Este documento analiza cómo evitar que la Acción Extraordinaria de Protección viole la autonomía e independencia de la función judicial. Plantea que es necesario modificar los efectos jurídicos de esta acción para que prevalezca tanto el garantismo como la independencia judicial consagrada en la Constitución. De esta forma, las funciones jurídicas y políticas se encontrarían delimitadas correctamente.