El documento resume un recurso de apelación interpuesto por una compañía minera contra una resolución que le impuso una sanción. La compañía alega que se violó el principio de legalidad al sustentar la sanción en una resolución ministerial. Sin embargo, la entidad fiscalizadora declara infundado el recurso al determinar que dicha resolución ministerial fue establecida legalmente a través de una ley general de minería.