La UE acordó permitir ampliar la semana laboral de 48 horas actuales hasta un máximo de 65 horas si el trabajador y el empresario están de acuerdo. España se opuso a esta medida, argumentando que supone una "regresión" a los derechos laborales. La nueva directiva también excluye la protección para contratos menores a 10 semanas. España y otros 6 países se abstuvieron en la votación y pidieron al Parlamento Europeo mejorar la directiva para proteger más a los trabajadores.