporte de las TIC como apoyo a las funciones de gobierno bajo un sentido
de fortalecimiento de la democracia. Esto se sustenta en el paradigma de
que, debido a que las TIC facilitan el proceso de comunicación, ellas
podrían también coadyuvar en la participación ciudadana en la gestión
pública. En tal sentido, surgen los conceptos de e-democracia
(transparencia y participación) y de e-gobierno (acceso a los servicios),
englobados dentro de una visión de la administración electrónica como
resultado de un cambio organizativo del sector publico para el
mejoramiento de servicios y el respaldo a las políticas públicas con
participación democrática (Finquelievich, 2001; Liikanen, 2003).

Para esta transformación de las funciones de gobierno y la
administración pública, resulta necesario adoptar tanto principios de
flexibilidad en la organización y actuación de la administración como de la
participación ciudadana, para lograr lo que se ha definido como visión en
este nuevo milenio del Estado-Red (Castells, 1998). En tal sentido, la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información estableció en su
Plan de Acción hasta el 2015 la necesidad de:

“a) Aplicar estrategias de gobierno electrónico centradas en
aplicaciones encaminadas a la innovación y a promover la
transparencia en las administraciones públicas y los procesos
democráticos, mejorando la eficiencia y fortaleciendo las relaciones
con los ciudadanos.

b) Concebir a todos los niveles iniciativas y servicios nacionales de
gobierno electrónico que se adapten a las necesidades de los
ciudadanos y empresarios, con el fin de lograr una distribución más
eficaz de los recursos y los bienes públicos.

c) Apoyar las iniciativas de cooperación internacional en la esfera del
gobierno electrónico, con el fin de mejorar la transparencia,

1


responsabilidad y eficacia en todos los niveles de gobierno”. (WSIS,
2004)

Estas acciones se han cristalizado en diversas iniciativas
internacionales que abordan términos como el eVoto, la eCiudadanía (o
eParticipación), la eCultura, la ePolítica, el eGobierno, los eMedia, y la
educación, listadas en eDemocracia (Rubí, 2005), todas ellas para orientar
el uso de las TI en tres grandes direcciones:

• Desplegar información en la Web

• Administración electrónica

• Votación y sondeos electrónicos (Ríos et alt, 2004)

De estas direcciones, abordaremos en forma pormenorizada los
conceptos específicamente relativos a la administración gubernamental
electrónica y sus modalidades.

1.1 Ámbitos del gobierno electrónico

En nuestro mundo contemporáneo, se ha convenido en denominar
como gobierno electrónico o e-Government, al conjunto de funciones o
procesos de gobierno que son cumplidos gracias al uso de las tecnologías
de la información y comunicación, usualmente bajo la Internet.

“Se define como e-Government, el uso de la TIC y sus aplicaciones por
los gobiernos para la provisión de información y servicios públicos a la
gente” (ONU, 2005).

Además de constituirse en “un mecanismo para aumentar la eficiencia
en la gestión interna del Estado, propiciar la transformación del Estado y
proveer de servicios permanentes, oportunos y efectivos a la población en
general”, el gobierno electrónico permite también “aumentar la
transparencia, garantizar la seguridad de la nación, fomentar el desarrollo
local, posibilitar la contraloría social, la participación en la gestión pública,

2


la soberanía tecnológica y la democracia participativa y protagónica”
(Gallegos, 2005).

El gobierno electrónico implica interacciones de tres tipos: internas
del gobierno o G2G (government-to-government); entre el gobierno y las
empresas o G2B (government-to-business y viceversa); y entre el gobierno y
los consumidores/ciudadanos o G2C (government-to-consumer/citizen, y
viceversa) (ONU, 2005). Los dos primeros tipos de interacciones
usualmente abordan la automatización de los procesos que
tradicionalmente existen dentro de los gobiernos y entre éstos y las
instituciones del sector privado; pero es en el tercer tipo, la relación entre
el gobierno y la ciudadanía, donde se cristaliza la vocación democrática
del e-government.

En este sentido, el gobierno electrónico ha venido evolucionando en
dos enfoques: el primero, el de la participación electrónica, y el segundo,
que considera al primero e incorpora aspectos adicionales, que es el de la
inclusión electrónica. A continuación, trataremos los aspectos
fundamentales que encierran cada uno de tales enfoques.

1.1.1 La participación electrónica (e-participation)

Uno de los cambios más profundos en concepción actual de la
democracia se ha venido dando en el cambio del paradigma de la
representatividad por el de la participación. Las comunidades antes
elegían al funcionario quien en su nombre asumía las decisiones a su bien
criterio; la participación impulsa al gobernante a llevar a consulta plural
sus acciones y a ejecutar lo que la comunidad le reclama.

Las tendencias hacia el empoderamiento (empowerment) de las
comunidades en las tomas de decisiones que adopta el gobierno, se han
venido reflejando en un gradiente progresivo, descrito por Kingston (1998)
en seis grados de participación pública (véase figura 1.1):

3


Figura 1.1. Grados de participación pública. Fuente: Basado en Kingston, 1998.

Este empoderamiento ha venido siendo impulsado en la actualidad
por el desarrollo de Internet y de la Web, en cuyo seno ha surgido la
llamada participación electrónica:

“es toda actividad de los ciudadanos voluntaria (y) encaminada a
influenciar en la selección de los gobernantes o en la toma de
decisiones públicas, pero que se canaliza o se produce a través de
medios electrónicos o telemáticos” (Borge, 2004).

La participación electrónica puede calificarse en varios niveles, cuyo
nivel de interactividad expresa el carácter representativo o participativo
del ejercicio democrático que cumple el gobierno. En este sentido, Borge
(2005) establece un modelo de cinco niveles a partir de la Escalera de
Participación de Arnstein (1971) exhibido en la figura 1.2.

Información
divulgación documental
Democracia Comunicación
Representativa correos y buzones de comentarios
Consulta Democracia
encuestas, sondeos Participativa
Deliberación
debates, foros, chats
Participación en decisiones y elecciones
voto electrónico, debates vinculantes

Figura 1.2. Niveles de Participación. Fuente: Basado en Borge, 2005

La idoneidad de la Web y la Internet para apoyar estos distintos
niveles de participación se sustenta en la capacidad que tienen estas

4


tecnologías “en poner a disposición de los usuarios una gran cantidad de
información y permitir el diálogo y la deliberación entre un número
indeterminado de personas”. Por ello, “Internet tienen un carácter
claramente democratizador y participativo (y) ofrece la posibilidad de una
comunicación interactiva entre los internautas y los políticos” (Borge, 2004).

Según la Organización de las Naciones Unidas - ONU (ONU, 2005), la
revisión actual de los distintos desarrollos de gobierno electrónico en
funcionamiento, presentan cinco escaños paulatinos de interactividad y
participación:

• La presencia emergente resulta el primer nivel de publicación con
información básica y limitada. Incluye una página Web, con algunos
vínculos a distintos departamentos, un mensaje institucional y
algunos documentos básicos de la organización.

• En la presencia mejorada, el gobierno informa algunas de sus
políticas públicas y fuentes de financiamiento, así como documentos
en archivo como normativas, informes y bases de datos. A pesar de
que los usuarios pueden buscar documentos y disponer de un mapa
del sitio, la interacción es fundamentalmente unidireccional y fluye
del gobierno al ciudadano.

• Es en la presencia interactiva cuando los servicios en línea del
gobierno funcionan de manera interactiva con los usuarios
permitiendo operaciones como descargar formatos de pagos de
impuestos o solicitudes de documentos, acceder a algunos mensajes
relevantes por audio o video, o contactar los funcionarios por correo
electrónico. Además, el sitio resulta actualizado con gran regularidad.

• En la presencia transaccional, se genera una interacción de doble
sentido entre el ciudadano y el gobierno, permitiendo pagos en línea
con tarjetas de crédito o débito, tramitación de documentos de
identidad y otros trámites similares las 24 horas al día y los 7 días de

5


la semana. Los proveedores de bienes y servicios pueden incluso
cobrar sus facturas a través de conexiones seguras certificadas.

• La presencia en línea constituye el nivel más sofisticado de las
iniciativas del gobierno electrónico. Integra relaciones G2C, C2G y
G2G, albergando un diálogo bidireccional con la sociedad, a través de
formatos interactivos tales como pantallas para envíos de
comentarios y mecanismo de consulta en línea. A través de estas
deliberaciones participativas, el gobierno solicita a los ciudadanos
sus opiniones respecto a políticas públicas y proyectos de ley.
Además, en este enfoque está implícita la integración de distintas
agencias del sector público, bajo la comprensión del concepto de
toma de decisiones en colectivo a través de la democracia
participativa y empoderamiento del ciudadano.

El fortalecimiento paulatino de los servicios en línea que los
gobiernos van construyendo frente a sus ciudadanos, implica incrementar
el acceso del ciudadano a trámites burocráticos y a compendios de
información electrónica para promover su participación en tomas de
decisiones que puedan afectarlo tanto a nivel social como individual. Por
ello, promover la participación electrónica de los ciudadanos debe ser el
punto de partida de un gobierno socialmente inclusivo, visión humanista
y de equidad urgente en nuestros países que sufren de una gran brecha
digital.

1.1.2 La inclusión electrónica (e-inclusion)

En la mayoría de los países en desarrollo de todo el mundo se ha
venido tomando conciencia acerca de la necesidad de involucrar los
diferentes sectores sociales de la vida nacional, regional o local, en la toma
de decisiones. Esto no sólo con la intención de democratizar el ejercicio de
gobierno, sino de incluso para incorporar, con sus capacidades y
aptitudes propias, a distintos sectores comunitarios y empresa privada en

6


la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo nacional.

Lograr este cambio de paradigmas en economías mayormente
controladas por la acción de los gobiernos, a partir de iniciativas
desarrolladas con las TIC, implica un compromiso político para viabilizar
la reorganización de la cultura del Estado y las inversiones en
infraestructuras de información. Para hacer más socialmente eficiente las
inversiones, este compromiso debe considerar la atención a todos los
ciudadanos, incluyendo aquellos marginados por su nivel económico,
localización geográfica, discapacidades físicas y diferencias culturales o
étnicas.

A este efecto, resulta imperativo adoptar una visión orientada a “la
construcción de una sociedad de la información inclusiva, basada en la
apreciación de las capacidades de cada una de las personas, la dignidad
que las alternativas económicas y sociales brindan, y la libertad individual
o social en aprovecharlas” (ONU, 2005). Por ello, el desarrollo del gobierno
electrónico debe enfocarse hacia la inclusión de todos los grupos de la
población, diversificando el manejo de las TIC de manera tal que aquellos
con bajos ingresos, las mujeres, los discapacitados, las minorías
culturales y quienes viven en áreas rurales, puedan ser sistemáticamente
incluidos en los inminentes beneficios de las nuevas tecnologías. Por
tanto, para construir una sociedad de la inclusión, el e-government debe
expandirse al concepto de la e-inclusion.

Ya que las TIC facilitan la diseminación masiva de información y la
oportunidad de obtener respuestas en base a la misma, ellas pueden
constituirse en el canal idóneo para un trabajo conjunto inclusivo entre
gobierno y ciudadanos dentro de la gestión pública. Esto conlleva el
impulso a oportunidades para el empoderamiento social y económico de
todos los ciudadanos sin excepciones.

Lograr este objetivo, implica la adopción responsable de una serie de
imperativos (ONU, 2005):

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1. reconocer la importancia de proveer iguales oportunidades para todos
en su participación dentro de la sociedad de la información;

2. el compromiso y el liderazgo para una agenda de desarrollo de las TIC
debe ser política de Estado, asegurando que cada paso adoptado en
virtud de las metas y los objetivos de los países sean inclusivos para
la mayoría de la sociedad, incorporando a las comunidades
tradicionalmente marginadas;

3. debe formularse una estrategia de desarrollo social inclusivo que
apunte al empoderamiento de cada uno de los ciudadanos en virtud
de sus capacidades y expectativas;

4. las políticas y programas gubernamentales necesitan ser
reestructurados con el rol de unas TIC intrínsecamente integradas en
los sistemas de gobierno y los planes de desarrollo; y

5. se requiere la formulación de una estrategia de desarrollo basada en
una utilización efectiva de unas TIC que consideren los valores
culturales autóctonos, para lograr que el gobierno, las empresas y los
ciudadanos adopten un rol equitativo y beneficios mutuos.

Todos estos imperativos impulsan una interacción entre el Estado y
los ciudadanos que migra hacia una colaboración y participación activa en
la toma de decisiones. Este objetivo demanda la redefinición de los
procesos, mecanismos y los órganos institucionales a través de los cuales
la información es requerida y suministrada. Para esto, los gobiernos
necesitan formular unas estrategias nacionales basadas en la evaluación
de las necesidades de infraestructura, capital humano y requerimientos
financieros y sociales al crisol de la disponibilidad de recursos
económicos, financieros y humanos; en virtud de la sostenibilidad social,
estas acciones deben ser manejadas dentro del concepto integral de la e-
inclusion y activamente encaminadas a promover el acceso para todos.

8


1.2 Estado del arte internacional en gobierno electrónico

Existen múltiples foros virtuales que comparten experiencias y
debaten acerca de las iniciativas del gobierno electrónico. En este mismo
sentido, las Naciones Unidas han venido publicando informes periódicos
respecto al avance en este campo; el último de ellos, publicado en
diciembre de 2005, expone una evaluación por naciones que de manera
muy particular hace énfasis en el nivel de participación ciudadana que
involucran los portales oficiales de los gobiernos en Internet, con una
especial consideración a aquellas características que los hace inclusivos a
diferentes capacidades y situaciones de los ciudadanos.

A continuación, se reseñarán a modo ilustrativo nueve de estas
iniciativas de e-government; en la segunda parte de este documento, este
espectro de alternativas será complementado a través de la referencia a
otros ejemplos de gobierno electrónico, particularmente aquellos asociados
específicamente a la gestión territorial y que dependen de entes distintos
al gobierno nacional.

1.2.1 Experiencias norteamericanas

Resulta previsible considerar que el diseño del gobierno electrónico
estadounidense resulte paradigmático en cuanto al estado-del-arte se
refiere. Comprendiendo la multiplicidad de sistemas y procesos que los
distintos entes de gobierno poseen, el mérito principal de este proyecto es
que consta de un portal universal que permite la búsqueda en 51 millones
de páginas Web de información gubernamental, así como una estructura
de navegación por trámites de muy fácil comprensión, organizado por
tópicos de acuerdo a grupos de interés o “audiencias”. Integra todo tipo de
herramientas de interactividad, e incorpora el uso de varios idiomas
principalmente el español (véase en http://www.firstgov.gov ).

Frente a esta experiencia, el sitio oficial bilingüe del Canadá resulta el
líder nacional de accesos por Internet, suministrando múltiples servicios

9


al ciudadano a través de portales asociados.

“El objetivo de la iniciativa Gobierno en-Línea es emplear tecnologías
de información y comunicación para proveer a los canadienses de un
acceso adecuado a servicios integrados y centrado al ciudadano en
cualquier moment, en cualquier lugar y en el lenguaje oficial de su
preferencia” (véase en http://canada.gc.ca)

Este sitio posee un modo de personalización por usuario, así como
interfaces para acceso inalámbrico y desde celulares, garantizando
respuestas por correo electrónico a cada solicitud que hacen los
ciudadanos con la prontitud de un solo día hábil.

1.2.2 Experiencias asiáticas

Al igual que Canadá, el portal eCitizen de Singapur además de
permitir el acceso organizado y sencillo a todos los servicios
gubernamentales, posee un modo de personalización que permite que los
ciudadanos puedan recibir por correo electrónico o mensajes de texto
SMS, desde noticias parlamentarias hasta recordatorios de devoluciones
de libros a bibliotecas públicas o notificaciones de renovación de
documentos. Asimismo, dispone de una conectividad que permite a los
ciudadanos el pago electrónico de cualquier tasa o compromiso con
cualquier agencia de gobierno (véase en http://www.ecitizen.gov.sg)

El sitio oficial del gobierno japonés es uno de los sólo ocho que a nivel
mundial contempla la alternativa de acceso inalámbrico llamado m-
government (gobierno móvil). Éste ofrece navegación a través de teléfonos
celulares tanto para presentar información en tiempo real acerca de
eventos de tránsito o clima, ya sea en tierra como en agua, así como para
reportar problemas y reclamos (véase en http://www.e-gov.go.jp).

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1.2.3 Experiencias europeas

Dinamarca enmarca su portal de gobierno bajo el formato de diálogo
electrónico. Constituye “una herramienta orientada al diálogo sobre
Internet para apoyar los esfuerzos de relación de calidad entre los
ciudadanos y sus representantes electos” para dar soporte al proceso de
empoderamiento ciudadano. En este sentido, su más distintiva
característica es que los debates virtuales resultan vinculantes para las
tomas de decisiones del gobierno, ya sean éstas de carácter nacional
regional o local (véase en http://www.danmarksdebatten.dk)

Asimismo, el observatorio de e-government europeo, en su reporte
anual de la situación en los 25 países de la Unión publicado en noviembre
pasado (Chevallerau, 2005), retrata los alcances de cada presencia, entre
las que destaca la iniciativa británica Transformational Government
Enabled by Technology, con cuya aprobación en noviembre pasado se
pretende transformar todo el sector de gobierno electrónico nacional para
asegurar que:

• los ciudadanos y las empresas tengan un acceso personalizado en
sus interacciones con el gobierno, orientándolo hacia la prestación de
nuevas oportunidades de servicio;

• los contribuyentes se beneficien del mejoramiento en la eficiencia del
gobierno;

• los ciudadanos, las empresas y las comunidades se beneficien de
mejores regulaciones, reducción de papel y menores costos que
apoyen la consecución de un sector público más efectivo y moderno;

• los servidores públicos dispongan de mejores herramientas para
cumplir sus labores y proveer mejores servicios;

• los creadores de políticas serán más capaces de lograr sus

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intenciones en la práctica;

• los gerentes sean capaces de trasladar recursos internos de oficina a
la atención al público; y

• los ciudadanos se sientan más involucrados en los procesos del
gobierno democrático (HM Government, 2005).

Ese mismo mes, el gobierno español aprobó el llamado Plan Avanza
(Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de
Convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades
Autónomas) que respecto a la administración electrónica, persigue:

“Garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse
electrónicamente con las AAPP, para lo cual la totalidad de los
servicios prestados por las Administraciones deberán ofrecer en 2010
como mínimo alguna de sus prestaciones a través de Internet.

Establecer los mecanismos para que la oferta de servicios en línea se
corresponda con la demanda existente, creando un catálogo claro de
servicios electrónicos.

Garantizar la existencia de canales adecuados para que todos los
ciudadanos y empresas puedan hacer uso de los servicios
proporcionados por las Administraciones Públicas.

Modernizar las Administraciones Públicas españolas en términos de
mejora de la calidad, agilidad y rendimiento de los servicios a los
ciudadanos, eficiencia en el uso de los recursos públicos, reducción de
costes, satisfacción de los usuarios, integración interdepartamental y
simplificación administrativa.

Crear estructuras de cooperación entre las distintas Administraciones
Públicas (Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y Entes Locales)”.

Este plan estipula metas concretas como la interoperabilidad de
servicios electrónicos, la instalación en todos los organismos del Estado
del Servicio de Notificaciones y Comunicaciones Telemáticas Seguras, el
pago telemático de todas las tasas y precios públicos, y la

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georreferenciación de la ubicación de todas las oficinas y recursos
públicos (MITC, 2005).

1.2.4 Experiencias latinoamericanas

A pesar de la precariedad de recursos de la región respecto a otros
continentes, algunos países de América Latina ubican sus sitios de
gobierno electrónico bien ranqueados dentro de la esfera internacional.
Uno de ellos es Chile: debido a que el gobierno central agrupa la atención
al ciudadano más importante del país, su portal esta diseñado para
facilitarle el acceso a todos los servicios en línea disponibles, así como
derivaciones a subsitios de gobiernos regionales, y diversas transacciones
en línea y servicios sobre seguridad y defensa de los consumidores (véase
en http://www.tramitefacil.gov.cl/)

Otro país que mantiene su liderazgo regional es Brasil, cuyo portal de
gobierno es considerado el más efectivo de América Latina. La información
y los servicios más pertinentes se encuentran agrupados en 30 subgrupos
temáticos fácilmente comprensibles por el ciudadano, que permiten
operaciones en línea tales como pagos de impuestos, servicios de salud u
obtención de información legal. Asimismo, incorpora servicios financieros
para las empresas que operan a través de un software que se descarga del
sitio Web (véase en www.e.gov.br).

1.3 Experiencias en la gestión territorial electrónica

En las sociedades actuales, la gestión pública del desarrollo social
debe constituir un proceso intencionado de articulación de los distintos
factores que actúan dentro del Estado para encaminar las decisiones y
actuaciones bajo un modelo de sociedad convenido democráticamente y
con criterios de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad temporal. El
estudio de cómo este proceso aborda la localización tanto de los actores

13


como de sus actuaciones, es objeto de la gestión territorial, la cual a
través de políticas de ordenamiento y acciones promotoras de ciertas
modalidades de antropización, promueve una relación armónica entre las
actividades humanas y el entorno natural.

El concepto de territorio asume diferentes escalas: la comprensión del
funcionamiento de los ámbitos del territorio nacional y regional implican
un alto nivel de abstracción, por lo cual los técnicos y especialistas
asumen un rol dominante en la conceptualización de políticas y
programas. La escala más cercana a la cotidianidad del ciudadano es la
del territorio urbano, que percibe en su día a día al llevar a sus hijos al
colegio, al regar las plantas de su patio o al acudir a un centro de salud.

En este sentido, y considerando las particularidades del modo de vida
que se desarrolla en los centros poblados, es que surge la gestión
territorial urbana “como un proceso orientado a identificar, convocar y
movilizar fuerzas, en torno a las distintas alternativas de intervención que
tienen los actores públicos y privados para alcanzar el ideal de Estado y de
sociedad que los guía” (UNIPILOTO, 2005).

La gestión territorial urbana planifica, ejecuta, supervisa, informa, y
administra los espacios que ocupan los centros poblados. Para ello,
maneja una serie de instancias tales como el catastro, los sistemas
prediales, la calidad ambiental, los sistemas viales y de transporte, los
servicios asistenciales (salud y educación), los espacios de ocio, recreación
y deporte, y los equipamientos de infraestructura urbana (redes de
servicio y grandes equipamientos) (GMLP, 2005).

Esta gestión territorial usualmente es coordinada por los gobiernos
locales, a través de sus alcaldías, ayuntamientos, juntas distritales o
similares. El desarrollo del gobierno electrónico participativo en los
últimos años se ha reflejado en la presencia de estas instituciones locales
en la Internet para prestar servicios en línea a sus ciudadanos. A
continuación, revisaremos algunas experiencias ilustrativas de tales

14


modalidades de participación electrónica.

En el ámbito de la gestión territorial urbana, muchas ciudades en
todo el mundo poseen un modesto portal con información acerca de su
localidad, los entes de gobierno, atractivos turísticos y otros aspectos de
interés. En años más recientes, tales sitios han venido incorporando la
posibilidad de localizar información en mapas a través de tecnologías GIS,
hacer pagos electrónicos y tramitar solicitudes en línea, bajo iniciativas
que han dependido de una buena visión del gobierno local, el apoyo de
otras instancias del gobierno nacional y regional, la consecución de
recursos financieros y tecnológicos para tales plataformas y la promoción
de mecanismos de participación de los ciudadanos en la toma de
decisiones frente a problemas de la ciudad.

Entre las experiencias exitosas del gobierno electrónico aplicado a la
gestión territorial, divulgadas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones en ocasión de la Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información celebrada en Túnez en noviembre pasado, se reseñó la
encomiable experiencia de la ciudad de Saukaryam en India. En su portal
publicado desde 2001, los usuarios pueden cumplir diversos trámites
como efectuar y revisar el estatus de sus solicitudes de servicios públicos,
recibir información acerca de nacimientos y defunciones, o monitorear la
recolección de basura, además de revisar grandes bancos de información y
noticias. Posee un sistema de pagos en línea que está integrado con la red
bancaria local, así como posee una integración con la red de transporte
masivo local. El callejero está desarrollado sobre una aplicación GIS, que
permite al usuario la visualización y búsqueda de información cartográfica
de la ciudad y sus alrededores. Pero aparte del amplio abanico de
servicios, el principal mérito de este portal es que surgió a partir de la
integración de iniciativas entre el gobierno local, la empresa privada y los
ciudadanos organizados (véase figura 1.3).

De la misma manera, muchas ciudades estadounidenses, incluso

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hasta poblados menores, han desarrollado presencias robustas en la Web.
Como un ejemplo de ello, en el portal del Condado de Washtenaw en
Michigan (véase figura 1.4), muchas de las aplicaciones de gobierno
electrónico se desarrollan a través de una interfaz GIS, que provee a los
usuarios distintos mapas temáticos de la ciudad, localizar direcciones y
servicios clave además de dar acceso transaccional a información catastral
y de otros temas a través del acceso a bases de datos georreferenciadas.

Figura 1.3. Web de la ciudad de Saukaryam
Fuente: http://www.saukaryam.org

Figura 1.4. Web del Condado de Washtenaw. Fuente:
http://www.ewashtenaw.org/government/departments/gis/MapWashtenaw_Main.htm

En el contexto iberoamericano, podemos destacar el proyecto IRIS
(Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias), impulsado por el
ayuntamiento de Barcelona para gestionar las quejas y sugerencias de los
ciudadanos a través de Internet. IRIS es un sistema multicanal que
gestiona los requerimientos de los ciudadanos con la finalidad de
corresponsabilizarlos con la calidad de vida y las prestaciones de sus

16


servicios urbanos (véase figura 1.5). Esta plataforma, fundamentada en el
procesamiento de planteamientos presentados por los ciudadanos ya sea a
través de una línea telefónica gratuita o de la página Web del
ayuntamiento, es administrada por la Oficina de Atención al Ciudadano,
integrando los diferentes departamentos y empresas de la organización,
procesando hasta 1000 solicitudes diarias en 1600 categorías distintas.

A esta plataforma de participación se unen la Red Ciudadana, en la
cual los ciudadanos pueden suscribirse para recibir boletines informativos
a través del correo electrónico, y una sistema GIS, donde se
georreferencian incidencias determinadas por los funcionarios o
denunciadas por los ciudadanos (véase figura 1.6).

Figura 1.5. Proyecto IRIS: Portal Web (izq), sistema interno de seguimiento de
solicitudes (der), modelo conceptual (abajo).
Fuente: http://w6.bcn.es/ya2/baViewFrameDocumentAc.do

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Figura 1.6. SIG de la ciudad de Barcelona.
Fuente: http://www.bcn.es/guia/welcomee.htm

Varias de las urbes que pertenecen a la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), han desarrollado sistemas transacionales
similares. La Alcaldía de Bogotá cuenta en su portal con el llamado
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (véase figura 1.7), además de
reafirmar su liderazgo internacional en publicación de información
georreferenciada a través de un robusto GIS.

Figura 1.7. Servicios de e-government de la ciudad de Bogotá.
Fuente: http://alcaldia03.bogota.gov.co/sdqs

Santiago de Chile (figura 1.8) y el sector Chacao, de la ciudad de
Caracas (figura 1.9), poseen también servicios similares, con apoyo de GIS
sobre Internet. Chacao posee un Módulo de Atención Telemática al
Ciudadano, el cual permite múltiples trámites municipales y algunos
formularios para su descarga.

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Figura 1.8. Servicios de e-government de la ciudad de Santiago de Chile.
Fuente: http://santiagoenlinea.munistgo.cl/portalinternet/principal.asp

Información General del Municipio, la Policía, Seguridad
Alcaldía y sus Actividades
Policía de Circulación, Tránsito Atención Médica, Salubridad Pública
Ruidos Molestos, Protección Civil, Emergencias 171
Desastres Naturales
Aseo Urbano, Reclamos Aseo Urbano, Solicitud de Servicios
Aseo Urbano, Información Aseo Urbano, Facturación
Carta de Residencia, Registro Ciivil, Deportes, Parques y Recreación
Atención Legal
Atención a la Tercera Edad, Atención a la Educación Preescolar, Básica
indigencia, Atención Infantil.
Ayudas Económicas Arte, Cultura y Eventos Culturales
Eventos y Relaciones Sociales Impuestos y Permisos para Comercio y Actividades
Catastro, Parcelas, Exención de impuestos Planeamiento Urbano, Proyectos, Mobiliario
para la 3a edad Urbano, Kioscos
Construcción, Permisos, Inspecciones, Obras Públicas, Alcantarillas, Baches, Aceras,
Terrenos Baldíos Iluminación, Aguas Blancas y Negras, Árboles.
Oficina del Alcalde Otro

Figura 1.9. Servicios de e-government del sector Chacao de la ciudad de Caracas:
Módulo de Atención Telemática (izq.), Infomapa (der), trámites disponibles
(abajo). Fuente: http://www.chacao.gov.ve/default.asp

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Si bien estas modalidades de gobierno electrónico participativo ya
están siendo bastante replicadas en todo el mundo, existen variantes
sumamente interesantes que reseñar. Una de ellas ha sido la experiencia
multitudinaria desarrollada en Madrid a través del proyecto
MadridParticipa. A través de accesos multicanales, que incluyeron
Internet, telefonía Java, mensajes SMS y kioskos presenciales, casi 140
mil personas se involucraron en una consulta ciudadana sobre diferentes
aspectos del desarrollo de la ciudad.

“Consultas electrónicas como la de MadridParticipa contribuyen
notablemente a evitar la deriva de la actual democracia representativa
hacia modelos con un elevado protagonismo de los partidos políticos y
una marginación cada vez más clara de los ciudadanos. Estas
consultas reivindican un modelo de democracia participativa que
equilibra los peligros mencionados”. (Barrat y Reniu, 2004)

Segovia ha sido también protagonista de iniciativas interesantes. El
proyecto Ciudadanos2005.net

“recrea en Internet el concepto del ágora griega o plaza pública en la
que tanto los ciudadanos como sus representantes políticos y civiles
exponen públicamente aquellas propuestas que consideran de interés
para la comunidad y las someten a debate y deliberación del conjunto
de los participantes. Aquellas propuestas con un mayor respaldo
ciudadano son susceptibles de ser votadas por el Ayuntamiento en el
pleno municipal y puestas en marcha con la implicación de los
ciudadanos y las asociaciones que han participado en el proceso de
deliberación” (Ayuntamiento de Segovia, 2005).

Propuestas como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Segovia que fue publicado para consulta desde octubre pasado, pueden
ser conocidas y discutidas por los ciudadanos en foros abiertos (véase
figura 1.10). Al igual que Segovia, otros 80 ayuntamientos de toda España
se han involucrado en esta iniciativa inscrita en el programa europeo
eEurope2005 que impulsa una Sociedad de la Información para todos
dentro del “principio de participación de los ciudadanos en los asuntos
públicos reconocido y fomentado por los propios gobiernos locales”
(Ayuntamiento de Segovia, 2005).

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Figura 1.10. Iniciativas de e-government de la ciudad de Segovia:
Portal Ciudadanos2005.net (izq); Plano del PGOU (der). Fuente:
http://www.segovia.ciudadanos2005.net/.

Otras alternativas de interés han sido desarrolladas en los Estados
Unidos. La ciudad de Wellington en California, aparte de poseer un portal
Web con servicios en línea como los ya descritos respecto a otras
ciudades (véase figura 1.11), ha incorporado una herramienta colaborativa
que permite incorporar información nueva en su interfaz GIS en forma
remota; por ahora, esta incorporación se mantiene reservada al personal
que da mantenimiento al sistema, pero se espera que en un futuro, los
ciudadanos pueda hacer sus requerimientos localizándolos ellos mismos
en los mapas urbanos.

Figura 1.11. Portal GIS de la ciudad de Wellington. Fuente:
http://gis.tcw.ca/maps/go

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En una actividad participativa desarrollada en el área agrícola de
Hayden en Colorado, sus habitantes fueron apreciando un conjunto de
propuestas de viviendas, cercados, anuncios, tiendas y calles para
establecer por consenso el carácter visual de su poblado (véase figura
1.12). A medida de que se presentaba cada alternativa, los asistentes iban
realizando individualmente su selección en un dispositivo similar a los que
emplea el público de estudio en programas de televisión en vivo. Cada una
de las variantes que ganaban el apoyo mayoritario de los asistentes,
afectaba en tiempo real un modelo prospectivo desarrollado en GIS, cuyos
resultados podían ser visualizados en tres dimensiones por los ciudadanos
(Martin et alt, 2005).

Figura 1.12. Selección participativa de la imagen del poblado de Hayden:
Arriba: Presentación de alternativas (izq), Selección por teclado (der)
Abajo: GIS de modelaje prospectivo (izq), Modelo tridimensional generado (der).
Fuente: http://gis.esri.com/library/userconf/proc05/papers/pap1939.pdf

Una última experiencia que podemos registrar en este breve
inventario, es la derivada de los proyectos de planetas virtuales. Google
Earth, liberado en Internet a mediados del 2005 (GOOGLE INC, 2005),

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consiste en una interfaz telemática GIS que permite gratuitamente a los
usuarios localizar en todo el planeta, direcciones en calles y avenidas,
hacer acercamientos, realizar búsquedas espaciales de establecimientos y
acceder a sus vínculos en páginas Web, obtener reportes de
establecimientos y rutas de manejo, guardar localmente las búsquedas,
manejar capas de información, construir terrenos y edificaciones en 3d, y
calcular distancias. Pero lo realmente contundente de esta herramienta es
que permite el intercambio abierto de información georeferenciada a través
de una comunidad virtual (véase figura 1.13). Esto la constituye en una
plataforma sumamente poderosa para soportar foros de discusión
respecto a fenómenos existentes o propuestas planteadas sobre cualquier
territorio del planeta. Dado que el servicio es de muy reciente despliegue,
los usos que tendrá en proyectos de gobierno electrónico se vislumbran de
profundo impacto.

Figura 1.13. Recursos de Google Earth: Visualización de información del área
periurbana de Maracaibo (izq), Interfaz de foros de discusión e intercambio de
una comunidad temática (der). Fuente:
http://www.keyhole.com/body.php?h=products&t=keyhole2LT

En la siguiente parte del documento, se abordarán las premisas que
deben delinear la participación y la inclusión en la gestión territorial
venezolana a través de herramientas Web y GIS. Para ello, se revisarán los

23


enfoques multilaterales respecto a tratamiento del gobierno electrónico en
América Latina. Continuará el documento con el análisis de una de las
problemáticas territoriales que causa mayor exclusión en América Latina:
los asentamientos precarios en áreas periurbanas. En virtud de ello, se
perfilará una serie de lineamientos para el diseño de un modelo de gestión
urbana participativa dentro del marco legal venezolano. Finalmente, y
enmarcada dentro de tales lineamientos, se concluirá con una propuesta
específica para un caso de estudio que sufre el tipo de condiciones de
exclusión y precariedad que las TIC están llamadas a revertir.

24

Capítulo 2. Lineamientos para un Modelo de Gestión Territorial Inclusiva en Venezuela.

2a. Parte. Lineamientos para un Modelo de Gestión
Territorial Inclusiva en Venezuela

Como se ha podido apreciar, el desarrollo de gobierno electrónico en
la gestión territorial ha venido abordando aquellos factores que en forma
específica afectan el ordenamiento urbano: las relaciones vecinales en
áreas residenciales, la calidad de los servicios públicos, la plusvalía sobre
la propiedad y tenencia de terrenos, la relación socio-económica entre
usos urbanos, y los requerimientos de accesibilidad y transporte entre las
localizaciones espaciales de tales usos, entre otros aspectos. Dada la
dinámica vertiginosa de ciudad, este ordenamiento, que tradicionalmente
surge de disposiciones formuladas por expertos en un momento
determinado (lapso de formulación del plan urbano), padece de manera
inherente de un desgaste de vigencia, ya que es asíncrono con las dudas y
planteamientos que presenta la comunidad en el día a día. Por tal razón,
la planificación urbana normativa (e incluso la llamada “estratégica”),
sufren el dilema de establecer disposiciones que caen o en el excesivo
detalle o en la ambigua generalidad de los escenarios, sufriendo de una
pérdida de credibilidad por parte del funcionario regulador quien por ello
se ve inducido a ejecutar una gestión de arbitrios meramente empíricos,
intuitivos y con pocos mecanismos de validación de sus decisiones.

En este sentido, a partir de los años 80, los llamados sistemas de
información geográfica irrumpieron en forma prometedora en los ámbitos
de planificación urbana, para soportar el desarrollo del llamado “modelaje
urbano”: un sistema de simulación digital de las actividades y relaciones
propias de todo asentamiento poblacional, considerando las
características de localización que ocupa cada elemento. Hasta ahora,
tanto éstos como otros sistemas automatizados han ayudado a los
funcionarios en la representación de realidades actuales y previstas,
considerando las variables socio-económicas de cada ámbito urbano; su
gran dificultad técnica nace del proceso de alimentación de datos,
condicionado siempre al trabajo de especialistas que hacen los

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levantamientos periódicos de información bajo sistemas auditores
restrictivos.

Frente a estas estrategias de automatización de la gestión, siempre en
manos de los técnicos y funcionarios, surge la necesidad de incorporar a
las comunidades en las tomas de decisiones bajo los principios de la
cooperación para el desarrollo social. Es necesario que la tecnología
soporte los esfuerzos de la población en adoptar mayor control sobre su
destino y desarrollar sus propias soluciones para el reto del desarrollo
social. Para ello, debe adoptarse la inclusión de las comunidades tanto en
la alimentación de datos de los sistemas, en la elaboración de los criterios
de análisis, y en la validación de los resultados, todo ello bajo los
principios de la participación telemática. Múltiples experiencias a nivel
mundial se han venido desarrollando bajo estos principios, teniendo
incluso experiencias emblemáticas en Iberoamérica como las basadas en
los presupuestos participativos de Porto Alegre, con raíces sociales que
datan desde los años 80 (Espinoza, 2003), o entornos de participación
virtual como en la ya mencionada la Web de Barcelona (www.bcn.es).

En esta parte del documento, abordaremos los aspectos que nos
permitirán configurar este desiderativo para nuestro país, reconociendo
los factores involucrados como premisas conceptuales y situacionales de
un modelo de gestión territorial participativa y que promueva la inclusión
social de nuestras comunidades más desasistidas.

2.1 La visión multilateral

La Declaración del Milenio adoptada por la Organización de las
Naciones Unidas en 2000, permitió integrar una serie de visiones
discutidas en diversos foros internacionales respecto al rol de las TIC en el
desarrollo humano y social, especialmente para la erradicación de la
pobreza y la exclusión.”

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“Reconocemos por amplio consenso que las tecnologías de la
información y las comunicaciones son fundamentales para el
desarrollo de la nueva economía mundial basada en el saber y que
pueden contribuir considerablemente a acelerar el crecimiento,
promover el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza en los países
en desarrollo, así como en los países con economías en transición, y
facilitar su integración efectiva en la economía mundial”. (Declaración
Ministerial, UN–CES, 2000)

“Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, conforme a las recomendaciones formuladas en la
Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y Social”.
(Declaración del Milenio, ONU, 2000)

De este enfoque, ha surgido un conjunto de acciones a nivel
internacional bajo el “deseo y compromiso comunes de construir una
Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y
orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y
compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades
en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad
de vida” (Declaración de Principios, WSIS, 2004a)

Así, el uso de las TIC para la e-inclusion está resultando ampliamente
promovido, particularmente en los países en desarrollo, según en Gester y
Zimmermann (citado en ONU, 2005) por las siguientes razones:

1. Los bajos niveles de alfabetismo y de destrezas técnicas en la
población limitan el uso de las TIC.

2. El contenido disponible en la Web puede estar en lenguas distintas a
la propia (75% de los sitios son en inglés).

3. El software existente, incluyendo buscadores, han sido diseñados
considerando personas sin discapacidades.

4. Las requerimientos de información de las personas pobres tanto en

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zonas rurales como urbanas no son atendidos por el contenido
colocado en la mayoría de los sitios Web existentes.

5. Las zonas rurales sufren de una conectividad limitada.

6. Los pobres y los habitantes de áreas marginales sufren de barreras
en la movilidad para llegar a los centros urbanos.

7. Las mujeres, los pobres, los discapacitados y los excluidos no pueden
dedicar el tiempo suficiente y suspender sus actividades productivas
para asistir a programas de entrenamiento.

8. El costo de los ordenadores, el software y la conectividad son
demasiado altos para la gente pobre.

9. La mayoría ignora los beneficios que la Internet le puede dar

Bajo este enfoque, los gobiernos latinoamericanos suscribieron en
junio de este año el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de
América Latina y el Caribe, que respecto al gobierno electrónico, establece
entre otras, las siguientes metas:

“15.3 Promover la integración electrónica de los sistemas de
administración pública a través de ventanillas únicas para mejorar la
gestión de los trámites y procesos intragubernamentales.

15.4 Coadyuvar al uso de la firma electrónica/firma digital en las
gestiones gubernamentales, tanto por parte de los funcionarios y
servidores públicos como por los ciudadanos.

15.6 Promover la adopción o desarrollo de medios de pago electrónico
con la finalidad de incentivar el uso de las transacciones electrónicas
con el Estado.

15.7 Fomentar mecanismos de contratación electrónica en el gobierno.

15.8 Promover la creación de mecanismos de estandarización y
consolidación de la información georeferenciada, con el objeto que el

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gobierno y el sector privado cuenten con herramientas para la toma de
decisiones” (eLAC, 2005).

Estas metas fueron a su vez englobadas en las resoluciones suscritas
en la reunión de Túnez de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información celebrada en noviembre 2005, con el cual los gobiernos y los
entes de la sociedad civil se comprometen a que:

“19. La comunidad internacional debe tomar las medidas necesarias
para garantizar que todos los países del mundo dispongan de un
acceso equitativo y asequible a las TIC, para que sus beneficios en los
campos del desarrollo socioeconómico y de la reducción de la brecha
digital sean verdaderamente integradores.

20. Para ello, prestaremos una atención especial a las necesidades
peculiares de los grupos marginados y vulnerables de la sociedad,
entre ellos los emigrantes, los desplazados internos, los refugiados, los
desempleados, las personas desfavorecidas, las minorías, los pueblos
nómadas, las personas mayores y los discapacitados.” (Compromiso de
Túnez, WSIS, 2005a)

“Nos comprometemos a trabajar para alcanzar los objetivos indicativos
establecidos en el Plan de Acción de Ginebra, que sirven de referencia
mundial para mejorar la conectividad, el acceso universal, ubicuo,
equitativo, no discriminatorio y asequible a las TIC, y su uso, habida
cuenta de las distintas circunstancias nacionales, que deben lograrse
antes de 2015, y a utilizar las TIC como herramienta para conseguir
los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante:

j) el desarrollo y la implementación de aplicaciones de cibergobierno
basadas en normas abiertas, con vistas a fomentar el crecimiento y el
interfuncionamiento de sistemas de cibergobierno en todos los
ámbitos, para fomentar de ese modo el acceso a la información y los
servicios del gobierno y contribuir a la creación de redes TIC y al
desarrollo de servicios que estén a disposición en todo momento y en
todo lugar, a todas las personas y a través de cualquier dispositivo”
(Programa de Acciones de Túnez, WSIS, 2005b)

En concordancia con esta aspiración, los países latinoamericanos
han abordado distintas iniciativas para el desarrollo de cada uno de los
componentes del G2C (gobierno-a-ciudadanos). La tabla 2.1 refleja
algunas de estos programas.

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