El documento argumenta que las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) deberían ser información pública accesible, ya que protegen el derecho constitucional al medio ambiente y la gestión ambiental. Las EIAs describen los posibles impactos ambientales y sociales de proyectos y son necesarias para que las comunidades puedan verificar que sus derechos e intereses están siendo considerados y protegidos. Restringir el acceso a las EIAs limitaría la capacidad de las personas para garantizar que los proyectos cumplan con las normas ambientales y para