Libro número cinco del compendio de 10 elementos integrales, mínimos y esenciales a considerar de la economía hondureña. En el marco del Foro: ¿Para qué y Para quién se presupuesta en Honduras?

1. Prioridades y
rigidez del
presupuesto
Elementos Considerar
Integrales
Mínimos
Esenciales
10 A

2. Esta publicación fue realizada por FOSDEH, con el apoyo financiero de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE y la iniciativa
Think Tank.
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responsabilidad de sus autores, y no reflejan necesariamente la visión ni
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3. Índice
Introducción 1
I. Prioridades del presupuesto 3
El penoso caso del Fondo Vial 5
II La rigidez del presupuesto. 6
UNAH, Poder Judicial y Alcaldías
Municipales. 6
Otros elementos de rigidez que
no siempre se mencionan: La
burocracia gubernamental y el
oprobio de la deuda. 7
Cuáles son las implicaciones de un
presupuesto rígido. 9
III. Conclusiones y recomendaciones 11

4. 1
En este capítulo se aborda dos de los problemas esenciales que
deberían ser considerados al momento de discutir en el
Congreso Nacional el Presupuesto General de la República, ¿A
qué sectores/actividades económicas y/o sociales se deben
destinar los limitados recursos del Estado? Ello dependerá en
gran medida por el enfoque que se tenga o se defina del
desarrollo y en ese marco se concretan las prioridades, pero lo
que define a la prioridad no solo tiene que ver con a quien, sino
que también con el cuanto, es decir, el cuanto expresa una
dimensión de que tan importante es el Ministerio y/o institución al
cual se asignan recursos. Sin embargo, el cuanto tiene algunas
restricciones, algunas exógenas y otras endógenas. Dentro de las
endógenas la más obvia es la capacidad de gestionar recursos
para financiar los gastos, pero existen otras que pueden ser
coyunturales o estructurales; Coyunturales como shocks
inesperados, como una catástrofe climática, y estructurales como
el pago de las deudas contraídas por gobiernos anteriores, el
sostenimiento de la masa burocrática del gobierno y/o la
asignación obligatoria de recursos a sectores claves que se han
considerado como constitucionalmente ineludibles, como lo es
para el caso de Honduras, la transferencia a la Universidad
Introducción

5. 2
Nacional Autónoma de Honduras, al Poder Judicial y a los
Gobiernos Locales, a esta segunda dimensión se le denomina
rigidez. El análisis que se expone en las siguientes líneas tiene que
ver con la gestión de estos dos elementos en el análisis de la
asignación del presupuesto, las prioridades y las rigideces
presupuestarias.

6. 3
I. Prioridades del presupuesto.
El sin sabor que deja el pago de la deuda pública en contraste con
las esperanzadoras asignaciones a Educación y Salud.
Los recursos asignados al presupuesto son de suma cero o
mutuamente excluyente, es decir que lo que se asigna a un sector,
ya no se le puede asignar a otro u otros sectores, esto implica que
los decisores deben hacer un análisis de lo que para el país es
urgente y necesario, discriminándolo de lo menos urgente y lo
menos necesario, en otras palabras, el Estado debe priorizar los
recursos de su presupuesto.
Para el presupuesto de la administración central, se pueden advertir
tres niveles de importancia, medidos por la proporción de cada
renglón respecto del presupuesto total y por el nivel de ejecución
de cada institución. Por ejemplo, en el presupuesto general del
2017, se pueden identificar tres renglones principales, el servicio de
la deuda, la Educación y la Salud. Esta fotografía contiene distintos
matices, algunos desalentadores y otros esperanzadores. Por
ejemplo, se refleja claramente que la principal prioridad del país es
pagar la deuda pública [1] que para el año 2017 representa el 21%
del presupuesto de la Administración Central, esto deja un sin
sabor, dado que la asignación de recursos al pago de la deuda resta
recursos para poderlos invertir en aspectos que abonen al
desarrollo social y económico de la población hondureña.
Otras aproximaciones que se pueden hacer con el primer vistazo a
la fotografía, es la de las alentadoras asignaciones a los sectores de
Educación y Salud, que sumados totalizan el 33% del presupuesto
nacional. Se dice que es alentador dado que es una convicción
teórica (desde una visión meramente economicista) que los
sectores Educación y Salud, abonan sustantivamente al desarrollo
de las economías de los países, bajo la idea que, en la medida en
1. Calculo del FOSDEH, el monto de la deuda asciende a los 15 mil millones de dólares

7. 4
que la población tenga mayores niveles de instrucción y mejores
condiciones de salud, se podrán alcanzar niveles óptimos de
producción[2] y mayores oportunidades individuales para alcanzar
el bienestar. Sin embargo, existe un trasfondo alrededor de estas
cuentas que menguan esos aires esperanzadores, y es que se si
revisa profundamente estos renglones presupuestarios[3] , resalta
que en ambos casos la partida de sueldos y salarios supera por
mucho, la cuenta donde se registran la construcción de nuevos
centros educativos, nuevos hospitales y el equipamiento de los
mismos, que no supera el 3% para ambos sectores. Esto implica una
falacia mayor, porque en realidad las prioridades no son, en si, la
salud y la educación de la población hondureña, sino del
mantenimiento de una elevada masa salarial y un debilitamiento de
la calidad de los servicios.
En otro nivel, se encuentran renglones presupuestarios a los que
podríamos denominarlos de segundo piso (que reciben entre el 6 y
10% del presupuesto), en esta categoría se encuentran apenas
cuatro instituciones: Secretaría de Defensa, Secretaría de seguridad,
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos los tres con el 5% y
los Servicios Financieros de Administración Central con un 7%.
El 74% del Presupuesto de la Administración Central se concentra
en el 10% (7 de 74) de las instituciones, esto indica que hay una
disparidad en la distribución del presupuesto, que no está mal vista,
si está concentración se encuentra en las instituciones que tienen
que ver directamente con el desarrollo económico y social.
embargo, hay instituciones que son claramente impulsores del
2. Ver la función teórica de producción y=A*L^(Alpha)*K^(1-Alpha) Donde A=Tecnología, K=Capital
y L=Mano de obra; Donde Alpha y 1-Alpha es igual a las participaciones empíricas de cada factor de
producción.
3. Ver asignación presupuestaria por objeto de gasto
Renglones
presupuestarios
presupuesto vigente
2017
Proporción del
presupuesto total
Secretaría de Educación L 25,687,549,356.00 19%
Secretaría de Salud L 14,081,163,163.00 11%
Deuda Pública L 28,226,600,562.00 21%

8. 5
4. Ver la lógica de las fronteras de posibilidades de producción en la combinación capital-trabajo
5. Según investigación del FOSDEH y en base a los presupuestos aprobados y las liquidaciones
presupuestarias de SEFIN, en el periodo 2005-2017 se ha recaudado 87.8 mil millones de Lempiras
en impuestos al combustible y lo asignado y/o ejecutado por el Fondo Vial han sido 11.7 mil millones
que representan el 12.5% de lo recaudado. La mayor asignación fue en el 2009 con el 23%. Entre el
2010 al 2017 se evidencia la pérdida de prioridad de asignar recursos al mantenimiento de la red vial
al pasar de cerca del 19% en 2010 a 5% en 2017. Coincidiendo con el auge del discurso de la
ineficiencia-corrupción del FOVIAL y el justificativo de las concesiones de Alianzas Publico Privadas
(APP) en la red vial y el cobro de peaje.
desarrollo, pero que no se encuentran dentro de este selecto grupo
de los 7, como es el caso del Fondo Vial.
• El penoso caso del Fondo Vial
El penoso caso del Fondo Vial se ha expuesto en uno de los
editoriales del FOSDEH “No es necesario el peaje, concesiones y
endeudamiento para las carreteras de Honduras” En donde se
expone como ha quedado rezagada una de las prioridades del
Estado para alcanzar estadios de desarrollo, pese a que, teórica y
empíricamente[4] se concibe la inversión real (específicamente la
formación bruta de capital) como componente homogéneamente
asociado al crecimiento económico de los países, pero en el caso de
Honduras, el ente encargado de la administración de la red
carretera del país ha sido paulatinamente desnutrida, violentando la
disposición de la Ley del Fondo Vial (Decreto No 286-98), en la cual
se estipula que el 40% de la recaudación de impuestos por
combustible debería pasar a la cuenta del Fondo Vial. No obstante,
en el año 2017 la estimación de ingresos por impuesto al
combustible era de alrededor de 12 mil millones de Lempiras, por lo
cual tuvo que habérsele asignado al Fondo Vial un presupuesto de
cerca de los 4.8 mil millones de Lempiras, sin embargo, se
aprobaron tan solo 875 millones de Lempiras (7.2% de lo captado
por impuestos al combustible). La tónica continua en el 2018, ya
que según el proyecto de presupuesto se indica una recaudación
de al menos 13 mil millones de Lempiras en impuesto por
combustible, pero solo se le asignaran 647 millones de Lempiras
(5% de la recaudación de impuestos al combustible), reduciendo
incluso, el monto del año anterior[5] .

9. 6
Fuente: Elaborado por FOSDEH en base al Proyecto de Presupuesto 2018 presentado al Congreso
Nacional por el Poder Ejecutivo
Por esta razón el Fondo Vial no se encuentra ni en el primero, ni en
el segundo piso de la asignación presupuestaria, en relación con el
presupuesto total, este renglón recibe tan solo un 4.6%. Con lo
importante que es este rubro para el funcionamiento económico y
social, es preocupante que a septiembre del presente año solo se
haya ejecutado un poco más del 50% de su limitado presupuesto.
II La rigidez del presupuesto.
• UNAH, Poder Judicial y Alcaldías Municipales.
Algunos de los recursos que cada año capta el Estado de Honduras
están totalmente (en papel) comprometidos, ese es el caso de los
recursos destinados al Poder Judicial (PJ), la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) y las Municipalidades. En el caso
del PJ y de la UNAH la disposición es constitucional, ya que la
Constitución de la República estipula que el 3% de los ingresos
corrientes debe ser asignados al Poder Judicial y el 6% de los
ingresos corrientes netos se destinará a la UNAH, en suma, debería
representar cerca de 9.7 mil millones de Lempiras en el presupuesto
2018, según cálculos del FOSDEH. También es un mandato
constitucional y la Ley de Municipalidades con sus reformas manda
que el Estado Central asigne a los Gobiernos Municipales
transferencias, que debe ser del 11% de los Ingresos Tributarios, por
lo que para el 2018, dado que la proyección de los ingresos
tributarios es de 101.9 mil millones de Lempiras, la transferencia
para las Municipalidades debería ser de alrededor de 11.2 mil
millones de Lempiras. En total, la suma de los tres conceptos
debería ser de 20.9 mil millones de Lempiras (aproximadamente un
4% del PIB).
Concepto Ingresos Corrientes Netos Ingresos tributarios Total
UNAH 6% L 6,484,917,850.98 0% L
-
L 6,484,917,850.98
Poder Judicial
(PJ)
3% L 3,242,458,925.49 0% L
-
L 3,242,458,925.49
Alcaldías
Municipales
0% L - 11% L 11,214,336,474.77 L 11,214,336,474.77
Total L 9,727,376,776.47 L 11,214,336,474.77 L 20,941,713,251.24

10. 7
6. Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Republica 2017 aprobado por el Congreso
Nacional
7. Proyecto de Presupuesto 2018 presentado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo
8. En los documentos de asignación presupuestaria de la SEFIN se le encuentra con el nombre de
Servicios Personales, según el Catalogo Nacional de Cuentas.
9. Informe de seguimiento y evaluación del de la ejecución financiera del presupuesto del segundo
trimestre 2017.
10. El desempeño fiscal de la región CARD 2007-2016: los retos y consecuencias de los ajustes
fiscales en un entorno de rigideces y exoneraciones fiscales.
11. Documento de Exposición de Motivos del Presupuesto 2018. Elaborado por SEFIN.
Lo aprobado para las tres instancias en el 2017[6] ha sido de
L13,399.6 millones, L6,175.3 millones a UNAH, PJ L 2,176.9
millones y para los gobiernos municipales L 5,047.4 millones. Lo
recomendado para el 2018[7] suma L14,171.5 millones, asignando
L6,286.9 millones a UNAH, CSJ L2,435.3 millones, y L5,449.3
millones para las municipalidades.
• Otros elementos de rigidez que no siempre se mencionan: La
burocracia gubernamental y el oprobio de la deuda.
Otro elemento que no siempre se menciona en este tipo de análisis,
pero que sin duda condiciona el quehacer los ministerios y/o
instituciones, es el gasto en la burocracia de los mismos. Este peso
burocrático se puede encontrar en las cuentas del gobierno como
parte del gasto de Cuenta Corriente, este, es el que se efectúa con el
fin de comprar bienes y servicios para que las instituciones y/o
ministerios lleven a cabo sus funciones, entre ellos por supuesto, se
encuentran los sueldos y salarios [8]. Según un informe de la SEFIN[9]
, el gasto corriente aprobado en el 2017 es del 67%, en contraste un
documento del SCEMCA[10] dice que en los últimos seis años la
relación entre gasto corriente y gasto total es mucho más alta,
superando esta el 75%, mientras que el gasto de capital es de solo el
11%. Para el 2018 el gasto corriente recomendado significa el
68.4%[11].
Para finalizar esta lista de cuentas que le quitan margen de
maniobra al presupuesto, es importante mencionar el lastre de la
deuda. No es casualidad que como se dijo anteriormente, el
servicio de la deuda sea la primera prioridad en la asignación del

11. 12. Pasar la deuda que vence en el año vigente a 4, 8 y hasta 10 años y tasas de alrededor del 13% con
los bonos permutados se han disminuido a 9%, en tanto los préstamos a los “aportantes” oscilan entre
17% a 21%..
13. En la estimación de deuda interna (bruta)se están restando los bonos emitidos por la
administración central y en poder de los institutos de previsión y de seguridad social, al calificarla que
es dentro del sector público y la denominan deuda interna consolidada o neta.
14. Las perdidas cuasi fiscales, se dan cuando los bancos centrales tienen pasivos con costos por
encima de sus activos rentables. En Honduras es por cubrir sobregiros de la Tesorería de la
Administración Central, que se bonifican al final del ejercicio de cada año fiscal.
*Anteproyecto de presupuesto 2018, SEFIN
8
presupuesto de cada año, si se cuenta con una deuda que ha
superado el umbral de los 10 mil millones de dólares. En los últimos
años, se ha gestionado esta variable con políticas de
reacomodamiento de la deuda y no de reducción de la misma, por
ejemplo, una de las jugadas del último ejercicio gubernamental, es
permutar [12] los bonos que vencen y en poder de los institutos de
previsión[13] para no pagar el capital y ponerlos a más largo plazo y
a tasa de interés menores, inyectando bonos al Banco Central para
cubrir las pérdidas cuasi fiscales (que no se suman a la deuda
interna publica), sustitución de bonos de deuda interna emitidos
por ENEE garantizados por el gobierno central y en poder del
sistema financiero nacional por bonos soberanos. Esto, por
supuesto, tiene implicaciones preocupantes, que van desde el
crecimiento y acumulación de las perdidas cuasi fiscales[14] hasta la
probable de descapitalización de los fondos de pensiones con
impacto a futuros pensionados/jubilados.
No es un objetivo de este capítulo hablar sobre la sostenibilidad o
insostenibilidad de la deuda. No obstante, si lo es hablar acerca de
la consecuencia de la aplicación de malas políticas de
administración de la deuda y una de ellas es el engrosamiento del
servicio de la deuda que se presupuesta año con año.

12. 15. El desempeño fiscal de la región CARD 2007-2016: los retos y consecuencias de los ajustes
fiscales en un entorno de rigideces y exoneraciones fiscales.
9
El crecimiento del servicio de la deuda en la asignación
presupuestaria ha sido de 335% en los últimos ocho años, esto
significa que el servicio de la deuda no solo es una prioridad
primaria para el Estado, sino que es una prioridad superlativa por
encima de la educación y salud con las consecuencias deficitarias
en cobertura y calidad de tales servicios, solo para citar algunos de
los muchos ejemplos que afectan a la mayoría de la población.
• Cuáles son las implicaciones de un presupuesto rígido.
Al sumar todos los elementos de rigidez para el 2018, se estima una
suma que supera los 100 mil millones de Lempiras, es decir que
alrededor del 50% del presupuesto nacional, en realidad se
encuentra comprometido. La implicación próxima de este
fenómeno, es que como lo apunta el SCEMCA en uno de sus
trabajos[15] “…dificulta que la política fiscal pueda adoptar posturas
anticíclicas”, es decir que el Estado no tiene margen de maniobra
para choques exógenos o endógenos de la economía, de forma tal
que la política fiscal quedaría invalida.
Otra implicación quizá menos obvia, pero si más perjudicial, es que
incentiva a los gobiernos para hacer artilugios para poder ampliar
ese margen de maniobra del cual se habló en la sección anterior.
Año
Monto de servicio de deuda
en los presupuestos
aprobados
crecimiento
crecimiento
2010 -
2018
crecimiento
promedio
2010-2018
2010 L 7,821,244,300.00 -
335% 23%
2011 L 13,191,252,146.00 69%
2012 L 13,006,644,468.00 -1%
2013 L 17,942,888,811.00 38%
2014 L 27,075,949,046.00 51%
2015 L 29,968,061,118.00 11%
2016 L 29,505,774,966.00 -2%
2017 L 28,726,600,562.00 -3%
2018* L 34,032,358,875.00 18%

13. 10
Estas acciones concluyen en el debilitamiento institucional y en
consecuencia más nefasta la calidad de los servicios públicos y
violación de la Constitución de la República.
Por ejemplo, en las Disposiciones Generales de presupuestos en los
últimos años se encuentran artículos que relajan esta rigidez, pero
que en ese intento violentan las disposiciones constitucionales
tales como: Articulo 16 y 17 Disposiciones Generales del
Presupuesto 2018. En el Articulo 16, se dispone que cuando haya
una subestimación de los ingresos corrientes (que por lo general
ocurre) los excedentes no podrán asignarse a las cuentas sujetas de
porcentajes según ley, en otras palabras, en caso de sub-estimación
de ingresos, la UNAH, el poder Judicial y las alcaldías Municipales
recibirán menos de lo que estipula la Constitución de la República y
la Ley de Municipalidades respectivamente.
Esa preocupación se manifestó en uno de los documentos del
FOSDEH “El proceso de Descentralización: ¿Política de Estado o
PolíticadeGobierno?”, en el cual se alerta que, en los últimos años,
se ha violentado constantemente la Ley de Municipalidades,
incumpliendo los montos transferibles a los gobiernos locales. Para
el caso, en el año 2016, a los gobiernos locales les correspondía un
monto de 9,118.4 millones de Lempiras (11% de los ingresos
tributarios proyectados), pero en ese año solo se aprobaron 4,760
millones de Lempiras (5.74% de los ingresos tributarios
proyectados), en los años 2017 y lo recomendado para el 2018,
como se mostró en apartados anteriores. Sistemáticamente se sigue
incumpliendo como una política contraria a la descentralización.
En el artículo 17 de las Disposiciones Generales de Presupuesto
2018, se introduce la definición de ingresos netos, incorporando
restas de nuevas tasas de ingresos como por ejemplo la de
seguridad y el 3% de aumento al impuesto sobre ventas que
financian el Programa de Vida Mejor, transgrediendo la definición
original de la Constitución de la República. Este movimiento

14. 11
permite que los renglones presupuestarios sujetas a los ingresos
netos como la UNAH y el Poder judicial, reciban menos recursos
aún.
Para finalizar, otra de las consecuencias de la rigidez del
presupuesto, es la arbitrariedad del gobierno de turno, es decir,
decidir cumplir los renglones rígidos del presupuesto o
simplemente no cumplirlos. Ese es el caso de la cuenta del Fondo
Vial, la cual a pesar de tener una ley que la respalda y la cual dice
explícitamente que se debe destinar el 40% de los ingresos por
impuesto al combustible, en el presupuesto de la República apenas
se le asigna un 4.6% del ingreso del impuesto al combustible.
III. Conclusiones y recomendaciones
• No se ha visto en ninguna latitud del planeta tierra que su historia
cuente haber alcanzado el desarrollo económico y social teniendo
el pago de la deuda como prioridad principal. Es necesario en este
sentido, hacer un diagnóstico real de la deuda y establecer una
política clara de la gestión por prioridades sectoriales e impacto
económico y social bien determinado y clara administración de la
misma, que no solamente se circunscriba el reacomodamiento de la
deuda y la obtención de préstamos más baratos, sobre todo si para
esta importante fuente de recursos se recurre a la adecuación
conveniente de las variables macroeconómicas. En este sentido, se
propone al Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Finanzas
montar una política de administración y gestión transparente con
tendencia a la reducción de la deuda gubernamental a los sectores
prioritarios para el desarrollo nacional de manera sostenible.
• Si bien es alentador encontrar que los siguientes dos renglones
más importantes del presupuesto son las Secretarías de Educación
y Salud, es necesario que la distribución del presupuesto implique
menos gasto corriente y más en las cuentas que abonen
directamente al objetivo de mejor educación y salud para las y los
hondureños. Por ejemplo, incorporar dentro del Programa de
Inversión Pública muchos más iniciativas para la construcción,

15. 12
reconstrucción y mantenimiento de salones de clases, bibliotecas,
espacios académicos, instalaciones públicas de salud y hospitales
acordes para un sistema más eficaz y eficiente con cobertura en el
área rural, ciudades intermedias y nacionales con un mejor balance
en cuanto a prevención y procesos curativos. Becas de
investigación y fortalecimiento de la capacidad humana y otros
factores sustantivos de mejora a estas dos secretarías importantes
para el desarrollo del país.
• El problema transversal en torno a la rigidez del presupuesto es la
discrecionalidad, es decir, decidir arbitrariamente y con criterio
más político que técnico cuando si y cuando no atender las
disposiciones legales de asignación de recursos en el Presupuesto
Nacional de la República. Es tal la rigidez del presupuesto (cerca del
50% como lo vimos en líneas anteriores), que incentiva a los
administradores del estado a ampliar el margen maniobra y/o aflojar
la rigidez, pero en este intento se cometen violaciones incluso
constitucionales. Una recomendación del FOSDEH es establecer un
marco armónico del presupuesto en el que se asegure la asignación
de recursos para los pilares del desarrollo, pero que al mismo
tiempo permita tener recursos de manera transparentes para hacer
operativas políticas públicas con mayor soltura y eficiencia,
evitando mecanismos como los fideicomisos que opacan el uso de
recursos públicos.
En este sentido es importante realizar una revisión profunda del
marco legal y de distintos instrumentos que se contraponen, como
por ejemplo la ley orgánica del presupuesto con los fideicomisos, la
Constitución de la República con las Disposiciones Generales de
Presupuesto, entre otras.

16. Introducción general
El Presupuesto General de la República (PGR) no es un instrumento más de la
política económica, los presupuestos son en esencia la convergencia de las
políticas públicas, las cuales se expresan en términos monetarios. Las
asignaciones presupuestarias dan luces del horizonte de desarrollo y la forma en
que los países lo desean lograr. Asimismo no solo vislumbran las asignaciones
presupuestarias, sino la forma en como estas serán financiadas. Por lo cual, es
trascendental determinar no sólo la viabilidad económica financiera en los
ingresos, sino la justicia fiscal en materia de recaudación. También es necesario
que el PGR se construya en el marco de la realidad económica y social de las y
los hondureños, sus necesidades y sus capacidades. Por tanto, es imperativo
que documentos de referencia del presupuesto, como el Marco Macro Fiscal de
Mediano Plazo (MMFMP), pueda brindar los elementos que acerque a este
instrumento a la realidad de los hondureños y hondureñas.
Es preciso indicar, que el PGR debe promover los Derechos Humanos,
particularmente los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), del
cual el Estado de Honduras es signatario del Pacto Facultativo (PIDESC), por lo
cual está obligado a rendir cuenta del cumplimiento de estos derechos. En este
sentido, en junio del 2016 el Estado de Honduras fue sometido al Examen
Periódico Universal (EPU) presidido por el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, en Ginebra. Producto de esta evaluación, el Comité emitió
60 observaciones y recomendaciones para la preservación de los DESC en el
país. Para efectos de los “10 Elementos [Integrales, Mínimos, Esenciales] a
Considerar” haremos referencias de las observaciones recomendaciones 19, 20,
27, 28,29, 30, 31,33, 34,39, 40 y 57 de esta evaluación, no dejando sin efecto, la
importancia de las demás observaciones y recomendaciones.
En las consideraciones 19 y 20 del EPU se lamenta que no haya información
oportuna alrededor del presupuesto, que las políticas económicas,
particularmente las tributarias agudicen la pobreza y la desigualdad de la
población hondureña, de manera que las y los hondureños viven sin gozar de
salud, educación, vivienda y seguridad social, a efecto de ello el Comité DESC,
exhortó al Estado de Honduras a la construcción de un presupuesto
participativo, transparente y respetuoso de los DESC. En consonancia con esto,
el FOSDEH propone una serie de aspectos estructurales alrededor de la política
presupuestaria, presentando diez puntos que orbitan alrededor del
presupuesto, elementos que resultan de un diagnostico a la estructura del
presupuesto y sobre todo del análisis contextual del mismo, de manera que se
advierten los peligros y oportunidades para que se vulneren o preserven los
DESC de la población hondureña.