El documento analiza la problemática constitucional existente en la administración de justicia indígena en Ecuador. Señala que las normas infraconstitucionales actuales no cumplen cabalmente con los requerimientos de la sociedad ecuatoriana para lograr un verdadero pluralismo jurídico y la convivencia pacífica de los diferentes sistemas jurídicos. Propone la creación de un cuerpo legal compatible que surja del diálogo con las comunidades indígenas, así como políticas de educación, difusión y respeto para materializar la intercultural