El documento describe el papel del político en la toma de decisiones educativas. Señala que los políticos deben establecer políticas a largo plazo para garantizar la estabilidad y continuidad del sistema educativo, asociando a los diferentes agentes al proyecto educativo y favoreciendo la autonomía de los establecimientos. También deben asegurar la equidad y calidad en la educación canalizando recursos y valorizando iniciativas innovadoras.