El documento analiza las dos caras de la reciente reforma educativa del Ministerio de Educación en España. Por un lado, pretende centralizar el control del currículo y evaluar a las escuelas mediante pruebas estandarizadas. Por otro lado, propone dar más autonomía a los centros, pero de una manera que los vigila constantemente y los somete a una competencia mediante rankings. Esto podría obligar a las escuelas públicas a comportarse como empresas privadas. Además, la reforma podría aumentar la segregación y privatización del sistema educativo.