El documento establece una política pública para la implementación de un protocolo contra el acoso escolar en las escuelas públicas de Puerto Rico, en respuesta a la Ley 49 de 2008. Define el acoso escolar, especifica responsabilidades de instituciones educativas, padres y estudiantes, y detalla los procedimientos de prevención, intervención y seguimiento. La meta es promover un ambiente educativo seguro y de sana convivencia, proporcionando estrategias y herramientas para abordar y prevenir incidentes de bullying.